Sentencia 2002-00189 de agosto 6 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 05001-3103-017-2002-00189-01

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil diez.

Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A., Unibán S.A., contra la sentencia proferida el 29 de julio de 2008 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario que instauró Wladislao Emilio Hajduk Küron frente a la recurrente.

Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A., Unibán S.A., contra la sentencia proferida el 29 de julio de 2008 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario que instauró Wladislao Emilio Hajduk Küron frente a la recurrente.

Antecedentes

1. Pretendió el demandante que se declarara la nulidad del “… contrato contenido en el título 1491—serie B— por ciento setenta y cinco mil ochocientas doce (175.812) acciones a razón de 433.80 cada una, para un total de $ 76.267.245, suscrito entre Wladislao Hajduk Küron y C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A., Unibán S.A., en septiembre 7 de 1993...”, y que, como consecuencia, se condene a la demandada restituirle la suma de $ 76.267.245, debidamente actualizada así: sobre $ 25.422.415 a partir del 23 de septiembre de 1992 hasta el 7 de septiembre de 1993 y, desde esta hasta la fecha en que se la cancelara respecto de $ 76.267.245.

2. Como sustento fáctico adujo que, según constaba en el acta 515 de 10 de octubre de 1991, la Junta Directiva de C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A., Unibán S.A. aprobó el reglamento de suscripción de acciones y fijó el precio de cada una en $ 433.80, de las que el actor adquirió 175.812, que pagó en dos diferentes momentos, pues el 23 de septiembre de 1992 abonó $ 25.422.415 y antes del 7 de septiembre de 1993 solventó el excedente, momento en que recibió el certificado definitivo número 1491 - serie B.

Refirió también que mediante sentencia proferida el 5 de octubre de 1993 por el Juez Cuarto Especializado de Medellín, confirmada en la de 8 de septiembre de 1994, emanada del Tribunal Superior de esa ciudad, se declaró la ineficacia del mencionado reglamento de emisión y colocación de acciones, motivo que sirvió a la Superintendencia de Sociedades para comunicar a Unibán S.A., el 29 de diciembre de 1994, por medio del oficio 100-31087, que las adquiridas no tenían efectos jurídicos ni podían contabilizarse para la determinación de los capitales suscrito y pagado, ni para la fijación del quórum ni de las mayorías decisorias en la asamblea general.

Continuó relatando que la convocada recurrió el anotado acto administrativo; mas, ante el rechazo advertido en la Resolución 320-993 de 10 de julio de 1995, promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, el cual, en sentencia de 12 de marzo de 1998 acogió las pretensiones que luego fueron negadas por el Consejo de Estado en providencia de 19 de noviembre de 1998, cuando, al desatar la apelación interpuesta, revocó lo definido en primer grado.

Al final de su compendio fáctico, sostuvo que una vez declarada la ineficacia del reglamento también habían perdido sus efectos los contratos de suscripción de acciones derivados de ese acto.

3. Notificada la demandada, contestó aceptando, en lo esencial, el conjunto de hechos propuesto, pero se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de prescripción y de saneamiento del contrato de suscripción de acciones por ratificación expresa, fincada la primera en que como la ejecutoria de la sentencia del Tribunal Superior de Medellín que declaró la ineficacia del reglamento de colocación, se consolidó el 22 de septiembre de 1994, la extinción, al tenor del artículo 235 de la Ley 222 de 1995, que establece un término de 5 años, ya había operado cuando se presentó la pieza inicial de este proceso judicial.

La segunda se apoyó, por un lado, en el acta 38 de la asamblea general de accionistas celebrada el 4 de diciembre de 1995, donde por unanimidad se ratificó la emisión y colocación de acciones suscritas, con base en la autorización que impartió la Resolución 320.089 de 27 de enero de 1994 de la Superintendencia de Sociedades, con cuya actividad se dio cumplimiento a los artículos 1752 a 1756 del Código Civil; por otro, en una ratificación individual que hizo el actor por medio de la comunicación de 2 de febrero de 1994.

Para abundar sobre la situación, afirmó que la Superintendencia de Sociedades el 17 de octubre de 1991 emitió la Resolución MD-AN 0007888, en la que autorizó la colocación dispuesta por la junta directiva de Unibán el 10 de octubre de 1991; sin embargo, continuó, en oficio 221-26505 de 24 de septiembre de 1992 confirmado por Resolución 221-687 de 19 de marzo de 1993, esa entidad informó a la sociedad que la anterior autorización no estaba vigente y que, en tal virtud, la colocación accionaria que se adelantaba era ineficaz.

También sostuvo que la causal invocada por Agrícola Bananera S.A. en el proceso que concluyó con la declaración de ineficacia del reglamento fue la decisión que tomó la junta directiva de Unibán S.A. el 10 de octubre de 1991, en una reunión afectada por defectos relativos a la convocatoria.

4. Puso fin a la instancia inicial la sentencia proferida el 12 de mayo de 2005, por cuyo conducto el a quo negó la pretensión de nulidad, porque los motivos traídos por el demandante no constituían vicio legalmente consagrado para la invalidación del acto.

5. Inconforme, la parte demandante apeló y el ad quem, al decidir el recurso, revocó el fallo, declaró la ineficacia del negocio jurídico controvertido y ordenó la restitución de los dineros dados por el actor.

La sentencia del Tribunal

1. Luego de encontrar satisfechos los presupuestos procesales y ausentes las irregularidades que pudieran afectar la actuación, sostuvo que era imperioso determinar si lo pedido por el demandante era la nulidad o la ineficacia del contrato de suscripción de acciones celebrado entre Wladislao Hajduk Küron y Unibán S.A., a propósito de lo cual estimó que “... el caso bajo examen no reviste oscuridad en relación con los hechos de la demanda ni con sus pretensiones...”, al punto que la misma convocada contestó y adquirió un entendimiento tal del debate que en sus excepciones se refirió en forma indistinta a la nulidad y a la ineficacia, circunstancia explicable porque esos fenómenos “...suelen ser confundidos y hasta estimados idénticos...”; de manera que frente a esa pretensión invalidatoria cabía admitir que se traba de una de inexistencia o de simple ausencia de efectos, en la medida en que solo interpretando el verdadero sentido de la demanda era posible tomar una decisión ajustada a la realidad fáctica, sobre todo si, como en el caso presente, el poder conferido al abogado lo facultó para solicitar una figura o la otra con relación al contrato de suscripción de acciones, o si, igual en este asunto, de conformidad con el artículo 897 del Código de Comercio, “... debe entenderse que los hechos de la demanda apuntan es a tipificar una ineficacia...”, en tanto si ya la justicia reconoció ineficaz el reglamento de colocación de acciones, de modo sobreviniente el contrato que lo sucedió también lo sería.

Aseguró que de los enunciados fácticos expuestos en le pieza inicial del proceso “...no se sigue en forma inequívoca...” la solicitud de nulidades, sino que se habló indistintamente de ellas y de ineficacia, como lo puso en evidencia el hecho décimo séptimo; a ello adicionó que en el capítulo de sustentación en derecho el actor concluyó que al contrato de suscripción accionaria le “...cayeron los mismos efectos...”. Además, dijo, el demandado “... rotuló... una de sus excepciones como: saneamiento de la ineficacia que se predica del contrato de suscripción de acciones por ratificación expresa...”, por todo lo cual encontró que las partes “...entendieron que la contienda jurídica giraba en torno al fenómeno...” ya señalado y no al que literalmente se presentó.

Acto seguido, expuso que la creación, emisión y suscripción de acciones eran etapas caracterizadas, respectivamente, por la división del capital autorizado en alícuotas de igual valor, el procedimiento de oferta y el contrato que harían los interesados; este sería consensual, por expresa previsión legal, y de adhesión por excelencia, al paso que la oferta o reglamento de colocación, unido al acuerdo de voluntades alrededor de la compraventa, conformaría un todo inescindible a partir de la indicada suscripción.

