Sentencia 2002-00167 de febrero 7 de 2013

 

Sentencia 2002-00167 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Exp.: 18001-23-31-000-2002-00167-01

Ref.: 2026-2010

Actor: Sol Nidia Nuvan Delgado

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si el Acuerdo 1332 de 13 de diciembre de 2001, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se suprimió la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia, entidad en donde laboraba la actora como Auxiliar Administrativo Grado 05, se encuentra viciado de desviación de poder, falsa motivación y si desconoce el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la actora, al retirarla durante su periodo de licencia de maternidad.

En segundo lugar, si el acto incurre en los vicios indicados, por cuanto no le permitió a la actora continuar vinculada en la oficina de coordinación administrativa de Florencia y/o en la oficina de apoyo de Florencia, creadas bajo la dependencia y coordinación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva mediante el acto demandado.

2. Marco jurídico y jurisprudencial.

2.1. Supresión de cargos en la Rama Judicial.

La supresión de cargos es una causal de retiro del servicio prevista para empleados públicos, indistintamente si son de libre nombramiento y remoción, de período fijo o de carrera administrativa, que encuentra justificación en la prevalencia del interés general sobre el particular, independientemente de la naturaleza del cargo y de la forma como se ha provisto.

El artículo 257 de la Constitución Política dispone:

“Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

(...).

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

(...)”..

Por su parte la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia, dispone:

ART. 85.—Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

(...).

7. Determinar la estructura y la planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura.

En ejercicio de esta atribución el consejo no podrá establecer con cargo al tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

(...).

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

(...).

14. Cuando lo estime conveniente, establecer servicios administrativos comunes a los diferentes despachos judiciales (...)”.

“ART. 92.—Supresión de cargos. En el evento de supresión de cargos de funcionarios y empleados escalafonados en la carrera judicial, ellos serán incorporados, dentro de los seis meses siguientes, en el primer cargo vacante definitivamente de su misma denominación, categoría y especialidad que exista en el distrito, sin que al efecto obste la circunstancia de encontrarse vinculado al mismo, persona designada en provisionalidad.

Si vencido el período previsto en el anterior inciso no fuese posible la incorporación por no existir la correspondiente vacante, los funcionarios y empleados cuyos cargos se supriman tendrán derecho al reconocimiento y pago de una indemnización en los términos y condiciones previstas en esta ley.

Para efectos del derecho de incorporación previsto en este artículo se establece como criterio de prelación la antigüedad de los servidores públicos involucrados”.

El artículo 7º del Acuerdo 74 de 1996, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece lo siguiente:

“Por acuerdos separados, la Sala Administrativa determinará la organización y planta de personal, requisitos para el desempeño de los cargos y su correspondiente nivel salarial, así como funciones detalladas, de las dependencias de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de las direcciones seccionales de la Rama Judicial.

En el intervalo, las dependencias establecidas en el presente acuerdo ejercerán las actividades que vienen cumpliendo las dependencias similares o equivalentes existentes en la estructura que ha regido hasta el momento”.

De acuerdo con las normas transcritas, es claro que la facultad de suprimir empleos en la Rama Judicial, atribuida al Consejo Superior de la Judicatura, ha sido establecida dentro del marco de las competencias que constitucional y legalmente le han sido conferidas para determinar su estructura y planta de personal, con el propósito de garantizar una correcta administración de justicia; facultad que, en términos del artículo 92 de la Ley 270 de 1996, constituye una causal objetiva de retiro del servicio, con opción de incorporación dentro de los seis (6) meses siguientes, exclusivamente para los funcionarios y empleados escalafonados en la carrera judicial.

Así pues, el ejercicio de esta facultad, se ejerce de manera independiente y autónoma por el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia, teniendo como marco jurídico la Ley 270 de 1996, norma especial que regula lo pertinente a la supresión de cargos en la Rama Judicial, sin que resulten aplicables las normas de carrera administrativa previstas en la derogada Ley 443 de 1998, ni en la vigente Ley 909 de 2004.

2.2. Estabilidad laboral reforzada de la mujer en embarazo y después del parto en procesos de reestructuración.

En general el derecho a la estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. Una estabilidad reforzada implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva al derecho constitucional que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, en ningún caso, por razón de la maternidad.

El artículo 43 de la Constitución Política, señala que durante el embarazo y después del parto, la mujer gozará de la especial protección y asistencia del Estado:

“ART. 43.—La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.

