Sentencia 2002-00264/31422 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso: 18001233100020020026401 (31422)

Magistrado Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: María del Carmen Aristizabal Franco y otros

Demandado: Defensoría del Pueblo

Acción: Reparación Directa

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto el 18 de abril de 2005 por los demandantes en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(1).

1.2. En relación con la legitimación en la causa, se encuentra plenamente acreditado el interés de las partes para comparecer al proceso.

De una parte, respecto de la parte actora, mediante la copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de Paula Andrea Castaño Aristizábal (fol. 3, c. ppal.) y de Judith Castaño Aristizábal (fol. 107, c. ibíd.) se encuentra acreditado el parentesco de las demandantes con la occisa en sus calidades de madre e hija de la misma.

En cuanto a la Nación - Defensoría del Pueblo, allegó la entidad el formato de recepción de peticiones 45 de 10 de febrero de 2001, en la que aparece como solicitante Judith Castaño Aristizábal. Documento del que se desprende el interés que le asiste para comparecer al sub lite, aunado al señalamiento realizado sobre su responsabilidad en la demanda.

Es pertinente, frente este punto señalar que si bien la Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, proferida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y los Ministerios del Interior, Justicia y Defensa establecieron una zona de distensión en los departamentos del Meta y Caquetá —municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán—, mientras que la decisión política referida al despeje militar de dichas localidades residió en el Presidente de la República previa habilitación legal del Congreso de la República, sin que en la adopción de la misma participara la Defensoría del Pueblo, entidad convocada en el sub lite, lo cierto es que, en todo caso, el organismo de control señalado y las entidades que crearon la zona de despeje hacen parte de la misma persona jurídica, la Nación. Siendo así y habiendo sido representada la Nación por la Defensoría del Pueblo, se impone concluir su debida comparecencia al juicio para responder(2).

1.4. (sic) Finalmente, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A., por lo cual no operó en el caso concreto el fenómeno jurídico de caducidad de la acción(3).

2. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia que niega las pretensiones de la demanda. En consideración a los argumentos esgrimidos en sede de impugnación, debe la Sala determinar, si en el caso concreto existió o no, un daño antijurídico atribuible a la Defensoría del Pueblo, derivado de la omisión de cumplimiento de su deber de coordinar la protección de la señora Judith Castaño Aristizábal dentro o fuera de la “zona de distensión”, esto es, velar por la implementación de las medidas que requería para conservar su vida, dado el riesgo en que se encontraba sometida.

3. Los hechos probados.

3.1. El 1º de febrero de 2001, la señora Judith Castaño Aristizábal, acudió ante el Defensor Regional del Pueblo de Caquetá, ubicado en San Vicente del Caguán y bajo juramento declaró (fol. 4 a 5, c. ppal.):

“Llegué a San Vicente del Caguán en compañía de mi madre, María del Carmen Aristizábal Franco, mi hermano Gobels Jaime y mi hija Paula Andrea de siete (7) años de edad, el día 18 de enero del presente año. Mi domicilio anterior era la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, Barrio El Rincón de la Estrella, tuve que trasladarme hasta este lugar, en razón de, el día 17 de enero, en las horas de la noche, salí con Julián cuyo apellido desconozco y estuvimos en la zona rosa, como hasta las 10:00 de la noche y luego él me llevó a la casa. Nos despedimos y él se fue. Me entré a la casa y me acosté como los días (sic). Al otro día, me vine para San Vicente a visitar a una amiga de nombre María Cecilia, a mi hija la dejé en Puerto Rico en casa de Gerardo Aristizábal, primo mío. Una vez llegué a San Vicente, llamé al apartamento en donde vivo en Florencia y me dijo la señora que vive en el segundo piso, llamara a Aica, que allí se encontraba mi madre. Yo la llamé y ella me dijo que habían matado a Julián la noche anterior en el barrio Ventilador. Yo me asusté, porque él había estado conmigo esa noche, tal como antes lo dije. Mi hermano Goebels, pasó al teléfono y me contó, que cuando él había ido a la casa de Julián, lo había llamado un tipo que se encontraba acompañado de otras dos personas y le había preguntado por mí, con la advertencia, de que me tenía que presentar al día siguiente en la Casa de Julián o de lo contrario se lo llevaban a él o a mi mamá. Desde ese día no he salido de San Vicente por temor a que me pase algo. Soy inocente y nada tengo que ver con la muerte de Julián. No puedo volver a Florencia porque quienes me buscan lo hacen para matarme, posiblemente. Será porque siempre se oía decir que Julián era de las “autodefensas” y quienes me buscan deben ser de los mismos. En Florencia se quedaron todas mis pertenencias, además otro hijo de nombre Gabriel Fernando Cruz Castaño, con su papá, Enrique Cruz, que vive con él en el barrio Pablo VI de Florencia, y tengo temor que le pueda suceder a mi hijo algo grave. PREGUNTADO.- Sírvase manifestar, si tiene algo más que agregar o corregir a la presente declaración? CONTESTADO.- Que no sé si me hayan vinculado a la investigación que estén adelantando las autoridades, pero, yo no puedo presentarme, sin seguridad de que no vayan a atentar contra mi vida. De ser así, yo me presento a la Fiscalía a declarar, lo mismo que aquí he dicho, con el fin de aclarar mi situación, porque, como dije, no tengo nada que ver con ese crimen (…)” – se destaca.

3.2. Así consta en el formato de “recepción de peticiones” (fol. 36, c. ppal.) en que se describe la petición en los siguientes términos:

“Conocer si es requerida por alguna Fiscalía y (ilegible) y acompañamiento para acudir. Poder recuperar sus bienes muebles y enseres.

En cuanto a la orientación profesional que le fue otorgada, se consignó en el formato:

“La declarante pide se guarde la reserva de su declaración (ilegible) con su señora madre viajar al departamento del Huila. Se le ofreció acompañamiento / vía telefónica, no se obtuvo respuesta (ilegible) alguna. Se desconoce el nombre completo de “Julián”. Se recomienda no salir de la zona de distensión / En feb 5/01 la peticionaria informa vive en el barrio El laguito, que se encuentra bien y que no viajaría a Neiva” —se destaca—.

Si bien el formato fue diligenciado el 1º de febrero de 2001 y cuenta con la firma de la denunciante y del señor Álvaro Casteblanco Cardoso, defensor del pueblo de San Vicente del Caguán, se advierte que las inscripciones posteriores a su diligenciamiento, como la anotación realizada el 5 de febrero, que indica el rechazo de la actora frente al acompañamiento ofrecido por la Defensoría para el desplazamiento de la víctima y su madre al departamento del Huila, no tienen su firma.

3.3. La señora Judith Castaño Aristizábal falleció el 24 de febrero de 2001, según consta en su registro civil de defunción (fol. 2, c. ppal.). El personero municipal de Puerto Rico (Caquetá) —municipalidad de su deceso— el 8 de julio de 2002, certificó que la occisa fue “víctima de masacre discriminada por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno” (fol. 6, c. ibíd.).

3.4. Según formato diligenciado del censo de “afectados por atentado terrorista, ataque guerrillero, combate y masacre” se indica que en el “kilómetro 5 de la vía que del municipio de Puerto Rico conduce al municipio de San Vicente del Caguán (…) fue encontrado en la orilla de la carretera el cadáver de Judith Castaño Aristizábal, el cual presentaba varios impactos de bala en la cabeza” (fol. 7, c. ibíd.).

3.5. Consta en el expediente que el 24 de enero de 2002, la señora María del Carmen Aristizábal Franco solicitó la fijación de domicilio y custodia de la menor Paula Andrea Castaño Aristizábal, la cual le fue otorgada el 5 de febrero siguiente por la Defensoría de Familia – Centro Zonal Norte de Armenia (fol. 60 a 62, c. 2).

3.6. De conformidad con las pruebas ordenadas, el Tribunal ofició al Alcalde Municipal de San Vicente del Caguán y a la Cruz Roja Colombiana, con el fin de conocer si dichas entidades recibieron solicitud alguna por parte de la Defensoría del Pueblo, en la que se haya solicitado brindar medidas de protección a la señora Judith Castaño Aristizábal (fol. 5 y 6, c. 2). Frente al particular, la Alcaldía manifestó que sus archivos, anteriores a 2003, fueron destruidos con ocasión de un atentado terrorista (fol. 8, c. ibíd.), mientras la Cruz Roja Colombiana indicó no tener información, sobre solicitudes dirigidas por la denunciante (fol. 9, c. ibíd.).

3.7. Así mismo, obran los testimonios de los señores Álvaro Casteblanco Cardoso, Defensor del Pueblo de Caquetá (fol. 53 a 61, c. 3) y Leonidas Rico (fol. 61 a 62, c.3), quien fungía como superior de la señora María del Carmen Aristizábal, así como de los señores María Ubelny Martínez (fol. 53 a 54, c. 2), Rosa Elena Hurtatis (fol. 55 a 56, c. 2) y Mak Roger Mendoza Espíndola (fol. 56 a 57, c. 2), vecinos de la señora Judith Aristizábal Castaño en la ciudad de Florencia:

- Declaración del señor Álvaro Casteblanco Cardoso:

“Recuerdo más o menos que a la primera semana u 8 o 7 (sic) de enero del año 2001, llegó a la Defensoría de Pueblo de San Vicente del Caguán, localizada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, una señora de apellido Aristizábal, en compañía de un hijo suyo de nombre no recuerdo Gobel o Joel, quien me manifestó que era una docente, que trabajaba acá en Florencia y llegó a consultarme por una situación por la que presuntamente atravesaba una hija de ella, la hija que era una mujer de aproximadamente 25 años, de cabello castaño oscuro, de 1.60 de estatura aproximadamente, atractiva, y quien se encontraba desde hacía como ocho días en San Vicente, y quien quería saber si se encontraba vinculada a una investigación penal de una persona de quien se refirió como “El Gurre” o El Yurre” y quien era conocido de su mencionada hija, Judith creo que se llama. Me refirió que la noche antes del asesinato a que hecho referencia, su hija había estado en compañía de la víctima en algún lugar de Florencia y que aproximadamente como a las 9 o 10 de la noche, el acompañante había llevado a su hija hasta su residencia, y que al día siguiente esa persona la habían encontrado muerta en algún lugar de Florencia. Que ella tenía temor de que pudieran, los grupos paramilitares, tomar alguna represalia contra su hija. Yo la escuché, le dije que lo más conveniente era que la misma persona, es decir Judith, fuera a la oficina y pues me comentara personalmente la situación, le pregunté que en ese momento dónde estaba ella alojada, me contestó que no sabía, que al parecer estaba donde una amiga que ella tenía ahí en San Vicente del Caguán (…). A los días siguientes fue Judith a mi oficina en compañía de la mamá y de un hermano y entonces le tomé una declaración a Judith sobre los hechos, me reiteró de nuevo que ella lo que quería era conocer si cursaba contra ella alguna investigación penal por el aludido asesinato ocurrido en Florencia y pidió asistencia para que le trasladaran sus bienes muebles y enseres de Florencia a San Vicente. Había referido la madre de Gobel, de que supuestamente éste había sido amenazado en Florencia, al día siguiente del homicidio y que por esos motivos pues él se había ido para San Vicente con su señora madre (…). Le reiteré, porque allá la mayoría de personas que llegan a la Defensoría por cualquier circunstancia, lo primero que solicitan es que se les informe cómo se hace para salir del país, se le dio información al respecto, sin embargo le comuniqué extradiligencia de la necesidad de formular el denuncio penal por esas supuestas amenazas de que también había sido objeto, por qué nunca lo manifestó, porque los organismos internacionales exigen prueba de la existencia del peligro inminente contra la vida o la integridad de la persona. Dentro de mis recomendaciones, está la de insinuarle de que estaba dispuesto, como en otros casos lo realicé, a trasladarla a ella, a su madre y a su hermano hasta el municipio de Neiva, vía Balsillas, sin embargo, ella me dijo de que tendríamos que esperar, cosa que también estuvo de acuerdo la señora madre, en que el señor Leonidas Rico, presidente de AICA en Florencia, terminara con los trámites relativos al reconocimiento como docente amenazada de la madre de Judith, para lo cual la defensoría (…) remitió copias a AICA, agregó además que tenía que esperar lo relacionado con los bienes muebles de Judith y lo referente al hijo que ella había dejado con el padre en el municipio de Doncello o Puerto Rico. Además manifestó Judith, de que tenía que resolver algunas situaciones personales en San Vicente y que como en ese momento pues no tenía ningún inconveniente ahí en San Vicente, me comunicaría oportunamente para lo del viaje. Le propuse que iba a poner eso en conocimiento de la Policía Cívica, para que le prestaran alguna seguridad, la relativa seguridad, que puede prestar y para lo cual le solicité que me dijera su dirección, me contestó que no conocía exactamente la dirección, me habló de un barrio llamado laguito, y que además consideraba que no era conveniente que pusiera en alerta a la Policía Cívica y de Convivencia, puesto que se había enterado durante el tiempo que llevaba en San Vicente del Caguán de que esta Policía estaba integrada en parte por personal de la guerrilla, y que dada su situación de haber sido amiga de un autodefensa podría acarrearle graves consecuencias. Por último solamente le dije que procurara no salir del casco urbano de San Vicente y que estuviera presentándose diariamente en la oficina de la Defensoría en razón de que no podía identificar el lugar donde vivía (…). Como a los cuatro días quien pasaba a menudo por la oficina era la mamá de Judith, a quien observé muy preocupada, no sé si por la demora en el trámite de la declaratoria de docente amenazada que estaba esperando le enviara de Florencia el señor Leonidas Rico, o por lo que ella me manifestó de que su mentada hija Judith había hecho unas amistades que a ella le parecía que no eran las mejores (…). Además me pidió que le ayudara porque su hija le manifestó que ella no viajaría a Neiva. Dentro de mis labores habituales, en los días siguientes, logré ubicar a Judith, me parece que en el parque central (…) y la invité a la oficina diciéndole que tenía que hablar con ella (…) A ello Judith simplemente me respondió que se encontraba bien en San Vicente y que por ahora no estaba interesada en viajar a la ciudad de Neiva, cosa que corroboró el dicho de su madre, cuando me pidió ayuda para convencerla de lo contrario. Si no estoy mal esa manifestación se incluyó en un formato que se utiliza en la Defensoría del Pueblo en donde se anotó la fecha en que se realizó esa charla casual con Judith. Después, al cabo de unos días, llegó la señora madre de Judith y me comentó que su hija había sido encontrada muerta en cercanías del municipio de Puerto Rico, fuera de la zona, en ese entonces llamada zona de distensión (…) Reitero lo antes dicho en que la señora Judith no se encontraba en inminente peligro [en San Vicente del Caguán], por lo tanto, como también ya lo he manifestado, le reiteré proteger en un peligro potencial o le confiara tales cosas a personas no confiables (sic), de transportarla en mi camioneta por la vía Balsillas hasta la ciudad de Neiva, precisamente para esos fines, para que ella pudiera formular sus demandas ante la autoridad competente y con ello pudiera reunir los documentos que requería para su interés de viajar fuera del país y ejercer sus derechos frente a la ley en el caso que ella quisiera solicitar su propia declaración al instructor penal que estuviera conociendo del homicidio. Debo agregar que si no se libró un oficio a la Fiscalía, por ejemplo, o al Ejército Nacional o la Policía, hubieran sido inanes, puesto que como sabemos, su ingreso a la zona de distensión estaba vedada (…) – se destaca.

- Por su parte, el señor Leonidas Rico manifestó desconocer las situaciones particulares sufridas por la señora Judith Castaño Aristizábal, y sólo manifestó frente a la situación de su madre:

“Frente al caso de María del Carmen Aristizábal, ella fue amenazada en una de las veredas del Doncello o de Puerto Rico, a ella la administración departamental la reubicó en Florencia (Caquetá) que era en donde ella se estaba desempeñando antes de desplazarse hacia el Quindío”.

- La señora María Ubelny Martínez Aristizábal, prima en segundo grado de la demandante, declaró:

“Lo que hacía Judith yo no lo sé, ella tenía una tienda acá en Florencia, yo no se la conocí, ella me decía que la tenía en el barrio Lenin, ella me decía que vendía toda clase de abarrotes e incluso me invitaba a su casa cuando ya remató eso, cuando empezó a tener problemas, que para darme unas cosas porque iba a acabar con todo porque se tenía que ir, porque estaba amenazada, no me dijo quien la tenía amenazada, ella iba a la casa deseperada y me contaba que estaba amenazada, que se iba a ir para España o para cualquier lado, pero era un desespero por irse de acá de la ciudad (…) Las causas [de la muerte] propiamente no las sé, pero sí supe fue sobre la muerte de ella que la encontraron tirada en la carretera San Vicente – Puerto Rico, eso fue más o menos en enero de 2001 (…) preguntado: Díganos si sabe por qué fue amenazada María del Carmen? Contesto: No entiendo por qué, solamente deduzco que fue por lo de su hija, porque Gobel Jaime, el hermano de la finada, él me contaba que, por lo de Judith empezó la persecución contra la familia, decía que la persecución de la guerrilla —se destaca—.”

Dicha versión, sobre la ocupación de la señora Judith Castaño fue apoyada por la declaración de la señora Rosa Helena Hurtatis y el señor Mak Roger Mendoza Espíndola.

4. Juicio de Responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. En consecuencia, para dar solución al problema jurídico planteado, es menester analizar la existencia probada de dichos elementos en el caso sub judice.

4.1. El daño antijurídico.

4.1.1. Al respecto, esta Corporación ha precisado que aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(4).

4.1.2. Ahora bien, del acervo probatorio relacionado de manera detallada, especialmente del registro de defunción de la occisa, se tiene plenamente acreditada la existencia de un daño antijurídico, consistente en la muerte violenta de la señora Judith Castaño Aristizábal —párr. 3.3.—, hija de la señora María del Carmen Aristizábal Franco y madre de Paula Andrea Castaño Aristizábal, la cual acaeció el 24 de febrero de 2001.

Según consta en formato diligenciado del censo de “afectados por atentado terrorista, ataque guerrillero, combate y masacre”, el cuerpo de la señora Judith Castaño Aristizábal presentaba varios impactos de bala en la cabeza. Prueba que concuerda con lo certificado por la Personería Municipal de Puerto Rico (Caquetá), en donde se indica que la occisa fue “víctima de masacre discriminada por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno” —párr. 3.3.—.

4.1.3. Comoquiera que se encuentra probado el daño objeto de reproche, que las demandantes no estaban en la obligación de soportar, pasa la Sala a determinar si el mismo es imputable a la Nación – Defensoría del Pueblo y, en consecuencia, si corresponde revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.

4.2. La imputabilidad del daño a la entidad demandada.

Para establecer si el daño antijurídico probado en el sub lite es imputable a la Nación, representada en el proceso por la Defensoría del Pueblo, es pertinente establecer: i) la vigencia del principio de responsabilidad estatal en la zona de despeje, ii) la seriedad de la situación de peligro de la víctima puesta en conocimiento de las autoridades iii) la actuación desplegada por la entidad demandada y iv) la valoración de la conducta de la víctima acorde con el acervo probatorio y su incidencia en la concreción del daño, para así establecer si le asiste responsabilidad a la Nación, o si en su defecto, existió un hecho de la víctima como lo aseveró el a quo.

4.2.1. La vigencia del principio de responsabilidad estatal en la zona de despeje.

4.2.1.1. La decisión legítima de adelantar el proceso de paz no excluye la responsabilidad estatal(5). 

La legitimidad del Estado se centra no solo en el reconocimiento de los derechos de los asociados(6) sino en la eficaz protección de los mismos. Es por ello que el artículo 2º constitucional prevé como “fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Al tiempo, el artículo 94 del mismo ordenamiento expresamente dispone que “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros, sino que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”(7).

De donde el Estado está obligado a organizar el poder público de manera que pueda cumplir con los deberes de respeto y garantía de los derechos reconocidos en la Carta y aceptados por la comunidad internacional, para lo que cuenta con el poder de policía o con el monopolio de la fuerza, que habrán de ser utilizados en defensa de la vida y la seguridad de todas las personas(8), en el marco de políticas públicas que aseguren a todos la satisfacción de las necesidades básicas, protegidas en el derecho positivo.

Según el preámbulo constitucional, la paz es un valor social de primer orden, fundamento del Estado y de los derechos humanos, por lo tanto comporta un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que da lugar al arreglo pacífico y así mismo a la exclusión de la fuerza para la solución de las controversias internacionales y aún para el conflicto interno colombiano, lo cual comporta que las soluciones concertadas para el logro de la paz prevalecen prima facie sobre otras medidas. Así lo entendió la Corte Constitucional al resolver sobre la exequibilidad del artículo 8º (parcial) de la Ley 418 de 1997.

En desarrollo de sus competencias, el Congreso expidió normas para dotar al gobierno de instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la paz y la eficacia de la justicia.

La Ley 418 de 26 de diciembre de 1997 contiene disposiciones destinadas a facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos, con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconociera estatus político para su desmovilización(9).

El artículo 8º de la mencionada disposición previó:

ART. 8º—En concordancia con el Consejo Nacional de Paz, los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:

a) Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político;

b) Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de las Organizaciones Armadas al Margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político, dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de éstas organizaciones y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.  

PAR. 1º—Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político, quienes podrán desplazarse por el territorio nacional. Para tal efecto, el Gobierno Nacional notificará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichas Organizaciones Armadas.

Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, durante el tiempo que duren estos.

El Presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni genere inconvenientes o conflictos sociales.  

Se deberá garantizar la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogo, negociación y firma de acuerdos de que trata esta ley.

El Gobierno Nacional podrá acordar, con los voceros o miembros representantes de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso.  

La seguridad de los miembros de las Organizaciones Armadas al Margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político, que se encuentran en la zona, en proceso de desplazamiento hacia ella o en eventual retorno a su lugar de origen, será garantizada por la Fuerza Pública.

PAR. 2º—Se entiende por miembro-representante, la persona que la Organización Armada al margen de la ley a la cual el Gobierno Nacional le reconozca carácter político, designe como representante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno Nacional o sus delegados.

Se entiende por vocero, la persona de la sociedad civil que sin pertenecer a la Organización Armada al Margen de la ley a la cual el Gobierno Nacional le reconozca carácter político, pero con el consentimiento expreso de ésta, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociación y eventual suscripción de acuerdos. No será admitida como vocero, la persona contra quien obre, previo al inicio de éstos, resolución de acusación.

PAR. 3º—Con el fin de garantizar la participación de los miembros representantes de los grupos guerrilleros que se encuentren privados de la libertad en los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, el Gobierno Nacional, podrá establecer las medidas necesarias que faciliten su gestión, mientras cumplen su condena o la medida de aseguramiento respectiva”.

Sobre la constitucionalidad de la norma, la Corte en sentencia de 24 de enero de 2001 sostuvo(10):

“La negociación como instrumento para la convivencia pacífica y facultad presidencial para conservar el orden público

7. Como acertadamente lo afirmaron algunos de los intervinientes, la Carta de 1991 es una “Constitución para la paz”. En efecto, el Constituyente otorgó a la noción jurídica de la paz un triple carácter, pues la consideró un valor de la sociedad, fundamento del Estado y de los derechos humanos (preámbulo); la concibe como un fin esencial que irradia el ordenamiento jurídico y que, como principio, debe dirigir la acción de las autoridades públicas (artículo 2º). Y, también la entiende como un derecho constitucional (artículo 22), que si bien es cierto no es de aplicación inmediata, no es menos cierto que el mandato debe dirigir la acción de los particulares y las autoridades.

Conforme a lo anterior, todos los ciudadanos y las autoridades deben adelantar medidas eficaces no sólo para prevenir sino también para eliminar los actos de agresión y quebrantamiento de la paz. No obstante la generalidad del deber social de “propender al logro y mantenimiento de la paz” (C.P. artículo 95-6), la rama ejecutiva es la principal responsable de cumplir con la obligación de adelantar los medios pertinentes y necesarios para proteger la seguridad de los habitantes del territorio nacional. En efecto, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 189 superior, corresponde al Presidente de la República “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado” y, los alcaldes y gobernadores son agentes del jefe de gobierno para el mantenimiento del orden público (C.P. artículos 315-2 y 303). En tal virtud, incumbe entonces al Presidente de la República utilizar las herramientas legítimas y necesarias para cumplir con el mandato que la Constitución le ha impuesto.

8. Ahora bien, dentro de los medios para el mantenimiento y conservación del orden público, el Presidente de la República puede adoptar diferentes tipos de medidas, las cuales pueden oscilar entre las soluciones pacíficas de conflictos hasta la utilización de acciones coercitivas como el uso de la fuerza, tal es el caso de la declaratoria de estado de guerra para repeler la agresión exterior (C.P. artículo 212). Sin embargo, los instrumentos pacíficos para la solución de conflictos se acomodan mejor a la filosofía humanista y al amplio despliegue normativo en torno a la paz que la Constitución propugna. De ahí pues que, las partes en controversia, particularmente en aquellos conflictos cuya continuación pone en peligro el mantenimiento de la convivencia pacífica y la seguridad nacional, deben esforzarse por encontrar soluciones pacíficas que vean al individuo como fin último del Estado. Al respecto, esta Corporación ya había dicho que el derecho a la paz "implica para cada miembro de la comunidad, entre otros derechos, el de vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio de solución de conflictos, el de impedir o denunciar la ejecución de hechos violatorios de los derechos humanos y el de estar protegido contra todo acto de arbitrariedad, violencia o terrorismo. Y, en otro pronunciamiento la Corte señaló que “el derecho y el deber a la paz obligan al juez constitucional a expulsar las leyes que estimulen la violencia y que alejen las posibilidades de convertir los conflictos armados en conflictos políticos.

9. Además, la Corte considera que los principios del derecho internacional que propugnan la solución pacífica de los conflictos externos y señalan el deber de todo Estado de no recurrir en primera instancia a la amenaza o al uso de la fuerza, son plenamente aplicables al conflicto interno Colombiano, pues aquellas son reglas de conducta que imponen la interpretación de los derechos y deberes constitucionales. Así, el parágrafo 3º del artículo 2º de la Carta de las Naciones Unidades dispone que “los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”.

En tal contexto, debe recordarse que el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución, preceptúa que “los derechos y deberes consagrados en la Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Por consiguiente, si, como se expresó anteriormente, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, la interpretación del mismo en cuanto a la solución del conflicto armado colombiano no sólo debe efectuarse con base en la Constitución en sentido formal sino también en consideración con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos. En consecuencia, los principios de arreglo pacífico y de exclusión de la fuerza para la solución de las controversias internacionales también deben aplicarse en el conflicto interno colombiano, lo cual demuestra que las soluciones concertadas para el logro de la paz prevalecen prima facie sobre otras medidas de fuerza.

10. De otra parte, también debe recordarse que el derecho internacional público ha concebido la negociación como un método no jurisdiccional de solución pacífica de las controversias, por medio de la cual se confía el arreglo, principalmente, a las partes en conflicto. En tales casos, la buena fe y la confianza en los negociadores se convierten en factores determinantes para la consecución de la paz; lo cual, también es cierto, depende del momento histórico en que se desenvuelve el proceso que, en consecuencia, será evaluado políticamente. En síntesis, las partes en el conflicto interno deben valerse de los procedimientos de arreglo pacífico que sean más adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia.

11. Así las cosas, la Corte Constitucional considera que los órganos políticos tienen amplio margen de discrecionalidad para diseñar los mecanismos de solución pacífica de conflictos. En este mismo sentido, la Corte Constitucional ya había dicho que diálogos de paz con grupos guerrilleros, la firma de acuerdos para el logro de la convivencia pacífica y la instauración de las zonas de verificación en donde se ubicarían temporalmente los grupos al margen de la ley, son instrumentos constitucionalmente válidos con que cuenta el Presidente de la República, en tanto y cuanto éste tiene a su cargo la conducción del orden público. En lo pertinente, dijo:

“Dada la índole del compromiso que se contrae y sus repercusiones para el futuro de la colectividad, el contenido del acuerdo de paz no puede quedar en manos de personas distintas a aquella que tiene a su cargo la conducción del orden público (artículo 189, numeral 4 C.N.). Se trata de decisiones de alta política reservadas, por tanto, al fuero presidencial y que, dada su naturaleza, no son delegables 

12. Lo anterior muestra entonces que la desmilitarización de una zona del territorio es un instrumento transitorio que tiene un propósito de Estado y que se presenta como una alternativa para la solución de un conflicto que el mismo Estado no fue capaz de resolver con la imposición de la fuerza. En consecuencia, la voluntad democrática de apoyar el proceso de paz facultando al Ejecutivo para negociar con los grupos al margen de la ley, desarrolló los valores y principios constitucionales, por lo que dicha autorización está plenamente conforme a la Carta” —se destaca—.

Concretamente en lo relacionado con la desmilitarización de una zona de territorio, la Corte señaló:

Desmilitarización de una zona del territorio en relación con la soberanía, presencia de autoridades civiles en la zona y el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra.

8. Según criterio del demandante, la determinación presidencial de localización y la modalidad de acción de la fuerza pública en zonas del territorio colombiano, obliga a las autoridades a renunciar a sus funciones constitucionalmente asignadas, por lo que desconoce los artículos 216 a 218 de la Carta. Entra pues la Corte a analizar el cargo.

Evidentemente el actor parte de una premisa correcta: la fuerza pública como ente constituido tiene el deber de acatar las reglas que imponen las leyes y la Constitución y, como autoridades públicas, sus actuaciones son regladas (C.P. artículo 6). Es por ello que el constitucionalismo contemporáneo se refiere a la —democratización de las Fuerzas Armadas—, lo cual demuestra que, en un Estado democrático, la fuerza pública, al igual que todas las instituciones, deben estar sujetas a la Constitución y a la ley; deben sentirse parte y compartir los principios y reglas de una sociedad democrática.

Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 de la Carta las fuerzas militares —tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” y, la policía nacional tiene como fin primordial “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Así las cosas, parecería razonable sostener que ninguna autoridad puede obligar a otra a que no cumpla sus funciones. Por ejemplo, sería abiertamente contrario a la Carta que el Legislador imponga a los jueces la imposibilidad de administrar justicia.

19. Ahora, el demandante sostiene que la desmilitarización de una zona del país deja en manos de los grupos al margen de la ley una porción del territorio, lo que implica ceder soberanía. Se trata entonces de analizar la noción de soberanía y su efectividad en la Constitución normativa.

La Carta de 1991 se refiere a la soberanía a partir de dos acepciones. Los artículos 3º y 103 la conciben como una fórmula política que se predica del individuo como principal titular de la misma y que implica el ejercicio de derechos y obligaciones frente al Estado. A su turno, los artículos 9º, 212 y 217 superiores, entienden el concepto como una garantía de independencia del Estado, en cuanto lo consideran libre de injerencia y de subordinación y de dominio por parte de otro poder. Este último ofrece un contenido jurídico que se desarrolla tanto en el orden interno como en el derecho internacional, puesto que, de un lado, significa que el Estado tiene capacidad para combatir los grupos rebeldes que buscan derrocar el gobierno o alterar el régimen constitucional y legal vigente y, de otro lado, garantiza el desarrollo de los principios de igualdad soberana de los Estados y el de no intervención en los asuntos de jurisdicción exclusivo de los Estados o libre determinación de los pueblo. En consecuencia, esta acepción de soberanía se refiere a la defensa y seguridad del territorio frente a la afectación de su integridad al interior y exterior del Estado.

En ese orden de ideas, es claro que juicio de la Corte, la ubicación de grupos armados en zonas del territorio nacional, sin la presencia de la fuerza pública, no implicó cesión de la soberanía territorial:

Así las cosas, la protección de la integridad del territorio colombiano, como una de las manifestaciones de la soberanía, es una obligación constitucional que incumbe no sólo a las fuerzas militares sino también a las autoridades públicas y a todos los ciudadanos (95-3 y 216-2). Por consiguiente, es acertado pensar que una disposición que ceda a otro Estado o a otro poder parte del territorio, desconoce la soberanía colombiana y, por ende, la Constitución. Sin embargo, la pregunta que surge es la siguiente: ¿la ubicación temporal de grupos al margen de la ley a quienes se ha reconocido estatus político, en zonas del país en donde no está presente la fuerza pública, implica cesión del territorio?.

20. Antes de resolver el anterior interrogante conviene hacer la siguiente precisión: las disposiciones acusadas no se refieren a la presencia o retiro de las autoridades civiles en la zona de distensión, puesto que solamente puntualizan sobre la facultad presidencial para determinar la localización y acción de la fuerza pública. Sin embargo, ello es importante en el juicio constitucional, puesto que el numeral 3º del artículo 214 de la Carta dispone que, ni siquiera en las situaciones de excepción es posible interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado.

En efecto, en primer lugar, vale la pena señalar que en la intervención en la audiencia pública celebrada ante la Corte Constitucional, el Ministro del Interior dijo que la actual zona de distensión conserva el diseño constitucional de las autoridades civiles, para lo cual citó la competencia de los jueces. En el mismo sentido, otro de los intervinientes, puntualizó sobre la elección popular de alcaldes en la zona. Y, finalmente, ni el Procurador General ni el Fiscal General de la Nación se refirieron a un eventual retiro de los subalternos en la zona.

De otra parte, la Corte precisa que el numeral 3º del artículo 214 de la Carta no ordena la presencia física permanente de las autoridades civiles en todo el territorio Colombiano, sino que se refiere al ejercicio de autoridad del Estado, esto es, a la existencia de jurisdicción o de competencia para que sus decisiones sean aplicables y exigibles en todo el país. Sólo ese puede ser el sentido de la norma superior, puesto que es constitucionalmente irrelevante el número de empleos o de funcionarios públicos que se encuentren en una determinada porción del territorio. Lo realmente trascendente es que las decisiones públicas y la autoridad institucional sea capaz de aplicarse y de ejecutarse, de acuerdo con la Constitución y la ley. En efecto, un ejemplo hipotético podría explicar la interpretación de la norma constitucional: en una zona del territorio no se encuentran presentes los servidores públicos, pero sus decisiones mantienen su fuerza vinculante; obviamente aquella situación no desconocería el sentido de la norma constitucional sino que la desarrollaría.

(…)

21. Aclarado lo anterior, la Corte estudiará si el retiro de la fuerza pública implica cesión del territorio o de soberanía a los grupos al margen de la ley, cuya presencia se autoriza en la zona.

Como ya se ha expresado, las denominadas zonas de distensión fueron concebidas como instrumento para entablar el diálogo como forma de negociación pacífica del conflicto armado con los grupos a quienes el propio Estado les reconoce carácter político. En efecto, en la exposición de motivos del proyecto de lo que hoy es la Ley 418 de 1997, se enfatizó "en la necesidad de crear las condiciones tendientes a que los acuerdos alcanzados permitan no solamente la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos guerrilleros, sino que, también permitan que la paz alcanzada vaya más allá de un cese de hostilidades, propendiendo por un orden político, social y económico justo, elementos fundamentales de la paz integral. Así, la norma acusada no puede considerarse un acto de abandono estatal del territorio ni de entrega del mismo a otros poderes sino que debe entenderse como un acto de paz que debe generar la confianza en el diálogo. De igual manera, la Corte encuentra que la fuerza pública tampoco puede concebirse como un mero instrumento de poder que cuenta con fines propios, sino que se entiende como un ente para la paz que considera al individuo como el fin último de sus actuaciones.

En este orden de ideas, la Corte no halla razones constitucionales para que el retiro de la fuerza pública vulnere la soberanía. Por el contrario, considera que el “despeje” representa un acto de soberanía, pues no sólo es una decisión unilateral de Estado que se concreta a través de la representación democrática que ostenta el Presidente de la República, sino que está concebido como un objetivo de diálogo y de negociación que la institución impuso. En consecuencia, es una manifestación de la soberanía ad intra la demostración estatal de su capacidad para resolver las controversias internas pacíficamente y para señalar las reglas de ello. Dicho de otro modo, la decisión política de no finalizar el conflicto por medios violentos sino a través de la solución negociada y concertada, es un acto de soberanía del Estado, puesto que, a través de medios excepcionales, busca poner fin a una situación anómala, recuperar su capacidad de reprimir y castigar el delito en aras de vigorizar un orden social, político y económico justo que garantice y proteja verdaderamente los derechos humanos.

22. Así las cosas, para la Corte es claro que la determinación presidencial de localización y acción de la fuerza pública en las zonas del país donde se adelantan diálogos de paz, no vulnera la soberanía colombiana. Sin embargo, por la trascendencia del tema en tanto que la soberanía es uno de los elementos esenciales del Estado, la Corte reflexionará nuevamente sobre ese concepto y lo confrontará con la norma acusada” —se destaca—.

No queda duda entonces que, a partir del 7 de noviembre de 1998, el Gobierno Nacional adelantó el proceso de negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, para lo cual desmilitarizó, entre otros municipios de la zona, San Vicente del Caguán, lugar en el que la ciudadana Judith Castaño Aristizábal, solicitó protección de las autoridades por encontrarse amenazada de muerte, pese a lo cual, la amenaza fue consumada y su cuerpo fue hallado en el kilómetro cinco de la vía que del Municipio de Puerto Rico conduce a San Vicente del Caguán (Caquetá).

Efectivamente, el Gobierno Nacional profirió la Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, conforme a la cual declaró la iniciación de un proceso de paz, reconoció carácter político a la organización armada —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC— y señaló la zona en la que se adelantarían las negociaciones, en extensión aproximada de 42.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. La vigencia de esta zona también denominada como “neutral” o “área de despeje”, fue prorrogada hasta el mes de enero del año 2002.

Comporta un hecho notorio, según distintas publicaciones en prensa e investigaciones académicas e históricas y documentos de libre circulación(11) que la zona de distensión incrementó las acciones delictivas y los atentados, en contra del ejercicio de los derechos constitucionales y legales de los pobladores, quienes quedaron expuestos a las acciones del grupo insurgente, como lo señalaron los medios masivos de comunicación así(12):

“San Vicente del Caguán, en Caquetá, fue el epicentro de los diálogos de paz entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana, quien siendo candidato, en julio de 1998, anunció su voluntad de despejar algunos municipios para iniciar un proceso.

Un mes antes de su posesión, Pastrana, quien fue elegido presidente con el 51 por ciento de la votación, sostuvo una reunión con el jefe máximo de esa guerrilla, alias 'Manuel Marulanda'. El 7 de agosto de 1998, con un discurso esperanzador, Pastrana anunció que asumiría y dirigiría un proceso de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN.

“Sin paz no hay pan. Por eso, ante todo, quiero la paz, que es paz y pan. Y es la tierra prometida que anhelamos: una Colombia en paz (...) Desde ahora convoco a todos los colombianos a seguir y trabajar dentro de la Agenda de Paz que voy a dirigir”, anunció Pastrana. Cinco días después, el Presidente aseguró que en menos de 90 días daría la orden de despejar una zona del país para iniciar los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Los municipios escogidos (por petición de la guerrilla) fueron San Vicente del Caguán, en Caquetá; y Uribe, Macarena, Vista Hermosa y Mesetas, en Meta. Esto generó algunas reacciones por parte de la cúpula militar, pues el Caguán era una zona considerada clave para contrarrestar el narcotráfico. Así fue como el 8 de septiembre de 1998, a través de un documento de análisis enviado al presidente Pastrana, las Fuerzas Militares, aunque respaldaron la decisión política de despejar una zona para iniciar los diálogos, expresaron sus reservas frente a las ventajas estratégicas que obtendría la guerrilla.

Sin embargo, una semana después el presidente expidió el decreto con el cual ordenó el despeje militar de los cinco municipios. “Colombianos: Apoyado en la Constitución y la Ley, que juré cumplir como Presidente de Colombia y con la confianza irrestricta en la capacidad de reconciliación de los colombianos, he tomado la decisión de ordenar el despeje por parte de la Fuerza Pública”, anunció Pastrana. El 7 de noviembre arrancó el despeje formal y nació el primer escollo por la evacuación del batallón Cazadores del Ejército. Los soldados salieron en su totalidad, de San Vicente del Caguán, el 20 de diciembre de ese año. “Sentimos mucho guayabo, mucho pesar por tener que irnos de este lugar, pero acatamos las órdenes”, expresó el coronel Germán Giraldo, comandante del Cazadores al momento de retirar a sus últimos hombres de la zona.

El 7 de enero siguiente, sin la presencia de 'Manuel Marulanda', que no asistió al encuentro argumentando que había un plan para matarlo, se instaló la mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Pastrana y las Farc. Ese día quedó marcado con el rótulo de “la silla vacía”. “Vengo a cumplir con mi palabra y la ausencia de Manuel Marulanda Vélez, alías 'Tirofijo', no puede ser razón para no iniciar este proceso de diálogo”, declaró Pastrana.

El accidentado arranque del proceso marcaría el rumbo de la negociación que siempre tuvo a un Pastrana permisivo y a una guerrilla exigente. Ese año varios eventos pusieron en duda la continuidad del diálogo. Primero, las Farc decidieron parar unilateralmente la mesa de diálogo, pues decían que el gobierno no estaba combatiendo a los paramilitares. Luego la guerrilla expulsó a la fiscal de San Vicente del Caguán y secuestró y asesinó a tres indigenistas estadounidenses.

Ante el reclamo de las Farc, por las presuntas omisiones de las acciones de los 'paras', Pastrana llamó a calificar servicios a los generales Rito Alejo del Río, director de operaciones del Ejército; y a Fernando Millán Pérez, director de la Escuela Superior de Guerra. Ambos cuestionados por supuestos vínculos con 'paras'.

Paralelamente, el Gobierno mantuvo reuniones con senadores republicanos de Estados Unidos para buscar apoyo al Plan Colombia, la estrategia de Pastrana para la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla.

Pese a las críticas de que las Farc estaban aprovechando la zona despejada para fortalecerse militarmente, el año 2000 comenzó con una prórroga al área de distensión.

Y el 28 de abril, bajo el lema, “el pueblo no puede seguir disperso”, el segundo al mando de las Farc, 'Alfonso Cano', hizo la presentación oficial del brazo político de esta guerrilla: el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia.

“Les estamos proponiendo al país la construcción del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia como instrumento civil alternativo a los partidos tradicionales”, anunció 'Cano' en tono proselitista, ante miles de guerrilleros.

A pesar de sus anuncios políticos, las Farc siguieron atacando y el 29 de diciembre del 2000 asesinaron al presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Diego Turbay Cote, a su madre y a los guardaespaldas.

La reacción de las Fuerzas Militares no se hizo esperar y en enero, el Ejército desplazó a más de 2.500 hombres a la periferia de la zona controlada por las Farc y anunció que estaba listo para recuperarla, si el presidente Pastrana así lo ordenaba.

Pese a esto, el Gobierno otra vez optó por el diálogo, le dio ocho meses más de prórroga a la zona de distensión y se reunió con 'Tirofijo' para firmar el Acuerdo de Los Pozos. En respuesta, las Farc secuestraron a Alan Jara, el exgobernador del Meta en ese entonces, cuando este se desplazaba en un vehículo de la ONU. Luego mataron, en cautiverio, a la ex ministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera.

Otro acuerdo le daría una nueva oportunidad a la negociación. Antes de finalizar el 2001, el Gobierno y las Farc firmaron el acuerdo de San Francisco de La Sombra para superar la crisis provocada por los ataques de las Farc.

“La solución política negociada al conflicto social y armado es la vía adecuada para resolver la crisis por la que atraviesa el país y constituye el más grande anhelo nacional”, dijeron.

Sin embargo, el año siguiente sería aún más tenso. El 9 de enero del 2002 el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc entró en un punto muerto al anunciarse su rompimiento por parte del alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez”.

En este panorama, la Presidencia de la República expidió la Resolución 31 de 7 de mayo de 1999, mediante la cual autorizó la creación de un Cuerpo Cívico de Convivencia para el área de despeje, el cual sería conformado a iniciativa de los respectivos alcaldes, con apoyo en un convenio de cooperación entre la Policía Nacional y el Fondo Especial, para velar por el ejercicio de los derechos civiles y libertades públicas de las personas.

La citada disposición reza:

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 31 DE 1999 de mayo 7 por el cual se autoriza la creación de un cuerpo cívico de convivencia para la Zona de Distensión en los municipios de Uribe, Vista Hermosa, Mesetas, Macarena y San Vicente del Caguán.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones constitucionales y legales y en especial de las contenidas en el parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997,

CONSIDERANDO:

1.Que el Gobierno Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997 y con el fin de iniciar conversaciones y diálogos de paz con la organización insurgente FARC-EP, a la cual le reconoció carácter político, dispuso el retiro de la Fuerza Pública de los siguientes cuatro municipios del departamento del Meta: Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y Macarena, y del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, desde el 7 de noviembre de 1998.

2. Que de conformidad con la misma norma mencionada en el numeral anterior, el Presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni que se generen inconvenientes o conflictos sociales.

3. Que es necesario que en dichos municipios se garantice el desarrollo de las actividades normales de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y de sus libertades públicas,

RESUELVE:

ART. 1º—Autorizar a los alcaldes de los municipios de Uribe, Vista Hermosa, Macarena, Mesetas y San Vicente del Caguán, la creación de un Cuerpo Cívico para la Zona de Distensión que actuará bajo su dependencia y los apoyará en el ejercicio de sus funciones de policía y en especial en la protección de los derechos y libertades ciudadanos y en la conservación del orden público. 

ART. 2º—Autorizar la celebración de un convenio de cooperación entre la Policía Nacional y el Fondo Especial para la Paz, con el objeto de apoyar el funcionamiento y las labores del Cuerpo Cívico de Convivencia para la Zona de Distensión, de conformidad con las directrices que al respecto se coordinen con el Alto Comisionado para la Paz.

ART. 3º—El Cuerpo Cívico de Convivencia será escogido entre personas de intachable conducta en la comunidad, por los alcaldes de cada uno de los municipios.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Se conoce que pese a lo anterior, el cuerpo cívico en San Vicente del Caguán se componía de 60 miembros oficialmente desarmados, la mitad designados por los alcaldes municipales y la otra mitad por las FARC(13).

De otra parte, aunque las denuncias eran atendidas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la real ausencia estatal en la zona de despeje en el ámbito judicial, ejecutivo y militar, controlada íntegramente por el grupo insurgente, no permitió el desarrollo de investigaciones, como tampoco la apertura de causas criminales.

Las irregularidades y excesos presentados a lo largo y ancho de los cinco municipios durante los diálogos de paz, de que, en su momento, dieron cuenta permanente los medios masivos de comunicación y las autoridades, provocó la finalización de las negociaciones y por ende el término de la zona de distensión en el mes de enero de 2002, como quedó consignado en la Resolución 32 de 2002, mediante la cual se dio por terminada el área que mantenía activa la zona de distensión.

Al margen de las decisiones políticas que dispusieron el despeje del territorio, así como de la legitimidad y legalidad de las mismas, juicio ajeno al sub lite, lo cierto es que las demandantes no tendrían que soportar las consecuencias de aquellas, así las conversaciones de paz hubiesen llegado a feliz término.

4.2.1.2. Responsabilidad del Estado por el hecho de terceros.

Establecido, como está, que la legalidad de la zona de distensión no suspendió la vigencia del principio de responsabilidad estatal en los municipios desmilitarizados, es pertinente recordar los supuestos de hecho considerados por esta Corporación bajo los cuales acaece la responsabilidad estatal por el hecho de terceros, como es en el caso concreto, el homicidio de la señora Judith Castaño Aristizábal por parte de actores armados.

De manera reiterada, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado(14), (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad a las autoridades y éstas no se las brindaron(15), (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida(16) y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, el atentado era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones correspondientes(17).

En estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida y la seguridad de la víctima, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado(18) y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio(19).

En concordancia con lo anterior, la Sala ha precisado que el Estado no es responsable de reparar el daño producido por el hecho de un tercero, cuando la víctima, de forma voluntaria, prescinde de las medidas de seguridad establecidas para su protección, pues en estas circunstancias es claro que el afectado que se expuso al riesgo deberá asumir en consecuencia, el resultado de su conducta. Así se concluyó en sentencia del 21 de octubre de 2011(20).

4.2.2. La situación de peligro en que se encontraba la víctima era grave y actual.

Para establecer si la situación de peligro advertida por la víctima tiene la entidad para desencadenar las medidas de protección estatales, la Corte Constitucional ha realizado ingentes avances en la caracterización del derecho fundamental a la seguridad personal que permiten a esta Sala analizar la seriedad del peligro señalado por la víctima en su denuncia. Frente a la naturaleza de este derecho, consta en sentencia T-728 de 2010(21):

6. Criterios de apreciación de los hechos constitutivos de una amenaza para establecer la procedencia de la protección especial del Estado

5.1. La amenaza constituye, en palabras de la Corte, una violación potencial que se presenta como inminente y próxima(22). En este sentido, el criterio para valorar la existencia de la amenaza a los derechos fundamentales es racional. Así, para que se configure la hipótesis constitucional de la amenaza se requiere “la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o externos: el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias temporales e históricas en que se desarrollan los hechos”(23).

5.2. Los elementos subjetivos y objetivos que, de acuerdo con la jurisprudencia(24), las autoridades judiciales o administrativas competentes deben valorar racionalmente con el fin de determinar las circunstancias del peticionario y establecer si hay lugar a la protección solicitada, son los siguientes:

a) La realidad de la amenaza: esta debe ser real, en el sentido que haya sido comunicada o manifestada a la víctima y pueda ser objetivamente constatada. Esto implica que no debe tratarse de un temor individual frente a una situación hipotética, pues los riesgos imaginarios no son amparables constitucionalmente(25).

b) La individualidad de la amenaza: se requiere que la amenaza haya sido dirigida contra un sujeto o un grupo determinado o determinable de personas, pudiéndose establecer que el peligro que corren es excepcional en relación con el riesgo general que debe soportar la población o el grupo o sector al cual pertenecen. Se exige esta individualización para que proceda la intervención particular del Estado, puesto que las amenazas indeterminadas deben ser asumidas por la población como parte de la convivencia en sociedad, en razón al principio de solidaridad.(26)

c) La situación específica del amenazado: En esta apreciación se tienen en consideración aspectos subjetivos que rodean al peticionario(27), tales como el lugar de residencia, la pertenencia a un partido político(28), la actividad sindical(29), la situación económica, la actividad profesional, la labor desempeñada como empleado de cierta entidad estatal o empresa privada, los vínculos familiares(30), ciertas actuaciones realizadas(31) o haberse visto involucrado en acciones adelantadas por grupos armados que actúan por fuera de la ley. La autoridad competente determinará, de acuerdo con los elementos de juicio existentes, si debido a las circunstancias específicas del solicitante, éste se encuentra expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad y por lo tanto, sus derechos fundamentales corren un riesgo superior de ser violados en relación con el resto de la población.

d) El contexto, o escenario en que se presentan las amenazas: es conveniente analizar las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas del lugar donde se asegura que han ocurrido las amenazas,(32)comoquiera que las características del entorno son determinantes para establecer un incremento del riesgo especial y una probable concreción de la amenaza. En este sentido ha indicado la jurisprudencia que se debe considerar: (i) Si es una zona generalmente pacífica o si es de aquellas donde hay un alto nivel de conflicto; (ii) si los antecedentes históricos de ataques contra la población por parte de grupos insurgentes que militan en la zona son considerados sistemáticos o esporádicos; (iii) si constituye una zona de importancia estratégica para los grupos al margen de la ley; y (iv) si existe presencia suficiente de la fuerza pública y demás autoridades estatales para mantener el orden público.

e) Inminencia del peligro: La autoridad competente debe verificar la inminencia del peligro, apreciando las circunstancias generales de riesgo para determinar la probabilidad de la ocurrencia de una afectación grave de la vida y de los derechos fundamentales de la persona amenazada. Que la amenaza sea individualizada y que acontezca en una zona de presencia activa de los grupos armados ilegales, aumenta la probabilidad de su ocurrencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la dificultad de determinar la realidad de su acaecimiento aumenta en la medida en que la vulneración depende de la actuación de terceras personas. Por lo tanto, la autoridad competente para calificar la naturaleza de la amenaza tiene que evaluar cuidadosamente los criterios anteriores, con el fin de verificar tanto su existencia real como la probabilidad de la ocurrencia de un daño grave e inminente a la persona.(33)

Los factores objetivos y subjetivos deben ser apreciados de manera integral por la autoridad competente, a fin forjar su criterio acerca de si es necesario adoptar medidas tendientes a otorgar una protección especial a la persona que es objeto de amenaza.

5.3. La valoración de la entidad de la amenaza, por parte de la autoridad competente, debe basarse en pruebas que demuestren la existencia y magnitud de los supuestos de hecho en que se sustenta, bien sea que las aporte el solicitante o se obtengan por los organismos del Estado que tienen a su cargo la investigación y el seguimiento de tales hechos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y las demás instituidas en las entidades territoriales para el efecto)(34) .

La exigencia de pruebas que acrediten la amenaza tiene como propósito establecer si se trata de aquellas que demandan protección especial de las autoridades estatales, por plantear una situación excepcional que trasciende el nivel de riesgo general que debe tolerar el amenazado o el grupo al cual pertenece. La Corte ha precisado al respecto:

“Si bien es cierto que de la formación de la convicción por parte de la autoridad pública en torno a los supuestos de hecho constitutivos del riesgo excepcional, depende la intervención directa del Estado, no puede exigirse que la carga probatoria en cabeza del amenazado sea excesiva y dispendiosa, pues se haría nugatorio el deber de protección que le compete al Estado. Para efectos de otorgar una protección especial, es suficiente que la entidad competente cuente con un mínimo de elementos de juicio que demuestren la violación potencial al derecho a la vida, para que surja su obligación de tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la vulneración del derecho fundamental”(35) —se destaca—.

Del acervo probatorio arrimado a las diligencias, se colige que la señora Judith Castaño Aristizábal acudió el 1º de febrero de 2001 al despacho del Defensor Regional del Pueblo del Caquetá, Álvaro Casteblanco Cardoso y en declaración juramentada indicó: i) que si bien, su residencia estaba ubicada en Florencia, se había desplazado el 18 de enero del mismo año a San Vicente del Caguán a visitar a una amiga y que estando allí, había sido enterada por su madre de que su amigo “Julián”, con quien compartió la noche anterior, fue asesinado con posterioridad a su encuentro; ii) que a su hermano Gobel, amigos del occiso le habían preguntado por Judith, con la advertencia de que debía presentarse ante ellos o que las consecuencias serían sufridas por su hermano o su mamá, iii) que “Julián”, era reconocido como miembro de las “autodefensas”, de donde la víctima consideraba que eran sus compañeros de la organización armada ilegal los que la buscaban y iv) que la búsqueda tenía como fin asesinarla. Así, textualmente se consigna en la denuncia cuando indicó —párr. 3.1.—:

“(…) No puedo volver a Florencia porque quienes me buscan lo hacen para matarme, posiblemente. Será porque siempre se oía decir que Julián era de las “autodefensas” y quienes me buscan deben ser de los mismos. En Florencia se quedaron todas mis pertenencias, además otro hijo de nombre Gabriel Fernando Cruz Castaño, con su papá, Enrique Cruz, que vive con él en el barrio Pablo VI de Florencia, y tengo temor que le pueda suceder a mi hijo algo grave”.

Sobre el particular, consideró el a quo (fol. 104, c. ppal.):

“De tal dicho no encuentra la Corporación una manifestación concreta y precisa de existir una amenaza en contra de Judith, sino un temor suyo de ser atacada por unos sujetos, posiblemente miembros de las AUC ante la presunta muerte de Julián, porque al parecer él estaba vinculado con dicho grupo, pero ninguna prueba reposa en respaldo de tales afirmaciones”.

A juicio de esta Sala, resulta excesivo solicitar en este proceso a la parte demandante que allegara pruebas de la muerte de “Julián”, en tanto no conoce su nombre completo y si tal es su identidad real, como tampoco se conoce con certeza su calidad de miembro de las autodefensas o de otro grupo armado, lo cual resulta plenamente entendible en la medida en que si se desconoce su identidad, no es posible conocer si fueron seguidos procesos penales en su contra por delitos asociados al paramilitarismo o si siendo parte de dichos grupos nunca fue procesado por la ley penal. Así, ha considerado la Corte, como quedó establecido en el fragmento citado ut supra, que no puede exigirse a la víctima una serie de pruebas para ella inaccesibles que terminen por hacer nugatorio el derecho.

Lo cierto y que queda probado sin ápice de duda en el plenario, es que la víctima consideraba que la muerte de “Julián” ponía en riesgo su vida (elemento subjetivo de la amenaza) y así quedaba probado con los mensajes amenazantes que le fueron enviados a través de su hermano, dirigidos no sólo a ella sino a todo su núcleo familiar y que fueron puestos en conocimiento de la única autoridad que se desempeñaba en San Vicente del Caguán, la Defensoría del Pueblo, a través de la denuncia que aquí se trajo a colación.

Prueba de la seriedad de la amenaza, radica en el desplazamiento de la familia Castaño Aristizábal de la ciudad de Florencia, en donde, tanto Judith y sus hijos, como su hermano residían. Tan es así, que los señores María Ubelny Martínez, Mak Roger Mendoza y Rosa Helena Hurtatis son contestes en declarar que Judith tenía un supermercado en Florencia, el cual proveía su sustento —párr. 3.7.—, mientras que la primera indica que la occisa le comunicó del peligro que corría su vida así como de sus deseos de emigrar hacia España.

Así mismo, se conoce que la señora María del Carmen Aristizábal Franco se desempeñaba como docente en Florencia y que, una vez se desplazó a San Vicente del Caguán, inició el trámite para ser declarada docente amenazada, lo cual finalmente acaeció con posterioridad a la muerte de Judith. Lo anterior, consta en la declaración del señor Leonidas Rico, superior de la demandante en la Secretaría de Educación de Florencia y es confirmado por el señor Casteblanco Cardoso en su declaración. Dicho desplazamiento no fue planeado, sino intempestivo, de lo que también quedó constancia en la denuncia interpuesta ante la Defensoría del Pueblo, al punto que una de las solicitudes presentadas ante dicho organismo fue la de apoyo para la recuperación de sus bienes, así consta en el “formato de recepción de peticiones”, en donde se indica que acude a dicho organismo, con el fin de “poder recuperar sus bienes muebles y enseres” —párr. 3.2.—.

Lo anterior es aún más grave, si se tiene en cuenta la situación de orden público de la zona en dicho momento histórico, derivada de la ausencia de organismos de seguridad y defensa que pudieran realizar el correspondiente estudio de riesgo de la señora Judith Castaño Aristizábal y determinar las medidas procedentes, derivada de la debilidad institucional y el alto nivel de delitos acaecidos en el área por cuenta del dominio del territorio por la guerrilla de las FARC y su enfrentamiento con otros grupos armados ilegales. No cabe duda que la amistad con un hombre señalado como miembro de las autodefensas ponía en mayor peligro la vida de Judith Castaño, si se tiene en cuenta la guerra librada entre el grupo insurgente que dominaba el territorio y el precitado grupo ilegal.

Para la Sala, de lo anterior se colige la existencia de los elementos objetivos de la amenaza, en tanto fue (i) real, en la medida en que la misma fue comunicada a la víctima, a través de su hermano, (ii) individual, en tanto dirigida a Judith y su familia; (iii) particularmente grave, si se tiene en cuenta la condición de desplazamiento forzado a la que se vio avocada la víctima hacia una zona que (iv) no contaba con organismos estatales que pudieran garantizar su derecho a la vida y a la seguridad personal, esto es, en un contexto social y político que agravaba su situación. En consecuencia, estando probados los elementos subjetivo y objetivo de la amenaza, no cabe duda de la existencia de una potencial violación de los derechos de Judith Castaño y su familia, que obligaba a la Nación Colombiana a enervar las medidas necesarias y suficientes para cumplir con el mandato consagrado en el artículo 2º de la Carta.

4.2.3. La Nación estaba en obligación de desplegar las medidas necesarias para proteger la vida de la víctima de las amenazas aún en el escenario de la zona de despeje.

Ahora bien, no cabe duda de que el análisis de la responsabilidad endilgada a la Nación, representada por la Defensoría del Pueblo, se enmarca en el supuesto (iii) precitado, relativo a la responsabilidad por hechos de terceros, esto es, que la víctima no solicitó las medidas de protección, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida, y sin embargo no actuaron de manera oportuna y eficiente para evitar la consumación del daño, así como resulta plenamente aplicable al caso concreto el presupuesto establecido en el numeral (iv), esto es, que en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, el atentado era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones correspondientes, dado que tales son los cargos enervados en la demanda y posteriormente, en esta instancia por la parte actora, la cual, indicó que las amenazas contra su vida eran conocidas por la Defensoría del Pueblo, entidad que omitió el cumplimiento de su deber, aunado lo anterior a que la imposición de especiales circunstancias de seguridad en la zona, por la constitución de la zona de despeje, eran conocidas y ponían en mayor riesgo a los habitantes de los municipios despejados, especialmente, a los de San Vicente del Caguán, epicentro de las conversaciones de paz.

Es bajo dicho marco que procede la Sala a evaluar si a la entidad demandada le era exigible la adopción de alguna medida en relación con la protección de la vida de la señora Judith Castaño Aristizábal y si tal circunstancia, asociada a la omisión de alguna conducta debida, tuvo una incidencia causal determinante en el hecho fatal de su muerte.

Frente a este asunto, la entidad demandada alegó que su actuación se ajustó cabalmente a la ley y a los procedimientos fijados en ella, en tanto dentro de las competencias de la misma no se encuentra la de procurar esquemas de protección para ninguna persona, por lo que su labor se limitaba a la recepción de denuncias sobre situaciones de peligro o vulneración de los derechos humanos y que, dado que la señora Judith Castaño Aristizábal no interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y sus pretensiones, incoadas ante la Defensoría del Pueblo se limitaron a la solicitud de acompañamiento para comparecer ante el órgano acusador para rendir su versión sobre la muerte de “Julián” y apoyo en la recuperación de sus bienes muebles y enseres, no puede endilgarse a la entidad responsabilidad alguna.

En efecto, el artículo 282 de la Constitución Política, establece las funciones del Defensor del Pueblo, como parte del Ministerio Público, cuya misión es “velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”(36). Por su parte, la Ley 24 de 1992, por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, desarrolla lo atinente al ejercicio de dicha labor, sin que ninguna de dichas normas imponga el deber de procurarles seguridad directamente a las personas cuyos derechos se encuentren amenazados.

Pese a lo anterior, en aras de dar cumplimiento a su obligación constitucional frente a la garantía del ejercicio de los derechos humanos en el territorio nacional, debía dicha institución, de oficio, solicitar que se iniciaran los estudios de nivel de riesgo y que se brindaran medidas de emergencia por el organismo de seguridad competente —Policía Nacional, si no en el municipio de San Vicente del Caguán, en aquella sede más cercana(37)— para que éste ofreciera la protección requerida, e inclusive, con organismos internacionales o privados, garantes del proceso, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ante la anormal situación respecto del orden público pudieran apoyar la labor de la institución en la protección de la víctima para el ejercicio de sus derechos. Esto porque conoció de las amenazas en contra de la vida de la señora Castaño Aristizábal. Obligación de coordinación consignada en el artículo 209 de la Carta Política por cuya virtud, “[l]as autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, dentro de los cuales está la protección de la vida, honra y bienes de todos los nacionales y residentes en el territorio nacional, según lo normado por el artículo 2º precitado, dentro de los que se encontraban comprendidos los ciudadanos y residentes de la zona de distensión.

En el mismo sentido, son orientadores del actuar estatal en materia de derechos humanos, los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales conocidos como los “Principios de París”, anexos a la Resolución 54 de 1992 sobre Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, adoptados por unanimidad por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 30 de marzo de 1992 y ratificados por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 54 de 1992, al recomendar las modalidades para el funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, dentro de las que se comprende la Defensoría del Pueblo para el caso colombiano. Establece este instrumento de “soft law” que, en el marco de sus actividades, las entidades nacionales de derechos humanos deberán:

“6. mantener la coordinación con los demás órganos de carácter jurisdiccional o de otra índole encargados de la promoción y protección de los derechos humanos (en particular, ombudsman, mediadores u otras instituciones similares);

7. establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, la lucha contra el racismo, la protección de los grupos especialmente vulnerables (en particular, niños, trabajadores migratorios, refugiados, incapacitados físicos y mentales) o de otras esferas especializadas, habida cuenta de la importancia fundamental de la labor de esas organizaciones para ampliar la acción de las instituciones nacionales”.

Así mismo, de las pruebas, se tiene que sin duda alguna, en el contexto de la zona de distensión no estaban dadas las condiciones necesarias para que la Nación garantizara la vida y seguridad de la actora, pese a lo cual, como quedó establecido en la jurisprudencia constitucional relacionada ut supra, estaba obligada a procurar medios para la protección dada la situación de grave amenaza aún en vigencia de la zona de distensión. Lo anterior, si se tiene en cuenta que es dicho ente de control el encargado de velar por el efectivo ejercicio de los derechos humanos de ciudadanos y residentes del territorio nacional, en el cual aún ante el despeje militar, se mantenía la soberanía del Estado Colombiano. No puede desconocerse que en ese momento histórico la Defensoría del Pueblo representaba a la Nación y era la representación de la vigencia de la soberanía estatal en la zona.

Ahora, la protección solicitada no podía ser brindada de manera efectiva por el Cuerpo Cívico de Convivencia para los municipios desmilitarizados, establecido en la Resolución 31 de 7 de mayo de 1999, pues si bien su finalidad era la de apoyar al Alcalde municipal en el ejercicio de sus funciones de policía y en especial en la protección de los derechos y libertades ciudadanos y en la conservación del orden público, considera la Sala que, por su composición mixta, entre miembros de la comunidad designados por la alcaldía y miembros de las FARC, dicho Cuerpo no podía brindar efectiva protección a la actora, al punto que, conminada a reportar la amenaza existente por la Defensoría, la actora se negó a comparecer dado que ello podría exacerbar el peligro existente, tal como lo señaló el señor Álvaro Casteblanco en su declaración —párr.3.7.—. Situación objetiva que la víctima no estaba en el deber de soportar.

Siendo conocida dicha situación por la Defensoría, lo procedente era adoptar las medidas de protección correspondientes, mediante la coordinación con los organismos internacionales garantes del proceso, ubicados en la zona, o con la sede más cercana de las autoridades de seguridad nacionales.

4.2.4. De las pruebas no se colige que la conducta personal de la víctima haya tenido incidencia en la concreción del daño.

Finalmente, frente a la actitud asumida por la persona amenazada, es importante señalar que en el citado formato de recepción de peticiones se consignó “en feb 5/01 la peticionaria informa vive en el barrio El laguito, que se encuentra bien y que no viajaría a Neiva”.

Dicha renuncia fue corroborada por el Defensor del Pueblo, Álvaro Casteblanco Cardoso en diligencia de testimonio. Sostuvo el funcionario que en una “charla casual”, sostenida en el parque central del municipio, la denunciante sostuvo que se encontraba bien en San Vicente y no le interesaba viajar a la ciudad de Neiva, así como declaró que “(…) esa manifestación se incluyó en un formato que se utiliza en la Defensoría del Pueblo en donde se anotó la fecha en que se realizó esa charla casual con Judith” —párr. 3.7.—.

Sobre la valoración de la conducta de la víctima respecto de los hechos violentos cometidos por terceros, como se expuso anteriormente, la jurisprudencia ha considerado que “el Estado no es responsable de reparar el daño producido por el hecho violento de un tercero, cuando la víctima, de forma voluntaria, prescinde de las medidas de seguridad ofrecidas u otorgadas por aquel, pues en estas circunstancias es claro que el afectado decide exponerse al riesgo que ello implica y, por tanto, asume los resultados de su conducta” .

Para la Sala, de las pruebas relacionadas, no se puede concluir que efectivamente la señora Judith Castaño Aristizábal renunció a alguna medida de seguridad. Lo primero porque se conoce que la Defensoría no coordinó con otras entidades su protección. Y lo segundo porque la renuncia al traslado a la ciudad de Neiva, según el Defensor, ofrecido, amén de que no brindaba ninguna seguridad, se habría realizado en el marco un encuentro o “charla casual”, de la que sólo se conoce lo declarado por el Defensor. Esto es así porque si bien figura en el formato, no fue firmada por la víctima si se considera que se trata de una nota posterior. La rúbrica que aparece en el mismo fue puesta con antelación, esto es, cuando la señora Aristizábal se presentó voluntariamente en el despacho del señor Defensor con el fin de interponer la denuncia sobre las amenazas que se cernían contra su vida y la de su familia.

Sobre la autenticidad de los documentos, el artículo 258 del C.P.C. dispone que se tendrá por auténtico cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. En este caso, la anotación relativa a la supuesta renuncia y de acuerdo con la declaración del señor Casteblanco, producto de una charla casual en el parque municipal no tiene la entidad para demostrar que la víctima, gravemente amenazada haya renunciado a la protección ofrecida. De lo anterior se colige que el documento con el que se pretende probar la renuencia de la víctima a recibir las medidas de seguridad ofrecidas por la Defensoría del Pueblo no tiene la virtualidad de acreditar el supuesto de hecho que pretende probar.

De otra parte, indicaron tanto la entidad demandada como el a quo, que la víctima no acogió las medidas de autoprotección que le fueron indicadas, especialmente, lo relativo a que no saliera de la zona de distensión por su cuenta, pese a lo cual su cuerpo fue hallado en el kilómetro 5 de la vía que del municipio de Puerto Rico conduce a San Vicente del Caguán —párr. 3.3.—, de lo que se colige que la víctima salió de la zona de distensión sin el acompañamiento de la institución. Para la Sala, el hecho de que el cuerpo haya sido hallado en jurisdicción del municipio de Puerto Rico y en proximidad de San Vicente del Caguán, sin que se conozcan las circunstancias en que se realizó tal desplazamiento, no permite tener como probado el presunto desconocimiento respecto de las recomendaciones de seguridad realizadas por la Defensoría del Pueblo, de donde, no se encuentra configurado el hecho de la víctima que exima de responsabilidad a la administración.

Así las cosas, la amenaza finalmente se materializó sin que la actitud de esta pueda tomarse como causa del daño pues el deceso radicó no en su desconocimiento de las recomendaciones de seguridad brindadas sino en la imposición de la medida de desmilitarización del territorio que conllevó a la exacerbación del riesgo al que ordinariamente estaban expuestos los pobladores de los municipios despejados, aunado a la inacción de la entidad receptora de la denuncia, que no dispuso de ninguna medida de coordinación interinstitucional con los entes de seguridad estatales, o en su defecto, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, misión humanitaria presente en dicha zona de conflicto.

Por las razones esgrimidas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, declarará la responsabilidad de la Nación - Defensoría del Pueblo, por los perjuicios materiales e inmateriales acreditados en el libelo.

5. La indemnización por perjuicios.

5.1. La indemnización por el perjuicio moral.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de la suma de 2500 gramos de oro por concepto de perjuicio moral para cada una de las demandantes, María del Carmen Aristizábal Franco y Paula Andrea Castaño Aristizábal.

Al respecto, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13232—, aplicado correctamente por el a quo, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siendo procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(38), de conformidad con los siguientes parámetros(39): (i) se indemniza a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(40); (ii) para la tasación se aplica el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y relacionados con las características del perjuicio y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

Se considera, entonces, procedente reconocer a favor de las demandantes una indemnización por concepto de perjuicio moral, pues de conformidad con la jurisprudencia, el parentesco en primer grado de consanguinidad, el cual por mandato de la ley se acredita con el registro civil de nacimiento(41), constituye un hecho probado a partir del cual se infiere, con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los padres e hijos de quien muere o padece, en razón de las relaciones de afecto que, por regla general, existen entre quienes se encuentran en el grado de consanguinidad referido.

Así, con fundamento en lo decidido en casos similares(42) y a la reciente jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección que unificó la tasación de perjuicios inmateriales en caso de muerte(43), es adecuado reconocer a título de indemnización de perjuicios la suma de 100 SMLMV para cada una de las demandantes.

5.2 La indemnización por el daño material.

5.2.1. Daño emergente.

En la demanda, si bien se solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, no se allegó prueba alguna que acredite su acaecimiento, de donde no es posible reconocer alguna suma por este concepto.

5.2.2 Lucro cesante.

En relación con el daño material en la modalidad de lucro cesante, en el libelo se solicitó su reconocimiento a favor de la señora María del Carmen Aristizábal Franco, en su condición de madre de Judith Castaño Aristizábal.

Sobre el particular, la Sala encuentra que, de acuerdo con lo probado en el plenario, la señora María del Carmen Aristizábal, madre de la occisa, se desempeñaba como docente en el municipio de Florencia, tal como señaló el señor Leonidas Rico,

Así mismo, se acreditó con los respectivos registros civiles de nacimiento y defunción, que la señora Judith Castaño Aristizábal, al momento de su muerte contaba con la edad de 29 años y 7 meses y que, como actividad económica, contaba con un establecimiento de comercio en la misma ciudad. Se acreditó igualmente, que Judith Castaño Aristizábal tenía su propio hogar y convivía con su hija, mientras que debía ver por otro hijo, Gabriel Fernando Cruz Castaño, quien vivía con su padre.

De lo anterior se colige que sus ingresos se destinaban prioritariamente a su auto sostenimiento y al sostenimiento de sus hijos, al tiempo que la prueba testimonial da cuenta de que la víctima había dejado el hogar materno – así lo indican las declaraciones de Leonidas Rico, funcionario de la Secretaria de Educación del Caquetá, del señor Álvaro Casteblanco Cardoso, María Ubelny Martínez Aristizábal(44) y Rosa Helena Hurtatis(45), lo cual se ajusta a la inferencia que ha realizado reiterativamente la Sala, en el sentido de entender que los hijos aportan al sostenimiento de su núcleo familiar hasta el cumplimiento de la edad de 25 años(46), momento en que se presume que estos adquieren independencia económica y dejan el hogar.

Ahora bien, la señora Rosa Helena Hurtatis indicó en su declaración que Judith apoyaba económicamente a su madre (fol. 55 a 56). Declaró:

“CONTESTÓ: Eran relaciones cordiales, como de hija y madre, porque ella me comentó que la mamá vivía a una cuadra de ahí del supermercado y que ella le colaboraba a la mamá en el sostenimiento. PREGUNTADO: (…) explíquenos porqué recibía ese apoyo si tenía sus propios ingresos y cómo se enteró usted de que se daba el apoyo por usted mencionad? CONTESTÓ: En el momento, que fue corto y que estuve donde Judith, ella me comentó que ella de vez en cuando, le colaboraba a la mamá con algo. Es que actualmente María del Carmen está en el grado 8º del escalafón y tiene un sueldo relativamente bajo, actualmente está como en $800.000”.

A juicio de la Sala, dicha prueba resulta insuficiente para demostrar la alegada dependencia económica de la actora, respecto de la occisa, en tanto no se cuenta con soporte alguno que dé cuenta de ello, al tiempo que indica la declaración que la ayuda brindada era ocasional.

Así las cosas, la Sala negará la pretensión de reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora María del Carmen Aristizábal Franco, madre de la víctima, comoquiera que, está probado que al momento del deceso la occisa se había independizado de su núcleo familiar y no se acreditó que apoyara económicamente a la demandante nombrada(47).

Finalmente, respecto del perjuicio correspondiente al lucro cesante sufrido por la menor Paula Andrea Castaño Aristizábal, quien dependía económicamente de la víctima, no puede pronunciarse esta Sala por no haber sido solicitado tal pronunciamiento en las pretensiones de la demanda.

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de 8 de abril de 2005, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. En consecuencia, DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Defensoría del Pueblo, por la muerte de la señora Judith Castaño Aristizábal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR a la Nación – Defensoría del Pueblo a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

- A favor de la señora María del Carmen Aristizábal Franco, en su calidad de madre de la occisa, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

- A favor de la joven Paula Andrea Castaño Aristizábal, en su calidad de hija de la occisa, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

3. (sic) NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. La Nación – Defensoría del Pueblo, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 El 6 de septiembre de 2002, cuando se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $36’950.000 —artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada en 68’692.250 —2500 gramos oro—, por concepto de perjuicios morales, de donde la cuantía estimada supera la exigida para que el proceso sea de doble instancia.

2 Frente a la legitimación en la causa por activa, en sentencia de 31 de mayo de 2013, Rad. 25624, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, consideró la Sala: “Aunque la entidad demandada alegó la falta de legitimación en la causa pasiva, porque a su juicio no es la entidad llamada a responder sino el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Congreso de la República, dicho cargo no tiene vocación de prosperidad. Es que en el sub exámine no se vislumbra ausencia del presupuesto material aludido, referido a la relación sustancial entre el demandante y el demandado, en razón del daño o interés perseguido en el juicio, porque de llegarse a establecer que no es el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, la entidad llamada a responder, pues la decisión política que dio lugar a los hechos que se relacionan en la demanda resulta imputable al Presidente y al Congreso, lo cierto es que, en todo caso, los organismos señalados conjuntamente con el demandado hacen parte de la misma persona jurídica. Siendo así y habiendo sido representada la Nación por el Ministerio de Defensa, en cuanto ejecutor de la política estatal a la que se atribuye el daño, se impone concluir su debida comparecencia al juicio (…)”.

3 Para el caso concreto, la muerte de la señora Judith Castaño Aristizábal acaeció el 24 de febrero de 2001, según se advierte en el registro de defunción de la occisa, visible a folio 2 del cuaderno principal, mientras que la demanda fue interpuesta el 6 de septiembre de 2002, por lo que no había fenecido el término bienal de caducidad de la acción.

4 Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

5 Frente al particular, la Sala reitera de manera íntegra, lo considerado en sentencia de esta misma Subsección el 31 de mayo de 2013, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Exp. 25624.

6 Así, dice el preámbulo de la Carta: “en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga la siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”.

7 Por su parte, el artículo 93 Constitucional dispone: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

8 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, consagra en su artículo 2º. “1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.// 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.// 3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos”.

9 Este artículo fue modificado por el artículo 3º de la Ley 1421 de 2010, “por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006”.

10 Sentencia C-048 de 2001. Corte Constitucional. MP. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

11 Frente al particular, pueden consultarse: Centro Nacional de Memoria Histórica. “Una sociedad secuestrada”. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013, pág. 176. (en línea. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/secuestro/sociedad-secuestrada.pdf , consulta: 10 de abril de 2015); Misión de Observación Electoral (MOE), Monografía Político Electoral, Departamento de Caquetá, 1997 a 2007, pág. 12 (en línea: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/caqueta.pdf , consulta: 10 de abril de 2015); GONZÁLEZ POSSO, Camilo, “El Caguán Irrepetible”, Bogotá D.C., 2009; Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Diagnostico departamental de Caquetá. 2007. Pág. 3. En prensa: Periódico El Tiempo, “La zona de distensión paso a paso”, 5 de octubre de 2001, (en línea: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-684002 , consulta: 10 de abril de 2015), Portal Verdad Abierta, “Diagnóstico Departamental Caquetá”, (En línea: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-684002 , consulta: 10 de abril de 2015); Portal Semana.com, “el Caguán irrepetible” (En línea: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-caguan-irrepetible/81241-3 , consulta:10 de abril de 2015), entre muchas otras fuentes.

12 Portal ElTiempo.com, Un largo recorrido hacia la esquiva paz. 16 de febrero de 2012, (En línea: http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/caguan-proceso-paz/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-11160861.html , consulta: 10 de abril de 2015).

13 AMNISTÍA INTERNACIONAL, “COLOMBIA: San Vicente del Caguán tras la ruptura de las conversaciones de paz: Una comunidad abandonada”, 2002, págs. 29 (En línea: http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/85.pdf?view=1 consulta: 13 de abril de 2015).

14 Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10140, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros: “[l]a responsabilidad patrimonial de la administración en el caso sub - examine no tiene discusión; los elementos probatorios aducidos al proceso muestran claramente que unidades adscritas al Ejército Nacional con sede en el Campo Capote al mando del teniente Luis Enrique Andrade colaboraron y apoyaron a la organización criminal que atacó a la señora Mariela Morales Caro quien se desempeñaba para entonces como juez 4a. de Instrucción Criminal del Distrito Judicial de San Gil. Se tiene igualmente establecido que el oficial con ocasión del ejercicio de sus funciones apoyó al grupo denominado ‘los Masetos’ a quienes la justicia de orden público atribuyó la autoría material de la emboscada que le costó la vida a la señora (…) en hechos acaecidos en día 18 de enero de 1989 en el corregimiento de la Rochela, jurisdicción de Simacota”.

15 Sentencia de 4 de septiembre de 1997, ibídem: “[e]n consecuencia, considera la Sala que conforme a las pruebas que obran en el expediente y a la jurisprudencia adoptada por la Sala, la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas es imputable al Estado, a título de falla del servicio por omisión, porque éste requirió en forma pública, en reuniones con funcionarios del Estado y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, por el grave riesgo que corrían, hecho que, además, era públicamente notorio, porque muchos de los miembros de esas agrupaciones de izquierda habían sido asesinadas por razón de su militancia política”.

16 Sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández: “…los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low. || Para el cabal cumplimiento de sus funciones a los organismos de seguridad les correspondía realizar una labor de inteligencia con miras a determinar la protección que ameritaba el Dr. Low, dado que conocían a ciencia cierta que era objeto de serias amenazas”.

17 Sentencia de 30 de octubre de 1997, expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque: “[e]l carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, sino de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”.

18 Sentencia de 28 de abril de 2010, expediente 18072, C.P. Myriam Guerrero de Escobar: “[p]or consiguiente, si bien la imputación fáC.T.I.ca tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado [Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 15567, M.P. Enrique Gil Botero]”.

19 Sentencia de 21 de abril de 1994, expediente 8725, C.P. Daniel Suárez Hernández: “[p]ara la Sala no resulta suficiente la explicación que ofrece la Policía Nacional de que no se le podía brindar protección hasta el lugar de trabajo por cuanto los agentes no podían salir de la jurisdicción municipal. Aceptarla implicaría desconocer que dicha institución tiene carácter nacional y no está legalmente limitada para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional. El obstáculo que podría ser administrativo, era superable por virtud de las especiales circunstancias que rodeaban el caso, mediante una orden del Comando de la Policía Nacional en Antioquia. || Ahora bien, como lo afirma en su alegato de conclusión la apoderada de la Policía Nacional, la función protectora que brinda esta entidad, antes que de resultado es de medio, y, precisamente observa la Sala, que la administración falló en ese punto al no brindarle a la víctima los medios suficientes, adecuados y oportunos para prevenir y evitar en lo posible los resultados trágicos inherentes a un atentado. Fue, pues, insuficiente y deficiente la prestación del servicio de vigilancia para el sindicalista Martínez Moreno, de donde se concluye que en el caso examinado se configuró una falla en el servicio de vigilancia a cargo de la Policía Nacional”.

20 Expediente 21091, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. “En ese orden de ideas, si bien la parte demandante alega que el esquema de seguridad del Alcalde debió ser reforzado, ello no se acompasa con la conducta de la víctima, quien en varias ocasiones prescindió del mismo (…). Aunado a que los documentos y testimonios existentes en el plenario dan cuenta de que el señor (…) contaba con un esquema de seguridad razonable que el burgomaestre permanentemente eludía y que, a pesar de las recomendaciones concretas, sobre el acompañamiento permanente, cambio de rutas, evitar desplazamientos y no frecuentar determinados lugares, insistía en su exposición al riesgo.
Además, como los hechos de la demanda están edificados sobre la base de que la entidad no cumplió con los deberes de seguridad, en tanto no incrementó el esquema asignado, las pruebas obrantes en el proceso demuestran lo contrario, en el entendido de que la demandada asignó recursos y personal para disminuir en lo posible el riesgo que enfrentaba el burgomaestre. Bajo este panorama para la Sala la entidad cumplió con su deber, hasta donde le fue posible y la víctima lo permitió, sin que se la pueda responsabilizar por el resultado (…).
En armonía con lo expuesto, se mantendrá la decisión del Tribunal que niega las súplicas de la demanda, pues la actora no demostró la responsabilidad que le imputa a la administración, antes por el contrario las evidencias demuestran que el Estado atendió los requerimientos de seguridad de la víctima hasta lo razonablemente posible”.

21 Dentro de esta línea jurisprudencial, la sentencia hito —fundadora de línea— es la T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la cual a su vez, se apoya en la numerosa jurisprudencia de esta Corporación respecto del deber de protección estatal y de la responsabilidad derivada de la falta al mismo, aunada a la obligación indemnizatoria que recae en el Estado con el acaecimiento de daños por sufrimiento de un riesgo excepcional, que en esta materia se denominan, riesgos extraordinarios, extremos y consumados.

22 [38] Sentencia T-349 de 1993.

23 [39]Sentencia T-439 de 1992.

24 [40] En la sentencia T-1026 de 2002, la Corte realizó una sistematización de los criterios establecidos en las sentencias T-981 y T-1206 de 2001. Aunque los hechos de estas sentencias se refieren a los riesgos que corren los vecinos de las estaciones de Policía por ser probable que un ataque guerrillero sea dirigido contra estas entidades, los parámetros que se determinan para definir cuándo los ciudadanos se encuentran en una situación de amenaza que no tengan el deber jurídico de soportar, son igualmente aplicables al caso que en esta sentencia se estudia.

25 [41] ibídem

26 [42] Sentencia T-1206 de 2001.

27 [43] Sentencias T-981 de 2001 y T-1206 de 2001.

28 [44] Por ejemplo, en la Sentencia T-439 de 1992, se protege al accionante teniendo en consideración que las constantes arbitrariedades y sensaciones de amenaza respecto de su vida debido a las actuaciones desplegadas por los organismo de seguridad del Estado, tenían relación directa con el hecho de ser miembro del movimiento político Unión Patriótica.

29 [45] En la Sentencia T-362 de 1997 se protegió el derecho a la vida del accionante quien estaba siendo amenazado debido a su actividad sindical.

30 [46] Tal es el caso del amparo otorgado a una enfermera que fue amenazada por las FARC en Betulia, Antioquia, luego de ser acusada de colaborar con grupos paramilitares ya que su hermano había sido asesinado presuntamente por ser miembro de las autodefensas. Sentencia T-981 de 2001.

31 [47] En la Sentencia T-120 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) se protegieron los derechos de los accionantes porque por el hecho de haber el padre de familia prestado sus servicios profesionales como médico a una militante activa de la Unión Patriótica que se encontraba gravemente herida, los grupos al margen de la ley que operan en Urabá empezaron a amenazar a su familia.

32 [48] Sentencias T-981 de 200, y T-1206 de 2001.

33 [49] Sentencia T-1206 de 2001, reiterada en T-1026 de 2002 y T-1254 de 2008.

34 [50] Sentencia T-981 de 2001.

35 Sentencia T-1060 de 2006.

36 Dispone la Constitución que para cumplir con su misión, el Defensor del Pueblo ejercerá las siguientes funciones: “1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.// 2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.// 3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. // 4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley. // 5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. //6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. // 7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.// 8. Las demás que determine la ley”.

37 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 de la Constitución Política “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Por su parte, a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S., en coordinación con la Policía Nacional, se encontraban los programas de protección en razón del riesgo y en razón del cargo u ocupación, por lo cual, habida cuenta que el nivel de riesgo de la señora Castaño Aristizábal en principio -ya que no había sido sometido a evaluación de nivel de riesgo- era bajo, debió remitirse a la Policía Nacional, para que dicha entidad, garante de los derechos civiles de los residentes en Colombia, brindara las medidas de protección correspondientes.

38 Sobre el particular se puede consultar las sentencias de la Sección Tercera de 16 de junio de 1994, expediente 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández y de 11 de febrero de 2009, expediente 14726, C.P. Myriam Guerrero, entre otras.

39 Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 septiembre de 2011 (Sección Tercera, Subsección B), expediente 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

40 En sentencia del 6 de septiembre de 2001 (Sección Tercera), expediente 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”.

41 Cfr. Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.

42 Cfr. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de enero de 2012, expediente 22742, C.P. Danilo Rojas Betancourth: “[c]on base en lo precedentemente expuesto, esta Sala reconocerá como perjuicio moral a cada uno de los padres la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es la máxima condena que se impone a favor de los parientes más cercanos de quien falleció por responsabilidad de la administración. A los hermanos de éstos la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. De igual forma, en sentencia del 18 de febrero de 2010 (Sección Tercera), expediente 17179, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, se indicó: “[l]a Sala reconocerá la indemnización por perjuicios morales en favor de las demandantes, así: un valor equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la madre del fallecido y de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los hermanos”.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), Exp.:73001-23-31-0002001-00418-01 (27.709), Actor: Adriana Cortés Pérez y otras, Demandado: Nación – Ministerio De Defensa, Policía Nacional, Referencia: Acción de Reparación Directa. Dijo la Sala: “A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así: Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.// Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.// Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.// Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.// Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.”

44 Al respecto declaró: “(…) María del Carmen Franco es una docente, está laborando en el Quindío por amenazas contra su vida, es prima hermana de mi mamá, o sea, prima en segundo grado mío” (fol. 54, c. 3).

45 Al respecto declaró: “PREGUNTADO: Cuéntenos si pudo conocer cómo eran las relaciones entre Judith y la mamá. CONTESTÓ: Eran relaciones cordiales, como de hija y madre, porque ella me comentó que la mamá vivía a una cuadra de ahí del supermercado y que ella le colaboraba a la mamá en el sostenimiento”.

46 Auto del 3 de marzo de 2010, expediente 37763, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “Frente al tema específico, la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de indemnizar a los padres a título de lucro cesante por los perjuicios derivados de la muerte de sus hijos, en principio, si ellos son menores de 25 años, momento en que se presume que aquellos han formado su propia familia. No obstante, siendo una presunción iuris tantum, cuando existe certeza de que ese auxilio permanecerá en el tiempo, tal aseveración puede ser desvirtuada siendo procedente el reconocimiento pese a que se supere esa edad”: En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, la jurisprudencia ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”. Además, se ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimiento de éstos, la privación de ésta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único. De esta forma, el hecho del auxilio económico efectuado por el hijo fallecido a sus padres, por sí mismo, no indica que indefectiblemente debe procederse a ordenar la indemnización por lucro cesante, ya que las circunstancias particulares de cada caso pueden indicar que por la situación económica de los padres, la existencia de más hermanos que pueden velar por el sustento de sus progenitores o la propia vida familiar y conyugal del hijo fallecido, tal apoyo no permanecería en el tiempo.

47 Sobre este punto, es menester tener en cuenta lo afirmado en sentencia de 23 de febrero de 2003, expediente 14515, C.P. Ricardo Hoyos Duque: “[s]e reconocerán perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de los padres de la víC.T.I.ma porque está demostrado que residía con éstos y contribuía a los gastos del hogar. || Aunque la jurisprudencia de la Corporación ha entendido que el hijo soltero contribuye al sostenimiento de su casa materna hasta la edad de 25 años, pues se presume que a partir de la misma forma su propio hogar, ‘realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas de otros frentes familiares’ (ver entre otras, sentencias del 12 de julio de 1990, expediente 5666 y del 19 de marzo de 1998, expediente 10.754), esa presunción puede ser desvirtuada cuando ha existido certeza de que el hijo prestaba auxilio económico a sus padres y se han encontrado reunidos otros elementos indiciarios como la vida modesta de la familia o ‘la voluntad reiterada, por actos sucesivos, de asumir el auxilio económico’ y particularmente, cuando el hijo no había formado su propia familia y continuaba en la casa paterna”.