Sentencia 2002-00266 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)

Radicación: 07001233100020020026601 (30819)

Actor: Sindicato Unión Sindical Obrera USO

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional–

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Previo al estudio correspondiente para decidir el recurso, advierte la Sala que se confirmará la decisión de primera instancia en la que se declaró la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, motivo por el que será necesario analizar: i) la competencia de la corporación para conocer del presente asunto y ii) el caso concreto.

1. Competencia del Consejo de Estado. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129(1) del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado -modificado por el Acuerdo 55 de 2003(2)-, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en las controversias de naturaleza indemnizatoria.

Adicionalmente, en la fecha de presentación de la demanda la cuantía establecida para que un proceso tuviere vocación de doble instancia era de $ 36’950.000., (2002), y la pretensión mayor individualmente considerada corresponde a los perjuicios materiales deprecados para cada trabajador y contratista afiliado al sindicato por valor de $ 61’000.000., y por ser esta suma superior a la primera, la corporación es competente para decidir el recurso de apelación.

2. El caso concreto. 

Teniendo en cuenta que en el subexámine se ha planteado la ausencia de legitimación del Unión Sindical Obrera -USO, para instaurar la presente acción, porque el precepto legal no faculta a la organización sindical para ejercerla, debe la Sala en primer término resolver esta excepción, toda vez que corresponde a una excepción de mérito que debe declararse de oficio, en los términos que dispone el artículo 306 del CPC(3), porque no se trata de una de aquellas que debe alegar la parte demandada —como: prescripción, compensación y nulidad relativa, que deben alegarse en la contestación de la demanda—, sino de una de las que se declara de oficio: falta de legitimación en la causa por activa.

Para el efecto, advierte la Sala que la parte demandante reclama de la Nación-Ministerio de Defensa y Ministerio de Minas y Energía, el pago por concepto de créditos laborales no recibidos por la suspensión de los diferentes contratos de los trabajadores y contratistas afiliados a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, durante los años 2001 y 2002.

Ahora bien, quien actúa en nombre de todos los trabajadores y contratistas que trabajaban para la Empresa Occidental de Colombia Inc., es el Presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, quien asumió la facultad (representación) de pedir la indemnización y pago de los perjuicios causados con la suspensión de los contratos laborales a unos trabajadores y contratistas de la Empresa Occidental de Colombia Inc, por la declaratoria de una fuerza mayor imputable a las entidades demandadas, sin embargo, en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, dicha facultad debió ser entregada de forma voluntaria y expresa por cada trabajador afiliado al sindicato tal y como pasará a exponerse.

En efecto, la ley establece que cuando lo que se pretenda es el pago de daños y perjuicios de carácter individual, no resulta jurídicamente posible que el sindicato asuma la representación de sus afiliados sin tener facultad expresa para ello, pues esa facultad sólo le esta conferida cuando se persigue o se reclama intereses de carácter general o colectivo.

Sobre el particular, el artículo 475 del CST, establece:

“Los sindicatos que sean parte de una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento y el pago de daños y perjuicios”.

Por su parte, el artículo 476 ibídem, señala:

“Los trabajadores obligados por una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios, siempre que el incumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Los trabajadores pueden delegar el ejercicio de esta acción en su sindicato”.

Y el numeral 5º del artículo 373 del CST, señala en forma expresa cuáles son las funciones principales de todos los sindicatos, a saber:

"Representar en juicio ante cualesquiera autoridades u organismos los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de Ia profesión respectiva, y representar esos mismos intereses ante los patronos y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación".

Así las cosas, es claro que los sindicatos pueden representar a sus afiliados, a través de su Presidente o de quien contemplen sus estatutos, siempre que se trate de asuntos relacionados con la convención colectiva, supuesto que no se presenta en el asunto sub-exámine, si se tiene en cuenta que las pretensiones de la demanda están encaminadas al pago y reconocimiento de derechos individuales (salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir).

En esto términos, se reitera, no es jurídicamente posible que el sindicato asuma una representación de sus afiliados cuando lo que se pretende es el pago de derechos o intereses individuales, pues claramente la ley exige que cuando se delegue esa facultad debe hacerse de forma expresa, pues en ella debe quedar plasmada la voluntad libre de los trabajadores de delegar en los sindicatos la facultad de adelantar las acciones pertinentes para el pago de sus derechos o intereses individuales. En ese mismo sentido, debe advertirse, que la norma no habla de las formalidades que debe cumplir para la delegación, sin embargo, puede ocurrir que dicha delegación provenga de cada trabajador individualmente considerado o, por el contrario, por medio de un solo acto de todos los trabajadores en los que estén identificados e individualizados plenamente.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. Por consiguiente, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(4). De allí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, toda vez que, como lo ha precisado la Sala:

“(…) la excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

“La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevoy probado modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante que tumba la prosperidadtotal o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

“La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(5) (negrillas del original).

En ese orden de ideas, la legitimación en la causa por activa supone la verificación de que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso y, por lo tanto, sin importar si son o no procedentes las pretensiones formuladas –lo que supondrá efectuar un análisis de fondo de la controversia a la luz del derecho sustancial– sí sea el llamado a discutir su procedencia dentro del trámite judicial.

En consecuencia, la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso(6).

En el asunto sub-examine yerra el demandante al considerar que le asiste legitimación en la causa por activa, al demandar la reparación de los daños causados a los trabajadores como consecuencia de la fuerza mayor declarada por el empleador a raíz de los atentados que había sufrido la infraestructura petrolera, ya que de los elementos de juicio allegados a este proceso, no se puede concluir que los trabajadores que se vieron afectados con la suspensión de los contratos delegaron las representación de sus intereses individuales en el sindicato.

En efecto, del poder que obra a folio 1 del cuaderno 1, se extrae que los Presidentes del sindicato a nivel nacional y departamental, respectivamente, confirieron poder especial a un profesional en derecho para que adelantara la presente acción en nombre de los trabajadores afiliados, sin embargo, de ningún otro documento de los aportados con la demanda ni de los que se recopilaron a lo largo de la actuación procesal se puede concluir que dichos trabajadores delegaron expresamente dicha facultad.

Como se aprecia, deviene inadmisible el reconocimiento de la pretensión del Sindicato Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera, USO, pues si bien se encuentra acreditado su existencia y representación legal, no está legitimado para reclamar este daño, razón por la cual habrá de declararse la falta de legitimación en la causa por activa, pues si bien en la demanda se invocó expresamente que se actuaba en representación de los trabajadores afiliados afectados por la suspensión de los contratos laborales, la condición de haberse otorgado expresamente dicha facultad no quedó acreditada en el proceso.

Por consiguiente, es evidente que el daño antijurídico consistente en la cesación de pagos y prestaciones sociales, derivado de una supuesta falla del servicio y un riesgo excepcional, sólo le correspondía alegarla a cada uno de los trabajadores afectados, quienes expresamente podían delegar en el sindicato el ejercicio de esta acción, pues eran éstos los legitimados materialmente en la causa para deprecar su resarcimiento (interés individual), circunstancia por la cual se confirmará la decisión apelada en la que se declaró probada la carencia de un presupuesto formal de la sentencia favorable.

De ese modo, se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa del demandante, ya que lo que se pretende en el asunto bajo es la indemnización de un derecho individual y no colectivo, por lo que el sindicato tenía que haber obtenido la delegación expresa de sus trabajadores afiliados para poder ejercer esta acción en su nombre.

Como corolario de lo anterior, debe advertirse, que si bien con la demanda se allegó el convenio o pacto colectivo, de la lectura del mismo se advierte que nada se dijo respecto de la representación o delegación en el sindicato de los intereses individuales de sus trabajadores.

Por último, vale la pena destacar, que esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de la capacidad procesal de los sindicatos, arribando a la siguiente conclusión:

“… Es claro el texto de estos preceptos en el sentido de que los sindicatos pueden representar a sus afiliados siempre que se trate de asuntos relacionados con la convención colectiva o para defender los intereses económicos comunes o generales de los sindicalizados. No es tal el caso del conflicto que culminó con la imposición de una multa a la empresa, revocada luego por el acto que aquí se impugna: es éste un conflicto jurídico individual no derivado de convención colectiva, porque presupone la violación de normas legales que consagran derechos individuales de los trabajadores. En este tipo de conflictos la acción judicial corresponde individualmente a cada uno de los trabajadores interesados.

“En sentencia de 9 de julio de 1985 tuvo la Sala oportunidad de pronunciarse sobre este punto en los siguientes términos:

‘Pero, frente a las facultades sindicales del artículo 373 de la actual codificación laboral, estima la Sala que los intereses jurídicos colectivos o individuales de los trabajadores, distintos de los que emanen de una convención colectiva, no pueden ser representados en juicio por la organización sindical, ni aún en el supuesto de que hubiera recibido delegación o mandato por parte de sus afiliados’. (Expediente 6935. Actor: Sindicato de Trabajadores de la Garantía A. Dishington S.A. Consejero Ponente: Dr. Joaquín Vanin Tello).

“De otra parte, no está por demás advertir que las normas invocadas en la demanda se refieren a la ejecución y cumplimiento del contrato y del reglamento de trabajo y no tienen que ver con la convención colectiva o con el Sindicato como tal. Son, pues, los propios trabajadores los titulares de la acción en demanda del restablecimiento de sus derechos que indirectamente consideran lesionados con el acto que aquí se enjuicia y no el Sindicato, que en manera alguna aparecen afectados”(7).

En el mismo sentido, en sentencia del 26 de octubre, reiteró:

“Es claro, entonces, que los sindicatos pueden representar a sus afiliados, a través de su Presidente o de quien contemplen sus estatutos, siempre que se trate de asuntos relacionados con la convención colectiva, supuesto que se presenta en el sub examine, habida cuenta de la denuncia de la convención colectiva y la presentación del correspondiente pliego de peticiones; por ello, no es de recibo la excepción propuesta”(8).

Y en fallo de tutela del 26 de septiembre de 1995, de la Sección Quinta de esta Corporación, se indicó:

“Pues bien, los sindicatos que sean parte de una convención colectiva tienen acción para exigir su cumplimiento o el pago daños y perjuicios, dice el artículo 475 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, los trabajadores obligados por una convención colectiva, tienen acción también para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios, y pueden delegar el ejercicio de esta acción en su sindicato, según lo dispuesto en el artículo 476 del mismo Código”(9).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMESE la sentencia proferida el del 10 de febrero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, en la que se declaró la falta de legitimación en la causa por activa.

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase».

(1) “Artículo 129.- El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (…).”

(2) “Artículo 13.- Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)

Sección tercera (…)

“5. Los procesos de reparación directa por hechos, omisiones u operaciones administrativas a que se refieren el artículo 86 del CCA y el inciso 3 del artículo 35 de la Ley 30 de 1988”.

(3) “ART. 306.—Resolucion sobre excepciones. Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

“Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella excepción, resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.

“Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario, se limitará a declarar si es o no fundada la excepción.”

(4) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, exp. 13503.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10973.

(6) “[E]n los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante…” DEVIS Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.

(7) Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 5 de diciembre de 1991, M.P. Reynaldo Arciniegas Baedecker. Exp. Rad. 4523.

(8) Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 26 de octubre de 1994, M.P. Carlos Arturo Orjuela Gongora, Exp. Rad. 8405.

(9) Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de septiembre de 1995, M.P. Mario Alario Méndez. Rad. AC. 2981.