A su vez, el artículo 53, garantizan la protección especial a la maternidad:

“ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

En efecto, por mandato constitucional, como legal, se ha querido brindar protección especialísima a la maternidad. En el sector público(1), como en el privado(2), las normas que consagran su protección contemplan la presunción legal de que el retiro se produce por motivo del embarazo cuando la expedición del acto de remoción ha tenido lugar durante el embarazo, o los tres (3) meses posteriores al parto, y mientras la Administración no desvirtúe tal presunción, debe aceptarse que el despido no tuvo por finalidad el buen servicio público.

La Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 197 de 1938 y en el artículo 21 del Decreto 3135 de 1968 que consagran el régimen especial de protección a la maternidad, en sentencia de 25 de septiembre de 1997, declaró su exequibilidad “en el entendido de que, en los términos de esta sentencia, y debido al principio de igualdad (C.P., art. 13) y a la especial protección constitucional a la maternidad (C.P. arts. 43 y 53), carece de todo efecto el despido de una servidora pública durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente, en el caso de las trabajadoras oficiales, o sin la correspondiente resolución motivada del jefe del respectivo (sic), en donde se verifique la justa causa para el despido, en el caso de las empleadas públicas”.

Y en la Sentencia T-373 de julio 22 de 1998, la misma Corte determinó que en desarrollo de la especial protección a la mujer embarazada, del derecho a una estabilidad laboral reforzada y del llamado “fuero de maternidad”, el legislador estableció una presunción de discriminación, en todos aquellos casos en los cuales el despido se produce durante el embarazo o dentro de los tres (3) meses posteriores al parto y sin los requisitos legales o reglamentarios pertinentes. Según lo dispuesto en los artículos 239 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo, 2º de la Ley 197 de 1938, 26 del Decreto 2400 de 1968, 21 del Decreto 3135 de 1968, la regla mencionada se aplica tanto a la mujer que tiene un contrato de trabajo, como a la servidora pública, sin importar si se encuentra sometida al régimen de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción (resalta la Sala).

Ahora bien, en cuanto a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada en procesos de reestructuración, la Corte Constitucional, en Sentencia T-673 de 17 de agosto de 2006, expediente T-1331570, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández, se pronunció en el siguiente sentido:

“4. La estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada en procesos de reestructuración administrativa. Reiteración de jurisprudencia.

Si bien es cierto que los procesos de reforma institucional o de reestructuración administrativa responden al interés general de eficacia y eficiencia de la función pública, la jurisprudencia constitucional ha hecho énfasis en que éstos no pueden adelantarse en desmedro de los derechos fundamentales de los trabajadores, sino con estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales de preservar las garantías necesarias para que el trabajador no quede desprotegido en sus derechos, y, en particular, aquellos que son sujeto de especial protección constitucional. El punto fue precisado con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández en la sentencia SU-388 de 2005, en los siguientes términos:

"Lo anterior permite dejar en claro que si bien es cierto que, en términos abstractos, el Estado puede separar a un servidor público de su cargo en los procesos de reestructuración (pues “el derecho a permanecer en un puesto determinado, a estar vinculado a cierta institución o a ejercer la actividad laboral en un sitio específico, no constituyen propiamente derechos fundamentales, sino atribuciones derivadas del derecho al trabajo”, también lo es que un ejercicio arbitrario de esa facultad puede implicar, en casos concretos, la afectación de derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Esto ocurre, justamente, cuando la administración desatiende claros mandatos Superiores que en armonía con disposiciones legales permiten derivar la presencia de un derecho subjetivo directamente exigible”.

(...).

“En este orden de ideas, cuando se conjuga el deber del Estado de procurar la estabilidad a sus trabajadores en procesos de reestructuración administrativa con el deber de adoptar acciones afirmativas en beneficio de los grupos históricamente discriminados, no es equivocado predicar una estabilidad laboral reforzada para los sujetos de especial protección. Siendo ello así, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas destinadas a proteger de manera especial a los trabajadores que por sus condiciones de debilidad manifiesta o discriminación histórica así lo demandan, entre los cuales sobresalen las madres cabeza de familia, velando en cuanto sea posible por su permanencia en la entidad de manera tal que la indemnización constituya la última alternativa”.

En esta dirección, ante la eventualidad de los programas de renovación de la administración pública, aún la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada puede encontrar restricciones por el interés general que aquella representa, y en el caso de que sea necesaria la supresión del cargo desempeñado por una servidora en estado de embarazo o en época de lactancia, la sola circunstancia de su estado, no puede impedir el desarrollo de un interés superior, constituyéndose entonces en una causal objetiva por la que se puede llegar a justificar la desvinculación laboral de la materna.

