Sentencia 2002-00107 de mayo 12 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-0324-000-2002-00107-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El objeto del litigio

Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. frente a la solicitud de registro de la marca Alpina, a nombre de la señora Laura Medina Roa, para distinguir productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, concediéndole el registro que ahora es objeto de impugnación en el presente proceso.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no las siguientes disposiciones, que a juicio del Tribunal Andino de Justicia, son las que aplican en este caso particular y concreto, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

DECISIÓN 344

ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

[…].

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; […]

ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

DECISIÓN 486

Disposición transitoria

“PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

2. Consideración previa con respecto a la cancelación de la marca cuestionada por no uso.

Mediante oficio obrante a folios 270 y 271 del expediente, el apoderado de la actora allegó al proceso copia auténtica de la Resolución 8687 de fecha 26 de marzo de 2008, expedida por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se dispuso la cancelación de la marca cuestionada, por no uso, señalando en dicho escrito que el referido acto administrativo se adjunta con la respectiva “constancia de ejecutoria”, la cual, vale decirlo, no obra en realidad en los documentos aportados. Se adjuntó igualmente fotocopia simple del respectivo certificado de cancelación de la marca. Con fundamento en lo anterior, solicita el memorialista, que se declare la terminación del proceso.

No obstante lo anterior, estima la Sala improcedente atender la solicitud formulada en los términos que quedan expuestos, por cuanto, tal como se indicó en el encabezamiento de esta providencia, la Sala considera que la acción incoada es de simple nulidad y adicionalmente, los efectos de su cancelación se producen ex nunc y no hacia el pasado. En ese orden de ideas y como quiera que los actos demandados produjeron efectos jurídicos desde el momento de su expedición y hasta el momento en que quedó en firme la resolución anteriormente mencionada, ello no es óbice que(sic) se haga un pronunciamiento de fondo.

3. Las marcas mixtas en conflicto.

Las marcas mixtas a cotejar son las siguientes:

 

alpina.PNG
 

 

La primera de las marcas se encuentra registrada a nombre de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. en las clases 1ª, 5ª, 16ª, 29ª, 30ª, 32ª, y 42ª de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la marca cuestionada, se encuentra registrada en la clase 9ª del mismo nomenclator. Es del caso señalar que de acuerdo con las consideraciones contenidas en la Resolución 21901 del 31 de agosto de 2000, los registros marcarios invocados por la sociedad demandante fueron obtenidos por ella con anterioridad a la fecha en la cual la señora Laura Medina Roa, radicó la solicitud de registro que aquí se cuestiona, hecho que ocurrió el día 7 de febrero de 2000.

Hechas las anteriores precisiones y a efectos de brindar una mayor claridad, resulta pertinente relacionar a continuación el tipo de productos que forman parte de cada una de las clases marcarias anteriormente enunciadas:

Clases
Productos y servicios
Clase 1ª
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria
Clase 5ª
Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 9ª
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesas, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 16ª
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.
Clase 29ª
Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30ª
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo
Clase 32ª
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 42ª
Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase

 

4. Análisis.

Teniendo en cuenta los parámetros consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera que en el asunto bajo examen el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por cuanto es el que representa la dimensión más característica y el que mayor impresión, impacto y recordación genera en el público consumidor. En ese orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre la marca registrada y las marcas opositoras se presenta o no algún riesgo de confundibilidad desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual.

En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función.

Pues bien, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que la marca Alpina registrada a nombre la señora Laura Medina Roa, es totalmente idéntica a las marcas Alpina, previamente registradas a nombre de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.

De acuerdo con las reglas de cotejo consignadas en la interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen la misma longitud, al estar compuestas por el mismo número de letras, por el mismo número de consonantes y vocales y, por ende, por el mismo número de sílabas, las cuales se encuentran ubicadas en la misma posición, todo lo cual permite predicar, como bien se aduce en la demanda, que existe plena identidad en sus aspectos estructurales y ortográficos. Veámoslo:

A
L
P
I
N
A
1
2
3
4
5
6

A
L
P
I
N
A
1
2
3
4
5
6

 

Las sílabas, en uno y otro caso, son exactamente las mismas:

AL
PI
NA
1
2
3

AL
PI
NA
1
2
3

 

Por otra parte, las expresiones en conflicto, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, producen una indiscutible impresión de identidad:

- ALPINA - ALPINA - ALPINA - ALPINA -

- ALPINA - ALPINA - ALPINA - ALPINA -

- ALPINA - ALPINA - ALPINA - ALPINA -

En cuanto concierne al aspecto ideológico y conceptual, las marcas, siendo exactamente iguales, son evocativas de la misma idea o concepto. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la voz Alpina, en los términos que siguen

Alpino, na.