2. Al referirse específicamente al caso bajo examen, consideró que una vez declarada la ineficacia del reglamento de colocación de acciones, que representaba la oferta y hacía parte de todos los contratos de suscripción, había sobrevenido la pérdida de efectos de tales actos, en tanto quedaron carentes de las condiciones esenciales y, por eso, vacíos; de suerte que “... al desaparecer el reglamento con él también desaparecieron los negocios que dependían de él...”, sin que fuera posible, además, la ratificación de esos convenios, dada la ausencia de las estipulaciones necesarias.

El juez, continuó, debió “...interpretar los hechos de la demanda para reconocer la ineficacia del negocio jurídico...”, pues no era razonable que por haber mencionado el demandante la nulidad se hubiera entendido que la buscaba, siendo lo cierto que “…. nunca precisó en concreto a cuál de las causales...” que la originan se refería y, en contraste, sí manifestó inconfundiblemente que al desaparecer la oferta, con ella había muerto el contrato de suscripción.

3. Con relación a la primera de las excepciones formuladas, destacó que la ineficacia de pleno derecho resultaba imprescriptible porque como ella suponía ausencia de efectos en lo presente y en lo futuro, jamás podía llegar a prescribir.

Tocante con el saneamiento, aseguró que este estaba previsto en el artículo 390 del Código de Comercio para los casos en que hubiera faltado el permiso oficial de la colocación de acciones, pero nunca para la hipótesis acontecida en el presente asunto, constituida por la declaración de ineficacia del reglamento; en consecuencia, la ratificación realizada por el actor fue inútil, por cuanto, como lo expresó la Superintendencia de Sociedades en el oficio 31087 de 29 de diciembre de 1994, las acciones suscritas con base en la autorización de 27 de enero de 1994, no “...podían tomarse en consideración para ningún efecto...”.

4. Corolario de lo que expuso, fue la revocatoria de la sentencia proferida por el a quo, el reconocimiento de ineficacia del contrato de suscripción de acciones, contenido en el título 1491 —serie B—, la orden de restitución a Wladislao Hajduk Küron de lo que había pagado por ellas y la condena en costas a Unibán S.A.

La demanda de casación

Dos cargos propone la recurrente contra la sentencia combatida, ambos con amparo de la causal primera de las previstas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, los que la Corte resolverá en forma conjunta puesto que en lo fundamental unas mismas razones servirán para decidirlos.

Cargo primero

Acusa la sentencia de violación indirecta de los artículos 190, 390, 433, 822, 897, 899 del Código de Comercio, 1740, 1741, 1742 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887, por errores de hecho.

5. Al desarrollar el cargo expone cómo el Tribunal, cuando estableció que de la demanda fluía la pretensión de ineficacia de pleno derecho, falseó su sentido y el de la respuesta, alterando el alcance de una de las excepciones de mérito. Ello, porque dejó de observar los hechos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que son descriptivos de los antecedentes del contrato de suscripción, así como el octavo, alusivo a la voluntad de Hajduk de adquirir 175.812 acciones, al igual que el noveno y el décimo, referentes al título provisional y luego definitivo que se le expidió, y a la ineficacia declarada frente al reglamento, aspecto al que no se adicionó la consecuencia similar que, de haberse querido para el convenio, se hubiera mencionado de inmediato. Tampoco, continúa, se detuvo el ad quem en el decimoquinto, según el cual la decisión del Consejo de Estado de convalidar los actos administrativos. demandados conllevaba la nulidad de los contratos celebrados con base en el reglamento expedido el 10 de octubre de 1991, al tiempo que olvidó cómo en el decimosexto el actor habló de su voluntad de continuar con lo convenido y en el vigesimoprimero se refirió a la nulidad implícita surgida de la ineficacia de los actos preparatorios de la suscripción. De forma similar, dice, el sentenciador citó parcial y distorsionadamente el capítulo de sustentación en derecho, como quiera que pasó de largo sobre la afirmación hecha por el demandante acerca de la nulidad generada por la ineficacia del reglamento, mientras pretirió que en los hechos octavo y noveno se describió la forma en que se produjo el entrecruce de voluntades y en la contestación se dieron por ciertos.

2. Reprocha al fallador haber realizado una lectura fragmentaria de la demanda, al detenerse únicamente en el hecho décimo séptimo y en un aspecto de la sustentación en derecho “...con el exclusivo propósito de ver algo que en ella realmente no aparece...”, como es la supuesta intención de obtener la declaración de ineficacia de pleno derecho, a cuya conclusión arribó después de darle al concepto de pérdida de los efectos de los contratos de suscripción de acciones un sentido distinto del que quiso conferir el actor, dado que esa pieza no entraña, leído el contexto completo, cosa diferente a que tal merma en las secuelas acontece por virtud de la nulidad. Igualmente censura al sentenciador por dejar de ver en el capítulo de la sustentación en derecho que ante la posibilidad de las dos acciones el demandante eligió la de invalidez.

En suma, dice, una comprensión completa de la causa petendi hubiera conducido a encontrar que la pretensión se enderezó por la nulidad.

3. Posteriormente fustiga al Tribunal al ignorar que en el alegato de conclusión de primera instancia, así como en el de segunda, la parte promotora del proceso concluyó que era la nulidad y no la inexistencia lo que afectaba el contrato de suscripción de acciones, cuando dijo que, aunque sí tuvo vida, le faltó un requisito para la validez; de manera que si hubiera advertido tales piezas, se habría abstenido de ver una ineficacia de pleno derecho.

4. Luego combate la sentencia afirmando que el yerro puesto en evidencia trajo consigo otros.

Así, dice que perdió de vista cómo el contrato de suscripción de acciones fue ratificado reiteradamente por el propio demandante, según lo muestran varios documentos: a) los que obran a los folios 244 y 247, representativos de las credenciales otorgadas a Hajduk para participar en las asambleas de 24 de marzo de 1994 y 4 de diciembre de 1995, en virtud de sus 797.014 acciones; y, b) los militantes a folios 246, 248, 250, 255, 258, 260 y 262, contentivos de los poderes conferidos a distintas personas para que representaran en esas reuniones sus 797.014 acciones, todos los cuales enseñan la voluntad de él en el sentido de revalidar el convenio y ejercer los derechos de accionista.

De igual forma, asegura que el juzgador cercenó el acta 38, correspondiente a la asamblea de 4 de diciembre de 1995, en la cual se aprobó “...ratificar en todas sus partes la emisión y colocación...” de acciones y se dispuso que si tal corroboración no pudiera brindar efectos, los créditos se capitalizarían. De no haber incurrido en el yerro, asegura, hubiera advertido que fue propósito firme conferir vigencia al contrato de suscripción de acciones.

5. Los desatinos denunciados, alega, son trascendentes, como que sin ellos el sentenciador se hubiera abstenido de reconocer la ineficacia del contrato.

Al explicar este aserto sostiene que la ineficacia de pleno derecho consagrada en el artículo 897 del Código de Comercio constituye una categoría completamente diversa de la nulidad y de la inexistencia; pero como las sentencias de primera y de segunda instancia aseveraron que la ausencia de efectos declarada frente al reglamento de suscripción de acciones, aprobado por la junta directiva de Unibán S.A. el 10 de octubre de 1991 se originó en vicios ocurridos durante esa sesión, y puesto que de todos modos hubo un cruce de declaraciones entre Wladislao y la demandada, mediante el cual el uno pagó una suma dineraria y la otra expidió el certificado 1491 serie B, es claro que la pregunta es si se tipifica la ineficacia de pleno derecho o si, en cambio, se trata de nulidad.

Como el sentenciador, continúa, asumió que la tipificada era la ineficacia de pleno derecho, perdió de vista que ella se produce sin declaración judicial, en virtud del tajante mandato expresado en el artículo 897 mencionado; además, formó un galimatías cuando expuso, sin razón, que ante la ineficacia del reglamento, la suscripción también quedó tocada por ese vicio en tanto aquél constituía la oferta y al mismo tiempo era parte del contrato, porque, aunque el tal estatuto de colocación se asimile a ella, no por eso pasa con el convenio de suscripción a conformar un todo inescindible viciado de ineficacia sobreviniente, cual la llamó el fallador, pues, al contrario, perfeccionado el acto, tal oferta desaparece y no pervive, como quisiera el Tribunal, porque es una formalidad previa y, por ello, no influye en su existencia ni en su eficacia.

