Sentencia 2002-00148 de noviembre 22 de 2012

 

Sentencia 2002-00148 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 07001-23-31-000-2002-00148-03(1187-09)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Catalina Landazábal Mejía

Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Considera

La señora Catalina Landazábal Mejía solicita la nulidad de los actos administrativos contenidos en la “calificación o evaluación de servicios” realizada el 30 de abril de 2001 por los magistrados del Tribunal Administrativo de Arauca a la oficial mayor Catalina Landazábal, el oficio de 26 de julio de 2001 emitido por la Sala de gobierno del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca por medio del cual resolvió no reponer la calificación de servicios insatisfactoria, la Resolución 302 de 12 de septiembre de 2001 por medio de la cual la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander excluye de la carrera judicial a la abogada Catalina Landazábal y el Acuerdo 012 de 4 de octubre de 2001 por medio del cual se modifica parte de los efectos del acto administrativo del 26 de julio de 2001 y se produce y el retiro de la actora.

Refiere la actora que los actos administrativos demandados están viciados de ilegalidad, porque los magistrados del Tribunal Administrativo de Arauca no tenían las facultades administrativas para proferir la evaluación y calificación de los servicios de la empleada pública, máxime cuando esta se encontraba disfrutando de la licencia de maternidad. Señala que la evaluación y calificación de servicios le correspondía a la secretaria general de la corporación por ser esta la superior jerárquica de la oficial mayor. Insiste, en que la falsa motivación y la desviación del poder se configuran como causales de nulidad de los actos demandados.

Por su parte la dirección ejecutiva de la administración judicial, argumenta en su defensa que los factores calificados a la actora se ciñeron a los parámetros planteados en el formulario, que respecto de los actos administrativos demandados no se agotó la vía gubernativa y por lo tanto no son susceptibles de nulidad y restablecimiento del derecho. Del mismo modo, agrega que la entidad demandada actuó de conformidad con los presupuestos legales necesarios para efecto de calificar y evaluar a la actora.

El Tribunal Administrativo de Arauca declaró la nulidad de los actos administrativos expedidos por las demandadas en tanto que encontró probado que quien calificó los servicios de la actora no fue el competente vulnerándose así el derecho al debido proceso toda vez que no existió un trámite previo de control y seguimiento al desempeño laboral de la actora, de igual forma indicó que se desconoció el derecho de audiencia y defensa por prohibir la concesión de los recursos en la vía gubernativa en especial refiriéndose al acuerdo de 26 de julio de 2001.

Inconforme con la decisión de primera instancia, la dirección ejecutiva de la rama judicial expresó su inconformidad señalando que por no haberse agotado la vía gubernativa contra la Resolución 302 de 12 de septiembre de 2001 por medio de la cual se excluye de la carrera judicial a la señora Catalina Landazábal, la demanda formulada no cumple los presupuestos procesales de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 270 de 1996, la Sala Administrativa del Tribunal Administrativo de Arauca es competente para efectuar la evaluación y calificación de los servicios de la actora.

Problema jurídico

Consiste en determinar si los actos administrativos a través de los cuales se calificó y ordenó el retiro de la actora como oficial mayor del Tribunal Administrativo de Arauca se encuentran ajustados a derecho.

En consecuencia y previo a decidir, se tiene que con los medios de prueba allegados, se encuentra probado en el expediente lo siguiente:

La actora aprobó el concurso de méritos y fue inscrita en la carrera judicial en el cargo de sustanciador nominado del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona (fl. 251).

La Señora Catalina Landazábal Mejía ejercía como oficial mayor del Tribunal Administrativo de Arauca desde el 1º de agosto de 2000 hasta el 19 de septiembre de 2001 (fl. 255, cdno. 2).

Según se advierte en oficio de 21 de septiembre de 2000, la actora se encontraba en estado embarazo (fl. 222, cdno. 2).

A folio 74 a 81 se evidencia acta de entrega del cargo de oficial mayor del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Mediante Acuerdo 001 de 22 de marzo de 2001 el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca concedió licencia de maternidad a la señora Catalina Landazábal por el término de 82 días, los cuales finalizaron el 12 de junio de 2001 (fl. 225, cdno. 225).

El Tribunal Administrativo de Arauca el 30 de abril de 2001 calificó como insatisfactoria la prestación de servicios de la actora por el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2000 a 30 de abril de 2001 con base en lo siguiente:

“… falta de anotación en los libros, falencias graves y repetitivas de no poner a disposición de secretaria los autos que dejaban pasar a los despachos de los magistrados, no llevo en los libros radiadores las decisiones que se iban produciendo en los expedientes, no agregar a los expedientes los memoriales con destino a los mismos…”.

La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la calificación insatisfactoria antes señalada (fl. 23 cdno 1).

La Sala de Gobierno del Tribunal de Arauca mediante acto administrativo de 26 de julio de 2001 resolvió no reponer la calificación de servicios insatisfactoria de la actora, no concedió el recurso de apelación y ordenó el retiro del servicio de la señora Catalina Landazábal a partir del 20 de septiembre de 2001 (fl. 30, cdno. 1).

La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, mediante Resolución 302 de 12 de septiembre de 2001 ordena excluir de la carrera judicial a la actora (fl. 38, cdno. 1).

La Sala de Gobierno del Tribunal Administrativo de Arauca mediante Acuerdo 012 de 4 de octubre de 2001 modificó el acto administrativo de 26 de julio de 2001 en cuanto a la fecha de los efectos del retiro de la actora (fl. 40, cdno. 1).

El Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander, mediante Resolución 076 de 9 de abril de 2002 ordenó la exclusión de la Doctora Catalina Landazábal del registro de elegibles (fl. 257, cdno. II).

El presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca certificó que no se halló queja alguna en la hoja de vida de la señora Catalina Landazábal Mejía (fl. 216, cdno. 2).

Según acta de diligencia de inspección judicial en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca, los libros radicadores de procesos ordinarios, acciones de tutela, acciones populares y de grupo, acciones de cumplimiento, acciones electorales y demás, durante el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2000 al 20 de marzo de 2001 se encuentran diligenciados de forma incompleta (fl. 209, cdno. 2).

Según las constancias expedidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y la Procuraduría General de la Nación no se registra sanción alguna (fls. 71 y 72, cdno. 1).

El jefe de la división de asuntos laborales de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial, hace constar que la actora “… no registra memorando alguno durante el tiempo laborado en la rama judicial…” (fl. 73, cdno. 1).

Con fundamento en los presupuestos fácticos antes enunciados, es necesario hacer las siguientes precisiones de índole jurídico:

El acto administrativo contenido en la calificación de servicios de 30 de abril de 2001 emitido por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Arauca es considerado en principio como un “acto previo” según los planteamientos reiterados por la Sección Segunda de esta corporación(1) y la Corte Constitucional a través de Sentencia T-1142 de 28 de noviembre de 2003(1).

Sin embargo, lo anterior no significa que en la producción del acto antes referido, no se haya incurrido en irregularidades, las cuales tienen efecto en un acto posterior, tal y como ocurre en el acto administrativo a través del cual se resolvieron los recursos de reposición y apelación contra la actuación que calificó como insatisfactoria la prestación de los servicios (fl. 30) y ordenó el retiro del servicio de la Doctora Catalina Landazábal a partir del 20 de septiembre de 2001.

En virtud de lo antes señalado, se abordará el estudio de legalidad a fin de establecer si respecto de los mencionados actos y sus modificatorios se incurrió en incompetencia del órgano que los expidió o en cualquier otro motivo de nulidad como el alegado por la actora en su demanda.

El artículo 156 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia(2) señala que la carrera judicial se rige en especial por el principio del mérito como fundamento principal para la permanencia en el servicio. Por ello, los empleados de carrera son evaluados por sus superiores jerárquicos anualmente (art. 171, ibíd.), para verificar que mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y experiencia que justifican la permanencia en el cargo (art. 169, ibíd.).

En efecto, en el Acuerdo 1392 de 2002(3), artículo 56, se establece que:

“… Corresponde al superior jerárquico del despacho en el cual el empleado esta nombrado por el régimen de carrera, realizar su calificación integral de servicios, de conformidad con los factores establecidos en la ley y desarrollados en el presente acuerdo.

Para el caso de empleados vinculados a los centros de servicios su calificación estará a cargo de quien señale el respectivo acuerdo de creación y reglamentación de dichos centros… (resaltado fuera de contexto).

De conformidad con el tenor literal de la norma y como quiera que la oficial mayor se encontraba adscrita a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca (fl. 255, cdno. II), se establece que el secretario general de la corporación es el competente para realizar la evaluación de calificación integral de servicios prestados por la señora Catalina Landazábal.

Así mismo se determina que conforme al artículo 5º del Acuerdo 209 de 1997, por el cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los tribunales administrativos no se advierte entre las funciones de la Sala Plena de los tribunales realizar la calificación de los funcionarios adscritos a la Secretaria General, tal y como se establece a continuación:

La Sala Plena de los tribunales tendrá las siguientes funciones:

(…).

k) Evaluar, previo estudio de la sala de decisión, sección o Subsección, según el caso, el factor cualitativo de la calificación de servicios de los jueces administrativos del distrito judicial, y remitir oportunamente su resultado a la sala administrativa del respectivo consejo seccional de la judicatura.

i) Evaluar a los empleados adscritos a la sala plena.

En este orden de ideas, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Arauca en el acto administrativo contenido en el oficio de 26 de junio de 2001 es contraria a derecho, por cuanto es claro que este órgano colegiado no tenía la competencia para la expedición del mismo y en tal sentido, los actos administrativos demandados están afectados de la causal de nulidad por falta de competencia tal como lo afirmó el tribunal en providencia de 15 de febrero de 2007.

En las anteriores condiciones, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 15 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual accedió a las súplicas de la demanda dentro del proceso promovido por la señora Catalina Landazábal Mejía contra la Nación - rama judicial - dirección ejecutiva de la administración judicial.

Cópiese, notifíquese y una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. CÚMPLASE.

Discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Sentencia del 10 de diciembre de 1998, Actor Delgys del Carmen Romero Cabeza, Consejero Ponente Javier Díaz Bueno, Número del Expediente 17351. “los actos de calificación de servicios y los que desatan los recursos interpuestos en su contra, son actos de trámite o actos previos que no pueden ser controvertidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo” (resaltado fuera de contexto). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010). Radicación 15001-23-31-000-2000-02353-01(8615-05), Sentencia C-002 de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 23 de abril de 2002, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(1) “(...) Con la calificación se determina la permanencia o retiro del servidor público, atendiendo al resultado de la evaluación. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el de calificación es un acto de trámite previo a aquel que declara la desvinculación del cargo, decisión esta que constituye un acto definitivo. Tratándose de una decisión administrativa y no judicial, el acto de calificación está sometido al trámite y a los recursos previstos en el Código Contencioso Administrativo, ya que el Acuerdo 198 de 1996, por el cual se reglamenta la calificación o evaluación de servicios de los funcionarios y empleados de sistema de carrera de la rama judicial, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su artículo 46 remite al código mencionado. (...)” (resaltado fuera del texto).

(2) ART. 156.—Fundamentos de la carrera judicial. La carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.

(3) Por el cual se reglamenta la evaluación y calificación de servicios de los funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial.