Sentencia 2002-00193/28941 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Proceso: 070012331000-2002-00193-01 (28941)

Demandantes: Rosa del Socorro Campiño Bedoya y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá D. C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones de la sala

1. Presupuestos procesales de la acción

1.1 Competencia y procedencia de la acción.

En relación con la competencia de esta corporación para desatar la controversia, se tiene que el proceso tiene vocación de doble instancia ya que la pretensión mayor individualmente considerada asciende a la suma de $ 309.000.000, valor que supera la cuantía mínima exigida para que un proceso tenga acceso a la misma(3), según los parámetros de competencia establecidos en el Decreto 597 de 1988, toda vez que el recurso de apelación fue interpuesto durante su vigencia.

La acción ejercitada es la procedente, toda vez que a través de ella se pretende imputar responsabilidad extracontractual a la demandada por la presunta falla del servicio en que aquella incurrió, al producirse el fallecimiento de Jesús Correa Prado a manos de miembros de la Policía Nacional.

1.2 Caducidad de la acción.

Observa la Sala que no hay operancia de la misma, por cuanto los hechos en los que resultó muerto el ciudadano Correa Prado acaecieron el día 24 de marzo de 2001 y la demanda fue presentada el 22 de marzo de 2002 (fl. 30 vto., cdno. 1), esto es, antes del vencimiento de los dos años de caducidad para impetrar la acción de reparación directa de que trata el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

1.3 Legitimación en la causa.

1.3.1 Demandantes.

En el proceso se demostró la relación de parentesco entre la víctima y los demandantes, pues fue allegado el registro civil de nacimiento del fallecido Jesús Correa Prado (fl. 35, cdno. ppal. 1), donde figura como progenitora la señora Paulina Prado de Correa, siendo sus hermanos los señores María Tránsito (fl. 37, cdno. ppal. 1), Herinaco (fl. 38, cdno. ppal. 1), Rubian (fl. 39, cdno. ppal. 1) y José Ignacio Correa Prado de conformidad con los registros civiles allegados.

Así mismo, fue aportado el registro civil de matrimonio que demuestra que la señora Rosa del Socorro Campiño Bedoya era cónyuge del fallecido Jesús Correa Prado (fl. 32, cdno. ppal. 1), siendo Duván Andrés (fl. 34, cdno. ppal. 1) y Danilo Adrián Correa Campiño (fl. 35, cdno. ppal. 1) sus hijos, conforme los registros aportados.

De igual forma, milita en el paginario el registro civil de nacimiento de la señora Rosa del Socorro Campiño Bedoya (fl. 36, cdno. ppal. 1), en el que se demuestra que sus padres son los señores José Omar Campiño Vargas e Idaly Bedoya Cataño y, por tanto, son suegros del extinto Jesús Correa. Las relaciones de parentesco entre estos últimos y la víctima, en principio los legitima para demandar(4).

1.3.2 Demandada.

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se encuentra legitimada como demandada, toda vez que se trató de la entidad a la que pertenecían los policiales involucrados en los hechos del 24 de marzo de 2001 y a quienes los actores acusan de haber causado la muerte de Jesús Correa Prado. La responsabilidad de la entidad, será analizada de fondo.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional es extracontractualmente responsable de la muerte de Jesús Correa Prado o, si por el contrario, no se encuentra demostrada la responsabilidad de la entidad pública demandada por haberse configurado el hecho de un tercero.

3. Cuestiones preliminares.

3.1 En relación con los hechos de que trata el proceso, obran las pruebas aportadas por las partes y las recaudadas por orden del a quo, sobre las que la Sala hace las siguientes precisiones:

3.1.1 Al plenario fueron aportados algunos documentos en copia simple, que podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(5), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

3.1.2 En el expediente obran las copias del proceso penal que se surtió por los hechos en los que perdió la vida el señor Jesús Correa Prado (fl. 16-318, cdno. 2), que fueron allegadas al plenario en copia auténtica por el Juzgado 172 de Instrucción Penal Militar, en respuesta al Oficio 2145 del 03 de septiembre de 2002 (fl. 15, cdno. 2), de las cuales serán apreciables los testimonios sin limitación alguna, toda vez, que su traslado fue solicitado por ambas partes y el mismo se produjo con el cumplimiento de los requisitos previstos al efecto por la ley(6).

4. Los elementos de la responsabilidad extracontractual.

4.1. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(7), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial de los actores que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

4.2. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por los actores se concretó en la muerte de Jesús Correa Prado por un disparo recibido de arma de fuego en hechos ocurridos el 24 de marzo de 2001 en el municipio de Saravena - Arauca. En ese sentido, obran en el plenario los siguientes documentos:

i) Acta de levantamiento de cadáver 15 realizado al cuerpo sin vida de Jesús Correa Prado por parte del inspector de policía municipal de Saravena el 24 de marzo de 2001 (fl. 45, cdno. ppal. y fl. 17, cdno. 2).

ii) Protocolo de necropsia 020-2001-ULS del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - seccional Arauca (fls. 73-75, cdno. ppal. 1 y fls. 45-47, cdno. 2) realizado al cadáver de Jesús Correa Prado, en el cual se concluyó que se trató de “un hombre joven de contextura mediana que fallece a consecuencia de un paro cardiorespiratorio de origen central secundario a múltiples laceraciones cerebrales producidas por proyectil de arma de fuego de alta velocidad dadas las características de las heridas” (fl. 46, cdno. 2).

iii) Registro civil de defunción de Jesús Correa Prado (fl. 31, cdno. ppal. 1 y fl. 72, cdno. 2).

Del análisis conjunto de las anteriores pruebas se desprende el daño deprecado.

4.2. La imputación.

La parte demandada en el recurso de apelación manifestó que el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca falló en forma extra petita, toda vez que aplicó el régimen de responsabilidad del daño especial, cuando el planteado por los demandantes fue el de la falla del servicio.

Sobre el particular, la Sala encuentra que el apelante único confunde la figura del fallo extra petita al que se encuentra limitado el juez contencioso administrativo, con la potestad que tiene aquel de fallar un proceso aplicando un régimen de imputación determinado.

En la jurisdicción contencioso administrativa un juez no se puede pronunciar otorgando pretensiones que no formaban parte del petitorio de la demanda —fallo extra petita—; aspecto que no debe confundirse con la facultad que aquel tiene de aplicar determinado título de imputación de conformidad con los hechos y las pruebas allegadas al proceso, en aplicación del principio iura novit curia(8), sobre el cual el Consejo de Estado mencionó que: “En los eventos en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado, se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión”(9).

Ahora bien, la inconformidad del apelante único radica en el hecho de que el juez de primera instancia dictó una sentencia aplicando un régimen de imputación diferente al invocado por los demandantes, lo que considera vulneró su derecho a la defensa; al respecto y de conformidad con la jurisprudencia citada, encuentra la Sala que la actuación del a quo estuvo ajustada a derecho, pues haciendo uso de sus facultades consideró que existían razones jurídicas y fácticas que justificaban la aplicación de un título diferente.

Sobre esto último, cabe indicar que aunque el tribunal de primera instancia determinó que el título de imputación a aplicar debía ser el objetivo, por tratarse de un caso relacionado con el ejercicio de una actividad peligrosa (armas de fuego), la Sala precisa que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(10), así:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo señalado, esta corporación luego de analizar el caso en concreto y las pruebas allegadas al expediente determinará si le asiste responsabilidad a la accionada bajo la aplicación del título de imputación que se halle consonante con la realidad probatoria.

4.2.2. En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a los actores, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene:

4.2.2.1. El día 24 de marzo de 2001 en horas de la tarde, el señor Jesús Correa Prado transitaba en la motocicleta Yamaha 80 de placas PQX-71A en dirección oriente-occidente por la diagonal 30 del municipio de Saravena - Arauca, cuando fue impactado por un proyectil de arma de fuego de alta velocidad, que ingresó por la “línea media anterior en la región fronto temporal izquierda de la cabeza, por fuera de la cola de la ceja” y salió “por la línea media posterior en la región occipital derecha de la cabeza” según se consignó en el acta de levantamiento de cadáver de dicha fecha y el protocolo de necropsia 020-2001-ULS (fls. 45, 73-75, cdno. ppal. 1 y fls. 17, 45-47, cdno. 2).

4.2.2.2. Una vez recibió el impacto, la motocicleta en la que se desplazaba el señor Correa Prado comenzó a rodar arrastrándolo, hasta quedar cerca del andén de la Papelería Universal. El cuerpo finalmente se ubicó en la diagonal 30 con carrera 15 entre el mencionado establecimiento de comercio y Comidas Rápidas Marcela (fl. 45, cdno. ppal. 1 y fl. 17, cdno. 2).

4.2.2.3. Ocurrido el insuceso, al lugar se presentaron entre otros, el inspector y el personero municipal, realizando el primero el acta de levantamiento de cadáver (fl. 45, cdno. ppal. 1).

4.2.2.4. Como consecuencia de la muerte del señor Jesús Correa, la Fiscalía Única Delegada ante los Jueces del Circuito de Saravena - Arauca adelantó la investigación preliminar 2032 (fls. 43-94, cdno. ppal. 1), que mediante resolución del 4 de mayo de 2001 (fl. 94, cdno. ppal. 1 y fl. 67, cdno. 2) fue remitida a la jurisdicción penal militar, al establecer que en los hechos presuntamente participaron miembros activos de la Policía Nacional acantonados en la estación de policía del municipio de Arauca, cercana al lugar donde falleció el señor Correa Prado.

4.2.2.5. El proceso penal fue avocado bajo el radicado 223 por el Juzgado 172 de Instrucción Penal Militar (fls. 80-82, cdno. 2), quien en auto del 2 de noviembre de 2001 dispuso la investigación inicial en contra de los patrulleros Amaya Parra Alexis y Valencia Giraldo Javier de Jesús, por el presunto delito de homicidio. El mentado proceso al ser trasladado al sub lite en Oficio 550/JP 172 DEAR del 19 de septiembre de 2002 (fl. 15, cdno. 2) aún continuaba su curso, y la última actuación había sido la providencia del 9 de septiembre de 2002 por la que el Juzgado 172 de Instrucción Penal Militar se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra de los patrulleros Amaya Parra y Valencia Giraldo (fls. 301-312, cdno. 2).

Ahora bien, en el recurso de apelación la parte accionada insistió que la muerte del ciudadano Jesús Correa Prado no le era imputable, pues la misma fue en medio de una confrontación armada con miembros del Ejército de Liberación Nacional que atacaron la estación de policía de Saravena - Arauca, cuyos miembros tuvieron que repeler el ataque.

Como prueba de su argumentación, la accionada solicitó se tuviera en cuenta el proceso penal allegado al plenario, en especial, los documentos y testimonios que refieren a la existencia del ataque guerrillero.

Sobre el particular, la Sala encuentra que contrario a lo señalado por la demandada, en los hechos sí le asiste responsabilidad, toda vez que no existió ningún hostigamiento a las instalaciones de la estación de policía de Saravena y, por el contrario, existió una confusión entre los policiales que prestaban vigilancia en las garitas que rodeaban la estación, quienes se creyeron atacados por lo que procedieron a accionar sus armas de dotación, con las consabidas consecuencias.

En efecto, de las pruebas aportadas al plenario se tiene que el día 24 de marzo de 2001, en el turno de la tarde se encontraban prestando vigilancia en las garitas situadas en inmediaciones a la estación de policía de Saravena, los siguientes uniformados, según la minuta de vigilancia de dicho día (fl. 72, cdno. ppal. 1 y f. 44, cdno. 2):

Arma
PatrulleroPlacaClase

Número

Lugar de facción

Pt. Sandoval Martínez Carlos78683F/G4565Coman -guardia
PT. Moncada Gamboa85560F/G5424garita 1
Pt. Guzmán Molina91291F/G1806garita 1
Pt. Valle Abadía Octavio56431F/G4994garita 2
Pt. Granados Duarte Jairo88586F/G5692garita 3
Pt. Amaya Parra Alexis63318F/G6741garita 3
Pt. Valencia Giraldo Javier69909F/G6743garita 4
Pt. Gaitán Forero José91254F/G4667garita 5

La estación de policía de Saravena se ubica sobre la carrera 15 entre calles 27 y 28, las garitas 1 y 2 se ubican en la calle 28 donde se encuentra el acceso principal a la estación de policía que da frente al parque principal; la garita 3 se localiza en la carrera 15, mientras que las garitas 4 y 5 se hallan en la calle 28 en la parte trasera de la estación; lo anterior, de conformidad con los croquis realizados por los patrulleros Duarte Jairo Granados (fl. 211, cdno. 2) y José Alexander Gaitán Forero (fl. 231, cdno. 2) en diligencia de testimonio rendida en el proceso penal, así como el plano de área urbana del municipio realizado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal de Saravena (fls. 279-280, cdno. 2).

Ahora bien, el patrullero José Alexander Gaitán en declaración rendida dentro de la causa penal allegada al plenario, manifestó que el 24 de marzo de 2001 se ubicaba junto con el patrullero Valencia en la garita 5, cuando hacia las 5:30 de la tarde observaron un sujeto en actitud sospechosa al que intentaron requisar y quien huyó, por lo que el patrullero Javier Valencia procedió a realizar tres disparos a fin de disuadirlo, así (fl. 88, cdno. ppal. 1 y fl. 61, cdno. 2):

Nos encontramos con mi compañero Valencia Javier en la garita 5 que queda en la parte trasera de la estación, estábamos de turno cuando como a las 5:30 de la tarde se aproximó por el derecho de la garita un sujeto con actitud sospechosa por que le notamos que miraba para todos lados, lo que mi compañero me alerto, el individuo al notar que lo estábamos mirando intentó devolverse, avisamos a la guardia que íbamos a efectuar una requisa, lo que procedimos saliendo a la vía solicitándole en forma cortés al individuo que le íbamos a hacer una requisa, este hizo caso omiso manoteando y no colaborando, utilizando palabras ofensivas hacia nosotros, con mi compañero lo acercamos a la pared, el individuo tomó posición espalda pared, no permitiendo la requisa, le solicitamos documentos de identificación, lo que este respondió que no tenía, siguiendo las consignas impartidas y visto que el señor no colaboraba mi compañero me dijo que pidiera apoyo a la garita 3, en ese momento me retiro unos 10 a 12 metros aproximadamente y fue cuando el individuo aprovechó esto para emprender la huida, lo que hicimos fue seguirlo, mi compañero le grito que se detuviera, lo que éste hizo caso omiso, mi compañero realiza tres disparos al aire para la activación de la defensa de instalaciones de la estación y para que el individuo se detuviera (...).

Lo manifestado por el patrullero Gaitán coincide con lo expresado por el testigo Pedro José Macías Chaparro quien en declaración rendida en el plenario, señaló que los policías detuvieron a un sujeto que presentaba síntomas de ebriedad y quien “corrió” al no querer ser requisado por los uniformados, los cuales accionaron sus armas de dotación, así (fls. 373-374, cdno. 2):

Yo iba ese día de la droguería Ética hacia el centro, iba con una compañera que trabaja en la droguería San Antonio, pasaba un señor de aproximadamente 28 años de edad, quien estaba ebrio en el momento, los agentes de policía lo pararon para una requisa a lo cual el borracho no se dejó requisar conformemente. El agente al ver esto llamó a su superior y se dio la vuelta, al agente dar la vuelta el borracho salió corriendo por la calle de la plazoleta de la virgen y ahí fue el hostigamiento pero de los agentes hacia al borracho, querían herir al borracho (...) Preguntado: En el momento de los disparos vio usted a los agentes, caso positivo cuántos eran y si estaban vestidos de uniforme o de civil. Contestó: Los que requisaban al borracho estaban uniformados y eran dos agentes o sean los que estaban en la garita por la calle 28, entre carrera 15 (...).

Una vez efectuados los tres disparos realizados por el policía Javier Valencia, el patrullero Alexis Amaya, que prestaba servicio en la garita 3 y quien al momento de los disparos se encontraba en el establecimiento comercial Compu Copy, vigilando dos sospechosos, corrió a la ubicación de su garita y realizó otros tres disparos a fin de alertar a todos los uniformados sobre el presunto “hostigamiento” al que estaban siendo sometidos, indicó el patrullero dentro del proceso penal (fls. 94-93, cdno. ppal. 1 y fls. 64-66, cdno. 2)(11):

Ese día me encontraba realizando el turno en la garita 3 junto con el patrullero Granados Duarte me acuerdo que como cinco minutos aproximadamente antes de los hechos pasaron dos tipos en actitud sospechosa frente a la garita, estos iban a pie y voltearon la esquina de la papelería “Compu Copy”, en acuerdo con el patrullero Granados decidí salir de la garita y verificar la dirección que tomaban los sujetos para evitar así cualquier acción delincuencial o atentado contra el puesto de la Policía que es muy frecuente y común en este municipio, de esto hay constancia en los libros de control de la unidad policial como son los libros de minuta de guardia, libro de poligramas salidos, una vez llegué a la esquina ingresé a la papelería por la puerta que da a la carrera (hago la aclaración que el establecimiento tiene otra puerta que da a la calle 27 con el pretexto de solicitar unos trabajos que en materia de policía me adelanta la empleada de nombre Mayerle en este negocio, muy discreta y disimuladamente me asomé por la puerta que da la calle 27 para verificar el rumbo de los sujetos, los cuales tomaron en dirección hacia la discoteca los centauros, una vez se alejaron estos, me acerque al computador donde trabajaba la joven para ver cómo iban los trabajos que ella me estaba transcribiendo, me acuerdo que en el negocio se encontraba el señor Personero, quien estaba frente a un computador sentado al fondo del establecimiento, también me acuerdo que se encontraba en el negocio una muchacha que es la hija de la dueña del establecimiento de nombre Karen. En ese momento sonaron varios disparos en la parte exterior y en ese momento salí en forma rápida del negocio, a cubrir mi sitio de facción, y apoyar al patrullero Granados, este ejercicio lo hice corriendo y en forma rápida cruzando la calle y una vez ubicado detrás de la garita al lado de un árbol, efectué tres disparos al aire con la trompetilla o cañón del arma en un grado de 90 grados con respecto al piso, esto con el fin de dar alerta al personal, para que reaccionara por el hostigamiento que se estaba presentando, inmediatamente entré a mi garita y permanecí ahí hasta que llegó el apoyo. Preguntado: Dígale al despacho cuánto tiempo duró usted en el establecimiento Compu Copy antes de escuchar los disparos que refiere en su relato y así mismo cuántos disparos se escucharon Contestó: En el establecimiento tal vez duré cinco minutos pero no es número de tiempo específico, porque no recuerdo, pero tampoco recuerdo el número de disparos, me acuerdo que escuché disparos por espacio de varios minutos tal vez cuatro o cinco minutos, lo que se escuchó fueron disparos de arma de fuego, algunas se escuchaban bastante lejos (...).

El patrullero Luis Jairo Granados Duarte, compañero de garita del policía Alexis Amaya, corroboró lo dicho por aquel, al indicar que “El patrullero Amaya se encontraba sobre la acera del establecimiento Compu Copy antes del hostigamiento porque en ese momento pasaron dos sujetos sospechosos, cuando fuimos objeto del hostigamiento el PT. Amaya pasó al separador donde se encuentra la garita 3 reduciendo silueta para no ser objeto del enemigo, en la parte trasera de la garita 3 el PT. Amaya reaccionó haciendo disparos de alerta con la trompetilla hacia arriba y estaba de rodillas, donde reaccionó el personal de la estación, él no dispara más. Luego ingresó a la garita ya que se encontraba por fuera y esperamos si seguían disparando aproximadamente como cinco minutos ya que no se escuchaban más disparos” (fls. 207-210, cdno. 2).

Las jóvenes Yorly Mayerly Colmenares (fls. 145-146, cdno. 2) y Karen Yesenia Posada Gutiérrez (fls. 273-274, cdno. 2), empleadas de la papelería Compu Copy, coinciden en referir que en horas de la tarde el día 24 de marzo de 2001, un patrullero acudió al lugar a realizar un trabajo de cómputo, que en el establecimiento también se encontraba el personero municipal, que oyeron unos disparos por lo que se ocultaron y que el policial en cuestión salió corriendo hacia su garita.

Yorly Mayerly Colmenares, señaló (fls. 145-146, cdno. 2):

Yo estaba mostrándole un trabajo a un patrullero que le había hecho para las correcciones, el señor personero estaba también en el establecimiento utilizando el otro computador, en ese momento el patrullero ya se iba a retirar, ya había hecho las correcciones de las cosas cuando sonó un disparo y él se dirigió a la puerta y salió y yo entre al baño, el personero se paró y entro al baño junto con la hija de la dueña que tiene trece años aproximadamente, luego comenzaron a sonar disparos (...).

Karen Yesenia Posada Gutiérrez, manifestó (fls. 273-274, cdno. 2):

Esa tarde yo estaba en el negocio, en Compu copi (sic) (...) resulta que yo estaba atendiendo en el negocio, no había gente, estábamos tres personas y en ese momento entró un policía a mandar a hacer un trabajo en el computador, el policía se dirigió a hablar con la otra muchacha sobre el trabajo, yo estaba al lado de la puerta, estaba pendiente al lado de la fotocopiadora porque la otra muchacha estaba en el computador con el personero haciendo un trabajo, en ese momento ya el policía iba saliendo del negocio cuando se escucharon los tiros, cuando él escuchó los tiros salió corriendo del negocio hacia la garita del cuartel, en ese momento también el personero y la otra empleada salieron corriendo hacia el baño y yo me quedé en el mismo sitio donde estaba y el personero y Mayerly me llamaron para el baño y yo me fui hacia el baño con ellos y cuando yo me entré ya habían pasado los tiros y después de todo eso el personero y todos salimos a la puerta. Hasta ahí fue lo que pasó (...).

El señor William Álvarez, personero municipal de Saravena - Arauca para la época de los hechos, en diligencia de testimonio realizada ante el departamento de Policía de Arauca - subcomando operativo asuntos disciplinarios (fls. 138-139, cdno. 2) y la Fiscalía Única Delegada de Saravena (fls. 78-80, cdno. ppal. 1 y fls. 50-53, cdno. 2) señaló que el 24 de marzo de 2001 se encontraba en el establecimiento comercial Compu Copy, que en efecto escuchó tres detonaciones y que el patrullero que estaba en el establecimiento salió del mismo y realizó tres disparos más.

Sobre esto último, cabe decir que aunque el señor William Álvarez manifestó haber visto al patrullero Alexis Amaya realizar los disparos, las jóvenes Yorly Mayerly Colmenares y Karen Yesenia Posada Gutiérrez, manifestaron que en realidad no pudieron ver cómo se realizaron los otros tres disparos, pues ellas junto con el personero se escondieron en el baño del local en el momento en que fueron liberados los últimos proyectiles.

Por su parte, al ser preguntados por los hechos del 24 de marzo de 2001, los policiales ubicados en las garitas que prestaban vigilancia a la estación de policía, afirmaron que fueron objeto de hostigamiento por parte de las milicias del ELN y que en el ataque falleció el señor Jesús Correa Prado, aspecto que fue consignado en el libro de población (fls. 102-103, cdno. 2), el libro de comandante de guardia (fls. 102-103, cdno. 2), el poligrama SB/44 CK/30 T/78683 R/69922 H/20530 del 24 de marzo de 2001 (fls. 109-112, cdno. 2) y la denuncia realizada el 26 de marzo de 2001 por el patrullero Carlos Alberto Sandoval Martínez, quien para el momento de los hechos ejercía como Comandante Guardia de Turno de la estación de policía de Saravena (fls. 52-53, cdno. ppal. 1 y fls. 24, 107-108, cdno. 2).

Respecto a los anteriores documentos, observa la Sala que aquellos refieren a la versión de los policías involucrados en los hechos y, por tal razón se consigna que fueron atacados, pues esa fue la impresión de los uniformados, cuando en realidad ello no ocurrió.

Las anotaciones del libro de comandante de guardia (fls. 102-103, cdno. 2), como el poligrama del 24 de marzo de 2001 (fls. 109-112, cdno. 2) que refieren de la existencia del ataque, se encuentran suscritos por el entonces comandante de guardia Carlos Alberto Sandoval Martínez, quien no fue testigo visual de los hechos, toda vez que de conformidad con la minuta de vigilancia, se encontraba prestando guardia al interior de la estación de policía (fl. 72, cdno. ppal. 1 y fl. 44, cdno. 2).

El patrullero Carlos Alberto Sandoval Martínez fue la persona que ante la fiscalía denunció el ataque (fls. 52-53, cdno. ppal. 1 y fls. 24, 107-108, cdno. 2); sin embargo, en declaración que rindiera dentro del proceso penal, reconoció que no fue testigo directo, pues estaba solo dentro de la estación. Indicó al respecto que (fls. 69-70, cdno. ppal. 1, fls. 41-42, cdno. 2 y fls. 235-236, cdno. 2):

Preguntado: Dígale al despacho si sabe el nombre de los patrulleros que estaban de turno en las garitas sobre la carrera 15 y calle 28 el día 24 de marzo de 2001 Contestó: En las garitas 4 y 5 ubicadas en la calle 28 patrullero Valencia Giraldo Javier, patrullero Gaitán Forero y en la garita 3 ubicada sobre la carrera 15 el patrullero Amaya Parra Alexis y el patrullero granados Duarte Jairo (...) Preguntado: Dígale al despacho si la persona que vestía pantalón azul, camisa café, que pasó sospechosamente por la calle 28 posterior a la estación, es la misma que resultó muerta sobre la diagonal 30. Contestó: No. Preguntado: Dígale al despacho en qué consistió la ofensa que el individuo les hizo cuando lo iban a requisar. Contestó: No tuve conocimiento. Preguntado: A qué distancia estaba la patrulla de la persona que resultó muerta. Contestó: a dos cuadras aproximadamente. Preguntado: Dígale al despacho si a esa distancia pudo ver de qué lugar salió el disparo fatal y señale con precisión su ubicación al momento del disparo fatal. Contestó: No me encontraba en ese lugar, me encontraba en la guardia de la estación, estaba solo (...) Preguntado: El disparo que lesionó a la persona que resultó muerta, se produjo de ustedes o de los que hostigaron Contestó: No tengo conocimiento (...) —negrillas fuera de texto—.

Así las cosas, se tiene que lo consignado por el patrullero Sandoval Martínez en el libro de minutas, libro de comandante de guardia y la denuncia realizada ante la fiscalía, no fueron porque aquel hubiese sido testigo presencial de los acontecimientos, sino por lo que le fue dicho por los patrulleros ubicados en las garitas, quienes afirmaron haber sido objeto de ataque.

El patrullero Javier de Jesús Valencia consignó en el libro de población (fls. 102-103, cdno. 2), en términos similares lo que señaló en declaración juramentada que hiciera en el proceso penal trasladado a este expediente, esto es, que vieron un sujeto sospechoso, procedieron a requisarlo, que el sujeto emprendió la huida, realizó tres disparos, y que segundos después fueron atacados con varios disparos, así (fls. 89-90, cdno. ppal. 1 y f. 62-63, cdno. 2):

Yo me encontraba de servicio con el patrullero Gaitán Forero Alexander, eran aproximadamente las 17:25 o 17:30 horas aproximadamente, en ese momento observamos un sujeto que venía sobre el andén de la Droguería Ética hacia arriba, siempre en actitud sospechosa, observando la garita, y en el momento de que este se dio cuenta que estaba siendo observado por nosotros, él intento devolverse, ante esta actitud, reporté por medio de radio a la guardia lo sucedido y pues que iba a efectuar la requisa, ya que es consigna de carácter permanente reportar toda actividad que se lleve a cabo dentro del servicio, fue de esta forma como en acuerdo con el patrullero Gaitán y extremando las medidas de seguridad, decidimos realizarle una requisa y una identificación al sujeto, salimos de la garita e interceptamos el sujeto casi frente a ella en forma respetuosa yo le pedí que por favor me permitiera una requisa y que detuviera su marcha, el sujeto hizo caso omiso a mi solicitud y llegó exactamente hacia nosotros fue cuando lo desplacé y le solicité que se corriera hasta el antes, nuevamente le solicita que me permitiera requisarlo en ese momento el patrullero Gaitán, le dice, créalo hermano que es serio y éste le ofendió diciéndole yo a usted ni primo me le aguanto, no sea hijueputa (sic), dando la espalda contra la pared e impidiendo que nosotros procediéramos, fue así como le solicité a mi compañero Gaitán y retirándome un paso del sujeto, estando a cualquier movimiento de él, le dije a Gaitán que llamara al personal que se encontraba de servicio en la garita 3 ya que ese sujeto se nos iba a poner pesado, en el momento en que el patrullero Gaitán se retiró unos doce o trece metros aproximadamente el sujeto emprendió la huida, yo salí corriendo gritándole a voz alta que se detuviera, y con mi fusil con la trompetilla en posición vertical y realicé tres disparos al aire, con el fin de activar el plan defensa de las instalaciones y disuadir el sujeto, para que se detuviera, en el momento en el cual el sujeto escuchó los disparos y cuando yo me encontraba próximo a éste, a unos 7 u 8 metros de distancia a él este se tendió al piso sobre el andén, en ese mismo instante empecé a escuchar disparos de diferentes partes, rápidamente me tire sobre el separador y le grite a mi compañero que nos cubriéramos, en los árboles porque nos estaban disparando, en ese momento el sujeto se mandó la mano a la cintura, no sé qué sacó, yo estaba cubriéndome de los proyectiles, se paró rápidamente aprovechando la ocasión se fugó, llegaron al lugar de los hechos el comandante de la estación, mi capitán Ordoñez, y los demás policías que reaccionaron ante la situación (...).

Con relación a los disparos que el patrullero Valencia manifestó haber recibido, encuentra la Sala que en realidad se trató de los que hizo el patrullero Alexis Amaya Parra, quien afirmó que estando en el establecimiento comercial Compu Copy oyó el fuego que había abierto su compañero sin saber que era él, por lo que corrió a su garita y realizó tres disparos más.

Ahora bien, la razón por la que concluye que en realidad no hubo ningún hostigamiento, sino que se trató de una confusión suscitada entre los mismos policiales, se debe al material probatorio obrante en el proceso y que da cuenta que tal ataque nunca tuvo ocurrencia.

En efecto, el patrullero Valencia Giraldo afirmó que el ataque estaba dirigido a las instalaciones de la estación de policía y que el mismo provino del coliseo Malaria y el sector de Abastos - Boyacá del municipio de Saravena (fls. 102-103, cdno. 2), empero, al ser cuestionado sobre por qué señalaba dichos sitios como origen del hostigamiento, afirmó que ello se debía a que se tomaron como base los lugares en los que la guerrilla había atacado con anterioridad. En concreto, mencionó en declaración realizada dentro del proceso penal (fls. 89-90, cdno. ppal. 1 y fls. 62-63, cdno. 2)(12):

Cuánto tiempo duró el hostigamiento y de qué parte lo hacían. Contestó: Aproximadamente seis, siete u ocho minutos aproximadamente, y en el momento de los hechos en que mi compañero Gaitán y yo nos encontrábamos bajo fuego y debido a que era de día y había harta (sic) gente, era imposible observar el lugar exacto de donde nos estaban hostigando, posteriormente una vez registrada la zona y haber reconstruido los hechos, la dirección aproximada que llevaban los proyectiles eran por la carrera 15, se pudo establecer que dispararon del coliseo la Malaria y el sector de Abastos Boyacá, carrera 27 carrera 16ª esquina, que son lugares estratégicos de donde siempre han realizado los actos de hostigamiento, estos subversivos se ubican siempre en esas partes (...) Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento qué otro compañero suyo hizo disparos, y en qué lugar estaba este situado. Contestó: En el momento de los hechos no sé quién más estaba disparando, pero lógicamente una vez que paso (sic) los hechos y como es un procedimiento normal y obligatorio, el contar novedades del personal, del armamento y de las instalaciones después de un hostigamiento, me pude dar cuenta que un compañero que se encontraba de servicio en la garita 3, también hizo tres disparos, los realizó para también activar el plan de defensa y para reaccionar, lógicamente esto exige que sean realizados al aire ya que no había ningún blanco especifico al cual disparar, pero ni yo que era el me encontraba más cerca del sujeto que estaba persiguiendo en el momento de los hechos, no me di cuenta del lugar exacto de donde nos estaban hostigando ya que solo se pudo establecer momentos después cuando se registró la zona y tomando como base hostigamientos pasados de donde ya se tienen localizado los lugares de donde estos subversivos realizan sus actos vandálicos, en ese momento yo me encontraba dentro del procedimiento, no me es posible relatar ningún otro hecho diferente del cual estoy haciendo mención, ya que me encontraba hasta de espaldas a todos mis demás compañeros, por tal hecho y ante la confusión de estos hechos no puedo asegurar posiciones o ubicaciones aparte y únicamente solamente de mi compañero Gaitán y yo.