Así las cosas, concluye diciendo que si el Tribunal no hubiese malinterpretado la demanda, “... habría apreciado que, como en ella consta, la acción ejercitada por el actor fue la de la nulidad del contrato ...”, por efecto de lo cual “... habría advertido también que el demandante, no una sino en diversas ocasiones, ratificó esa adquisición de las acciones, llegando inclusive a participar ... en la fórmula que consta en el acta 38 ...”, y notado que este, al haber transgredido un principio general de derecho, se había ido en contra de sus propios actos.

Aplicó indebidamente los artículos 190 y 433 del Código de Comercio, explica, porque ellos tratan de situaciones referidas a la asamblea general o a la junta de accionistas, pero no a la junta directiva, que es a lo que alude este asunto, así como también lo hizo no solo cuando se valió del artículo 390 ibídem, al “...no percatar que el presente caso no encajaba dentro del supuesto de hecho previsto...” en él, sino frente al artículo 897 del mismo estatuto, al “hacerlo obrar en un caso para el cual no está prevista la sanción de la ineficacia de pleno derecho”. Del mismo modo dejó de aplicar los artículos 1740, 1741 y 1742 del Código Civil, prosigue, porque “...habiendo desconocido que el vicio que aquejaba al contrato era una nulidad originada .en la omisión de un requisito prescrito para la validez del contrato en atención a su naturaleza, también desconoció que luego ese defecto quedó subsanado...”.

Cargo segundo

Mediante este imputa a la sentencia violación directa de los artículos 2313 y 2535 del Código Civil y 897 del Código de Comercio, por aplicación indebida del último y falta de aplicación de los dos primeros.

Arremete contra el Tribunal atribuyéndole quebrantamiento de las normas citadas, fincado en que confundió. “...dos cosas por completo diferentes...”, cuales son la “...ineficacia de pleno derecho del acto...” y las “...prestaciones ejecutadas con ocasión del mismo...”, al sostener que a pesar de que aquélla no requiere declaración judicial, el juez de todas manes sí debe reconocerla cuando el acto o negocio ha alcanzado a producir algunos efectos jurídicos, a fin de que operen las restituciones mutuas, pues la devolución no puede “... hallar su razón de ser en un supuesto reconocimiento judicial...” del fenómeno señalado, sino en el hecho de “...haberse entregado algo sin causa alguna...”, de suerte que, al entender necesaria para el caso la definición por la jurisdicción, “...juzgó como imprescriptible la acción ejercitada en la especie de esta litis...”, fundado en que la ineficacia nunca prescribe, con lo cual desestimó la excepción propuesta en ese sentido.

Subsecuentemente distorsionó, continúa, el alcance del artículo 897 indicado e inaplicó los preceptos 2313 y 2535 del Código Civil, dado que de haberlos hecho obrar habría concluido que la acción incoada no era imprescriptible.

Pide luego que una vez casada la sentencia se declare la prescripción alegada, con fundamento en el artículo 235 de la Ley 222 de 1995, a cuyo tenor, las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de obligaciones o de la violación a lo previsto en el libro segundo del Código de Comercio y en esa ley, prescriben en cinco años, pues el tema debatido alude precisamente a ese texto.

Consideraciones de la Corte

1. Como lo tiene expuesto la doctrina, dado que las necesidades humanas de índole económica cambian de manera indefinida, según las épocas, los lugares, el mayor o menor grado del desarrollo social, las condiciones particulares y las circunstancias temporales en que se encuentren las personas, y en vista de que, por lo mismo, no se concibe un sistema positivo capaz de gobernar en forma detallada todas las actividades sociales encaminadas a la satisfacción de tales necesidades, el orden jurídico admite, dentro de ciertos parámetros, reconocimiento a la iniciativa privada, cual emanación que es de la autonomía de la voluntad (C.P., art. 333 y C.C. art. 1602); es así como permite que los sujetos de derecho entre sí puedan arreglar una amplísima parte de las relaciones de esa índole. En efecto, sobre el particular Emilio Betti hace ver cómo “los intereses que el derecho privado disciplina existen en la vida con independencia de la tutela jurídica y se mueven a través de continuas vicisitudes, dondequiera se reconozca a los individuos un círculo de bienes de su pertenencia, sometido al impulso de su iniciativa individual. Los particulares mismos, en sus relaciones recíprocas, proveen a la satisfacción de las necesidades propias según su libre apreciación mediante cambio de bienes o servicios, asociación de fuerzas, prestación de trabajo, préstamo o aportación común de capitales, etc. La iniciativa privada es el mecanismo motor de toda conocida regulación recíproca de intereses privados. ... Esta autonomía es reconocida por el orden jurídico, en el campo del derecho privado... como actividad y potestad creadora, modificadora o extintiva de relaciones jurídicas entre individuo e individuo; relaciones cuya vida y vicisitudes están ya disciplinadas por normas jurídicas”(Teoría general del negocio jurídico, 2ª edición, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1968, págs. 39-47).

De ese modo, expresado a la manera de la doctrina clásica, el postulado de la autonomía privada radica, precisamente, en el reconocimiento, más o menos amplio, del valor de las manifestaciones de la voluntad de los individuos; expresado en términos diferentes, es el instrumento con que el legislador los ha dotado para que, dentro de los cauces y los límites que les impone, regulen sus relaciones sociales; se concreta, pues, en la posibilidad que les otorga para disponer de sus intereses en orden a autogobernarse, autorregularse, a darse su propia ley, a que orienten su conducta, a decidir con respecto a los derechos propios o a contraer obligaciones; en fin, es una expresión palpable de la libertad, en cuanto por su ejercicio establecen los compromisos que contraen y las estipulaciones particulares a las que a su alrededor se sujetan.

2. Desde la ciencia del derecho civil alemán de la primera mitad del siglo XIX, el negocio jurídico (rechtsgeschaft) ha sido definido como una declaración de la voluntad explícita o resultante de un comportamiento concluyente orientada a producir los efectos determinados por quienes lo ajustan, que el orden legal tutela en cuanto son jurídicamente relevantes; conocido este amplio espectro, ha sido concebido como la principal manifestación de la autonomía privada, no solo por cuanto comprende todos aquellos actos a través de los cuales resulten comprometidos los intereses, sean unilaterales, bilaterales, espontáneos o forzados, obligatorios o de disposición propiamente dichos, sino porque constituye, per se, el instrumento adecuado para que los sujetos regulen, gobiernen y disciplinen los derechos mediante preceptos particulares y específicos de obligada atención, con capacidad bastante para generar la producción de por lo menos una consecuencia jurídica, ya se trate del nacimiento, modificación, transmisión o extinción de una prerrogativa subjetiva, o para establecer un estado o situación de idéntica naturaleza, para cuyo vigor es indispensable que exista una intención libre y, además, querer los fines concretos del negocio.

3. Dada esa vasta comprensión, obvio es entender que, por tanto, el contrato es una especie del negocio jurídico, la más difundida, utilizada y conocida, en tanto surge como un acto dispositivo de intereses de dos o más sujetos de derecho para constituir, modificar o extinguir relaciones de la más variada estirpe, producto, desde luego, del ejercicio de la comentada autonomía privada que la ley les reconoce en procura de que regulen aquellas consecuencias, estados o situaciones jurídicas, pues, cual lo tiene destacado la doctrina jurisprudencial, por cuanto todo sujeto de derecho, en el ámbito contractual y como corolario de su muy preciada autonomía, es libre o no de comprometerse, motivo por el cual, al participar en una determinada convención bien puede estructurar autónomamente, en asocio con su co-contratante o co-contratantes, el contenido del acuerdo —salvo que se trate de negocios por adhesión a condiciones generales—, sin más restricciones, que las que llegase a imponer la ley, el orden público y las buenas costumbres. Bajo este entendimiento, para las respectivas partes el contrato se erige en un prototípico instrumento de la autonomía privada, en la medida en que, ex voluntate, deciden regular sus respectivos intereses.

