Sentencia 2002-00171/30579 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Radicación: 27001-23-31-000-2002-00171-01 (30579)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: M.S.M.P. y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., febrero veintiséis de dos mil quince.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado(5), procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración de acuerdo con el siguiente esquema: 1) El régimen de responsabilidad aplicable; 2) El caso concreto; 3) La liquidación de perjuicios; y 4) La condena en costas.

1. El régimen de responsabilidad aplicable.

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(6). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(7).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(8).

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(9); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(10).

Al respecto, esta Sección ha sostenido que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(11) (subrayado fuera de texto).

En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el funcionamiento anormal de la administración que se concreta en el incumplimiento de una obligación legal. Así, “el análisis del caso debe hacerse bajo el régimen de la falla del servicio, toda vez que según la jurisprudencia de esta Corporación en los casos en que se analiza la responsabilidad como consecuencia de la producción de daños, por omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus funciones, es necesario confrontar el deber funcional con el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto”(12).

2. El caso concreto.

2.1. Los hechos probados.

El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo. Ninguna fue objetada y todas pueden ser valoradas de acuerdo con la posición reiterada por esta Corporación(13).

Sin embargo, en lo que se refiere al valor probatorio de los recortes de prensa que reposan en los folios 82, y 91 a 119 del cuaderno principal, es preciso recordar que en reciente pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(14) se estableció lo siguiente:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(15). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(16).

En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “... son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “... son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”(17).

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos” (subrayado fuera de texto).

En consecuencia, dichos recortes de prensa serán analizados en conjunto con las demás pruebas que obran en el expediente con el fin de verificar la información que en ellos consta(18).

Para el caso de las declaraciones de parte decretadas y practicadas en primera instancia por solicitud de la parte demandada(19), se apreciarán bajo el entendido de que su finalidad es la obtención de una confesión, por lo que solo podrán ser estimadas en aquello que favorezcan a la parte contraria de acuerdo con lo establecido en el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

Realizadas las anteriores precisiones, pasa la Subsección a hacer la relación de las pruebas que considera útiles y pertinentes para fallar.

— Folio 70 del cuaderno principal: acta de posesión suscrita el primero de enero de 1998 en la Notaría Única del Circuito de XXX (Chocó) en la que se posesionó como Alcalde Popular, el señor R.J.C.M.

— Folio 82 del cuaderno principal: certificación expedida por el Alcalde Municipal de XXX el 12 de julio de 2001, en la que se lee: “Que el señor R.J.C.M. (Q.E.P.D.) identificado con la cédula de ciudadanía XXX expedida en XXX, Córdoba; prestó sus servicios como Alcalde Municipal de XXX, en la siguiente forma: Desde el 1º de enero de 1998 hasta el 1º de octubre de 1999; y desde el 17 de agosto de 2000 hasta el día 27 de noviembre de 2000, fecha en la cual falleció, cuando ejercía como Alcalde Municipal Titular de XXX, Chocó”.

— Folio 74 del cuaderno de pruebas: Acta de levantamiento de cadáver suscrita el 28 de noviembre de 2000 en XXX (chocó), en la que se indica que el cadáver del señor R.J.C.M. fue encontrado en el sector de XXX con 4 orificios de entrada ocasionados con arma de fuego.

— Folio 76 del cuaderno principal: necropsia UNG-NC-XXX en la que se indica que el señor R.C.M. murió debido a laceración encefálica difusa, shock hipovolémico producido por lesión en pulmón izquierdo; adicionalmente se lee: “Este tipo de lesión son [sic] de carácter mortal. Que por los hallazgos post-mortem la muerte ocurrió entre las 12:00 A.M. y las 9:00 A.M. del día 28-11-00 previas a la necropsia. Que el arma causante de las lesiones fue de tipo proyectil de arma de fuego de baja velocidad” (subrayado fuera de texto).

— Folio 75 del cuaderno principal: certificado de defunción AXXX en el que consta que el 28 de noviembre de 2000 falleció el señor R.C.M. por laceración encefálica difusa.

— Folio 328 del cuaderno principal: copia del libro de guardia en el que aparecen las siguientes anotaciones realizadas el 27 de noviembre de 2000 “06h00. SALIDA. Del CB Y.L. en traje de civil fin escoltar al alcalde de la localidad hacia XXX [ilegible] sale portando arma corto alcance (pistola) s/n (...) 08h10. ANOTACIÓN. A la hora y fecha se presenta a las instalaciones el sr CB. Y.L.L. escolta del alcalde de esta localidad manifestando que cuando se desplazaba hacia el municipio de XXX en compañía del sr alcalde R.C.M., la señora esposa del alcalde M.M., N.T. conductor de la panga en la cual se desplazaban y sr J.O., almacenista del hospital [ilegible] fueron interceptados por otra panga en la cual se movilizaban 3 sujetos que portaban armamento largo alcance quienes intimidaron a los pasajeros de dicha lancha (panga donde se desplazaba CB Y.) y despojaron del arma de dotación al CB Y. pistola XXX la cual le entregaron posteriormente sin cartuchos quienes manifestaron que el sr alcalde no quería colaborar con la organización y por tal motivo se lo llevaron para que directamente hablara con su comandante. Dichos sujetos se desplazaban en 1 panga blanca con rayas rojas de motor 75 cm3. Hechos sucedidos a la altura de palo-blanco. Lo anterior obre como constancia. Los sujetos armados también despojaron al sr CB Y.L. y al sr alcalde de sus radios de comunicaciones GPGS (XXX) con sus respectivas baterías” (subrayado fuera de texto).

— Folio 326 del cuaderno principal: Oficio XXX suscrito el 20 de noviembre de 2003 por el comandante encargado del Departamento de Policía de XXX, en el que se lee: “En respuesta [sic] su requerimiento, respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, la información solicitada sobre el secuestro y muerte del exalcalde de la localidad de XXX señor R.J.C.M., así: 1. NÚMERO DE ESCOLTAS ASIGNADOS Y QUE DISPONÍA EL ALCALDE AL MOMENTO DE SU SECUESTRO. El Burgomaestre contaba con un escolta, quien para ese entonces era el Carabinero Y.L.L., policial que lo acompañaba en sus desplazamientos. 2. CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN NÚMERO MAYOR DE ESCOLTAS. Mediante Oficio 341 de la Estación de XXX, fue solicitada información a la Secretaría General de la Alcaldía sobre documentos donde obre constancia realizada por el burgomaestre sobre el incremento del esquema de seguridad para la fecha 271100; quienes mediante oficio XXX del 111103 el cual se anexa, dan a conocer que revisado los archivos no se encontró antecedente alguno sobre petición del Alcalde a los Organismos de Seguridad para sus desplazamientos fuera de la localidad, así mismo en el Comando de la Estación de Policía XXX no existe antecedente alguno por escrito del Extinto señor R. sobre esta petición (...). 4. CONSTANCIA OPERATIVOS ADELANTADOS CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA E INTEGRIDAD DEL ALCALDE. Para el día 281103 el Comando del Departamento de Policía XXX en cabeza del señor Teniente Coronel J.R.P.B., dispuso el desplazamiento en compañía de un personal hasta la localidad de XXX, con el fin de apersonarse del hecho y realizar actividades operativas para lograr la liberación del Alcalde donde durante el desplazamiento a eso de las 10:30 horas en el sitio palos blancos [sic], jurisdicción del municipio de XXX, fue encontrado el cuerpo sin vida del Burgomaestre” (subrayado fuera de texto).

— Folio 314 del cuaderno principal: Oficio XXX suscrito el 5 de marzo de 2003 por el Segundo comandante y JEM del Ejército Nacional, en el que se lee: “En atención a su requerimiento contenido en el oficio XXX, se remite a esa Secretaría copia de la respuesta que ofrece el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Despliegue Rápido, en la que manifiesta que no se encontró documento alguno que refiera al desarrollo de operaciones militares entre los días 27 y 28 de noviembre de 2000 tendientes a rescatar al señor R.J.C.M., en XXX Chocó” (subrayado fuera de texto).

— Folio 280 del cuaderno principal: Diligencia de recepción de testimonios realizada el 17 de enero de 2003 en XXX, Chocó, en la que el señor N.A.T.T. expresó: “(...) [QUINTA PREGUNTA: Si conoció al señor R.J.C.M., y en el evento de respuesta afirmativa, relatar sobre sus relaciones personales y su conducta como funcionario público?] CONTESTÓ: sí conocí al señor R.J.C.M., desde que se desempeñaba como profesor en el corregimiento de XXX, y durante su mandato o Gobierno yo fui su conductor las relaciones personal [sic] con migo [sic], como funcionario estaba trabajando por la comunidad. [SEXTA PREGUNTA: Si tiene conocimiento que en la zona rural del municipio de XXX, hay desde hace varios años, presencia territorial y militar de las llamadas AUTO DEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA?] CONTESTÓ: sí operan pero no tengo conocimiento de ninguno de ellos (...). [OCTAVA PREGUNTA: Si tiene conocimiento sobre los hechos mediante los cuales perdió la vida el señor C.M. Sírvase relatarlos precisando en lo posible, tiempo, modo y lugar]. CONTESTÓ: Nosotros íbamos en el viaje intercectaron [sic] la panga y se quedaron con él, al día siguiente lo encontramos muerto en XXX. [NOVENA PREGUNTA: Si tiene conocimiento que al regreso a XXX de los acompañantes del señor C.M., una vez retenido ilegalmente, si le informaron al comandante del puesto de Policía]. CONTESTÓ: Sí se le informó por que la esposa de él enseguida fue y le informó al Comandante, pero no conozco las acciones desplegadas por este oficial” (subrayado fuera de texto).

— Folio 284 del cuaderno principal: Diligencia de recepción de testimonios realizada el 16 de enero de 2003 en XXX, Chocó, en la que el señor J.A.O.G. expresó: “(...) [QUINTA PREGUNTA: Si conoció al señor R.J.C.M., y en el evento de respuesta afirmativa, relatar sobre sus relaciones personales y su conducta como funcionario público?] CONTESTÓ: sí lo conocí mis relaciones con el [sic] eran de trabajo, las relaciones del señor R., como funcionario público eran buenas. [SEXTA PREGUNTA: Si tiene conocimiento que en la zona rural del municipio de XXX, hay desde hace varios años, presencia territorial y militar de las llamadas AUTO DEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA?] CONTESTÓ: Sí hay pero no los conozco no se quienes [sic] son (...). [OCTAVA PREGUNTA: Si tiene conocimiento sobre los hechos mediante los cuales perdió la vida el señor C.M. Sírvase relatarlos precisando en lo posible, tiempo, modo y lugar]. CONTESTÓ: Vimos [sic] en la panga y lo bajaron al señor R., y nos devolvieron al resto. [NOVENA PREGUNTA: Si tiene conocimiento que al regreso a XXX de los acompañantes del señor C.M., una vez retenido ilegalmente, si le informaron al comandante del puesto de Policía]. CONTESTÓ: Si se le informó pero no se [sic] que [sic] reacción tomó el comandante para el rescate”.

— Folio 185 del cuaderno principal: Diligencia de recepción de testimonios, realizada en el municipio de XXX (Antioquia) el 23 de enero de 2003, en la que el señor O.L.A. declaró: “Pregunta 2. Si le consta o no, la existencia de un puesto de Policía en XXX, con aproximadamente, cuántos oficiales, suboficiales y agentes de policía? CONTESTÓ: Con relación al puesto de policía sí me consta su existencia, debido a que en el año 1996, cuando conocí este municipio, ya existía. Con relación a que había oficiales de la policía, también me consta que sí había un capitán de apellido R. y un número aproximado, entre suboficiales y agentes, de veinte (20) efectivos, más o menos. TERCERA PREGUNTA: Si tiene conocimiento de la existencia o no, de una base de la Armada Nacional en XXX (Ant.) y de la Brigada XXX en XXX (Ant.), conformada por suboficiales, oficiales, infantes de marina y soldados? CONTESTÓ: Me consta que en XXX existe el Batallón XXX de Infantería de Marina, con jurisdicción en el Golfo XXX y el Río XXX, y también me consta que existe en XXX la Brigada XXX, en cuyo interior existen tres (3) batallones. PREGUNTA 4. Si puede determinar la duración de un viaje, en una lancha rápida desde XXX al sitio XXX (XXX), y en helicóptero desde XXX, XXX, o XXX hasta el casco urbano de XXX) CONTESTÓ: Por los múltiples viajes que he hecho entre XXX y el municipio de XXX, puedo decir con certeza que una lancha rápida desde XXX hasta XXX puede demorarse entre media hora y cuarenta y cinco minutos. Desde XXX, XXX o XXX, en helicóptero hasta XXX, sí se me sale de las manos, porque nunca he hecho ese recorrido. PREGUNTA 5. Si conoció al señor R.J.C.M., y en el evento de respuesta afirmativa, relatar sobre sus relaciones personales y su conducta como funcionario público? CONTESTÓ: Sí conocí al señor R.J.C.M. en el año de 1996, cuando él se desempeñaba como Personero Municipal de XXX y teníamos buenas relaciones, por cuanto yo me desempeñaba como defensor público de la Defensoría del Pueblo (...). Pregunta 6. Si tiene conocimiento que en la zona rural del municipio de XXX, hay desde hace varios años, presencia territorial y militar de las llamadas AUTO DEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA? CONTESTÓ: Por experiencia propia vivida en el municipio de XXX, sí me consta que ha existido presencia de las llamadas Autodefensas en la zona rural y urbana del municipio, al punto de que en 1998, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento de las Autodefensas a poco más de tres kilómetros del casco urbano del municipio, adonde [sic] quedaron abatidos varios miembros de las Autodefensas. Igualmente se han presentado enfrentamientos entre las autodefensas y la guerrilla, en la zona rural; en la zona urbana existen unos mal llamados políticos de las autodefensas, que son los que controlan gran parte del orden público en la cabecera municipal del municipio y en otras circunstancias interfieren en las decisiones de servidores públicos, en donde son ellos los que dicen qué es lo que se debe hacer y cómo deben actuar los funcionarios. PREGUNTA 7. Si tuvo conocimiento sobre la solicitud que le hizo el exalcalde, R.J.C.M. al Comandante del Puesto de Policía de XXX, Capitán J.R.S., para que le reforzara la escolta, aumentándole el número, la información respecto de la comisión oficial para XXX y XXX, para el 27 de noviembre de 2000, a partir de las 6 A.M., y sobre la existencia en el sitio XXX de un retén ilegal, instalado por las AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA, desde 15 días antes de la muerte violenta del señor C.M.? CONTESTÓ: Como abogado personal que era del señor R.J.C.M., yo hablaba telefónicamente con él todos los días entre cinco de la mañana y seis de la mañana; el día 27 de noviembre de 2000 él se comunicó conmigo telefónicamente a eso de las 5:30 de la madrugada para que saliera al puerto de XXX a recibirlos, porque a las seis de la mañana, él salía de XXX para XXX, pero entonces me manifestó que había solicitado al Comandante de la Estación de Policía de XXX para que le brindara más protección, ya que él solamente tenía como escolta a un agente de policía de apellido L. [sic], ya que el día 24 de noviembre, en el sitio llamado XXX, aproximadamente cinco hombres armados hicieron arrimar la panga del municipio, en donde se movilizaba la señora M.M., esposa de R.J.C.M.; le requisaron todas sus pertenencias y luego la dejaron ir; valga decir, que esa requisa fue en el trayecto de ida y regreso a XXX. En vista de esa anomalía, el día 25 de noviembre, que hablé telefónicamente con R. le manifesté que le solicitara al Comandante de la Estación de Policía un refuerzo de la escolta, ya que los cinco hombres que se encontraban en XXX a todo el mundo le preguntaban por el Alcalde, en vista de que el Alcalde R. necesitaba ir hasta el municipio de XXX a cumplir con una comisión oficial, me invitó para que lo acompañara y fue ya el 27 de noviembre cuando quedamos de encontrarnos en XXX, para luego dirigirnos a XXX; fue cuando fue retenido por varios hombres en el sitio llamado XXX. Con respecto al retén ilegal por parte de esos hombres, eso fue de público conocimiento, porque ese sitio XXX es un paso obligado en la comunicación entre XXX y XXX, entonces todos los pasajeros que pasaban por allí observaban la presencia de hombres armados en ese sitio” (subrayado fuera de texto).

— Folio 278 del cuaderno principal: Diligencia de recepción de testimonios realizada el 16 de enero de 2003 en XXX, Chocó, en la que el señor J.L.R. expresó: “(...) [QUINTA PREGUNTA: Si conoció al señor R.J.C.M., y en el evento de respuesta afirmativa, relatar sobre sus relaciones personales y su conducta como funcionario público?] CONTESTÓ: Sí lo conocí, éramos amigos ya que nuestros vínculos amistosos se dieron a través de la unión marital de la hija de su esposa con mi persona. Como administrador no tengo nada que decir en cuanto a su conducta, ya que fue un hombre que quizo [sic] hacer las cosas bien pero no tuvo oportunidad. [SEXTA PREGUNTA: Si tiene conocimiento que en la zona rural del municipio de XXX, hay desde hace varios años, presencia territorial y militar de las llamadas AUTO DEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA?] CONTESTÓ: Sí es cierto. [SÉPTIMA PREGUNTA: Si tuvo conocimiento sobre la solicitud que le hizo el exalcalde, R.J.C.M. al Comandante del Puesto de Policía de XXX, Capitán J.R.S., para que le reforzara la escolta, aumentándole el número, la información respecto de la comisión oficial para XXX y XXX, para el 27 de noviembre de 2000, a partir de las 6 A.M., y sobre la existencia en el sitio XXX de un retén ilegal, instalado por las AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA, desde 15 días antes de la muerte violenta del señor C.M.?] CONTESTÓ: Sí tuve conocimiento, me consta que el exalcalde R.C.M., le solicitó al Capital [sic] J.R.S., que le reforsara [sic] al escorta [sic] para los viajes a XXX sin embargo desconozco las razones por el cual [sic] dicho Comandante no atendió su petición, sí tuve conocimiento de que existía dicho retén en ese sitio, ya que tres días antes de la muerte de R., su señora esposa M.M. viajó a la ciudad de XXX en la panga del municipio a realizar diligencias personales y en el sitio XXX [sic] fue retenida por más de media hora por el grupo armado al margen de la ley (...)” (subrayado fuera de texto).

