Sentencia 2002-00156 de octubre 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Luis Rafael Vergara Quintero

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil trece (2013)

Radicación 080101233100020020015601

Nº Interno 1947-12

Autoridades distritales

Actor: Mario Eduardo Vásquez Lebolo

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte adora contra la sentencia de 29 de febrero de 2012, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso instaurado contra el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En el presente asunto se discute la legalidad del oficio del 20 de septiembre de 2001, expedido por el secretario de relaciones humanas y laborales del Distrito de Barranquilla, mediante el cual le comunicó al actor la supresión del cargo de inspector de policía urbano.

Sobre el particular, es preciso señalar que el Alcalde del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, en uso de las facultades conferidas por el numeral 7º del artículo 315 de la Constitución Política, estableció la nueva planta de personal de la entidad, atendiendo al diagnóstico señalado en los estudios técnicos que elaboró el equipo asesor externo y con el aval del secretario de gobierno el 13 de julio de 2001.

Las conclusiones del estudio técnico llevaron a recomendar la supresión de 10 cargos de inspector de policía de los 31 existentes, con el fin de “centralizar la atención y resolución de quejas de cualquier tipo en el departamento inspección general de policía y comisarías de familia, y esto, consecuentemente, conlleva la supresión de la central de quejas y la división operativa” (fl. 30 cdno. de pbas.).

Es así como el Alcalde Distrital de Barranquilla en el Decreto 0218 de 12 de septiembre de 2001 estableció la planta de personal en los siguientes términos:

“ART. 1º—Las funciones propias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla serán cumplidas por la planta de personal que se establece a continuación, así:

Planta global

Nº de empleosDenominación del empleoCódigo y grado
21 veintiunoInspector de Policía Urbano334-05

ART. 2º—El Alcalde Distrital de Barranquilla, mediante resolución distribuirá los cargos de la planta global y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio.

ART. 3º—La incorporación de los empleados a la planta de personal establecida en el artículo 1º del presente decreto, se efectuará dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su publicación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1173 de 1999 y demás normas vigentes sobre la materia.

ART. 4º—Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998.

ART. 5º—Los empleados de carrera administrativa a quienes se les suprima el empleo, tendrán derecho a optar por la indemnización o por la incorporación a empleo equivalente, de conformidad con lo consagrado en la Ley 443 de 1993, y en los decretos reglamentarios 1572 de 1998 y 1473 de 1999, con sujeción al procedimiento establecido en el Decreto 1568 de 1998” (fls. 100-104)”.

En cumplimiento de lo anterior, mediante oficio del 20 de septiembre de 2001, el secretario de relaciones humanas y laborales del Distrito de Barranquilla en ejercicio de las funciones conferidas por el Decreto 0223 de 2001(1), comunicó al actor:

“Por medio del presente me permito comunicarle que mediante Decreto 0218 de septiembre 12 de 2001, expedido por el ALCALDE DISTRITALO DE BARRANQUILLA el cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANO que ocupa usted en DEPARTAMENTO INSPECCIÓN GENERAL DE POLICÍA Y COMISARÍAS DE FAMILIA-SECRETARÍA DE GOBIERNO DISTRITAL, ha sido suprimido de la planta de personal adscrita a esa dependencia. En consecuencia se produce su desvinculación del servicio a partir de la fecha.

Por estar usted escalafonado en carrera administrativa le informamos que conforme al artículo 39 de la Ley 443 de 1998, le asiste el derecho de optar por la indemnización o tener tratamiento preferencial para ser incorporado a empleos equivalentes según las siguientes reglas:

“...1º La incorporación se efectuará, dentro de los seis (6) meses siguientes a la supresión de los cargos en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal, en el siguiente orden:

1.1. En las entidades en las cuales venía prestando el servicio, sino (sic) hubieren sido suprimidas.

1.2. En las entidades que asuman las funciones de los empleos suprimidos”.

“... 2. La incorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos mínimos para el desempeño de los respectivos empleos.

... 3. La persona así incorporada continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión de su empleo y le será actualizada su inscripción en la carrera”.

“...4. De no ser posible la incorporación dentro del término señalado, el exempleado tendrá derecho al reconocimiento y pago de la indemnización”.

Le comunicamos igualmente que conforme al artículo 45 del citado Decreto 1658/98 deberá manifestar su decisión, mediante escrito dirigido al alcalde distrital dentro de los cinco (5) días calendarios (sic) siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación si opta por la indemnización o por la eventual reincorporación en los términos antes descritos. De no manifestar su decisión dentro del término señalado se entenderá que opta por la indemnización”.

Para la Sala, el procedimiento adelantado por la Alcaldía Distrital de Barranquilla se ajusta a los procedimientos consagrados en el Decreto 1572 de 1998 y en la Ley 443 de 1998, por fundarse en necesidades del servicio y en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplaron un análisis de las implicaciones derivadas de la transformación de las políticas policiales, en el análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo (como el correcto funcionamiento de las inspecciones de policía) y en la evaluación de la prestación de los servicios, cargas de trabajo y un análisis de los perfiles de los empleos.

