Sentencia 2002-00190 de octubre 14 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002325000200200190 02

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Número interno: 17421

Líneas Aéreas Suramericanas S.A. contra la Superintendencia Bancaria - Hoy Superintendencia Financiera, y la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Caxdac. Fallo

Bogotá, D.C., catorce de octubre del dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Previamente a decidir sobre el asunto de fondo y de acuerdo con el recurso de apelación de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores, Caxdac, se analiza si proceden las excepciones previas que dicha entidad propuso, comenzando por las de ineptitud formal de la demanda, y falta de jurisdicción o competencia, o si, como lo concluyó el tribunal, estas no se probaron.

Dado que los fundamentos de dichas excepciones atacan el primer presupuesto sustancial de la acción impetrada (la existencia de actos administrativos demandables a partir de la naturaleza de la entidad que los profiere), de la suerte de las mismas dependerá el estudio de las excepciones de caducidad y falta de agotamiento de la vía gubernativa, igualmente invocadas.

Según la apelante, siendo ella una entidad particular sin capacidad legal para cumplir funciones administrativas, los oficios y comunicaciones que profirió y cuya nulidad se depreca, no son actos administrativos demandables en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sino simples cartas relativas a una controversia sobre el sistema de seguridad social integral, de conocimiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria laboral.

La Caxdac solo tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de los aviadores afiliados y la asignación de los porcentajes de participación de las diferentes empresas empleadoras de aquéllos, para el pago de dicha prestación. Esas funciones, difieren de la aprobación del cálculo actuarial que le corresponde realizar a la Superintendencia Bancaria —hoy Superintendencia Financiera—.

En criterio del a quo, esta jurisdicción es competente para estudiar la actuación de la Caxdac conjuntamente con la de la Superintendencia Bancaria, en virtud de la teoría del fuero de atracción, los principios de economía y seguridad jurídica y la conveniencia de dictar una sola sentencia.

Al respecto se observa:

La Caja de Auxilios y Prestaciones de Acdac - Caxdac fue creada por el Decreto-Legislativo 1015 de 1956 (art. 8º), como entidad de derecho privado y sin ánimo de lucro, con el objeto de atender el mejoramiento económico, cultural y técnico de los aviadores civiles vinculados con empresas de transporte aéreo.

Así, las prestaciones que por ley correspondían a los aviadores civiles, dejaron de estar a cargo de los patronos o empresas de aviación civil, a medida de que la Caxdac las fue asumiendo.

Tal normativa fue adoptada como legislación permanente por la Ley 32 de 1961 (art. 13), que dictó normas sobre prestaciones sociales de los aviadores civiles. Dicha legislación previó que los patronos o empresas de aviación civil que pagaran mensualmente los aportes fijados por el gobierno, quedaban exentos de pagar la pensión de jubilación establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, a sus aviadores y navegantes civiles.

Por su parte, el Decreto 60 de 1973 (art. 3º), que reglamentó la ley anterior, dispuso que la Caxdac era una persona jurídica de carácter privado y sin ánimo de lucro, creada para asumir algunas o todas la prestaciones que por ley correspondían a las empresas aportantes y para procurar el mejoramiento económico, cultural y técnico de sus afiliados.

A su vez, el artículo 139 de la Ley 100 de 1993 otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias “para armonizar y ajustar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles ... ; lo que condujo a que la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles Caxdac, se adaptara al nuevo régimen de seguridad social integral, como administradora de pensiones del régimen de prima media con prestación definida, de conformidad con los decretos 1282, 1283, 1285 y 1302 de 1994.

El segundo de dichos decretos estableció el régimen de la Caxdac, precisando que era una entidad de seguridad social de derecho privado y sin ánimo de lucro, creada por el Decreto-Legislativo 1015 de 1956 y la Ley 32 de 1961, encargada de administrar el régimen de transición de los aviadores civiles definido en el Decreto 1282 del mismo año, y el régimen de pensiones especiales transitorias del artículo 6º ibídem.

El anterior marco normativo deja en claro que la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores es una entidad privada, encargada, se repite, de administrar el régimen pensional de los aviadores civiles.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, vigente para cuando se presentó la demanda, esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.

El criterio orgánico establecido por esta disposición al referir el objeto de la jurisdicción contenciosa a las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, en sustitución del tradicional criterio material, según el cual la jurisdicción juzgaba controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñaran funciones administrativas, se mantuvo en la reforma introducida por la Ley 1107 de 2006.

Con acierto, esta corporación señaló que el artículo 82 en su texto original, constituía el referente normativo de la esencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual servía, las más de las veces, para la comprensión de las singulares disposiciones relativas a las competencias de los distintos órdenes de la jurisdicción, así como para cubrir los eventuales vacíos normativos y poder determinar si un proceso era del conocimiento o no, de la jurisdicción”, y que, bajo el criterio material que establecía, la función administrativa “constituía el concepto justificador de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero debía concebirse de manera respetuosa, en consideración de las normas de competencia de las otras jurisdicciones, también de rango constitucional, así como de las normas de competencia alusivas a su organización interna”(1).

El novedoso criterio orgánico, establecido por la modificación legal, resuelve las dudas sobre el conocimiento de la jurisdicción frente a hipótesis no reguladas legalmente, sin embargo, ello conllevaba problemas frente a las acciones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales, porque la procedencia de estas, por su propia lógica, partía de comportamientos administrativos que manifestaban la función administrativa. Así, “las singulares disposiciones relativas a competencias de los órdenes de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, detentaban una lógica material más que orgánica, o al menos, se habían consagrado con este espíritu, y por consiguiente, su obligado referente orgánico, riñe si no con su esencia, al menos sí, con su comprensión”.

