Sentencia 2002-00333 de mayo 6 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2002-00333-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Aducarga S.A. SIA.

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil diez.

EXTACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Mediante Resolución 356 de 1º de marzo de 2001, la jefe de la división de liquidación de la DIAN —administración Cartagena— declaró el incumplimiento de la obligación adquirida por Aducarga S.A. SIA consistente en garantizar el pago de los tributos suspendidos con el régimen de  tránsito autorizado e hizo efectiva la póliza 2692 expedida por la Compañía de Seguros Alfa S.A.

Por Resolución 863 de 21 de mayo de 2001, el jefe de la división de liquidación de la DIAN —administración Cartagena— decidió el recurso de reposición interpuesto por Aducarga S.A. SIA, confirmando en todas sus partes la resolución anterior.

Con la Resolución 2691 de 13 de diciembre de 2001, el administrador especial de aduanas de Cartagena decidió el recurso de apelación interpuesto por Aducarga S.A. SIA, confirmando en todas sus partes la Resolución 356 de 1º de marzo de 2001.

La controversia se contrae a determinar si la DIAN podía ordenar la efectividad de la póliza 2692 expedida por la Compañía de Seguros Alfa S.A., constituida para garantizar “el cumplimiento de las disposiciones legales derivadas de la actividad de intermediación aduanera, el pago de los tributos aduaneros y/o sanciones a que hubiere lugar”, pues los recurrentes consideran en primer lugar, que es el transportador y no el declarante, el responsable de finalizar el tránsito aduanero autorizado y, en segundo lugar, que la DIAN debió exonerarlos de responsabilidad por el incumplimiento de dicho tránsito, toda vez que este ocurrió por fuerza mayor o caso fortuito (hurto de la mercancía), lo cual se probó con copia simple de la denuncia interpuesta por el transportador.

La solución de la controversia planteada implica, entonces, establecer el alcance o contenido de la obligación que adquirió la actora en su calidad de declarante de la mercancía sujeta al mencionado régimen. Para ello es necesario entender las disposiciones aplicadas al caso concreto.

El artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, claramente señala que, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante.

Por su parte, el artículo 4º ibídem dispone que la obligación aduanera es personal, sin perjuicio de que pueda hacerse efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, mediante abandono, aprehensión o decomiso, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella.

Según el artículo 356 ibídem, en las operaciones de tránsito aduanero,el declarante es responsable ante la aduana por la veracidad de la información consignada en la declaración de tránsito aduanero y por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que no llegue a la aduana de destino. Por su parte, el transportador debe responder ante la autoridad aduanera por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero.

Esta norma dispone:

“ART. 356.—Responsabilidades. El declarante se hará responsable ante la aduana por la veracidad de la información consignada en la declaración de tránsito aduanero y por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía sometida al régimen de tránsito, que no llegue a la aduana de destino.

La empresa transportadora responderá ante la autoridad aduanera por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero”.

A su vez, el artículo 357 ídem dispone que toda operación de tránsito aduanero deberá estar amparada con dos garantías. La primera, a cargo del declarante para respaldar el pago de los tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar y la segunda a cargo del transportador, para respaldar las obligaciones de finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero. El artículo en mención dispone:

“ART. 357.—Garantías. Toda operación de tránsito aduanero deberá estar amparada con las garantías que a continuación se señalan:

a) Garantía a cargo del declarante, para respaldar el pago de tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar.

Cuando el declarante sea una Sociedad de Intermediación Aduanera, un usuario aduanero permanente o un usuario altamente exportador, la garantía global constituida con ocasión de su autorización o reconocimiento e inscripción, respaldará el cumplimiento de sus obligaciones como declarante en el régimen de tránsito aduanero.

En los demás casos, el declarante deberá otorgar garantía específica equivalente al 40% del valor FOB de la mercancía.

b) Garantía por la finalización de la modalidad, a cargo del transportador, para respaldar las obligaciones de finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero.

Las empresas transportadoras inscritas y autorizadas para realizar tránsitos aduaneros, deberán garantizar sus operaciones mediante la constitución de una garantía global, bancaria o de compañía de seguros, equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cuando excepcionalmente la operación de tránsito aduanero se realice en medios de transporte pertenecientes a las empresas declarantes, estas deberán garantizar la finalización de la modalidad a través de la constitución de una garantía específica, bancaria o de compañía de seguros, por un valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (negrilla fuera de texto).

Del texto de las normas transcritas se deduce que el declarante es responsable de las obligaciones que se deriven por su intervención, esto es, por la actividad que desarrolla. Luego, si su intervención se contrae a responder ante la aduana por la veracidad de la información consignada en la declaración de tránsito aduanero y por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que no llegue a la aduana de destino, conforme lo precisó el citado artículo 357, la póliza se constituye para garantizar el pago de dichos tributos y las sanciones a que haya lugar.

Entonces, la garantía que ampara la finalización del régimen es diferente e independiente a la que garantiza el pago de los tributos aduaneros suspendidos con ocasión de la operación de tránsito aduanero.

La Sala mediante sentencias de 18 de noviembre de 2001 y 22 de enero de 2004(1),se pronunció sobre la cuestión y sostuvo que la garantía que ampara la finalización del tránsito aduanero es distinta de la que asegura el pago de los tributos aduaneros, en términos que es también del caso reiterar en el caso sub iudice. Dijo la Sala:

“En la ya citada sentencia de 18 de noviembre de 2001 (C.P. Dr. Eduardo Mendoza Martelo, Exp. 5541) la Sala diferenció la garantía que ampara la finalización del tránsito aduanero de la que asegura el pago de los tributos aduaneros, en términos que es también del caso reiterar en el caso sub iudice. En la ocasión en cita, la Sala señaló que de los artículos 4º del Decreto 2402 de 1991 y 3º del Decreto 1909 de 1992: “... Se deduce que el transportador es responsable de las obligaciones que se deriven por su intervención, esto es, por la actividad que desarrolla. Luego, si su intervención se contrae a transportar una determinada mercancía de la aduana de partida para ser entregada en determinada fecha en la aduana de destino, conforme lo precisó el citado artículo 4º, la póliza se constituye para garantizar la terminación del régimen, esto es, para garantizar que la mercancía se entregará en la aduana de destino en la fecha autorizada para ello. Y no podría entenderse de otra manera, pues no resulta lógico que el transportador se obligue a pagar los tributos aduaneros de una mercancía que no es suya, sino que simplemente transporta, a menos que también en él concurra la calidad de declarante. ...Entonces, concluye la Sala, que el declarante, que no sea a la vez transportador, debe responder por el pago de los tributos suspendidos; en tanto que el transportador, cuya actividad se limita únicamente al traslado de la mercancía, porque no es propietario ni importador, ni declarante, debe responder únicamente por la finalización del régimen”.

La administración en el acto acusado (fl. 32) declaró el incumplimiento de la obligación adquirida por Aducarga S.A. SIA consistente en garantizar el pago de los tributos aduaneros, los cuales se encontraban suspendidos con el régimen de tránsito aduanero autorizado y ordenó hacer efectiva la póliza 2692 de la Compañía de Seguros Alfa S.A.

Observa la Sala que el declarante Aducarga S.A. SIA constituyó la póliza de cumplimiento 2692 (fl. 250 antecedentes), expedida por la Compañía de Seguros Alfa S.A., a favor de la DIAN y cuyo objeto fue:

“Seguros Alfa S.A. garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales derivadas de la actividad de intermediación aduanera,el pago de los tributos aduaneros y/o sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2532 de 1994, la Resolución 2572 de 1996 y Resolución 3661 de julio 10 de 1995, renovada con Resolución 1084 del 23 de septiembre mediante la cual se otorga al asegurado autorización para ejercer la actividad de intermediación aduanera hasta el 30 de septiembre de 1998, así como el cumplimiento de las obligaciones aduaneras derivadas del uso dado el sistema informático aduanero, conforme a la Resolución 6480 de 1996 y garantizar el pago de los tributos aduaneros suspendidos por el trámite de las declaraciones de tránsito aduanero, de acuerdo con la Resolución 3333-91, el artículo 13 del Decreto 2295 de 1996 y Resolución 2450 de 1997” (negrilla fuera de texto).

La obligación consistente en pagar los tributos aduaneros surgió por el incumplimiento del tránsito aduanero el cual impidió que la mercancía llegara a su destino final, de ahí que resultara evidente para la administración que la aludida obligación fue incumplida por el tomador de la póliza, por lo que se configuró el siniestro amparado por la misma, de allí que la misma pasara a ser exigible.

La obligación aduanera nace por la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional y comprende el pago de los tributos aduaneros, los cuales se suspenden con el régimen de tránsito aduanero, hasta tanto la mercancía no llegue a la aduana de destino.

Para la Sala resulta ajeno al debate el hecho de que el transportador haya incumplido el tránsito aduanero por fuerza mayor o caso fortuito, pues como lo establece el artículo 356 trascrito anteriormente, el declarante es responsable por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía sometida a dicho régimen que no llegue a la aduana de destino y como se observa en el acto acusado, la obligación que se le demandó a la actora en este, nada tuvo que ver con el cumplimiento de la finalización del régimen aduanero sino con la efectividad de la garantía que constituyó para garantizar el pago de los tributos aduaneros que fueron suspendidos durante dicho tránsito.

Entonces, concluye la Sala, que el transportador debe responder por la finalización del régimen de tránsito aduanero, en tanto que el declarante debe responder por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que no llegue a la aduana de destino; obligaciones que como se dijo anteriormente, se garantizan con pólizas diferentes.

Por lo anterior, la Sala considera que no puede predicarse violación de las normas invocadas en la demanda, ni del debido proceso al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos demandados.

Se impone por tanto, confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASEla sentencia de 12 de octubre de 2004 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de mayo de 2010».

(1) Expediente 5541, Actora: Cooperativa de Transportadores del Risaralda Ltda., M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo. Expediente: 1997-3207, Actora: Transportes El Proveedor S.A., M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade.