Sentencia 2002-00173 de junio 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 27001233100020020017301 (31033).

Demandante: José Jafeth Ibargüen Mosquera y otros.

Demandado: rama judicial y Fiscalía General de la Nación y otros.

Asunto: Apelación Sentencia de reparación directa.

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Bogotá D.C., junio veintisiete de dos mil trece.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Chocó, el día 10 de diciembre de 2003, mediante la cual denegó las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el día 31 de diciembre de 2001 (fl. 9 c. 1), el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, en nombre propio y en el de sus hijos Leidy, Héctor y Lenny Yomary Ibargüen Palacios, formularon demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el “Estado colombiano-rama jurisdiccional-Fiscalía General de la Nación”, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por el daño a ellos ocasionado, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el primero de las nombrados.

En este sentido se formularon las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. El Estado colombiano-rama jurisdiccional-Fiscalía General de la Nación, es judicial y administrativamente responsable de los perjuicios morales y materiales ocasionados a los demandantes, por la detención preventiva por el término de 11 meses, que injustamente purgó el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera y 6 años más vinculado al proceso, ya que no obstante haber sido absuelto el 4 de abril de 1995, por el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó, el fiscal de la causa impugnó la decisión, fallo que fue confirmado el 11 de septiembre del mismo año, contra el cual el fiscal interpuso recurso extraordinario de Casación, el cual fue despachado el 4 de abril del año 2001.

SEGUNDA. Condenar, en consecuencia, al demandado Estado colombiano rama jurisdiccional Fiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes o a quien represente sus derechos, como reparación o indemnización del daño ocasionado de los perjuicios de orden moral y material, objetivados y subjetivados, actuales y futuros los que se estimarán en forma razonada más adelante o conforme a lo que resulte probado en el proceso.

(…)

CUARTO. Condenar al Estado colombiano rama jurisdiccional Fiscalía General de la Nación, a pagar al señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, los salarios, primas, vacaciones, cesantías y demás emolumentos, desde el 1º de junio de 1994, que fue suspendido como servidor público de la Fiscalía General de la Nación, como producto de la medida de aseguramiento y la sanción moratoria de que trata el artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 244 de 1995.

(…)”.

Posteriormente, de manera oportuna, el demandante adicionó la siguiente pretensión:

“SÉPTIMA. Condenar al demandado a transferir los recursos necesarios, legales y pertinentes, con destino a la Caja Nacional de Previsión Social, o quien haga sus veces - donde estaba afiliado y cotizando mi prohijado para los efectos relacionados con la pensión de jubilación, de tal manera, que el tiempo suspendido le cuente para todos estos menesteres; es decir, desde el 1º de junio de 1994, hasta que se materialice o verifique el pago total, con los reajustes, intereses, indexación, etc.”.

En cuanto a la estimación de los perjuicios, solicitó:

— Para el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera la suma equivalente a 700 smlmv y para los demás demandantes el monto equivalente a 200 smlmv, para cada uno, por concepto de perjuicios morales.

— Por concepto de lucro cesante y daño emergente solicitó las siguientes sumas:

“1. $ 7.000.000 como deuda por la defensa dentro del proceso penal en sus diferentes fases, llegando hasta la H. Corte Suprema de Justicia y todo por los recursos infundados del fiscal de conocimiento.

2. Lucro cesante y daño emergente, los cuales se estiman en $ 600.000.000 como producto de la suspensión en el ejercicio del cargo de técnico II de la Fiscalía, desde el 1º, de junio de 1994, por concepto de salarios, vacaciones, prima vacacional, cesantías, intereses sobre cesantías, primas de navidad y demás prestaciones sociales, por cuanto el tiempo de suspensión provisional cuando hay exoneración de responsabilidad o absolución se cuenta para todos los efectos, incluyendo la sanción moratoria de que trata el artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo, y la Ley 244 de 1995, por el no pago de las cesantías, hasta que se verifique el pago total”.

2. Los hechos.

La parte actora narró, entre otros, los siguientes hechos:

“PRIMERO. La Fiscalía General de la Nación, inició proceso penal contra el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, en su condición de servidor de la aludida entidad, a quien se le endilgó la autoría material del reato de concusión, vinculándolo a través de versión exculpatoria y al momento de resolver situación profirió en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin derecho a libertad, sustituida por detención domiciliaria mediante el pago de caución prendaria, Resolución 0571, en forma simultánea solicitó suspensión en el ejercicio del cargo, la cual se hizo efectiva por el director de fiscalías, Resolución 076. Clausurada la investigación se calificó con Resolución de acusación 0038 del 17 de agosto de 1994, sosteniendo la privación de la libertad.

SEGUNDO. En la fase de juzgamiento, le correspondió al juzgado segundo penal del circuito de Quibdó, a lo cual una vez concluida la audiencia pública y atendiendo lo pedido por el Ministerio Público y la defensa, por falta de pruebas que comprometieran la responsabilidad del señor Ibargüen Mosquera, lo absolvió de todo cargo, sentencia que fue confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, recurrida en casación por el mismo fiscal, denegado por la H. Corte Suprema de Justicia el 4 de abril del año 2001.

TERCERO. El señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, permaneció privado de la libertad en forma injusta, ilegal y arbitraria, por un hecho que no se logró probar su existencia; y mucho menos por lógica, su responsabilidad frente al mismo, imponiéndose el principio de presunción de inocencia, porque nadie está obligado a demostrar que es inocente, sino el Estado a través de sus autoridades a probar su responsabilidad. Fue el Ministerio Público, juzgado, tribunal y la H. Corte Suprema de Justicia, quienes llegaron a dicha conclusión, generando perjuicios de todo orden en sus hijos, detención injusta que llevó a la separación del cargo y siendo absuelto o exonerado, la misma entidad no pagó los salarios, primas, vacaciones, cesantías, intereses, etc.”.

Posteriormente, en escrito presentado de manera oportuna, el demandante adicionó los siguientes hechos a la demanda:

“QUINTO. La Fiscalía General de la Nación, como ya se dijo, suspendió en el ejercicio de sus funciones al señor Jafeth Ibargüen Mosquera, atendiendo una solicitud de autoridad judicial y profirió la Resolución 076 de junio 1º de 1994, que es, un acto preparatorio que habilita para tomar una decisión final, fue absuelto, revocada e informada la providencia a la entidad, desde 1995, en abril, providencia que es de cumplimiento inmediato y no obstante, la entidad —Fiscalía— por acto administrativo 410 de Junio 1º de 1996, decidió unilateralmente mantenerlo suspendido, hasta tanto quedara en firme la providencia absolutoria. Quedó ejecutoriada, se ofició y el ente acusador, se negó a efectuar algún pronunciamiento legal.

SEXTO. El ente acusador, cometió una vía de hecho y omisión, al no producir un acto administrativo con fuerza vinculante, que resolviera la suspensión provisional del señor Ibargüen Mosquera. Desconoció aquel aforismo que reza “en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Por disposición legal y reglamentaria, cuando una persona se suspende y es absuelto, adquiere derecho a reintegro, sin ninguna otra consideración”.

3. Contestación de la demanda.

3.1. La dirección ejecutiva de administración judicial.

Indicó que en caso de que se considerara que existiera alguna falla en el servicio por los hechos narrados en la demanda, la condena habría que recaer en la Fiscalía General de la Nación, comoquiera que cuenta con autonomía propia, tanto administrativa como presupuestal.

3.2. La Fiscalía General de la Nación.

Afirmó que tanto la medida de aseguramiento impuesta, como la investigación iniciada se enmarcaron en la Constitución y la ley, motivo por el cual no resulta posible reclamar indemnización alguna por las actuaciones normales y regulares de la administración de justicia.

Sostuvo que la medida de aseguramiento no fue caprichosa, ni ligera, en cuanto se efectuó con fundamento en las pruebas legalmente allegadas al proceso y en cumplimiento de las funciones que la Constitución Política le confió a la Fiscalía General de la Nación.

Argumentó que se había actuado con apoyo en el artículo 250 de la Constitución Política y el artículo 120 del Código de Procedimiento Penal.

Sostuvo que para proferir tanto la medida de aseguramiento como la resolución de acusación no era necesario que en el proceso existieran pruebas que acreditaran con certeza sobre la responsabilidad penal del sindicado, dado que este grado de convicción sólo resulta indispensable para proferir la sentencia condenatoria.

En relación con los hechos que fueron adicionados por el demandante, la Fiscalía General de la Nación se pronunció en el siguiente sentido:

“Sobre la solicitud de reintegro, la entidad que represento ha sido enfática en señalar que no es posible acceder favorablemente a tal petición, toda vez que respecto de los hechos a que alude el demandante y por los cuales fue exonerado penalmente, se inició proceso disciplinario en su contra por parte de la Procuraduría Provincial de Quibdó, investigación que culminó con sanción disciplinaria de destitución, mediante Resolución 0-2790 del 19 de diciembre de 1994, confirmada por la Resolución 0-1030 del 8 de mayo de 1995, proferidas por el Fiscal General de la Nación.

Es de aclarar, que las anteriores resoluciones fueron proferidas en acatamiento de la providencia de fecha abril 15 de 1994, expedida por la Procuraduría Provincial de Quibdó, mediante la cual resolvió solicitar la imposición de una sanción disciplinaria en contra del señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, en calidad de secretario del juzgado 15 de instrucción criminal de Quibdó.

(…)

Así mismo, el actor, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el tribunal Contencioso Administrativo de Quibdó, solicitando la nulidad de los anteriores actos administrativos, corporación que en Sentencia del 19 de marzo de 1998 se pronunció negando las pretensiones de la demanda.

Este fallo fue apelado y el Consejo de Estado en Sentencia del 1º de febrero de 2001, revocó la Sentencia del 19 de marzo de 1998 y en su lugar se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo, al considerar que sólo se demandaron los actos de destitución emanados por la Fiscalía General de la Nación y no se controvirtió la decisión de la procuraduría.

De tal manera que, al estar en firme la sanción disciplinaria de destitución, no es posible para la entidad efectuar el reintegro solicitado por el actor, cuando considera que la absolución dentro del proceso penal adelantado en su contra se encuentra en firme”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia.

4.1. La parte demandante.

Indicó que la detención preventiva sufrida por el señor Ibargüen fue injusta y arbitraria, contraria a lo ordenado en el artículo 250 de la Constitución Política, al tiempo que, en la medida en que no se logró probar la responsabilidad penal del sindicado se imponía dictar sentencia absolutoria.

Expuso que de aceptarse la tesis según la cual toda persona está en la obligación de soportar una medida de aseguramiento, sería tanto como atentar con el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia.

Agregó lo siguiente:

“Al contestar la demanda aduce el apoderado del demandado, sin ningún elemento de juicio probatorio de su afirmación, que mi cliente fue sancionado con destitución en mayo 8 de 1995. Pero olvida dos cosas muy importantes y, que, reposan en el expediente. Primera. La sanción de destitución jamás se ejecutó, porque al señor Jafeth Ibargüen, no lo retiraron de la entidad como producto de ella, para que surtiera o produjera efectos jurídicos, sino que lo dejaron suspendido. Segunda. Cuando supuestamente le imponen la sanción, sin prueba de haber sido ejecutada, ya había sido absuelto por un juez de la República y por esa sola razón, había adquirido el derecho al reintegro y pago del lapso de tiempo suspendido. La sanción no rige a partir del momento en que se impone, sino cuando se ejecuta según el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, y demás disposiciones relativas al asunto en materia disciplinaria.

En este orden de ideas, primero desaparecieron los fundamentos de hecho y derecho que originaron la suspensión, para que se profiriera el reintegro; que lo que (sic) originaría la ejecución de la sanción disciplinaria. Pero un acto administrativo no puede ser más poderoso o prevalente que una sentencia judicial. El demandado lo único que aduce es que el señor Jafeth Ibargüen ha interpuesto acciones de tutela, cuando se le solicitó facilitar la prueba de la ejecución de la sanción, lo cual equivale a otra cosa. Las meras afirmaciones no son pruebas para infirmar o demostrar nada.

Miremos las consecuencias. Si aceptamos que Jafeth Ibargüen fue sancionado en mayo de 1995, cuando fue absuelto en abril 4 de 1994, tiene derecho al pago de los salarios, primas, vacaciones, cesantías y demás emolumentos, desde el 1º de junio de 1994, hasta la fecha en que se pruebe que se le ejecutó la sanción, no probado”.

4.2. La parte demandada.

La Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto en la contestación a la demanda, al tiempo que agregó que no se había incurrido en falla en el servicio, puesto que la resolución por medio de la cual se calificó el mérito del sumario había sido proferida luego de un detallado y juicioso análisis de las pruebas recaudadas, motivo por el cual no pueden considerarse como equivocadas no obstante que se hubiere absuelto al sindicado.

El Ministerio Público guardó silencio.

5. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia proferida el 10 de diciembre de 2003, denegó las súplicas de la demanda.

La decisión se fundamentó, principalmente, en los siguientes argumentos:

“Luego la medida de aseguramiento se tomó basándose en las pruebas allegadas al proceso, las cuales determinaban la probable responsabilidad del señor Ibargüen Mosquera, en los hechos investigados, por lo anterior su detención no fue injusta, ya que contra él existía indicio grave de responsabilidad, por lo tanto la medida no fue violatoria de la ley, pues como quedó dicho basta la existencia de graves indicios en contra del procesado (CPP, art. 388).