— Folio 276 del cuaderno principal: Diligencia de recepción de testimonios realizada el 16 de enero de 2003 en XXX, Chocó, en la que el señor L.S.P.R. expresó: “(...) [QUINTA PREGUNTA: Si conoció al señor R.J.C.M., y en el evento de respuesta afirmativa, relatar sobre sus relaciones personales y su conducta como funcionario público?] CONTESTÓ: Si lo conocí y merelaciones [sic] eran de amistad y la conducta como funcionario para mi concepto era bien. [SEXTA PREGUNTA: Si tiene conocimiento que en la zona rural del municipio de XXX, hay desde hace varios años, presencia territorial y militar de las llamadas AUTO DEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA?] CONTESTÓ: Sí se oye mencionar que hay grupos de AUC en la zona” (subrayado fuera de texto).

— Folio 282 del cuaderno principal: Diligencia de recepción de testimonios realizada el 17 de enero de 2003 en XXX, Chocó, en la que la señora R.M.Y. expresó: “(...) [QUINTA PREGUNTA: Si conoció al señor R.J.C.M., y en el evento de respuesta afirmativa, relatar sobre sus relaciones personales y su conducta como funcionario público?] CONTESTÓ: Si lo conocí mi [sic] relaciones personales era [sic] de comercio porque ellos mercaban en la tienda de mi propiedad, como funcionario público era muy sociable. [SEXTA PREGUNTA: Si tiene conocimiento que en la zona rural del municipio de XXX, hay desde hace varios años, presencia territorial y militar de las llamadas AUTO DEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA?] CONTESTÓ: sí tengo conocimiento que opera un grupo armargen [sic] de la ley pero no se quienes [sic] son” (subrayado fuera de texto).

2.2. La valoración probatoria y conclusiones.

El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrados los siguientes hechos:

— Que el señor R.J.C.M. se posesionó como Alcalde Popular de XXX el primero de enero de 1998, y prestó sus servicios desde ese día hasta el 1º de octubre de 1999; y desde el 17 de agosto de 2000 hasta el 27 de noviembre de 2000.

— Que era de público conocimiento que en la zona operaban las autodefensas unidas de Colombia.

— Que el 24 de noviembre de 2000, en la ruta fluvial que de XXX lleva a XXX, la señora M.M., esposa de R.J.C.M., fue retenida durante media hora por miembros de las autodefensas, quienes posteriormente le instaron regresar a su pueblo.

— Que el 27 de noviembre de 2000, el Alcalde salió en compañía de su esposa (M.M.), un lanchero (N.A.T.), un almacenista del hospital (J.A.O.) y su escolta (L.Y.) hacía XXX, por río desde XXX. En ese mismo trayecto, cuatro días antes, su esposa había sido retenida por las autodefensas quienes indagaron por el señor Alcalde.

— Que para la época de los hechos, el señor Alcalde tenía asignado un escolta miembro de la Policía Nacional; de acuerdo con las anotaciones de guardia de la estación de policía, al uniformado se le asignó la función de escoltar al Alcalde en su desplazamiento hacia XXX del día 27 de noviembre de 2000 desde las 06h00, pero a las 08h10, el policial regresó al pueblo a dar noticia del secuestro del burgomaestre sucedido a la altura de XXX. Los demás acompañantes también informaron lo sucedido a las autoridades de policía correspondientes.

— Que la operación de rescate se inició el 28 de noviembre de 2000, comandada por el Departamento de Policía de XXX. Ese día, una vez el cuerpo sin vida fue rescatado, se pudo establecer que el señor C.M. falleció violentamente el día anterior, debido a laceración encefálica difusa y shock hipovolémico producido por lesión en pulmón izquierdo, como consecuencia de 4 disparos de arma de fuego de baja velocidad percutidos contra su humanidad en el sector de XXX, en la ruta fluvial que lleva de XXX a XXX.

2.2.1. El daño antijurídico.

De acuerdo con lo que ha establecido esta Sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar, primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”(20).

En el caso sub lite, el secuestro y la muerte del señor R.J.C.M. en las circunstancias descritas, es suficiente para acreditar el daño antijurídico del cual se derivan los perjuicios cuya reparación solicitan sus familiares.

2.2.2. La imputación.

Ahora, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si dicha muerte es imputable a la entidad demandada, o si por el contrario, es atribuible a una causa extraña.

Por lo tanto cabe recordar que cuando el daño es producto del incumplimiento de normas cuya observancia se exige a los agentes estatales, el régimen de imputación es subjetivo por falla en el servicio, como se explicó ad supra. En efecto, “la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(21)” (subrayado fuera de texto)(22).

Al respecto, ha sostenido la Honorable Corte Constitucional que de acuerdo con lo consignado en el artículo 93 de la Constitución Política, “los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia son pauta obligatoria para la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Carta”(23), de manera tal que “La lectura de la Carta para discernir la forma en que el Constituyente reguló la seguridad se debe hacer, entonces, a la luz de los instrumentos internacionales”(24). Es así como, el artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el 7º numeral primero de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José)(25), y el 9º numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(26), protegen el derecho a la seguridad personal como derecho humano fundamental, que “adquiere especial importancia en el caso de ciertos sujetos que, dada su condición o su contexto, han recibido especial protección tanto por la Carta como por otras fuentes de derecho internacional vinculantes para Colombia”(27).

Por su parte, de acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política, las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares(28). Específicamente, la fuerza pública —integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional—, tiene como fin primordial de un lado, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, y del otro, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, con base en lo preceptuado en los artículos 216 y siguientes del estatuto superior.

En lo que respecta a la Policía Nacional, su misión fue ampliamente reglamentada en el año 1970 a través del Decreto 1355 (Código Nacional de Policía(29) vigente para la época de los hechos), en el que se indicó que se le impone proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho, particularmente a través de la conservación del orden público como resultado de la prevención de las perturbaciones de la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y la moralidad públicas(30).

A su turno, la Resolución 9960 de 1992, por la cual se aprueba el Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía Nacional, definió la función de policía como el conjunto de normas que permiten a la autoridad de policía intervenir antes que se viole el derecho(31). Agrega que la policía, como servicio público(32), está encaminada a mantener y garantizar el orden público interno de la Nación, el libre ejercicio de las libertades públicas, y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional(33).

De acuerdo con lo anterior(34), se tiene que a la fuerza pública, en especial a la Policía Nacional, se le impone el deber —normativo y reglamentario— de brindar protección (seguridad, vigilancia y cuidado) a todos los residentes en el país, garantizando el ejercicio de sus derechos(35) y libertades públicas a través, entre otras, de la intervención preventiva cuando se considere que una determinada situación puede perturbar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Cuando se incumple dicho deber, la Nación y los servidores públicos involucrados, son responsables por omisión en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, de acuerdo con lo dicho en el artículo 6º de la Constitución Política.

En efecto,

“No tendría sentido afirmar que la única forma en que el Estado protege la seguridad de los asociados es a través del reconocimiento de su responsabilidad por hechos acaecidos; quienes son titulares del derecho a ser resarcidos por los daños antijurídicos sufridos en su persona debido a condiciones de inseguridad, necesariamente deben ser titulares, antes de que se configuren tales daños, del derecho a recibir especial protección de las autoridades. Así lo afirmó esta Corte en la Sentencia T-1206 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), al explicar que la obligación de reparación del daño antijurídico causado por el Estado es de naturaleza secundaria, y se deriva de una obligación primaria, preexistente, de prevenir el riesgo de que tal daño se materialice: “... independientemente del criterio de atribución por medio del cual se establezca la responsabilidad patrimonial del Estado, esta surge como una obligación secundaria, de reparación, cuando el Estado no garantiza los derechos personales y patrimoniales, causando con ello daños antijurídicos a los particulares. Incluso en el caso de la responsabilidad por rompimiento de la equidad frente a las cargas públicas, el Estado —como unidad— tiene las obligaciones constitucionales generales (1) de garantizar la vida y demás derechos de los particulares, y (2) en general, la de mantener una distribución equitativa de las cargas públicas que corresponde asumir a los particulares...”(36) (subrayado fuera de texto).

En suma, al Estado colombiano se le asignan las obligaciones de respetar los Derechos Humanos establecidos en los tratados ratificados voluntariamente por el Congreso de la República; garantizar su goce y pleno ejercicio a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción; y adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. En consecuencia, dado que durante las últimas décadas un gran número de colombianos y colombianas han soportado innumerables violaciones a sus Derechos Humanos, se deben adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos cuyo respeto se impone, por cuanto dichos actos delictivos han limitado el ejercicio de las libertades constitucionales, restringido la construcción de tejido social y debilitado el Estado Social de Derecho.

Ante este escenario, el Estado colombiano se encuentra legitimado para implementar herramientas que permitan profundizar la democracia y superar un pasado de innombrables abusos. Es por eso que se han impulsado iniciativas que, supeditadas de manera estricta a la Constitución, buscan garantizar el goce efectivo de los derechos vulnerados, cuya violación ha impactado de manera diferenciada a mujeres, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, grupos étnicos, líderes sociales, y organizaciones que asumen la defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, se considera pertinente, prudente y legítimo, acudir a las herramientas que gracias al desarrollo progresivo del derecho internacional se han venido diseñando para enfrentar este tipo de situaciones, dentro de las que se encuentran las implementadas en sociedades que pretenden superar o han superado situaciones de conflicto armado, desarrolladas como elementos del concepto de justicia transicional.

Estos esfuerzos que en Colombia incluyen la Ley 418 de 1997 (modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) expedida para resolver procesos iniciados por la comisión de delitos políticos(37), la Ley 975 de 2005 para los delitos de lesa humanidad(38), la Ley 1424 de 2010 a través de la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garantizan verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, y la Ley 1448 de 2011 para la formulación y adopción de medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, han sido producto de la realidad social y política del país, y se han promulgado con el fin de allanar el camino hacia la paz y la reconciliación nacional a través del diseño de medidas que procuran el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, y de la sociedad en general.

Con el ánimo de hacer una descripción de la evolución de la normativa en la materia, previo a dicha producción legislativa, ya el artículo 6º(39) de la Ley 199 de 1995(40) había creado el sistema de protección de los derechos humanos, en desarrollo de la obligación constitucional del Gobierno Nacional de garantizar la seguridad personal de todos los colombianos(41), el cual fue reformulado, entre otras, por el artículo 81(42) de la Ley 418 de 1997(43) que radicó en el Ministerio del Interior, la competencia de poner en funcionamiento un programa de protección a personas en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno —reconocida su existencia desde entonces(44)—, mientras el artículo 122(45) creó el fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana con el fin de sufragar los gastos destinados a garantizar la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, las actividades de inteligencia, la protección a personas amenazadas, el desarrollo comunitario y en general, todas aquellas inversiones sociales que promuevan la convivencia(46).

En el 2002, a través del Decreto 1386 de 2002(47), se dispuso que el Ministerio del Interior brindaría protección a alcaldes, personeros y concejales que por razón del ejercicio de sus cargos se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, considerando que los grupos armados organizados al margen de la ley habían efectuado, en forma masiva, graves amenazas contra la vida de los principales funcionarios de la administración de las entidades territoriales(48). Al efecto, elaboraría el reglamento correspondiente, tarea en la que se insistió en la Directiva Presidencial 8 de 2002.

Sin embargo, es solo hasta la expedición del Decreto 2816 de 2006(49), que se diseña y reglamenta el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, el cual fue posteriormente derogado por el Decreto 1740 de 2010(50).

Dicho entramado normativo, otorgó herramientas para que las autoridades competentes lograran su cometido de garantizar el goce efectivo del derecho a la seguridad personal. No obstante lo anterior esta Sala ha sostenido que en aquellas ocasiones en las que las personas tienen derecho a recibir protección especial de las autoridades frente a ellos(51), y esta no les es proporcionada, el Estado puede ver comprometida su responsabilidad por lo que se impone a los jueces estudiar las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en que se vieron vulnerados los derechos ciudadanos.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que:

“las circunstancias en las cuales se puede invocar y hacer aplicable el derecho a la seguridad personal, en tanto derecho a recibir protección estatal frente a riesgos extraordinarios que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar, dependen esencialmente del caso concreto, y deben ser evaluadas como un todo, desde una perspectiva integral, para establecer la naturaleza, alcance, intensidad y continuidad de los riesgos que gravitan sobre cada individuo.

(...).

Dado el rol central que juegan las autoridades competentes en cuanto a (i) la detección del riesgo que gravita sobre una persona, (ii) la determinación de su grado de intensidad, (iii) la identificación del derecho fundamental bajo cuya órbita de protección específica se encuentra el individuo afectado, y (iv) la identificación y puesta en práctica de las medidas a aplicar, la Sala precisa que el derecho a la seguridad personal genera, entre otras, las siguientes obligaciones constitucionales para las autoridades, frente a quien se ve potencialmente afectado por un riesgo extraordinario:

1. La obligación de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una familia o un grupo de personas, así como la de advertir oportuna y claramente sobre su existencia a los afectados. Por eso, no siempre es necesario que la protección sea solicitada por el interesado.

2. La obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la existencia, las características (especificidad, carácter individualizable, concreción, etc.) y el origen o fuente del riesgo que se ha identificado.

3. La obligación de definir oportunamente las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se materialice.

4. La obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también de manera oportuna y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que la protección sea eficaz.

5. La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y de tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha evolución.

6. La obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo extraordinario, y de adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus efectos.

7. La prohibición de que la administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los afectados.

A fin de que las prestaciones necesarias en cada situación concreta para garantizar el derecho a la seguridad personal sean exigibles al Estado, es preciso invocar o probar sumariamente los hechos que apuntan hacia la existencia de un riesgo extraordinario. Estos se refieren, principalmente, a aspectos o condiciones que deben estar presentes en el caso concreto, que en ese sentido operan como desencadenantes jurídicos de la protección otorgada por el derecho fundamental a la seguridad personal:

(a) el primero es el carácter del riesgo respecto del cual se pide protección, sea ante las autoridades administrativas competentes o, en subsidio, ante las autoridades judiciales. Como se vio, tal riesgo debe ser extraordinario, y caracterizarse por ser específico, individualizable, concreto, presente, importante, serio, claro, discernible, excepcional y desproporcionado; y

(b) el segundo es la situación de vulnerabilidad o especial exposición al riesgo en que se encuentra(n) la(s) persona(s) afectada(s). Tal situación puede surgir de diversas causas, que habrán de ser analizadas caso por caso. Sin embargo, existen ciertas categorías de personas que, por sus condiciones mismas, están expuestas a riesgos de una intensidad tal que es altamente factible que llenen todas o la mayoría de las características arriba señaladas, por lo cual deberán ser objeto de especial atención por las autoridades competentes; tal es el caso, por ejemplo, de quienes se ven expuestos a riesgos extraordinarios en virtud de (i) su cargo o función (como un alto funcionario), (ii) el tipo de tareas o actividades que desarrollan (como defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales, docentes o, como se vio en un caso decidido por el Consejo de Estado, conductores de bus en zonas de conflicto armado), (iii) el lugar geográfico en el que se encuentran o viven, (iv) su posición política de disidencia, protesta o reivindicación (tal es el caso de las minorías políticas y sociales), (v) su colaboración con las autoridades policiales o judiciales para el esclarecimiento de delitos, (vi) su distanciamiento o separación de los grupos armados al margen de la ley (como sucede con los “reinsertados” o “desmovilizados”), (vii) su situación de indefensión extraordinaria (como ocurre con las personas en condiciones de indigencia o los desplazados por el conflicto interno), (viii) encontrarse bajo el control físico de las autoridades (tal como sucede con quienes se encuentran privados de su libertad o con los soldados que prestan su servicio militar obligatorio), o (ix) ser niños, titulares de derechos fundamentales prevalecientes y sujetos de un especial grado de protección por su notoria situación de indefensión”(52) (subrayado fuera de texto).

Por su parte, esta Subsección planteó cinco criterios para valorar la falla del servicio(53) con base en la cual cabe endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: “i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos había conocimiento generalizado de la situación de orden público de una zona, que afectaba a organizaciones y a las personas relacionadas con estas; ii) que se tenía conocimiento de circunstancias particulares respecto de un grupo vulnerable; iii) que existía una situación de riesgo constante; iv) que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejercía, y; v) que no se desplegaron las acciones necesarias para precaver el daño” (subrayado fuera de texto).

En el sub lite se tiene que el señor C.M. se desempeñaba como Alcalde Popular del municipio de XXX, en el Departamento del Chocó, zona históricamente afectada por las distintas formas de violencia que ha tenido que sufrir el país; y aun cuando no existe prueba de una solicitud de reforzamiento a su esquema de seguridad, la presencia de grupos armados organizados al margen de la ley en la zona era de público conocimiento, por lo que le correspondía a la autoridad policial, en cumplimiento de sus deberes normativos, identificar el riesgo al que estaba expuesto el señor Alcalde para ajustar dicho esquema a las necesidades reales de la situación concreta.

Así las cosas, dado que la entidad demandada no aportó prueba que demostrara su diligencia, esta Subsección —en el mismo sentido de lo sostenido por el a quo—, la condenará por falla en el servicio concretada en la omisión del desarrollo de las actuaciones necesarias para la identificación y prevención del riesgo que condujera al diseño y puesta en marcha de un especial, adecuado y pertinente esquema de seguridad que lo mitigara. Dicha omisión resultó en que el único escolta asignado para la protección del burgomaestre resultara insuficiente.