Tales consideraciones ofrecieron un escenario crítico de la reforma, conducente a reconocer, de una parte, que “la inclusión de criterios orgánicos o materiales al Código Contencioso Administrativo, debe guardar, en la medida de lo posible, coherencia con otras disposiciones del mismo Estatuto, principalmente las relativas a las competencias asignadas a los distintos órdenes de la jurisdicción”; y de otro lado, a aceptar que la reforma desconoció los alcances que tiene el artículo 82 en toda la jurisdicción, y que es necesario hacer interpretaciones que hagan coherentes las normas sobre competencia.

Ahora bien, el artículo 83 del Código Contencioso Administrativo facultó el juzgamiento de los actos, hechos, omisiones, operaciones administrativas y contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de acuerdo con la facultad que otorga el artículo 210 (inc. 2) de la Constitución Política.

La naturaleza de las funciones desempeñadas por el particular, propias de los distintos órganos del Estado, en términos del artículo 82, o “administrativas”, conforme con el artículo 83, es, pues, requisito sine qua non para que sus actuaciones puedan ser pasibles de control por parte de esta jurisdicción.

En términos del artículo 209 ejusdem, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla mediante delegación, descentralización y desconcentración, con fundamento en determinados principios. La función administrativa desarrollada por particulares hace parte de la descentralización por colaboración(2), e implica el ejercicio de potestades públicas para satisfacer las necesidades generales de todos los habitantes, conforme con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución y en las condiciones legalmente previstas para su ejercicio(3), y sin perjuicio de la naturaleza y del régimen aplicable a la entidad o persona privada que recibe el encargo de las funciones, no obstante que la expedición, requisitos y procedimientos de comunicación e impugnación de sus actos unilaterales, se sujetan a las disposiciones propias de los actos administrativos (L. 489/98, art. 112).

Así pues, correspondiéndole a la entidad de derecho privado, Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores, administrar el régimen de pensiones de los aviadores civiles, es claro que dicha entidad no cumple funciones administrativas en el ámbito de la descentralización por colaboración, ni tareas propias de los órganos estatales.

Lo anterior conduce a señalar que las controversias derivadas de las actuaciones de la Caxdac, como administradora del sistema general de seguridad social en pensiones, deban ser conocidas por la jurisdicción laboral civil conforme lo prevé el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo; y que sus manifestaciones, cualquiera que sea su contenido (decisiones, opiniones, comunicaciones, etc.) no sean ni pueden ser actos administrativos, comoquiera que la existencia de estos sólo se da en el contexto de la administración pública, pues son la forma que esta utiliza para expresar su voluntad unilateral.

Bajo esta perspectiva, se configuran las excepciones de falta de jurisdicción y competencia propuestas por la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, lo cual es razón suficiente para que esta Sala se abstenga de estudiar las demás excepciones y se declare inhibida de decidir sobre la nulidad de los oficios 95276 de 2 de marzo de 1999, 100757 de 18 de diciembre de 2000, 200111 de 5 de febrero, 201964 de 27 de noviembre de 2001 y 202111 de 26 de diciembre del mismo año, proferidos por dicha entidad; pues, de acuerdo con la esencia y sentido teleológico de esta jurisdicción, tal declaratoria —la de nulidad—, solo puede recaer sobre actos y contratos administrativos, y así lo confirman los artículos 84, 85 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

Es claro que la teoría del fuero de atracción, si bien acopia un fin loable de economía, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica, no puede alterar la naturaleza de las decisiones de los entes privados que no cumplen funciones administrativas ni ninguna otra propia de los órganos estatales, para con ello hacerlas anulables por parte de la jurisdicción contenciosa, y desfigurar el objeto y presupuesto sustancial de las acciones judiciales tratándose del control de legalidad de actos administrativos.

En tal sentido, se revocará el numeral primero de la sentencia apelada, para, en su lugar, declarar probadas las excepciones de falta de jurisdicción y competencia, y proferir fallo inhibitorio respecto de los oficios y comunicaciones de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Acdac, cuya nulidad se solicitó.

Resuelto lo anterior, pasa a estudiarse el recurso de apelación interpuesto por la demandante, para establecer la legalidad del Oficio 2001-001592-1 de 19 de octubre de 2001, por el cual la Superintendencia Bancaria aprobó el cálculo actuarial con corte a 31 de diciembre de 1997, presentado por la actora (fls. 33-42, cdno. 1).

De la motivación del acto que aprobó el cálculo actuarial y el acto presunto que negó su revocatoria

Desde la perspectiva de la apelación de la actora, el acto aprobatorio del cálculo actuarial con corte a 31 de diciembre de 1997 debió anularse por falta de motivación, en cuanto su texto se limitó a señalar (fl. 2, cdno. 3):

“En atención a su comunicación 012264 del 4 de junio de 2001 y en ejercicio de las facultades conferidas a esta superintendencia en el artículo 7º del Decreto 1283 de 1994 y dado que el cálculo actuarial por pensiones de jubilación de aviadores en régimen de transición administrado por Caxdac con corte a 31 de diciembre de 1997, a cargo de LAS, se ajusta a la normativa vigente establecida para el efecto, se aprueba el valor del pasivo actuarial por ochocientos cuarenta millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($840.849.484), discriminados así:

Reserva jubilados 603.507.227.

Reserva activos 226.299.341.

Reserva retirados 11.042.916.

Es preciso advertir que la información básica relativa a edad, salarios y tiempos de servicio es responsabilidad de la compañía quien deberá efectuar los ajustes correspondientes en caso de presentarse cambios justificados posteriormente.

El deber de motivación de los actos administrativos se vislumbró desde el Decreto 2400 de 1968, respecto de las declaratorias de insubsistencia de funcionarios no pertenecientes al régimen de carrera, cuando se ordenó que en las hojas de vida de los afectados por las mismas debía dejarse constancia de los hechos y las causas que ocasionaron tal decisión(4).

