Sentencia 2002-00226 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 180012331000 200200226 01 (37215)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Flover Parrasi Bermúdez y Otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo(18).

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho para fallo.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16(19), permite decidir sin sujeción al orden de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación de la libertad del señor Flóver Parrasí Bermúdez.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(20).

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 21 de mayo de 2009, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008(21), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los actores con ocasión de la privación de la libertad a que fue sometido el señor Flóver Parrasí Bermúdez y, en consecuencia, para determinar el momento a partir del cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso concreto, la Sala tendrá como punto de referencia el día siguiente al de la fecha de ejecutoria de la providencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia que absolvió al señor Parrasí Bermúdez del delito de concusión, esto es el día 28 de marzo de 2001(22), así entonces, al haberse interpuesto la demanda el día 1 de agosto de 2002, se impone concluir que se hizo dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

4. Las pruebas aportadas al expediente.

Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración:

En copia auténtica se allegaron los siguientes documentos:

— Acta de los derechos del capturado con fecha de 1 de octubre de 1998, que pone de presente que ese día agentes de la Policía Nacional capturaron al demandante como presunto responsable del delito de concusión(23).

— Resolución de 7 octubre de 1998, por la cual la Fiscalía Séptima Seccional de Florencia resolvió la situación jurídica del señor Parrasí Bermúdez, en el sentido de decretar en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto responsable del delito de concusión, al tiempo que le otorgó beneficio de libertad provisional “previa suscripción de diligencia de caución prendaria” y “diligencia de compromiso”(24).

— Acta de “diligencia de compromiso que con caución prendaria suscribió Flóver Parrasí Bermúdez”, en razón de lo ordenando por la Resolución de 7 de octubre de 1998(25).

— Oficio de 9 de octubre de 1998 suscrito por la Fiscal 7 Seccional de Florencia, que ordenó al Director Seccional del CTI poner en libertad al señor Parrasí Bermúdez, comoquiera que se había celebrado la diligencia de compromiso con caución prendaria(26).

— Providencia de 12 de abril de 1999, mediante la cual la Fiscalía Séptima Seccional de Florencia calificó el sumario y en la que resolvió revocar el beneficio de libertad condicional del que gozaba el señor Parrasí Bermúdez, para, en su lugar, decretar la detención domiciliaria(27).

— Acta de “diligencia de compromiso que con caución domiciliaria suscribió el señor Flóver Parrasí Bermúdez”, con fecha de 14 de abril de 1999, que hizo efectiva la detención domiciliaria en contra del ahora demandante(28).

— Providencia de 1º de octubre de 1999 proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Florencia, que revocó la detención domiciliaria que recaía sobre el actor, decisión que adoptó por no permanecer en su residencia el beneficiario de tal medida, para en su lugar, decretar en su contra detención en establecimiento carcelario(29).

— Informe Nº 1058/SCAQ.UINPJ.218320 elaborado por el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, que pone de presente la imposibilidad de capturar al señor Parrasí Bermúdez según lo ordenó la providencia de 1º de octubre de 1999, por desconocer su paradero(30).

— Escrito con fecha 7 de diciembre de 1999 dirigido al Juez Penal del Circuito de Florencia, por el cual el señor Parrasí Bermúdez le informó que por amenazas e intimidaciones en su contra se vio obligado a abandonar su residencia, lugar en el cual debía permanecer en razón de la detención domiciliaria, a lo que agregó que estaba dispuesto a comparecer al proceso en tanto se garantizara su vida(31).

— Informe judicial Nº SI-CTI 3014 de 16 de diciembre de 1999, por el cual un investigador del CTI pone de presente que no fue posible la captura del demandante, por desconocer su paradero(32).

— Sentencia de 13 de marzo de 2001 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia, que absolvió al señor Parrasí Bermúdez del delito de concusión y canceló las órdenes de captura que había en su contra(33).

5. Régimen de responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la privación de la libertad.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Flóver Parrasí Bermúdez, según la demanda, entre el 1º y 10 de octubre de 1998 y posteriormente entre el 3 de abril y 3 de junio de 1999, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala deben ser analizados con base en la Ley 270 de 1996.

En este sentido, procede comenzar por la alusión al artículo 65 de la Ley 270 de 1996 cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En reiterada jurisprudencia(34), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad, es decir que después de entrar en vigencia la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta. Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado a la que se hizo referencia en apartado precedente ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(35).

Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, ha evolucionado en la interpretación y aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(36). En efecto, la jurisprudencia ha avanzado en cuatro distintas etapas, a saber(37):

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a Derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(38). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(39).

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(40), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(41), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(42).

En una tercera línea, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(43), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(44).

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(45)—.

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas (...)

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general (...)

De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(46) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(47). No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(48), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

‘ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión’ (...).

Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida artículos 11 y 12 se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de Derecho.

Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva, los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede aceptar que los ciudadanos estén obligados a soportar como una carga pública la privación de su derecho a la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio gracioso o un golpe de suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad(49).

6. Responsabilidad del Estado por otras afectaciones al derecho a la libertad personal en virtud de una medida cautelar proferida dentro de un proceso penal(50).

Ahora bien, existen otros supuestos en los cuales si bien la persona objeto de la medida de aseguramiento no hubiese sido detenida físicamente o intramuros, lo cierto es que la sola imposición de dicha medida implica, per se, una limitación al mencionado derecho fundamental de la libertad, circunstancia que eventualmente podía generar un daño antijurídico cuando se hubiere establecido, entre otras hipótesis, que la conducta por la cual se lo investigó no constituía hecho punible, o incluso cuando se absuelva al detenido en aplicación del principio de in dubio pro reo, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se habría hecho padecer al sindicado.

Ciertamente, la decisión en firme que decreta la imposición de dicha medida de aseguramiento conlleva una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación, la libertad de fijar domicilio, y libertad de escoger profesión u oficio (C.P., arts. 24 y 26), amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representaba necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se hiciere efectiva en el plano real.

Agréguese a lo anterior que el artículo 24 constitucional prevé dos expresiones de la libertad personal en cabeza de los colombianos que revisten el carácter de derechos fundamentales: i) la libertad de locomoción o circulación que comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es, la facultad de desplazarse y de transitar por todo el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de entrar y de salir del país sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna; este derecho fundamental se encuentra amparado internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto limita el ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo (art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(51), art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la L. 74/68(52), art. 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la L. 16/72(53), entre otros convenios); y ii) la libertad de fijar domicilio, dimensión que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(54) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica (C.P., art. 14), libertad de escoger trabajo u oficio (C.P., art. 26) y del libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 eiusdem, por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(55).

En relación con el derecho de libertad de circulación y residencia, tal como está contenido en la Carta Política, así como en los diferentes instrumentos internacionales, implica entonces que una persona no solo no pueda ser desplazada y trasladada contra su voluntad de un lugar a otro, dentro o fuera del territorio nacional, sino que no se le impida, por cualquier medio, hacerlo cuando así lo desee. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que,

“El derecho de circulación se trata del derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y establecerse libremente en el lugar de su elección. El disfrute de este derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona”(56).

Ahora bien, de conformidad con las consideraciones antes expuestas, estima la Sala que aun cuando el legislador estableció en el artículo 414 del entonces Código de Procedimiento Penal, algunos eventos en los cuales objetivamente se entiende la injusticia de la detención frente a quien hubiere resultado exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente i) porque el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, iii) o la conducta no constituía hecho punible o incluso cuando se absuelva al detenido en aplicación del principio de in dubio pro reo, eventos en los cuales se tendrá derecho a ser indemnizado, ello no puede significar que en otro tipo de situaciones, independientemente de que no se subsuman en alguno de estos cuatro eventos, no hubiere lugar a declarar la responsabilidad del Estado, cuandoquiera que una decisión judicial que hubiere limitado, restringido o afectado la libertad de un individuo hubiere sido, a su turno, la causante de un daño antijurídico.

En efecto, cuando el artículo 90 superior prescribe que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, establece sin ambages la obligación reparatoria a cargo de la administración pública, cuando se determine que la víctima no lo debía soportar, independientemente de si el proceder (por acción u omisión) del agente estatal hubiere sido lícito o no.

De manera tal que la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, aunque no se hiciere efectiva (v. gr. Beneficio de libertad provisional), dará lugar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, en cuanto a la finalización del respectivo proceso penal se hubiere concluido con exoneración a favor del imputado, pues resulta desde todo punto de vista desproporcionado exigirle a un particular que soporte impasible y sin derecho a tipo alguno de compensación como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, el verse limitado en su libertad, incluyendo la libertad de circulación, libertad de escoger domicilio, así como la libertad de escoger libremente profesión u oficio, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de Administración de Justicia si, una vez desplegada su actividad, esta Rama del Poder Público concluye que no se desvirtuó la presunción de inocencia del particular al que se inculpaba.

De igual forma, cabe reiterar que si bien el Legislador dio un tratamiento normativo especial a unas situaciones que considera reprochables y que cobijó bajo la genérica denominación de “detención injusta” (título de imputación privilegiado), ello no impide que otro tipo de afectaciones de los derechos de libertad, como es el caso de sus manifestaciones de locomoción y domicilio, entre otras, sean susceptibles de reproche ante esta Jurisdicción, en orden a que se declare la responsabilidad de la Administración, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 90 Superior(57).

Para la Sala resulta claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que la conducta por la cual se lo investigó no constituía hecho punible o incluso cuando se absuelva al detenido en aplicación del principio de in dubio pro reo, la restricción a la libertad en el plano jurídico a la cual se le sometió le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, habrá lugar a indemnizarlo. Así pues, en estos eventos considera la Sala que el elemento que compromete la responsabilidad del Estado radica en la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, comoquiera que esta no tiene el deber de padecerlo.

Por manera que —reitera la sala—, las obligaciones derivadas de la medida cautelar consistente en detención preventiva, aunque no se hubiere hecho efectiva, conllevan necesariamente una afectación a los derechos de libertad de circulación, libertad de escoger domicilio y libertad de escoger libremente profesión u oficio, amén de que constituyen un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis, que la conducta por la cual se investigó al sindicado no era un hecho punible o incluso cuando se absuelva al detenido en virtud del principio de in dubio pro reo, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer.

Así las cosas, esa limitación de la libertad no constituye una carga que todos los ciudadanos deban soportar por igual y, por ende, cuando no se logre demostrar que el ciudadano cometió el hecho que sirvió de base a la medida cautelar y acredite los perjuicios que la misma le ocasionó, habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por haber causado a una persona un daño antijurídico, de todo lo cual se deriva la responsabilidad del Estado.

Y es que la garantía a los derechos de libertad consignada tanto en la Carta Política como en tratados internacionales de los cuales el Estado colombiano hace parte, no puede verse reducida a la efectiva privación física de la libertad, pues ello implicaría que muchas situaciones fuente de responsabilidad estatal quedarían excluidas de indemnización, en abierto desconocimiento del artículo 90 superior.

En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, dirigida a normativizar los casos de detención injusta, sirve también para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del juicio penal, en cuanto desencadenen la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, porque no hubiere cometido el hecho, porque el hecho no era delito, porque el hecho no existió o incluso cuando se absuelva al detenido en aplicación del principio de in dubio pro reo, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 Constitucional(58).

La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar las pruebas obrantes en el proceso, con el fin de establecer si están demostrados en este caso, como en efecto lo están, los elementos de la responsabilidad de la entidad demandada respecto de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Flóver Parrasí Bermúdez.

7. Competencia de la Sala para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación.

Es pertinente señalar que en el presente caso la entidad demandada tiene la calidad de apelante único y, por tanto, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación.

Así mismo es preciso manifestar que el recurso de apelación formulado por la entidad demandada se enderezó a cuestionar los fundamentos del deber de responder por los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad que padeció el señor Flóver Parrasí Bermúdez, excluyendo de la alzada cualquier cuestionamiento en contra de otro extremo de la litis, inclusive el monto de los perjuicios reconocidos a los demandantes.

Es evidente que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados, por lo que se deberá resolver la alzada conforme lo dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella...”.

Así entonces, resulta claro que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cuestionamientos y argumentos que se exponen en contra de la decisión de primera instancia, razón por la cual, los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior.

En ese orden de ideas, la Sala no abordará lo correspondiente al monto de los perjuicios reconocidos en primera instancia y centrará su estudio en la declaratoria de la responsabilidad en cabeza de la entidad demandada.

8. El caso concreto.

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado que el 1º de octubre de 1998, agentes de la Policía Nacional capturaron al señor Flóver Parrasí Bermúdez, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de concusión. Esto dice el acta de los derechos del capturado:

“Florencia, octubre 1º de 1998

NOMBRE DEL CAPTURADO FLOVER PARRASI BERMUDEZ

CC. 17.634.424 de Florencia Caquetá

Al mencionado se le indica el motivo de su captura, el funcionario que la ordenó Fiscalía 7ª Seccional de Florencia, mediante oficio Nº 146 del 300998 por el delito de concusión.

(...).

EL CAPTURADO MANIFIESTA QUE SE LE INFORME A

JUAN CARLOS CUENCA (AMIGO) TEL. 435-4437”.

También obra en el proceso Resolución de 7 octubre de 1998, por la cual la Fiscalía Séptima Seccional de Florencia resolvió la situación jurídica del señor Parrasí Bermúdez, en el sentido de decretar en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto responsable del delito de concusión, al tiempo que se le otorgó beneficio de libertad provisional previa suscripción de diligencia de caución prendaria y de compromiso.

Según las probanzas, se tiene que el demandante se acogió al beneficio de libertad provisional comoquiera que el 9 de octubre de 1998, suscribió el acta de “diligencia de compromiso que con caución prendaria suscribe Flóver Parrasí Bermúdez”, razón por la cual la Fiscal 7 Seccional de Florencia, ordenó esa misma fecha al Director Seccional del CTI, poner en libertad al señor Parrasí Bermúdez. Esta fue la orden emitida por la Fiscal:

“OCTUBRE 9 DE 1998

Doctor

PEDRO ANTONIO VILLA MORA

Director Seccional CTI

Ciudad

Comedidamente me permito solicitarle, disponga lo pertinente, para que se le dé la libertad al implicado FLOVER PARRASI BERMUDEZ, sindicado de CONCUSION, por así haberlo dispuesto este Despacho en resolución del 7 de los cursantes, al momento de resolverle su situación jurídica”.

También obra en el proceso una providencia de 12 de abril de 1999, que la Fiscalía Séptima Seccional de Florencia expidió para calificar el sumario, en donde se resolvió revocar el beneficio de libertad condicional del que gozaba el señor Parrasí Bermúdez, para decretar en su contra detención domiciliaria, medida que se hizo efectiva el 14 de abril de 1999 mediante el acta de “diligencia de compromiso que con caución domiciliaria suscribe el señor Flóver Parrasí Bermúdez” que dice así:

“DILIGENCIA DE COMPROMISO QUE CON CAUCIÓN DOMICILIARIA SUSCRIBE EL SEÑOR FLOVER PARRASI BERMÚDEZ.

En Florencia Caquetá, a los catorce (14) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), se hizo comparecer ante la Fiscalía Séptima Seccional de esta ciudad, al sindicado, FLOVER PARRASI BERMÚDEZ, con el fin de que suscriba la presente diligencia de compromiso previa al disfrute de la DETENCION DOMICILIARIA, que le fuera concedida por la Fiscalía Séptima mediante resolución del 12 de los cursantes, por tal motivo, el suscrito Fiscal en presencia del Secretario de la Unidad, le impuso las siguientes obligaciones, las cuales debe cumplir: PERMANCER EN SU CASA DE HABITACION ubicada en la calle 96 Nº 12-63 Torassa, mientras perdure la medida de detención impuesta, NO SALIR DE ELLA sin previa autorización del Despacho de conocimiento. Observar buena conducta individual, familiar y social, no incurrir en delitos, no cambiar de residencia ni salir de país sin previa autorización del Despacho y presentarse ante el mismo o el que siga conociendo de las diligencias cuantas veces en razón del proceso se le cite, so pena que en caso de incumplimiento se le revoque el beneficio y se le haga efectiva la detención y la caución. El beneficiado manifiesta que cumplirá lo anotado. Se le advierte al inculpado que la medida impuesta empieza a regir desde este momento”.

Al expediente se allegó también una providencia con fecha 1º de octubre de 1999, proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Florencia, que revocó la detención domiciliaria que recaía sobre el actor por no permanecer en su residencia, para en su lugar, decretar en su contra detención en establecimiento carcelario. Esta probanza dice lo siguiente:

“RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la detención domiciliaria concedida por la Fiscalía al procesado FLOVER PARRASI BERMÚDEZ por las razones expuestas en el cuerpo de este proveído, en consecuencia hágase efectiva su detención en la cárcel del Circuito Judicial de aquí, en virtud a que la libertad provisional también le fue revocada por el mismo funcionario.

SEGUNDO. LÍBRESE en contra del aquí procesado la correspondiente boleta de captura ante la autoridad competente para los efectos determinados en este interlocutorio”.

Obran el plenario dos informes elaborados por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que ponen de presente la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden de captura que pesaba sobre el señor Parrasí Bermúdez en razón de los dispuesto por la providencia de 1º de octubre de 1999 por desconocer su paradero.

De igual modo obra en el proceso una carta con fecha 7 de diciembre de 1999 suscrita por el señor Parrasí Bermúdez y dirigida al Juez Penal del Circuito de Florencia, en la cual informó que por amenazas e intimidaciones en su contra, se vio obligado a abandonar su residencia, lugar en el cual se encontraba en razón de la detención domiciliaria, a lo que agregó que estaba dispuesto a presentarse a su Despacho en la medida que se le garantizara su vida.

Está igualmente acreditado que mediante sentencia de 13 de marzo de 2001, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia absolvió al señor Parrasí Bermúdez del delito de concusión y canceló las órdenes de captura que había en su contra. Así dice tal providencia:

“RESUELVE:

PRIMERO: ABSOLVER a FLOVER PARRASI BERMUDEZ de los cargos que le formuló la Fiscalía como posible infractor de concusión.

SEGUNDO: Cancelar las órdenes de captura libradas en contra de PARRASI BERMÚDEZ”.

En síntesis de lo expuesto, se tiene que el señor Parrasí Bermúdez estuvo privado de la libertad entre el 1º de octubre de 1998 cuando fue capturado por miembros de la Policía Nacional, y el 9 de ese mes y año cuando recuperó su libertad en razón de la libertad condicional que le fue concedida por Resolución de 7 de octubre de 1998 que resolvió su situación jurídica.

Se evidencia también que el beneficio de libertad condicional fue revocado al momento en que la entidad demandada calificó el sumario, para en su lugar decretar detención domiciliaria, medida que el demandante evadió, según lo indicó, para preservar su integridad en razón de amenazas e intimidaciones.

Está igualmente establecido que la conducta asumida por el actor, llevó al Juzgado Primero del Circuito de Florencia a revocar la medida de detención domiciliaria, para en su lugar, decretar en su contra reclusión en establecimiento carcelario. Sin embargo, comoquiera que el señor Parrasí Bermúdez continuó evadido de la justicia, tampoco purgó esta medida restrictiva de la libertad.

De acuerdo con las probanzas anteriormente relacionadas, la Sala concluye que la decisión del señor Parrasí Bermúdez de evadir la justicia, perduró incluso hasta que se expidió la sentencia absolutoria de 13 de marzo de 2001, toda vez que esta providencia dispuso la cancelación de las ordenes de captura que pesaban en su contra.

Resalta la Sala que la afectación al derecho de la libertad y las consiguientes consecuencias restrictivas de la libertad de locomoción y de fijación de residencia del hoy actor, no se produjeron entonces como consecuencia de un hecho que fuere atribuible al sindicado, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que la decisión se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquel.

Ciertamente, el demandante fue exonerado de responsabilidad penal mediante sentencia que lo absolvió en aplicación del principio de in dubio pro reo, en tanto la inconsistencia del material probatorio allegado al proceso penal para alcanzar la certidumbre sobre la autoría del señor Parrasí Bermúdez en el delito de concusión, impuso la aplicación de dicho principio. En efecto esto dijo la providencia absolutoria:

“Llegando al punto culminante del debate se puede resumir la posición de los sujetos procesales así: La Fiscal Delegada después de un análisis sobre la estructura del punible de concusión, no concluye con una petición franca de condena y más bien insinúa la incertidumbre al plantear la posibilidad de una incriminación por problemas muy comunes al interior de la instituciones entre su personal; la Procuradora pide la condena con fundamento en las gestiones que hacía el denunciante para obtener un crédito para acopiar el dinero para el rescate del vehículo y finalmente el defensor considera que lo que se presentó fue un montaje para perjudicar a su prohijado, urdido por compañeros del CTI, el denunciante y su propia esposa, cuando está claro en el expediente —según el que hay constancia de que hubo un tercer personaje haciendo exigencia de dinero o insinuándola.

Ante este cúmulo de intereses y situaciones enfrentados, cabe pensar que si bien pudo el acusado aprovecharse de la desinformación del denunciante en relación con el rescate del vehículo por el CTI, para pretender obtener un provecho en dinero; pero también pudo ser posible que ante la frustración de obtener el vehículo el denunciante, no obstante su diligencia aventurándose hasta los bajos fondos con Flover Parrasi disfrazado en procura de las personas que por dinero posibilitarían la recuperación con resultados negativos, y además pudo ser posible una antipatía profesional entre el testigo y acusado que permitió al primero darle entera credibilidad a denunciante en el sentido de que la exigencia de dinero provenía del investigador.

Planteada así la situación para esta judicatura se presenta una incertidumbre para el juicio de responsabilidad. Es decir se presenta una duda que no se puede despejar en este estado del proceso, y es inmemorial el concepto de que es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente y que todas las dudas se resuelven a favor rei, y con este presupuesto se absolverá a FLOVER PARRI BERMUDEZ de los cargos que le formulara la Fiscalía por la conducta de concusión, cuya estructura formal fue analizada en su oportunidad”.

Esta sola circunstancia constituye a todas luces un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo ampara y que el Estado jamás le desvirtuó.

Resalta la Sala que el señor Parrasí Bermúdez si bien fue privado de la libertad mientras se resolvió su situación jurídica, luego no fue así, pues gozó de libertad condicional y después decidió evadir la detención domiciliaria y la orden de captura. Así las cosas, lo cierto es que tales medidas comportaron la restricción de su derecho de libertad en el plano jurídico, amén de haberse traducido en una vulneración real, concreta y efectiva, respecto de sus derechos de libre circulación, de la posibilidad de fijar residencia, libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de su personalidad y de la unidad familiar, entre otros. En consecuencia, no es posible considerar que el señor Parrasí Bermúdez hubiere estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la justicia penal.

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al hoy demandante que asuma de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, la privación jurídica de su derecho a la libertad y la afectación física, real, efectiva, de sus derechos a la libre circulación, libre fijación de residencia, libertad de escoger trabajo u oficio, entre otros, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma administración de justicia que le limitó tales garantías del derecho a la libertad, decidió absolverlo del delito por el cual se lo investigó.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaba el señor Parrasí Bermúdez en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor Flóver Parrasí Bermúdez tuviere que padecer la limitación a su derecho a la libertad hasta que se lo absolvió del delito por el cual se lo investigaba en aplicación del principio de in dubio pro reo.

En cambio, es a la entidad demandada a quien correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(59).

En casos similares al que ocupa hoy la atención de la Sala, en los cuales se ha discutido la responsabilidad del Estado por la imposición de una medida de aseguramiento que hubiere implicado la afectación del derecho de circulación y residencia, la jurisprudencia de esta Sección ha manifestado:

“En tales condiciones, quedó establecido en el plenario que como consecuencia del proceso penal adelantado en su contra, el demandante fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba una limitación a la libertad de locomoción y de residencia. Asimismo logró establecerse que en fallo de segunda instancia, el actor fue absuelto porque no cometió el hecho.

El compromiso al que fue sometido el demandante el día 25 de enero de 1994, conllevó la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin previa autorización, vulneró el desarrollo íntegro de su derecho fundamental a la libertad de locomoción y residencia, daño que se tornó en antijurídico habida consideración que después en fallo definitivo se determinó que la víctima no cometió el hecho, de donde resulta evidente que no tenía por qué soportarlo y por tanto compromete la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos del artículo 90 Superior.

En este orden de ideas, el daño sufrido por el demandante como consecuencia de la afectación de una de las facetas de la libertad es imputable a las entidades demandadas, por ser estas quienes intervinieron en la adopción de las decisiones dentro del proceso penal que comportaron el sacrificio de su libertad, cuando finalmente fue absuelto por no cometer el hecho punible.

Está, pues, demostrado que el daño infligido al demandante, vale decir, su limitación a la libertad de locomoción y residencia reviste el carácter de antijurídico en tanto injusto por cuanto la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, dado que Delgado Cruz fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba limitantes a su libertad por motivo de la sindicación del delito de prevaricato por omisión, cuando posteriormente el Tribunal Superior de Ibagué decidió absolverlo en tanto no cometió el hecho endilgado en su contra”(60).

Finalmente, en cuanto a la decisión de evadir la orden de captura por parte del señor Parrasí Bermúdez, debe precisarse que este en su calidad de víctima de la afectación de su derecho a la libertad personal, no incurrió en culpa que le hiciera atribuible total o parcialmente el daño sufrido, en la medida que la renuencia a comparecer ante la autoridad competente no puede ser entendida, en términos de la atribución fáctica, el hecho determinante a la hora de la producción de la privación de la libertad del sindicado. En efecto, en aquellos eventos en que la persona decida evadir la acción de la justicia es posible que su renuencia a comparecer no pueda ser entendida como la causante del daño, máxime si está acreditado que la investigación, como ocurrió en el caso concreto, estaba fundamentada en la comisión de un punible del que fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo.

En ese orden de ideas, el comportamiento de la víctima en el caso sub examine, en términos de la atribución fáctica y jurídica, no resulta relevante para tornar inimputable el daño en cabeza de la Administración Pública.

En consecuencia, no puede reprochársele a una persona que obró de manera legítima frente a lo que se cataloga como una consecuencia injusta, que se adecúe y obre conforme a la misma; una postura contraria supondría atribuirle el daño a quien precisamente lo padeció, pues es indiscutible que el obrar del sindicado no fue determinante en la producción del daño antijurídico(61), y tampoco puede calificarse su actitud como negligente puesto que adelantó su defensa técnica a través de los profesionales del Derecho y, en tal virtud, logró una sentencia absolutoria a su favor.

Por todo lo dicho anteriormente, se impone confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 21 de mayo de 2009, en tanto declaró a la Fiscalía General de la Nación responsable por la vulneración del derecho a la libertad que padeció el señor Flóver Parrasí Bermúdez.

9. Actualización de la condena por concepto de lucro cesante, aspecto que no fue objeto del recurso.

El Tribunal Administrativo del Caquetá reconoció al señor Parrasí Bermúdez la suma de $66.020,91 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Para la actualización de dicha condena se tendrá en cuenta el IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia (abril de 2009) y el IPC vigente a la fecha de esta sentencia (marzo 2014), conforme a la siguiente fórmula:

F12002-00226
 

10. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia de 21 de mayo de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la cual quedará así:

1º. DECLARAR que la Nación-Fiscalía General de la Nación es responsable por los perjuicios que los demandantes padecieron por la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Flóver Parrasí Bermúdez.

2º. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

Para Flóver Parrasí Bermúdez, el equivalente a 5 salarios mínimos mensuales.

Para Sergio Andrés Parrasí Rivera, Daniel Parrasí Rivera, Gabriela Parrasí Pedraza y Mariana Bermúdez Tavera, el equivalente a 1 salario mínimo mensual para cada uno de ellos.

3º. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación y en favor del señor Flóver Parrasí Bermúdez por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante—, al pago de SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($74.413).

4º. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5º. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6º. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7º. SIN condena en costas.

2. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

18 De conformidad con el Acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado Nº 9 del 25 de abril de 2013.

19 “ART. 16.—Apruébese como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. ‘Artículo CONDICIONALMENTE exequible’
(…).
Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.
Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

20 En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:
— Subsección A: Sentencia del 27 de abril de 2011, Expediente 21140, M.P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, Expediente 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, Expediente 23507; Sentencia del 23 de febrero de 2012, Expediente 18418; Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 24008.
— Subsección B: Sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20569, M.P. Stella Conto Diaz del Castillo; Sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 19457, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 31 de enero de 2011, Expediente 18626, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 29 de marzo de 2012, Expediente 16448, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
— Subsección C: Sentencia de junio 22 de 2011, Expediente 20713, M.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 10 de octubre de 2011, Expediente 19151, M.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 15996, M.P. Jaime Orlando Santofimio; Sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22672, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

22 Folio 323, cuaderno pruebas parte actora.

23 Folio 73, cuaderno pruebas parte actora.

24 Folios 141-149, cuaderno pruebas parte actora.

25 Folio 154, cuaderno pruebas parte actora.

26 Folio 155, cuaderno pruebas parte actora.

27 Folios 202-216, cuaderno pruebas parte actora.

28 Folio 221, cuaderno pruebas parte actora.

29 Folios 261-264, cuaderno pruebas parte actora.

30 Folios 269-270, cuaderno pruebas parte actora.

31 Folios 271-272, cuaderno pruebas parte actora.

32 Folio 275, cuaderno pruebas parte actora.

33 Folios 13-34, cuaderno principal.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, Expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, Expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, ambas con ponencia del Consejero, doctor Mauricio Fajardo Gómez.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, Expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

36 El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, Expediente 9734.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, Expediente 8.666.

40 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, Expediente 10.056.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, Expediente 10.229.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2.002, Expediente 13.606.

44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación - Rama Judicial.

46 Sobre el punto, véase DE ASIS ROIG, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

47 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introducción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, pág. 375.

48 Se toma la cita de la trascripción que del texto de la Declaración efectúa FIORAVANTI, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., pág. 139.

49 En similares términos puede consultarse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de julio de 2009, Expediente 17.517, 25 de febrero del 2009, Expediente 25.508 y del 15 de abril del 2010, Expediente 18.284, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

50 En términos similares a los descritos en esta providencia consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2012, Expediente 21.968.

51 “Toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”.

52 “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él...”.

53 “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.

54 De acuerdo con el Código Civil el domicilio es un atributo de la personalidad (C.C., art. 76) que consiste la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.

55 Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

56 En Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 31 de agosto de 2004, Caso Ricardo Canese v. Paraguay.

57 En este mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011, Expediente 19.858, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, en el cual se declaró la responsabilidad del Estado por la imposición de una medida de aseguramiento, con beneficio de libertad provisional.

58 En términos similares pude consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

59 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Expediente 17.517 y del 15 de abril de 2010, Expediente 18.284, entre otras.

60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

61 En este mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010. Expediente 19.312, con ponencia del Consejero, doctor Enrique Gil Botero.