Lo anterior, a pesar de que los programas de protección de Alcaldes solo se implementaron con la expedición del Decreto 1386 de 2002 —posterior a los hechos en los que se basó la demandada—, pues “este deber estatal [de protección] —que no se debe confundir en ningún caso con el deber general de las autoridades de proveer las condiciones de seguridad pública requeridas en el país— consiste en la obligación de identificar el nivel de riesgo que gravita sobre las personas, y adoptar las medidas preventivas y protectivas individuales que sean necesarias y suficientes en cada situación particular, para evitar que el riesgo extraordinario al que la persona está sometida se materialice. Por esta razón, como se vio, las autoridades cuentan con un nivel importante de discrecionalidad para determinar las medidas de seguridad a tomar, dentro de los cauces establecidos por la ley; pero incluso en caso de que no exista una norma legal específica y directamente aplicable, deberán hacer cuanto esté a su alcance, aplicando un grado especial de diligencia, para proveer la seguridad requerida por las personas, como manifestación directa de sus deberes constitucionales más básicos(54) (Subrayado fuera de texto).

3. Tasación de perjuicios.

Por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso —de manera regular y oportuna— la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias(55).

Es así como al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (art. 1757 del C.C.) como en la procesal civil colombiana (art. 177 del CPC), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

3.1. Perjuicios morales.

En el sub lite, solicitaron los actores el reconocimiento de 100 smlmv en favor de cada uno de las siguientes 10 personas: M.S.M.P. en su calidad de esposa del señor R.J.C.M.; L., C.I., D.J.C.M. y A.C.D., en su calidad de hijos; D.I.M.M. en su calidad de madre; M.A., A.H., D.M. y R.E.C.M. en su calidad de hermanos.

Al respecto, la jurisprudencia tiene decantado, que el perjuicio moral resarcible es aquel cierto, personal y antijurídico, y su tasación depende entonces, de su intensidad, la cual deberá estar probada en cada caso y liquidada en salarios mínimos.

De ahí que esta Sección en sentencia de unificación(56), estableciera unos criterios “a fin de que en lo sucesivo se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso (...) a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas”, así:

Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno-filialRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 3er de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civilRelación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Para comprobar la aflicción alegada, en el sub lite, reposan las siguientes pruebas:

— Folio 59 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento de R.J.C.M., nacido el 27 de agosto de 1948, siendo hijo de M.C. y D.M.

— Folio 84 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que A.H.C.M. nació el 6 de septiembre de 1956, hijo de M.C. y D.M.

— Folio 85 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que E.C.M. nació el 8 de julio de 1954, hija de M.C. y D.M.

— Folio 86 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que M.A.C.M. nació el 2 de marzo de 1953, hijo de M.C. y D.M.

— Folio 87 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que D.M.C.M. nació el 21 de abril de 1951, hija de M.C. y D.M.

— Folio 61 del cuaderno principal: registro civil de matrimonio en el que consta que el señor R.J.C.M. contrajo matrimonio con la señora M.S.M.P. el 29 de mayo de 1996.

— Folio 63 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que L.C.M. nació el 30 de abril de 1990, hija de M.S.M.P. y R.J.C.M.

— Folio 65 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que C.I.C.M. nació el 22 de diciembre de 1987, hija de M.S.M.P. y R.J.C.M.

— Folio 64 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que D.J.C.M. nació el 13 de septiembre de 1984 hija de M.S.M.P. y R.J.C.M.

— Folio 66 del cuaderno principal: registro civil de nacimiento en el que consta que A.C.D. nació el 17 de junio de 1983 hijo de B.I.C.A. y R.J.C.M.

En consecuencia, se deberían reconocer los perjuicios morales en la suma equivalente a 100 smlmv en favor de su madre, esposa e hijos y de 50 smlmv en favor de cada uno de los hermanos. Sin embargo, con el fin de respetar los postulados del principio de non reformatio in pejus, con base en el cual el juez de alzada se encuentra imposibilitado de desmejorar la situación del apelante único(57) que en este caso es la entidad demandada, la condena al reconocimiento y pago de perjuicios morales quedará así:

D.M. (madre)100 smlmv
M.S.M.P. (esposa)100 smlmv
L.C.M. (hija)100 smlmv
C.I.C.M. (hija)100 smlmv
D.J.C.M. (hija)100 smlmv
A.C.D. (hijo)100 smlmv
A.H.C.M. (hermano)25 smlmv
R.E.C.M. (hermana)25 smlmv
M.A.C.M. (hermano)25 smlmv
D.M.C.M. (hermana)25 smlmv

3.2. Perjuicios materiales(58). 

Como daños materiales, en la demanda se solicitó “Condenar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, a pagar los perjuicios materiales, en la modalidad de LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE, sufridos con motivo de la muerte del Sr. R.J.C.M., a cada uno de los demandantes y a quienes representen legalmente sus derechos, teniendo en cuenta la última remuneración del occiso, en su condición de alcalde municipal de XXX, la vida probable de los demandantes y la de la víctima, según las tablas de supervivencia aprobadas por la Superintendencia Bancaria, la actualización de las cantidades según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre la fecha del suceso (nov. 27/2000) y el que exista cuando se produzca el fallo o el auto que liquide los perjuicios materiales con base en la fórmula matemática financiera aceptada por el H. Consejo de Estado para la indemnización debida o consolidada y la futura o anticipada”.

Se tiene que para la época de los hechos, el señor R.J.C.M. se desempeñaba como Alcalde del municipio de XXX, y devengaba un sueldo de $ 1.826.913 mensuales, que actualizado a precios de hoy asciende a $ 3.520.677(59).

A dicho valor, de acuerdo con la posición reiterada de la Sala, se debe aumentar un 25% por concepto de prestaciones sociales, cifra que asciende a $ 4.400.846.25 y se deducirá el 25% de gastos para el propio sostenimiento correspondientes a $ 1.100.212 quedando la base de la liquidación en $ 3.300.634.25

Establecido el salario base de liquidación, este será a su vez dividido entre dos con el fin de establecer lo correspondiente a la liquidación de la esposa y lo que corresponde a las hijas ($ 1.650.317), mitad que a su vez será repartida entre cuatro (L., C.I. y D.J.C.M., y A.C.D.), de manera tal que la renta actualizada a partir de la cual se establecerá la indemnización para cada uno de ellos será de $ 412.579.25.

1.(sic) M.S.M.P.(60) 

Fecha de nacimiento27 de mayo de 1949
Fecha de los hechos27 de noviembre de 2000
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia(61)171 meses
Vida probable(62)16.95(63) años
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y la fecha en la que se cumple la vida probable32.04(64) meses
Salario base de liquidación$ 1.650.317

1.1. Indemnización vencida.

S2002-00171F1
 

S2002-00171F2
 

S = $ 438.727.700

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para M.S.M.P., corresponde a un valor total de $ 438.727.700.

1.2. Indemnización futura o anticipada.

S2002-00171F4
 

S = $ 48.849.874

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para M.S.M.P., corresponde a un valor total de $ 48.849.874, que sumada con la indemnización vencida resulta en un monto total a ser reconocido de $ 487.577.574. No obstante lo anterior, en virtud de los postulados del principio de non reformatio in pejus, esta Subsección ordenará el pago de $ 247.780.718 que es el resultado de actualizar lo reconocido en su favor en primera instancia(65).

2. L.C.M.(66) 

Fecha de nacimiento30 de abril de 1990
Fecha cumpleaños 2530 de abril de 2015
Fecha de los hechos27 de noviembre de 2000
Tiempo transcurrido entre los hechos y la presente sentencia171 meses
Tiempo transcurrido entre la presente sentencia y la fecha en la que cumpliría 25 años de edad2 meses

2.1. Indemnización vencida.

S2002-00171F5
 

S = $ 109.681.925

1.1.(sic) Indemnización futura o anticipada.

S2002-00171F6
 

S = $ 819.173

La indemnización futura, por concepto de lucro cesante para L.C.M., corresponde a un valor total de $ 819.173, que sumada con la indemnización vencida resulta en un monto total a ser reconocido de $ 110.501.098. No obstante lo anterior, en virtud de los postulados del principio de non reformatio in pejus, esta Subsección ordenará el pago de $ 45.750.198 que es el resultado de actualizar lo reconocido en primera instancia(67).

2.(sic) C.I.C.M.(68) 

Fecha de nacimiento22 de diciembre de 1987
Fecha cumpleaños 2522 de diciembre de 2012
Fecha de los hechos27 de noviembre de 2000
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años de edad145 meses

2.1. Indemnización vencida.

S2002-00171F7
 

S = $ 86.621.324

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para C.I.C.M., corresponde a un valor total de $ 86.621.324; no obstante lo anterior, en virtud de los postulados del principio de non reformatio in pejus, esta Subsección ordenará el pago de $ 37.316.338 que es el resultado de actualizar lo reconocido en primera instancia(69).

3. D.J.C.M.(70) 

Fecha de nacimiento13 de septiembre de 1984
Fecha cumpleaños 2513 de septiembre de 2009
Fecha de los hechos27 de noviembre de 2000
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años de edad107 meses

3.1. Indemnización vencida.

S2002-00171F8
 

S = $ 57.745.549

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para D.J.C.M., corresponde a un valor total $ 57.745.549; no obstante lo anterior, en virtud de los postulados del principio de non reformatio in pejus, esta Subsección ordenará el pago de $ 16.007.710 que es el resultado de actualizar lo reconocido en primera instancia(71).