En este contexto, el negocio jurídico, concebido como un acto de connotación jurídica, y el contrato, una de sus especies, son fruto de la libertad negocial, amén de categorías reconocidas, en tanto instrumentos diseñados para disponer de intereses en el propósito de lograr la satisfacción de necesidades; en esta dirección, ha de verse cómo, conforme a las normas, en el sistema positivo colombiano impera el principio según el cual las leyes que los regulan son supletorias de la voluntad de los negociantes, cuando estos, al ajustarlos, se pliegan al ordenamiento, al orden público y a las buenas costumbres, lo que acompasa con el postulado de la normatividad de los acuerdos, contemplado en los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, según los cuales “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, “deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y ... obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.

4. Lo expuesto significa que aquellas manifestaciones de la libertad negocial no son absolutas ni pueden ejercerse por fuera de los límites que vienen de enunciarse, pues lejos están de comportar un poder arbitrario o en blanco; por el contrario, en algunas ocasiones encuentran restricciones o simplemente están cercenadas; por supuesto que en materia de convenios, como la Sala lo ha reiterado con insistencia, dentro de la libertad que tienen para concertarlos, a los sujetos de derecho se les otorga la muy importante facultad para crearlos y estructurarlos mediante reglas de alcance particular, a las cuales, en principio, quedan sujetos de manera forzosa, cual si se tratara, mutatis mutandis, de ordenamientos legales generales, siempre y cuando la respectiva convención no esté gobernada por leyes imperativas o de orden público, que son inderogables por los particulares (sents. feb. 24/74, G.J. CXLVIII y mayo 8, págs. 51,101; ago. 29/80, CLXVI, pág. 123).

Resulta así que la libertad de contratación encuentra restricciones, en atención a la naturaleza de los sujetos o de los intereses involucrados, a las orientaciones político - sociales prevalecientes en el país, al respeto de los derechos ajenos, del orden público, de las normas imperativas y de las buenas costumbres; es patente entonces que la voluntad privada, como fuente autónoma de los efectos negociales, está subordinada a tales factores, cuyas directrices priman siempre sobre ella; desde luego que si no se limita adecuadamente, de tal manera que opere siempre con esa debida subordinación, ella podría no ser benéfica para satisfacer las necesidades individuales y para el progreso de la sociedad. En orden a poner a salvo estos valores superiores, dentro de los susodichos ámbitos, la ley interviene el ejercicio de la autonomía, proscribiendo los actos que, por su objeto o por su causa, o sea, por razón de los efectos que están llamados a producir, o de los móviles que determinan su celebración, lesionan los dictados del interés general, los cuales, como se sabe, están en todo caso por encima de aquellos que con estrictez conciernen a los particulares.

Es que, como lo tiene sentado la Corte, “... el acto de autonomía privada, llamado de por sí a tener prevalencia jurídica, adquiere plena virtualidad a condición del ajuste cabal de la conducta a las prescripciones normativas. Al completarse el recorrido de la definición del tipo negocial empleado por los particulares para proveer a una determinada especie de colaboración intersubjetiva, la figura alcanza existencia jurídica, palpándose entonces su dinámica en el efecto compromisorio o vinculante para sus autores, que le es característico y da aptitud para los resultados prácticos en que seguidamente se proyecta la vinculación típica. ... [E]l negocio jurídico está sometido a las prescripciones legales que atienden a su identificación, regularidad y competente valoración, de modo que solo se tenga por tal y dote de consecuencia a un comportamiento serio, con respaldo en su significación objetiva y en su corrección singular.

“Gozando el individuo de competencia dispositiva de sus intereses y habiéndola de ejercer a través de los moldes sociales, preferentemente dentro de los legalmente denominados y disciplinados, el ordenamiento, a más de recoger las constantes del tráfico para darles consistencia normativa, en su política regulativa subordina en algunas oportunidades el valor de aquellos actos a su versión en determinadas formas o solemnidades, a la vez que de ordinario exige un grado básico de aptitud de conciencia y de libertad en quienes intervienen, y proscribe los conatos de trasgresión de las normas imperativas, estatuidas, antes que para salvaguarda particular, en pro del mantenimiento de un equilibrio general, asentado en el designio de preservación del orden social establecido, arraigado a su turno en una ética básica para su desarrollo.

“En tal sentido, el vigor del negocio jurídico se mueve dentro de los hitos ... de eficacia e ineficacia, con una rica variedad de estados intermedios, reflejo de la multitud de situaciones que ofrece la actividad práctica. Por ello, las desviaciones de aquel poder en que incurran los miembros sociales están respondidas con reacciones de distinta índole, a tono con la magnitud y trascendencia del descarrío, según el designio legislativo, que provee a la sanción adecuada, en dando a una de la salvación del acto dispositivo y de impedirle todo efecto que pudiera desembocar en mengua de los preceptos fundamentales, orientadores o restrictivos de la dicha autonomía” (G.J., t. CXXIV, pág. 167).

5. Por regla general, a la inversa de los eficaces, que son los que por ajustarse a las directrices trazadas por el régimen positivo están destinados a satisfacer las necesidades que los pactantes tuvieron en mente realizar, los acuerdos ineficaces en términos globales son los no llamados a generar los efectos que en condiciones normales debieran producir o que están destinados a modificar o a extinguir, cuyas causas son de diversa magnitud, algunas de las cuales provienen de manera directa de la voluntad de los contratantes, como cuando alcanzado el pacto se lo suspende provisionalmente o en forma definitiva, y entonces se habla de revocación o de aplazamiento, mientras que otras, las más importantes sin duda, surgen directamente de la ley. Acorde con estas, un acuerdo puede adolecer de dicha anomalía cuando aquellos no se amoldan a las exigencias establecidas para los actos en general o para la especie particular seleccionada, esto es, en las hipótesis en que no se ajustan a las exigencias impuestas por la normatividad jurídica para contratar; en tales eventualidades se aplica o se puede hacer actuar la ineficacia legal, sanción impuesta a aquellos pactos que omiten ciertos y determinados presupuestos que el establecimiento jurídico ordena observar. El pacto “... ineficaz, en términos globales...”, recordó la Corte en aquel precedente, “... es el... carente de las consecuencias propias de la autonomía privada en general o de aquellas características de la figura...” (pág.168).

6. En ese orden de ideas, dentro de tal escenario suelen distinguirse, de manera general, tres categorías de acuerdos ineficaces en términos genéricos: los inexistentes, los inválidos y los inoponibles; así, puede decirse que el negocio jurídico es ineficaz cuando se opone a una norma imperativa, lo cual significa que la ley puede contemplar, y en efecto prevé, frente a los casos de violación de normas imperativas, consecuencias distintas; son estas, precisamente, las que propician la necesidad de distinguir entre condiciones para la existencia, la validez y la eficacia.

Puestas de esa manera las cosas, ocurre entonces que el pacto, aparte de inválido, puede ser inexistente, esto es, aquel que no puede catalogarse como tal por carecer del mínimo esencial —in radice— que, en un cierto caso, permitiese hablar de contrato o de acto unilateral, el que no alcanza a nacer a la vida jurídica por faltarle una condición esencial, y, por ende, no produce efecto jurídico alguno o, como lo describió la corporación, en términos generales “la ineficacia comprende todo desconocimiento o alteración de dichos resultados, partiendo de la propia negativa del ser o inexistencia, fenómeno..., que es de indispensable contemplación desde un punto de vista lógico y pragmático, frente a reales ocurrencias vitales, que se desenvuelven con entera individualidad” (G.J., t. VII, 261; XVII, 128; L, 802/803; LVI, 125; LXVI, 351).

