Sentencia 2002-00196 de julio 22 de 2009 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 68001-3103-006-2002-00196-01

Magistrado Ponente

Dr. William Namén Vargas

Discutida y aprobada en Sala de treinta de junio de dos mil nueve.

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Ab initio, precísase el discernimiento suficiente del asunto concerniente al presupuesto procesal de la capacidad para ser parte, legitimatio ad procesum, de la persona demandada, no hallado por el juzgador e impeditivo para pronunciar un fallo sobre el fondo de la cuestión planteada, al estudiar el cargo.

Puntualizó la Corte en la sentencia de casación “en presencia de situaciones fácticas como las que enmarcan la litis, en las cuales, con la documentación que proviene de las autoridades competentes quedó demostrada la ausencia en sus archivos del acto de reconocimiento de quien aparece por propietaria del inmueble en el registro público bajo la exacta denominación y, en las que el Estado, empero, da fe de la existencia del titular del derecho real de dominio, resulta indispensable la protección de la buena fe”, por lo cual la dispensó, privilegiando los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y la tutela de los derechos de terceros, que resultarían menguados “cuando el juzgador frente a la evidente comprobación de la ausencia de registros públicos de las autoridades competentes del acto de reconocimiento de la persona jurídica inscrita en el registro público inmobiliario como titular de un derecho real, se abstiene de definir la situación fáctica controvertida”.

Tales asertos se corroboraron a plenitud con las pruebas decretadas de oficio en busca de acreditar, entre otros aspectos, la existencia y naturaleza jurídica de quien figura como propietaria del bien pretendido, las que aportadas ratificaron la ausencia de registro de la persona demandada, según puede discurrirse de la certificación expedida por la oficina de archivo y correspondencia de la Alcaldía de Piedecuesta y la proferida por el grupo de gestión administrativa de la alcaldía (fls. 60 y 61 del cdno. de la Corte) y respecto al Hospital Integrado de San Juan de Dios —en liquidación—, además de no aparecer constancia de su existencia, conforme al escrito visible a folio 71, se informó por la parte que “dicho hospital fue liquidado y por lo tanto, ya no existe jurídicamente”, lo que justifica su silencio (fls. 69 a 70).

De donde, verificada la presencia de los presupuestos procesales, así como la ausencia de causales de invalidez, procede la definición de mérito de la pretensión de pertenencia reclamada por la demandante.

2. La locución prescripción (de praescribere, escribir en el encabezamiento), designa la extinción de los derechos, pretensiones y relaciones por ausencia de actividad de su titular y de reconocimiento del obligado durante el tiempo legal (extintiva, liberatoria o positiva) y la adquisición originaria de los derechos reales, incluido el dominio, en virtud de su ejercicio continuo en el lapso temporal prevenido en la ley, concurriendo los restantes requisitos normativos (adquisitiva, negativa o usucapión, cas. civ. oct. 18/1895, XI, 23).

De la adquisición por prescripción, rectius, usucapión, del dominio y demás derechos reales sobre cosas corporales ajenas, muebles o inmuebles (arts. 653, 654, 655, 656, 664, 665, 667, 669 ss. y 673 del C.C.), trata el libro cuarto, título XLI, artículos 2512, 2518 y siguientes del Código Civil, consagrando su regulación jurídica, sus clases, requisitos, vicisitudes y efectos.

Destácase, prima facie, por fundamento constante de la prescripción, “la posesión ejercida sobre un bien ajeno determinado, por el tiempo y con los requisitos exigidos por la ley” (Sent. 084 de sep. 29/98), en forma tal que el dominio o derecho real susceptible de ganarse por este modo, se adquiere, rectamente, no por inactividad del titular, sino por actividad o ejercicio de un sujeto diferente (prius) determinante de la pérdida del derecho para aquel y su desplazamiento para este (posterius).

Análogamente, son presupuestos, requisitos o condiciones axiológicas concurrentes e imprescindibles de la prescripción, sea ordinaria, ora extraordinaria, la posesión durante el término legal y la naturaleza prescriptible del derecho, siendo susceptibles de adquirirse por este modo, “el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano” y los demás derechos reales no exceptuados expresamente por la ley (C.C., art. 2518).

El vocablo “commercium” tiene un significado próximo al de tráfico jurídico, es decir, “el intercambio de bienes, prestaciones de cosas y de servicios” (K. Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, München & Berlin, 1964, 7ª ed. 1, Par. 1) o, dicho en otros términos, la aglutinación de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas y el logro de los designios particulares concordes con el ordenamiento jurídico. En el derecho romano, las cosas “extra commercium” eran res divini iuris (“res santae” v.gr., altares y lugares sagrado, divini iuris y res religiosae, como los sepulcros) y res publicae o del pueblo (publica sunt quae populi Romani sunt, como las calles, ríos, puentes, termas, caminos).

Por esto, al lado de las cosas que por su naturaleza están fuera del comercio, los bienes de uso público, o sea, aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio como las calles, plazas, caminos, puentes, etc., mientras estén afectos al uso general o común, son imprescriptibles, inalienables, inembargables e incomerciables (C.C., arts. 674 y 2519); los terrenos ejidos “por tratarse de bienes municipales de uso público común” (L. 41/48, art. 1º); por extensión “las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley...” (art. 63, Constitución Política); por expresa disposición legal, a partir de la vigencia del Código de Procedimiento Civil, el 1º de julio de 1971 y desde el instante de la adquisición de la propiedad por la entidad de derecho público, los bienes fiscales (num. 4º del art. 413, hoy 407 según modificación del art. 1º, num. 210 del D.E. 2282/89, C.S. de J., sent. de nov. 16/78, CLVII, 263), o sea, los que siendo del dominio estatal ostentan idénticas características a las de la propiedad particular y, por ello, están en el comercio “de suerte que hoy, tanto los bienes de uso público como los bienes fiscales no pueden adquirirse por usucapión” (S. de Cas. Civil, sents. de jul. 28/87, jun. 14/88, S-007/2000 y feb. 12/2001).

Tratándose de la usucapión ordinaria, a partir de la vigencia de la Ley 791 de 2002, es menester la posesión regular continuada de cinco años para los bienes inmuebles, o de tres años para los muebles (arts. 2528 y 2529 C.C., modificado por el art. 3º de la L. 791 de dic. 27/2002, D.O. 45.046) y en la extraordinaria, posesión ininterrumpida durante diez años (arts. 2512, 2531 y 2532 C.C., modificado por el art. 1º de la L. 791/2002). Con todo, la posesión constituida bajo ley anterior, no se retiene, pierde o recupera bajo la posterior, sino por los medios y requisitos señalados en esta (L. 153/1887, art. 29), los derechos reales adquiridos bajo una ley subsisten bajo la nueva y se sujetan a la misma en todo cuanto concierne a su ejercicio, cargas y extinción (art. 28, ibíd.), la “prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir” (art. 41, ídem) y lo que leyes posteriores declaran absolutamente imprescriptibles no puede ganarse por tiempo bajo su imperio, aunque el prescribiente hubiere iniciado a poseerla según la ley anterior que autorizaba la prescripción (art. 42, ejusdem).

Por consiguiente, cuando el término de prescripción se inicia y completa antes de la vigencia de la Ley 791 de 2002, se rige por las normas precedentes, en cuyo caso, para la ordinaria es menester posesión regular no interrumpida del usucapiente durante diez años para los inmuebles o tres años para los muebles conforme disponía el artículo 2529 del Código Civil y, para la extraordinaria, la posesión irregular continua por espacio de veinte años según preceptuaba el artículo 2532 ejusdem.

En cuanto hace a la posesión, el artículo 762 del Código Civil, la define como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño...”, esto es, para su existencia en el mundo jurídico, precisa la concurrencia absoluta y simultánea de la tenencia física, material y real de una cosa, perceptible en su materialidad externa u objetiva por los sentidos (corpus) y el designio o intención de señorío (animus), ser dueño (animus domini) o hacerse dueño (animus remsibi habendi) de la misma, que por obedecer a un aspecto subjetivo es susceptible de inferir por la comprobación de actos externos razonable, coherente, explícita e inequívocamente demostrativos (cas. civ. mar. 13/37, XLIV, 713; jul. 24/37, XLV, 329; mayo 10/39, XLVIII, 18; nov. 9/56, LXXXIII, 775; abr. 27/55, LXXX, 2153, 83; ago. 22/57, LXXXVI, 14; feb. 12/63, CI, 103; jun. 24/80, CLXVI, 50; Sent. S-020/95, Sent. S-028/95, Sent. S-031/95, Sent. S-051/96, Sent. S-055/97, Sent. S-059/95, Sent. S-101/95, Sent. S-115/95, Sent. S-126/95, Sent. S-025/2002, Sent. S-124/2003, Sent. SC-149/2004).

Estos elementos deben demostrarse a plenitud en su ocurrencia positiva, en atención a la naturaleza de la cosa sobre la cual recaen y a su indisociable relación con esta (C.C., art. 981), siendo admisible todo medio probatorio idóneo (XLVI, 716, y CXXXI, 185, Sent. S-041/97, Sent. S-016/98, Sent. S-025/98, Sent. S-005/99, Sent. S-021/98, Sent. S-100/2001, Sent. S-183/2001, Sent. S-192/2001, Sent. S-209/2001, Sent. S-126/2003).

Adviértase, que la posesión, en sentido naturalístico es un hecho material, externo, objetivo y perceptible generatriz de una situación jurídica y de un “poder de hecho” sobre la cosa “entendido él como la posibilidad tangible que el sujeto de la relación material tiene para someter la cosa bajo su influjo” (cas. civ. jul. 7/2007 exp. 00358-01), por lo cual, estrictosensu, únicamente se presenta en virtud de la tenencia física de una cosa con señorío “porque el alcance histórico, humano, social e ideológico de la palabra le da a esta su contenido esencial de hecho o fenómeno objetivo y corpóreo” y no por su inscripción en el registro inmobiliario, carente “intrínsecamente, de los elementos propios de la posesión, porque no es acto material y menos aún conjunto de actos materiales sobre la cosa, requerido para probar posesión; no es poder físico, ni esfuerzo ni trabajo, lo único apto para producir los efectos posesorios; ni obstáculo para que a espaldas de las inscripciones se desarrollen los hechos y la vida de manera incontenible” (cas. civ. abr. 27/55, XCII, pp. 36 ss.), por cuanto, “[n]o existe, por lo mismo, en la legislación colombiana una posesión que consista en la inscripción de los títulos de los derechos reales inmuebles en el registro público, porque, como lo ha consagrado la jurisprudencia nacional que este fallo acoge y compendia, la inscripción de los títulos carece de contenido y alcance posesorios” (G.J. LXXX, pág. 87) y “la única posesión real y jurídicamente eficaz es la posesión material, o sea, la que, conforme al artículo 762 del Código Civil consiste en la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño. Esta posesión implica la aprehensión de un bien y el poder que se ejerce sobre él, mediante actos de goce y transformación. La llamada posesión inscrita no es en el fondo posesión, ya que la única verdadera es la material” (cas. civ. sent. de mayo 30/63 reiterada en Sent. S-014-2001[6446] feb. 14/2001).

Impónese, empero, precisar desde un punto de vista jurídico que la posesión no se reduce a un simple hecho, ella da origen a derechos integrantes del patrimonio del sujeto de derecho, susceptibles de disposición inter vivos, trasmisión mortis causa, tutela normativa específica con acciones singulares autónomas y de persecución por los acreedores (C.C., arts. 778, 782 ss., 951, 972 ss., 1008 ss., 2488 ss.). Por demás, presupone una conducta necesariamente humana, valorada por el ordenamiento jurídico en consideración a su autoría y al factor humano, y cuyos efectos se asignan acorde a sus condiciones internas y externas (A. Cataudela, Fattispecie, EdD., XVI, Milano, 1967, p. 935, K. Engisch, Einfuhrung in da juristische Denken, Suttgart, 1956, p. 12 y ss.; D. Rubino, La Fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano 1939, p. 3 y ss.).

Recuérdase, de otra parte, para los efectos de la usucapión ordinaria, la exigencia de posesión regular, en términos de la Sala, configurada “de una parte, con la existencia de la posesión; y de la otra, con que su adquisición sea regular, esto es, surgida con buena fe inicial y con justo título” (cas. civ. sent. de mar. 07/89), es decir, la “que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión” (C.C., art. 764), la cual se presume en todo caso (arts. 83 Constitución Política, 768 y 769 C.C.), sin que, la ausencia de un título constitutivo o traslaticio de dominio determine la inoperancia de la presunción legal que debe desvirtuarse, pues ciertamente la mala fe no puede inferirse de suyo por esa sola circunstancia y debe probarse (cas. civ. sents. de jul. 16/31, G.J. t. XXXIX, p. 185; jun. 3/54, G.J. t. LXXVII, p. 770; jun. 28/56, G.J. LXXXIII, p. 103; jun. 25/96, ago. 12/97 y oct. 25/2004.)

Así mismo, itérase que el título es “constitutivo o traslaticio de dominio” (art. 765 ibíd.) y siendo traslaticio “es también necesaria la tradición” (C.C., art. 764, inc. 4º), pues, en nuestra legislación no transfiere el dominio sino el modo de la tradición y tan solo genera la prestación de dare rem, esto es, la obligación de realizarla (C.C., art. 740 ss.), por lo cual, en sentido amplio, es “la causa que conforme a derecho permite integrar la adquisición del dominio, de manera originaria o derivativa” (XCVIII, p. 52), “todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio” (cas. civ. jun. 26/64), el “acto o contrato que sirve de antecedente a su posesión, el cual debe corresponder a la categoría de los llamados justos títulos ... ‘... porque siendo por su naturaleza translaticios de propiedad, dan un justo motivo a los que adquieren la posesión de una cosa a estos títulos, de creerse propietarios, no habiendo podido conjeturar que la persona de quien ellos han adquirido la cosa y que veían en posesión de esta cosa, no fuese propietario’ (Pothier, De la possession, Nº 6; de la prescripción, Nº 57)” (cas. civ. ago. 12/97, CCXLIX, p. 309), el “que hace creer razonadamente en que se está recibiendo la propiedad”, “el que consistiendo en un acto o contrato celebrado con quien tiene actualmente la posesión, seguido de la tradición a que él obliga (C.C., inc. 4º del art. 764), da pie para persuadir al adquirente de que la posesión que ejerza en adelante es posesión de propietario. Precisamente por esta condición especial es que la ley muestra aprecio por tal clase de poseedores, distinguiéndolos de lo que poseen simple y llanamente; y denominándolos regulares los habilita para que el dominio que, en estrictez jurídica no les llegó, puedan alcanzarlo mediante una prescripción sucinta, que, para el caso de los inmuebles, es de diez años. (...) permitiéndole la posibilidad de una prescripción más generosa en cuanto a su duración; para decirlo de una vez, es esta otra de las ocasiones en que la ley mira con buen favor las situaciones que crea la apariencia, pues fundada como puede estar en la falibilidad humana, se cuida de calificarla como infértil del todo. Le atribuye uno que otro efecto, más o menos importante” (cas. civ. sent. de jul. 4/2002, exp. 7187).

En consecuencia, cuando se pretende la declaración judicial de prescripción ordinaria adquisitiva de dominio, el demandante debe comprobar no solamente la naturaleza prescriptible del bien sobre la cual recae, sino posesión regular continuada durante el término legal, esto es, la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño (C.C., art. 762), un justo título constitutivo o traslaticio de dominio y buena fe al instante de la adquisición del derecho (C.C., arts. 765 y 768, cas. civ. S-081-2002 [6763] mayo 8/2002).

Por el contrario, respecto de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es suficiente comprobar la posesión material pública, pacífica e ininterrumpida, “la posesión exclusiva y no interrumpida por el lapso exigido ... sin efectivo reconocimiento de derecho ajeno y sin violencia o clandestinidad” (LXVII, 466), sobre un bien prescriptible durante el tiempo legal, no siendo menester título alguno y presumiéndose de derecho la buena fe aun a falta de este, pero la existencia de un título de mera tenencia hace presumir la mala fe, salvo prueba contraria de la intervención de la calidad de mero tenedor con la probanza de hechos de señorío demostrativos de la posesión (art. 2.531 C.C., cas. civ. jul. 18/49, LXVI, 347, Sent. S-154/2001, Sent. S-007/2003, de nov. 4/2005, exp. 7665).

3. Descendiendo al caso sub examine, el bien pretendido es susceptible de ganarse por el modo de la prescripción adquisitiva de dominio, por tratarse de un inmueble urbano, que no es de uso público ni fiscal, conforme prueban las escrituras públicas de compraventa y donación aportadas (fls. 12 a 22 del cdno. del tribunal), el folio de matrícula inmobiliaria donde aparece la tradición del bien y certificado inmobiliario expedido por el registrador de instrumentos públicos (fls. 19 a 21 del cdno. del juzgado).

Estas probanzas acreditan la calidad y condición de las personas intervinientes en la tradición del bien, además de la certificación de la alcaldía de Piedecuesta, expresando en forma contundente que “no se hallaron actos administrativos de la creación de la junta municipal de beneficencia”, manifestación reiterada por el grupo de gestión administrativa de la alcaldía al decir que “no se hallaron actos administrativos de creación de la junta municipal de beneficencia de Piedecuesta’, dentro de la estructura orgánica de la alcaldía municipal de Piedecuesta como una dependencia u organismo del orden municipal”.

Igualmente se determinó la identidad de la heredad tanto en la demanda como en el certificado inmobiliario, además de las constataciones que sobre el punto se hicieron en la diligencia de la inspección judicial practicada (fls. 107 a 114) y en el dictamen pericial rendido (fls. 115 a 124).

De otra parte, en el sub judice está plenamente acreditada la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de la demandante sobre el inmueble por el término legal de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, a cuyo efecto dijo poseerlo con ánimo de señora y dueña desde el año de 1970, iniciando labores educativas, adecuarlo con refacciones y construcciones, asumido sus gastos, expensas y servicios.

En efecto, en la diligencia de inspección judicial practicada en el inmueble objeto de la pretensión, el 12 de marzo de 2004 (fls. 107 a 114 del cdno. del juzgado), se verificó la detentación material de la actora, lo mismo que los hechos significativos de la posesión, entre ellos las construcciones, reformas y ampliaciones efectuadas para el cumplimiento de la capacitación y enseñanza de las manualidades y oficios que allí se ofrecen por parte de la comunidad religiosa.

También obran en el expediente (fls. 3 a 15) los contratos de prestación de servicios y sus adiciones celebrados por la actora con la alcaldía de Piedecuesta y el departamento de Santander, del 1º de abril de 1993, 7 de febrero de 1997, 23 de junio de 1997, marzo de 1998 y 11 de agosto del mismo año, mediante los cuales las religiosas se comprometen a “promover la capacitación de jóvenes obreras y campesinas y llevar conocimientos intelectuales y laborales” en el Hogar de la Joven de Piedecuesta que funciona en el fundo pretendido, además que la prueba testimonial demuestra con diafanidad que incluso desde antes del año 1970 y de modo continuo, tranquilo y notorio, se identifica como poseedora a la comunidad religiosa demandante, para completarse así el periodo de más de los veinte años exigidos, por cuanto la demanda de pertenencia se propuso el 22 de marzo de 2002.

Amparo Flórez Delgado, Beatriz Colmenares de Ortiz, Ana Leonor González de Delgado, Marlene Valderrama Celis, Beatriz Granados de Tarazona, Lucila Flórez de Díaz, todas con edad mayor, 35, 67, 60, 36, 61 y 67 años en su orden, alumnas, profesoras y colaboradoras, son conocedoras de las transformaciones que ha sufrido el inmueble por cuenta de las hermanas, afirman de manera coincidente la presencia continua de la comunidad religiosa como directoras de la casa, el trabajo que han cumplido en beneficio de la población más necesitada y que nadie les ha disputado la propiedad (fls. 108 a 113, cdno. del juzgado).

Comentario aparte merece la declaración del secretario de hacienda y del tesoro público de Piedecuesta quien compareció a testificar en representación del alcalde y preguntado por la razón de señalar a la demandante como poseedora del inmueble expresó “pienso que esa comunidad posee el bien porque históricamente durante mi vida pública y como ciudadano residente muchos años en la ciudad de Piedecuesta, he asistido a muchos eventos culturales, religiosos y sociales dirigidos por la comunidad religiosa del Hogar de las jóvenes, igualmente las hermanas han tramitado los documentos en la secretaría de hacienda preocupadas por los diferentes cargos de impuestos que se le imputan al inmueble”, que conoce la casa hace más de 30 años como Hogar de la Joven, sabe de las mejoras porque “en una oportunidad que estaban en un evento cultural estaban construyendo un salón” y, manifestó no haberse enterado requerimiento alguno por la disputa del bien (fls. 1-2, cdno. 2 del juzgado).

El análisis conjunto del caudal probatorio reseñado, ex artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, permite dejar por averiguado, como se anunció, los elementos de la pretensión objeto de conocimiento, porque se verifica la posesión veintenaria de la demandante con fundamento en lo acreditado en la inspección judicial, los documentos, en el dictamen pericial y las declaraciones de los testigos, sinceras, serias, completas y responsivas, pudiéndose concluir que el predio viene siendo aprovechado por la comunidad demandante desde hace no menos de treinta años de manera pública, pacífica e ininterrumpida.

4. Por las antecitadas razones, la sentencia del juzgado, será revocada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revócase la sentencia de 30 de junio de 2005, proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, en el proceso ordinario de la Comunidad de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours —Provincia de Bucaramanga— contra la junta municipal de beneficencia de Piedecuesta y demás personas indeterminadas.

2. Declárase que pertenece en dominio pleno y absoluto a la Comunidad de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours —Provincia de Bucaramanga— el predio urbano ubicado en la calle 6 Nº 6-61 del municipio de Piedecuesta, departamento de Santander, dentro de los linderos referidos en el numeral segundo de los hechos de la demanda, con todas sus mejoras, anexidades, dependencias y servidumbres, por haberlo adquirido mediante prescripción extraordinaria de dominio.

3. Ordénese a la oficina de registro de instrumentos públicos de Piedecuesta inscribir esta sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria 314-0019091 que corresponde al predio de mayor extensión, para los fines legales consiguientes, proceda a la cancelación de la inscripción de la demanda y a la apertura de un folio de matrícula que identifique el predio segregado del de mayor extensión, en caso de no contar con él.

4. Sin costas por la prosperidad del recurso y por cuanto no hubo oposición.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo pertinente».

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