A su turno, el artículo 35 del Decreto 1 de 1984 dispuso:

“Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay.

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título”.

En el contexto de la Carta Política de 1991, la motivación expresa el principio de publicidad incluido en el artículo 209 que lo contempla como uno de los que rigen la función administrativa, y de acuerdo con el cual esta debe desarrollarse, previendo que las autoridades administrativas coordinen sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines estatales.

La obligación de motivar los actos administrativos se deriva, entonces, de la sujeción de la función administrativa a los fines constitucionalmente asignados al Estado (C.P., art. 2º), y del principio de publicidad, que impone a los funcionarios públicos dar a conocer los fundamentos de los actos administrativos que profieren, en orden a que sus destinatarios puedan controvertirlos. Como tal, la publicidad permite establecer el momento a partir del cual el acto comienza a ser obligatorio, y garantiza la transparencia en salvaguarda de la objetividad y la efectividad del principio de legalidad.

Este deber —el de motivar— se presenta como la razón por la cual el acto se expide. Se materializa a través de una declaración sobre las circunstancias de hecho y de derecho que conducen a emitir la decisión administrativa, generalmente plasmadas en sus considerandos y asociadas a una causa funcional que parte de supuestos objetivos y ajenos a quienes elaboran el acto. De tal declaración deviene la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la respectiva decisión(5), como dimensión pasiva y objetiva de la motivación, y la valoración jurídica y/o de conveniencia de la decisión o de su adecuación normativa, como dimensión activa(6).

En el concepto de Estado social de derecho, la comprobación del sometimiento de las actuaciones administrativas al ordenamiento jurídico y su correspondencia con los fines de la función administrativa, proviene, por antonomasia, de la motivación de los actos administrativos, la cual relaciona la decisión administrativa con las normas que facultan a la autoridad para obrar y con los hechos y circunstancias a las cuales le aplica la normatividad que invoca(7). En esa medida, la motivación adquiere alta significación probatoria porque permite establecer si el acto se ajusta a los antecedentes constitutivos de su “causa jurídica”, facilitando su interpretación y control jurisdiccional(8).

Ahora bien, la motivación debe ser cierta, seria, adecuada y congruente con la decisión, porque refiere a la perfección del acto, en cuanto debe dar razón plena del proceso lógico y jurídico que lo genera. La exigencia así concebida se presenta como presupuesto mixto del acto, es decir, tanto de tipo sustancial, ya que atañe al contenido o fondo de la decisión, como de naturaleza formal, pues da cuenta de una de las solemnidades concurrentes al tiempo de su formación.

No obstante, es pertinente anotar que la jurisprudencia ha admitido excepciones al deber de motivación, como en el caso de los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, porque responden a motivos personales de confianza, y se canalizan a través de la facultad discrecional del gobierno para nombrar y remover libremente a sus empleados, dada la relación subjetiva o “in tuitu personae” entre el nominado y el nominador, que caracteriza ese tipo de empleos (C.Const., SU-250/98)(9).

Como tal, la motivación evita la arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas, en cuanto supervisa que estas no adopten decisiones por su mera voluntad(10), máxime tratándose de actos discrecionales sujetos al principio de razonabilidad en los términos del artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, conforme con el cual la decisión discrecional debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. De esta forma, el ordenamiento desconoce la discrecionalidad absoluta, no así la discrecionalidad relativa, que permite apreciar las circunstancias de hecho, oportunidad y conveniencia para adoptar la decisión, pero siempre atendiendo a las finalidades generales inherentes a la función pública, y a los fines particulares implícitos en la norma que autoriza la decisión.

Analizado el acto aprobatorio del cálculo actuarial de cara al marco legal y doctrinal anterior, estima la Sala que aquél no presenta el vicio de falta de motivación, dado que identifica las razones fácticas y jurídicas de su decisión; estas son: i) la solicitud del oficio 012264 del 4 de junio de 2001, por el cual la demandante pidió complementar el oficio 1998028325-1 del 23 de julio de 1998, en el sentido de precisar la revisión que debía hacerse sobre el cálculo actuarial (fl. 10, cdno. 2); ii) las facultades conferidas a la entonces Superintendencia Bancaria por el artículo 7º del Decreto 1283 de 1994, vigente para la época, según el cual, las empresas de transporte aéreo tenían que elaborar el cálculo respectivo y la superintendencia, a su vez, debía aprobarlo; y, iii) la conformidad del cálculo actuarial presentado con la normativa vigente establecida para el efecto, pudiendo interpretarse en el contexto de la frase, que sería la aplicable en el periodo al que correspondía dicho cálculo, sin que tal afirmación constituya una simple frase de cajón como la califica la actora, pues es claro que remite a una normatividad de conocimiento público, más aún para las empresas de aviación obligadas a presentar el cálculo, e incluso sujetas al principio civilista según el cual, la ignorancia de las leyes no excusa su incumplimiento (C.C., art. 9º) . Lo anterior, sin perjuicio de la aptitud de ese marco legal que finalmente podía discutirse ante esta jurisdicción, como en efecto se hizo.

Así pues, la Sala entiende que el acto aprobatorio en comento ciertamente contiene una motivación seria y congruente con la decisión que adopta, y suficiente tanto para el control jurisdiccional de la misma, como para que su destinataria se opusiera a ella, en cuanto distingue los argumentos que soportaron la aprobación, independientemente de que estos sean pertinentes y eficaces para respaldar su validez.

Por lo demás, el Oficio 1998028325-1 del 23 de julio de 1998 (fl. 7, cdno. 2)(11), no constituye la apertura formal de una actuación concretamente dirigida a establecer los aspectos que aquél menciona, pues sólo sugiere a la actora revisar las cifras del cálculo presentado, dado que fue ella quien lo elaboró.

En esa medida, para el acto aprobatorio no era exigible referirse a dichos aspectos, aunque, de cualquier forma, cabe deducir que las observaciones del citado oficio no tuvieron entidad suficiente para improbar el cálculo presentado pues, se repite, la Superintendencia puntualizó que éste se ajustaba a la normatividad, lo cual ratificó en la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión, en los que precisó que la aprobación del cálculo obedeció a que éste se ajustó a la técnica actuarial, a las disposiciones de la Resolución 88 de 1995, y a la coincidencia entre los datos reportados con la solicitud de aprobación y los de la base de datos de la Caxdac.

Así mismo, es de observar que la manifestación hecha por la demandante al presentar el cálculo actuarial (fl. 5, cdno. 2), en cuanto a su inconformidad con el porcentaje de participación que le fijó la Caxdac respecto del piloto jubilado Daniel Oviedo, se planteó simplemente como explicación de la demora en la entrega de la información.

La falta de motivación no es, pues, razón para anular el acto aprobatorio del cálculo, proferido por la Superintendencia Bancaria - hoy Superintendencia Financiera de Colombia.

Del estudio de legalidad del acto ficto presunto negativo

Las pruebas aportadas y las manifestaciones de la Superintendencia Financiera evidencian que este organismo no respondió la solicitud de revocatoria 2001001592-2 014133 del 26 de octubre de 2001 (fls. 8 a 9, cdno. 2) respecto del acto que aprobó el cálculo actuarial.

Según la demandante, la inexistencia de violación del derecho de petición que concluyó el a quo, no exime de la declaratoria de nulidad del acto negativo proveniente de la falta de respuesta.

De acuerdo con el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, “Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto”.

La anterior preceptiva legal deja en claro que, regla general, ante toda ausencia de pronunciamiento de la administración respecto de la cual no se hubieran establecido efectos especiales, se presume que el transcurso del tiempo produce un acto con efectos negativos, no obstante que las autoridades continúan siendo competentes para resolver la petición inicial. Así, el administrado puede esperar a que le resuelvan su solicitud antes de que acuda a la jurisdicción, o, después de configurado el silencio, recurrir el acto presunto si éste es impugnable(12), conforme con los artículos 51 y 135 ibídem.

El silencio administrativo así establecido representa el efecto de la falta de respuesta por parte de la administración. Ese efecto surge por la presunción de la existencia de un acto negativo o positivo discutible en sede gubernativa o jurisdiccional, sin que ello implique transgredir el núcleo esencial del derecho de petición ni excluir la defensa judicial del mismo, comoquiera que es la mejor demostración de su violación(13).

Dada la finalidad de la figura del “acto presunto” negativo, como medio que permite ejercer los recursos y acciones pertinentes, inherentes al derecho de defensa del administrado frente a la desidia de las autoridades, estima la Sala que al no decidirse oportunamente la petición de revocatoria(14) se configura el silencio administrativo negativo en los términos del artículo 40 aquí comentado, y que, por tanto, dicha solicitud es igualmente pasible de los efectos del mismo, es decir, los de presumir existente un acto que la resolvió en sentido negativo, sin necesidad de declaratoria judicial, contra el que puede oponerse el solicitante.

En consecuencia, procede el examen de legalidad del acto ficto señalado, en relación con el cual sólo se aludió a la violación del derecho de petición por no haberse resuelto la solicitud de revocatoria. Este argumento, en sí mismo, no ataca el sentido negativo de la decisión ficta, de modo que el análisis de esta última no irá más allá de las razones que sustentaron la petición (inexistencia de pronunciamiento sobre la inconformidad de la demandante frente al porcentaje del 75% que Caxdac le fijó para contribuir al pago de la pensión del capitán Daniel Oviedo), en el entendido de que el acto presunto las desestimó en su integridad.

Del asunto de fondo

Puestas así las cosas, entra la Sala a examinar el asunto de fondo, relacionado con la validez de la aprobación del cálculo actuarial de Líneas Aéreas Suramericanas, para 1997, a partir del porcentaje de participación que se le asignó para el pago de la pensión del capitán Daniel Oviedo Gálvis.

Según la demandante, dado que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 1º del Decreto 1302 de 1994, la determinación de dicho porcentaje debe hacerse de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y los decretos 1282 y 1283 de 1994, esto es, por el tiempo de servicio que el pensionado le prestó. Así calculado, el porcentaje sería del 13,18%.

Contrario sensu y con base en el régimen pensional de los aviadores civiles antes de entrar a regir la Ley 100 de 1993 (L. 32/61 y D. 60/73), la parte demandada señaló que la determinación del porcentaje de participación de las empresas de aviación empleadoras, era del 75,05%, pues debía basarse en las reservas registradas en los cálculos actuariales de cada una de ellas, de acuerdo con el promedio del salario devengado por el pensionado durante su último año de servicio, y en relación con el monto de la reserva requerida para cubrir la totalidad de la pensión.

El tribunal aceptó la aplicación de esta última normatividad, porque la pensión fue reconocida antes de expedirse la Ley 100 de 1993, y el factor de tiempo laborado para la determinación del cálculo actuarial se estableció posteriormente.

Para resolver, la Sala comienza por remitirse al siguiente marco legal:

El reconocimiento y pago de las pensiones de los trabajadores privados fue, en principio, responsabilidad directa de ciertos empresarios, dado que las leyes 6 de 1945 y 65 de 1946 y el artículo 260 del Código del Trabajo de la época, preveían el derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación como una prestación especial para ciertos patronos (empresas con capital mayor a $800.000).

No obstante, el legislador admitió que en algunos casos se constituyeran cajas de previsión privadas para determinados sectores económicos, como es el caso de la Caxdac, la cual, por disposición del Decreto 1015 de 1956, adoptado como legislación permanente por la Ley 32 de 1961, asumió la administración del régimen de pensiones de aviadores civiles establecido en el Decreto 60 de 1973 (art. 3º).

Según la mencionada ley, las empresas nacionales de aviación civil contribuirían con sus aportes a la financiación de la Caxdac, en la cuantía y condiciones señaladas por el Gobierno Nacional, previos los estudios actuariales presentados por la entidad beneficiaria (art. 1º).

Por su parte, el Decreto 60 de 1973 (arts. 4º, 6º y 12), señaló que la Caxdac debía reconocer y pagar a sus afiliados las prestaciones sociales que por ley correspondieran a las empresas aportantes, y que hubiera asumido, para lo cual dichas empresas debían suministrar a la caja los datos de los afiliados que ordenaran los estatutos. También dispuso que los fondos de la caja provendrían de los aportes ordinarios y extraordinarios de sus afiliados, de acuerdo con sus estatutos, entre otros; y que cada año, el gobierno debía fijar la cuantía de los aportes de las empresas aportantes, teniendo en cuenta los estudios actuariales correspondientes, que la caja debía presentar ante el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, antes del 31 de enero de cada año, según los criterios y condiciones establecidos en el artículo décimocuarto ibídem(15).

El artículo 64 del Decreto 2160 de 1986 señaló que el valor actual del pasivo por pensiones de jubilación se debía registrar anualmente con base en estudios actuariales preparados con métodos de reconocido valor técnico y de acuerdo con factores que atendieran a la realidad económica. A través de la Circular Externa 63 de 1990, la Superintendencia Bancaria puntualizó que todas las entidades vigiladas y obligadas a pagar pensiones debían someter a su aprobación el respectivo actuarial a 31 de diciembre del respectivo año.

En el año 1993, el artículo 139 de la Ley 100 otorgó facultades extraordinarias al gobierno para, entre otras cosas, determinar la estructura, administración, recursos y demás disposiciones sobre la vigilancia de administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía y demás entidades de previsión social de la Superintendencia Bancaria; y para establecer la manera como las cajas, fondos o entidades del sector privado que subsistían, debían adaptarse a las disposiciones de dicha ley. De acuerdo con ello, se expidieron los decretos 1282, 1283 y 1302 de 1994.

El primero de dichos decretos previó la aplicación del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 a los aviadores civiles, con excepción de quienes estuvieran cobijados por el régimen de transición y por las normas especiales previstas en el mismo decreto (1282), respetándose los derechos, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos en normas anteriores, de quienes a la fecha de vigencia de la ley tuvieran los requisitos para acceder a la pensión o estuvieran pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes (D. 1282/94, arts. 1º y 2º).

Este régimen de transición favorecía a los aviadores civiles que al 1º de abril de 1994 hubieran sido cotizantes durante 10 años o más y que hubieran cumplido 40 o más años de edad si eran hombres, o 35 o más años de edad si eran mujeres (art. 3º ibídem).

Los beneficios del régimen, al tenor del artículo 4º del Decreto 1282, consistían en el reconocimiento del derecho pensional conforme con la regulación que se venían aplicando, esto es, el Decreto 60 de 1973, a cualquier edad, siempre que hubieran cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en empresas obligadas a efectuar aportes a Caxdac, como administradora del régimen de transición y de las pensiones especiales transitorias(16), manteniéndose las condiciones de valor y monto máximo de la pensión anteriormente aplicables, es decir, el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios.

Por su parte, el Decreto 1283 de 1994 (arts. 3º y 6º) previó que las reservas de jubilación de Caxdac estaban destinadas al pago de obligaciones pensionales generadas antes de la vigencia de ese decreto y a las nuevas pensiones de jubilación que le correspondía administrar dentro del régimen de transición. También precisó que las empresas aéreas empleadoras de los aviadores civiles pensionados por Caxdac, de quienes hubieran causado el derecho y de los beneficiarios del régimen de transición, debían transferir a la caja las sumas necesarias para completar el valor total del cálculo actuarial de aquéllos cuya pensión corresponde administrar a aquélla.

A las empresas de transporte aéreo se les asignó la elaboración del cálculo actuarial, y a la Superintendencia Bancaria la aprobación del mismo, amortizándolo gradualmente en la forma establecida por el artículo 7º ibídem(17). Esta obligación de transferencia a Caxdac existe desde 1956, cuando el Decreto 1015 ordenó a las empresas de transporte aéreo contribuir con sus aportes a la financiación de la Caja.

La disposición que consagraba los beneficios del régimen (D. 1282/94, art. 4º) fue modificada por el artículo 1º del Decreto 1302 de 1994, en los siguientes términos:

Los aviadores civiles beneficiarios del Régimen de Transición, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación conforme al régimen que se venía aplicando, esto es, el Decreto 60 de 1973, a cualquier edad cuando hayan cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, en empresas que estén obligadas a efectuar aportes a Caxdac. Así mismo, se mantendrán las condiciones de valor y monto máximo de la pensión anteriormente aplicables, es decir, el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios.

Cuando se trate de aviadores que hayan estado vinculados a varias empresas, cada empresa ajustará su participación en el cálculo actuarial, de modo que todas cubran su porción al salario promedio del último año”.

Esta norma fue declarada inexequible por la Sentencia C-610 de 1996, bajo el entendido de que correspondía a una nueva regulación de la misma materia. En ese sentido, el fallo aclaró que una vez ejercidas las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley (para el caso, el art. 139 de la L. 100/93) para reglamentar un determinado tema, se pierde la competencia y no es posible expedir una nueva regulación sobre aquél, dado que las facultades se extinguen en la misma medida y en el mismo momento en que se utilizan.

Así, aclaró que las atribuciones conferidas para regular la materia concerniente al régimen pensional de los aviadores civiles, se habían agotado con el Decreto 1282 de 1994.

Como tal, la declaratoria de inexequibilidad de la norma dejó vigente el texto original del artículo 4º del Decreto 1283 de 1994, dirigido a los aviadores beneficiarios del régimen de transición, e hizo desaparecer la modificación que disponía el ajuste de participación en el cálculo actuarial por parte de las diferentes empresas empleadoras, para cubrir sus respectivos aportes en proporción al salario promedio del último año.

En ejercicio de la facultad de inspección, vigilancia y control de la Caxdac, otorgada por el artículo 10 del Decreto 1283 de 1994(18), profirió la Circular Externa 88 de 1995, por la cual impartió instrucciones sobre los parámetros técnicos a seguir para la elaboración de los cálculos actuariales que se deben presentar a su consideración, y especificó la metodología que debían seguir las empresas empleadoras de aviadores civiles para determinar, amortizar y transferir su déficit actuarial a Caxdac.

Conceptualmente, puede decirse que dicho cálculo o pasivo pensional representa el valor presente de todas las mesadas futuras (pensiones, bonos pensionales y cuotas partes) que deben hacerse a favor de las personas pensionadas o próximas a pensionarse, de conformidad con normas legales y estudios actuariales consistentes, según el método señalado por la entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control.

No sobra precisar que este acto administrativo es de obligatorio cumplimiento tanto para Caxdac, como para las empresas empleadoras de los beneficiarios de los regímenes de pensiones que aquella administra. La circular señaló:

El cálculo actuarial debe ser elaborado por las empresas empleadoras respecto de los aviadores civiles pensionados por la Caxdac, o que hubieran causado el derecho a la pensión, o que fueran beneficiarios por el régimen de transición; y la misma empresa debe solicitar su aprobación ante la Superintendencia Bancaria, con los siguientes anexos: el original del estudio actuarial y de la respectiva nota técnica, entre otras especificaciones, un anexo explicativo que justifique los cambios de información básica con respecto a la del cálculo anterior, y una comunicación de Caxdac en el sentido de que la clasificación del personal así como la información básica del mismo contenida en el cálculo actuarial, coincide con la registrada en su base de datos.

El cálculo debe contemplar todas las pensiones actuales y eventuales de los aviadores anteriormente mencionados.

La información básica referida, debe presentarse a la Caxdac(19) y los reportes de novedades se deben anexar a la autoliquidación mensual de aportes, para que la caja mantenga actualizada su base de datos. A su vez, la caja debe informar a las empresas empleadoras de los beneficiarios del régimen de transición, el salario promedio del último año, para que estas ajusten su participación en el cálculo actuarial cubriendo su porción según el monto suministrado.

Sobre los criterios técnicos para la elaboración de los cálculos, la circular explicó que estos debían efectuarse teniendo en cuenta las condiciones de valor y monto máximo de la pensión aplicables al momento de adquirir el derecho; que las reservas de retirados no activos en otras empresas aportantes a Caxdac debían calcularse con el último salario conocido por esta; que la reserva de activos y retirados debía efectuarse por el factor de proporcionalidad entre el tiempo de servicio entre empresas aportantes a Caxdac y el tiempo requerido para disfrutar de la pensión, y que la reserva neta se obtenía multiplicando la reserva total por el factor de proporcionalidad entre el tiempo laborado en la empresa y el tiempo total laborado en empresas aportantes a Caxdac (num. 4.2.4).

Tratándose de pensiones reconocidas antes de la Ley 100 de 1993, el régimen aplicable era el del Decreto 60 de 1973, de acuerdo con el cual Caxdac fijó el procedimiento de asignación de porcentajes de participación que determinaba la cuotas partes a cargo de las empresas empleadoras, a partir de la proporcionalidad de las reservas necesarias, según la metodología empleada por la firma de Actuarios Asociados Wyatt S.A.

Los oficios 202111 de 26 de diciembre de 2001 (fls. 15-18, cdno. 3), dirigido a la actora, y 206482 de 31 de marzo de 2003, enviado al a quo (fls. 30-32, cdno. 3), detallaron esa metodología en el cálculo actuarial acumulado del capitán Daniel Oviedo Gálvis, considerando los parámetros técnicos del Decreto 60 de 1973, el tiempo laborado en todas las empresas empleadoras y el salario promedio del último año, así como la documentación obrante en los folios 1 a 6 del cuaderno 3.

Dicho cálculo se denominó “cálculo actuarial del personal activo con derecho adquirido a jubilación inmediata”, se registró en cabeza de la demandante, como última empresa empleadora, y ascendía a $97.875.803.

En tal sentido, los oficios precisaron que la reserva necesaria a cargo de Líneas Aéreas Suramericanas correspondía a la diferencia registrada en el cálculo actuarial acumulado y la suma de las reservas registradas en los cálculos actuariales de las diferentes empresas en las que el aviador tenía la calidad de retirado (Taxader - $49.155, TAO - $154.426, Aerocesar $12.260.793, Aerotal - $1.835.280, Aerosucre - $10.115.355), totalizada en $73.460.794.

Para estas empresas el porcentaje de participación o factor de proporcionalidad fue igual al cociente entre la reserva consignada en el cálculo actuarial de la empresa y la reserva consignada en el cálculo actuarial acumulado; y para Líneas Aéreas Suramericanas, empresa en la que el capitán aparece como “activo con derecho a jubilación inmediata”, el porcentaje de participación debía ser igual al cociente entre la suma de las reservas registradas en los cálculos actuariales de las empresas en las que aparecía como retirado, y la reserva consignada en el cálculo actuarial acumulado.

Los porcentajes de participación así calculados fueron de:

EmpresaOperación para determinación de cocientes de factor de proporcionalidadPorcentaje de participación
Taxader 49.155 / 97.875.803 0.050%
TAO 154.426 / 97.875.803 0.158%
Aerocesar 12.260.793 / 97.875.803 12.527%
Aerotal 1.835.280 / 97.875.803 1.875%
Aerosucre 10.115.355 / 97.875.803 10.355%
Líneas aéreas suramericanas 73.460.794 / 97.875.803 75.055%

 

Con lo anterior, el porcentaje de participación respecto del personal pensionado antes de la Ley 100 de 1993, cuyo sistema general de pensiones comenzó a regir el 1º de abril de 1994 (art. 151), era proporcional a la reserva necesaria a cargo de cada una de las empresas empleadoras, con lo cual todas cubrían la reserva requerida para atender la obligación pensional.

La anterior forma de liquidación implicaba, obviamente, que la empresa que aumentara el salario del último año de servicio del aviador, incrementara el monto mensual de la pensión y, consecuentemente, la reserva total necesaria para pagarla.

De acuerdo con todo lo explicado, acoge la Sala la determinación del porcentaje de participación en el cálculo actuarial de las pensiones reconocidas antes de la Ley 100 de 1993, por el sistema de la reserva necesaria, según el tiempo acumulado laborado en todas las empresas empleadoras y el salario promedio del último año, con relación al cálculo actuarial total que se requiriera para pagar íntegramente la pensión.

Lo anterior porque, más allá de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 1º del Decreto 1302 de 1994, con el cual el texto original del artículo 4º del Decreto 1282 de 1994 recobró aplicación, lo cierto es que el sistema general de pensiones comenzó a regir el 1º de abril de 1994 y, el mencionado Decreto 1282 exceptuó de aquél a quienes a esa fecha estuvieran pensionados por jubilación, como es el caso del capitán Daniel Oviedo, quien adquirió el derecho en el año 1992. Además, el mismo decreto precisó que las condiciones del reconocimiento pensional debían mantenerse de acuerdo con el régimen anterior (el del D. 60/73), en virtud del cual se estableció la metodología para la determinación de la cuota parte con la que la demandante debía participar en el pago de la pensión de sus trabajadores.

Adicionalmente, la propia Superintendencia Bancaria, entidad de vigilancia especializada en la materia, constató que el cálculo actuarial presentado por la demandante para 1997 coincidía con la información registrada en la base de datos de Caxdac, a la cual le correspondía determinar el factor de proporcionalidad en los términos de la Circular 88 de 1995, según la cual, las empresas empleadoras de los beneficiarios del régimen de transición debían ajustar su participación en el cálculo actuarial cubriendo su participación según el monto del salario promedio del último año, informado por la caja.

No sobra reiterar, como lo ha precisado la Sala, que la Superintendencia Bancaria ejerce la inspección, vigilancia y control tratándose de entidades financieras, bursátiles o aseguradoras, para asegurar la confianza pública en el sistema financiero, y velar que mantengan permanente solidez económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones (EOSF, art. 325). Dicho organismo actúa para evitar que las dificultades económicas de las entidades previsionales del sector privado y de las empresas que reconocen y pagan pensiones puedan afectar el derecho de los trabajadores a acumular las semanas y los períodos laborados ante distintos patronos.

Desde esta óptica, las facultades que tiene la habilitan para aprobar los estudios actuariales para pensiones de jubilación que le presenten las instituciones vigiladas, exigiendo el cumplimiento y observancia de las normas reguladoras del sistema de seguridad social, en cuanto el resultado económico de ellos tenga incidencia en la situación financiera y patrimonial de los entes sometidos a su inspección, control y vigilancia(20).

Por lo demás, la competencia de Caxdac para fijar el porcentaje de participación de las empresas empleadoras en el pago de la pensión de sus afiliados, no fue un aspecto discutido en la demanda, por lo que la actora tampoco podía plantear tal argumento en el recurso de apelación, ni la Sala puede estudiarlo en virtud del principio de congruencia de la sentencia.

Así mismo, la conclusión de esta providencia en cuanto a la procedencia de la forma de determinación del cálculo actuarial por el sistema de la reserva necesaria, le resta utilidad a la prueba pericial practicada en relación con los perjuicios causados por dicha forma de determinación, dado el incremento del porcentaje de participación que la misma conllevó.

Y es que el dictamen se elaboró con base en el incremento del porcentaje de participación calculado por la demandante (13,18%), frente al establecido por la Caxdac (75.05%)(21), y a partir de esa diferencia se tasaron los perjuicios actualizados, como si el porcentaje válidamente aplicable fuera el primero de los señalados. Con tal forma de liquidación, los peritos se atribuyeron competencias exclusivas del juez contencioso, dado que la determinación del porcentaje aplicable es el aspecto de fondo objeto del presente juicio de legalidad.

Conforme con todo lo explicado, se confirmará el numeral segundo de la sentencia apelada, en cuanto denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral primero de la sentencia de 25 agosto de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Líneas Aéreas Suramericanas S.A., contra la Superintendencia Bancaria y la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores, Caxdac. En su lugar, la Sala dispone:

“Decláranse probadas las excepciones de falta de jurisdicción y competencia propuestas por la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores, Caxdac.

En consecuencia, inhíbese de fallar sobre la nulidad de los oficios 095276 de 2 de marzo de 1999, 100757 de 18 de diciembre de 2000, 200111 de 5 de febrero, 201964 de 27 de noviembre de 2001 y 202111 de 26 de diciembre del mismo año, proferidos por la Caxdac”.

2. En todo lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

3. RECONÓCESE personería a las abogadas Yesmith Mercedes Flechas Gamba como apoderada de la Superintendencia Financiera de Colombia - antes Superintendencia Bancaria, y Patricia Sabogal Amaya, como representante judicial de la empresa Líneas Aéreas Suramericanas S.A., en los términos de los poderes especial y general que aparecen en los folios 454 y 482 a 483 de este cuaderno.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de 17 de abril de 2008, expediente 35072.

(2) Constitución Política, artículo 210, Ley 489 de 1998, arts. 110-114.

(3) Atribución de funciones previo acto administrativo y convenio, si fuere del caso; regulación, control, vigilancia y orientación a cargo de la autoridad o entidad pública titular de la función respectiva, la cual, en consecuencia, debe impartir las instrucciones y directrices necesarias para su ejercicio; control directo por parte de la misma entidad, respecto del cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que debe observar el particular, sin perjuicio de los controles pertinentes por razón de la naturaleza de la actividad; y terminación de la autorización en cualquier momento, por motivos de interés público o social (L. 489/98, art. 110).

(4) Reforma Administrativa de 1968. Publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá - Banco de la República. Decreto 2400 del 19 de septiembre de 1968, artículo 26, pág. 64.

(5) Chase, Luis Enrique. “La motivación del Acto Administrativo” El derecho Administrativo Latinoamericano. Curso Internacional. Bogotá D.C. 1978, pág. 78 y 79. DromiI, Roberto. “El Acto Administrativo”. Ediciones Ciudad Argentina. Tercera Edición. 1997. Argentina Buenos Aires. págs. 67 a 69.

(6) Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Quinta edición, 2009, págs. 93 y 94.

(7) Corte Constitucional, C-371 del 26 de mayo de 1999. M.P. José Gregorio Hernández.

(8) Real, Ramón Alberto. “La prueba administrativa”. Ediciones Revista Uruguaya de Estudios Administrativos. 1997, pág. 94. Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo”. Editorial Abeledo-Perrot. Argentina-Buenos Aires. 1969, pág. 332.

(9) Se aclara que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tienen líneas jurisprudenciales diferentes en relación con la motivación de la declaratoria de insubsistencia de los trabajadores que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, por el ámbito del control que cada uno ejerce. Para la primera de dichas corporaciones, tal acto debe ser motivado; contrario sensu, la segunda indica que dicho requisito no se requiere. De hecho, en Sentencia C-371 de 1999 la Corte Constitucional señaló que todos los actos administrativos no excluidos expresamente por norma legal, deben ser motivados al menos sumariamente, so pena de carecer de validez.

(10) Fernández, Tomás Ramón. “De la arbitrariedad de la administración". Editorial Civitas. Segunda Edición. Madrid - España 1997, pág. 82.

(11) Por el cual la superintendencia invitó a la demandante a revisar los factores proporcionales al tiempo de servicio del grupo jubilados, y las cifras de pensiones y reservas a cargo del mismo grupo, por cuanto estas no coincidían con las obtenidas luego de aplicar el incremento pensional del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a las cifras informadas en 1996.

(12) Santofimio, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo, Acto Administrativo, Procedimiento y Validez. Tomo II, Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 223-225.

(13) C-304 de 1999.

(14) Es de observar que la solicitud no precisa que corresponda a la figura procesal regulada en el título V del Código Contencioso Administrativo (arts. 69 a 74), ni se fundamenta en ninguna de las causales previstas para la misma.

(15) Las prestaciones sociales son aquéllas que por ley están obligadas a pagar las empresas aportantes y que Caxdac haya asumido o asuma; la edad promedio de retiro será la resultante de la media en que efectivamente se hayan retirado de las empresas aportantes los afiliados con derecho a pensión plena, en los 3 años inmediatamente anteriores a la presentación del estudio; el interés técnico será el interés bancario corriente que haya regido según certificación de la Superintendencia Bancaria; el valor de los bienes de Caxdac será el avalúo catastral con respecto a los papeles de inversión. Los demás bienes se avaluarán por la propia Caxdac.

(16) Las de los aviadores que no hubieran cumplido al 1º de abril de 1994 los 10 años de servicios, y por lo tanto, no fueran beneficiarios del régimen de transición (D. 1282/93, arts. 6º y 7º).

(17) “a) La empresa calculará la diferencia entre el porcentaje que representaba la provisión, si la hubiere y las reservas disponibles por Caxdac, al 1º de abril de 1994, respecto del cálculo actuarial individual a la misma fecha; b) Anualmente y dentro de los próximos once (11) años, las empresas deberán incrementar la provisión en el porcentaje que representa la undécima parte de la diferencia anotada en el literal anterior, de suerte que el porcentaje así acumulado se aplique al respectivo cálculo actuarial de cada año. Por lo tanto, al cierre del balance del año 2005 el cálculo actuarial deberá encontrarse amortizado en el 100%. Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las empresas transferirán íntegramente a Caxdac el valor arrojado en el incremento en el cálculo actuarial correspondiente al año inmediatamente anterior, deducidas las sumas actualizadas ya transferidas a Caxdac. Si las empresas no dan cumplimiento oportuno a lo previsto en los literales anteriores, incurrirán en mora por las sumas respectivas frente a Caxdac, a la tasa máxima legal vigente”.

(18) “El control y vigilancia de Caxdac corresponderá a la Superintendencia Bancaria, organismo que tendrá para este fin las mismas facultades de control y vigilancia que para las sociedades administradoras de fondos de pensiones, mientras Caxdac administre el régimen de transición de los aviadores civiles”.

(19) Información del personal: nombre, identificación, sexo, estado civil, edad actual del trabajador o pensionado, edad actual del cónyuge o beneficiario, edad de pensión, tiempo de servicio a la empresa, tiempo de afiliación a Caxdac, salario actual o último salario, pensión mensual, reserva para pensión, reserva de supervivencia, reserva total, reserva neta a cargo de la empresa (Circ. 88/95, num. 4.2.1).

(20) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 11 de mayo de 2001, expediente 9183, C.P. Germán Ayala Mantilla; 6 de marzo de 2003, expediente 13084, C.P. Ligia López Díaz; y 24 de julio de 2008, expediente 16196, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(21) Fls. 40 y ss., cdno. 5.