Sentencia 2002-00127 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Rad.: 19001233100020020012701 (30.454)

Actor: María Teresa Quintero

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá D.C., treinta y uno de julio de dos mil catorce.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de 4 de noviembre de 2004(1), proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, mediante la cual se resolvió:

“1. Declárese administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, de los daños y perjuicios ocasionados a la señora María Teresa Quintero García, con ocasión de la destrucción de un local comercial denominado 'Aquí es Tere' de su propiedad, ubicado en el municipio de Suárez, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2. Como consecuencia de la declaración anterior condénase in genere a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a la señora María Teresa Quintero García, que resulten probados dentro del trámite incidental que se ha de tramitar siguiendo las pautas establecidas en la presente providencia, dentro de los términos de ley.

3. Niéganse las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

4. Sin costas (L. 446/98, art. 55)”.

I. Antecedentes

1. Síntesis del caso.

El 31 de enero de 2000, en horas de la noche, agentes de la Policía Nacional enfrentaron a un grupo subversivo que incursionó al municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. En el ataque, las edificaciones a la Estación de Policía resultaron afectadas o destruidas, entre estas el local comercial “Aquí es Tere” —a 80 metros de distancia— de propiedad de la señora María Teresa Quintero García.

1.2. Lo que se pretende.

1.2.1. La señora María Teresa Quintero García interpuso demanda con las siguientes pretensiones:

“1. Declárese que la Nación (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) es responsable administrativa y civilmente de todos los ceños y perjuicios materiales, ocasionados a la señora María Teresa Quintero, mayor y vecina de Suárez (Cauca), con motivo de la destrucción de un local comercial denominado “Aquí es Tere”, de su propiedad junto con las mercancías y equipos, bienes muebles y enseres, ubicado en la calle principal (Calle del Oro), en la cabecera municipal de Suárez, Cauca, en hechos sucedidos el 31 de enero de 2000 en Suárez (Cauca), al presentarse un enfrentamiento armado entre un grupo guerrillero y miembros de la Policía Nacional, acantonados en la Estación de Policía de ese municipio, hechos que constituyen un daño especial y una falla en el servicio atribuible a la Policía Nacional.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional), a pagar a la señora María Teresa Quintero, mayor y vecina de Suárez (Cauca), por intermedio de su apoderado, todos los daños y perjuicios materiales, con motivo de la destrucción de un local comercial “Aquí es Tere”, de su propiedad junto con las mercancías y equipos, bienes muebles y enseres que se encontraban en el mismo, conforme a la siguiente liquidación o la que se demostrare en el proceso, así:

a) Perjuicios materiales:

Por daño emergente relacionado con la destrucción del local comercial “Aquí es Tere”, de su propiedad junto con las mercancías y equipos, bienes muebles y enseres que se encontraban en el mismo, la suma de catorce millones de pesos ($14'000.000). Igualmente por gastos judiciales, honorarios de abogado, sufridos por la señora María Teresa Quintero, la suma de cuatro millones doscientos mil pesos ($4'200.000).

Por lucro cesante a favor de la señora María Teresa Quintero, en razón a la destrucción de su local comercial “Aquí es Tere”, la cual (sic) le generaba un ingreso de un millón novecientos mil pesos ($1'900.000) mensuales, desde la fecha de los hechos hasta la presentación de la demanda, la suma de cuarenta y cinco millones seiscientos mil pesos ($45'600.000).

b) Perjuicios materiales:

La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la aflicción causada por la destrucción de su local comercial “Aquí es Tere” junto con las mercancías, muebles, enseres y por la zozobra que debió soportar ante el fuego cruzado entre los agentes del Estado y los integrantes del grupo subversivo, hechos que excedieron —ilegible—.

3. Todas las condenas serán actualizadas conforme a la evolución del índice de precios al consumidor,

4. Intereses aumentados con la variación promedio del índice de precios al consumidor.

5. Sírvase condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada,

6. La Nación dará cumplimiento a la sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria”(2).

1.3. La oposición del extremo demandado.

Corrido el traslado de la demanda, la parte accionada contestó el libelo(3). Adujo que la administración no es responsable de los daños reclamados por la demandante, pues estos se produjeron por grupos al margen de la ley.

Aunado a esto, indicó que el ataque perpetrado el 31 de enero de 2000 fue indiscriminado e imprevisible, de modo que no puede aducirse una omisión del Estado a efectos de declarar su responsabilidad. Por el contrario, los policiales defendieron a la población civil de manera heroica y valerosa, por lo que solicitó la negación de las pretensiones.

1.4. Alegatos en primera instancia.

1.4.1. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional insistió en que las pretensiones debían ser despachadas negativamente, pues los atentados terroristas dirigidos indiscriminadamente contra la población civil, son imprevisibles para las autoridades públicas, a menos que se produzcan amenazas previas, lo cual no tuvo lugar en este caso.

Ante estas circunstancias, le correspondía a la parte actora demostrar que el ataque del 31 de enero de 2000 fue dirigido contra la Estación de Policía de Suárez, Cauca, únicamente, pues el Estado no es un ente “omnipotente y mágico” capaz de repeler ataques sorpresivos en contra de civiles.

Sin perjuicio de lo anterior, solicitó tener en cuenta que el dictamen rendido dentro del proceso carece de elementos de carácter científico y técnico, si se considera que se basa en las afirmaciones de la demanda. Razón suficiente para concluir que los perjuicios por lucro cesante no fueron probados y deben negarse.

Finalmente, solicitó que, en caso de ser concedidas las pretensiones, del monto de los valores reconocidos se descuente el subsidio recibido por la actora de la Red de Solidaridad Nacional y el Inurbe, tal como se acreditó en el proceso, pues estos valores fueron pagados por la Nación (fls. 80-85 cdno. 1).

1.4.2. El extremo actor no se pronunció en esta oportunidad.

II. Sentencia apelada

Mediante sentencia proferida el 4 de noviembre de 2004 (fls. 89-101 cdno. ppal. 2), el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca declaró administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los daños y perjuicios ocasionados a la demandante, con ocasión de la destrucción del local comercial de su propiedad.

Lo anterior, en razón de que se sometió a la actora a un riesgo excepcional, esto es, “... cuando se pone en peligro a los ciudadanos como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a protegerlos, por tanto no se puede hablar de una acción u omisión reprochable a la administración, sino de la producción del daño que, “...si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por ésta (sic), en cumplimiento de sus funciones ...” situación que da lugar a la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas, circunstancia que se ajustan (sic) a la realidad actual del País (sic)”.

La condena se impuso in genere, pues el tribunal consideró que los dictámenes obrantes en el infolio no eran idóneos para determinar el monto de los perjuicios alegados por la actora.

III. Trámite en segunda instancia

Por ser adversa a sus pretensiones, la parte demandada formula recurso de apelación(4). En su sustentación, indica que, de acuerdo con las pruebas recaudadas, el ataque perpetrado por las FARC el 31 de enero de 2000 en el municipio de Suárez, Cauca, fue indiscriminado, al punto que se vieron afectadas varias edificaciones y viviendas distintas a la Estación de Policía, de lo que se deduce que el grupo subversivo buscaba generar pánico y desconcierto en la población, de modo que no hay lugar a endilgar responsabilidad a la Nación.

Seguidamente, recalcó que el servicio policial se prestó de manera eficiente y que los uniformados expusieron sus vidas para preservar el orden público subvertido por los “facinerosos”, así, no se le puede pedir a la administración que actúe como un ente omnisciente y omnipotente, pues funciona con recursos limitados y los grupos armados al margen de la ley actúan de forma sigilosa, lo que hace casi imposible que las autoridades detecten a tiempo las arremetidas que planean.

Con relación al análisis de las pruebas, señala, de un lado, que la cercanía del local comercial a la Estación de Policía no fue demostrada, y con ello se prueba que se trató de un ataque generalizado y, de otro, que el día de la práctica de la diligencia de inspección judicial, con intervención del perito designado al efecto, solo se encontraron algunos bienes muebles, sin que se tenga certeza sobre la forma en la que la parte actora acreditará, por la vía incidental, la supuesta existencia de otros objetos y su propiedad pues, de acuerdo con su dicho, fueron saqueados por vándalos que aprovecharon la calamidad (fls. 110-116 cdno. ppal. 2).

IV. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en este proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, pues la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancias(5). Así mismo, para pronunciarse en los términos formulados por el extremo demandado, acorde con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso interpuesto por la palie demandada contra la sentencia que declaró administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los daños materiales ocasionados al local comercial de propiedad de la señora María Teresa Quintero García. De suerte que, establecido el daño antijurídico, habrá de establecerse si resulta imputable a la administración, en los términos del artículo 90 constitucional.

3. Hechos probados.

De conformidad con el acervo probatorio allegado, se encuentran probados los siguientes hechos:

3.1. El 31 de enero de 2000, miembros de grupos subversivos al margen de la ley atacaron el municipio de Suárez, Cauca. En la arremetida resultó afectado el local comercial “Aquí es Tere” de propiedad de la demandante. Así lo narraron los testigos:

3.1.1. El señor Enrique Carabalí Jiménez (residente en la cabecera municipal) indicó que el 31 de enero de 2000, hacia las 6 p.m., la guerrilla entró al pueblo y puso bombas que afectaron unas veinticinco edificaciones (casas y negocios) aledañas a la Estación de Policía. Entre estas se encontraba el local comercial de la demandante, en el que vivía y vendía comidas y arepas, ubicado en la Calle del Oro, a unas siete casas de la Estación. La destrucción del inmueble y de los bienes muebles y enseres destinados a la actividad comercial (neveras, comedores, estufas, electrodomésticos, televisor, vajillas, etc.) fue total (fl. 81 cdno 3).

3.1.2. El señor José Hugo González (comerciante del municipio) señaló que, con ocasión de la incursión del 31 de enero de 2000, la guerrilla afectó considerablemente la mayoría de las casas cercanas a la Estación de· Policía y que entre las veinticinco viviendas y negocios destruidos se encontraba el local comercial “Aquí es Tere” de propiedad de la demandante. El testigo aseguró que ayudó a sacar a las personas atrapadas bajo los escombros del restaurante, ubicado a siete casas de la Estación de Policía, circunstancia conocida ya que su casa colinda con aquel. Durante el ataque fueron destruidos los muebles y enseres propios de la actividad comercial y el menaje doméstico, esto es, muebles de comedor, nevera, televisor, equipo de sonido, armarios, camas y batería de cocina en general. Manifestó que el restaurante era el que proporcionaba el sustento de la demandante y su familia, por tanto, luego del ataque, la señora Quintero García fue hospedada por amigos, pues quedó totalmente desprotegida (fls. 81 vuelto-82 cdno 3).

3.1.3. La señora Elisalba Ararat (residente en la Calle del Oro -vecina-) sostuvo que el 31 de enero de 2000, como a las 6 p.m., la guerrilla incursionó a la población con armas de fuego y pipetas de gas lanzadas a la Estación de Policía del municipio, destruyendo aproximadamente 25 viviendas y negocios aledaños. La morada y local comercial de la demandante, ubicados a unas siete casas de la Estación de Policía, fueron destruidos, al igual que los muebles y enseres que se arruinaron, tales como camas, armarios, entre otros. Después del ataque la demandante y su familia quedaron a la intemperie y tuvieron que pedir ayuda a amigos (fls. 82 vuelto-83 cdno. 3).

3.2. El Inurbe, luego de hacer el censo correspondiente de los daños que dejó la incursión guerrillera, otorgó subsidios familiares de vivienda. La demandante en este asunto, María Teresa Quintero García, fue postulada en el grupo familiar de Victoria García Viuda de Guzmán, a quien se le desembolsó un subsidio por valor de $7'814.177, dirigido a la recuperación del inmueble (fl. 15 cdno. 3 -certificación allegada por la entidad-).

3.3. El municipio de Suárez, Cauca, elaboró un censo de damnificados, en el que se incluyó a la señora Victoria García viuda de Guzmán, propietaria del inmueble. Los daños causados a la construcción fueron avaluados en $80'000.000 en esa oportunidad (fls. 24, 26-60 cdno. 3 —listados de bienes y personas incluidas en el censo—).

3.4. La Red de Solidaridad Social concedió un subsidio a la demandante por valor de $520.100, correspondientes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes en el año 2000 (fl. 63 cdno. 3 —certificación allegada por la entidad—).