(Del lat. alpīnus).

1. Adj. Perteneciente o relativo a los Alpes o a otras montañas altas.

2. Adj. Perteneciente o relativo al alpinismo.

3. Adj. Geol. Perteneciente o relativo a los movimientos orogénicos de la era terciaria, que formaron las grandes cordilleras actuales.

Establecido lo anterior, considera la Sala que desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual existe plena confundibilidad entre los signos. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la marca cuestionada fue registrada en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y que ninguno de los registros concedidos a la sociedad actora pertenece a dicha clase.

Hechas las acotaciones que anteceden, se impone revisar ahora si la marca Alpina registrada a nombre de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. en diferentes clases del nomenclátor internacional, tiene o no el carácter de marca notoria, tal como lo señaló la parte actora en sus escritos.

Antes de abordar el análisis de este pormenor, no sobra señalar que la Sala, en reiteradas jurisprudencias ya dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega. En ese sentido, la Sala, en Sentencia del 30 de octubre de 2003, expediente 11001-03-24-000-2001-00044-01, C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, expresó:

La notoriedad de la marca implica que los consumidores al apreciarla la reconozcan y puedan identificarla con el producto o servicio con que se relaciona; la marca notoria implica un nivel de conocimiento generalizado entre los consumidores. Empero el reconocimiento de la notoriedad no es un hecho automático ni se fundamenta en la sola afirmación de tal circunstancia por parte de quien desea hacerla valer. Siempre será necesario que el interesado demuestre mediante prueba hábil la referida calidad ante el juez o el administrador, según sea el caso.

Más recientemente, en Sentencia del 27 de agosto de 2008, expediente 11001-03-24-000-2001-00369-01, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno, la Sala Expresó:

En relación con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, dice: “La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus…”, y agrega: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso…”. Al respecto, esta corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en la citada norma son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida. Es así como las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad actora, deben considerarse más que suficientes para reconocerle su status de marca notoriamente conocida a “Finesse”, pues, así lo demuestra con el certificado expedido por el revisor fiscal donde constan las cifras del volumen de ventas del producto amparado por dicha marca durante los años 1992 a 1995; las facturas de venta de los productos yogur y kumis; las etiquetas, envases y afiches utilizados; la publicidad de los productos con la marca “Finesse”; el certificado del revisor fiscal donde consta el valor invertido en publicidad durante los años 1997, 1998 y 1999. De otra parte, el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de producto o servicio, es decir, lo protege para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, aún distinta donde tiene su registro, considerando que si existe similitud con otra marca puede producir confusión.

En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria. A este respecto es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la “notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los “hechos notorios”. Así las cosas, el aforismo notoria non agunt probationem(2), que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(3), no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del Derecho Marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende.

La Decisión 344 de la Comunidad Andina, a su turno, enuncia en su artículo 84 algunos criterios que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Al respecto la norma comunitaria establece lo siguiente:

“ART. 84.—

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

En la actualidad, el artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País miembro;

b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País miembro;

c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País miembro en el que se pretende la protección;

f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro en que se busca protección;

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País miembro o en el extranjero.

Aunque las decisiones comunitarias trascritas tienen fuerza vinculante en el orden interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca podrá ser demostrada no solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo acudirse, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación. Al fin y al cabo los preceptos contenidos en las decisiones 344 y 486 son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba específica que tenga carácter obligatorio.

En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en donde se dispone que “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.

En el derecho comparado el empleo de esos medios de convicción se utiliza para demostrar distintos aspectos que son indicativos de la notoriedad de una marca, a saber: la información relativa al volumen de ventas; el número de registros obtenidos a nivel nacional e internacional; el número de consumidores reales y potenciales; la extensión de las áreas geográficas en donde se distribuye el producto amparado por la marca; el monto de las inversiones en publicidad; los reconocimientos obtenidos por la marca en sede judicial; los premios y distinciones alcanzados; los comentarios de la prensa; los medios empleados en la comercialización, divulgación y publicidad de la marca; la frecuencia y duración de las campañas de comercialización de los productos amparados por la marca; el tiempo de uso efectivo de la marca en el mercado nacional o internacional, etc.

Pues bien, a folios 35 a 73 del cuaderno principal, reposan diferentes documentos que, analizados conjuntamente con los que están visibles a folios 26 a 55 del cuaderno de pruebas, llevan a la Sala a concluir, que la demandante logró demostrar la notoriedad de que goza la marca opositora en el mercado colombiano, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, la intensidad y el ámbito de su difusión, publicidad y promoción; su antigüedad y su uso constante, y al haberse allegado el análisis de producción y mercadeo de los productos que elabora, procesa y comercializa la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.

En efecto, la certificación emitida por el revisor fiscal de Alpina con respecto al volumen de ventas entre los años 1999 y 2001; la certificación suscrita por el representante legal de la firma Young & Rubicam Ltda. referida a las inversiones en publicidad efectuadas por la actora en el año 2000, el estudio de evaluación de la imagen corporativa de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. realizado por la firma Sergio Muñoz & Cía. Ltda.; el certificado expedido por la firma Teea Back Asociados Ltda. con relación a los resultados de la encuesta realizada en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre el 6 de agosto y el 4 de septiembre de 1998, con una población de 3000 entrevistados con respecto al conocimiento de la marca Alpina; los certificados suscritos por el Revisor Fiscal de la firma demandante, referido a los volúmenes de venta de los productos marca Alpina (yoghurt, kumis, crema de leche, avena, quesos, gelatinas, refrescos y postres); las certificaciones firmadas por el director del negocio de abarrotes de Carulla y Cía. S.A. y por los directores de compras de Almacenes Éxito S.A. y Supertiendas Olímpica S.A. con respecto al volumen de compras, a la calidad de los productos y a la antigüedad de los productos Alpina; la certificación expedida por Propaganda Sancho S.A. con respecto a la ejecución y manejo de las campañas publicitarias de los productos Alpina desde el año de 1989; la certificación expedida por la firma Centrum Ogilvy & Mater Colombia sobre las campañas publicitarias de lanzamiento y sostenimiento de algunos de los productos Alpina y la divulgación de la pauta publicitaria de los mismos, a través de los canales de la televisión nacional y ciertas revistas durante los años 1989 y 1995, las diferentes facturas de compraventa y los certificados de registro allegados al proceso, analizados en su conjunto, permiten colegir que, sin lugar a dudas, la marca Alpina registrada en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza, aportan los elementos de convicción necesarios para predicar su notoriedad.

De conformidad con lo expuesto y con los criterios consignados en la interpretación judicial 28-IP-2010, obrante a folios 243 a 268 del expediente, la Sala debe declarar que estando acreditada la notoriedad, tal como queda expuesto, procede brindar a la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. la protección especial de que trata el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, independientemente de que las marcas en conflicto se encuentren registradas en clases distintas, a efectos de evitar que se presenten riesgos directos e indirectos de confusión, asociación empresarial, dilución y de uso y aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen sus productos y que son distinguidos en el mercado nacional con la marca Alpina.

En suma, en el caso bajo examen se hace necesario otorgar la protección de la marca notoria Alpina de la cual es titular la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., motivo por el cual las pretensiones de su demanda están llamadas a prosperar.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 21901 del 31 de agosto de 2000, mediante la cual el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. y negó el registro de la marca Alpina (mixta) a la señora Laura Medina Roa para distinguir los productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; de la Resolución 33451 del 26 de diciembre de 2000 a través de la cual el jefe de la división de signos distintivos resolvió el recurso de reposición interpuestos tanto por la sociedad demandante como por la señora Medina Roa contra la anterior decisión en el sentido de confirmarla; y por último, de la Resolución 27072 del 27 de agosto de 2001 por medio de la cual se desató el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria, revocando la decisión contenida en la resolución inicial y concediendo el registro de la marca mixta Alpina a favor de la señora Laura Medina Roa, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Como consecuencia de lo anterior se ORDENA a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca Alpina, para la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la señora Laura Medina Roa.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de mayo de 2011.»

(2) “Lo notorio no requiere prueba”.

(3) ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.