Las conclusiones del estudio técnico constatan que una de las recomendaciones del grupo de trabajo, respecto de los cargos de Inspectores fue la de reducir cargos de la planta de personal, y en esa medida no evidencia la Sala ninguna contradicción entre el estudio y el acto supresor, si se tiene en cuenta además que el procedimiento señalado en el Decreto 0218 de 12 de septiembre de 2001 explicó de manera clara las opciones consagradas en la Ley 443 de 1998 como la indemnización en caso de la improcedencia de la incorporación, cuestión que se presentó en el sub lite.

Ahora, corno quiera que otro de los argumentos de la apelación se relaciona directamente con el mejor derecho que le asistía a permanecer en la nueva planta de personal frente a los demás empleados que continuaron en la administración distrital en el cargo de inspector de policía, deduce la Sala que el acto cuya legalidad debía controvertirse es el de incorporación de empleados, el cual debió expedirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de publicación del Decreto 0218 de 12 de septiembre de 2001, tal como se estableció en los artículos 2º y 3º.

A pesar de que en el proceso no se atacó el acto de incorporación, el fundamento alegado en la demanda tendiente a demostrar un mejor derecho para su incorporación, permite que la Sala se pronuncie al respecto por la fragilidad del mismo.

Respecto a la reducción de los empleos, esta corporación(2) ha sostenido que así queden cargos idénticos dentro de la nueva planta de personal, no por ello la administración se encuentra compelida a revincular la totalidad de los funcionarios que se desempeñaban a la antigua planta, porque el hecho de reducir el número de cargos significa, precisamente, la imposibilidad material, de incorporar a todos. Afirmar lo contrario, implicaría el entorpecimiento del proceso de reorganización, circunstancia que riñe con los principios que informan la facultad de supresión que apunta a la adecuación de las entidades en aras de la optimización del servicio.

Por ello, cuando existen cargos iguales en número inferior al que existía antes de la supresión, la entidad debe proceder a la incorporación inmediata en la nueva planta, ejerciendo la facultad discrecional que le permite expedir los actos que niegan la incorporación de algunos funcionarios sin necesidad de motivación.

En todo caso tal facultad discrecional no puede ser ejercida de forma arbitraria porque debe adecuarse a los fines de las normas que la autorizan y debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa (art. 36 del CCA).

Sin duda alguna, tal y como lo afirma el recurrente, la decisión de incorporar en la nueva planta, en un cargo igual al suprimido, a una persona con menor derecho o en una situación inferior a la que le asiste a un funcionario de carrera, transgrede de manera grosera no sólo las normas de la carrera administrativa, sino los principios de las mismas, inspirados en el artículo 125 de la Constitución Política, que propende por lograr que la mayoría de los emplees de las entidades del estado sean provistos por personas que estén dentro de la carrera administrativa para salvaguardar la buena prestación del servicio. Igual acontece cuando se incorpora a una persona que no cumple con las condiciones para desempeñar el empleo,

Sin embargo no basta con afirmar la sola violación de ese derecho de preferencia, porque el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, impone a la parte que aduce ese hecho demostrarlo, es decir, se debe probar identificando fehacientemente cuál o cuáles son las personas incorporadas con menor derecho, aportando las pruebas suficientes que demuestren esos hechos particulares y concretos.

Descendiendo al caso sub lite, la parte demandante demostró haber obtenido calificaciones superiores a las que alcanzaron Lorena Osario Torres, Luis Santana Díaz, Lesvi Movilla Jassir, Gloria 8aena Oquendo, Guillermo León Otero, Margarita Ripoll Romerin, Carolina Novoa Luna, Christian Manotas González, Esperanza Peña Díaz, Alicia Bustos Ledesma, Amparo Cueto González, Isabel Hernández Escobar, Mery Rivera, Berly Roa Escobar, Estela Quintero, Manuel Pedraza, Armando Castro Barraza y Pablo Crespo Movilla, por cuanto alcanzó un mayor puntaje en las evaluaciones de desempeño.

Sin embargo, es preciso destacar que la facultad de determinar qué funcionarios se incorporan a la nueva planta de personal es discrecional de la entidad, y lo único que debe atender la administración en estos casos es que los funcionarios incorporados cumplan con los requisitos mínimos que exige el careo.

Ahora, si bien el actor acreditó calificaciones superiores respecto de algunos de los inspectores que fueron incorporados, tal circunstancia, por sí sola, no es suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda por vulneración al principio del “mérito”, pues es necesario recordar que en la legislación colombiana no existe norma jurídica que dé mejor derecho a un empleado por haber obtenido un puntaje superior, como quiera que cuando la ley manda que el ingreso, la permanencia y el ascenso de empleos en carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, ello no significa que el mayor puntaje obtenido sea el requisito sine qua non para prevalecer sobre los demás empleados de carrera, pues existen otros criterios para determinar un mejor derecho; lo importante, y como ya se dijo, es que a quien se incorpore cumpla con los requisitos mínimos que exige el cargo, situación que no logró desvirtuar el demandante.

De acuerdo con todo lo anterior, considera la Sala que no se probó la infracción de las normas legales y constitucionales citadas en la demanda con ocasión de la expedición de los actos administrativas demandados. Ello impone mantener la presunción de legalidad de los actos y en consecuencia se confirmará la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla

CONFÍRMASE la sentencia de veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso promovido por MARIO VÁSQUEZ LEBOLO contra el DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cúmplase».

(1) Por el cual se delegan unas funciones especiales al secretario de relaciones humanas y laborales.

(2) Sentencia del 10 de febrero de 2011. Exp. 0129-09, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.