Sentencia 2002-00136 de marzo 12 de 2009

• CONSEJO DE ESTADO 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

SUBSECCIÓN B

SEGURO POR MUERTE DE SERVIDORES PÚBLICOS

Rad.: 13001-23-31-000-2002-00136-01(0862-07)

Queda comprendido dentro de las regulaciones de los sistemas de riesgos y de pensiones de la Ley 100.

Consejero Ponente:

EXTRACTOS: «En la demanda se citan como transgredidos los artículos 52 y 53 del Decreto 1848 de 1969, que en su tenor disponen:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

“ART. 52.—Valor del seguro. 1. Todo empleado oficial en servicio goza de un seguro por muerte, equivalente a doce (12) mensualidades del último salario devengado.

Actor: María Auxiliadora Barrios de Faciolince y otros

2. El valor de dicho seguro será equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado, en el evento de que el empleado oficial fallezca como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional y excluye la indemnización a que se refieren los artículos 16, y 23, a menos que el accidente o la enfermedad profesional se hayan ocasionado por culpa imputable a la entidad o empresa empleadora, en cuyo caso habrá lugar a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. Si prosperare esta indemnización, se descontará de su cuantía el valor de las prestaciones e indemnizaciones en dinero pagadas en razón de los expresados infortunios de trabajo.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social autoridades nacionales

ART. 53.—Derecho al seguro por muerte. En caso de fallecimiento del empleado oficial en servicio, sus beneficiarios forzosos tienen derecho a percibir el valor del seguro por muerte a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con la siguiente forma de distribución:

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil nueve.

1. La mitad para el cónyuge sobreviviente y la otra mitad para los hijos legítimos y naturales del empleado fallecido. Cada uno de los hijos naturales lleva la mitad de lo que corresponda a cada uno de los hijos legítimos.

EXTRACTOS: «Consideraciones

2. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos naturales, el valor del seguro se pagará a los hijos legítimos, por partes iguales.

El problema jurídico por resolver

3. Si no hubiere hijos legítimos, la parte de estos corresponde a los hijos naturales, en concurrencia con el cónyuge sobreviviente.

Se trata de decidir si a los demandantes les asiste, en su condición de beneficiarios, el derecho al reconocimiento y pago del seguro por muerte de que tratan los artículos 52 y 53 del Decreto 1848 de 1969.

4. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos legítimos, el valor del seguro se distribuirá así: la mitad para los padres legítimos o naturales del empleado fallecido y la otra mitad para los hijos naturales.

Los actos acusados

5. A falta de padres legítimos o naturales, el valor del seguro se pagará a los hijos naturales por partes iguales.

1. Resolución 001 del 24 de septiembre de 2001 expedida por el Director de la Caja Nacional de Previsión Social, Seccional Bolívar, mediante la cual se negó el seguro por muerte solicitado por los señores, María Auxiliadora Barrios de Faciolince, Belén Patricia y Adinton Faciolince Barrios, en su condición de cónyuge supérstite e hijos del señor Miguel Faciolince Reyes.

6. Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo, llamadas en el orden preferencial establecido aquí, el valor del seguro se pagará a los hermanos menores de dieciocho (18) años y a las hermanas del empleado fallecido, siempre que todas estas personas demuestren que dependían económicamente del empleado fallecido, para su subsistencia. En caso contrario, no tendrán ningún derecho al seguro.

En la parte motiva del acto se expresaron, entre otras razones, las siguientes:

PAR. —La entidad o empresa oficial a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago del seguro por muerte, podrá apreciar las pruebas presentadas para demostrar la dependencia económica a que se refiere el numeral seis (6) de este artículo y decidir sobre ellas”.

“(...).

La Ley 100 de 1993 creó el “sistema de seguridad social integral” como desarrollo de la concepción constitucional de la seguridad social (C.P., art. 48).

Que de las normas antes transcritas (1) y los documentos aportados se infiere que el señor Miguel Faciolince Reyes falleció el 14 de junio de 1991 y la petición del reconocimiento y pago del seguro por muerte fue presentada el día 21 de diciembre de 2000, de la cual se dio traslado a esta Seccional el día 5 de septiembre del año 2001, configurándose el fenómeno de la prescripción trienal.