No obstante lo anterior, la protección especial que da el fuero de maternidad implica que no pueda confundirse la supresión del cargo, con una inminente desvinculación de la servidora embarazada; y esa protección se traduce en que deben adoptarse las medidas necesarias para que en la nueva estructura de la entidad oficial, o en los puestos de trabajo del sector privado, se procure la continuidad y estabilidad laboral de la materna ocupando un cargo igual o similar al suprimido, como opción inicial que debe adoptarse incluso en forma preferente a la del despido con indemnización anticipada, sin perjuicio del respeto de derechos prevalentes de los demás servidores.

Significa lo anterior que es exigible al empleador, tanto del sector público como del privado, que procure la estabilidad laboral de la mujer embarazada cuando modifica o reforma la estructura de su empresa, mientras ello sea factible; y la evaluación de esta factibilidad, debe hacerse con criterios objetivos para que no lleguen a limitarse irrazonable o desproporcionadamente la propia eficacia y eficiencia de la función pública, ni los derechos a la libertad de empresa y a la libertad de establecimiento. Al punto, ha dicho la Corte:

“(...) Cuando la reubicación desborda las necesidades y la infraestructura del empleador, si le impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo, si a pesar de recibir una capacitación los conocimientos del trabajador son insuficientes para desempeñar otro cargo en la misma empresa, si incumple con sus obligaciones, o si se presenta cualquier otra situación objetiva que implique que la exigencia de renovar el contrato de trabajo desborda la carga que debe asumir el empleador, éste se exime de cumplir con el deber constitucional de solidaridad que le cabe para estos casos”.

De igual manera, los procesos de reestructuración administrativa se rigen por procedimientos establecidos en disposiciones generales o particulares, a los cuales deben sujetarse en respeto al debido proceso. En este aspecto, para el tema que ocupa a la Sala en la Ley 909 de 2004 se encuentra dispuesto un procedimiento específico para la protección de la maternidad en los siguientes términos:

“TÍTULO IX

De las disposiciones generales

ART. 51.—Protección a la maternidad.

1. (...).

2. (...).

3. (...).

4. Cuando por razones del buen servicio deba suprimirse un cargo de carrera administrativa ocupado por una empleada en estado de embarazo y no fuere posible su incorporación en otro igual o equivalente, deberá pagársele, a título de indemnización por maternidad, el valor de la remuneración que dejare de percibir entre la fecha de la supresión efectiva del cargo y la fecha probable del parto, y el pago mensual a la correspondiente entidad promotora de salud de la parte de la cotización al sistema general de seguridad social en salud que corresponde a la entidad pública en los términos de la ley, durante toda la etapa de gestación y los tres (3) meses posteriores al parto, más las doce (12) semanas de descanso remunerado a que se tiene derecho como licencia de maternidad. A la anterior indemnización tendrán derecho las empleadas de libre nombramiento y remoción y las nombradas provisionalmente con anterioridad a la vigencia de esta ley.

PAR. 1º—(...).

PAR. 2º—En todos los casos y para los efectos del presente artículo, la empleada deberá dar aviso por escrito al jefe de la entidad inmediatamente obtenga el diagnóstico médico de su estado de embarazo, mediante la presentación de la respectiva certificación”. (resaltado fuera de texto)

Así para la Corte, cuando el despido de la gestante obedece a circunstancias objetivas, como la supresión del cargo por reestructuración de la entidad a la que prestaba sus servicios y se ha observado el debido proceso establecido para el efecto, es posible desvincularla laboralmente”.

3. Acto acusado.

Se trata del Acuerdo 1332 de 13 de diciembre de 2001, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “por medio del cual se suprimen la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia, y la Oficina Judicial de Florencia, se determina la circunscripción territorial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva; y se crean la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia y la oficina de apoyo de Florencia”, en cuanto a través del mismo, se suprimieron los empleos de Auxiliar Administrativo Grado 05, uno de los cuales era desempeñado por la actora.

En tal sentido, el acto demandado, dispuso lo siguiente.

“(...).

ART. 1º—Suprimir la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia, con su planta de personal, conformada por los siguientes cargos.

Nº de cargosDenominación del cargoGrado
Un (1)Director seccional20
Un (1)Profesional universitario11
Un (1)Técnico administrativo09
Tres (3)Asistente administrativo07
Dos (2)Asistente administrativo06
Tres (3)Auxiliar administrativo05
Un (1)Auxiliar administrativo04
Un (1)Auxiliar de servicios generales03
(...).  