4. A.C.D.(72) 

Fecha de nacimiento17 de junio de 1983
Fecha cumpleaños 2517 de junio de 2008
Fecha de los hechos27 de noviembre de 2000
Tiempo transcurrido entre los hechos y los 25 años de edad90 meses

4.1. Indemnización vencida.

S2002-00171F9
 

S = $ 46.454.861

La indemnización vencida, por concepto de lucro cesante para A.C.D., corresponde a un valor total de $ 46.454.861; no obstante lo anterior, en virtud de los postulados del principio de non reformatio in pejus, esta Subsección ordenará el pago de $ 16.007.710 que es el resultado de actualizar lo reconocido en primera instancia(73).

3.3.(sic) Daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

De acuerdo con lo consignado en el documento ordenado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación mediante Acta 23 del 25 de septiembre de 2013 con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de perjuicios inmateriales, aprobado finalmente mediante acta del 28 de agosto de 2014, “Se reconocerá, aun de oficio, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Procederá siempre y cuando se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero permanente o estable y los parientes hasta el primer grado de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas ‘de crianza’. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia y reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto, el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados”.

Ahora, el homicidio que dio al traste con la vida del señor R.J.C.M., fue conocido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, que en sentencia(74) del 16 de diciembre de 2011 condenó a F.R.H. (alias XXX), desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Bloque XXX), a una pena alternativa de 8 años de prisión. Dicha decisión fue confirmada en el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 12 de diciembre de 2012(75).

En la mencionada providencia se concedieron medidas no pecuniarias de reparación en favor de la esposa y los hijos del alcalde asesinado, con el objetivo de que con cargo a los programas creados por el Estado para afrontar los efectos adversos del conflicto armado interno, se garantizara el goce efectivo de los derechos vulnerados, a través de varias medidas entre las que se encuentran su inclusión prioritaria en el programa de atención psicosocial a víctimas de la violencia; la publicación de la parte pertinente de la providencia en un diario de amplia circulación en el departamento del Chocó; y la inscripción, en un lugar visible del palacio municipal de XXX, de una leyenda que, previamente acordada con los actores, reivindique el buen nombre del alcalde asesinado indicando el responsable del homicidio.

Por considerar que dichas medidas son suficientes para cumplir con el objetivo de la reparación integral de las víctimas del conflicto, esta Subsección se abstendrá de ordenar alguna otra.

4. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del CCA, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida el 12 de noviembre de 2004 por el Tribunal Administrativo del Chocó, la cual quedará así:

1. Declarar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, administrativamente responsable por los daños causados a los demandantes.

2. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al reconocimiento y pago de los siguientes montos, a título de perjuicios morales:

D.M. (madre)100 smlmv
M.S.M.P. (esposa)100 smlmv
L.C.M. (hija)100 smlmv
C.I.C.M. (hija)100 smlmv
D.J.C.M. (hija)100 smlmv
A.C.D. (hijo)100 smlmv
A.H.C.M. (hermano)25 smlmv
E.C.M. (hermana)25 smlmv
M.A.C.M. (hermano)25 smlmv
D.M.C. (hermana)25 smlmv

3. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al reconocimiento y pago, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

M.S.M.P. (esposa)$ 247.780.718
L.C.M. (hija)$ 45.750.198
C.I.C.M. (hija)$ 37.316.338
D.J.C.M. (hija)$ 16.007.710
A.C.D. (hijo)$ 16.007.710

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin costas.

6. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del CPC.

7. En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

5 Al momento de la presentación de la demanda, el 19 de diciembre de 2001, no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada, por cuanto los hechos ocurrieron el 27 de noviembre de 2000.

6 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

7 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

8 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042.

9 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.

10 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622.

11 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.

12 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 15 de noviembre de 2011; Exp. 21768.

13 Ver, Entre otras sentencias: 19 de septiembre de 2002, Exp. 13399; 4 de diciembre de 2002; Exp. 13623; 29 de enero 2004, Exp. 14018; 29 de enero de 2004, Exp. 14951.

14 Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia del 29 de mayo de 2012; Rad: 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI).

15 Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener “(...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos contenciosos se puede también revisar las siguientes providencias: sentencia del 27 de junio de 1996, Rad. 9255; sentencia del 15 de junio de 2000, Exp. 13.338; sentencia del 10 de noviembre de 2000, Exp. 18298; sentencia del 16 de enero de 2001, Rad. ACU-1753; sentencia del 25 de enero de 2001, Rad. 3122; y sentencia de 6 de junio de 2002, Rad. 739-01.

16 En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre 10 de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, sostuvo la tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso solo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

17 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 6 de junio de 2007; Exp. AP-00029.

18 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de enero de 2013; Exp. 25087.

19 Reposan a folios 290 y 294.

20 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 18 de febrero de 2010; Exp. 17885.

21 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de noviembre de 2006; Exp. 14880.

22 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 7 de abril de 201; Exp. 20750.

23 Corte Constitucional; Sentencia T-719 de 2003.

24 Corte Constitucional; Sentencia T-719 de 2003

25 Incorporada al ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972.

26 Aprobado mediante Ley 74 de 1968.

27 Corte Constitucional; Sentencia T-719 de 2003.

28 En el mismo sentido lo establece la Ley 62 del 12 de agosto de 1993: ART. 1º— “FINALIDAD. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos humanos (...)”. ART. 5º—“DEFINICIÓN. La Policía Nacional es un cuerpo armado, instituido para prestar un servicio público de carácter permanente, de naturaleza civil y a cargo de la Nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana (...)”.

29 Modificado por los decretos 2055 de 1970, 522 de 1971, 2737 de 1989, y las leyes 62 de 1993, 232 de 1995 y 1185 de 2008.

30 Artículos 1º y 2º.

31 Artículo 15 de la Resolución 9960 de 1992. La función de policía es esencial y exclusivamente preventiva.

32 Artículo 34. “Definición. Denomínase [sic] servicio de policía a la vigilancia permanente que el Estado presta por intermedio de la Policía Nacional, para conservar el orden público, proteger las libertades, prevenir y controlar la comisión de delitos, de acuerdo con las necesidades y características de cada jurisdicción policial. El servicio de policía lo integra la vigilancia urbana y rural que son la base fundamental de las actividades preventivas y operativas de la Policía Nacional”.

33 En el mismo sentido quedó consignado en el Decreto 2203 del 2 de noviembre de 1993.

34 Con independencia de todas las demás normas que modifican y adicionan las funciones de la Policía Nacional, tales como los decretos 180 de 1988, 813, 814, 815 y 1194 de 1989.

35 “Entre tales derechos, los más básicos para la existencia misma de las personas son la vida y la integridad personal, establecidos en los artículos 11 y 12 superiores; por ello, el énfasis principal de la labor protectiva de las autoridades ha sido ser la provisión efectiva de las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona”. Corte Constitucional; Sentencia T-719 de 2003.

36 Corte Constitucional; Sentencia T-719 de 2003.

37 La Ley 418 de 1997, con el objetivo de restablecer el orden público ofreciendo beneficios jurídicos y administrativos a quienes cometieron delitos políticos, crea una serie de programas que beneficiaban a las víctimas de ataques terroristas en el sentido de ofrecer la asistencia que permitiera la generación de nuevas capacidades de desarrollo, en el marco del conflicto armado interno.

38 Con la Ley 975 de 2005, creada para ofrecer beneficios políticos y administrativos a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, se impusieron nuevos retos relacionados con el reconocimiento de la comisión de este tipo de delitos en el marco de la violencia generalizada. Gracias a dicha ley, se introdujeron en el discurso tanto gubernamental como social, conceptos relacionados con procesos de justicia transicional tales como los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Sin embargo resultaba confusa la utilización misma del término Justicia Transicional por cuanto la experiencia internacional mostraba que se trataba de un conjunto de herramientas a ser utilizadas en condiciones de postconflicto.

39 Reglamentado por el Decreto Nacional 1592 de 2000 que creó el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales que en el ejercicio de su actividad profesional asuman la difusión, defensa, preservación y restablecimiento de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario.

40 Por la cual se cambia la denominación del Ministerio de Gobierno y se fijan los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el Gobierno Nacional modificará su estructura orgánica y se dictan otras disposiciones.

41 “En desarrollo de la obligación constitucional del Gobierno Nacional de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, el Ministerio del Interior coordinará las actividades de todos los organismos del Ejecutivo, encargados de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. El Ministerio del Interior contará con un sistema de atención a las demandas de protección de los derechos ciudadanos. El desarrollo de este sistema estará a cargo de una Unidad Administrativa Especial dependiente del Ministerio del Interior, la cual deberá actuar previamente en caso de amenaza inminente de los derechos ciudadanos y desarrollar programas orientados a la protección, preservación y restablecimiento de los derechos humanos de los denunciantes. El Ministerio del Interior o la autoridad en la que se delegue esta función, emprenderá, de oficio, las acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, sin detrimento de las funciones de las mismas o de las atribuciones del Ministerio Público”.

42 Reglamentado por el Decreto Nacional 1740 de 2010 (Derogado por el art. 53, Decreto Nacional 4912 de 2011). Por el cual se reglamenta el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y se dictan otras disposiciones. ART. 5º—“Población objeto del Programa de Protección de la Policía Nacional. El Programa de Protección de la Policía Nacional prestará protección a personas comprendidas dentro de los siguientes grupos: 1. En razón del cargo: Son aquellas personas que en consideración al cargo que ostentan, asumen un riesgo por la condición del mismo. Son objeto de protección en razón al cargo las siguientes personas: a) Presidente de la República de Colombia, cónyuge, hijos, y familiares de acuerdo con la normatividad vigente según estudio de nivel de riesgo; b) Vicepresidente de la República de Colombia cónyuge, hijos, y familiares de acuerdo con la normatividad vigente según estudio de nivel de riesgo; c) Ministros del Despacho. d) Senadores de la República y Representantes a la Cámara; e) Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura; f) Fiscal General de la Nación; g) Procurador General de la Nación; h) Contralor General de la República; i) Defensor del Pueblo en el orden nacional; j) Gobernadores Departamentales; k) Generales de la Policía Nacional en servicio activo; l) Directores especializados, Comandantes de Región, Metropolitanas, Departamentos y de Comandos Operativos Especiales de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional; m) Exfuncionarios que hayan ofrecido o concedido la extradición de una persona condenada o procesada en el exterior. 2. Por el Nivel de Riesgo: Son aquellas personas que en consideración de un riesgo comprobado y previo concepto favorable del Comité de Evaluación del Nivel de Riesgo de la Policía Nacional requieren de medidas especiales de protección. Son ellas: a) Expresidente y Exvicepresidente de la República, cónyuge, hijos, y familiares de acuerdo con la normatividad vigente según estudio de nivel de riesgo; b) Embajador y Cónsul extranjero acreditado en Colombia; c) Viceministros, Viceprocurador, Vicecontralor y Vicefiscal; d) Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, Tribunal Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura; e) Auditor General de la República; f) Contador General de la República; g) Registrador Nacional del Estado Civil; h) Directores de Departamentos Administrativos del Orden Nacional; i) Oficiales Generales en uso de buen retiro de la Policía Nacional; j) Secretario General del Senado de la República y la Cámara de Representantes; k) Jueces de la República; l) Autoridades eclesiásticas; m) Alcaldes distritales y municipales; n) Concejales, diputados y personeros distritales y municipales; o) Dirigentes políticos; p) Funcionarios y exfuncionarios públicos del orden nacional. PAR. 1º—Dirigentes políticos. Son aquellos que siendo miembros activos de un partido o movimiento político, hacen parte de sus directivas estatutarias, previa inscripción del partido o movimiento en el Consejo Nacional Electoral, o que participan en elecciones para ocupar un cargo de representación popular, a merced del aval emitido por el Secretario General del respectivo partido o movimiento. PAR. 2º—Servicio Extraordinario de Protección. Con el propósito de implementar medidas de protección transitorias a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno de visita en el país, representantes de la Misión Diplomática en cumplimiento de funciones propias, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, atenderá el servicio policial, previa solicitud que para el efecto tramitará la Presidencia de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores con la información necesaria para el mismo. PAR. 3º—Protección de diputados y concejales en zonas rurales. El Comando General de las Fuerzas Militares asignará responsabilidades concretas a los Comandantes de Fuerza en la ejecución de acciones colectivas que garanticen la vida e integridad personal de los diputados y concejales en zonas rurales. ART. 24.—Son criterios para la evaluación del nivel de riesgo, los siguientes: 1. Origen de la amenaza y relación causal. La amenaza debe estar originada en la violencia armada organizada y, en razón, o como consecuencia del ejercicio directo de las funciones, cargo o actividad del solicitante o la calidad que ostenta. 2. Calidad del peticionario. El peticionario debe pertenecer a una de las categorías descritas en los artículos 4º y 5º de este decreto. 3. Circunstancias del riesgo. El riesgo al que está sometido el peticionario de los Programas de Protección debe cumplir con las siguientes características: a) Debe ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse de un riesgo genérico. b) Debe ser concreto, es decir, estar basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas. c) Debe ser presente, esto es, no remoto ni eventual. d) Debe ser importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo cual no puede tratarse de un riesgo menor. e) Debe ser un riesgo serio, de materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede ser improbable. f) Debe tratarse de un riesgo claro y discernible, no de una contingencia o peligro difuso. g) Debe ser un riesgo excepcional, en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos. h) Debe ser desproporcionado, frente a los beneficios de protección que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo. 4. Identificación de Zona de Riesgo. La situación de riesgo deberá presentarse en el territorio nacional y la zona de riesgo debe ser identificada y delimitada en cada caso concreto”.

43 Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones (prorrogada su vigencia, por el art. 1º, Ley 548 de 1999, Modificada Parcialmente por la Ley 782 de 2002, Reglamentada por el Decreto Nacional 128 de 2003, Reglamentada por el Decreto Nacional 2767 de 2004, Reglamentada por el Decreto Nacional 395 de 2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 1059 de 2008, Reglamentada por el Decreto Nacional 1980 de 2012).

44 ART. 81.—“En armonía con lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 199 de 1995, el Ministerio del Interior pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas que se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno que padece el país, y que pertenezcan a las siguientes categorías: Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición. Dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias, gremiales, sindicales, campesinas, y de los grupos étnicos. Dirigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario, independientemente de que se hayan iniciado o no los respectivos procesos penales, disciplinarios y administrativos”.

45 Modificado por el art. 7º, Ley 1421 de 2010.

46 ART. 122.—“Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado de cuenta. El Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, establecido mediante Decreto 2134 de 1992 y el Consejo Técnico Nacional de Inteligencia, establecido en el Decreto 2233 del 21 de diciembre de 1995, coordinarán la ejecución de los recursos de este Fondo. La administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estará a cargo de la Dirección General de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de esta ley, reglamentará la organización y funcionamiento del Fondo, los objetivos y funciones que le corresponden, el régimen de apropiaciones y operaciones en materia presupuestal y patrimonial necesario para su operación. Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución especial del 5% consagrada en el presente capítulo, deberán invertirse por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la realización de gastos destinados a propiciar la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de inteligencia, la protección a personas amenazadas, el desarrollo comunitario y en general en todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia ciudadana. Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la preservación del orden público, actividades de inteligencia, el desarrollo comunitario y en general a todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia pacífica”.

47 Por el cual se dictan medidas para brindar protección a alcaldes, concejales y personeros municipales.

48 Dice la parte considerativa del decreto: “Que vistos los últimos acontecimientos sucedidos en el país, de los cuales han resultado alcaldes, concejales y personeros muertos o lesionados y otros que se han visto forzados a salir de sus municipios hacia otros lugares por amenazas, es indispensable la organización de un mecanismo especial para su protección, de tal manera que se pueda garantizar su trabajo en condiciones de independencia y libertad; Que se debe fortalecer la acción gubernamental encaminada a tomar medidas de seguridad tendientes a garantizar la vida, la libertad e independencia de los alcaldes, concejales y personeros municipales como una manera de proteger el sistema democrático establecido en la Carta Política” (subrayado fuera de texto).

49 ART. 1º—Objeto. “El Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia tiene por objeto apoyar al Gobierno Nacional en la salvaguarda de la vida, integridad, libertad y seguridad de la población objeto del Programa que se encuentre en situación de riesgo cierto, inminente y excepcional, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias”. ART. 2º—Población Objeto. “El Programa prestará protección a personas comprendidas dentro de los siguientes grupos: 1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición. 2. Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos. 3. Dirigentes o activistas de organizaciones de Derechos Humanos y miembros de la misión médica. 4. Testigos de casos de violación a los Derechos Humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en concordancia con la normatividad vigente. 5. Periodistas y comunicadores sociales. 6. Alcaldes, Diputados, Concejales y Personeros. 7. Dirigentes de organizaciones de población en situación de desplazamiento. 8. Funcionarios responsables del diseño, coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional. 9. Exfuncionarios que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional. PAR.—En el caso de servidores públicos de elección popular objeto del programa, las medidas de protección se otorgarán únicamente cuando los organismos de seguridad del Estado o las corporaciones públicas a las que pertenecen, no cuenten con los recursos o los medios para asumir su protección. Estas medidas en todo caso serán de carácter temporal”.

50 Derogado por el art. 53, Decreto Nacional 4912 de 2011. En su texto original se leía: “ART. 5º—Población objeto del Programa de Protección de la Policía Nacional. El Programa de Protección de la Policía Nacional prestará protección a personas comprendidas dentro de los siguientes grupos: 1. En razón del cargo: (...). 2. Por el Nivel de Riesgo: Son aquellas personas que en consideración de un riesgo comprobado y previo concepto favorable del Comité de Evaluación del Nivel de Riesgo de la Policía Nacional requieren de medidas especiales de protección. Son ellas: a) Expresidente y Exvicepresidente de la República, cónyuge, hijos, y familiares de acuerdo con la normatividad vigente según estudio de nivel de riesgo; b) Embajador y Cónsul extranjero acreditado en Colombia; c) Viceministros, Viceprocurador, Vicecontralor y Vicefiscal; d) Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, Tribunal Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura; e) Auditor General de la República; f) Contador General de la República; g) Registrador Nacional del Estado Civil; h) Directores de Departamentos Administrativos del Orden Nacional; i) Oficiales Generales en uso de buen retiro de la Policía Nacional; j) Secretario General del Senado de la República y la Cámara de Representantes; k) Jueces de la República; l) Autoridades eclesiásticas; m) Alcaldes distritales y municipales; n) Concejales, diputados y personeros distritales y municipales; o) Dirigentes políticos; p) Funcionarios y exfuncionarios públicos del orden nacional. PAR. 1º—Dirigentes políticos. Son aquellos que siendo miembros activos de un partido o movimiento político, hacen parte de sus directivas estatutarias, previa inscripción del partido o movimiento en el Consejo Nacional Electoral, o que participan en elecciones para ocupar un cargo de representación popular, a merced del aval emitido por el Secretario General del respectivo partido o movimiento. PAR. 2º—Servicio Extraordinario de Protección. Con el propósito de implementar medidas de protección transitorias a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno de visita en el país, representantes de la Misión Diplomática en cumplimiento de funciones propias, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, atenderá el servicio policial, previa solicitud que para el efecto tramitará la Presidencia de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores con la información necesaria para el mismo. PAR. 3º—Protección de diputados y concejales en zonas rurales. El Comando General de las Fuerzas Militares asignará responsabilidades concretas a los Comandantes de Fuerza en la ejecución de acciones colectivas que garanticen la vida e integridad personal de los diputados y concejales en zonas rurales. ART. 24.—Son criterios para la evaluación del nivel de riesgo, los siguientes: 1. Origen de la amenaza y relación causal. La amenaza debe estar originada en la violencia armada organizada y, en razón, o como consecuencia del ejercicio directo de las funciones, cargo o actividad del solicitante o la calidad que ostenta. 2. Calidad del peticionario. El peticionario debe pertenecer a una de las categorías descritas en los artículos 4º y 5º de este decreto. 3. Circunstancias del riesgo. El riesgo al que está sometido el peticionario de los Programas de Protección debe cumplir con las siguientes características: a) Debe ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse de un riesgo genérico. b) Debe ser concreto, es decir, estar basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas. c) Debe ser presente, esto es, no remoto ni eventual. d) Debe ser importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo cual no puede tratarse de un riesgo menor. e) Debe ser un riesgo serio, de materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede ser improbable. f) Debe tratarse de un riesgo claro y discernible, no de una contingencia o peligro difuso. g) Debe ser un riesgo excepcional, en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos. h) Debe ser desproporcionado, frente a los beneficios de protección que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo. 4. Identificación de Zona de Riesgo. La situación de riesgo deberá presentarse en el territorio nacional y la zona de riesgo debe ser identificada y delimitada en cada caso concreto”.

51 “Nivel de riesgo extraordinario, que las personas no están obligadas a soportar. Es este nivel el de los riesgos extraordinarios, que las personas no están jurídicamente obligadas a soportar, por lo cual tienen derecho a recibir protección especial de las autoridades frente a ellos. Para determinar si un riesgo tiene las características y el nivel de intensidad suficiente como para catalogarse de extraordinario y justificar así la invocación de un especial deber de protección estatal, es indispensable prestar la debida atención a los límites que existen entre este tipo de riesgo y los demás. Así, el riesgo en cuestión no puede ser de una intensidad lo suficientemente baja como para contarse entre los peligros o contingencias ordinariamente soportados por las personas; pero tampoco puede ser de una intensidad tan alta como para constituir un riesgo extremo, es decir, una amenaza directa contra los derechos a la vida e integridad personal de quien se ve sometido a él. En esa medida, los funcionarios estatales ante quienes se ponga de presente la existencia de determinados riesgos, deberán efectuar un importante ejercicio de valoración de la situación concreta, para establecer si dichos riesgos son extraordinarios. Para establecer si un riesgo puesto en conocimiento de las autoridades tiene una intensidad suficiente como para ser extraordinario, el funcionario correspondiente debe analizar si confluyen en él algunas de las siguientes características: (i) debe ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse de un riesgo genérico; (ii) debe ser concreto, es decir, estar basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas; (iii) debe ser presente, esto es, no remoto ni eventual; (iv) debe ser importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo cual no puede tratarse de un riesgo menor; (v) debe ser un riesgo serio, de materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede ser improbable; (vi) debe tratarse de un riesgo claro y discernible, no de una contingencia o peligro difuso; (vii) debe ser un riesgo excepcional, en la medida en que no es uno que deba ser soportado por la generalidad de los individuos; y (viii) debe ser desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo”. Corte Constitucional; Sentencia T-719 de 2003.

52 Corte Constitucional; Sentencia T-719 de 2003.

53 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 31 de enero de 2011; Exp. 17842.

54 Corte Constitucional; Sentencia T-719 de 2003.

55 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 20 de marzo de 2013; Exp. 25953.

56 Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencias del 28 de agosto de 2014; Exp. 27709.

57 Ver. Corte Constitucional; Sentencia C-165 de 1999. “Por consiguiente, no se vulnera el artículo 31 del estatuto superior, porque lo que este precepto prohíbe es agravar la situación del apelante único, que no es el caso a que se refiere la expresión aquí acusada. En efecto: el inciso segundo del artículo 31 precitado, establece que “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, quiere ello decir que “tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional. Es esta una manifestación del principio de congruencia, según el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: Tantum devolutum quantum appellatum”. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda pronunciarse, no solo debe mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquella que padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso. En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa”; Corte Constitucional , Sentencia SU-327/95.

58 “Ahora bien, de conformidad con el artículo 1613 del C.C., el daño material comporta el daño emergente y el lucro cesante; doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente como el lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y futuro. Por perjuicio consolidado se entiende aquel que existe, es el perjuicio cierto, que “ya se exteriorizó”, es “una realidad ya vivida”. En tratándose del daño emergente, consiste en los desembolsos, egresos, o gastos efectuados; si se trata del lucro cesante, consiste en que “se haya concluido la falta del ingreso”. Se considera perjuicio no consolidado aquella disminución del patrimonio de la víctima que sobrevendrá, es futuro; esta categoría se concreta en los desembolsos, egresos o gastos aún no efectuados (daño emergente futuro) y, en los ingresos que dejarán de percibirse (lucro cesante futuro)”; Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 2 de febrero de 2001; Exp. 18983

59 Ra= R (1.826.913 ) * índice final (febrero 2015: 118,91289) / índice inicial (sept 2000 fecha de los hechos: 61,70503)

60 Copia de la cédula de ciudadanía en la que se indica que nació el 27 de mayo de 1949.

61 Febrero 2015.

62 Resolución 497 de 1997 por la cual se modifica la Resolución 585 de 1994.

63 Para la fecha de ocurrencia de los hechos, la señora tenía 65 años.

64 Al momento de los hechos R. tenía una vida probable de 25.97 años correspondientes a 311,64 meses, de los que se habrá de sustraer el número de meses transcurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia, que como se dijo ad supra, corresponde a 171 meses para un total de 140,64 meses, lapso a indemnizar por lucro cesante futuro.

65 Ra= Rh * índice final (fecha de la sentencia de segunda instancia) / índice inicial (fecha de la sentencia de primera instancia). 167.132.482 * 118.91289 (febrero 2015) / 80.20885 (noviembre 2004) = 247.780.718

66 De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 63 del cuaderno principal, L.C.M. nació el 30 de abril de 1990.

67 Ra= Rh * índice final (fecha de la sentencia de segunda instancia) / índice inicial (fecha de la sentencia de primera instancia). 30.859.319 * 118.91289 (febrero 2015) / 80.20885 (noviembre 2004) = 45.750.198

68 De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 65 del cuaderno principal, C.I.C.M. nació el 22 de diciembre de 1987.

69 Ra= Rh * índice final (fecha de la sentencia de segunda instancia) / índice inicial (fecha de la sentencia de primera instancia). 25.170.531 * 118.91289 (febrero 2015) / 80.20885 (noviembre 2004) = 37.316.338

70 De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 64 del cuaderno principal, D.J.C.M. nació el 13 de septiembre de 1984.

71 Ra= Rh * índice final (fecha de la sentencia de segunda instancia) / índice inicial (fecha de la sentencia de primera instancia). 10.797.484 * 118.91289 (febrero 2015) / 80.20885 (noviembre 2004) = 16.007.710

72 De acuerdo con el registro civil de nacimiento obrante en el folio 66 del cuaderno principal, A.C.D. nació el 17 de junio de 1983.

73 Ra= Rh * índice final (fecha de la sentencia de segunda instancia) / índice inicial (fecha de la sentencia de primera instancia). 10.797.484 * 118.91289 (febrero 2015) / 80.20885 (noviembre 2004) = 16.007.710

74 Radicación: 110016000253200782701.

75 Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal; Sentencia del 12 de diciembre de 2012; Exp. 38222; aprobada en acta 458.