El sistema integral de seguridad social, en los términos previstos en la Ley 100 de 1993, tiene como objetivos, garantizar las prestaciones económicas y de salud de los afiliados, y procurar la ampliación de la cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema (art. 10, ibíd.).

Que en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago del seguro por muerte a favor de María Auxiliadora Barrios de Faciolince en calidad de cónyuge supérstite y en representación de Belén Patricia y Adinton Faciolince Reyes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia” (fls. 95-98).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8º ibídem, el sistema de seguridad social integral está conformado por el “sistema general de pensiones”, el “sistema general de seguridad social en salud” y el “sistema general de riesgos profesionales”, y adicionalmente, por los “servicios sociales complementarios”.

2. Acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo conforme lo dispuesto en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, al haber transcurrido el plazo previsto en la norma sin que se haya notificado decisión que resuelva el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la Resolución 001 del 24 de septiembre de 2001 (fls. 93-94).

El sistema general de riesgos profesionales, fue organizado mediante el Decreto-Ley 1295 de 1994 “por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales” expedido con base en facultades extraordinarias conferidas en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, y constituye el conjunto de entidades públicas y privadas, normas, procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (D. 1295/94, art. 1º).

Del seguro por muerte

El Decreto Legislativo 1295 de 1994 y posteriores decretos reglamentarios, desarrollaron el marco normativo del sistema, el cual comenzó a regir para el sector privado desde el 1º de agosto de 1995 y para el sector público desde el 1º de enero de 1996 (D. 1295/94, art. 97).

Marco conceptual y normativo

Los objetivos del sistema general de riesgos profesionales, se describen en el Decreto 1295 de 1994, así:

En la demanda se citan como transgredidos los artículos 52 y 53 del Decreto 1848 de 1969, que en su tenor disponen:

“a) Establecer las actividades de promoción y de prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad;

“ART. 52.—Valor del seguro. 1. Todo empleado oficial en servicio goza de un seguro por muerte, equivalente a doce (12) mensualidades del último salario devengado.

b) Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional;

2. El valor de dicho seguro será equivalente a veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado, en el evento de que el empleado oficial fallezca como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional y excluye la indemnización a que se refieren los artículos 16 y 23, a menos que el accidente o la enfermedad profesional se hayan ocasionado por culpa imputable a la entidad o empresa empleadora, en cuyo caso habrá lugar a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. Si prosperare esta indemnización, se descontará de su cuantía el valor de las prestaciones e indemnizaciones en dinero pagadas en razón de los expresados infortunios de trabajo.

c) Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional, y

ART. 53.—Derecho al seguro por muerte. En caso de fallecimiento del empleado oficial en servicio, sus beneficiarios forzosos tienen derecho a percibir el valor del seguro por muerte a que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con la siguiente forma de distribución:

d) Fortalecer las actividades tendientes (sic) a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgo profesional” (art. 2º).

1. La mitad para el cónyuge sobreviviente y la otra mitad para los hijos legítimos y naturales del empleado fallecido. Cada uno de los hijos naturales lleva la mitad de lo que corresponda a cada uno de los hijos legítimos.

Por “riesgos profesionales” debe entenderse en forma general, el accidente causado como consecuencia directa del trabajo o labor que se desempeñe, así como la enfermedad profesional reconocida, por el Gobierno Nacional (D. 1295/94, art. 8º).

2. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos naturales, el valor del seguro se pagará a los hijos legítimos, por partes iguales.

A partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 el riesgo de muerte se protege a través de dos sistemas, el general de pensiones y el general de riesgos profesionales. En caso de fallecimiento del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, sus beneficiarios tendrán derecho a:

3. Si no hubiere hijos legítimos, la parte de estos corresponde a los hijos naturales, en concurrencia con el cónyuge sobreviviente.