3.5. Los ingenieros auxiliares de la justicia determinaron que el valor de los daños a la edificación ubicada en la Calle del Oro del municipio de Suárez, Cauca, en la que la actora desarrollaba su actividad comercial, ascendía a $32'400.000; el de los bienes y enseres era de $4'312.000, y el lucro cesante de $18'214.993. Tuvieron como fundamento de sus aseveraciones los bienes que la demandante afirmó haber perdido y las ganancias que, aseguró, ya no percibía. En el marco de la inspección judicial, con intervención de perito, realizada con antelación a la presentación de la demanda, por el Juez Promiscuo Municipal de Suárez, Cauca. En esta oportunidad no fue citada la contraparte (fls. 17-23, 65-70 cdno. 3).

3.6. La perito evaluadora, designada en la inspección judicial mencionada en el párrafo anterior, fundada en que la demandante, sostuvo que tenía un contrato fijo de 10 comensales que le pagaban mensualmente la suma de $100.000, cada uno, y otros clientes itinerantes que diariamente le aportaban $30.000, concluyó que los daños ascendían a $14'000.000 (fl. 14 cdno. 1).

4. Juicio de responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, "[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que fa víctima no está en fa obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(6).

De conformidad con esa cláusula general de responsabilidad, los demandantes imputan a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional el hecho dañoso consistente en la destrucción del local comercial de propiedad de la demandante, nominado “Aquí es Tere”, con ocasión de la incursión guerrillera del 31 de enero de 2000, en el municipio de Suárez, Cauca.

4.1. El daño.

Se encuentra debidamente probado el daño cuya reparación reclama la actora, pues, como lo demuestran los elementos allegados en las oportunidades probatorias, la señora María Teresa Quintero García ejercía sus actividades en el local comercial nombrado “Aquí es Tere”, destinado a restaurante, el que, junto con el inmueble de propiedad de la señora Victoria García viuda de Guzmán fue destruido en el ataque guerrillero ocurrido el 31 de enero de 2000, en el municipio de Suárez, Cauca.

4.2. La imputación.

Para efectos de imputar la responsabilidad deprecada en la demanda, por la incursión guerrillera a la población de Suárez, Cauca, el 31 de enero de 2000, basta poner de presente que los civiles no se encuentran obligados a soportar daños en su integridad física, moral o patrimonial, por causa de un conflicto del que son ajenos y al que se ven enfrentados en situación de indefensión, en cuanto el monopolio de las armas le ha sido confiado al Estado, obligado a brindarles la protección que demanda la guarda de su vida, hora y bienes. En este sentido se ha pronunciado la Sala:

“La Sección Tercera(7), dada la necesidad de privilegiar los principios de solidaridad y equidad frente a las víctimas del conflicto armado interno(8) que históricamente ha vivido el país y, dados los daños infringidos a los asociados, en razón del mismo, ha destacado el deber general del Estado de procurar, en la medida de lo posible, el imperio de las instituciones y de reparar cuando los derechos e intereses particulares resultan afectados, porque el daño se hubiera podido evitar o repeler y, en todo caso, porque las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y en general excluidas de la confrontación.

Bajo esta línea argumentativa y con el fin de garantizar la vigencia del Estado social de derecho, fórmula política que reclama especialmente por el enaltecimiento de la dignidad humana, con apoyo del artículo 90 constitucional reiteradamente se ha dispuesto la reparación de los daños causados a los particulares en el marco del conflicto armando, con fundamento en el deber a cargo de las autoridades públicas de proteger a la población civil”(9).

Se tiene, entonces, que el establecimiento de comercio de propiedad de la actora fue destruido en el ataque perpetrado el 31 de enero de 2000 en el municipio de Suárez, Cauca. A pesar de ser un daño originado por la violenta incursión que ejecutaron terceros ajenos a la Fuerza Pública, resulta imputable a la administración, pues no se conocieron medidas de protección dirigidas a salvaguardar a la población civil, concretamente a la demandante. en este asunto, quien asistió inerme ante un ataque dirigido a la Estación de Policía sin posibilidad alguna de defenderse y de obtener protección, porque la Estación de Policía estaba siendo atacada. De manera que la entidad demandada deberá responder por los perjuicios de orden patrimonial causados.

5. Valoración del daño.

5.1. Perjuicios materiales.

Con relación a la valoración del daño, consideró el Tribunal de primera instancia que los dictámenes allegados al proceso “...no se basan en conocimientos técnicos o científicos para llegar a la conclusión de que los bienes que resultaron destruidos pertenecían a la actora, cuáles eran y cuál era su valor”.

Con esta consideración coincide la Sala, pues los expertos fijaron como base de sus dictámenes únicamente lo que en su momento aseguró la demandante haber perdido (daño emergente) o dejado de percibir (lucro cesante). Es así que se confirmará lo relacionado con los lineamientos expuestos por el a quo para probar la cuantía de los daños en el trámite incidental, que en su oportunidad se expresaron así:

“1. Respecto a los bienes y enseres que hacían parte del establecimiento de comercio “Aquí es Tere”, una vez la parte actora demuestre su preexistencia al 31 de enero de 2000, fecha en que ocurrió la toma guerrillera en que los mismos resultaron destruidos, se designará un perito de la lista de auxiliares de la justicia a fin de que establezca la depreciación de los mismos a la fecha de ocurrencia de los hechos. Dichos valores serán debidamente actualizados.

2. Para la determinación del lucro cesante, relacionado con el dinero dejado de percibir por la actora por el ejercicio de la actividad comercial que desarrollaba en el restaurante “Aquí es Tere”, desde el 31 de enero de 2001(sic), fecha en que acaeció la toma guerrillera que destruyó el inmueble en donde se hallaba ubicado dicho establecimiento de comercio, hasta el mes de agosto del mismo año, fecha en que se reconstruyó el mismo según lo manifestaron los peritos designados dentro del proceso (fl. 70 cdno. de pbas.). El lucro cesante se determinará con base en el material probatorio que se recaude dentro del trámite incidental”.

Con relación al pedimento de la parte demandada referido a que los auxilios concedidos a la actora se resten a la indemnización que se liquide a su favor, se tiene que ello no es procedente, en la medida en que el apoyo recibido por la Red de Solidaridad Social corresponde a un amparo limitado y mínimo que propende por solventar de manera inmediata el mínimo vital(10). A la misma conclusión se llega respecto de la ayuda concedida por el Inurbe, en cuanto la recibió la propietaria del inmueble.

5.2. Perjuicios morales.

En aplicación del principio de non reformatio in pejus, la Sala se abstiene de pronunciarse sobre el particular, de modo que se confirmará su negación.

Corolario de todo lo dicho, se tiene que la sentencia será confirmada.

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2004, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, presidente—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz Del Castillo.

(1) Folios 89 -101 cdno. ppal. 2.

(2) Folios 21 al 26 cdno 1. La demanda fue presentada el 30 de enero de 2002.

(3) Folios 37-47 cdno 1.

(4) 19 de noviembre de 2004.

(5) Para la época en la que se interpuso la demanda —30 de enero de 2002—, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $36’950.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988—. En este caso, la pretensión de mayor valor corresponde a la suma de $45’600.000 por concepto de lucro cesante.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, expediente 11945.

(7) En esta sentencia se realizó una recorrido por la evolución jurisprudencial que han tenido los daños causados a víctimas de atentados terroristas, puntualizándose entre otros aspectos, en la necesidad de resaltar los principios de solidaridad y equidad frente a la aplicación de los diferentes conceptos jurídicos con los cuales se atribuye responsabilidad al Estado. (C.E., Sección Tercera, sent. abr. 19/2012, exp. 19001-23-31-000-1999-00815- 01(21515), C.P. Hernán Andrade Rincón).

(8) En lo que concierne a la definición de Conflicto Armado Interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” - Informe 55/97, Caso 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera:

“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. (...) Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, expediente 29.258, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

(10) A este respecto ténganse en cuenta los artículos 64 y 65 de la Ley 1448 de 2011, en los que se hace referencia a la obligación del Estado de otorgar una ayuda mínima de emergencia a favor de las víctimas del conflicto armado. Estas disposiciones cuentan con sustento jurisprudencial de la Corte Constitucional, incluso anterior a su vigencia, con la que se precisó que este tipo de ayudas no hacen parte de la indemnización que por el ataque insurgente se precise a favor de las víctimas (sents. T-840/2009, T-317/2009, C-1199/2008, por la que se declaró inexequible el inciso segundo del art. 47 de la L. 975/2005, entre otras). En todo caso, la ayuda humanitaria referida tiene origen constitucional (principio de solidaridad).