Para que resulte comprometida la responsabilidad del Estado, por error judicial se requiere que la detención preventiva haya sido el resultado de una manifiesta equivocación o de una arbitrariedad, que no se ajustó a las disposiciones legales, por error de hecho o de derecho y tales circunstancias no resultaron probadas en este proceso, al contrario, la decisión del fiscal fue proporcionada y acorde con la ley.

En conclusión el hecho de que el señor Jafeth Ibargüen Mosquera, haya sido absuelto por el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó, mediante Sentencia del 4 de abril de 1995 no puede considerarse que la detención preventiva haya sido contraria a derecho, constitutiva de error judicial”.

6. La apelación.

La parte demandante indicó que el análisis efectuado por el tribunal a quo se fundamentó en las modificaciones que en materia de privación injusta de la libertad fueron introducidas en la Ley 270 de 1996 y la interpretación que la Corte Constitucional realizó respecto de dichas normas, cuando lo procedente era estudiar los hechos de conformidad con la legislación anterior —artículo 414 del Código de Procedimiento Penal— vigente para la época de los hechos, disposición según la cual para que procediera la indemnización por privación injusta se requería que la absolución, entre otras causales, obedeciera a que el sindicado no hubiere cometido el delito que se le imputó, como ocurrió en este caso.

Así, independientemente de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso penal, lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación no pudo demostrar la responsabilidad del sindicado, motivo por el cual, en garantía del derecho a la libertad y la presunción de inocencia, debía declararse responsable al Estado.

Finalmente adujo:

“Si se observa detenidamente el fallo, en la parte motiva se dedica a examinar la responsabilidad del Estado, por la privación de la libertad, lo cual es sólo una de las pretensiones. En cuanto a la petición cuarta y séptima, se niegan, pero sin efectuar ningún análisis del por qué se niegan; cuando nada tienen que ver con que la privación de la libertad sea justa o injusta, sino, con la suspensión en el ejercicio del cargo y posterior absolución, lo cual le da el derecho al pago de los emolumentos con fundamento en las normas positivas citadas y explicadas. Luego hubo una absoluta ausencia de motivación, una omisión que no tiene excusa, cuando la Sala conoce plenamente de ello.

(…)

Contrario a lo afirmado por la parte demandada que la acción de nulidad y restablecimiento impetrada por mi cliente terminó de manera desfavorable, no es cierto. Es una afirmación incompleta y absolutamente falsa. En el proceso citado rdo. 1995-2391 ante el tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, no ha recaído fallo definitivo que haga tránsito a cosa juzgada formal y material. Lo que en eso se discute, nada tiene que ver con lo aquí reclamado; pero como no es el tema, no suministro más explicaciones. Lo que no puede quedar en el limbo es el lapso de tiempo comprendido entre junio 1º de 1994, en que fue suspendido del cargo mi cliente, hasta el 8 de mayo de 1995, se dice fue destituido, cuando ya desde abril 4 del mismo año —o sea antes— había sido absuelto; habían desaparecido los fundamentos de hecho y derecho que originaron la suspensión y para obtener el derecho al pago, sólo basta eso”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

La Fiscalía General de la Nación insistió en lo expuesto tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión de primera instancia.

La parte demandante y el Ministerio Público guardó silencio.

II. Consideraciones

1. Prelación de fallo(1). 

En la actualidad la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del correspondiente magistrado ponente.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16(2), permite decidir sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor José Jafeth Ibargüen Mosquera.

Respecto del tema antes referido, la sección tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(3).

Así las cosas, dado que en relación con los hechos materia del presente asunto existe una jurisprudencia consolidada y reiterada de esta corporación, la subsección procederá a decidir este proceso de manera anticipada con el fin de reiterar su jurisprudencia.

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la providencia mediante la cual la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Quibdó, a través de la cual, a su vez, confirmó el proveído absolutorio a favor del señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, dictado por el juzgado segundo penal del circuito de la misma ciudad, se profirió el día 4 de abril de 2001(4) y la demanda se formuló el 31 de diciembre de 2001 (fl. 9 c. 1).

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la sección tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la sección tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(5)—.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

4.- El material probatorio que obra en el proceso.

— Al proceso se allegó, por parte del juzgado segundo penal del circuito de Quibdó, copia auténtica de algunas de las piezas procesales relacionadas con la investigación penal adelantada contra el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, con ocasión del cual se le privó de su libertad, las cuales serán valoradas por la corporación por cuanto se solicitaron como prueba por la parte demandante y se adelantaron con audiencia de la propia entidad demandada.

Los documentos allegados fueron los siguientes:

— Resolución de fecha 30 de mayo de 1994 a través de la cual la fiscalía especializada de patrimonio -fiscalía sexta del circuito de Quibdó, dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, contra el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, por el delito de concusión (fls. 226-240 c. 2).

— Oficio 571 del 30 de mayo de 1994, mediante el cual el fiscal sexto de patrimonio económico le solicitó al director seccional de fiscalías suspender al señor José Jafeth Ibargüen Mosquera del cargo de asistente judicial II de la fiscalía primera especializada de vida (fl. 243 c. 2).

— Resolución 076 del 1º de junio de 1994, a través de la cual la Fiscalía General de la Nación suspendió en el ejercicio del cargo al señor José Jafeth Ibargüen Mosquera (fl. 251 c. 2).

— Providencia de fecha 17 de agosto de 1994, mediante la cual se dictó resolución de acusación contra el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, como presunto autor del delito de concusión (fls. 389-404 c. 2).

— Sentencia 006 del 4 de abril de 1995, mediante la cual el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó absolvió al señor José Jafeth Ibargüen Mosquera del delito de concusión y, en consecuencia, revocó la detención domiciliaria que se le había impuesto (fls. 525 a 542 c. 2).

La anterior providencia se fundamentó, principalmente, en los siguientes argumentos:

“(…) Antes de proseguir con el análisis del prontuario procesal, cabe denotar que aparte de las afirmaciones contradictorias que sobre la entrega del dinero a Jafeth Ibargüen Mosquera y de la presencia de éste en esta ciudad, suministran los familiares de Javier Mosquera Agualimpia, ningún otro particular da fe de este situación, cosa que llama mucho la atención y por lo mismo engendra sospecha que quizás pudo armarse un complot familiar para causar agravio en el empleado oficial en donde cursaba el proceso que de alguna afectó los intereses de Mosquera Agualimpia, circunstancia que tampoco obra probada en el sumario, pero que por las incoherencias que arroja la investigación, se presume.

(…)

Continuando con nuestro análisis probatorio, tenemos que Javier Mosquera Agualimpia fue enfático en aseverar que fue Jafeth Ibargüen Mosquera la persona que le facilitó el teléfono del juzgado donde éste laboraba, para que a través de aquél lo llamara para mantenerlo al tanto de lo que sucediera en su caso y que para tal efecto, en los diálogos emplearían “claves”. De creerse esta afirmación de Mosquera Agualimpia, es admisible también que pudo haber sido el abogado que contrató Javier para que lo representara Dr. Luis Alberto Velasco Reyes, ya que según lo hizo conocer el procesado Ibargüen en su injurada, hecho que tampoco está desvirtuado, éste se lo solicitó al momento de hacer presencia en el recinto del Juzgado; circunstancia que en ningún instante descartó el citado profesional al rendir declaración a través de funcionario comisionado.

(…)

De otro lado, no logró demostrarse las circunstancias de tiempo en que se presentaron los hechos que incriminan a Ibargüen Mosquera, se dice que entre los meses de agosto, septiembre y octubre, pero los incriminadores no precisan las fechas exactas en que presuntamente entregaban el dinero al supuesto concusionista. Por el contrario, la investigación sí logró establecer con las pruebas recaudadas en la fase del juicio, que durante los meses arriba descritos, el encartado en razón de su oficio estuvo fuera de su sede en comisión oficial, con lo que no se descarta que pudo suceder tal como lo afirma el propio acusado, cuando dice que para las fechas en las cuales se le atribuye la entrega de dineros no se encontraba en la ciudad.

En criterio de nuestro máximo tribunal de Justicia que sobre pruebas incompletas, deficientes o sobre una no firme demostración de culpabilidad, no puede edificarse jamás la emisión de un fallo condenatorio, pues como antes se expresó las exigencias que hacen posible esta medida son rigurosas, inflexibles, rígidas e inquebrantables.

Los argumentos esbozados no generan la certeza probatoria de ser Jafeth Ibargüen Mosquera el responsable del delito de concusión que se le imputa, por el contrario, tal como lo han sostenido el Ministerio Público y Defensa en sus oportunas intervenciones realizadas en la vista pública, campea un mar de dudas, que al no poderse desvirtuar por los medios legales, debe tenerse al tenor de lo dispuesto en el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, a favor del procesado y que mejor procedimiento que consagrarlo con un fallo absolutorio por no estar demostrado con certeza su participación en la comisión del ilícito.

Sobre la duda o in dubio pro reo léxico con que se conoce en la esfera jurídica, ha dicho nuestro máximo tribunal de Justicia: (…).

— Providencia del 11 de septiembre de 1995, a través de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, confirmó la Sentencia de primera instancia.

— Auto del 9 de mayo de 2001, mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, dispuso:

“Obedézcase y cúmplase lo dispuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal la cual declaró impróspera la demanda de casación presentada. En consecuencia devuélvase este asunto al Juzgado de origen previas las anotaciones del caso en los libros radicadores”.

5. El caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la corporación encuentra que el demandante José Jafeth Ibargüen Mosquera fue privado de su derecho fundamental a la libertad desde el 30 de mayo de 1994 hasta el 4 de abril de 1995, sindicado como autor del delito de concusión; sin embargo, el juzgado segundo penal del circuito absolvió al acusado, debido a que no se comprobó su autoría, responsabilidad o participación en el hecho punible, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —que el sindicado no cometió el delito—, según los precisos términos del ya derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

La Sala precisa que, contrario a lo que sostuvo la parte demandada y como se expresó en algún aparte de las resoluciones antes aludidas, la referida absolución no devino, finalmente, de la aplicación del principio in dubio pro reo, comoquiera que de la lectura de la referidas decisiones se impone concluir que tal determinación acaeció de la circunstancia de que no se logró establecer la responsabilidad penal del señor Ibargüen Mosquera, sin que en dichas decisiones aparezca la aplicación del postulado antes aludido como pilar para ordenar la mencionada sentencia absolutoria.

A tal efecto, por tanto, cabe precisar que resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(6).

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con esta clase de perjuicios, la Sala ha admitido la existencia de una presunción consistente en que la sola privación injusta de la libertad, según las reglas de la experiencia, produce sentimientos de tristeza y dolor, situación que da lugar a su reparación(7). Asimismo se ha dicho que, con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio, se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(8), según corresponda.

Respecto del monto al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala, el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto. En este sentido se ha manifestado:

“4.1. Morales: Conforme a lo expresado en Sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha precisado, por el contrario, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(9).

En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos legales mensuales para todos los demandantes, esto es, para Martha Esperanza Ramos de Echandía, Mary Gema Rodríguez de Ramos, y Anibal Ramos Oviedo, estos últimos padres de la afectada directa, según los registros civiles aportados con la demanda, y a los cuales se hizo referencia en el capítulo 2 de esta providencia(10).

Ahora bien, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(11), debe presumirse, que el peticionario ha padecido el perjuicio solicitado.

De otra parte, si bien en la demanda se deprecó como perjuicio moral una suma que asciende al valor de 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, es relevante precisar que en el sub judice no se presenta el perjuicio en su mayor magnitud (v.gr. eventos de muerte), sino que la aflicción de los demandantes, al menos, se prolongó no sólo durante el período en que la señora Ramos Echandía estuvo privada de la libertad, sino que se extiende hasta el momento en que quedó ejecutoriada la decisión que la absolvió de las imputaciones penales a ella formuladas; se tiene en cuenta además, la posición social de quien fuera privada de la libertad, su prestigio como profesional del derecho que indudablemente resulta afectado, la ancianidad de los padres, y las demás particularidades que en este tópico enseñan los autos; en esas condiciones, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral y con fundamento en el arbitrio judicial, las sumas de dinero establecidas en el cuadro señalado a continuación, para cada uno de los demandantes”(12).

Se reitera, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que hubieren sido privadas injustamente de su libertad(13); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(14), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(15).

Ahora bien, teniendo en cuenta el tiempo que el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera permaneció privado de su libertad, esto es más de 10 meses y la gravedad de los delitos por los cuales fue acusado, esta subsección considera que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 80 smlmv.

En cuanto a la prueba del parentesco en el caso concreto que aquí se examina, de los certificados de registro civil que fueron aportados al proceso —fls. 111 a 113 c. 1— se demostró que Lenny Yomary, Leidy Liliana y Héctor Hafeth Ibargüen Palacios, son los hijos del señor José Jafeth Ibargüen Mosquera.

De manera que, en relación con los hijos de la víctima directa, en aplicación de la presunción antes aludida, se observa que hay lugar a reconocer a cada uno de ellos el monto equivalente a 80 smlmv.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro Cesante.

Acerca del reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la privación injusta de la libertad, la Sala ha dicho:

“En relación con estos pedimentos, advierte la Sala que la demanda no conceptúa adecuadamente las nociones de daño emergente y lucro cesante. Éstas se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:

“Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (negrillas fuera del texto original).

