Sentencia 2002-00206/36044 de abril 15 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Radicación: 85001233100020020020601

Expediente: 36.044

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: César Hernández Duquino

Demandados: Hospital de Yopal ESE y Edgardo E. Rudas

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., quince de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia de la Sala.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 14 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida en $ 309.000.000(1) que, por concepto de perjuicios morales, el demandante solicitó para él.

Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998 y después de que entraron en funcionamiento los jueces administrativos(2). Dicha norma dispuso que los Tribunales conocieran, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía excediera, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como ocurre en este caso.

2.2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(3), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, las lesiones que dijo sufrir el demandante ocurrieron el 18 de julio de 2000 y la demanda fue instaurada el 15 de julio de 2002, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3. Caso concreto y análisis probatorio.

Según la demanda, las quemaduras que sufrió el señor César Hernández Duquino en sus órganos genitales obedecieron a una falla en la prestación del servicio médico asistencial, imputable al Hospital de Yopal ESE y al médico especialista Edgardo Alfonso Rudas González.

La entidad demandada se defendió de las imputaciones alegando que la víctima no demostró que las lesiones que dijo sufrir fueron causadas como consecuencia del procedimiento practicado en el Hospital de Yopal ESE. Dijo también que ellas eran producto de enfermedades venéreas.

A su turno, el médico Rudas González, a pesar de que los autos admisorios de la demanda y de su aclaración le fueron notificados personalmente el 6 de septiembre y el 30 de octubre de 2002 (fls. 25 y 29, cdno. 1), guardó silencio.

El Tribunal, por su parte, negó las pretensiones de la demanda, en consideración a que no existían pruebas en el plenario que demostraran la responsabilidad de los accionados.

Pues bien, teniendo en cuenta lo afirmado por las partes y las pruebas que militan en el plenario, la Sala analizará si los demandados son responsables de las lesiones que dijo sufrir en los genitales el señor Hernández Duquino como consecuencia de un procedimiento denominado penescopia.

En su interrogatorio de parte, rendido el 26 de noviembre de 2003 ante el Tribunal Administrativo de Casanare, el lesionado, quien para la época de los hechos era Oficial de la Policía Nacional y se desempeñaba como Comandante del Distrito Especial Cusiana, en el municipio de Yopal, departamento de Casanare, manifestó que, una semana previa a lo ocurrido, consultó al médico general del Dispensario de la Policía Nacional Fernando Vásquez, porque sospechaba estar contagiado con una enfermedad de transmisión sexual conocida como el virus del papiloma humano.

Aseguró que el médico acabado de referir no encontró nada anormal; sin embargo, para descartar cualquier situación, lo remitió al Hospital de Yopal ESE, a fin de que el médico especialista Edgardo Rudas González le practicara una penescopia(4), que consistía en aplicar una sustancia líquida en el pene y dejarla actuar durante 5 minutos. Manifestó que, cuando le aplicaron dicha sustancia, se produjeron las quemaduras que lo lesionaron, razón por la cual se dirigió inmediatamente al baño y se echó agua, ya que no soportaba el dolor.

Señaló que el especialista, el doctor Rudas González, al ver su desesperación, le dijo que se vistiera, se aplicara hielo en los genitales y unas cremas que le recetó y, además, lo incapacitó por 3 días; posteriormente, se dirigió a su residencia y llamó al médico Fernando Vásquez, para contarle lo ocurrido y para que lo examinara, pues las heridas eran bastante considerables, lo que le impedía usar ropa.

Dijo que, durante los 15 días siguientes, frecuentó al médico Vásquez, quien le recomendó viajar a Bogotá, para ponerse en manos del Departamento de Urología del Hospital Central de la Policía, como en efecto ocurrió, pues en ese lugar adelantó su recuperación(5). Señaló que, con ocasión de las lesiones sufridas, estuvo incapacitado durante 50 días, aproximadamente (fls. 6 a 11, cdno. 3).

En torno al procedimiento practicado al señor Hernández Duquino, el especialista Edgardo Alfonso Rudas González, en interrogatorio de parte rendido el 26 de noviembre de 2003 ante el Tribunal Administrativo de Casanare, dijo que la penescopia consistía en aplicar al pene y al glande ácido acético al 3% y que, mediante un colposcopio, se observaba la región periuretral distal, esto es, por donde salen el semen y la orina, que son las zonas que generalmente resultan afectadas.

Señaló que la función del ácido acético era limpiar y barrer las secreciones y que, a través de la penescopia, se buscaba establecer la presencia de enfermedades virales, como en efecto ocurrió, pues la prueba practicada al paciente mostró que tenía el virus del papiloma humano subclínico. Afirmó que era subclínico, porque únicamente se veía con microscopio. Dijo que la zona afectada reaccionaba con el ácido acético, lo que permitía advertir la presencia de la enfermedad y que, además, la aplicación de dicha sustancia producía, a lo sumo, enrojecimiento en el pene.

También aseguró el doctor Rudas González que, después del procedimiento practicado al señor Hernández Duquino, no volvió a verlo y que, a través del médico Fernando Vásquez, se enteró de que aquel seguía frecuentando a este último y que había sido incapacitado durante algunos días (fls. 13 a 18, cdno. 3).

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, Seccional Bogotá, el 25 de agosto de 2000 el demandante acudió a dicha Institución, a fin de someterse a una valoración como consecuencia de las quemaduras que sufrió en los genitales durante una penescopia, valoración en la que se evidenciaron las siguientes lesiones (se transcribe textualmente):

“HIPERPIGMENTACIÓN DEL ESCROTO EN LÍNEA MEDIA Y EN LA ZONA QUE RECUBRE EL TESTÍCULO DERECHO, SE APRECIA CICATRIZ RETRÁCTIL EN EL TERCIO DISTAL DEL CUERPO DEL PENE TANTO CIRCULAR COMO LONGITUDINAL EN LA CARA POSTERIOR DEL MIEMBRO, GLANDE INDEMNE, SE APRECIA TEJIDO CRUENTO EN EL TERCIO DISTAL DEL CUERPO DEL MIEMBRO VIRIL, NO HAY SIGNOS DE INFECCIÓN SOBREAGREGADA” (fl. 11, cdno. 1).

El médico forense que practicó el dictamen anterior sostuvo que este debía complementarse, para lo cual era necesario que se remitiera la historia clínica actualizada del paciente y que este acudiera a Medicina Legal al mes siguiente, a fin de someterse a una nueva valoración y establecer las posibles secuelas; sin embargo, no obra prueba alguna en el plenario que indique que la historia clínica actualizada del paciente se hubiera remitido a dicha Institución y menos aún que aquel hubiera acudido a una nueva valoración.

No obstante, está demostrado que, como consecuencia de las quemaduras que sufrió en los genitales, el señor Hernández Duquino fue incapacitado 5 días por el médico Fernando Vásquez, esto es, entre el 18 y el 22 de julio de 2000 (fl. 13, cdno. 1); posteriormente, el citado médico amplió la incapacidad 21 días más, esto es, entre el 26 de julio y el 15 de agosto de 2000 (fl. 14, cdno. 1). Finalmente, el médico David Duarte Mejía, al servicio del Departamento de Urología del Hospital Central de la Policía de Bogotá, amplió la incapacidad del paciente otros 15 días, esto es, entre el 22 de agosto y el 5 de septiembre de 2000 (fl. 15, cdno. 1), para un total de 41 días de incapacidad.

Es importante dejar claro que las incapacidades acabadas de referir obedecieron a las lesiones que sufrió el señor Hernández Duquino en los genitales, con ocasión del procedimiento de penescopia al que fue sometido en el Hospital de Yopal ESE.

Ahora bien, en el interrogatorio de parte al que se hizo alusión unos párrafos atrás (página 12 de este fallo), el médico Rudas González también aseguró que, en sus años de experiencia, nunca había visto una quemadura testicular como consecuencia de un examen peneano y que las reacciones que presentó el señor Hernández Duquino, por la aplicación de ácido acético al 3% en el pene, tendrían como causas probables las siguientes: i) hipersensibilidad a las medicaciones tópicas, en este caso, al ácido acético, el cual, sin embargo, nunca produciría quemaduras, ii) que el paciente se hubiera auto medicado con “ácido tricloracético al 80% y 90%”, conociendo la patología de su pareja y iii) excesiva concentración de ácido acético, la cual debía descartase, teniendo en cuenta que el material disponible en el consultorio de ginecología del Hospital de Yopal ESE se encontraba rotulado y envasado en frascos diferentes (fl. 16, cdno. 3).

Pues bien, como se observa, tres pudieron ser las causas que produjeron las quemaduras que sufrió el señor Hernández Duquino, de las cuales habría que descartar la automedicación del paciente, toda vez que este fue examinado el 13 de julio de 2000 por el médico general del Dispensario de la Policía Nacional, doctor Fernando Vásquez, quien, como lo señaló el lesionado (fls. 6 y 7, cdno. 3) y aparece ratificado en su historia clínica (fl. 32, cdno. 1), no encontró nada anormal y, por tanto, lo remitió al Hospital de Yopal ESE, a fin de que el médico Rudas González le practicara una penescopia, la cual se realizó 5 días después, esto es, el 18 de julio de ese mismo año.

Sobre el particular, nótese que, entre el 13 de julio de 2000 —cuando la víctima consultó por primera vez al médico general Fernando Vásquez en el Dispensario de la Policía Nacional, Seccional Yopal—, y el 18 de julio de ese mismo año, cuando el especialista Rudas González recibió al paciente en el Hospital de Yopal ESE, aún no se habían producido las lesiones que afectaron al demandante; de lo contrario, los médicos acabados de referir así lo hubieran indicado, pero nada dijeron al respecto.

Todo indica, pues, que las quemaduras que lesionaron al señor Hernández Duquino se produjeron con ocasión del procedimiento al que fue sometido en el Hospital de Yopal el 18 de julio de 2000, de suerte que carecen de fundamento las afirmaciones del doctor Rudas González relativas a que el lesionado pudo haberse auto medicado con “ácido tricloracético al 80 y 90%”, provocando las quemaduras que lo afectaron; además, como se dejó dicho, la primera incapacidad del lesionado data del 18 de julio de 2000 (fl. 13, cdno. 1), es decir, del mismo día en que fue sometido a la penescopia en el Hospital de Yopal ESE.

Además, si hubiera tenido las quemaduras al momento del examen, el médico seguramente lo habría notado, pero nada dijo al respecto.

Dicho lo anterior, se descarta, como causa de las lesiones que padeció el señor Hernández Duquino, una supuesta automedicación del paciente y, por ende, también se desecha una posible culpa exclusiva de la víctima.

Así las cosas, o bien la hipersensibilidad a las medicaciones tópicas, o bien una alta concentración de ácido acético pudieron ser las causantes de las quemaduras que afectaron al citado señor.

En cuanto a la primera, es menester señalar que, según lo dicho por el doctor Rudas González, si bien algunas personas podían presentar hipersensibilidad al procedimiento con ácido acético, no es común que este produzca quemaduras (fl. 66, cdno. 3) y menos aún en este caso, teniendo en cuenta la cantidad mínima que se le aplicó al paciente; además, anotó que no “existe ningún protocolo en el mundo que valore previamente la sensibilidad del ácido acético”, afirmación esta última que fue ratificada por el médico ginecólogo Mario Humberto Archila, quien, en declaración rendida el 19 de noviembre de 2003 ante el Tribunal Administrativo de Casanare, sostuvo que no existían protocolos que permitieran establecer, previamente a la práctica de una penescopia, “la tolerancia” de un paciente a la aplicación de ácido acético (fls. 4 y 5, cdno. 3).

En cuanto a la segunda, esto es, que el ácido acético aplicado al paciente pudo presentar altos niveles de concentración, existen altas probabilidades de que dicha situación hubiera sido la causa de las lesiones, pues no de otra manera se explican las quemaduras que sufrió el paciente en los genitales.

Al respecto, el doctor Rudas González aseguró que tenía entendido que el doctor Fernando Vásquez había solicitado al médico Carlos Amaya, jefe de consulta externa (no dijo de dónde), que verificara “la dilución” que tenía el ácido acético aplicado a la víctima, lográndose establecer que era “al 3%”, esto es, que era la correcta (fl. 16, cdno. 3); sin embargo, no obra prueba alguna en el plenario que ratifique lo dicho por el citado especialista, pues ninguno de los dos médicos que él citó rindió declaración en este proceso, ni ninguna certificación u otra prueba se allegó sobre el particular.

En consecuencia, debe recordarse que, en torno a la responsabilidad de las entidades de salud, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que le corresponde a la parte actora acreditar la falla en la prestación del servicio médico, el daño y la relación de causalidad entre estos dos elementos, para lo cual podrá valerse de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria, que podrá construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso(6).

Al respecto, ha dicho la doctrina:

“El juez puede fundar su decisión sobre los hechos que, aun sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, los que presentan un grado de probabilidad predominante. No basta que un hecho pueda ser considerado solo como una hipótesis posible. Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba directa, llegue a la convicción de que existe una ‘probabilidad’ determinante”(7).

En otras palabras, la causalidad debe ser siempre probada por la parte demandante y solo es posible darla por acreditada con la probabilidad de su existencia, cuando la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos involucrados o la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación impidan obtener la prueba que demuestre con certeza su existencia”(8).

Pues bien, teniendo en cuenta que uno de los productos utilizados por el Hospital de Yopal ESE produjo quemaduras en los genitales al señor Hernández Duquino, existe un alto grado de probabilidad que aquel presentara altos niveles de concentración y que, por tanto, esto hubiera sido la causa de tales quemaduras, de suerte que el hospital demandado debe responder por los daños causados, pues tenía la obligación de garantizar que los elementos usados en los distintos procedimientos practicados en el centro asistencial se ajustaran a los estándares y protocolos médicos y farmacéuticos y, al parecer, omitió dicho deber, lo cual evidencia la presencia de una falla en la prestación del servicio.

Ahora, en relación con la actuación del médico especialista Edgardo Alfonso Rudas González, quien también fue demandado en este proceso, pero que, a pesar de habérsele notificado personalmente los autos admisorios de la demanda y de su aclaración (fls. 25 y 29, cdno. 1), guardó silencio, es indispensable señalar que, según lo dispuesto por el artículo 78 del CCA, aplicable al sub examine, “los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-430 del 12 de abril de 2000(9), según la cual:

“Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes. En el primer caso, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de estos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones. En consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque esta solo se legitima en la medida en que este sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables”.

En el presente asunto, si bien las quemaduras que sufrió el señor Hernández Duquino fueron producidas posiblemente por los altos niveles de concentración de ácido acético, sustancia utilizada durante la penescopia, no existen elementos de juicio en el plenario que permitan establecer que el médico Edgardo Alfonso Rudas González obró con dolo o con culpa grave, máxime teniendo en cuenta que, como lo sostuvo este en el interrogatorio de parte que rindió ante el Tribunal Administrativo de Casanare, no “existe ningún protocolo en el mundo que valore previamente la sensibilidad del ácido acético”(10) y porque, además, como también lo aseguró el citado especialista, los frascos que contenían las sustancias utilizadas en el Departamento de Ginecología del Hospital de Yopal ESE estaban debidamente etiquetados y envasados, a lo cual se suma que no obra prueba alguna en el plenario que demuestre que el citado especialista intervenía en la elaboración y preparación de dichas sustancias y que, por tanto, tuviera conocimiento de su composición y grado de concentración.

Es obvio que el citado especialista no tenía por qué sospechar que los productos utilizados en los procedimientos practicados en el Hospital de Yopal ESE no fueran idóneos y menos aún que no se ciñeran a los protocolos dispuestos por la farmacéutica y la ciencia médica; por lo mismo, es claro que ninguna responsabilidad por el daño cabe a dicho médico y, por tanto, se niegan las pretensiones formuladas en su contra.

Ahora bien, las sumas que, como consecuencia de este fallo, llegare a pagar el Hospital de Yopal ESE deberán ser reembolsadas por Colseguros S.A., llamada en garantía en este proceso, según los términos y coberturas previstos en la póliza de responsabilidad civil extracontractual 1249695 —con vigencia del 15 de septiembre de 1999 al 15 de septiembre de 2000—, suscrita por el Hospital de Yopal ESE, teniendo en cuenta que este aseguró con aquella la responsabilidad civil por actividades o funciones propias de los médicos a su cargo, según la especialidad (fls. 35, cdno. 1; fls. 17 a 21, cdno. 4).

En el presente asunto, como se dejó expuesto, las lesiones que sufrió el señor Hernández Duquino en los genitales fueron causadas durante un procedimiento médico practicado en el Hospital de Yopal ESE.

III. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

Como ya se advirtió en los antecedentes, la única pretensión de la parte demandante fue que se condenara al Hospital de Yopal ESE a pagarle 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales (fl. 2, cdno. 1).

A pesar de que no fue posible establecer las secuelas, ni el porcentaje de incapacidad sufridos por el señor Hernández Duquino, lo cierto es que las lesiones padecidas no le imposibilitaron que continuara con su vida sexual, pues, según la demanda, después de un año de ocurridos los hechos, aquel pudo reanudar esa actividad.

No obstante, está acreditado que, como consecuencia de las quemaduras, el citado señor fue incapacitado 41 días y que, además, por la situación padecida, debió soportar intenso dolor y gran angustia, máxime teniendo en cuenta la profesión que desarrollaba, que lo obligaba a realizar grandes esfuerzos y a mantenerse en permanente movimiento.

Al respecto, en el interrogatorio de parte al que se hizo alusión unos párrafos atrás, el lesionado manifestó que, debido a las fuertes quemaduras, el dolor era muy intenso, circunstancia que le impedía usar ropa; además, que si bien lo incapacitaron durante varios días, muchos de ellos debió trabajar, por cuanto —dice— le “daba pena decirle a mis jefes en qué condiciones yo me encontraba y utilicé anestesia local (xilocaína) para mitigar el dolor y así mismo utilicé pañales de incontinencia (sic) para efectos de suavizar y pues estar más cómodo”; además, “tenía temor que fuera a ser objeto de burlas o no sé qué clase de reacción tuvieran mis jefes” (fls. 9 y 10, cdno. 3).

Por su parte, los señores Jaime Enrique Moreno Rodríguez y Néstor Armando Rico Acosta, en declaraciones rendidas el 14 de octubre de 2005, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cumplimiento del despacho comisorio 212 del 28 de julio de 2004, librado por el Tribunal Administrativo de Casanare (fl. 149, cdno. 2), manifestaron que, durante la época de los hechos, el señor Hernández Duquino no solo estaba preocupado por lo ocurrido, sino que, además, se notaba muy decaído anímicamente, al punto que pensó en pedir la baja de la Policía Nacional (fls. 164 y 165, cdno. 2).

Si bien, como se dijo atrás, no obra en el expediente una prueba que permita establecer el porcentaje de incapacidad que sufrió la víctima como consecuencia de las lesiones que padeció, lo cierto es que está demostrado que dicha situación la afectó física y emocionalmente, pues resulta apenas lógico que lo ocurrido le hubiera producido congoja, aflicción y una enorme preocupación, no solo por el temor de que sus superiores y compañeros se enteraran de lo que le pasó y que, por tal motivo, fuera objeto de algún tipo de agravio, sino porque, además, a pesar del fuerte dolor, no solo debió laborar muchos de los días en que permaneció incapacitado, sino que se vio en la necesidad de utilizar pañales y xilocaína, esto último para mitigar sus dolencias, a lo cual se suma que, como se dijo en la demanda, el señor Hernández se enfrentó al temor y a la pena de ser rechazado en la intimidad, debido a las cicatrices en sus genitales, de modo que la Sala, con fundamento en el arbitrio juris, condenará al Hospital de Yopal ESE a pagar al citado señor la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales, suma que deberá ser rembolsada por la llamada en garantía (Colseguros S.A.), según las condiciones establecidas en la póliza de responsabilidad civil extracontractual 1249695, que amparó dicha clase de perjuicios (fl. 17, cdno. 4).

3.3. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que, para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa manera, la Sala se abstendrá de imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 14 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar:

a. DECLÁRASE la responsabilidad del Hospital de Yopal ESE, por las lesiones causadas al señor César Hernández Duquino.

b. CONDÉNASE al Hospital de Yopal ESE a pagar, a favor del señor César Hernández Duquino, 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales.

c. Las sumas que, como consecuencia de este fallo, deba pagar el Hospital de Yopal ESE serán reembolsadas por Colseguros S.A., por virtud de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 1249695, según las condiciones establecidas en la misma.

d. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda contra el médico Edgardo Alfonso Rudas González.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. DESE cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del CPC.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 El actor solicitó en la demanda, por perjuicios morales, 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalían a $ 309.000.000, ya que el salario mínimo, para la época de presentación de la demanda (2002), era $ 309.000.

2 Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 3409 del 9 de mayo de 2006, “Por el cual se dictan medidas tendientes a poner en operación los Juzgados Administrativos”.
“Artículo Segundo. Entrada en operación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 3345 de 2006 y de las diligencias y gestiones de índole administrativo que deben adelantarse para un adecuado funcionamiento de los nuevos despachos, así como en desarrollo de lo establecido por el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446, modificado por el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, establecer como fecha de entrada en operación de los Juzgados Administrativos el día 1º de agosto del año 2006”.

3 Ley 446 de 1998.

4 Así lo indica la historia clínica 79411006 del 13 de julio de 2000, suscrita por el médico Fernando Vásquez (fl. 32, cdno. 1).

5 Según la historia clínica del Hospital Central de la Policía, el 22 de agosto de 2000 el señor Hernández Duquino acudió a control a dicha Institución, por las quemaduras que sufrió en los genitales (fl. 47, cdno. 2).

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2008, expediente 16.775.

7 R. de Ángel Yaguëz: “Algunas reflexiones sobre el futuro de la responsabilidad civil”. Madrid, Editorial Civitas S.A., 1995, pág. 79.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de marzo de 2001, expediente 13.284.

9 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

10 Afirmación que, como se dijo en la página 16 de este fallo, fue ratificada por el médico ginecólogo Mario Humberto Archila (fls. 4 y 5, cdno. 3).