Así, si el negocio jurídico por definición consiste en la expresión de la voluntad dirigida a la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas, resulta obvio colegir que, al faltar aquella intención o el objeto al que apunta, podrá existir cualquier cosa o hecho, mas no un acto de esa índole, conclusión que asimismo se impone no solo cuando el pacto es solemne y se pretermite la forma ad substantiam actus prescrita por la ley, porque, sin esta, la voluntad se tiene por no manifestada, sino también en los casos en que se omiten los requisitos esenciales previstos por el ordenamiento para la especie de la que se llegara a tratar, ya que de ellos depende su formación específica y sin los cuales el acuerdo tampoco existe o degenera en otro distinto; es que, cual lo expresara Pothier, en todo convenio se “distinguen tres cosas diferentes...: las cosas que son de la esencia del contrato; las que son únicamente de la naturaleza del contrato, y las que son puramente accidentales al contrato”, siendo que las primeras “... son aquellas sin las cuales el contrato no puede subsistir (existir substancialmente). En faltando una de ellas, ya no hay contrato, o bien es otra especie de contrato... La falta de una de las cosas que son de la esencia del contrato impide el que exista clase alguna de contrato; algunas veces esa falta cambia la naturaleza del contrato” (Tratado de las obligaciones, casa editorial Araluce Cortés, 392, Barcelona, Tomo I, págs. 8 y 9).

Por tanto, conforme a la teoría que se viene desarrollando, la falta de los requisitos esenciales previstos para todos los contratos produce, inexorablemente, la inexistencia de ellos, al paso que la ausencia de los también esenciales pero referidos de modo específico a cada acto en particular, si bien impide la existencia de este, puede en últimas no aniquilar totalmente su eficacia, si desde una perspectiva jurídica distinta es viable su conversión en otro diferente.

7. Ahora bien, la citada forma de ineficacia —la inexistencia— opera, por regla general, de pleno derecho, en el sentido de que cuando uno de los motivos a través de los cuales se la concibe brota en forma diamantina u ostensible, se produce automáticamente, ipso jure, sin necesidad de un fallo judicial que la declare; de este modo, una vez comprobada por el juez, ello impedirá que este pueda acceder a pretensiones fundadas en un pacto con una anomalía tal, porque para ello tendría que admitir que el mismo sí satisface a plenitud las mencionadas condiciones esenciales generales al igual que las similares atinentes al específico asunto del que se tratare; en caso de que no, reitérase, en la hipótesis de que no reúna los unos y los otros, el convenio no producirá efecto alguno, sin que sea menester de un pronunciamiento que así lo reconozca, pues basta que el juez constate la deficiencia que de manera palmaria la tipifique para que descalifique las súplicas que se pudieran fundar en el pacto que la ley tiene por inexistente; contrariamente, en las hipótesis en que la mentada anomalía no se evidencie en forma manifiesta, sino que exija la decisión respectiva de la jurisdicción, cual sucede si el acto existe de manera aparente, le tocará entonces al interesado destruir, ya a través de la acción ora de la excepción, esa apariencia (acto putativo).

8. Como consecuencia del ámbito en el que se mueve la citada teoría de la ineficacia por inexistencia, en caso de que uno o ambos de los convencionistas hayan desarrollado actuaciones con el ánimo de pretender cumplir un pacto de tal índole, él o ellos podrán ejercer las acciones judiciales encaminadas a deshacer las situaciones jurídicas así generadas, sin necesidad de subordinarlas a la declaración de inexistencia del acuerdo, desde luego que es del todo superfluo deprecar del juez una declaración que la ley, por su propio ministerio, ya ha declarado o tiene reconocida, es decir, que en tales circunstancias basta que el interesado promueva la reclamación tendiente a obtener la reivindicación o la devolución de lo que entregó, según como las cosas se hayan presentado; expresado con otras palabras, en aquellas hipótesis en que quienes hubiesen concurrido a ajustar el negocio inexistente hubieran obrado de facto como si realmente estuviesen obligados, tales sucesos configuran la ejecución de unos actos o hechos sin causa, situación que les genera el derecho de repetir lo que de ese modo dieron o hicieron. En esta dirección la Corte hizo ver cómo “Cuandoquiera que no pueda hacerse la identificación de la figura iuris, porque no alcanzó a completarse su constitución en el mundo del derecho, cualquiera que llegue a ser su manifestación empírica, no puede hablarse de negocio, y las consecuencias que el fenómeno pueda traer consigo no serán atribuibles a aquel, que no alcanzó a ser sino al concreto supuesto de hecho que resulte de lo acontecido a cuyo tratamiento atiende la ley sin reparar en las reglas atañederas a la autonomía privada, allí intrascendente” (G.J., t. CXXIV, págs.167-168).

9. En este preciso punto de las consideraciones cumple resaltar que, aun cuando la corporación de vieja data en distintos pronunciamientos ha concebido que la teoría de la inexistencia, cuyos diversos matices vienen expuestos, es una categoría jurídica desconocida en el interior del Código Civil, motivo por el cual tales aspectos los ausculta a la luz de la anulación, como así puede verse en los fallos de 15 de septiembre de 1943 (G.J., t. LVI, pág. 123), 21 de mayo de 1968 (CXXIV, pág. 168), 15 de marzo de 1941 (L, págs. 802-804), entre otros, no puede olvidarse que ello no acontece en el terreno del derecho mercantil, puesto que con arreglo al artículo 898 del Código de Comercio tal instituto emerge claramente reconocido, al disponer que “será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales”.

10. Y no obstante que, como se anticipó, una manifestación típica de la inexistencia radica, precisamente, en que ella por regla general no requiere de declaración judicial, ha de verse cómo en el ámbito del derecho de los comerciantes el legislador implantó la figura de la ineficacia de pleno derecho no solo de cara a algunos sucesos fácticos peculiares de la anotada inexistencia negocial, sino que también la extendió a otros acontecimientos de hecho que en diferentes latitudes normativas podrían configurar fenómenos diversos, como, por ejemplo, la nulidad o la inoponibilidad del acto, al prescribir en el artículo 897 del estatuto mercantil que “cuando... [allí] se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”; así, bajo esta inoperancia liminar positiva se recogen multitud de supuestos de hecho que, en estricto sentido, deberían generar nulidad u otro tipo de vicio, dado que no en todas las eventualidades donde en ese estatuto legal “se exprese que un acto no produce efectos”, se está, necesariamente, ante la falta de algún elemento estructural del acto o contrato, como sucede, verbi gratia, en las hipótesis contempladas en los artículos 110, numeral 4º, 122, numeral 2º, 190, 297, según los cuales, serán ineficaces o no producirán efecto alguno “la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel”, “todo aumento de capital que se haga con reavalúo de activos”, “las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186”, “los actos que infrinjan los dos primeros ordinales del artículo” 298 “respecto de la sociedad ni de los demás socios”, para citar apenas algunos, que el legislador, en ejercicio de su potestad, quiso ubicar dentro de la mencionada ineficacia.

Como se desprende de su contexto general, de la disposición contenida en el artículo 897 ya citado emergen tres características bien perfiladas. La primera de ellas dice concreta relación a la tipicidad legal, estructurada sobre la base de que la consecuencia se hará presente únicamente en aquellos casos en que la ley “... exprese que un acto no producirá efectos...”; esto es, la secuela constituida por la ausencia de efectividad de la respectiva declaración de voluntad, aparece, de manera exclusiva, cuando la misma ley la imponga, al punto que, contrariamente, si la normatividad frente a algún caso particular nada indica, la ineficacia de pleno derecho allí regulada no puede tener cabida. Por razón de la segunda, el ordenamiento concibe la privación automática de los efectos propios del negocio, en tanto esa negativa actúa ope legis, o, lo que es lo mismo, de manera inmediata por mandato legal. En virtud de la tercera, la locución “... sin necesidad de declaración judicial” muestra la extranjía de la intervención jurisdiccional y en perfecta coherencia con el postulado que le antecede enseña cómo la inhibición de resultados jurídicos, además de actuar solo por ministerio normativo, no exige la actividad jurídico - procesal destinada a restar esas consecuencias.

Mas, ha de repetirse, aún a riesgo de fatigar, la operatividad del fenómeno requiere de manera indiscutible la disposición legal que expresamente determine cuándo un específico acto no ha de producir efectos, comoquiera que ella constituye requisito fundamental, según lo indica la ley misma, al disponer que “... cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho...”, con cuya frase no deja duda de tal exigencia; de allí se colige con facilidad cómo sin la manifestación legal de falta de la trascendencia inicialmente prevista para un determinado acto, a este no es posible aplicarle la mencionada ineficacia depleno derecho.

De otro lado, puesto que no es exigible la sentencia del juez para que tenga lugar la ineficacia ope legis de que se viene hablando, no se erige en requisito esa providencia, sino que, por el contrario, ella, de producirse, cumpliría un papel de mera comprobación de los defectos desencadenantes de la ausencia de secuelas, pero, de ninguna manera, tendría la posibilidad de declararla, ni de extinguir o modificar la hipotética relación jurídica, comoquiera que es de la esencia de la institución su funcionamiento “... sin necesidad de declaración judicial...”; mas, como se advierte al rompe, si emergiera con ese solo propósito el fallo judicial, escasamente tendría la virtud de verificar la presencia de las falencias que la ley estima suficientes para que advenga la ineficacia liminar, sin que por ello pudiera predicarse de él una índole declarativa o constitutiva; lo primero, porque no está en posibilidad de declarar nada en torno de la ineficacia y, lo segundo, por razón de que no es su destino modificar o extinguir la supuesta relación jurídica frente a la cual hace su labor de verificación de presupuestos, desde luego que estaría en imposibilidad de declarar lo que la ley ya ha reconocido con anticipación y de extinguir o modificar la relación jurídica que el orden jurídico entiende apagada.

Con otras palabras, la función judicial en un evento como el que viene referido no estaría llamada a hacer una manifestación de existencia de la anomalía, sino, a admitir, si es del caso, las carencias que pudiera acusar el supuesto acto y que desembocarían en ella, puesto que, según ya se vio, opera de pleno derecho, sin “... declaración judicial...”, lo cual no obsta para que, se insiste, ante la vacilación en torno de las posibles fallas que afecten el negocio, la jurisdicción realice una labor de mera corroboración.

En suma, la ineficacia de pleno derecho a que hace alusión el artículo 897 del Código de Comercio se caracteriza porque actúa exclusivamente cuando la ley “... exprese que un acto no producirá efectos...”; y opera de modo automático, esto es ope legis, sin necesidad de reconocimiento judicial, de suerte que la decisión emitida por un funcionario, si es que así sucede, no tiene índole declarativa ni constitutiva, sino de constatación de los hechos que pudieran dar lugar al fenómeno.

11. Desde otra perspectiva distinta de la precedente, aunque íntimamente relacionada con ella, la Corte de antiguo ha sostenido “... que la labor de interpretación de la demanda, desarrollada con el único propósito de descubrir la intención original de quien acude a la jurisdicción... ” puede ser adelantada por el juez siempre que el libelo “... se lo permita sin desfigurar la realidad que por sí sola allí se patentice, esto es, en aquellas hipótesis en que al hacerlo no modifique la esencia de lo pedido ni de las circunstancias fácticas en que el actor haya fundado esas súplicas; ya que, para decirlo en sentido contrario, si el contenido integral del acto introductorio ostenta claridad y precisión meridianas o si, en cambio, su oscuridad y confusión es de tal magnitud que objetivamente se hace imposible encontrar ese verdadero horizonte, entonces el sentenciador no podrá más que sujetarse a la literalidad que aparezca expuesta, con las respectivas consecuencias para el promotor del proceso...” (Sent. 016 de 7 de febrero de 2007, exp. 1999-00097-01), comoquiera que él no puede hacer uso de esa facultad interpretativa, según ha reiterado la Sala, sino, por un lado, “... cuando la imprecisión y oscuridad de sus términos es tal que obstaculice por completo la averiguación de lo que el demandante quiso expresar, evento en el que, so pena de incurrir en yerro fáctico, no es posible la interpretación porque se suplantaría la presentada por su autor, sustituyéndolo de esa carga consagrada en la ley de manera exclusiva para él...”, y, por el otro, cuando las expresiones utilizadas en la mencionada pieza “... sean de tal precisión y claridad que no dejen ningún margen de duda acerca de lo pretendido por el demandante, caso este último en el que el juez debe estarse a ellos en la forma como se los presenta el actor, por cuanto pretender una interpretación de los mismos lo conduciría a un yerro similar, que en ambos casos sería manifiesto...” (G.J., t. CCXLIII, págs.112 y 113).

Siguiendo esa misma línea, ha dicho también la Corte que “... el error de hecho en la apreciación de la demanda debe irrumpir de forma inequívoca y palmaria, hipótesis esta que, prácticamente, solo se verificará cuando la exégesis de la demanda que propone el recurrente sea le única admisible a la luz de las circunstancias particulares, y se muestre, por ende, como un planteamiento tan sólido y persuasivo que, por su propio peso, sea capaz de revelar, al rompe, la contraevidencia en la comprensión del fallador. Por lo mismo, ha de recordarse que si el error no es de esta naturaleza, prima facie, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario’ (G.J., t. CXLII, pág. 242)” (Sent. 114/2004 pronunciada en sep. 23 de ese año dentro del exp. 7279).

12. En un ángulo diverso, de antaño la Sala también ha venido sosteniendo cómo para que la infracción de la ley sustancial, que como motivo de casación prevé la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, tenga la posibilidad de llevar al quiebre de la sentencia combatida ha de ser trascendente, lo cual es igual a decir que la violación de las disposiciones de derecho material endilgadas al juzgador, ya por la vía directa ora por la indirecta, debe ser a tal punto influyente en las resultas del proceso que de no haber incurrido en ella, otra muy diferente habría sido la resolución final; dicho en breve, es necesario que el desacierto influya decididamente en la parte dispositiva de la sentencia, por cuanto de no ser ello así resultaría inane y, por ende, ningún fin práctico tendría que el impugnador denunciara la falta de aplicación, la aplicación indebida o la errónea interpretación de la ley, ni efecto relevante alguno produciría su reconocimiento si, en tal hipótesis, la decisión final sería idéntica.

Sobre este aspecto ha dicho la Corte que “... para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, de suerte que conduzca al quiebre de la sentencia acusada, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso...” (Sent. 046 de mayo 19/2004, exp. 7145).

13. Las bases precedentes llevan a la Corte a sostener, delanteramente, que el tribunal no incurrió en los yerros que se le endilgan en las censuras objeto de análisis, conforme pasa a verse.

14. No pudo incurrir el juzgador en el yerro fáctico por el que se le acusa en el cargo primero, porque aunque hizo gala de la interpretación de la demanda y de su contestación, dado que a ello daba lugar la forma en que fueron expuestas las pretensiones los hechos en que se apoyaban y las excepciones, no arribó a un resultado absolutamente distante del sentido y alcance contenidos en el libelo demandador y, por tanto, no emerge evidente el error que se le achaca; desde luego que no luce irrazonable su conclusión ni abiertamente desconectada de la idea manifestada por el actor.

a) En efecto, del cuadro fáctico aducido por el promotor del proceso y de las mismas expresiones empleadas, puede inferirse con facilidad que se intentaba despejar el camino para llegar al objeto práctico constituido por las restituciones a que había lugar, vale decir, del relato expresado en la causa petendi, al igual que de los hechos decimoséptimo y vigesimoprimero en particular, fluye que lo trascendental era obtener la devolución del dinero entregado por las acciones que en últimas resultaron afectadas con la ineficacia del acto que les dio vida, de donde también emerge que la importancia mayor estaba en la consecución de ese fin y que, por tanto, la calificación jurídica del fenómeno afloraba significativa únicamente en la medida en que se la veía como un paso previo, que conduciría al señalado fin.

De ese modo, es de ver cómo en el numeral decimoséptimo de los hechos la demanda enfatiza que “... el precio cubierto por mi mandante por dichas acciones, no ha regresado a su patrimonio...”,al igual que en el vigesimoprimero es categórica en sostener que “... el precio pagado entró a sus arcas y allí permanece, por lo cual debe ser restituido con su correspondiente indexación...”, pues, “...en caso contrario la sanción operaría contra el suscriptor que de buena fe invirtió su capital...”, de donde, según ya se afirmó, fluye que el ejercicio de la acción se endereza fundamentalmente en pos del reembolso dinerario a que juzga el actor tener derecho.

Ello es así, aunque la petición dijo buscar la nulidad del indicado acuerdo de voluntades, según se advierte en tres específicos pasajes, el primero de los cuales es el hecho decimoquinto en el cual sostuvo que la decisión del Consejo de Estado de convalidar los actos administrativos que le habían restado eficacia al reglamento la conllevaba implícitamente, mientras el segundo es el de la pretensión primera que manifestó querer la declaración de ese fenómeno y el tercero es el de la sustentación en derecho que explicó cómo el problema suponía establecer si el asunto derivaba en inexistencia o en anulación, para concluir que en verdad “... en la situación que nos ocupa estamos frente a la nulidad por haberse declarado la ineficacia del reglamento...”, la cual debe ser declarada porque es causal de la absoluta “... la falta de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto o contrato según la especie, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1740...”.

b) Desde otra perspectiva, no puede dejarse pasar por alto la interpretación que en su momento hiciera la parte convocada en torno de la intención incorporada en la demanda, como fruto de la cual estimó consolidado el “... saneamiento de la ineficacia que se predica del contrato de suscripción de acciones...”; por supuesto que, cual se observa, también ella consideró que la pretensión involucraba una solicitud para que se declarara ineficaz el negocio celebrado, de manera que, con asiento en tal hermenéutica fue que propuso la excepción de ratificación que entonces adujo, de donde brota que si, como sucedió, el mismo contradictor entendió que el querer involucrado en la pieza inicial del trámite era precisamente ese, ningún desatino pudo producirse cuando el fallador, coincidiendo con esa mirada de la parte renitente, determinó también que el sentido de la súplica caminaba en esa misma dirección.

No es de olvidar que Unibán S.A. no se limitó a enunciar en el título de su motivo de oposición el voquible empleado, sino que, además, en el párrafo siguiente, dedicado a explicar el contenido de su propuesta, inició su exposición expresando con lapidaria concisión cómo “... la ineficacia que se predica del contrato de suscripción de acciones... quedó definitivamente saneada por ratificación expresa...”, corolario obligado de todo lo cual, como se anticipó, es que si la parte citada a juicio asumió que la demandante buscaba restar efectos a la convención realizada, en ningún manifiesto despropósito pudo caer el tribunal al participar de esa misma inteligencia.

c) Sin desconocer la regla iura novit curia, no puede perderse de vista que en el capítulo dedicado a las normas de derecho que proponía el demandante en el libelo genitor del proceso, como llamadas a gobernar el caso concreto, citó el artículo 897 del Código de Comercio, el cual se refiere a los actos ineficaces e impone que cuando en ese estatuto se diga que una manifestación de voluntad destinada a crear efectos jurídicos no los produce, se debe entender que es ineficaz de pleno derecho; esta circunstancia, per se, no puede conllevar a la afirmación de que ella fue, definitivamente, la acción ejercitada, pero tampoco permite excluir esa posibilidad, que nacía en el planteamiento mismo de la pretensión; luego, ya que se hallaba entre las opciones hermenéuticas a que daba lugar aquella pieza inicial, lejos está la aserción, que quiere la casacionista, de que el ad quem cayó en ostensible desvarío, por supuesto que no aparece irracional ni ilógica ni francamente aventurada la conclusión del tribunal.

d) De esta suerte, es palmario que, cual atrás se afirmó, no emerge con total certeza la equivocación ostensible del fallador con respecto a la hermenéutica adelantada enfrente de la pretensión aducida, comoquiera que la forma en que ella fue planteada permitía —y exigía— optar por alguna de las posibilidades que allí anidaban, entre las cuales la escogida por él no resultaba contraevidente ni desencajada del contexto general de la demanda ni abiertamente desligada de la idea central que la animaba; desde luego que su querer iba encaminado hacia el derrumbamiento del acto originario de la entrega realizada por el actor de una suma de dinero, a fin de que, derruido él, se lograra que esta volviera a su patrimonio, aspiración que se notaba enteramente nítida y unívoca, en contraste con la principal que aparecía, según se ha visto, pasible de variada interpretación.

e) Las consideraciones precedentes tornan del todo inanes los yerros fácticos que el acusador le enrostra al tribunal alrededor de la ponderación de los documentos visibles a folios 159 a 160, 244 a 250, 255 y 258 a 261, referentes a unas credenciales, a unos poderes y al acta de la asamblea general de accionistas verificada el 4 de diciembre de 1995.

Evidentemente, el mérito de la ratificación deducida a partir de tales dislates, aquel la plantea dando por demostrado el error que le atribuye a este en la interpretación de la demanda, en tanto sostiene que como lo deprecado en dicho libelo fue la nulidad del acto, con la mentada ratificación, no observada por este en las probanzas así individualizadas, se produjo la convalidación del respectivo negocio jurídico. Es así como expresa que “el manifiesto (y, por ende, arbitrario) yerro fáctico en el que incidiera el sentenciador de segundo grado al interpretar la demanda, trajo consigo la comisión de otros desaciertos probatorios no menos evidentes”, que son, en concreto, los relativos a la valoración de las pruebas antes relacionadas; más adelante sostiene que la circunstancia de que el actor haya pagado una determinada suma de dinero a la demandada y de que esta, a cambio, hubiera extendido un título accionario, “conforma una realidad no solo física sino también jurídica, pues sin caer en una contradicción no se puede decir que ese acuerdo de voluntades sea inexistente”, que “existiendo —como en realidad existe— lo que hay que preguntar, conforme lo hiciera el propio demandante, es si es ineficaz de pleno derecho..., o si, más bien, debe ser calificado como nulo”; para rematar sosteniendo que “situada... la cuestión en la perspectiva precedentemente descrita, es tempestivo indicar que si el tribunal no hubiese malinterpretado la demanda y si, por lo mismo, la hubiese contemplado en su sentido cabal y claro, habría apreciado que, como en ella consta, la acción ejercitada por el actor fue la de nulidad del contrato” y que “por efecto de tal percepción, habría también advertido que el demandante... ratificó esa adquisición de las acciones”.

Al ser ese el alcance real de las alegaciones expuestas acerca de la mentada ratificación, es claro entonces que las mismas emergen infructuosas, si se tiene en cuenta, como viene de concluirse, que en lo atinente a la interpretación que hizo del acto introductorio del proceso el ad quem no pudo incurrir en una equivocación manifiesta, como se exige en casación, porque el entendimiento que le ofreció racional y objetivamente se lo permitía el contexto general de dicha pieza.

Entonces, el examen acerca de la convalidación solo se imponía de haber salido avante la tesis de la recurrente, en el sentido de que la súplica deducida del acto inicial del pleito era la de nulidad de un negocio jurídico, y no la que de la misma pieza encontró el juez de segundo grado, en un análisis que, por no haber sido derruido en esta senda por aquella, se mantiene incólume, abrigado con la presunción de verdad y acierto.

f) El cargo, por tanto, no prospera.

15. En el cargo segundo la acusadora le atribuye al tribunal haber infringido los preceptos legales allí aducidos, al confundir la “...ineficacia de pleno derecho del acto...” con las “... prestaciones ejecutadas con ocasión del mismo...”, porque, según la recurrente, la devolución no puede “... hallar su razón de ser en un... reconocimiento judicial...” de aquel fenómeno, puesto que tal restitución encuentra su origen en el hecho de “... haberse entregado algo sin causa alguna...”; de este modo, prosigue, “... juzgó como imprescriptible la acción ejercitada en la especie de esta litis...”, fundado en que la ineficacia nunca prescribe, con lo cual desestimó la excepción propuesta.