El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago —que la parte actora solicita— de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima. Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño emergente”(16).

Respecto de los criterios que deben tenerse en cuenta para reconocer la indemnización de este perjuicio, la jurisprudencia ha exigido que éste debe ser cierto:

“El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública(17). Esa demostración del carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio de marras”(18).

En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterada que para la procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, desarrollaba alguna actividad económica(19).

En el expediente obran varios documentos que dan cuenta de que el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera al momento en el cual fue privado de la libertad se desempeñaba como técnico judicial II de la fiscalía primera especializada de vida de Quibdó, no obstante, las mencionadas piezas procesales no brindan certeza acerca de la suma exacta que el señor Ibargüen Mosquera derivaba con ocasión de la labor económica realizada.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que para el año 1994 fueron proferidos varios decretos que fijaron los sueldos mensuales de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, dependiendo del régimen al cual se hubieren acogido de conformidad, a su vez, con el Decreto 2699 de 1991.

Para mayor claridad en relación con este tema, vale la pena reseñar el siguiente pronunciamiento dictado por la sección segunda del Consejo de Estado:

“1) Régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación.

Esta corporación ha reiterado en asuntos de esta naturaleza, que con la creación de la Fiscalía General de la Nación por la Constitución de 1991, se expidió del estatuto orgánico de la entidad, Decreto 2699 de 1991, en el cual se estableció su régimen salarial y prestacional(20).

Por las parte los artículos 63 y 64, del citado estatuto, preceptúan:

“ART. 63.—El régimen prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación será el establecido por la ley para los servidores de la rama judicial. El reconocimiento y pago de las cesantías seguirán realizándose por intermedio de las direcciones nacionales y seccionales de administración judicial, mientras la fiscalía los asume directamente”.

“ART. 64.—El Fiscal General establecerá la nomenclatura de empleos, teniendo en cuenta los niveles establecidos en ese Capítulo e incorporando los distintos servidores a la planta de personal establecida para la fiscalía.

En ningún caso tal reglamentación implicará el desmejoramiento del sueldo que se tenga al momento de la incorporación.

“PAR. 1º—Las personas que se vinculen por primera vez o se acojan a la escala salarial prevista en el artículo 54, solo tendrán derecho al sueldo que corresponda al cargo según la nomenclatura y escala de salarios aquí señalados; no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación u otras especiales que estuvieren percibiendo antes de su incorporación a la nueva planta.

Si por razón de estas primas tuvieren un sueldo superior al que les corresponde en el nuevo cargo, seguirán percibiendo éste hasta su retiro y sobre dicho sueldo se liquidaran los incrementos anuales en el porcentaje que señale la ley.

2. Las actuales fiscalías de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores de aduana, y de orden público, pasarán a la Fiscalía General de la Nación. Igualmente pasaran a la Fiscalía General de la Nación. La dirección nacional y las direcciones seccionales de instrucción criminal, el cuerpo técnico de policía judicial, y los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden público y penal aduanera.

Para los Jueces municipales la implantación se podrá extender por el término de cuatro años contados a partir de la expedición de la Constitución Nacional. Igualmente se incorporarán los funcionarios y empleados de la dirección nacional de medicina legal del Ministerio de Justicia con sus dependencias seccionales, al Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, creado por este decreto.

3. Los funcionarios y empleados mencionados anteriormente, podrán optar por una sola vez, entre el régimen salarial y prestacional que actualmente tienen o la escala de salarios prevista en el artículo 54 de este estatuto. Dicha opción podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la incorporación del funcionario o empleado a la Fiscalía General de la Nación”.

Conforme a la norma trascrita quienes se vincularan por primera vez o se acogieran a la escala salarial indicada sólo tendrían derecho al sueldo correspondiente al cargo, según la nomenclatura y escala de salario sin las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación u otras que estuvieren percibiendo antes de su incorporación.

El parágrafo 3º de la norma citada permite a los empleados incorporados optar por el régimen antiguo.

Esta opción es otorgada por el legislador, en la mayoría de los regímenes nuevos que cambian la naturaleza de una entidad o la reestructuran, en relación con los empleados que vienen desempeñando las funciones, para evitar la violación de los derechos adquiridos, es decir, se ordena un régimen de transición o les otorga la posibilidad a los nuevos empleados de optar por escoger entre el antiguo y el nuevo.

En el mismo sentido, conviene precisar, como ya lo ha reiterado esta corporación que esta escogencia del nuevo régimen implica su selección tanto en lo favorable como lo desfavorable, de manera que no es procedente, escoger lo favorable de uno u otro, pues ello violaría el principio de inescindibilidad del régimen(21).

En consecuencia a partir de la expedición del Decreto aludido en la naciente Fiscalía General de la Nación sólo se consagró una escala salarial para quienes optaran por el régimen nuevo que creó y contempló la posibilidad de acogerse al régimen del cual venían gozando los empleados.

Por medio de la Ley 4ª de 1992, se señalaron las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y en esta norma se ordenó revisar “el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de nivelación o reclasificación, atendiendo criterios de equidad” (art. 14, par.).

Por medio del Decreto 900 de junio 2 de 1992 se “fija la escala de remuneración para los empleos de la Fiscalía General de la Nación” con efectos a partir de enero 1º y se modificó en lo pertinente el Decreto 2699 de 1991.

El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 4ª de 1992 el 7 de enero de 1993, expidió los siguientes decretos salariales y prestacionales aplicables a servidores de la jurisdicción y la Fiscalía General de la Nación, así:

El Decreto 51 de enero 7 de 1993 “por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público y de la justicia penal militar”, determinó para este año los salarios y dispuso:

“ART. 26.—Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar, que no opten por el régimen especial establecido en el desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 [...]”.

El Decreto 57 de enero 7 de 1993 “por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar”, que es aplicable a los servidores citados que se acogieron al nuevo régimen y, en ninguno de sus apartes, se hace extensivo a los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

El Decreto 52 de enero 7 de 1993 “por el cual se fija la escala de remuneración para los empleos de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, con efectos fiscales a partir de enero 1º y delimitó su campo de aplicación, así:

“ART. 13.—Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación que no opten por el régimen especial establecido en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 […]”.

La norma anterior derogó el Decreto 900 de 1992 y fijó una nueva escala salarial.

El Decreto 53 de enero 7 de 1993 “por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación”,(22) en su artículo 2º autorizó a los servidores “vinculados” de la entidad hasta el 28 de febrero de 1993 para optar por este régimen, por una sola vez, y determinó que quienes no opten por este régimen continuarán rigiéndose por las normas legales vigentes a la fecha y en el artículo 3º fijó, a partir del 1º de enero de 1993, la remuneración mensual de los empleos de la Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que venían con su anterior régimen salarial y prestacional (23) lo conservaron.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 104 de enero 13 de 1994, reguló la materia salarial y prestacional para la rama judicial, el Ministerio Público y la justicia penal militar, dirigido a los funcionarios que siguieron con el régimen anterior, es decir, aplicable a quienes no optaron por el régimen especial establecido en desarrollo del artículo 14 de la ley 4ª de 1992.