 

ART. 5º—Crear la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia- Caquetá, bajo la dependencia y coordinación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, encargada de apoyarla para el cumplimiento de sus funciones en los términos señalados en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 en relación con los despachos, corporaciones judiciales y Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá con sede en los municipios que hacen parte del departamento del Caquetá, especialmente en lo relacionado con:

1. Dar soporte a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá.

2. Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de los despachos judiciales del ámbito de su circunscripción territorial, en los términos que le señale la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.

3. Administrar los bienes dados de baja en los despachos judiciales del ámbito de su circunscripción territorial, de conformidad con las instrucciones que le imparta la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva en desarrollo de lo dispuesto en el Acuerdo 200 de 1996.

4. Las demás funciones que le delegue el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Neiva.

PAR.—La Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia deberá rendir informes al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Neiva, en los términos y condiciones de éste tuviere a bien exigirle.

ART.6º—la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia tendrá la siguiente planta de personal.

Nº de cargosDenominación del cargoGrado
Un (1)Director administrativoNom
Dos (2)Asistente administrativo05
Área administrativa
Un (1)Profesional universitario13
Un (1)Asistente administrativo06
Área financiera contable
Un (1)Profesional universitario13
Un (1)Asistente administrativo06
Área de sistemas
Un (1)Técnico11

 

PAR.—El Director Administrativo de la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia, será designado por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Neiva, de terna que para tal efecto le envié la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. A su vez el Director Administrativo designará a sus subalternos.

ART. 7º—Crear la Oficina de Apoyo de Florencia, adscrita a la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia y con la siguiente planta de personal

Nº de cargosDenominación del cargoGrado
Un (1)Profesional universitario13
Tres (3)Auxiliar administrativo05
Un (1)Auxiliar administrativo04
Un (1)Auxiliar administrativo03

 

PAR.—El profesional universitario de la oficina de apoyo de Florencia, será designado por el Director Administrativo de la Coordinación Administrativa de Florencia y el Profesional Universitario nombrará a sus subalternos. (resaltados fuera de texto)

(...)”.

4. Caso concreto.

4.1. Hechos probados.

— La señora Sol Nidia Nuvan Delgado, laboró en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Florencia, desde el 1º de enero de 1994 hasta el 28 de febrero de 2002, desempeñando a la fecha de su retiro, el cargo de Auxiliar Administrativo Grado 05 (fl. 18 a 24).

— El 5 de junio de 2001, puso en conocimiento del Director Seccional de Administración Judicial de Florencia, su estado de embarazo (fl. 6).

— El 14 de enero de 2002 nació su hija Nidia Gabriela Camelo Nuván (fl. 8).

— Mediante Resolución 23 de 31 de enero de 2002, proferida por el Director Seccional de Administración Judicial, le fue concedida licencia de maternidad, por el término de ochenta y cuatro (84) días, contados a partir del 14 de enero de 2002 (fl. 9).

— A través del Acuerdo 1332 de 13 de diciembre de 2001, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, fueron suprimidas la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia y la Oficina Judicial de Florencia, se determinó la circunscripción territorial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva; y se crearon las Oficinas de Coordinación Administrativa y de Apoyo de Florencia (fls. 11 a 17).

— Mediante Oficio DSAJF-0063 de 18 de febrero de 2002, el Director Seccional de Administración Judicial de Florencia, comunicó a la actora lo siguiente:

“Como es de su conocimiento la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 1332 del 13 de diciembre de 2001, suprimió la Dirección Seccional de Administración Judicial y la oficina Judicial de Florencia, con efectos a partir del 1º De marzo de 2002, así mismo, creó la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia y la Oficina de Apoyo de Florencia y determinó la circunscripción territorial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva; por lo anterior, le comunicó la supresión de la planta de personal mediante el acuerdo antes citado”. (fl. 30 cdno. 2)

— La jefe de la oficina de apoyo de Florencia, mediante oficio OCAF-OA-0382 de 01 de octubre de 2004, informó al proceso lo siguiente:

“(...). Con la expedición del acuerdo 1332 se produjo la supresión de todos los cargos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Florencia, inclusive los de la oficina judicial; Según el artículo 7º del mismo Acuerdo 1332 de 2001, creo la oficina de apoyo de Florencia, adscrita a la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia y con la siguiente planta de personal así:

Un(1)Profesional universitarioGrado 13
Tres(3)Auxiliar administrativoGrado 05
Un(1)Auxiliar administrativoGrado 04
Un(1)Auxiliar administrativoGrado 03

 

La planta de la oficina judicial, estaba conformada con 5 auxiliares administrativos grado 05; con el Acuerdo 1332, la oficina de apoyo le fueron suprimidos dos cargos de auxiliares administrativos grados 05, la profesional universitario nombrada en dicha dependencia tuvo que prescindir de los servicios de algunos empleados que allí laboraban, pues de tener 5 se pasó a tener 3 auxiliares con dicho grado.