Así las cosas, si se aceptara el planteamiento que propone la censura, esto es, que el ad quem erró al resolver la excepción de prescripción, dado que la misma debió definirla de cara a la petición de restitución sin causa, y no a luz de la mencionada ineficacia del acto, esa propuesta resultaría por entero intrascendente, por cuanto tal admisión, en todo caso, no podría conducir al quiebre de la sentencia, según pasa a verse.

a) Ciertamente, como se dejó compendiado en los antecedentes de esta providencia, en la contestación de la demanda la opositora propuso la excepción de prescripción, con soporte en el artículo 235 de la Ley 222 de 1995, en cuyo sentido fue enfática en expresar que el término de cinco años allí vertido se completó mucho antes de la fecha en que la promotora de este asunto lo iniciara, y es esa misma disposición de la que en esta senda extraordinaria se vale la recurrente, en últimas, para obtener, tras el quiebre del fallo impugnado, el mérito del señalado medio exceptivo; mas acontece que atendida la naturaleza jurídica de la citada devolución de los efectos patrimoniales entregados, como la propia casacionista alcanza a reconocerlo en la acusación, tal expresión legal no es la llamada a definir el tópico atinente al preanotado fenómeno, comoquiera que esta apunta a unos supuestos fácticos que distan muchísimo de aquel en el que, en puridad, halla venero la aludida restitución.

En efecto, al prever la norma en cuestión que “las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el libro segundo del Código de Comercio y en esta ley [222 de 1995], prescribirán en cinco años”, está significando, sin duda, que tal mecanismo de extinción de las obligaciones puede tener lugar solo en presencia de una reclamación judicial que haya sido fundamentada en una cualquiera de las tres hipótesis allí involucradas, vale decir, únicamente en la medida en que la causa que soporte el objeto de la respectiva controversia gire alrededor de por lo menos uno de tales supuestos de hecho; así deberá tratarse de una acción relacionada con la insatisfacción total, la atención parcial o tardía de unas determinadas obligaciones, o con la infracción del régimen legal previsto para las sociedades mercantiles, contenido a partir del artículo 98 del Código de Comercio así como en las normas concordantes y complementarias, o del quebrantamiento de alguna disposición de la misma Ley 222.

Por ende, cuandoquiera que se trate de una acción cuya causa petendi se distancie de cualquiera de las tres eventualidades taxativamente enlistadas en aquel precepto, el tema atinente a si ella está prescrita no se podría resolver bajo su amparo y mucho menos, desde luego, a la luz del plazo que la misma concibe, porque, reitérase, el término allí determinado lo contempla el legislador apenas para aquellos casos en los que la correspondiente petición judicial tenga corno base una u otra de las variables en cuestión.

Al comparar las nociones anteriores con la causa que motiva la solicitud de devolución de los dineros que la actora entregó a la demandada, sin dificultad se constata que ella no encuadra en ninguno de tales supuestos fácticos, o sea, que el petitum atinente a que se ordenare a esta restituirle a aquella la suma de $ 76.267.245 debidamente indexada, no obedece al hecho del incumplimiento, o a la atención parcial o morosa de una específica y puntual obligación que la segunda tuviera con la primera; tampoco halla su génesis en el quebranto de lo contemplado por el legislador respecto del régimen societario, ya se trate de las disposiciones contenidas en el libro segundo del estatuto de los comerciantes ora de las que las complementan o que les son concordantes; y mucho menos se relaciona con la violación a lo prevenido en alguna disposición de la 222 (sic) de 1995.

Conforme quedó considerado al describir el ámbito de la teoría sobre la ineficacia de los negocios jurídicos, y como en forma tajante lo admite la impugnadora en orden a pretender demostrar la equivocación en la que, según su decir, incurrió el juez de segundo grado, por la circunstancia misma de que se trató de un acto que no nació a la vida jurídica, por las razones expuestas en precedencia, la súplica relativa a la devolución de los dineros que sin motivo alguno así entregó la promotora del litigio a la contraparte, no tiene como causa petendi el contrato de suscripción de acciones, ni las acciones mismas ni una de las tres hipótesis factuales a las que se limita el artículo 235 citado; en este orden de ideas, dicho ejercicio judicial involucra una petición apoyada, fundamentalmente, en que, por ser el aludido acto ineficaz, las sumas de dinero de las que trata la prealudida restitución fueron entregadas sin causa alguna y, por ello mismo, la demandada está llamada a regresarlas, debidamente actualizadas; expresado con otras palabras, aquel precepto no rige la cuestión debatida en el presente litigio, puesto que, antes que en tales supuestos normativos, el indicado reintegro tiene hontanar fáctico en la negativa de la opositora a hacer reembolso de una suma dineraria que, al tenor de la pieza inicial del pleito, debió restituir una vez reconocida la ineficacia del reglamento de colocación de acciones, esto es, jurídicamente se funda en el pago sin motivo alguno, como ampliamente se dejó manifestado con antelación.

Es que si, además, de conformidad con la aserción involucrada en el cargo, la idea nuclear que ilumina el libelo es la reintegración del patrimonio de Hajduk, dada la carencia de causa de la entrega dineraria que hiciera a Unibán S.A., florece palmario que la acción, como antes se puntualizó, no deriva de ningún otro fenómeno, ni siquiera de la desatención de reglas jurídicas, pues su fundamento se halla, justamente, en la necesidad, por motivos de justicia, de regresar a su origen las cosas dadas sin razón.

b) Adicionalmente, es de ver cómo el promotor del proceso, en el conjunto fáctico que sirvió de apoyatura a su pretensión, omitió cualquier referencia al incumplimiento de prestaciones o a la inobservancia normativa, de manera que suplicó el retorno del valor entregado, fincado en que “... el reglamento de suscripción y resolución aprobatoria fueron declaradas ineficaces en sentencia proferida por el Juzgado 4º Civil del Circuito Especializado de Medellín en proceso abreviado de Sociedad Agrícola Bananera S.A. contra C. I. Unión de Bananeros de Urabá S.A., Unibán S.A., en octubre 5 de 1993, confirmada por el honorable Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, en sentencia de septiembre 8 de 1994, decisión acatada por la Superintendencia de Sociedades en Oficio 100-31087 y en Resolución 320-993, convalidados ambos actos administrativos por el Consejo de Estado en sentencia de noviembre 19 de 1998, que revocó la proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca en marzo 12 de 1998”; vale decir, el actor diseñó el petitum abroquelado exclusivamente en una causa petendi cuya esencia fue la que ya ha quedado reseñada, circunstancia que impide predicar la derivación de tal acción de la desobediencia del libro segundo del Código de Comercio.

c) Ahora bien, si bajo ese mismo plano hipotético, en lo tocante con la particularizada pretensión el medio exceptivo en cuestión se resolviera no con base en aquella disposición sino con soporte en el artículo 2536 del Código Civil, que sería el aplicable al tratarse, cual viene de exponerse, de una reclamación de lo dado sin causa (C.Co., art. 822), la Corte tendría que arribar a idéntica conclusión, esto es, a la intrascendencia de la censura.

Y ello porque al ser analizada la cuestión bajo esa óptica, ya se la valore con la norma que el primero de los preceptos últimamente citados tenía antes de la reforma que le introdujo la Ley 791 de 2002 o con la que ostenta desde esta, sin mayores dificultades se encontraría que tal término —los veinte años, previstos antes de dicha modificación o los diez establecidos a partir de la misma—, no se alcanzó a completar, habida cuenta que la demanda con la que se promovió este asunto fue presentada al seno de la jurisdicción el 20 de marzo de 2002 y que el conteo del respectivo plazo debía iniciar, de acuerdo con lo aseverado por ella misma, el 7 de septiembre de 1993, siendo que la vinculación procesal de la demandada se produjo dentro del plazo estipulado en la norma que a la sazón ostentaba el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

d) Ha de verse entonces cómo la doctrina de la intrascendencia expuesta al comienzo de estas motivaciones es la que determina la improsperidad del cargo por supuesto que, aunque se quebrara el fallo objeto de reproche, la Corte al dictar el de reemplazo estaría compelida a desestimar la excepción de prescripción planteada, precisamente por las razones que han quedado sentadas.

e) El cargo, pues, no prospera.

Decisión

Consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 29 de julio de 2008 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario que instauró Wladislao Emilio Hajduk Küron frente a C. I. Unión de Bananeros de Urabá S.A., Unibán S.A.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Notifíquese.