El Decreto 84 de enero 10 de 1994, fijó la asignación básica para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, que no optaron por el régimen especial previsto en el Decreto 53 de 1993 y derogó el Decreto 52 de 1993, además de que la escala salarial allí señalada regula el denominado régimen especial, que anteriormente establecía el artículo 54 del Decreto 2699 de 1991, y los decretos 900 de 1992 y 52 de 1993.

El Decreto 108 de enero 13 de 1994, consagró normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, aplicable de acuerdo con el artículo 1º a los servidores vinculados al servicio del organismo con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993; le otorga una nueva posibilidad de optar por el nuevo régimen allí consagrado; y deroga el Decreto 53 de 1993.

Entonces, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que venían con el régimen anterior salarial y prestacional continuaron con éste, con las modificaciones e incrementos determinados en el Decreto 104 de 1994.

El Decreto 47 de enero 10 de 1995, reguló la materia salarial y prestacional para la rama judicial, el Ministerio Público y la justicia penal militar, dirigido a los funcionarios que siguieron con el régimen anterior.

El Decreto 50 de enero 10 de 1995, fijó la asignación básica para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, que no optaron por el régimen especial previsto en el Decreto 53 de 1993 y 108 de 1994, derogó el Decreto 84 de 1994 y reguló la escala salarial que anteriormente regularon el artículo 54 del Decreto 2699 de 1991, el Decreto 900 de 1992 y el Decreto 52 de 1993 y el 84 de 1994.

El Decreto 49 de enero 10 de 1995, consagró normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, aplicable a los servidores vinculados al servicio del organismo con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993 y derogó el Decreto 108 de 1994.

Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que venían con el régimen anterior continuaron con dicho régimen que para el año de 1995 se determinó en el Decreto 47 de 1995”(24).

De conformidad con lo anterior, para el año 1994, a los funcionarios que no optaron por el régimen previsto en el Decreto 53 de 1993, se les aplicaba, para efectos de determinar su remuneración, el Decreto 84 del 10 de enero de 1994; por su parte, para quienes sí decidieron acogerse al nuevo régimen, se les aplicaba el Decreto 108 del 13 de enero de 1994.

En este sentido, de conformidad con el Decreto 84 un empleado de la Fiscalía General de la Nación grado II —como ocurre en este caso— tenía como asignación básica la suma de $ 129.553; por su parte, según el Decreto 108, un técnico judicial II devengaba el monto de $ 453.750.

Ahora bien, a pesar de que el Decreto 108 de 1994 previó de manera expresa la asignación específica para el cargo de técnico judicial II, empleo que para el momento en que fue privado de la libertad desempeñaba el señor Ibargüen Mosquera, lo cierto es que para esta Sala no hay certeza acerca del régimen al cual decidió acogerse, según lo antes expuesto, en la medida en que no hay prueba alguna en este sentido, al tiempo que tampoco existe conocimiento acerca del momento en que fue vinculado a la Fiscalía General de la Nación, parámetro que podría ser de gran utilidad para efectos de determinar el régimen aplicable a la víctima directa del daño.

Con todo, la Sala, con el propósito de definir de manera concreta y precisa la totalidad de los extremos de la litis y en aplicación de los principios de equidad, proporcionalidad y reparación integral, procederá a efectuar un promedio entre las sumas previstas tanto en el Decreto 84 de 1994, como en el Decreto 108 de ese mismo año, para efectos de determinar el ingreso base para realizar la liquidación por concepto de lucro cesante.

De igual forma, en la liquidación debe agregarse el factor prestacional correspondiente para determinar el ingreso base y sumar al lapso durante el cual el señor Ibargüen Mosquera estuvo privado de la libertad, más el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel, esto es 8.75 meses(25).

Lo anterior, comoquiera que hay certeza de que el señor Ibargüen Mosquera, una vez le fue revocada la medida de aseguramiento e, incluso, luego de que la sentencia por medio de la cual se le absolvió de todo cargo quedó en firme, no fue reintegrado a su trabajo.

En este orden de ideas, procederá la subsección a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su detención (1994): $ 291.652(26)

Período a indemnizar: 18,88 meses(27)

Índice final: de 2013 mayo (último conocido): 113.47

Índice inicial: julio de 1996: 24.23

Actualización de la base:

65
 

RA = $ 291.652 x 4.67 = $ 1.364.931; a esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se presume son devengadas por cada trabajador.

Así: 1.364.931 x 0.25 = 341.233 + 1.362.015 = 1.706.164

De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $ 1.706.164 como ingreso base de liquidación.

66
 

Total perjuicios materiales por lucro cesante: treinta y dos millones doscientos doce mil trescientos setenta y seis pesos ($ 32.212.376).

6.2.2. Daño emergente.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos que el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera habría tenido que realizar por concepto del pago de honorarios del abogado que lo representó durante el curso del correspondiente proceso penal.

Al respecto la subsección estima procedente la indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es las sumas específicas de dinero que debió cancelar la actora a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este litigio— es posible determinar que el señor Ibargüen Mosquera sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño deprecado.

Ahora bien, la circunstancia de que en el expediente no exista constancia del quantum al cual debe ascender la indemnización por concepto del daño emergente, no constituye óbice que impida a la Sala proceder a la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen parámetros objetivos que el juez puede y debe aplicar en aquellos eventos en que, como el presente, resultan indispensables para definir de manera concreta e inmediata —sin mayores dilaciones— los extremos del proceso sometido a conocimiento del operador judicial.

En este sentido, tanto el Código Contencioso Administrativo, como el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las expensas judiciales y las agencias en derecho causadas durante el trámite de la litis.

Las agencias en derecho pueden definirse como “la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra ésta y aquel(28)(29).

Los numerales 3º y 4º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, disponen que el magistrado ponente fijará las agencias en derecho con aplicación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) calidad y iii) duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Los mencionados supuestos deben valorarse por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

El Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló los siguientes criterios para su liquidación:

“ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

“PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.

Con todo, al revisar el citado acuerdo, se encuentra que allí no se regularon las tarifas mínimas y máximas, para efectos de liquidar las agencias en derecho causadas en un proceso penal. Lo anterior encuentra justificación en la sencilla pero potísima razón de que en los procesos de naturaleza penal, salvo casos específicos, en los eventos en los cuales el proceso termina por preclusión o fallo absolutorio, no hay lugar fijar agencias en derecho(30).

Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que el Acuerdo 1887, para efectos de fijar las tarifas de las agencias en derecho, se fundamenta, principalmente en el monto de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia correspondiente, circunstancia que al momento de pretender aplicarse en un proceso penal, por obvias razones, encuentra dificultades, en la medida en que, en estricto sentido, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se fundamenta, generalmente, en la formulación de pretensiones de índole económica.

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 4º del mencionado Acuerdo 1887, fija un parámetro que bien puede ser de utilidad en casos como el presente en los cuales se pretende calcular, de nuevo, de manera objetiva, razonable y proporcional, los gastos generados por concepto de la defensa judicial en un proceso penal.

Dice el aludido parágrafo:

“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

“PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o ésta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (se resalta y subraya).

Así las cosas, para liquidar las agencias en derecho tratándose de los procesos judiciales que terminen con sentencia sólo declarativa, deberán tenerse en cuenta los criterios previstos en el artículo 3º de ese acuerdo y en ningún caso deberá superar el monto equivalente a 20 smlmv.

En la misma dirección, la Sala considera pertinente tener en cuenta, como criterio auxiliar, las tarifas que por concepto de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado han sido fijadas por la corporación Colegio Nacional de Abogados —Conalbos—, en la medida en que allí se hace una discriminación detallada acerca del monto al cual podrían ascender los honorarios de un Profesional del Derecho que ejerza la representación en un proceso penal, dependiendo de las actuaciones que éste realice.

En este sentido, según la mencionada corporación, las siguientes son las tarifas que por concepto de honorarios corresponderían a un abogado que ejerza la representación judicial en un proceso penal:

“18. Derecho penal.

18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.

18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal vigente.

18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6. Asistencia a indagatoria.

18.6.1. Ante juez penal municipal. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.

Si se trata de versión libre: se cobrará el honorario respectivo disminuido en un 50%

18.7. Etapa instructiva.

18.7.1. Ante fiscal local. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.2. Ante fiscal seccional. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.3. Ante fiscal especializado. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.4. Ante fiscal delegado ante tribunal. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.5. Ante magistrado Sala Penal de la Corte. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.8. Etapa de Juicio.

18.8.1. Ante los juzgados penales municipales. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.2. Ante los juzgados del circuito. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.3. Ante los juzgados del circuito especializados. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.4. Ante los tribunales superiores. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.5. Ante la Corte Suprema de Justicia. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.9. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal. Diez salarios mínimos legales vigentes.

(…)

18.11. Recursos

18.11.1. Extraordinarios

18.11.1.1. Casación. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.11.1.2. Revisión. Quince salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2. Ordinarios.

18.11.2.1. Ante juzgados penales municipales. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.2. Ante juzgados penales del Circuito. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.3. Ante juzgados penales del circuito especializado. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

(…)”(31).

En consecuencia, la Sala, para liquidar el daño emergente, por concepto de los honorarios de abogado solicitados en la demanda, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

— La naturaleza, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.

— El parágrafo del artículo 4º del Decreto 1887 de 2003.

— Las tarifas fijadas por la corporación Colegio Nacional de Abogados.

Así las cosas, una vez revisadas las actuaciones surtidas en el proceso penal que obra en el presente encuadernamiento, hay constancia de que desde el día 20 de abril de 1994 —fecha en la cual rindió indagatoria ante la fiscalía sexta de patrimonio económico de la ciudad de Quibdó—, el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera contó con la asistencia de un profesional del derecho, labor de defensa que se extendió hasta la fecha —4 de abril de 2001(32)— en la cual se dictó la providencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual se decidió no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Quibdó, a través de la cual, a su vez, se confirmó el proveído absolutorio a favor del señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, dictado por el juzgado segundo penal del circuito de la misma ciudad.

En cuanto a la calidad de la gestión, se encuentra que en términos generales, la labor de defensa resultó adecuada para los intereses del defendido, en la medida en que obran en el expediente diferentes actuaciones por medio de las cuales se pretendió hacer cesar la acción penal en contra del sindicado, esto es, hubo diferentes peticiones con el fin de que se ordenara la libertad del proceso, se interpuso recurso de apelación contra la resolución mediante la cual se dictó medida de aseguramiento, se contó con la asistencia del profesional del derecho a varias audiencias e, incluso se presentaron varios memoriales tendientes a exponer razones por las cuales el Tribunal Superior debía confirmar la decisión absolutoria de primera instancia y que la Corte Suprema de Justicia no casara esta última providencia.

De igual forma cabe advertir que uno de los abogados que actuó en representación del señor Ibargüen Mosquera no asistió a varias de las audiencias que se fijaron durante el trámite del proceso.

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta la duración de su gestión y la naturaleza del proceso, se fijará, por concepto de agencias en derecho, un monto equivalente a 18 smlmv.

7. Consideraciones acerca de las pretensiones cuarta y séptima de la demanda y los hechos que fueron adicionados al libelo introductorio.

El demandante solicitó, además, de manera confusa, que se le reconocieran los salarios, primas, vacaciones, cesantías y demás emolumentos respecto de los cuales alegó tener derecho, contados a partir de la negativa de la entidad demandada de levantar la suspensión de la cual fue objeto como consecuencia de la imposición de la medida de aseguramiento, una vez esta última fue revocada, al considerar que al dictarse fallo absolutorio, la Fiscalía General de la Nación estaba en la obligación de reintegrar al señor Ibargüen Mosquera a su cargo.

Al respecto cabe indicar, como asimismo lo expuso la parte demandante en su impugnación, que los hechos y pretensiones antes referenciados no guardan relación con la privación injusta de la libertad que padeció el señor Ibargüen Mosquera, en la medida en que se refirieron a la negativa de la fiscalía de reintegrarlo nuevamente a sus funciones, una vez fue absuelto de todo cargo, circunstancia que, por obvias razones, no entra dentro de la órbita del título de imputación analizado en esta providencia, con fundamento en el cual se reconoció la indemnización correspondiente.

Se agrega, además, que en relación con las aludidas pretensiones, se encuentra que todas ellas, de conformidad con los hechos de la demanda, habrían tenido como fundamento el acto administrativo expedido por la entidad demandada el 1º de junio de 1996, a través de la cual se habría negado el reintegro del señor Ibargüen Mosquera al cargo respectivo.

Así las cosas, dado que el origen del daño alegado habría tenido como fuente un acto administrativo, la vía idónea para controvertir su contenido resulta por entero diferente al medio de control que se ejerció con el fin de iniciar el presente proceso, puesto que, en estos casos, cuando se pretende acusar la legalidad de un acto administrativo, se debe incoar la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho —acción que también habría sido ejercida por el demandante, según se desprendería de varias piezas procesales que obran en el expediente- medio de control para el cual las normas vigentes han establecido un trámite especial y, en el tema en comento —función pública— se definen las competencias por razón de la especialidad, sin que la misma se hubiera atribuido a esta sección del Consejo de Estado.

