Sentencia 2002-00166 de marzo 14 de 2013

 

Sentencia 2002-00166 de marzo 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 88001-23-31-000-2002-00166-01 (26.471)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Adán Darío Jaramillo Vásquez

Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil trece

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 36’950.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 150’000.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Consideraciones previas

1. Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquélla que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de ésta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(1). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aún cuando haya sido practicada sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

En este caso, el tribunal dispuso tener como pruebas la copia auténtica de varios testimonios y de una diligencia de inspección judicial(3), practicados en el proceso de reparación directa 167 de 2007, adelantado por el señor Eligio Atencio Pantoja contra el departamento de San Andrés, en ese Tribunal Administrativo, por los mismos hechos objeto de la presente acción (auto, abr. 3/2003(4)) y aquellos documentos fueron remitidos a este proceso por esa corporación(5). Aunque tales pruebas sólo fueron solicitadas por la parte demandante, en ese proceso del que se trasladan se practicaron con audiencia de la Gobernación de San Andrés, que es, precisamente, contra quien se aducen en éste, razón por la cual se tendrán como tales en este caso.

2. Sobre las copias simples, la Sala ha dicho que “no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado”(6).

Quiere decir lo anterior que las copias serán admisibles y podrán ser valoradas siempre que puedan reputarse auténticas, de conformidad con lo previsto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que dice:

“ART. 254.—(Modificado por el D.L. 2282/89, art. 1º, num. 117) Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

“2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

“3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Si bien, en el presente caso, la copia simple del informe CBS 15, suscrito por el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Isla, sobre el incendio ocurrido el 20 de febrero de 2002, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en la norma transcrita, la Sala le dará valor probatorio teniendo en cuenta que no fue tachado de falso y que fue: a) aportado con la demanda(7) y con la contestación de la misma(8), es decir, por ambas partes y b) suscrito por el comandante de aquella institución, quien, en testimonio rendido el 28 de marzo de 2003(9), aseguró haberlo firmado.

Por el contario, las copias simples de 2 contratos de arrendamiento suscritos entre el demandante y terceras personas(10), y de un presupuesto para reconstrucción de la bodega(11), aportadas únicamente por el demandante, que tampoco se ajustan a la norma que viene de mencionarse, no se tendrán en cuenta.

3. A las 6 fotografías que la parte actora allegó con la demanda(12) y con las que pretende demostrar la ocurrencia de los hechos, la Sala no les dará valor probatorio, como quiera que registran unas imágenes que no fueron reconocidas o ratificadas dentro de este proceso, razón por la cual no existe certeza de que correspondan a los hechos objeto del litigio.

El caso concreto

1. Está acreditado que el señor Adán Darío Jaramillo Vásquez es el propietario de un lote de terreno y de la bodega en él construida, en sector School House, de San Andrés, pues así lo muestran la escritura 1183 del 22 de octubre de 1990(13), inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 450-11153(14), documentos que obran en copia auténtica.

El 20 de febrero de 2002, pasada la media noche, en aquélla propiedad y en otras aledañas, donde funcionaban bodegas y locales comerciales, ocurrió un incendio que tuvo como consecuencia cuantiosas pérdidas materiales, según el informe CBS 15, del 21 de febrero de ese mismo año(15), en el que el Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos comunicó al Secretario del Interior de San Andrés, entre otras cosas, que las llamas consumieron totalmente 3 establecimientos comerciales, a saber, Támesis (segundo piso), Importadora Marvi (propiedad de Mariano Pedraza) y Caribe Cargo Ltda. (propiedad de Eligio Atencio).

En testimonio rendido el 28 de marzo de 2003, el señor Mariano Enrique Pedraza Piñeros(16), al responder a la pregunta acerca de quiénes habían resultado perjudicados con el incendio, manifestó:

“…todo lo que tenía mi bodega se perdió, también se perdió todo lo del Támesis y la bodega del señor Eligio. Las bodegas estaban llenas de mercancías hasta el techo por eso cogió las llegas (sic) del segundo piso tan rápido, también perdió el señor Adán Jaramillo que era el dueño de la bodega donde estaba Eligio … Yo era subarrendatario de Eligio por eso compartíamos la bodega … con el conocimiento del dueño del inmueble”.

A la misma pregunta, la señora Myriam Esther Mendoza Torregroza(17), quien trabajaba como secretaria en una de las bodegas, respondió:

“Los que resultaron perjudicados son: la bodega del señor Mariano Pedraza que la compartía con el señor Eligio, la parte de arriba del Támesis y la bodega del señor Darío Jaramillo, dueño de la bodega que tenía en arriendo el señor Eligio junto con el señor Pedraza”.

2. Verificado lo anterior, esto es, la ocurrencia del daño, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el daño antijurídico es atribuible o no a la entidad pública, como lo alega el actor.

Al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se le atribuye la responsabilidad por los perjuicios ocasionados al demandante, consistentes en la destrucción total de una bodega de su propiedad, por la pésima prestación del servicio del Cuerpo Oficial de Bomberos del Departamento, en la atención del incendio ocurrido el 20 de febrero de 2002.

Sobre el particular, se tiene que la prevención y control de incendios es un servicio público esencial a cargo del Estado y su función, en ese aspecto, está dirigida a disminuir la vulnerabilidad generada por ese tipo de riesgos, de conformidad con la Ley 322 de 1996, que creó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y dictó otras disposiciones.

Ahora bien, sobre las circunstancias de ocurrencia de los hechos, el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos, en el mencionado informe CBS 15, dejó constancia de que el 20 de febrero de 2002, aproximadamente a las 00:25 horas, en esa institución se recibió el llamado de la Policía Nacional, que informaba sobre un incendio en el establecimiento comercial denominado Támesis, diagonal a la torre de control del aeropuerto. Manifestó, también, que el llamado lo atendieron de inmediato, con una máquina 05, el propio comandante de la estación y todo el personal de turno y que, al llegar al lugar de los hechos, varios locales comerciales se encontraban en llamas. Dijo que la voz de alarma fue tardía, como quiera que las personas presentes en el establecimiento Támesis se encontraban en el salón principal, ubicado al lado opuesto de donde se originó la conflagración, y que las llamas se propagaron rápidamente, debido a los materiales sólidos inflamables utilizados en la construcción del segundo piso y a la fuerte brisa marina que soplaba al momento de los hechos, la cual aceleró el proceso de combustión.

Afirmó, además, que el proceso de extinción y enfriamiento del incendio tardó 4 horas y media, aproximadamente, tiempo en el cual utilizaron alrededor de 10.000 galones de agua, labor en la que recibieron el apoyo de varias de las autoridades de la localidad, tales como: 4 unidades de bomberos aeronáuticos, 1 unidad de bomberos oficiales fuera de servicio, 4 unidades de la Defensa Civil Colombiana, la Policía Nacional, 1 carrotanque de la Fuerza Aérea Colombiana, 2 unidades de bomberos voluntarios, 1 carrotanque del hotel “El Dorado” y 1 ambulancia del hospital Timothy Britton.

Así mismo, aseguró que no se pudo establecer el origen del incendio, debido al consumo total de los bienes muebles e inmuebles, a la magnitud del mismo y a la rapidez con que se propagaron las llamas.

Los vecinos y testigos de la conflagración, en 13 testimonios(18) rendidos entre el 26 y el 28 de marzo de 2003, coincidieron en afirmar que, aunque los integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de San Andrés tuvieron toda la disposición para apagar el incendio e hicieron un gran esfuerzo para ello, eran pocos (5 o 6) y que no tenían los equipos suficientes para apagar un incendio de tal magnitud, ya que contaban con una sola máquina de bomberos y el incendio se propagó muy rápido. Manifestaron, también, que tuvieron apoyo de una máquina de bomberos de la Aeronáutica Civil y que había un carrotanque de un hotel.

En la diligencia de inspección judicial(19) realizada, el 31 de marzo de 2003, al Centro de Bomberos de la Isla de San Andrés quedó consignado que “en el centro hay tres máquinas de bomberos. La más reciente la adquirieron por donación de la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres, es marca international y tiene capacidad de almacenamiento de 1.000 galones. Es la máquina que actualmente se encuentra en servicio. Se verificó que el tanque se encontraba totalmente lleno, esto indica que la máquina está lista para atender cualquier evento… Otra máquina que se pudo ver fue la utilizada el día de los hechos, la cual no se encuentra en servicio, es marca Kadiak (sic), con capacidad para 1000 galones y otra máquina con capacidad de 500 galones modelo 1987, la cual no se encuentra en servicio desde hace 1.5 años, por lo tanto no se encontraba en uso el día de los hechos … A continuación nos exhiben los equipos que utilizan las unidades de bomberos (hombres) consistente en cascos, guantes protectores, chalecos, pantalones, equipos de aire comprimido para evitar la asfixia … estos equipos fueron utilizados el día de los hechos…El día de los hechos se utilizaron 10.000 galones obtenidos … con carro tanques contactados por la defensa civil (sic)”.

En el acta que recoge el testimonio rendido por el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos(20), sobre el operativo desplegado para atender la conflagración del 20 de febrero de 2002, se lee (se transcribe tal cual obra en el original):

“PREGUNTADO: Cuánto se demoró desde el momento en que recibieron la llamada y la llegada al lugar de los hechos. CONTESTO: La máquina se encontraba atendiendo una quema abierta en el barrio Santa Ana cerca del lugar y de inmediato se desplazó al lugar de los hechos, el tiempo de recorrido pudo ser de 4 o 5 minutos aproximadamente. PREGUNTADO: Cuando ustedes llegaron, en qué estado de avance iban las llamas. CONTESTO: Al llegar al lugar de los hechos el edificio denominado Támesis, Importadora Marbi, y Caribe Cargo, debido a la voz de alarma que no fue inmediata y los materiales de construcción utilizados en techo, división de las habitaciones del segundo piso construidos en triples y madera liviana, igualmente el piso de la segunda planta del Támesis que corresponde al techo de Caribe Cargo e Importadora Marbi eran de madera, al desarrollarse las llamas el piso de madera se consume rápidamente cayendo fogones o carbones a las bodegas en mención extendiendo el incendio al primer piso por conducción. PREGUNTADO: El equipo de bomberos del cual disponía ese día cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos por las normas que lo regulan para atender un incendio de esas características. CONTESTO: El Cuerpo Oficial de Bomberos de San Andrés atendió el llamado de emergencias con máquinas 05, único vehículo que en esos momentos se encontraba en óptimas condiciones igualmente se atendió con las 4 unidades (personas) que se encontraban de turno, comandante de bomberos, un bombero que se encontraba en descanso y se recibió apoyo de 2 unidades voluntarias, 4 unidades de bomberos aeronáuticos, estas personas en mención colaboraron en el proceso de extinción y otras instituciones que nos apoyaron que se encuentran en el informe en mención… Se encontraba expuesto bodega Cartagena en el sector sur, el barrio School House y en el sector noreste bodega de Aerorepública, bodegas que se encuentran junto a donde se generó el incendio, como testimonio de ese excelente labor esta el barrio y bodegas en mención quienes no sufrieron daños … En el momento de los hechos la isla contaba con dos máquinas extintoras, la primera modelo 87 de 500 galones de capacidad que en el momento de los hechos se encontraba fuera de servicio en los patios del taller departamental y la otra Codiac modelo 96 con capacidad máxima de 1000 galones vehículo con que se atendió la emergencia, con relación a las unidades que atendieron … se encontraban 4 personas de turno las 4 asistieron mas el comandante mi persona y un bombero que se encontraba en descanso, igualmente se recibió apoyo de 2 unidades voluntarias. PREGUNTADO: Diga el declarante si usted de haber contado con el equipo necesario de máquinas extintoras con la capacidad exigible para la categoría 3 en que se encuentra San Andrés e igualmente el número de unidades por turno, el día de los hechos, se hubiese trasladado con los mismos al sitio de los acontecimientos, cree usted que la prestación del servicio hubiera sido mejor de la que se presentó … CONTESTO: Lógicamente entre mayor recurso y tecnología la labor operativa es de mayor eficiencia, y lógicamente hubiera llegado al lugar de los hechos con todos mis recursos … Cuando un bien empieza a sufrir transformación u oxidación por llamas por mucha tecnología con que se cuente, no se puede retroceder el proceso de transformación o daño que ha sufrido el bien. Con relación al cumplimiento de la norma con relación a los equipos lógicamente que el inmueble que está sufriendo un daño podría ser extinguido en un tiempo menor … Con relación al tiempo de cuando se generó el incendio y el tiempo de respuesta le puedo afirmar que ninguna persona puede determinar con exactitud a qué hora empezó el proceso de reacción química entendiéndose por reacción química el proceso de combinación de materiales básicos que dan origen al fuego nuestro tiempo de respuesta no empieza cuando se origina el incendio sino cuando se da la voz de alarma, el cuerpo de bomberos recibió la llamada aproximadamente al a las cero veinticinco horas del 20 de febrero, nosotros recibimos llamado de la policía y la reacción fue inmediata”.

En este estado de cosas, advierte la Sala que, aunque se acreditó el daño sufrido por el demandante, éste no resulta imputable al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en primer lugar, porque no puede afirmarse que el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Isla actuó tardíamente, como quiera que acudió al lugar de los hechos de inmediato, es decir, tan pronto se produjo el llamado de la Policía Nacional; de hecho, el comandante de esa institución aseguró que la atención tardó de 4 a 5 minutos y no obra prueba en el expediente que dé cuenta de lo contrario, a lo cual se suma que, cuando llegaron, ya varios de los locales se encontraban en llamas y no se demostró en qué momento inició el incendio.

En segundo lugar, tampoco se acreditó que el personal y los equipos con los que se atendió la conflagración hayan sido insuficientes, pues, si bien se estableció que los bomberos eran pocos y que contaban con una sola máquina de bomberos, se demostró también que, en la labor de sofocar las llamas, el Cuerpo de Bomberos recibió el apoyo de 4 bomberos de la Aeronáutica Civil, 1 bombero oficial que se encontraba fuera de servicio, 2 bomberos voluntarios, 4 personas de la Defensa Civil Colombiana, varios agentes de la Policía Nacional, 1 carrotanque de la Fuerza Aérea Colombiana, otro del hotel “El Dorado” y 1 ambulancia del hospital Timothy Britton.

En tercer lugar, por el avanzado estado del incendio al momento en el que el Cuerpo de Bomberos se apersonó de la situación y, además, por la velocidad a la que el fuego se propagó dadas los materiales inflamables que reposaban en el lugar y la fuerte brisa que aceleró el proceso de combustión, de ninguna manera puede garantizarse que, aunque se hubiera tenido a disposición un número mayor de bomberos o más equipos para apagar el incendio, el resultado hubiera sido diferente.

Así se tiene, entonces, que no se acreditó ninguna conducta reprochable al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cuanto a su deber de prevención y control de incendios, como servicio público esencial a cargo del Estado, dirigido a disminuir la vulnerabilidad generada por ese tipo de riesgos, como quiera que cada uno de los integrantes de su Cuerpo Oficial de Bomberos cumplió con su obligación de atender la conflagración, en la medida de sus posibilidades y, en todo caso, impidieron que el fuego se extendiera a las bodegas aledañas y al barrio School House, que se encontraban en riesgo; es decir, aunque la conflagración ocasionó daños materiales, los bomberos, con el apoyo de otras autoridades locales, evitaron consecuencias fatales.

En otras palabras, no se demostró que el Cuerpo Oficial de Bomberos fue ineficiente en la prestación de su servicio durante la atención al incendio ocurrido el 20 de febrero de 2002, o que su actuar fue negligente, situaciones que, de haberse dado, llevarían a la conclusión de que aquél incurrió en una falla en la prestación del servicio.

Así las cosas, se presenta una clara ausencia de imputación, puesto que no hay prueba que lleve a la certeza de que la destrucción de la bodega de propiedad del demandante sea atribuible a la entidad demandada, por lo que habrá lugar a confirmar la sentencia recurrida.

Sobre el particular, recuérdese que, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; en consecuencia, era deber del demandante probar tanto el daño alegado, como que éste era atribuible a la administración pública, así como los perjuicios causados.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia del 30 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

(3) Folios 97 a 114, cuaderno 1.

(4) Folio 95, cuaderno 1.

(5) Mediante informe secretarial, obrante a folio 96, cuaderno 1.

(6) Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 31.217.

(7) Folios 25 a 27, cuaderno 1.

(8) Folios 57 a 59, cuaderno 1.

(9) Folio 111, cuaderno 1.

(10) Folios 18 a 24, cuaderno 1.

(11) Folios 42 a 44, cuaderno 1.

(12) Folios 30 a 32, cuaderno 1.

(13) Folios 14 y 15, cuaderno 1.

(14) Folio 16, cuaderno 1.

(15) Folios 25 a 27 y 57 a 59, cuaderno 1.

(16) Folio 107, cuaderno 1.

(17) Folio 108, cuaderno 1.

(18) Folios 97 a 110 y 116 a 119, cuaderno 1.

(19) Folio 114, cuaderno 1.

(20) Folios 111 y 112, cuaderno 1.