Los uniformados afirmaron que habían sido atacados por la guerrilla, sin embargo, para que dicho evento se tuviera por cierto, los testigos del hecho debieron haber señalado que los disparos fueron más de los realizados por la policía(13).

Ciertamente, los patrulleros Valencia Giraldo y Alexis Amaya admitieron que cada uno de ellos realizó tres disparos, para un total de seis, aspecto que se encuentra corroborado en el Oficio 647/COMAN ESPOL SARAVENA del 20 de noviembre de 2001 (fl. 101, cdno. 2) y en el poligrama SB/44 CK/30 T/78683 (fls. 109-112, cdno. 2) donde se informó que el día 24 de marzo de 2001 se percutió un total de 6 cartuchos calibre 7.62(14).

Ahora bien, los deponentes que declararon tanto en la investigación penal como en el presente proceso, son contestes es señalar que en la mentada fecha escucharon un aproximado de seis disparos y que no hubo ningún ataque a las estaciones de la policía.

El señor Guillermo Martínez, quien se encontraba en la droguería Los Paisas, cercana al lugar de los hechos, afirmó haber visto al sujeto que huía de los policías(15), que observó como uno de estos accionaba su arma de dotación, que los únicos disparos provenían de los uniformados y que ese día en el que resultó muerto el señor Jesús Correa Prado no se presentó ningún hostigamiento. Afirmó el testigo (fls. 86-87, cdno. ppal. 1 y f. 59-60, cdno. 2):

Ese día, yo estaba en el negocio que se llama droguería los Paisas, cuando de un momento a otro vi que un policía iba corriendo detrás de un borracho en el momento se escucharon disparos, como tres más o menos, el borracho tenía una camisa blanca y en la espalda tenía una mancha, pensé que era un tiro que le habían pegado, llegó a la esquina del Palacio el calzado y se cayó, pensé que había caído muerto, volvió y se paró y siguió hacia arriba y desapareció, como yo estaba dentro del mostrador, al momento vi gente que corría hacia arriba, y decían que un muerto, estaba una moto tirada ahí, enseguida salí a mirar y estaba muerto. Preguntado: Diga al despacho si lo recuerda, de qué lugar se oyeron los tiros que usted escuchó y si sabe exactamente cuántos fueron. Contestó: Aparentemente fueron de la Policía y por ahí no había nadie disparando de los lados donde vivo (...) Preguntado: Dígale al despacho a qué distancia ve usted, al policía que corría detrás del borracho. Contestó: Aproximadamente 30 metros. Preguntado: Vio usted alguna otra persona que estuviera disparando para la Policía antes de que fuera muerto el señor Correa. Contestó: No, por ese lado, no había nadie disparando, los únicos disparos que se oyen son los que hace la Policía o de esos lados, pero no hubo hostigamiento ese día. (...) Preguntado: ¿Quién cree usted que haya sido el culpable de la muerte de Jesús Correa Prado? Contestó: Para mi concepto fue la Policía que fue la que vi corriendo y armadas (sic) y de ningún lado más estaban disparando.

El señor Eduardo Ferreria (sic) Rojas, juez primero promiscuo municipal de Saravena (fls. 335-339, cdno. 2), señaló que momentos antes de la muerte del señor Correa Prado se había saludado con aquel, que se despidieron, que el señor Correa siguió su rumbo en una motocicleta, que después escuchó un aproximado de dos a tres disparos, seguidos de dos o tres más y que luego fue enterado de la muerte de Jesús Correa. Afirmó el testigo (fls. 335-339, cdno. 2):

El día sábado 24 de marzo del año 2001, siendo la hora aproximadamente las 5 de la tarde, el señor Jesús Correa Prado bajaba conduciendo su moto por la calle 26 entre carreras 16A y 16 frente al inmueble donde funcionan los juzgados promiscuos municipales de Saravena y estando acompañado de mi colega doctor Trinidad Hernando Yáñez Peñarando juez segundo municipal, llamamos al señor Correa y reunidos en frente de las oficinas del juzgado tuvimos conversaciones normales como toda amistad, al cabo de 30 minutos aproximadamente el señor Correa se despidió manifestando que iba a comprar algunos comestibles para llevarles a los hijos y se retiró en su motocicleta y en la esquina de la carrera 16A con calle 26 paró un momento a hablar con otras personas y después pasó por el frente de la droguería de su propiedad llamadas Drogas Praga que queda precisamente en el primer piso de este inmueble en el cual nos encontramos, mi compañero juez y yo estábamos en frente de las instalaciones del juzgado y nos dimos cuenta de que el señor Correa Prado de ahí desde su droguería se trasladó en su moto en dirección por el parque bajando por la calle 26, tengo entendido que se dirigía hacia el lugar donde iba a comprar los comestibles que dijo que iba a llevar a sus hijos, aproximadamente entre las 6 de la tarde o un poquito más de las 6, sentimos unos disparos, no muchos por ahí unos dos o tres e inmediatamente después como otros disparos también como dos o tres, en fin exactamente la cantidad de disparos no lo puedo decir con precisión, al rato empezó el revuelo de la gente por este sector y unos se dirigían hacia la diagonal treinta y manifestaban que habían matado a una persona, posteriormente timbraron a la puerta de las instalaciones del juzgado unos muchachos a quienes no conozco y nos dijeron que habían matado a un empleado de un juzgado por la diagonal treinta, en ese momento como titulares de los juzgados y no sabíamos cuál de nuestros empleados había sido la víctima, fue en ese momento en que apareció el administrador o gerente de la unidad médica que venía del sitio, nos comentó que el muerto era el señor Jesús Correa Prado, inmediatamente yo procedí a trasladarme hacia el lugar de los hechos, el doctor Trinidad Hernando no me acompañó porque estaba en estado nervioso y una vez llegué al lugar, comprobé que efectivamente la víctima había sido el señor Jesús Correa Prado que se encontraba tirado al frente de la papelería en la diagonal treinta haciendo esquina con la carrera quince, al parecer se dirigía por la diagonal treinta en dirección oriente occidente frente a un puesto de comidas rápidas que es de propiedad de la familia de él. La víctima presentaba un disparo en el lado izquierdo extremo del hueso frontal con orificio de salida y exposición de la masa encefálica y su cuerpo yacía sobre su motocicleta. En virtud que no había autoridad para hacer el levantamiento yo me iba ser cargo de esa diligencia pero en ese momento apareció el inspector de policía señor Javier Castro y el personero municipal doctor William Álvarez y el inspector procedió a hacer la diligencia de levantamiento (...).

El señor Trinidad Hernando Yáñez Peñarando, juez segundo promiscuo municipal de Saravena - Arauca para el momento de los hechos, corroboró lo afirmado por su colega Eduardo Ferreira Rojas y agregó que ese día no hubo ningún hostigamiento(16), señaló el testigo (fls. 379-382, cdno. 2):

Preguntado: Se tiene conocimiento que el 24 de marzo de 2001 fue muerto el señor Jesús Correa Prado en el municipio de Saravena, Arauca, ¿qué conocimiento tiene usted sobre el particular? Contestó: Ese día 24 de marzo del 2001 estaba junto con mi colega Eduardo Ferreira Rojas juez promiscuo municipal de Saravena, frente a las instalaciones de los juzgados promiscuos municipales siendo como las cuatro (4:00 p.m.) o cuatro y treinta (4:30) pasó por ese lugar Chuco o sea Jesús Correa Prado y nos estuvimos hablando con él como cuarenta minutos (40) de cosas comunes y corrientes, él estaba en una moto que tenía, de pronto nos dijo que se iba para la bodega a comprar unos víveres que necesitaba llevar para la casa, nos despedimos y se fue, él tenía una droguería que se llama Drogas Praga, él entró ahí y volvió y salió; rato después se escucharon unos disparos, seguidamente se escucharon otros pero todo fue muy rápido, nosotros nos entramos, de pronto la gente empezó a correr hacia la diagonal 30 cerca de la virgen y unos muchachos que nos vieron cerca de la ventana nos dijeron que habían matado a un empleado de un juzgado, estábamos llamando por teléfono a una compañera de un juzgado que vive cerca de ese sitio cuando llegó el médico dueño de la unidad médica que quedaba diagonal a los juzgados y nos preguntó que donde vivía ROSI (sic), que necesitaba comunicarle que habían matado a Chuco, con esa noticia inmediatamente Eduardo se fue para el lugar de los hechos, yo me quedé en la oficina contactándome telefónicamente con las demás personas del juzgado y averiguando que era lo que había sucedido. Cuando en la noche llegó Eduardo, me comentó lo que había sucedido y me dijo que las personas curiosas que estaban en el lugar comentaban que unos agentes de policía de civil habían parado a un civil para una requisa y éste había salido corriendo y estos habían hecho unos tiros al aire para que el sujeto se detuviera, que cuando escucharon los tiros los policiales de la garita que queda junto al concejo habían disparado pensando que se trataba de un hostigamiento a la fuerza pública (...) Preguntado: Dígale al tribunal si tiene conocimiento sobre si el día de los hechos se dio algún hostigamiento contra el cuartel de policía de Saravena. Contestó: Como le dije anteriormente no hubo hostigamiento lo que se presentaron inicialmente fue unos disparos de unos agentes de policía al civil que iban a requisar y que salió corriendo según los rumores, eso fue corto como de un minuto, cuando los hostigamientos son de una hora.

El señor Pedro Pastor Angarita Cuellas en declaración que rindiera dentro del presente proceso, manifestó que el día de la muerte de Jesús Correa Prado, se encontraba en la droguería San Antonio de Saravena cuando escuchó un aproximado de cuatro disparos y poco después -casi que de inmediato- fue enterado de la muerte de aquel, y que aunque no fue testigo directo del deceso, supo por comentarios que no hubo ningún hostigamiento (fls. 375-378, cdno. 2).

La señora Emérida María Niño Reyes, quien laboraba cerca al lugar de los hechos y fue testigo visual de lo sucedido, también señaló que el día en que murió el señor Jesús Correa no existió ningún hostigamiento y que los disparos provenían de los gendarmes ubicados en la estación de policía del municipio. Indicó la testigo (fls. 371-372, cdno. 2):

Ese día yo estaba trabajando afuera del negocio barriendo, en esas vi que pasaba Jesús Correa, vi que la policía salía como locos echando plomo, yo me entré y en ese momento pasaba Jesús Correa Prado y de cuando volví a mirar ya estaba en el suelo muerto. Preguntada: Sabe o supone usted de dónde provenía el disparo que acabó con la vida de Jesús Correa Prado. Contestó: El disparo venía por el lado de la policía y ellos eran los únicos que estaban disparando porque ese día no hubo hostigamiento. Preguntada: Diga al juzgado en qué se movilizaba Jesús Correa Prado ese día. CONTESTO: El venía en una moto 80 Yamaha que era de él, no se para dónde iría. Preguntada: Diga al juzgado si los policías que dice usted estaban disparando estaban de uniforme o de civil. Contestó: Ellos estaban uniformados. Preguntada: Se enteró cuántos policías estaban disparando y hacia dónde: Contestó: Eran varios pero yo no podría decir cuántos porque yo me entré para el negocio cuando empezaron a disparar, ellos disparaban como del cuartel hacia el lado donde queda el negocio y es por donde iba Jesús Correa. Preguntada. Podría decir qué horas eran cuando estos hechos, si estaba lloviendo y si había obstáculos que le impidieran ver a usted hacia dónde estaban los policías disparando y hacia dónde estaba Jesús Correa Prado: Contestó: Eran como las cuatro de la tarde, no había lluvia ni obstáculos que impidieran la visibilidad completa. Preguntada: Diga al juzgado si usted se enteró del motivo, por el cual los policías empezaron a disparar Contestó: No sé, Preguntada: Diga al juzgado si ese día resultó alguna otra persona herida o muerta. Contestó: No señor, únicamente Jesús.

Los testigos son vehementes en señalar que el día de los hechos no hubo ningún ataque, hostigamiento o similar a la policía y que fueron los uniformados quienes se apresuraron a accionar sus armas a fin de detener a un ciudadano.

Lo anterior, cobra vital importancia, pues un análisis de las pruebas señaladas, da cuenta de que el deceso del señor Jesús Correa Prado es imputable a la demandada, pues fueron sus agentes los que le causaron la muerte en un acto imprudente y desproporcionado.

En primer lugar, encuentra la Sala que si bien los agentes de la Policía Nacional aceptaron que hicieron uso de las armas de dotación, fueron enfáticos en señalar que los disparos no tuvieron un blanco especial, sino que fueron hechos al aire; sin embargo, a juicio de esta corporación, todas las pruebas indican que ellos fueron quienes dispararon en dirección a la persona que huía y que no quiso ser requisada y, que uno de los proyectiles alcanzó al señor Jesús Correa Prado, quien transitaba en su motocicleta por el lugar, siendo impactado en su cabeza en la región occipital izquierda, esto es, del lado en que se encontraban los policías que accionaron sus armas(17).

Sobre esto último, si bien en el proceso no obra un experticio técnico que confirme que el impacto de bala que acabó con la vida del señor Jesús Correa Prado haya sido hecho con un arma de dotación que portaba algunos de los patrulleros de la Policía Nacional, lo cierto es que de los testimonios allegados al plenario y que fueron referenciados, se tiene que el 24 de marzo de 2001 los únicos que dispararon fueron los agentes del orden municipal y que no existió ningún ataque a la estación de Policía(18).

Luego entonces, descartada la presencia en el lugar de los hechos de personas distintas a los miembros de la Policía Nacional, y acreditado como está, que el señor Jesús Correa Prado resultó muerto por un proyectil de alta velocidad, en el mismo sitio en el cual se encontraban los policiales que accionaron sus armas de dotación, se infiere que estos fueron los que causaron su muerte.

No hay duda que en este caso la entidad demandada asumió un comportamiento que sobrepasó el normal cumplimiento de sus deberes, pues sólo en casos extremos y por excepción, la fuerza pública está autorizada para hacer uso de las armas de dotación, y si lo hacen, han de tomar todas las precauciones que sean necesarias para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

En el sub júdice, el patrullero Javier de Jesús Valencia admitió que accionó su arma de dotación para persuadir a un ciudadano a detenerse, lo que a su vez conllevó a que uno de sus compañeros, al escuchar los disparos creyó ser atacado y procedió también accionar su arma de dotación(19).

Sobre el particular, cabe decir que aunque no cuente el plenario con las resultas de los procesos disciplinarios y penal que se siguieron contra los policías involucrados en los hechos(20), lo cierto es que aunque se tuviera conocimiento de las decisiones tomadas en dichos asuntos, las mismas no obligan en este caso al juez contencioso administrativo.

La Sección Tercera ha reiterado en varias oportunidades, la posibilidad que tiene el juez administrativo de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, en razón de las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción(21).

El anterior criterio se adoptó, por considerar que si bien la decisión de carácter penal -e incluso disciplinaria- no puede ser modificada por la jurisdicción contenciosa y que la misma hace tránsito a cosa juzgada, dicho efecto se predica de la situación jurídico penal del procesado y, en algunos eventos, en relación con la responsabilidad civil del funcionario sometido a juicio, pero no con respecto a la decisión que deba tomarse cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad del Estado(22), pues a pesar de que se declare la responsabilidad personal del funcionario, la entidad a la cual este se encuentre vinculado puede no ser responsable del daño, por no haber actuado aquél en desarrollo de un acto propio de sus funciones o no haber tenido su actuación ningún nexo con el servicio público(23), o por el contrario, el funcionario puede ser absuelto por no haberse demostrado la antijuridicidad de su conducta, de tal manera que no resulte comprometida su responsabilidad penal y, en cambio, el juez administrativo puede encontrar comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, con la demostración de la antijuridicidad del daño, elemento fundante de la responsabilidad estatal consagrada en el artículo 90 de la Carta Política.

Las anteriores razones resultan suficientes para confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda, puesto que se encuentra acreditado el daño imputable a la entidad accionada.

5. Perjuicios.

El tribunal de primera instancia concedió a los demandantes Paulina Prado de Correa, Rosa del Socorro Campiño Bedoya, Duván Andrés y Danilo Adrián Correa Campiño, la suma para cada uno de ellos de cien salarios mínimos legales vigentes por concepto de perjuicio moral.

De igual forma, condenó a la accionada al pago de $ 54.264.166 por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante y daño emergente) a favor de la señora Rosa del Socorro Campiño Bedoya y sus hijos Duván Andrés y Danilo Adrián Correa Campiño.

Respecto de la tasación de estos perjuicios, la Sala advierte que comoquiera que en el expediente la sentencia solo fue recurrida por la parte demandada, no se puede reformar la condena en favor de los actores, toda vez que se estaría desconociendo la garantía constitucional de la no reformatio in pejus, o reforma en peor del apelante único (C.P., art. 29), la cual hace parte integral del denominado derecho al debido proceso.

En igual sentido, la Sala advierte que de observarse que la condena que impuso el a quo en contra de la entidad accionada tuvo por fundamento una liquidación que no corresponde a los parámetros jurisprudenciales sobre la liquidación del perjuicio material que ha fijado esta corporación y que ello afecta a la parte pasiva de la litis en el sentido de que fue condenada por un valor mucho más alto al que debía serlo, reliquidará la misma bajo el entendido que ello hace parte del recurso interpuesto por la demandada en todo lo que le era desfavorable(24) y que en ningún momento se está desconociendo la garantía de la no reformatio in pejus.

Luego entonces, tratándose de la condena por perjuicios morales, comoquiera que los actores Paulina Prado de Correa, Rosa del Socorro Campiño Bedoya, Duván Andrés y Danilo Adrián Correa Campiño, acreditaron el parentesco con el fallecido Jesús Correa Prado en calidad de progenitora, esposa e hijos, respectivamente y la parte accionada no desvirtuó la presunción de la existencia del perjuicio moral, esta corporación confirmará la condena que por tal perjuicio hizo el tribunal de primera instancia, aclarando que la condena en salarios mínimos son los salarios vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

En cuanto a los perjuicios materiales reconocidos a la cónyuge supérstite e hijos de Jesús Correa Prado, observa la Sala que el a quo erró al momento de hacer la liquidación que le correspondía a los actores en varios aspectos toda vez que: 1) Si bien tomó como base para liquidar el salario mínimo vigente al momento de la sentencia, al que le agregó el 25% que se presume el occiso tenía por prestaciones sociales, a dicho monto le restó el 50% como presunción de lo que el fallecido utilizaba para su propio sostenimiento cuando la deducción debía ser el 25% según el criterio jurisprudencial adoptado por la corporación y, 2) realizó una única liquidación para tasar la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, cuando la liquidación debía ser diferente entre la esposa y los hijos, pues el tiempo a tener en cuenta para la respectiva tasación en el caso de la cónyuge supérstite debía ser calculado hasta su vida probable y, en el caso de los menores de edad, hasta que estos cumplieran los 25 años de edad. El mayor tiempo al hacer la liquidación conllevaría a que la indemnización que les correspondería a los demandantes aumentara, empero aquellos no impugnaron la decisión de primera instancia, la que de por sí no excede los parámetros jurisprudenciales en relación a la tasación del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante.

No obstante las anteriores equivocaciones, comoquiera que la parte actora no presentó ninguna inconformidad en relación a dicha tasación, no habrá lugar a reformarla, pues de hacerlo, se estaría agravando la situación de la entidad demandada(25), quien solicitó se revocara en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Así las cosas, para la Sala el perjuicio material otorgado por el tribunal de primera instancia, es correcto, puesto que lo liquidó desde la fecha del fallecimiento del señor Jesús Correa Prado. En ese contexto, esta corporación se limitará a indexar el valor otorgado por el a quo, aspecto que en ningún momento desconoce la garantía de la no reformatio in pejus, pues simplemente se está reconociendo el aminoramiento de la moneda, desde la fecha de la sentencia de primera instancia, hasta la presente providencia:

Ra = $ 54.264.166(26) * 116,24 - IPC para abril de 2014

79,52 - IPC para agosto de 2004(27)

Ra = $ 79.321.764

A título de perjuicio material (daño emergente y lucro cesante) a favor de los señora Rosa del Socorro Campiño Bedoya y sus hijos Duván Andrés y Danilo Adrián Correa Campiño, la suma de $ 79.321.164.

6. Costas

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia del 12 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, los cuales quedarán en los siguientes términos:

2. CONDENAR a la Nación- Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales la suma de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del fallo de segunda instancia, para cada uno de los demandantes Paulina Prado de Correa, Rosa del Socorro Campiño Bedoya, Duván Andrés Correa Campiño y Danilo Adrián Correa Campiño.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a favor de Rosa del Socorro Campiño Bedoya, Duván Andrés Correa Campiño y Danilo Adrián Correa Campiño, por concepto de perjuicios materiales, la suma de setenta y nueve millones trescientos veintiún mil ciento sesenta y cuatro pesos $ 79.321.164

2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 12 de agosto de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor Jesús Correa Prado.

3. ABSTÉNGASE de condenar en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

5. RECONOCER personería al abogado Arnubio Solis Henao como apoderado de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en los términos y para los efectos del poder visible en folio 150 del cuaderno principal 2.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El agente del Ministerio Público guardó silencio durante esta etapa procesal.

(2) La parte demandante guardó silencio durante esta etapa procesal.

(3) El 22 de marzo de 2002, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta corporación era de $36.950.000 —CCA, arts. 129 y 132, subrogados por el D. 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño moral a favor de cada uno de los demandantes. Ahora bien, para el año 2002, el salario mínimo legal mensual vigente era de $ 309.000, que multiplicado por mil da $ 309.000.000, suma que para el momento de presentación de la demanda superaba la cuantía fijada por el Decreto 597 de 1988.

(4) No debe confundirse la legitimación en la causa con la indemnización a reconocer en caso de que se pruebe la responsabilidad de la administración; pues, una persona puede estar legitimada para demandar pero al no demostrar la existencia de un daño, no procede ninguna indemnización a su favor.
La jurisprudencia de la sección ha presumido la existencia del perjuicio moral para los familiares de un fallecido dado la situación de congoja y dolor que su muerte causa; sin embargo, tal presunción no cobija todos los grados de parentesco. Así, tratándose del primer grado de afinidad en línea ascendente, debe probarse la existencia del daño.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Expediente .P. Enrique Gil Botero.

(6) Dentro de estas copias obran las declaraciones hechas bajo la gravedad de juramento realizadas por los miembros de la Policía Nacional involucrados en los hechos del 24 de marzo de 2001, que serán tenidas en cuenta como prueba; no así las indagatorias rendidas por los señalados policiales, toda vez que estas últimas versiones se obtuvieron sin el apremio del juramento y, por tanto, no reúnen las características necesarias para que pueda considerárselas como testimonio. Lo anterior no obsta para que en algunos casos se tengan en cuenta las afirmaciones que los indagados consientan en hacer bajo la gravedad del juramento por tratarse de imputaciones a terceros, lo que se deduce de la aplicación a contrario sensu de la regla antes aludida.
También obra la declaración que rindió al interior del proceso penal la señora Rosa del Socorro Campiño Bedoya (fls. 81-82, cdno. ppal 1 y fls. 54-55, cdno. 2) que no podrá ser valorada en autos, toda vez que al tratarse de declaración de parte, la misma debía cumplir las formalidades previstas en la ley para su valor probatorio, en particular, haber sito citada por la parte contraria y afirmar hechos que le son desfavorables, tal y como lo ha expresado la jurisprudencia de la sección en varias oportunidades. Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2013, Expediente 25973.

(7) Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 37.

(8) Literalmente el juez conoce del derecho.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, Expediente 15494 C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(11) En forma similar se refirió en declaración rendida el 27 de marzo de 2001 ante el departamento de Policía de Arauca - subcomando operativo asuntos disciplinarios (fls. 147-149, cdno. 2)

(12) En igual forma contestó el patrullero Luis Jairo Granados Duarte, quien en declaración que rindiera dentro del proceso penal señaló que por una llamada de la ciudadanía se tenía que el ataque fue por miembros del ELN, pero que en todo caso no tenía conocimiento de quien fue el ataque; concretamente manifestó “Preguntado: Diga al juzgado si tuvieron conocimiento por parte de quién o quiénes se realizó el hostigamiento a la estación de policía de Saravena y si sabe o le consta que se encontraron elementos como vainillas hacia el sector del coliseo malaria que pudieran indicar que desde allí se hubiesen realizado disparos. Contestó: Por llamadas de la ciudadanía donde dicen que eran milicianos bolivarianos del ELN, que delinquen en esta zona no tengo conocimiento ya que me encontraba de turno en el momento que salió la patrulla” (fls. 207-210, cdno. 2).

(13) En el libro de minuta de población, el 24 de marzo de 2001 se hizo la anotación a las 21:30 horas de que se recibió una llamada telefónica de voz femenina informando que el hostigamiento de dicho día había sido por alias Palomo y alias blanco (fls. 102-103, cdno. 2); empero, además de la supuesta llamada —pues no se dejó constancia de quien fue la persona que llamó e informó de los hechos— y los testimonios de los policiales que dicen haber sido atacados, tienen mayor credibilidad los testigos visuales del hecho, quienes estando en diferentes lugares, manifestaron que solo escucharon un aproximado de seis disparos y que no hubo hostigamiento hacía los policiales.

(14) Así mismo, cabe destacar que en ningún momento se realizó una inspección al lugar de los hechos a fin de establecer si en el mismo existieron vainillas, proyectiles o demás, que evidenciaran la existencia del supuesto ataque desde los lugares mencionados por los policías, esto es, el coliseo y el sector de abastos.

(15) El mismo al que hacen referencia los patrulleros Valencia, Gaitán y el testigo Pedro José Macías Chaparro.

(16) De igual forma el testigo Pedro José Macías Chaparro al que ya se hizo referencia y fue testigo visual de los hechos, al ser preguntado por la muerte del señor Jesús Correa y sobre el supuesto hostigamiento, manifestó: “ahí fue el hostigamiento pero de los agentes hacia al borracho, querían herir al borracho y una bala perdida fue que mató a Jesús Correa y al borracho no le pasó nada y siempre se fue. Preguntado: Nos podría decir si ese día se presentó alguna clase de hostigamiento por parte de los grupos subversivos hacia la Policía. Contestó: No, en ese momento no existían subversivos por ahí, fueron los mismos agentes que disparaban al aire” (fls. 373-374, cdno. 2).

(17) De conformidad con el plano del área urbana del municipio de Saravena - Arauca (fls. 279-280, cdno. 2), el acta de levantamiento del cadáver del señor Jesús Correa Prado (fl. 45, cdno. ppal. 1 y fl. 17, cdno. 2) y los croquis realizados por los patrulleros Luis Jairo Granados Duarte (fl. 211, cdno. 2) y José Alexander Gaitán Forero (fls. 227-231, cdno. 2), así como los testimonios obrantes en el plenario, se tiene que la estación de policía se encuentra ubicada sobre la carrera 15, por esa misma carrera y en dirección al coliseo Malaria, la carrera 15 se encuentra con la diagonal 30. El señor Jesús Correa Prado transitaba precisamente por esta diagonal en dirección oriente y occidente, y en la mitad de la misma, recibió el impacto del proyectil que cegó su vida.

(18) Cabe destacar que tampoco existió ningún Consejo de Seguridad por los hechos del 24 de marzo de 2001. La alcaldía del municipio de Saravena - Arauca en oficio del 24 de septiembre del 2002 (fls. 341-351, cdno. 2) señaló que no hubo ninguna reunión en el mes de marzo, y que en febrero de 2001 se realizaron tres consejos de seguridad por los ataques que había sufrido el municipio en ese mes.

(19) El municipio de Saravena - Arauca había sido objeto de ataques por parte de grupos subversivos tal y como se observó en los consejos de seguridad del mes de febrero de 2001; empero, ante la situación de amenaza que se encontraba el municipio y los propios uniformados, ello no justificaba que aquellos podían accionar sus armas ante cualquier sospechoso y, menos, contra alguien que no quería ser requisado.

(20) En el recurso de apelación la parte demandada señaló que los policiales fueron absueltos, aspecto que en el expediente no se tiene constancia, pues cuando el proceso penal fue allegado al plenario, aquel aún no había culminado.

(21) En sentencia de proferida el 17 de marzo de 1994, se dijo: “...entre una y otra acción, la penal y la administrativa se presentan radicales diferencias en su contenido, filosofía, sujetos afectados, regulación legal y procedimental, sin desconocer, desde luego, que en la mayoría de los casos las sentencias penales inciden de manera muy importante en los fallos que profiere la jurisdicción contencioso administrativa...Si bien es cierto que la condena penal genera para el procesado o para quienes patrimonialmente deban responder, la obligación civil de reparar los daños ocasionados con el delito, la responsabilidad extracontractual de la administración no se origina necesariamente en el hecho punible del agente público, que por lo demás puede no existir, sino que su origen se encuentra en la falla de la administración en la prestación de los servicios públicos (...) Pero además de lo anterior, observa que no siempre son las mismas partes las que intervienen en cada uno de los procesos y en este punto también difieren la acción penal de la administrativa...En las anteriores condiciones, dadas las diferencias rápidamente enunciadas entre una y otra acción, estima que no puede brindárseles un tratamiento idéntico respecto de sus efectos, hasta el punto de que la sentencia del juez penal en todos los casos condicione la decisión del juez administrativo. Esta, por lo demás, ha sido tesis sostenida en varias oportunidades por , entre otras, en providencia de 28 de junio de 1991(...) donde se dijo: “Aquí se repite que el juez administrativo, si tiene otras pruebas u otros elementos de juicio distintos a los que le suministre la sentencia penal podrá, sin desconocer la cosa juzgada, llegar en materia de responsabilidad administrativa a una solución en aparente contradicción con aquella. Se dice en “aparente” contradicción porque en el fondo se refieren a aspectos o realidades diferentes. Así podrá el juez administrativo declarar que hubo falla del servicio a pesar de la absolución penal del agente o absolver a la entidad pública pese a la condena de aquél. Y lo anterior no puede entenderse sino teniendo clara idea inicial expuesta en el numeral 1º de este fallo, que el hecho del agente puede dar lugar a la aplicación de dos normatividades diferentes: la penal para el delito y la administrativa para la responsabilidad del ente a que pertenece el agente que lo cometió”.

(22) Sentencia del 1º de noviembre de 1985, Expediente 4571, dijo: “Una es la responsabilidad que le puede tocar (sic) al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa”. En el mismo sentido, sentencia de 24 de junio de 1992, Expediente 7.114; 17 de marzo de 1994, Expediente 8585; 5 de mayo de 1994, Expediente 8958; 18 de febrero de 1999, Expediente 10.517; 26 de octubre de 2000, Expediente 13.166 y de 25 de julio de 2002, expedientes 13.744 y 14.183, entre otras.

(23) Ver, por ejemplo, sentencias de 20 de febrero de 1992, Expediente 6514 y de 21 de septiembre de 2000, Expediente 11.766.

(24) La demandada, apelante único, solicitó que se revocará en su totalidad la sentencia de primera instancia y se negaran las pretensiones de la demanda.

(25) Al reliquidar la condena realiza por el a quo, encuentra que esta favorecería a la parte actora, por lo que se abstendrá de hacerlo pues ello iría en detrimento del apelante único. La demandante, no manifestó ninguna inconformidad con la liquidación realizada por el tribunal de primera instancia.

(26) Suma de dinero reconocida a los demandantes en la sentencia del 12 de agosto de 2004.

(27) Mes en el que se produjo la sentencia de primera instancia.