Así las cosas, esta sección se abstendrá de efectuar pronunciamiento de fondo alguno en relación con las pretensiones antes referenciadas(33).

8. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Chocó, el día 10 de diciembre de 2003 y, en consecuencia, se dispone:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor José Jafeth Ibargüen Mosquera.

2. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General a pagar al señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, Lenny Yomary Ibargüen Palacios, Leidy Liliana Ibargüen Palacios y Héctor Hafeth Ibargüen Palacios un monto equivalente a noventa (80) (sic) smlmv, para cada uno de ellos, a título de perjuicios morales. 3. CONDÉNASE, a la Nación-Fiscalía General, a pagar al señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma equivalente a dieciocho (18) smlmv.

4. CONDÉNASE a la Nación-Fiscalía General, a pagar al señor José Jafeth Ibargüen Mosquera, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma treinta y dos millones ciento cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos ($ 32.143.559).

5. INHÍBASE la Sala para resolver de fondo en relación con las pretensiones cuarta y séptima de la demanda y los hechos que fueron adicionados al libelo introductorio, en escrito presentado el día 25 de febrero de 2002.

6. Sin condena en costas.

7. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. EXPÍDANSE a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) De conformidad con el Acta de la Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado Nº 9 del 25 de abril de 2013.

(2) “ART. 16. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
“ART. 63A. Del orden y prelación de turnos. “Artículo condicionalmente exequible”.
“(...)
“Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.
“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.
“Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

(3) En este sentido, para sólo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:
— Subsección A: Sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, exp. 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, exp. 23507; Sentencia del 23 de febrero de 2012, exp. 18418; Sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 24008.
— Subsección B: Sentencia del 12 de mayo de 2011, exp. 20569, M.P. Stella Conto Diaz del Castillo; Sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 19457, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 31 de enero de 2011, exp. 18626, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 29 de marzo de 2012, exp. 16448, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
— Subsección C: Sentencia de junio 22 de 2011, exp. 20713, M.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 10 de octubre de 2011, exp. 19151, M.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 24 de enero de 2011, exp. 15996, M.P. Jaime Orlando Santofimio; Sentencia del 23 de mayo de 2012, exp. 22672, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(4) Si bien en el proceso penal no obra copia de la providencia de Casación, lo cierto es que en varios documentos que sí obran en el aludido expediente se hace referencia a la citada sentencia, indicando para el efecto la fecha en la cual se profirió.

(5) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, reiteradas por esta subsección en Sentencia de mayo 26 de 2011, exp. 20.299, entre muchas otras.

(6) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, exp. 40.455, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(7) Consejo de Estado. sección tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13168.

(8) Consejo de Estado. sección tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006, exp. 15440, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(9) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13.232-15.646.

(10)“Una razonable aspiración de la sociedad, es que —como retribución por su obediencia a las leyes, de su sometimiento pacífico a las decisiones jurisdiccionales, de su profundo respeto a la dignidad de quienes ejercen el apostolado de la justicia— se le garantice que sus derechos no podrán ser conculcados, ni por ignorancia, ni por negligencia, ni por arbitrariedad del poder público. Allí reposa el germen de la paz social, la suprema virtud de un auténtico ordenamiento jurídico. Y cuando estos principios se olvidan, empiezan los síntomas del despotismo y la tiranía.
“(…) Pero si ya ha padecido la situación aflictiva, perjudicial y desmoralizante, después de lo cual se declara su inocencia; si se le ha sometido a torturas o coacciones físicas y morales; si su nombre como incriminado en un delito, ha trascendido imprudentemente a la opinión pública, mediante la radio, la prensa o la televisión; si como consecuencia de la privación de su libertad perdió su crédito o quedaron en falencia sus negocios; si por causa de su reclusión sufrió serios quebrantos su salud y adquirió enfermedades que requirieron tratamiento posterior; si por ello moralmente se desmoronó su hogar y se interrumpió la seguridad de un bienestar económico; y, en fin, si por un error judicial han quedado en su vida estas huellas que lo afrentan y lo disminuyen ante el conglomerado social, el Estado debe obligarse a repararle adecuadamente los perjuicios sufridos, lo que se impone no solo por incuestionable deber moral, sino por imperativo mandato de justicia” Londoño Jiménez, Hernando “De la captura a la excarcelación”, Ed. Temis, 1974, págs. 196 y 197.

(11) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

(12) Consejo de Estado. sección tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 15498, M.P. Enrique Gil Botero.

(13) Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(14) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15.980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(15) Sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en Sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, exp. 24.296.

(16) Consejo de Estado. sección tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13168.

(17) En ese sentido pueden verse, entre otros, los pronunciamientos de esta sección, de 2 de junio de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta, actor: Julio César Delgado Ramírez, exp. 8998, o el de 27 de octubre de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta, actor Oswaldo Pomar, exp. 9763.

(18) Consejo de Estado. sección tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13168.

(19) Consejo de Estado. sección tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, exp. 17004. Ver también: Consejo de Estado. sección tercera, subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2011, exp. 20665.

(20) Sentencias del 26 de Noviembre de 1998, exps. 17.810 y 17.816.

(21) Ver, entre otras, Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, Sentencia del 19 de febrero de 2009, exp. 250002325000200408909 01 (0250-2007), actor: Manuel Alberto Corrales Roa, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).

(22) Norma que fue expedida en ejercicio del mandato contenido en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, produce efectos fiscales a partir de enero 1º de 1993, se aplica a quienes se vinculen con posterioridad a su vigencia y no es aplicable a otros funcionarios en cuanto a su remuneración.

(23) Régimen que se caracterizaba por la retroactividad de cesantías y la existencia de unas primas especiales como la de antigüedad, entre otras.

(24) Consejo de Estado. Sentencia del 26 de febrero de 2009, exp. 2651-04, M.P. Bertha Lucía Ramírez.

(25) Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado. sección tercera, subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 21.938.

(26) Suma que resulta al promediar los siguientes montos: $ 129.553 y $ 453.750.

(27) Lapso comprendido entre la fecha en la cual el señor Ibargüen Mosquera fue privado de la libertad (30 de mayo de 1994) hasta el momento en que la recobró (4 de abril de 1995), contando con los 8,75 meses una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.

(28) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto del 28 de junio de 1995, exp. 4571, M.P. Héctor Marín Naranjo.

(29) Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(30) Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de abril de 2011, exp. 34145, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.

(31) http://conalbos.com/tarifas. Último ingreso: 6 de junio de 2013.

(32) Se aclara que en total, el señor Ibargüen Mosquera contó con la asistencia de 3 abogados.

(33) Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado. sección tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, exp. 17811.