1. Personal nombrado en los cargos de Auxiliar Administrativo Grado 5, en la oficina de apoyo a partir del 1º de marzo de 2002.

Nombre completoCédulaProfesiónExperiencia laboral
Amparo Rocha Solórzano40.762.168Administradora de Empresas4 años en el Fondo Rotatorio del Ejercito, 3 años en el Banco Central Hipotecario, 9 años en la Rama Judicial
Amilbia Imbuz Zúñiga30.515.067Bachiller8 años en el ICBF y 12 años en la Rama Judicial
Carlos Augusto de los Ríos Rodríguez17.653.065Técnico en Sistemas y 4º semestres de Admón Financiera2 años en Cofinan y 3 años en la Rama Judicial.

 

Por lo anterior, para los nuevos nombramientos se tuvo en cuenta el grado de instrucción, la experiencia laboral, el desempeño y en general se analizó el perfil que el cargo requería, procurando vincular a los mejor capacitados para lograr una mejora en el servicio y una mayor eficiencia en el desempeño de las funciones, fines que debe perseguir toda administración pública”. (fls. 1 y 2 cdno. 2).

— La hoja de vida de la señora Sol Nida Nuvan Delgado, visible a folios 5 a 29 del cdno. 2 del expediente, permite establecer su grado de instrucción y experiencia laboral, así: era Bachiller Comercial del Centro de Enseñanza Comercial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Montañita - Caquetá, realizó los cursos de introducción al manejo y operación de computadores en el IDEAR, cursó los niveles de wordperfect y hoja electrónica en el Instituto de Educación No Formal Academia Nacional de Sistemas, laboró como revisor de documentos en la Contraloría General de Caquetá del 14 de mayo de 1991 al 31 de diciembre de 1992, fue nombrada en provisionalidad, como auxiliar de servicios generales grado 3, mediante Resolución 43, proferida por el Director Seccional de Administración Judicial de Florencia; posteriormente, mediante Resolución 621 de 14 de junio de 1996, fue promovida al cargo de Auxiliar Administrativo Grado 5, cargo que ocupó hasta el momento del retiro del servicio. Consta igualmente que el 19 de junio de 2001, la actora solicitó licencia no remunerada por el término de 90 días, a partir del 3 de julio de 2001, para atender asuntos relacionados con su familia fuera de la ciudad, la cual le fue concedida mediante Resolución 375 de 26 de junio de 2001 (fl. 37)

— Mediante Oficio OCAF-00324 de 1º de octubre de 2004, el Director Administrativo de la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia - Caquetá, informó al proceso lo siguiente:

“(...).

En atención al oficio de la referencia me permito informarle:

1. Copia completa y auténtica y legibles de la hoja de vida de la señora Sol Nidia Nuvan delgado en 71 folios.

2. Personas que laboraron en el cargo de auxiliar administrativo Grado 5.

Amparo Rocha Solórzano40.762.168
Carlos Augusto de los Ríos R.17.653.065
Dorian Patricia Lugo Gil40.079.086
Luis Alberto Robayo Cuellar96.341.677
Fernando E. García Carvajal17.668.300
Edilberto Hoyos Carrera17.624.940
Sol Nidia Nuvan Delgado40.087.645

 

3. Personas que empezaron a laborar en el cargo de Auxiliar Administrativo Grado 05 en la Oficina de Coordinación Administrativa y Oficina de Apoyo a partir del 1º de marzo de 2002.

Amparo Rocha Solórzano40.762.168
Carlos Augusto de los Ríos R.17.653.065
Myriam Parra55.055.375
Amilbia Imbus Zúñiga30.515.067
Yesid Narváez Cabrera17.637.327

 

4. Con la expedición del Acuerdo 1332 se produjo la supresión de todos los cargos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Florencia; motivo por el cual se debió nombrar nuevamente toda la planta de personal.

En cuanto a las razones que se tuvieron en cuenta para la conformación de la nueva planta, me permito manifestarle que debido a la reducción de la planta en la oficina de apoyo el profesional universitario que dirige dicha dependencia tuvo que prescindir de los servicios de algunos empleados que allí laboraban, pues de tener cinco auxiliares grado 5 se pasó a tener 3 auxiliares con dicho grado.