— La pensión de sobrevivientes: Por muerte del afiliado, la pensión mensual será del 75% del salario base de liquidación; y, por muerte del pensionado por invalidez, la pensión será del 100% de la pensión que estaba percibiendo.

4. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos legítimos, el valor del seguro se distribuirá así: la mitad para los padres legítimos o naturales del empleado fallecido y la otra mitad para los hijos naturales.

— Los beneficiarios, además tienen derecho, a la devolución de saldos o a la indemnización sustitutiva del sistema general de pensiones.

5. A falta de padres legítimos o naturales, el valor del seguro se pagará a los hijos naturales por partes iguales.

— La persona que compruebe haber sufragado los gastos funerarios de un afiliado o pensionado por invalidez del sistema de riesgos profesionales, tiene derecho a recibir de la respectiva ARP un auxilio funerario.

6. Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo, llamadas en el orden preferencial establecido aquí, el valor del seguro se pagará a los hermanos menores de dieciocho (18) años y a las hermanas del empleado fallecido, siempre que todas estas personas demuestren que dependían económicamente del empleado fallecido, para su subsistencia. En caso contrario, no tendrán ningún derecho al seguro.

— La ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional con muerte del trabajador impone además unos deberes especiales al empleador y a la ARP (D. 1530/96, art. 4º).

PAR.—La entidad o empresa oficial a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago del seguro por muerte, podrá apreciar las pruebas presentadas para demostrar la dependencia económica a que se refiere el numeral seis (6º) de este artículo y decidir sobre ellas”.

Ahora bien, el seguro por muerte para los empleados del nivel nacional estaba previsto en el artículo 34 del Decreto 3135 de 1968 (2) y en los artículos 52 y siguientes del Decreto 1848 de 1969, disposiciones que con la entrada en vigencia del sistema general de riesgos profesionales reglamentado en el Decreto 1295 de 1994 quedaron derogadas.

La Ley 100 de 1993 creó el “sistema de seguridad social integral” como desarrollo de la concepción constitucional de la seguridad social (C.P., art. 48).

El artículo 34 del Decreto 3135 de 1968 estuvo vigente hasta el 22 de junio de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Decreto 1295 de 1994. A partir de 1994, la regulación de las prestaciones sociales derivadas de la muerte en servicio de los servidores públicos se sometió a la regulación del Decreto 1295 de 1994, normativa que modificó totalmente dicha prestación al desarrollar el actual sistema general de riesgos profesionales.

El sistema integral de seguridad social, en los términos previstos en la Ley 100 de 1993, tiene como objetivos, garantizar las prestaciones económicas y de salud de los afiliados, y procurar la ampliación de la cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema (art. 10 ibíd.).

Debe anotarse la existencia de la Ley 776 de 2002 por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales que en su artículo 1º prescribe, que todo afiliado al sistema general de riesgos profesionales que, en los términos de dicha ley o del Decreto 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el mencionado Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8º ibídem, el sistema de seguridad social integral está conformado por el “sistema general de pensiones”, el “sistema general de seguridad social en salud” y el “sistema general de riesgos profesionales”, y adicionalmente, por los “servicios sociales complementarios”.

Del contexto legal antes descrito concluye la Sala, que el seguro por muerte causada en razón de accidente de trabajo y enfermedad profesional dejó de tener aplicación a partir de la entrada en vigencia del sistema general de riesgos profesionales.

El sistema general de riesgos profesionales, fue organizado mediante el Decreto-Ley 1295 de 1994 “por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales” expedido con base en facultades extraordinarias conferidas en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, y constituye el conjunto de entidades públicas y privadas, normas, procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (D. 1295/94, art. 1º).

.……………………………………………………………………………………...........................................…….

El Decreto Legislativo 1295 de 1994 y posteriores decretos reglamentarios, desarrollaron el marco normativo del sistema, el cual comenzó a regir para el sector privado desde el 1º de agosto de 1995 y para el sector público desde el 1º de enero de 1996 (D. 1295/94, art. 97).

Pues bien, en primer lugar debe precisar la Sala que, no obstante la entrada en vigencia del sistema de riesgos profesionales establecido a partir de la Ley 100 de 1993, el Decreto Legislativo 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, en el caso concreto la muerte del empleado (contingencia de la que deriva el derecho a la prestación), acaeció cuando aún no había sido expedido el nuevo modelo en materia de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 (3) .

Los objetivos del sistema general de riesgos profesionales, se describen en el Decreto 1295 de 1994, así: “a) Establecer las actividades de promoción y de prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad; b) Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional; c) Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional, y d) Fortalecer las actividades tendientes (sic) a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgo profesional” (art. 2º).

Así entonces, para el caso es aplicable lo previsto en los artículos 52 y 53 del Decreto 1848 de 1969».

Por “riesgos profesionales” debe entenderse en forma general, el accidente causado como consecuencia directa del trabajo o labor que se desempeñe, así como la enfermedad profesional reconocida, por el Gobierno Nacional (D. 1295/94, art. 8º).

(Sentencia de 12 de marzo de 2009. Radicación 13001-2331-000-2002-00136-01. Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve).

A partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 el riesgo de muerte se protege a través de dos sistemas, el general de pensiones y el general de riesgos profesionales. En caso de fallecimiento del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, sus beneficiarios tendrán derecho a:

(2) Aunque el artículo 34 está expresamente derogado, los numerales 3º, 4º y 5º de este artículo, fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante sentencia C-879 de 2005, bajo el entendido de que también son beneficiarios del seguro por muerte los compañeros o compañeras permanentes sobrevivientes.

La pensión de sobrevivientes: Por muerte del afiliado, la pensión mensual será del 75% del salario base de liquidación; y, por muerte del pensionado por invalidez, la pensión será del 100% de la pensión que estaba percibiendo.

(3) Conforme el registro civil de defunción, la muerte acaeció el 14 de junio de 1991.

Los beneficiarios, además tienen derecho, a la devolución de saldos o a la indemnización sustitutiva del sistema general de pensiones.

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La persona que compruebe haber sufragado los gastos funerarios de un afiliado o pensionado por invalidez del sistema de riesgos profesionales, tiene derecho a recibir de la respectiva ARP un auxilio funerario.

La ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional con muerte del trabajador impone además unos deberes especiales al empleador y a la ARP (D. 1530/96, art. 4º).

Ahora bien, el seguro por muerte para los empleados del nivel nacional estaba previsto en el artículo 34 del Decreto 3135 de 1968 (2) y en los artículos 52 y siguientes del Decreto 1848 de 1969, disposiciones que con la entrada en vigencia del sistema general de riesgos profesionales reglamentado en el Decreto 1295 de 1994 quedaron derogadas.

El artículo 34 del Decreto 3135 de 1968 estuvo vigente hasta el 22 de junio de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Decreto 1295 de 1994. A partir de 1994, la regulación de las prestaciones sociales derivadas de la muerte en servicio de los servidores públicos se sometió a la regulación del Decreto 1295 de 1994, normativa que modificó totalmente dicha prestación al desarrollar el actual sistema general de riesgos profesionales.

Debe anotarse la existencia de la Ley 776 de 2002 por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales que en su artículo 1º prescribe, que todo afiliado al sistema general de riesgos profesionales que, en los términos de dicha ley o del Decreto 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el mencionado Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002.

Del contexto legal antes descrito concluye la Sala, que el seguro por muerte causada en razón de accidente de trabajo y enfermedad profesional dejó de tener aplicación a partir de la entrada en vigencia del sistema general de riesgos profesionales.

De los hechos probados en el proceso

De la legitimación en la causa y el estado civil

1. A folio 11 del expediente consta copia del folio 178, tomo 12 del registro civil de matrimonio de los señores Miguel Faciolince Reyes y la señora María Auxiliadora Barrios García.

2. Constan copia de los registros civiles de nacimiento de los señores Adinton Faciolince Barrios (fl. 99) y Belén Patricia Faciolince Barrios (fl. 101).

3. A folio 102 del expediente consta copia del registro civil de defunción del señor Miguel Faciolince Reyes, acaecida el 14 de junio de 1991, por causa de “estallido masa encefálica; fractura bóveda y base craneana; impactos de proyectil arma de fuego”.

De la vinculación laboral del causante

El señor Miguel Faciolince Reyes prestó sus servicios al Estado en los siguientes cargos:

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena:

Juez promiscuo municipal de Soplaviento (Bolívar) desde el 1º de junio de 1978 hasta el 31 de agosto de 1979.

Juez promiscuo municipal de San Jacinto (Bolívar) desde el 1º de septiembre de 1979 hasta el 30 de junio de 1982.

Juez noveno de instrucción criminal desde el 1º de septiembre de 1985 hasta el 30 de octubre de 1988.

Juez quinto de instrucción criminal desde el 1º de noviembre de 1988 hasta el 8 de febrero de 1990.

En el Ministerio de Justicia:

Juez 17 - Juzgado 9º de Instrucción Criminal desde el 1º de septiembre hasta el 31 de diciembre de 1985.

Juez de instrucción criminal en Mompós (Bolívar) en las siguientes fechas:

Del 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 1986.

Del 1º de enero hasta el 28 de febrero de 1987.

Del 1º de marzo hasta el 31 de agosto de 1987.

Del 1º de septiembre hasta el 31 de diciembre de 1987.

Del 1º de enero hasta el 31 de octubre de 1988.

Del 1º de noviembre hasta el 31 de diciembre de 1988.

Del 1º de enero hasta el 31 de agosto de 1989.

Del 1º de septiembre hasta el 31 de diciembre de 1989.

Del 1º de enero hasta el 28 de febrero de 1990.

El último cargo desempeñado fue el de juez quinto de instrucción criminal en la ciudad de Cartagena.

Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el causante

1. El señor Miguel Faciolince Reyes instauró demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo 08 de 1990 expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (fls. 8 y s.s.).

2. El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 4 de septiembre de 1996 declaró la nulidad del Acuerdo 08 de 1990 en lo tocante a la no elección en los cargos de jueces que ocupaban, entre otros, el señor Miguel Faciolince Reyes. A título de restablecimiento ordenó a favor de los demandantes el pago de los salarios y prestaciones sociales, debidamente indexados correspondientes al lapso comprendido entre el 1º de marzo de 1990 y el 30 de agosto de 1991, fecha en la que culminó el periodo de jueces que se había iniciado el 1º de septiembre de 1989 (fls. 8-36).

3. Por medio de sentencia del 10 de febrero de 2000 proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del Consejo de Estado, se confirmó la sentencia del 4 de septiembre de 1996 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró la nulidad del Acuerdo 08 de 1990 expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en cuanto declaró la no elección, entre otros, del señor Miguel Faciolince Reyes, y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el pago de salarios y demás emolumentos a que tenía derecho desde el 1º de marzo de 1990 hasta el 30 de agosto de 1991 (fls. 43 a 68).

4. La sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado, fue notificada mediante edicto fijado en la secretaría de la Sección Segunda, el 29 de mayo de 2000 y desfijado el 31 de mayo del mismo año (fl. 85).

De la petición formulada por los demandantes en vía gubernativa

1. Mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 2000 ante la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, seccional Bolívar, los demandantes solicitaron que mediante acto administrativo se dispusiera el reconocimiento y pago del seguro por muerte “consagrado en la legislación vigente para los empleados oficiales” (fls. 90-92).

2. Mediante la Resolución 001 del 24 de septiembre de 2001, acto administrativo demandado, la Caja Nacional de Previsión Social, seccional Bolívar, negó la solicitud formulada (fls. 95-98).

3. El 2 de octubre de 2000 se presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, bajo el argumento de que para el día en que acaeció el fallecimiento del señor Miguel Faciolince Reyes, esto es, el 14 de junio de 1991, por mandato de la sentencia, el mencionado ciudadano era empleado de la rama judicial, pues en la sentencia se ordenó a título de restablecimiento del derecho el pago de salarios y demás emolumentos desde el 1º de marzo de 1990 (fecha anterior a su muerte) y hasta el 30 de agosto de 1991 (fecha posterior a la de su muerte) (fls. 93- 94).

Análisis de la Sala

Debe resolverse si se acoge la petición de la entidad apelante referida a que se revoque la decisión adoptada por el tribunal, que accedió a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto acomete la Sala el estudio de los argumentos que expresa el recurrente bajo el siguiente esquema de censura:

i. De acuerdo con lo previsto en el numeral 1º del artículo 52 del Decreto 1848 de 1969, para tener derecho al seguro por muerte, no basta la condición de “empleado oficial”, sino que además, se esté en “servicio”, condición esta última que no cumplía el causante para la fecha de su fallecimiento.

Pues bien, en primer lugar debe precisar la Sala que, no obstante la entrada en vigencia del sistema de riesgos profesionales establecido a partir de la Ley 100 de 1993, el Decreto Legislativo 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, en el caso concreto la muerte del empleado (contingencia de la que deriva el derecho a la prestación), acaeció cuando aún no había sido expedido el nuevo modelo en materia de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 (3) .

Así entonces, para el caso es aplicable lo previsto en los artículos 52 y 53 del Decreto 1848 de 1969, normas que en la demanda se acusan como transgredidas por la entidad demandada al expedir la Resolución 001 del 24 de septiembre de 2001 mediante la cual se negó a los actores el reconocimiento y pago del seguro por muerte, bajo el argumento de que la petición se formuló por los interesados luego de transcurrido el término de prescripción.

De conformidad con el artículo 34 del Decreto 3135 de 1968, en concordancia con los artículos 52 y 53 del Decreto 1848 de 1969, en caso de fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial en servicio, los beneficiarios gozan de un seguro por muerte equivalente a doce (12) mensualidades del último salario devengado. El valor de dicho seguro será de veinticuatro (24) mensualidades del último salario devengado, en el evento de que el empleado fallezca como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Cuestiona la parte recurrente que el causante, señor Miguel Faciolince Reyes, para la fecha de su deceso no se encontraba al servicio de la rama judicial, y por tanto, al no cumplirse el supuesto de hecho exigido por la norma, no hay lugar al reconocimiento prestacional que reclaman los demandantes en condición de beneficiarios.

Pues bien, conforme a las pruebas que obran en el expediente, y cuya relación se hizo en acápites que anteceden, es cierto que para el 14 de junio de 1991 el señor Miguel Faciolince Reyes, no fungía como juez quinto de instrucción criminal por cuanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante el Acuerdo 08 de 1990, dejó de elegirlo para el periodo judicial que culminaba el 31 de de agosto de 1991 (4) “con base en el criterio de reserva moral”.

Dicho acto administrativo fue declarado nulo mediante sentencia del 4 de septiembre de 1996 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, decisión que fue confirmada en segunda instancia por sentencia del 10 de febrero de 2000 expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado (C.P. Ana Margarita Olaya Forero, Exp. 15626).

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que declaró la no elección, entre otros funcionarios judiciales, del señor Miguel Faciolince Reyes, a título de restablecimiento del derecho se ordenó el pago de salarios y demás emolumentos a que tenían derecho los accionantes en cada caso en particular, desde el 1º de marzo de 1990 hasta el 30 de agosto de 1991. No se ordenó el reintegro al cargo porque para ese entonces los actores eran empleados de periodo.

Frente al caso particular debe señalarse que, atendiendo la regla general, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo tiene efectos retroactivos, pues el acto es nulo desde su expedición y no puede producir efectos, razón por la cual, en el caso del señor Miguel Faciolince Reyes, al ordenarse el restablecimiento del derecho se dispuso el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el periodo declarado en la sentencia, bajo el entendido de que el acto inválido no cobró vida jurídica, esto es, se retrotrae la situación de la persona afectada con el acto nulo para de esa manera restablecer el derecho particular conculcado con la decisión ilegal.

Con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se restaura el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un acto administrativo que quebranta las normas superiores y se obtiene la reparación de un daño irrogado al particular con la decisión que se invalida.

Descendiendo al caso de autos, se tiene que, para la fecha del fallecimiento del señor Miguel Faciolince Reyes, esto es, el 14 de junio de 1991, ciertamente no fungía como servidor judicial, circunstancia que en principio conllevaría a afirmar que no se cumple con el supuesto de hecho previsto en el artículo 52 del Decreto 1848 de 1969, en cuanto señala que el derecho le asiste a todo empleado oficial “en servicio”. Sin embargo, dada la particularidad del caso debe la Sala hacer mención a lo siguiente:

1. El causante no estaba en servicio activo con ocasión del acto de no elección de juez por un periodo determinado contenido en el Acuerdo 08 del 8 de febrero de 1990 (5) proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

2. El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad del acto. La decisión de anular el Acuerdo 08 de 1990 en lo concerniente a la no designación de los actores en los respectivos cargos de jueces que venían ocupando, se fundamentó en la aplicación de la reserva moral de que trataba el literal h) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, consistente en la convicción moral del nominador de que la persona a desempeñar cargo o empleo en la rama judicial, no observa una vida pública o privada compatible con la dignidad del mismo, por cuanto estimó el tribunal que tal reparo no equivale a una pura y simple reserva mental, sino que debe basarse en hechos comprobables que validen la inferencia que se hace, los cuales deben ser conocidos y controvertidos por la persona afectada.

3. Los jueces cuyo periodo vencía el 31 de agosto de 1991, entre ellos, el causante, al entrar en vigencia la Constitución Política de 1991, no gozaban del derecho a permanecer en el cargo que ocupaban. Les asistía la vocación de ser elegidos nuevamente en el juzgado en que se hallaran escalafonados, más no el derecho a ser efectivamente reelegidos (6) .

Como se trataba de la nulidad de un acto de no elección de juez por periodo determinado, el restablecimiento del derecho no podía ser el reintegro al cargo. En el caso concreto, el restablecimiento del derecho comprendía solo el periodo transcurrido desde la fecha en no fueron considerados como elegidos (mar. 1º/90) hasta el 30 de agosto de 1991.

4. La muerte del causante acaeció en el periodo que tuvo en cuenta el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia del 4 de septiembre de 1996, para efectos de ordenar el restablecimiento del derecho (mar. 1º/90 hasta ago. 30/91), circunstancia que a juicio de la Sala, legitima en el derecho a los accionantes, pues restablecer el derecho significa volver las cosas a su estado anterior, y que para el caso comprende, el derecho al pago de los emolumentos a los que tenía derecho el causante durante el periodo señalado en la citada sentencia.

Por las consideraciones que anteceden, los reparos que formula el recurrente contra la sentencia de primera instancia no están llamados a prosperar en tanto que la decisión se encuentra ajustada a derecho.

ii. De conformidad con lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969:

“Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

Argumenta el recurrente, con fundamento en la disposición que se cita, que si el señor Miguel Faciolince Reyes, falleció el 14 de junio de 1991, sus herederos tenían hasta el 14 de junio de 1994 para interponer las acciones judiciales de rigor, y obtener la prestación derivada del seguro por muerte. A su juicio, considerar que haber interpuesto una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y haber obtenido sentencia favorable para la época del 10 de febrero de 2000, no se suficiente para extender el plazo a fin de ejercer la reclamación.

El tribunal consideró que la prescripción alegada por la entidad solo empezaba a correr “a partir del día 29 de mayo de 2000 fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia proferida por el honorable Consejo de Estado y no desde el momento de su muerte el día 14 de junio de 1991”.

La Sala prohíja la tesis de primera instancia por cuanto solo y con ocasión del restablecimiento del derecho ordenado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro del juicio en acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado entre otros actores, por el señor Miguel Faciolince Reyes, resurge para los beneficiarios el derecho a formular la reclamación por la prestación de que trata el artículo 52 del Decreto 1848 de 1969.

La doctrina ha clasificado las sentencias en consideración al derecho sustancial o material que ellas ponen en vigor, conforme lo enseña Eduardo J. Couture (7) , en: sentencias declarativas, de condena, constitutivas y cautelares. El autor define las declarativas, como aquellas que, tienen por objeto la pura declaración de la existencia de un derecho, sin que vayan más allá de esa declaración; como sentencias constitutivas, aquellas que sin establecer una condena al cumplimiento de una prestación, crean, modifican o extinguen un estado jurídico; y como sentencias de condena, todas aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación, ya sea en sentido positivo (dar, hacer), ya sea en sentido negativo (no hacer, abstenerse).

En este orden de ideas la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 4 de septiembre de 1996, confirmada en segunda instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante providencia del 10 de febrero de 2000, es declarativa y constitutiva por cuanto, modificó una situación jurídica que había sido definida mediante el Acuerdo 08 de 1990, acto administrativo que fue declarado nulo. Al anularse dicha decisión, las cosas vuelven a su estado anterior, y el resarcimiento del derecho comprende el derecho al pago de salarios y demás emolumentos a que tenía derecho la parte actora desde el 1º de marzo de 1990 al 30 de agosto de 1991.

La sentencia del Consejo de Estado quedó en firme el 29 de mayo de 2000 (fl. 69 vuelto), y la reclamación fue presentada por los demandantes, en condición de beneficiarios, ante la entidad, el 22 de diciembre de 2000 (fl. 92), esto es, dentro del término prescriptivo al que hace referencia el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Por lo anterior, no son de recibo los argumentos del recurrente. La prescripción alegada por la entidad demandada y que motivó la expedición del acto administrativo contenido en la Resolución 001 del 24 de septiembre de 2001 fue desvirtuada dentro de la presente actuación, como lo consideró el Tribunal de primera instancia.

Por último se señala, a título simplemente enunciativo que, mediante la Ley 16 de 1988 se establece el seguro de vida para los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, del Ministerio Público y para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, que por causa o por ocasión del ejercicio de sus funciones pierdan la vida en hechos violentos, de cuyo análisis se margina la Sala en esta oportunidad en tanto que no fue motivo de debate.

Con fundamento en las razones que anteceden, procede confirmar la sentencia de primera instancia, debiendo adicionarse en el sentido de declarar la nulidad del acto ficto derivado del silencio administrativo frente el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la Resolución 001 del 24 de septiembre de 2001.

Se modifica el numeral segundo de la sentencia apelada en el sentido de que al aplicar la fórmula del ajuste del valor allí señalada, el valor del índice inicial es el que corresponda a la fecha en que se causó el derecho de acuerdo con lo señalado en esta providencia, esto es, de la ejecutoria de la sentencia del 10 de febrero de 2000, y no desde la fecha de retiro como se indicó en el numeral que se modifica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 25 de enero de 2007 mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por los señores María Auxiliadora Barrios de Faciolince, Belén Patricia y Adinton Faciolince Barrios contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, con las siguientes modificaciones:

ADICIÓNASE la sentencia recurrida en el sentido de DECLARAR la nulidad del acto ficto derivado del silencio administrativo frente el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la Resolución 001 del 24 de septiembre de 2001.

MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia apelada en el sentido de que al aplicar la fórmula del ajuste del valor allí señalada, el valor del índice inicial es el que corresponda a la fecha en que se causó el derecho de acuerdo con lo señalado en esta providencia, esto es, de la ejecutoria de la sentencia del 10 de febrero de 2000, y no desde la fecha de retiro como se indicó en el numeral que se modifica.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1) Se refiere a los artículos 52 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

(2) Aunque el artículo 34 está expresamente derogado, los numerales 3º, 4º y 5º de este artículo, fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 de 2005, bajo el entendido de que también son beneficiarios del seguro por muerte los compañeros o compañeras permanentes sobrevivientes.

(3) Conforme el registro civil de defunción, la muerte acaeció el 14 de junio de 1991.

(4) Al entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 desapareció el periodo de los jueces.

(5) Acto por medio del cual se realizó la elección de jueces para el periodo constitucional que se inició el 1º de septiembre de 1989.

(6) Así se dijo en la sentencia del 10 de febrero de 2000 ya citada.

(7) COUTURE, Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1990.

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