Por lo anterior, para los nuevos nombramientos se tuvo en cuenta el grado de instrucción, la experiencia laboral, el desempeño y en general se analizó el perfil que el cargo requería, procurando vincular a los mejor capacitados para lograr una mejora en el servicio y una mayor eficiencia en el desempeño de las funciones, fines que debe perseguir toda administración pública (...)”.

4.2. Análisis sustancial.

4.2.1. Primer cargo: “Inexistencia de la supresión”.

Como motivo de censura plantea la apelante que no existió una real supresión del cargo que venía desempeñando en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia, toda vez que el empleo de auxiliar administrativo grado 05 “jamás desapareció de la planta de personal de la ciudad de Florencia, Caquetá, pues si bien es cierto que antes de la reestructuración existían ocho (8) cargos de auxiliar administrativo grado 5, también lo es que luego del Acuerdo 1332 de 2001 se crearon 3 cargos de auxiliar administrativo grado 5, que cumplían las mismas funciones del anterior en la misma ciudad de Florencia”, situación por la que considera que surge una falsa motivación pues para desvincular a la demandante se alegó la ocurrencia de una supresión del cargo que no existió.

Al respecto, cabe precisar que no le asiste razón a la recurrente, toda vez que el Acuerdo 1332 de 2001 en su artículo primero, suprimió la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia, junto con la totalidad de su planta de personal, la cual se conformaba, entre otros, por tres (3) cargos de Auxiliar Administrativo Grado 05, uno de los cuales era desempeñado por la actora.

Sobre la “supresión inexistente”, esta corporación ha indicado que la misma ocurre cuando subsisten en la planta de personal de la entidad igual o superior número de cargos de la misma o distinta denominación y grado, siempre que los requisitos, las funciones asignadas y la responsabilidad inherente a dichas funciones sean idénticas, situación que no ocurrió en el presente caso, toda vez que el cargo de auxiliar administrativo grado 05 adscrito a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia fue realmente suprimido por efecto de la supresión de dicha dependencia.

La supresión de la totalidad de los cargos existentes en la planta de personal de la dependencia suprimida, desvirtúa el cargo de falsa motivación endilgado, toda vez que, reitera la Sala, desaparecieron todos los cargos de Auxiliar Administrativo Grado 05 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Florencia con ocasión de la supresión de dicha dependencia, por lo tanto, no es posible afirmar que el cargo que venía desempeñando la actora subsistió.

De otra parte, advierte la Sala que el mencionado Acuerdo 1332 de 2001, en los artículos quinto y séptimo, creó dos (2) oficinas bajo la dependencia y coordinación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, así: a) Oficina de Coordinación Administrativa, y b) Oficina de apoyo, ambas oficinas con sede en el municipio de Florencia, estableciendo en la planta de personal de la oficina de apoyo, tres (3) cargos de Auxiliar Administrativo Grado 05.

Al respecto, es claro para la Sala que efectivamente, en la recién creada Oficina de Apoyo de Florencia, adscrita a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, se creó una planta de personal con tres (3) cargos de Auxiliar Administrativo Grado 05, sin embargo, debe aclararse que se trata de una nueva planta de personal adscrita a otra dependencia como lo es la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva, autónoma en cuanto a su dirección y administración, como se desprende del mismo acto administrativo demandado, en el cual se indica que “El profesional Universitario de la Oficina de Apoyo de Florencia, será designado por el Director Administrativo de la Coordinación Administrativa de Florencia, y el Profesional Universitario nombrará a sus subalternos”.

En este orden de ideas, resulta evidente para la Sala que con el proceso de reestructuración administrativa contenido en el Acuerdo 1332 de 2001, si se suprimió el cargo que la demandante desempeñaba en la Dirección Ejecutiva Seccional de Florencia; asimismo, que los cargos de auxiliar administrativo grado 05 creados en la oficina de apoyo pertenecen a una planta de personal adscrita a un órgano distinto a aquél en el que la actora venía vinculada, y por ende, la fijación de la misma correspondía a distinta autoridad nominadora.

Destaca la Sala que al tenor de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, a cada director seccional le compete administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama judicial dentro del ámbito de su jurisdicción.

4.2.2. Segundo cargo: De la estabilidad laboral reforzada en virtud al fuero de maternidad que cobijaba a la actora.

Argumenta la apelante que “el Director Administrativo quien surtió los cargos de la nueva planta de personal, tenía conocimiento pleno de la situación de estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad que cobijaba a la señora Sol Nidia Nuvan, esto debido a que fue a él mismo a quien se le comunicó el estado de gravidez de la reclamante (fls. 6 y 7, cdno. ppal.), y fue él personalmente quien autorizó la licencia de maternidad (fl. 9, cdno. Ppal.); sin embargo, desconociendo esta situación no ordenó la vinculación nuevamente de la demandante en uno de los tres nuevos cargos que se crearon (Auxiliar Administrativo Grado 5), los cuales, cabe resaltar, tiene la misma calidad que el ostentado por mi representada, que era Auxiliar Administrativo Grado 5”, por esta situación, considera que el acto demandado incurre en desviación de poder.

Al respecto como se indicó en el acápite anterior, la estabilidad laboral reforzada pretende la protección de las empleadas en estado de embarazo consistente en un fuero que las cobija durante todo el embarazo y los tres (3) meses posteriores al parto (licencia por maternidad); se trata de un derecho de orden constitucional que debe prevalecer durante todo el período de protección que deviene de esa especial condición.

Como lo expuso la Corte Constitucional en la Sentencia T-673 de 2006, el legislador, en desarrollo de la especial protección a la mujer embarazada, del derecho a una estabilidad laboral reforzada y del llamado “fuero de maternidad”, ha establecido una presunción de discriminación, en todos aquellos casos en los cuales el despido se produce durante el embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto y sin los requisitos legales o reglamentarios pertinentes.

Sin embargo, dicha condición especial de embarazo o maternidad, no impide que la administración pueda llevar a cabo procesos de restructuración administrativa en aras de asegurar el interés general del servicio público; en este orden de ideas, el legislador ha previsto que cuando un proceso de reestructuración administrativa involucra a trabajadoras en esta especial condición, entran a operar las normas protectoras de orden constitucional y legal, con el fin de hacer realmente efectiva la protección a la maternidad.

En tal sentido, destacó la Corte Constitucional en la Sentencia T-673-06, que “en los procesos de reestructuración administrativa, la protección a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada puede encontrar restricciones por el interés general que aquella representa, y en el caso de que sea necesaria la supresión del cargo desempeñado por una servidora en estado de embarazo o en época de lactancia, la sola circunstancia de su estado, no puede impedir el desarrollo de un interés superior, constituyéndose entonces en una causal objetiva por la que se puede llegar a justificar la desvinculación laboral de la materna”.

Así para la Corte, cuando el despido de la gestante obedece a circunstancias objetivas, como la supresión del cargo por reestructuración de la entidad a la que prestaba sus servicios y se ha observado el debido proceso establecido para el efecto, es posible desvincularla laboralmente.

Es claro entonces para la Sala, que la supresión del cargo, constituye una causal objetiva por la que se puede llegar a justificar el retiro de una empleada embarazada o en licencia de maternidad, evento en el cual hay lugar al reconocimiento y pago, de las indemnizaciones protectoras de la maternidad.

En el caso concreto, el retiro del servicio de la demandante durante el término de su licencia de maternidad se motivó en la supresión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia, dependencia en la cual laboraba como Auxiliar Administrativo grado 05, medida que adoptó el Consejo Superior de la Judicatura desde el 13 de diciembre de 2001, en procura de lograr el mejoramiento del servicio público y la buena marcha de la administración de justicia. Lo anterior permite establecer que la desvinculación de la demandante tiene una justificación legal.

La existencia de dicha justificación legal —supresión— refuta la tesis de la actora sobre el presunto móvil fundado en razones de maternidad y desvirtúa el cargo de desviación de poder endilgado, toda vez que la actora no demostró que la facultad de suprimir empleos, fue ejercida por el Consejo Superior de la Judicatura, con fines distintos al mejoramiento del servicio de la administración de justicia.

Reitera la Sala que, la facultad de suprimir empleos en la Rama Judicial, atribuida al Consejo Superior de la Judicatura, ha sido establecida con el propósito de garantizar una correcta administración de justicia, por ende, el acto que en tal sentido se profiera, goza de la presunción de legalidad, la cual, en el presente caso, no ha sido desvirtuada por la demandante. Además, debe precisar la Sala, que la supresión da lugar a la incorporación sólo para funcionarios y empleados escalafonados en la carrera judicial, siempre y cuando ello sea posible, es decir, en aquellos eventos en los que la planta de personal subsiste, lo cual no ocurrió en el sub judice, por cuanto el acto dispuso la supresión de la dependencia —Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Florencia—, junto con la totalidad de su planta de personal.

Frente a la no vinculación de la demandante en la nueva planta de personal.

Aduce la actora que el Director Seccional “no ordenó la vinculación nuevamente de la demandante en uno de los tres nuevos cargos que se crearon (Auxiliar Administrativo Grado 5), los cuales, cabe resaltar, tiene la misma calidad que el ostentado por mi representada, que era Auxiliar Administrativo Grado 5”, por esta situación, considera que el acto demandado incurre en desviación de poder.

Reitera la Sala que la supresión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Florencia conllevó la supresión de la totalidad de su planta de personal, de modo que no subsistieron empleos iguales o afines al desempeñado por la demandante, en los que hubiere podido continuar laborando.

Ahora bien, en torno a la posibilidad de ser vinculada en cualquiera de los tres (3) cargos de auxiliar administrativo grado 05 creados en la oficina de apoyo de Florencia, adscrita a la dirección ejecutiva seccional de Neiva, es necesario indicar que el acto demandado no se pronunció al respecto, de suerte que el mismo no definió la permanencia de la actora al servicio de la entidad, en relación con los empleos creados.

Sobre el particular, avizora la Sala al folio 30 del cdno. 2, el Oficio DSAJF-0063 de 18 de febrero de 2002, expedido por el Director Seccional de Administración Judicial de Florencia en el cual se le comunica a la actora lo siguiente:

“Como es de su conocimiento la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 1332 del 13 de diciembre de 2001, suprimió la Dirección Seccional de Administración Judicial y la Oficina Judicial de Florencia, con efectos a partir del 1º De marzo de 2002, así mismo, creó la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia y la oficina de Apoyo de Florencia y determinó la circunscripción territorial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva; por lo anterior, le comunico la supresión de la planta de personal mediante el acuerdo antes citado”.

En criterio de la Sala, fue a través de dicho acto que la administración le manifestó a la actora su voluntad administrativa de no permitirle continuar vinculada al servicio, extinguiéndose así su derecho a ser designada en alguno de los tres (3) cargos creados en la oficina de apoyo, de modo que dicha decisión debió ser demandada por la actora si lo que pretendía era obtener su re-vinculación en la nueva planta de cargos de la oficina de apoyo de Florencia, pues con dicho acto, la administración, de forma particular y concreta le extinguió su derecho a continuar laborando en la nueva planta de personal, desvinculándola en forma definitiva.

Esta última decisión es un acto administrativo acusable ante esta jurisdicción pues contiene la voluntad de la administración de no permitir a la actora la continuidad en el servicio, decisión que pudo ser controvertida ante esta jurisdicción bajo los cargos de anulación por las razones previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

Así las cosas, como la actora no demandó la comunicación DSAJF-0063 de 18 de febrero de 2002, por medio de la cual, la administración le extinguió la posibilidad de continuar vinculada al servicio de la Rama Judicial, la Sala se encuentra inhibida para pronunciarse sobre el derecho de la actora a ser re-vinculada en la nueva planta de personal de la oficina de apoyo.

Por último, es necesario reiterar que la facultad de nominación de los tres (3) empleos de auxiliar administrativo grado 05 de la recién creada oficina de apoyo de Florencia, fue conferida al Profesional Universitario de la oficina de apoyo, como se desprende del parágrafo del artículo séptimo del Acuerdo 1332 de 13 de diciembre de 2001 (fls. 11 a 16), motivo por el cual, el director seccional de Florencia no era el órgano competente para re-vincular al servicio a la actora.

Por las razones expuestas, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, imponiéndose de esta forma confirmar parcialmente la sentencia recurrida en cuanto negó las pretensiones relacionadas con la nulidad del acto de supresión del cargo desempeñado por la actora, y proceder a adicionarla en el sentido de declarar la inhibición de la Sala para pronunciarse de fondo sobre la pretensión de la actora de permanecer vinculada al servicio de la entidad en cualquiera de los tres (3) cargos de auxiliar administrativo de la planta de personal de la Oficina de Apoyo de Florencia, creada bajo la dependencia y coordinación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE PARCIALMENTE la sentencia de 14 de noviembre de 2008, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caquetá, negó las pretensiones de la demanda instaurada por Sol Nidia Nuvan Delgado contra la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, relacionadas con la supresión del cargo de auxiliar administrativo grado 05 que venía desempeñando en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia.

2. ADICIÓNASE la sentencia de 14 de noviembre de 2008, en el siguiente sentido:

DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para pronunciarse sobre la pretensión de la actora de permanecer vinculada al servicio de la entidad en cualquiera de los tres (3) cargos de auxiliar administrativo de la planta de personal de la Oficina de Apoyo de Florencia, creada bajo la dependencia y coordinación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, por las razones expuestas en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Artículo 2º de la Ley 197 de 1938, 26 del Decreto 2400 de 1968, 21 del Decreto 3135 de 1968.

(2) Artículos 239 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo.