Sentencia 2002-00334 de septiembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 05001-23-31-000-2002-00334-01 (48.588)

Actor: María Ruby García Jiménez y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES

Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en la Ley 446 de 1998, de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 143’000.000 (500 smlmv)(2). Como quiera que las pretensiones de la primera demanda corresponden a 24.000 salarios mínimos, reclamados únicamente por perjuicios morales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Como en el presente asunto los actores pretenden la declaratoria de responsabilidad de las demandadas por los perjuicios ocasionados con la muerte violenta de los señores Ovaldo de Jesús Quintero Gómez, Alonso de Jesús Jiménez Gómez y Luis Eduardo Ciro Aristizábal, así como con las lesiones de que fue víctima Rigoberto Quintero Gómez, en hechos ocurridos el 19 de febrero de 2000, en el corregimiento San José de Apartadó, del municipio de Apartadó (Antioquia), se tendrá en cuenta esta fecha a efectos de contar el término de caducidad.

Así, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la caducidad de la acción operaba el 20 de febrero de 2002. Como las demandas se presentaron el 18 de diciembre de 2001, en todos los casos, ello ocurrió en término.

Consideraciones previas.

1. Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquélla que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de ésta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(3). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso lo hayan solicitado ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando se haya practicado sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(4).

En este caso obran:

a) la copia del proceso penal 722 de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, adelantado, entre otras cosas, por el homicidio de los señores Ovaldo de Jesús Quintero Gómez, Luis Eduardo Ciro Aristizábal y Alonso de Jesús Jiménez Gómez, así como por las lesiones que sufrió Rigoberto Quintero Gómez(5) (remitido mediante oficio del 23 de febrero de 2006(6)), prueba que fue solicitada por la parte demandante(7), por el Ejército Nacional(8) y a la que se adhirió también la Policía Nacional(9). Esta prueba fue decretada por el tribunal, mediante auto del 12 de abril de 2004(10) y, en este orden de ideas, se tendrá como tal en este proceso.

b) las copias de la investigación preliminar disciplinaria 006 de la Decimoséptima Brigada del Ejército Nacional, adelantada por los hechos acaecidos el 19 de febrero de 2000 en el corregimiento de San José de Apartadó y la copia de la investigación preliminar 382 del Juzgado Treinta y Uno de Instrucción Penal Militar(11) (remitidas mediante oficio 0388/DIV01-BR17-DH-725 del 25 de enero de 2005(12)), pruebas que fueron solicitadas por la parte demandante(13) y por el Ejército Nacional(14) y a la que se adhirió también la Policía Nacional(15). Estas pruebas fueron decretadas por el Tribunal, mediante auto del 12 de abril de 2004(16) y, en este orden de ideas, se tendrán como tales en este proceso.

c) la copia de la investigación disciplinaria 155-65085-2001 adelantada por los asesores en derechos humanos del despacho del Procurador General de la Nación, por la “presunta omisión en dar cumplimiento a las medidas Cautelares (sic) y Provisionales (sic) emanadas de la Comisión y Corte Interamericana de DDHH y constan las (sic) violaciones a los Derechos Humanos de los (sic) que han sido objeto los habitantes de la comunidad de Paz de San José de Apartado (sic), por parte de grupos armados al margen de la ley vinculados al conflicto, durante los años 2000 a Junio (sic) de 2002” (remitida mediante oficio ADH-1500 del 30 de noviembre de 2004(17)), prueba que fue solicitada por la parte demandante(18) y por el Ejército Nacional(19) y a la que se adhirió también la Policía Nacional(20). La prueba fue decretada por el Tribunal, mediante auto del 12 de abril de 2004(21) y, en este orden de ideas, se tendrá como tal en este proceso.

El caso concreto.

1. El 23 de marzo de 1997, los representantes de la comunidad de San José de Apartadó firmaron la “DECLARACIÓN RELATIVA A LAS COMUNIDADES DE PAZ EN LA REGIÓN DE URABÁ. CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ”(22), dada la gravedad de la crisis humanitaria por la que atravesaba el corregimiento y la persistente existencia de grupos armados que atacaban la población de manera indiscriminada, generando graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y, en los términos de tales representantes, por “La necesidad de que la población civil establezca mecanismos que desarrollen el Derecho Internacional Humanitario en busca de su propia protección”, por el “grado máximo de exposición y riesgo” y “reconociendo la voluntad de la mayoría de los miembros de la comunidad del Corregimiento de San José de Apartadó, luego de un proceso de consulta interna” en el que decidierondeclararse como: COMUNIDAD DE PAZ” (subrayas de la Sala).

2. Casi tres (3) años después, esto es, el 19 de febrero de 2000, Ovaldo de Jesús Quintero Gómez, Luis Eduardo Ciro Aristizábal y Alonso de Jesús Jiménez Gómez fallecieron en el municipio de Apartadó (Antioquia), según los registros civiles de defunción expedidos por la Registraduría de esa localidad(23), las inspecciones judiciales realizadas a sus cuerpos sin vida por la Unidad Móvil de Criminalística de la Policía Judicial(24), así como los certificados de defunción A527577, A527575 y A527574, suscritos por el Ministerio de Salud(25).

Ovaldo de Jesús Quintero Gómez falleció por “SHOCK TRAUMATICO POR TRAUMAS MULTIPLES POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO(26), según consta en la necropsia 2000-039 practicada a su cuerpo sin vida el 20 de febrero siguiente, por un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Luis Eduardo Ciro Aristizábal, por “SHOCK TRAUMATICO POR TRAUMAS MULTIPLES POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO, lesiones de naturaleza esencialmente mortal(27), según consta en la necropsia 2000-040 practicada en la misma fecha y por el mismo instituto acabado de mencionar.

Y Alonso de Jesús Jiménez Gómez, por “SHOCK TRAUMATICO POR TRAUMAS MULTIPLES POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO, lesiones de naturaleza esencialmente mortal”(28), según consta en la necropsia 2000-042 practicada por la misma institución que practicó las dos anteriores.

Adicionalmente, ese 19 de febrero de 2000, Rigoberto Quintero Gómez (aquí demandante) sufrió una herida con arma de fuego en su brazo derecho, como consecuencia de lo cual ingresó al Hospital Antonio Roldán Betancur, de Apartadó, según consta en la historia clínica de la que se destaca:

“traido (sic) por la policia (sic) por sufrir herida x AF en brazo derecho hace 4 horas quedando con edema, deformidad y dolor en brazo y codo dcho (sic)”(29).

Dada la fractura del húmero derecho, el 22 de febrero siguiente le realizaron una intervención quirúrgica de reducción de fractura supracondilea del húmero derecho.

Dichas muertes y lesión ocurrieron en una masacre “realizada por motivos ideológicos y políticos del (sic) marco del conflicto armado de la violencia”, en el corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó, según constancia suscrita el 23 de agosto de 2000, por el personero de esa localidad(30).

Mediante oficio 1421 del 24 de agosto de 2000(31), dirigido a la procuradora provincial de Apartadó, el secretario de gobierno de esa localidad anexó la relación de las personas que perdieron la vida en aquella masacre, entre los que efectivamente se encontraban los 3 mencionados señores.

3. Verificada la ocurrencia de los daños por los que aquí se demandó (muertes y lesiones), se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si aquéllos son atribuibles o no a las entidades públicas demandadas.

Lo pretendido en este caso es que se declare la responsabilidad del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, por los perjuicios derivados de la muerte de Ovaldo de Jesús Quintero Gómez, Luis Eduardo Ciro Aristizábal y Alonso de Jesús Jiménez Gómez y de las lesiones sufridas por Rigoberto Quintero Gómez, durante la masacre que tuvo ocurrencia el 19 de febrero de 2000, en el corregimiento San José de Apartadó, del municipio de Apartadó, Antioquia.

Sobre esos hechos, obra el boletín informativo policial 051 del 20 de febrero de 2000, del centro de investigaciones criminológicas de la seccional de Policía Judicial de Urabá, en el que consta (se transcribe literal):

“HOMICIDIOS CON ARMA DE FUEGO EN ZONA RURAL

“20022000. El día de ayer a las 23:30 horas por personal SIJIN, asocio CTI en el lugar de los hechos, fue practicada diligencia de inspección judicial a los cadáveres de JOSÉ UVALDO QUINTERO GÓMEZ... quien presenta (02) orificios producidos con arma de fuego en la cabeza. LUIS EDUARDO CIRO ARISTISÁBAL... quien presenta (03) orificios producidos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo... ALONSO DE JESÚS JIMÉNEZ... quien presenta (03) orificios producidos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo... En el mismo hecho resultaron lesionados... RIGOBERTO QUINTERO GÓMEZ... Hechos ocurridos el día de ayer a las 20:00 horas, en el corregimiento de San José de Apartadó. Móviles al parecer por ser auxiliadores de los grupos subversivos, sindicados al parecer las ACCU” (negrillas del original)(32).

Esa misma fecha, mediante oficio FGN-CTI-UIA OFICIO 244, remitido al Director del CTI de Antioquia, el Coordinador de la Unidad Investigativa de la Fiscalía sostuvo:

“Respetuosamente me permito poner en su conocimiento los hechos ocurridos el día sábado 19 de los corrientes a eso de las 20:00 horas en el corregimiento de San José de Apartadó, cuando un grupo de aproximadamente veinte (20) hombres armados y encapuchados (sic) quienes vestían uniformes privativos de las Fuerzas Armadas (camuflado y verde), (sic) y la mayoría con un brazalete de color amarillo en sus brazos (sic) irrumpieron en dicho corregimiento dando muerte a cinco de sus moradores e hirieron a dos personas.

“Según versión de la hermana CLARA LAGOS (sic) religiosa Misionera de la Diosesis (sic) de Apartadó, (sic) y quien es Misionera de la Comunidad de Paz que existe en San José de Apartadó, en este sitio ingresaron los sujetos mencionados, varios de ellos con el rostro cubierto y selectivamente fueron sacando de sus viviendas a varios tenderos y a un pastor de la iglesia Pentecostal Unidad (sic), dándoles muerte en distintos sitios del pueblo, al tiempo les exigían entregaran el dinero que tenían con la expresión ‘hijueputas, esto es para que les sigan vendiendo comida a la guerrilla’”(33).

Por su parte, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz expidió el siguiente comunicado sin fecha, dirigido a la opinión pública:

“NUEVA MASACRE ELN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE APARTADO. AFECTADA COMUNIDAD DE PAZ.

“A eso de las 7:25 p.m. del sábado 19 de febrero ingresaron por la cancha de fútbol del Corregimiento (sic) de San José de Apartadó 20 hombres uniformados con prendas militares en las que testigos de los hechos distinguieron insignias de la XVII Brigada del Ejército, portando armas AK, Galil y R-15, allí permanecieron por espacio de varios minutos y luego se dividieron en cuatro grupos, entre los vestidos de camuflado iban dos con capuchas en sus rostros...

“Entre las 7:35 p.m. y las 8:00 p.m. se produjeron los asesinatos de cinco civiles, dedicados a actividades comerciales. Uno de los grupos de uniformados ... ingresaron a la iglesia Pentecostal y de allí sacaron del culto a UVALDO (sic) QUINTERO, quien fue luego asesinado con varios impactos de bala, a LUIS CIRO y ALONSO JUMENEZ, (sic) los sacaron de sus casas y los abalearon ... En esta incursión fueron además heridos RIGO (sic) QUINTERO...

“Al terminar la masacre, los uniformados bajaron por la carretera que conduce de San José de Apartadó a Apartadó (sic) sin encontrarse con reacción alguna de la fuerza pública que fue avisada de los hechos.

“Este nuevo daño irreparable contra la vida e integridad personal de pobladores que habitan en el casco urbano donde se desarrolla la experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, (sic) es un nuevo atentado contra este proyecto de vida de la población civil en medio de la guerra. Desde el 23 de marzo del año 97 hasta hoy son más de 1023 personas las que han decidido libremente no participar directa ni indirectamente en el conflicto armado, y la respuesta recibida ha sido el asesinato de más de 65 personas, por parte de los grupos paramilitares.

“Esperamos que estos nuevos hechos sirvan para mover la conciencia de quiénes (sic) tienen la responsabilidad de evitar nuevos atentados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra todas las comunidades acompañadas por la iglesia católica en el Urabá y el Chocó”(34).

En el oficio 610/BR17-BIVEL-S3-375 del 20 de febrero de 2000, el Comandante del Batallón Vélez le informó al Comandante de la Decimoséptima Brigada de Carepa (Antioquia) que:

“Siendo las 20:00 horas del día 19 de Febrero (sic) del (sic) 2000 recibí una llamada del señor Coronel Oficial B3 de la Brigada donde me informó que el Personero de Apartadó le había dicho que había sucedido un Asalto (sic) a San José de Apartadó (sic) que habían varios muertos, inmediatamente me comuniqué con la compañía Córdoba que se encontraba en esa área, para ordenarle que taponara las vías de aproximación a la localidad y efectuara maniobras ofensivas con el fin de dar con el paradero de los bandoleros que habían hecho (sic) los asesinatos; (sic) pero ya la Unidad Fundamental estaba haciendo precisamente lo que yo les iba a ordenar (sic) sin embargo les ordene (sic) los taponamientos y maniobras ofensivas”(35).

En el informe sobre homicidios 071/ACRIM-SIJIN DEURA del 21 de febrero de 2000, dirigido al Coordinador Seccional de Fiscalías de Apartadó, el Jefe Seccional de Policía Judicial dijo que:

“... me permito informar a este despacho, los hechos y las actividades realizadas en relación al (sic) homicidio múltiple acaecido en el corregimiento de San José de Apartadó (sic) jurisdicción del municipio de Apartadó (sic) Antioquia. (sic) Zona rural, donde fueron violentamente asesinadas cinco (05) personas y heridas dos (02) ciudadanos (sic).

“HECHOS

“El día 19 de febrero del 2000 a las 20:20 horas, se tuvo conocimiento ante información recibida por vía telefónica, donde (sic) manifestaban que un grupo armado ilegal (sic) al parecer de las Autodefensas Campesinas que delinquen en la región, había irrumpido en la Comunidad de Paz del corregimiento de San José de Apartadó, causando la muerte a varias personas y heridas a otras con arma de fuego de largo alcance, desconociéndose el número exacto, (sic) el Comando de Departamento de Policía Urabá ordenó el desplazamiento inmediato con las unidades de apoyo que en ese instante se encontraba (sic) de servicio en el municipio de Apartadó.

“ACTIVIDADES REALIZADAS

“Con personal adscrito al Departamento de policía (sic) de Urabá de inmediato se realizó el desplazamiento, al mando del señor Mayor PINZON COCUY MIGUEL ANGEL (sic) observando las medidas de seguridad al (sic) lugar de los hechos, haciendo presencia alrededor de las 21:30 horas, donde se constato (sic) la presencia de cinco (05) cadáveres de sexo masculino y dos (02) lesionados ... ante lo cual inmediatamente se ordenó al señor Capitán EDGAR MUÑOZ VILLAMIZAR evacuarlos hacia el hospital Antonio Roldan (sic) Betancur de Apartadó, en uno de los vehículos de la institución con su respectiva seguridad para que fueran asistidos oportunamente y poder evitar su deceso.

“Realizadas las pesquisas dentro del casco urbano de la comunidad en mención, se pudo establecer (sic) por la versión recibida por los miembros de las Brigadas Internacional (sic) de Paz, que el grupo que irrumpió en la comunidad era alrededor de 15 a 20 hombres vistiendo prendas de uso privativo del Ejército, portando armamento de largo alcance al parecer fusiles AK-47 y que en forma selectiva (sic) guiados por alguien que ocultaba su rostro, era quien (sic) señalaba a las personas que fueron asesinadas.

“Es de resaltar que (sic) una vez llegado (sic) al sitio y haber obtenido la información sobre la posible rutas (sic) que tomaron los autores de los hechos, se emprendió la búsqueda hacia la vereda la Cristalina (sic) por donde la ciudadanía manifestó había emprendido la huida, sin obtener resultados positivos.

“Aproximadamente a las 23:00 horas (sic) personal técnico de la SIJIN, C.T.I. (sic) en coordinación con el Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito en Apartadó, hicieron presencia en el sitio de la novedad con la finalidad de realizar las diligencias de inspecciones judiciales a los cadáveres que más adelante relaciono con sus datos...:

“1. JOSÉ UVALDO (sic) QUINTERO GÓMEZ... Presenta (02) heridas abiertas en la cabeza, producidas con arma de fuego largo alcance con destrucción de los dedos medio, anular y meñique de la mano izquierda ...”.

“2. LUIS EDUARDO CIRO ARISTIZÁBAL... presentaba (03) orificios producidos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

“(...)

“4. ALONSO DE JESÚS JIMÉNEZ... presentaba (03) orificios producidos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

“(...)

“Los lesionados se identifican así:

“(...)

“RIGOBERTO QUINTERO GÓMEZ... Presenta herida en el antebrazo derecho.

“Se dice por parte de la comunidad que el grupo armado al margen de la ley ingresaron (sic) por la parte baja del corregimiento, donde ... asesinaron al señor ALONSO DE JESÚS JIMÉNEZ frente a la entrada del almacén de su propiedad, se dirigieron posteriormente a la calle alta paralela a la anterior asesinando al señor LUIS EDUARDO CIRO ARISTIZÁBAL frente a su lugar de residencia, por último se hicieron presentes en la iglesia Pentecostal Unida de Colombia sacando de allí al señor UBALDO (sic) QUINTERO GÓMEZ a quien asesinaron en la calle, producto de esos disparos resultaron lesionados los señores... RIGOBERTO QUINTERO GÓMEZ.

“Importante resaltar que... esposas de los occisos ALONSO DE JESUS y LUIS EDUARDO respectivamente, manifestaron que en el momento del hecho preguntaban por el dinero de los antes mencionados y los señalaron de presuntos auxiliadores de los grupos guerrilleros, manifestando que igual destino correrían a (sic) los que le colaboraran al grupo subversivo”(36).

Sobre la forma en la que ocurrieron estos hechos, obran los testimonios de varias personas que los presenciaron, rendidos en el proceso contencioso administrativo, conforme pasa a relacionarse.

Obra el testimonio de Irian Quintero Gómez, rendido el 2 de junio de 2005 ante el Juzgado Civil Municipal de Apartadó, comisionado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien narró (se transcribe literal):

“Eso comenzó la masacre a principio de la noche de un sábado, como en el año 2000 como en un febrero, entraron unos grupos fuertemente armados con prendas militares, y dijeron que no corriera nadie e inmediatamente se le entraron a la casa de ALONSO JIMÉNEZ y de inmediato lo masacraron, no dijeron porque ni por qué motivo, el grupo era bastante como de 20 a 30 personas los que entraron y masacraron a los cinco que fueron UBALDO DE JESUS QUINTERO, LUIS EDUARDO CIRO, Y ALONSO JIMÉNEZ y otros dos que no recuerdo los nombres y quedaron heridos también RIGOBERO QUINTERO Y JAIRO PINEDA, y por ahí a los 10 minutos llego la policía y el ejercito averiguando quienes habían sido los que hicieron el hecho e inmediatamente ellos levantaron los heridos y los trajeron para acá para Apartadó al Hospital Antonio Roldan ... yo presencié el momento en que ocurrió la masacre, yo estaba ahí en el corregimiento cuando ellos entraron ... PREGUNTADO: Diganos si recuerda que tipo de seguridad por parte del Estado existía en el sector para el año 2000. CONTESTO: En San José ha habido muchas masacres y ya de tanta masacre que ha habido ... En ese tiempo estaba el Ejercito entre los filos de San José, prestando seguridad a la población civil y también había un reten del ejercito por hay a los 15 minutos de la población, el reten era temporal, pero cuando ocurrió esa masacre el ejército estaba ahí ... PREGUNTADO: Díganos cuando tiempo duro la incursión armada en la población CONTESTO: Por ahí media hora hasta que hicieron masacre y se fueron”(37).

De Luis Alberto Padierna Tuberquia, rendido esa misma fecha y ante el mismo juzgado, quien narró (se transcribe literal):

“... en el momento de la muerte de José de Apartadó, eso fue en el año 2000, más o menos entre las 8 y media o 9 de la noche fue un día sábado, dentraron por ahí unos 30 hombres armados, con prendas militares y masacraron al señor ALONSO JIMÉNEZ, dentro de la casa de él, ahí también mataron otras cuatro personas ... yo prácticamente vi lo sucedido, lo mataron a balazos, con bala de fusil, después que lo mataron los hombres se fueron y más después entro la fiscalía y estuvieron investigando ... PREGUNTADO: Díganos si recuerda para el año 2000, que tipo de protección brindaba la fuerza pública en el sector. CONTESTO: estaba en el ejercito en Caracolí, eso es otro caserío debajo de San José como a 20 minutos ... PREGUNTADO: Informe si para la fecha en que ocurrieron los hechos en que perdió la vida el señor ALONSO DE JESÚS JIMÉNEZ Y OTROS, en el pueblo de San José de Apartadó, había fuerza pública CONTESTO: Estaban en los alrededores del pueblo, estaban mas debajo de San José, en Caracolí, hacían siempre retenes, requisaban a uno cuando subía o bajaba, esa es la vía que conduce hacia Apartadó, ahí estaba el ejercito, había bastantes militares y permanecían diario ahí y hacían patrullajes alrededor del Corregimiento y no entraban a el, porque le obedecían a la comunidad de paz, el pueble queda como en una playita y desde ahí se veía a los militares en un alto, no se calcular a que distancia, pero se veían PREGUNTADO: Informe al Despacho si lo sabe qué personas ogrupo fue el que ingreso al corregimiento y asesino al señor ALONSO DE JESÚS JIMÉNEZ Y OTROS. CONTESTO: Los hombres que entraron allá se identificaron como autodefensa Campesina a mi se me identificaron, tenían un distintivo en el hombro ... Yo les vi los brazaletes, yo explico: fueron cinco los muertos, después que mataron a ALONSO que lo mataron en la casa de el, después de eso entraron a la iglesia Pentecostal donde estabamos reunidos, estabamos haciendo cultos, y ahí si nos hablaron, que nos tendiéramos, bueno, unos se arrodillaron y otros no lo hicimos, me tocó presenciar cuando sacaron al HERMANO OSWALDO, que era un predicador, estaba en el altar, subieron al altar, lo llamaron y el no quiso venir y subieron por el y lo sacaron de la corbata, lo sacaron hacia la parte de afuera del templo y lo mataron en la puerta del templo. A la iglesia entraron como tres, estaban uniformados con uniforme chapoliado como el que usa el ejercito, A los otros los mataron en sus casas y a OSWALDO lo vinieron a buscar al templo PREGUNTADO: Informe cuánto tiempo mas o menos transcurrió desde que ingresaron estas personas al pueblo hasta que se fueron. CONTESTO: No tengo bien éntiende esto, yo digo que ellos se demorarían por ahí media hora, desde que escuché el primer disparo, hasta que mataron a OSWALDO que ahí mismo se fueron, no dijeron porque lo mataban. PREGUNTADO: Informe si despues de ocurridos estos hechos se presentó alguna autoridad al pueblo, de ser así indique cual o cuales y al cuanto tiempo. CONTESTO: Estuvo la Fiscalía y la policía, subieron por ahí a la hora mas o menos, no recuerdo si estuvo el ejercito”(38).

Aquel mismo señor Padierna Tuberquia, el 3 de junio de 2005 ante el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, también comisionado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, rindió el siguiente testimonio (transcripción literal):

“PREGUNTADO: Cuéntele al despacho todo lo que sepa y le conste en relación con los hechos mediante los cuales perdió la vida el señor OVALDO QUINTERO? CONTESTO: Eso fue en el año 2000, en el mes de febrero a eso de las entre ocho y media y nueve de lanoche . Entraron unos hombres armados al pueblo de SAN JOSÉ, se tomaron el pueblo y unos entraron hasta laiglesia pentecostal allá entraron tres hombres, otro se quedó en la puerta de la iglesia y los demás a ver, tres hombres, otro se quedó en la puerta de la iglesia y los demás a ver, tres ingresaron al altar que él estaba en el momento orando en el altar y lo cogieron de la corbata y lo sacaron hasta la puerta del templo y ahí lo asesinaron a los balazos, yo estaba en el templo orando también; ahí también resultaron lesionados su hermano RIGOBERTO QUINTERO y JAIRO PINEDA que también estaba en el templo orando ... PREGUNTADO: Cuanto tiempo si lo sabe permaneció este grupo armado en el pueblo el día de los hechos, antes y después? CONTESTO: Por ahí media hora, ellos dieron la vuelta al cuando mataron al hermano OVALDO que fue el último a ver desde que se escuchó el primer disparo hasta cuando mataron al hermano OVALDO, pasó la media hora. Los otros que mataron estaban en distintas partes y mientras losbuscaban pasó por ahí la media hora. Yo personalmente vi a tres que mataron en las casas ... Las puertas estaban abiertas entraban y los asesinaban. PREGUNTADO: En el corregimiento de San José el día de los hechos había personal adscrito al ejército nacional o la policía? CONTESTO: Alrededor del pueblo sí. Permanecía el ejército, permanecían en caracolí y en una finca que quedaba hacia el frente del pueblo, era en un filo. PREGUNTADO: De ahí se alcanza a divisar el pueblo? CONTESTO: Si claro; y del pueblo se veía también el ejército. PREGUNTADO: El día de ocurrencia de los hechos vio usted en ese filo al ejército? CONTESTO: Ese día vi al ejército pero después de que ocurrieron los hechos ... Elhermano RIGOBERTO fue herido en un brazo, en el brazo derecho el tiro lo agarro atrás- señala la parte superior del brazo y le bajo hacia abajo, señala parte de la mano, cerca de la muñeca. Tiene todavia la mano en vuelta en un tendóan de la mano. Hasta donde yoconozco él ha sufrido mucho con esas lesiones de la mano, no puede ya casi ni trabajar no puede hacer fuerza con esa mano porque se le hincha la mano; él era agricultor y sostenía a su familia, les ayudaba económicamente con el sustento de sus padres y demás hermanos, ahora ya no puede ayudarle a la familia; antes los padres y hermanos lo ayudan a él. El estuvo incapacitado en Medellín enyesado aquí como dos meses y en Medellín 8 meses en terapia, estaba en terapia porque iba a perder la mano, para que estirara los deditos. RIGOBERTO con esa lesión de la mano ha cambiado mucho, estos días que hablé con él me dijo que estaba sufriendo mucho porque ya no puede casi trabajar, se nota triste, ya es el mismo hermano de la fé que era”(39).

Por su parte, Darío de Jesús García Velásquez, en testimonio rendido el 21 de enero de 2004 ante el Juzgado Civil Municipal de Apartadó por comisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dijo (transcripción literal):

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho el conocimiento que tenga acerca de los hechos en los cuales perdió la vida el señor LUIS EDUARDO CIRO? CONTESTO: Ese día no recuerdo la fecha exacta, porque en un lugar de conflicto como lo es la zona de San José de Apartadó, eso está declarado como zona roja hasta al momento, había según se cree que había ejercito a mitad de camino como a 3 kilometros antes de San José, prestando seguridad y lo que aconteció fué que hubo una masacre allí de varias personas como a las 7 de la noche, estaban el finado LUIS CIRO, OSWALDO QUINTERO, un señor ALONSO JIMÉNEZ, ALBEIRO MONTOYA, un señor GUSTAVO que era panadero, los encontraron en diferentes lugares, uno de éllos que era el yerno mío fué sacado del púlpito, de la iglesia, como él no atendía las ordenes del grupo que lo saco de allá ... PREGUNTADO POR EL APODERADO DE LA PARTE ACTORA: Informe cuantas personas conformaban el grupo que usted dice masacraron a varias personas en San José de Aparatadó y cómo estaban vestidas? CONTESTO: Con prendas militares, habían varias personas porque se regaron por todo el caserío, éllos se hicieeon en una parte y en otro y fueron cometiendo los homicidios. Esto lo sé porque yo los vi cuando se regaban, iban vestidos de prendas militares, no se cuantos eran, éllos se regaron en el caserío y empezaron a ... disparar y ya la gente se encerró, eso fué como a las 7 de la noche. PREGUNTADO: Usted manifestó que del púlpito sacaron una persona, informe que sucedió con esta persona, si fué asesina o que pasó con élla? CONTESTO: El fué asesinado al frente de la iglesia, OSWALDO QUINTERO, que era yerno mío, recién casado y la esposa quedo embarazada y dejó una niña que está a mi cargo y tiene tres añitos. PREGUNTADO: Informele al Despacho las personas que fallecieron de que sitio fueron sacadas y como se produjo su muerte? CONTESTO: LUIS EDUARDO CIRO, en su misma casa, ALONSO JIMÉNEZ también que era cuñado mío, el señor ALBEIRO MONTOYA como que se les voló de la casa donde estaba y lo cogieron en la placa polideportiva y ahí cayó, el panadero en el mismo lugar cayó, de los heridos esta RIGOBERTO QUINTERO, que fué herido en un brazo hermano del finado OSWALDO, otro señor herido que también salió del mismo LUGAR, de apellido ... PINEDA, herido en un costado. PREGUNTADO: Informe que se encontraba haciendo en la Iglesia? CONTESTADO: En la Igle/sia estaba dirigiendo el servicio de Culto, él OSWALDO, de la Iglesia Pentecostal: Unida de Colombia, y OSWALDO estaba dirigiendo una alabanza, yo me encontraba en la Iglesia. PREGUNTADO: Informe en que forma incursiono este grupo a la Iglesia y que dijeron o como actuaron éllos? CONTESTO: Ellos actuaron entrando de una vez con sus armas hasta el púlpito, amenazando por si corrían una vez lograr el objetivo que iban a hacer, el bjetivo de éllos era acabar con la vida de éllos y así sucesivamente de todos los que corrieron con esa suerte, ellos irrumpieron de una vez, utilizaban armas de largo alcance, estaban de uniforme como los uniformes que utiliza el militarismo, allá entraron varias personas, hasta el pulpito entraron dos y lo sacaron de allá por el brazo y en la parte de afuera donde lo asesinaron. PREGUNTADO: Informe cuanto tiempo duró la incursión de este grupo en la población de San José de Apartadó? CONTESTO: Eso fué casi que todo a un mismo tiempo, como que se espaciron en todos los sitios que ya los tenían como ubicados sería con el fin de que nadie se escapara, entonces el único que alcanzo a correr fue el señor ALBEIRO que lo mataron en la plca Polideportiva, eso duró como 15 o 20 minutos aproximados, hicieron lo que hicieron y volvieron a salir, todos estaban uniformados, vestidos camuflado... PREGUNTADO: Informe si la población de San José de Apartadó, recibió algún tipo de apoyo de alguna autoridad en el tiempo que incursionó este grupo en dicha población? CONTESTO: Allí en ese asunto como a los 10 minutos subió la policía y ya después de media noche subió la fiscalía y se llevaron los cadáveres ... PREGUNTADO: Informe si en el casco Urbano, de San José de Apar/tadó, para la época en que ocurrieron los hechos había fuerza publica, policía y Ejercito? CONTESTO: Como bien sabemos eso es una comunidad de paz no han permitido que éllos, el ejercito o la fuerza publica entre al propio caserío, ellos han estado prestando seguridad como 200 o 300 metros brindando seguridad, o sea a la redonda, en esa época en el día los veía uno cerca, en la noche no sé si se hayan retirado, siempre prestando seguridad a la comunidad, siempre nos han dicho que éllos le han estado prestando seguridad al campesino, para la época de los hechos dentro del caserío no había ni ejercito ni policía”(40).

Esa misma fecha y ante la misma autoridad, Dorances Valle Valderrama dijo (se transcribe como obra):

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho todo lo que sepa y le concierna acerca dela muerte del señor LUIS EDUARDO CIRO ARISTIZÁBAL? CONTESTO: Yo lo conocí como una persona trabajadora, hace de toda la vida, él llegaba del trabajo eso fue como a las 7 de la noche, el día 19 de febrero de 2000, él llegaba y se había acabado de bañar y estaba viendo las noticias y cuando en ese momento llegó un grupo armado, y llegó a la casa de él, él se encerró, cuando él se encerró llego la esposa a haber que era lo que pasaba y lo que le dijeron a la esposa era que necesitaban hablar con él, y cuando él salió que preguntó para que lo necesitaban, no le dieron tiempo ni de hablar y ahí mismo le dispararon, era un grupo armado llegó al pueblo, a la casa de él llegaron como 3, encapuchados y en uniformes camuflado, cuando lo asesinaron salieron y se fueron y luego llego un sólo encapuchado y le dijo a la señora que le entregara todo lo que tenía, entonces le entregó lo que tenía, 100 mil pesos, porque éllos vendían cigarrillos y confites, eso lo trabajaba la señora porque él siempre tra/bajaba el campo; el mismo día hubo mas muertos, los otros cuando ya se pasó todo, ya se vio la mortanda, los muertos fueron ALONSO ANTONIO JIMÉNEZ, OSWALDO DE JESUS QUINTERO, se que uno llamaba ALBEIRO, uno que trabajaba en una panadería que no recuerdo el nombre, también hubo dos heridos RIGOBERTO QUINTERO, el otro no me acuerdo, despues de que ese grupo se fué se presentó el ejercito y preguntaban que quien había hecho esos hechos, pero ninguno sabía dar razón ... PREGUNTADO: Informe si en el corregimiento de San José de Apartadó, en el propio caserío para la epoca de los hechos había fuerza pública o sea policía yejército? CONTESTO: Dentro no había, solo alrededor, sabíamos que había fuerza pública a media hora del camino y AL/rededor, ahí mismo pegado con el pueblo, había ejercito. PREGUNTADO: Informe si lo sabe qué grupo armado fué el que incursiono en el Corregimiento de San José y causo la muerte a esas personas? CONTESTO: Lo que se ha dicho o se ha comentado es que fue el grupo de Autodefensas, el grupo paramilitar, el día después del asesinato estuvo la policía”(41).

También el 21 de enero de 2004 ante el Juzgado Civil Municipal de Apartadó, por comisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Jesús Antonio Varela Durango dijo (se transcribe literal):

“PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato lo mas detallado posible de todo lo que le conste y sepa acerca de la muerte del señor LUIS EDUARDO CIRO ARISTIZÁBAL? CONTESTO: Esatarde, el día 19 de febrero de 2000, como a las 7 de la noche llegaron unas gentes armadas con armas de largo alcance, llegaron a la casa de él y entonces lo llamaron que saliera y él no quería salir y entonces entraron y lo sacaron de la casa, el vestido que el grupo tenía eran militares, no sé cuántos eran, ellos llegaron al pueblito por todas partes, cuando echamos de ver había gente por todo al rededor y todos estaban uniformados, a él lo sacarona la acerita y ahí lo mataron no se porque lo mataron, porque éllos lo que tenían era unas venticas poquitas, ese día tambien sacaron a un hermano de la Iglesia Pentecostal Unida, que estaba en un culto, yo estaba dentro de la Iglesia, el que sacaron del culto se llamaba OSWALDO DE JESUS QUINTERO, lo sacaron de la capilla afuerita y lo mataron, en la Iglesia tambien hubo dos hermanos heridos, el hermano ROGOBERTO QUINTERO y el hermano JAIRO PINEDA, en otras partes también hubo otros muertos, ALBEIRO MONTOYA, ALONSO JIMÉNEZ y un PANADERO que estaba reCIEn llegado al corregimiento y no recuerdo el nombre, éllos murieron en la casitas donde trabajaban, ALBEIRO estaba en la casita del pueblo viendo televión y cuando la gente salió huyendo y la huida lo mataron, no se quiénes fueron los del caso, la gente comenta que fueron los paramilitares ... PREGUNTADO: Informe si San José de Apartado para la epoca en que ocurrieron los hechos contaba con vigilancia de la policía y el Ejercito? CONTESTO: No se veía policía y el ejercito solamente en los alrededores a distancia como de 3 kilómetros y hacían retenes a esa distancia, el ejercito ... despues de ocurridos los hechos estuvo el ejercito, éllos llegaron como a la media hora de haberse ido el grupo armado, ese grupo armado estaría como media o 20 minutos, éllos tenían armas de largo alcance, hubo muchos disparos y se oían muy duro”(42).

Obra de igual modo, el testimonio de Fabio Manco Vera, rendido 2 de junio de 2005 ante el Juzgado Civil Municipal de Apartadó por comisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, quien contó (se transcribe literal):

“... llegaron unas 20 personas más o menos con prendas militares y también el fusiles y con botas venus de caucho y otras de cuero que utilizaban en el ejercito, de pronto cuando mataron a ALONSO y a otro señor ahí vi que empezaron como atropellar la puerta como para entrarse, luego pasaron por el frente de la casa mía corriendo, pasaron para la casa del señor LUIS CIRO, luego pasaron para la capilla Pentecostal, y ahí asesinaron a OSWALDO QUINTERO, e hirieron dos personas mas, pero ya mas antes habían matado lo que había sido a ALONSO y otro señor que trabajaba como panadero, no recuerdo su nombre, él estaba recién llegado allá, tambien mataron a un señor llamado ALBEIRO, no recuerdo el apellido, en total fueron cinco muertos y dos heridos eso fue como a las 7 de la noche mas o menos ... PREGUNTANDO POR EL DESPACHO: Manifieste al Despacho si recuerda si para esa fecha de los hechos existía algún tipo de vigilancia de las autoridades del sector. CONTESTO: Si estaban vigilados por la fuerza pública, el ejercito ... Abajito del pueblo ... había un reten en el punto Caracolí que es un caserío, que queda del pueblo a 20 minutos a pié. Y tambien había vigilancia alrededor del pueblo, y se esto porque nosotros los veíamos desde el pueblo, ELLOS ESTABAN EN PARTE ALTA EN UNA falda y el pueblo se encuentra en la parte baja. Ellos requisan y controlan lo que es el mercadeo y alrededor del pueblo estan vigilantes, las requisitas hay varios controles, está en la balsa y Caracolí, y vigilantes alrededor del pueblo ... PREGUNTADO: Informe por cuanto tiempo estudio este grupo armado en el pueblo cometiendo estos actos ilícitos. CONTESTO: Fue por media horita, eso fue como de 7 s 7 y media de la noche, me di cuenta por los primeros disparos a la entrada el pueblo, hasta el momento que los vi forzando una puerta de la casa del señor HENRY TUBERQUIA, el señor no estaba en ese momento PREGUNTADO: Usted informó que resultaron dos personas heridas, indiquele al Despacho si lo sabe, que personas fueron y que tipo de heridas sufrieron. CONTESTO: Fueron RIGOBERTO QUINTERO Y DON JAIRO PINEDA. RIGOBERTO sufrió heridas en el brazo derecho ... el que siguió padeciendo fue el señor RIGOBERTO QUINTERO, que le sigue molestando el brazo. Ellos fueron lesionados en la Iglesia Pentecostal, cuando sacaron al finado OSWALDO de la Iglesia y le dispararon a él de frente afuera de la iglesia y entonces hicieron a RIGOBERTO Y JAIRO PINEDA que estaban adentro. PREGUNTADO: Informe si una vez ocurrieron estos hechos hicieron presencia las autoridades, de ser así indique cuales y al cuanto tiempo se presentaron. CONTESTO: Si se presentaron como a los diez minutos mas o menos llegó el ejercito y la policía, que yo haya visto llego primero el ejercito y luego llegó la policía en camionetas”(43).

Aquel mismo señor Manco Vera, el 3 de junio de 2005 ante el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, también comisionado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, narró (se transcribe como obra):

“PREGUNTADO: Cuéntele al despacho todo lo que sepa y le conste en relación con unos hechos ocurridos en febrero del año 2000 en los cuales perdió la vida el joven OVALDO DE JESUS QUINTERO? Esos hechos fue el día 19 de febrero del año 2000 en San José de Apartadó en el pueblito, a eso delas siete de la mañana. Cuando un grupo armado se entró al pueblo y asesinó a cinco personas entre ellas OVALDO QUINTERO e hirieron a dos deellas. OVALDO se encontraba en la iglesia de San José de Apartadó, en la Iglesia pentecostal, él era de esa religión, de allí fueron y lo sacaron y en frente de la iglesia lo asesinaron, pero antes de esa hora habían asesinado a cuatro más, OVALDO fue el último en asesinar. PREGUNTADO: Dónde se encontraba usted cuando estos hechos? CONTESTO: Yo me encontraba en mi casa viendo televisión. La casa mía queda cerca a la iglesia pentecostal ... Eran aproximadamente veinte personas, vestían prendas militares del ejército sus botas eran de cuero, y las de ahora VENUS, todos armados, armas de largo alcance, iban bien armados con prendas militares entre ellos habían dos encapuchados con un gorro así negro cubierto la cara y la cabeza hasta el cuello, ellos no dijeron nada, cuando yo escuché los primeros tiros ya habían matado al finado ALONSO JIMÉNEZ él fue el primero que mataron y luego mataron a un panadero que no le sé el nombre ésta recién llegado ahí, estaba recién llegado, cuando escuché los primeros tiros la gente corría por las calles, luego que mataron al panadero atropellaron una puerta del señor HENRY TUBERQUIA pero no fueron capaz de tumbarla, pero a él no lo mataron en ese entonces, él estaba en la iglesia también y era pentecostal, luego pasaron y mataron al señor LUIS CIRO, y en la placa polideportiva al frente de mi casa mataron a un señor ALBEIRO no le sé el apellido y luego mataron a OVALDO, los heridos entre ellos RIGOBERTO QUINTERO y el señor JAIRO PINEDA, ellos estaban en la iglesia, también pentecostales. Ellos no decían nada cuando cometieron estos hechos, pasaban corriendo por las calles ... PREGUNTADO: Cera a SAN JOSÉ había personal el ejército Nacional o de Policía? CONTESTO: Sí, el ejército estaba alrededor del pueblo controlando los retenes, por ahí a veinte minutos de Apartadó, del corregimiento San José, en un punto llamado Caracolí, en esa época controlaban eso ahí, ellos patrullaban se mantenían alrededor del pueblo, ellos en esos días estaban cuidando el pueblo. Sé que se mantenían alrededor del pueblo porque yo los veía, ellos tenían en esos filos los ranchitos. PREGUNTADO: Antes o después de ocurrir estos hechos que ahora nos ocupa, usted llegó a ver personal del ejército? CONTESTO: Antes y después estuvieron en el pueblo. PREGUNTADO: En el momento de ocurrencia de estos hechos, los vio en el pueblo de SAN JOSÉ? CONTESTO: Ellos llegaron a los diez minutos de los hechos. PREGUNTADO: Escuchó usted o percibió algún enfrentamiento entre los que ingresaron a cometer el hecho y el personal adscrito al ejército Nacional CONTESTO: No hubo ningún enfrentamiento, nada ... PREGUNTADO: Usted sabe quéconsecuencias tuvo el señor RIGOBERTO con ocasión de esta lesión que sufrió? CONTESTO: Sí. Estuvo en Medellín como ocho meses haciendole terapia y todavía lo sigue molestando el brazo, no lo deja trabajar; él sufrió todavía mucho de eso y todavía sigue sufriendo de eso ... PREGUNTADO: Usted manifestó que antes de ocurrir los hechos que dice ocurrieron a las sietede la noche vio a miembros del ejército alrededor del pueblo, indiquele al despacho hasta qué horas vio usted a estos uniformados y en qué sitios se encontraban exactamente? CONTESTO: En una parte alta en un filo del pueblo se veía, los vi como a las cinco dela tarde, cerquita al pueblo, más o menos a cinco minuticos, todos los días los véia uno ellos, ese era el puntico extrategico de ellos para vigilar el pueblo, de ese filo se divisa todo el pueblo. Y nosotros los del pueblo los veíamos a ellos. PREGUNTADO: Esa vigilancia era todos los días? CONTESTO Sí, todos los días, la fuerza pública estaba todos los días vigilando el pueblo”(44).

Obra de igual modo, el testimonio de Arnulfo Giraldo Jiménez, rendido el 2 de junio de 2005 ante el Juzgado Civil Municipal de Apartadó, también comisionado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien narró (transcripción literal):

“... a principio de la noche entraron aproximadamente 20 hombres armados, vestían prendas militares, la hora no la recuerdo bien pero era como de 8 a 9 de la noche, sin decir nada entraron y sacaban las personas de las casas, y luego las asesinaron, fueron cinco personas esa noche, yo me acuerdo de OSWALDO QUINTERO, Y LUIS EDUARDO CIRO de los otros dos no recuerdo el nombre y tambien hubo dos heridos, que responde a los nombres de JAIRO PINEDA y RIGOBERTO QUINTERO, se cuando dispararon contra OSWALDO, porque a el lo sacaron de la capilla de la Iglesia Pentecostal, y cuando le dispararon a el, de esos mismos disparos fue que resltaron heridos los que estaban dentro de la capilla, a JAIRO PINEDA, le entró la bala por un costado Y a RIGOBERTO En el brazo derecho, despues de eso cuando estabamos en la confusión de los muertos como a los 10 ó 20 minutos llegó al pueblito el ejercito y la policía y la fiscalía e hicieron el levantamiento esa misma noche y los trajeron para el hospital de Apartado, los muertos y heridos ... PREGUNTADO: informe si cuando ocurrieron estos hechos en el corregimiento de San José de Apartadó contaba con protección de la fuerza pública, de ser así indique cual. CONTESTO: El ejercito se mantenía alrededor del pueblo y siempre en los retenes nos decían que estaban para cuidar de la comunidad, los retenes, había uno en Caracolí, a unos 20 minutos a pié del pueblo, y había uno provisional que a veces salía que quedaba en la parte de arriba saliendo para la serranía, el retén de Caracolí queda en la carretera que viene para Apartadó, se que estaban alrededor del pueblo porque siempre los veíamos allá en los filos porque el pueblito queda en un valle y hay unos filos que quedan alrededor del pueblo y se veían los militares casi todos los días, el retén de Caracolí si era permanente. PREGUNTADO: Informe si el retén que realizaba el ejercito conocido como Caracolí tambien se realizaba en las horas de la noche y cual era el control que ejercía en ese punto los miembros del ejercito. CONTESTO: Primero el retén solamente en el día o se que era de día porque estaba prohibido pasar en la noche y nosotros sabíamos de eso, todo el mundo veníamos acá al municipio de Apartadó y regresábamos en el día porque en la noche era prohibido, si a mi me cogía la noche en apartadó me tocaba quedarme acá en Apartadó porque en la noche era prohibido. El control que ejercían normalmente era la requisa”(45).

Aquel mismo señor Giraldo Jiménez, el 3 de junio de 2005 ante el Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, también comisionado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, narró (se transcribe tal como obra):

“... un sábado 19 defebrero del 2000 a eso de las ocho o nueve de la noche, entró un grupo armado que vestían prendas militares del ejército y ellos hicieron una masacre de cinco personas y resultaron dos heridos, entre los muertos estuvo OVALDO QUINTERO. El se encontraba en un culto que estaba celebrando la iglesia pentecostal, cinco hombres armados llegaron hasta la capilla de los cinco entraron dos a la iglesia uno de ellos tenía pasamontaña, OVALDO QUINTERO se encontraba en el altar porque era dirigente de la iglesia, alla se subió uno de ellos y se subió y lo cogió dela corbata y lo sacó, ya afuera procedieon a matarlo. Ahí resulto lesionado RIGOBERTO que estaba en la iglesia y JAIRO PINEDA ... RIGOBERTO QUINTERO fue lesionado en el brazo derecho, cuando dispararon contra OVALDO afuera los mismos disparons entraron a la capilla, los hombres armados tenían armas largas. RIGOBERTO estaba orando tenía las manos estiradas la bala le cogió el brazo. PREGUNTADO: Usted estaba en lacapilla? CONTESTO: Yo estaba en la capilla el dia de los hechos ... Eran entre veinte y treinta hombres. Estos hombres se regaron por todo el pueblo, comenzaron a hacer la masacre, OVALDO fue el último en matar. PREGUNTADO: Cuánto tiempo duraron en el pueblito luego decometer el hecho estos hombres armados? CONTESTO: Cuando mataron a OVALDO salieron ahí mismo, OVALDO fue el último en matar; del primero al último en matar, estuvieron media hora mas o menos en el pueblo, desde el primer disparo hasta los últimos cuando murió o asesinaron a OVALDO estuvieron media hora ahí ... PREGUNTADO: El corregimiento de SAN JOSÉ estaba custodiado con personal del ejército o de la policía el día de los hechos? CONTESTO: Alrededor estabaelejército. A unos diez minutos a pie, ellos estaban en un filo del pueblito, ellos vigilaban el pueblo alrededor, de alla de ese filo se divisaba el pueblo y nosotros los veíamos a ellos. Ellos ese día estaban vigilando, toda la semana estuvieron antes y después de lamasacre. Ellos entraban al pueblo pero de paso cuando iban para el filo, nunca estacionaban el San José, debido a que la comunidad de paz, así lo dispuso, que solo el personal del ejército estuviera alrededor y no en el pueblo. Como a los diez o quince minutos apareció el ejército. Ese día que yo los haya visto en el filo fue a las nueve de la mañana más o menos ... con respecto a RIGOBERTO le tienen ya que ayudar porque quedó impedido para trabajar la bala le quedó en el brazo, cuando hace fuerza la mano se le hincha, él estuvo incapacitado por esa lesión del brazo 8 meses, estuvo en Medellín. Estuvo en unas terapias porque la mano le iba a quedar encogida, la mano se le hincha mucho cuando trabaja, esta medio ... Yo a RIGOBERTO lo veo muy mal, ya no es el mismo de antes, él lamenta mucho lo que pasó, de ser una persona serie que no se mete con nadie y haberle pasado eso, además se lamenta de su incapacidad para trabajar”(46).

Rigoberto Quintero Gómez, en testimonio rendido el 21 de enero de 2004 ante el Juzgado Civil Municipal de Apartadó, por comisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, dijo (transcrito como obra):

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho sobre los hechos en los cuales perdió la vida el señor LUIS EDUARDO CIRO ARISTIZÁBAL. CONTESTO: Nosotros somos creyentes de la pentecostal, cuando pasaron los hechos estabamos en la iglesia pentecostal, estando en la iglesia sentimos ráfagas y entraron a la iglesia la gente armada dos, iban con prendas militares, y arma de largo alcance, no estaban encapuchados, los que entraron armados sacaron a mi hermano UBALDO DE JESUS QUINTERO, y se lo llevaron, y hablaban pero nosotros teníamos mucho miedo, se lo llevaron y lo asesinaron en la salida de la iglesia, lo dispararon por el rostro, me contaron, y yo resulté herido en el brazo, no se como, los que disraron estaban dentro dela iglesia, y por fuera había más gentes varios, estaban afuera pendientes con los fusiles, y el otro se llama no recuerdo el nombre apellido PINEDA, resultó herido, yo en ese momento me arrodilló y me quedé un rato, y los demás lloraban, y en eso llego la policía, ejército como a los 10 minutos y nos trajron para el hospital porque yo estaba botando mucha sangre, y venia inconciente, y no se demás porque estaba en el Hospital. Me enteré cuando fue mi familia al hospital me enteré que habían matado a LUIS EDUARDO CIRO, al panadero, ALBEIRO MONTOYA, y hasta ahí supe ... PREGUNTANDO: INFORME si para la época que ocrrurieron estos hechos que suted acaba de narrar en el pueblo había fuerza pública policía y ejército. CONTESTO: Si, alrededor un punto que se llama la balsa allá se mantiene el Ejército, y alrededor como 300 mts, alrededor por encima del pueblo, nunca entraron al puebo, hay una comunidad de paz, entonces ellos nunca entraban al pueblo mantenían al, al pueblo entraban muchos grupos armados y mataban civiles, y para evitar esos probelmas se declaró una comunidad de paz, para que no entren los grupos armados al pueblo, no había policía en el pueblo, sólo ejército al reedor, la gente la comunidad trabaja comunitario con arreglos a la carretera atienden mucha gente. PREGUNTADO: En la época que ocurrieron estos hechos ya estaba declarado como comunidad de paz. CONTESTO: Si estaba declarada como comunidad de paz. PREGUNTADO: Informe si lo sabe cuanto tiempo duro la presencia del grupo armado que cometió los hechos que uested narró y si estas personas además de estar uniformadas tenían algún distintivos que los identificara como algún grupo. CONTESTO: Si, a los dos que entraron con prendas militares con armas de larga distancia, ellos no tenían la cara tapada, en ese momento me puse a orar, no tenía ningún distintivo. PREGUNTADO: Cuanto tiempo estuvo las personas. SE CORRIGE. Eso fue ligero por que prontico, hicieron lo que iban hacer y se fueron, alos diez minutos llegaron la policia y el ejértico”(47).

De otro lado y ante el Juzgado 114 de Instrucción Penal Militar, el 21 de febrero de 2000 la señora María Dolores Úsuga Higuita rindió testimonio, del cual se destaca:

“PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI TIENE CONOCIMIENTO HACIA DONDE (sic) SE FUERON LOS DELINCUENTES UNA VEZ REALIZARON SU INCURSION (sic). CONTESTO: Cuando estábamos en la capilla escuchamos cuando pasaron haciendo disparon (sic) por el camino que sube a San José para arriba como para los montes para el lado que lo llaman la antena.- PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI ESE CAMINITO QUE USTED HABLA ES LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JOSÉ (sic) DE APARTADO (sic) PARA APARTADO (sic). CONTESTO: No es el mismo camino (sic) es el camino que tiene la gente”(48).

De esta forma, con las coincidentes versiones de los testigos, queda acreditado que el 19 de febrero de 2000, aproximadamente a las 7 p.m., incursionó por diferentes puntos a la comunidad de paz del corregimiento de San José de Apartadó un grupo de entre 20 a 30 hombres armados y vistiendo uniformes camuflados, al parecer perteneciente a las autodefensas campesinas de la región, quienes causaron la muerte de 5 personas, dentro de las que se encontraban Ovaldo de Jesús Quintero Gómez, Luis Eduardo Ciro Aristizábal y Alonso de Jesús Jiménez Gómez y heridas a 2 más, entre ellos a Rigoberto Quintero Gómez.

La masacre ocurrió presuntamente porque las víctimas eran auxiliadoras de la guerrilla. Los victimarios recorrieron la localidad por espacio de media hora aproximadamente hasta ubicar a cada una de ellas, las cuales fueron sacadas de sus lugares de residencia y hasta de la iglesia, para terminar con sus vidas, ante la mirada atónita de la comunidad.

Ahora bien, también sobre la ocurrencia de estos hechos, los militares narraron lo siguiente.

En declaración que rindió el TE Dixon Castrillón Gómez, Comandante del Segundo Pelotón de la Compañía Córdoba, el 21 de febrero de 1999, ante el Juzgado 114 de Instrucción Penal Militar dijo (transcripción literal):

“PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO TODO LO QUE SEPA Y LE CONSTE SOBRE LOS HECHOS DEL DIA 19-FEB-200 EN SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTO: Siendo aproximadamente las 19:30 horas del día 19 de Febrero me encontraba en el segundo pelotón con el TE.ALVARADO BURGOS JUAN recibí la orden de dirigirme con el a la carretera y realizar la presencia en esta al encontrarme en este sitio con la sección del primer pelotón ... fuimos informados por el cabo DIAZ de unos disparos que se escucharon n San José de Apartadó al instante arrimó una patrulla de la policía y confirmaron sobre los hechos y quien se dirigían hacia san José de Apartadó en ese mismo instante recibi la orden del comandante de la Compañía de reaccionar con el prmero y el segundo pelotón entrando por la parte alta de San José de Apartadó, luego de recibir me dirigí enérgiamente hasta donde se encontraba mi pelotón di la orden de alistamiento del personal e inmediatamente Me dirigí con todos mis hombres dejando una seguridad hasta donde encontraba el primer pelotón, le di la orden al CP. MOSQUERA de organizar una sección e inmediatamente se unió al segundo pelotón a partir de este momento se inició una persecución a los bandidos dirigiendonos por la parte alta en el terreno hacia San Jose de Apartadó nos dirigimos hasta la parte baja de la antena lugar denominado por encontrarse una antena de comunicación civil de las bananeras, ruta de posible escape de los bandidos, en este sitio se registro aunque habían limitaciones por ser de noche sin encontrar nada, se verificaron las partes y puntos por donde posiblemente se escaparon los bandidos, en esos momentos se esperó órdenes mientras se continuaba con la búsqueda, luego se recibió la orden de permanecer en el lugar mientras que el Cdte de la compañía se encontraba en la entrada de San José de Apartadó no obtuve rastros algunos que me pudieran dar con los bandidos quienes se les iba a aprehender o darlos de baja por estar o ser el terreno quebrado y en nada nos favorecía la noche y después de una larga búsqueda a los bandidos siendo aproximadamente la una y treinta horas recibir la orden de devolverme al sitio donde pernocta el segundo pelotón, registrando a la vez ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO CON QUIEN SE ENCONTRABA USTED EN LA CARRETERA. CONTESTO: Te. ALVARADO BURGOS, CP. ROJAS y con la sección de 11 soldados”(49).

“PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO CUAL ES LA MISION QUE CUMPLE LA COMPAÑÍA CORDOVA DE ACUERDO A LO ORDENADO POR CDTE DEL BIVEL. CONTESTADO: De acuerdo con la orden de operaciones 007 FARO registro y control del área que comprendo la jurisdicción de la compañía. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO CUAL ES LA JURISDICCION DE LA COMPAÑÍA. CONTESTO: Comprende al área de la Balsa, la Antena, Chontalito, la repollora, la cristalina, Arenas altas, la Unión, la Victoria, caracolí, San José de Apartado es jurisdicción pero se puede entrar la tropa armada ni estar en la cabecera así como 20 veredas que hacen parte de la comunidad de paz de San José y a quienes esta comunidad no dejan hacer presencia de la tropa armada ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO HACIA DONDE REACCIONO USTED. CONTESTO: Reaccioné hacia la parte alta de San José de Apartadó registrando los posibles sitios de escape de los bandidos ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO QUE ORDENES LE DIERON AL MOMENTO DE LLEGAR O MEJOR SE SER DESTINADOS PARA ESTAR EN LA JURISDICCION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTO: Yo no me encontraba al momento de la reunión si es que lo hicieron pero al mayor ayudante de mi Coronel nos había dado unas indicaciones con respecto a esta área, el día 05-FEB-2000 al ayudante nos dio instrucción sobre la ONG- que trabajaban con la comunidad de Paz de San Jose de Aparatadó, también sobre el cuidado que había que tener con San José de Apartadó consistente en el buen trato a la población civil, así como del área y jurisdicción de la compañía”(50).

Por su parte, en la misma fecha y ante el mismo Juzgado, el SLV. José Fernando Torres Loaiza dijo (se transcribe literal):

“PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO QUE FUE LO QUE ESCUCHO Y QUE ACCION TOMARON SUS COMANDANTES REPECTO A LOS HECHOS. CONTESTO: Cuando se escuchó la ráfaga el que se encargo fue mi sargento PUERTA coordinaron o hicieron lo respectivo Córdova II salió por la puerta alta y el Cdte. Compañía con otros dos pelotones, salió por la carretera. PREGUNTDO: DIGA AL DESPACHO COMO SE ENTERARON QUE HABIA UNA INCURSION EN SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTO: Tan pronto se escuchó la ráfaga el comandante de Córdova IV le avisó al Comándate de la Compañía e inmediatamente el comandante tomó acción dirigiendose hacia el lugar donde se escucharon los disparos. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO CON QUE FRECUENCIA EFECTUAN PRESENCIA MILITAR EN LOS ALREDEDORES DE SAN JOSÉ DE APARTADO Y QUE MISION ESPECIFICA TIENEN AL RESPECTO. CONTESTO: Se hacen registros y retenes por la balza en el cual se requizan los carros preguntandoles para donde van y que llevan esto lo han efectuado Cordova IV y III al mando de SS. PUERTA, SV. HERRERA, eso es relativo al hacer retenes cuando el comandante ordena, no se si hay constancias de esto PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI DURANTE ESOS VEINTE DIAS QUE LLEVAN CUANTOS RETENES HAN EFECETUADO Y EN DONDE. CONTESTO: Se han hecho en la parte baja de la balza hace tres días y no se quien lo realizo ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO QUE ÓRDENES DIO EL CDTE DE PELOTON RESPECTO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTO: Nos han explicado de la comunidad de Paz los comandantes es que en ese sitio personal armado no puede entrar y estamos prestando seguridad alrededor. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO QUE OPERACIONES HAN REALIZADO EN ESTE SECTOR Y QUE RESULTADOS HAN OBTENIDO. CONTESTADO: dan ordenes de operación de registro y control del área pero operación en grande no se ha hecho”(51).

EL CS. Heliberto Álvarez Pérez sostuvo:

“DIGA AL DESPACHO CUANTO TIEMPO LLEVA EN ESTE SECTOR .- CONTESTO: Llevo 15 días.- PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI USTEDES REALIZAN RETENES MILITARES EN LA ZONA (sic) EN CASO AFIRMATIVO DIGA SI EL DIA DE LOS HECHOS REALIZARON Y DONDE (sic) FUE UBICADO ... En el tiempo que llevo acá no he hecho reten (sic) y no tengo conocimiento que lo hagan.- PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO POR QUE (sic) MOTIVO NO LOS HACEN. CONTESTO: Porque la orden la da el Comandante de la compañía y no la da”(52).

El CP. Homildo Mosquera Velasco dijo:

“PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO CUAL ES LA MISION QUE CUMPLE LA COMPA]IA (sic) CORDOBA EN EL SECTOR.- CONTESTO: Proteger la población, capturar delincuentes y si se resisten dar de baja ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO QUE ORDEN RECIBIO DEL COMANDANTE DE SU COMPA]NIA (sic) AL MOMENTO QUE ESCUCHARON LOS DISPAROS. CONTESTO: Dió (sic) la orden de reaccionar hacia la parte alta de la Balza al lado de la antena ahi (sic) nos ubicamos en caso de que pasaran los bandidos por ahí cerrando vía de acceso o caminos (sic) ya que era el único (sic) cerro más alto, nos mantuvimos ahí ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI USTED TIENE CONOCIMIENTO DE COMO (sic) REACCIONARON LOS DEMAS (sic) PELOTONES.- CONTESTO: El primer pelotón es de choque por la parte de la antena, el segundo por la parte alta a los lados de Caracolí, el tercero como apoyo en la parte alta de la Balza Baja y el cuarto como seguridad y apoyo parte baja de la Balza hacia los lados de Caracolí”(53).

El 23 de febrero de 2000, el TC. Oscar Jimmy Trujillo Ramírez, Comandante del Batallón de Infantería 47 Vélez, rindió testimonio ante el mismo Juzgado 114 de Instrucción Penal Militar, del cual se destaca (se transccribe tal como obra):

“PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO TODO LO QUE SEPA O LE CONSTE DE LOS HECHOS OCURRIDO EL DIA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTADO: siendo com las veinte horas del dia diecinueve de febrero del dos mil recibi una llamada del B3 de la Decimoséptima Brigada, donde me informo que el personero de Apartado lo había llamado y le había informado que había sucedido un hecho lamentable en San Jose de Apartado y que había muertos, que si yo sabia algo de eso me pregunto, yo le dije que no tenía conocimiento pero que inmediatamente me iba a poner en contacto con la compañía que se encontraba en el área de San Jose de Apartado, efectivamente lo hice, procedí a llamar a Cordoba 6 TE ALVARADO pero me contesto Córdoba 4 SS PUERTA porque este se encontraba en la parte alta donde entraban las comunicaciones y Córdoba seis estaba en la parte de abajo y no copiaba directamente, el SS PUERTA le pregunte si tenía conocimiento de los hechos ocurridos en San José, el me dijo que había escuchado unos disparos al parecer en San José de Apartado y que la compañía Córdoba ya había reaccionado para verificar lo que había pasado y efectuar los taponamientos y movimientos necesarios, que el se encontraba en ese lugar para asegurar las comunicaciones y servir de enlace con la compañía, le dije al Sargento Puerta que me hiciera el puente con Cordoba seis y le dijera que le estaba ordenando que maniobrara con su unidad fundamental efectuando los taponamientos sobre las posibles vías de escape del enemigo, porque al parecer habían efectuado unos asesinatos dentro del casco urbano de san José de Apartado y efectivamente el sargento le paso la comunicación al comandantes de la compañía, al rato el Teniente Alvarado subió hasta el cerro y se comunico personalmente conmigo y le repetí la orden que maniobrara su Unidad con el fin de dar con el paradero de los que habían cometido el ilícito, también le dije que montara taponamientos en las vías de escape, entre esto esta incluida la carretera que conduce hacia San José de Apartado, el Teniente me pregunto que si podía entrar hasta San José de Apartado a averiguar los hechos, le dije que fuera con su pelotón hasta allá para que me reportara exactamente que había pasado, el me dijo que si podía entrar al pueblo en vista que nosotros por respeto a la Comunidad de paz no entramos allá para no interferir en su proceso o actividades, yo le dije que entrara que era mejor pecar por exceso que por defecto, que el resto del personal de la compañía efectuara lo que yo le había ordenado, como veinte minutos después me llamo y me informo que no lo dejaban entrar ni a él ni a la policía, pero me pasó los datos que necesitábamos para aclarar que era lo que había ocurrido, el me preguntó que paso seguía que qué ordenaba yo, le dije que regresara allá donde había salido, reorganizara la compañía tomara el mando y empezara nuevamente a maniobrar con miras a dar con el paradero de los delincuentes, terminada la comunicación con el teniente informe a la Brigada lo ocurrido con datos precisos por medio de un radiograma, le ordene al S3 que suspendiera la orden de operaciones general que tenía la compañía que era el control militar de área y que les diéramos una nueva orden de operaciones, llamada OPERACIÓN FELINO que conduce a una operación de destrucción mediante el método de limpieza, contra los bandidos de las FARC y de las Autodefensas de Uraba, ya que se desconocía quien había sido el autor material e intelectual de los asesinatos. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO CUAL ERA LA MISION QUE VENIA CUMPLIENDO LA COMPAÑÍA CORDOBA EN EL SECTOR DE SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTADO: Esa misión esta muy clara en la Orden de Operaciones No 7 que inicio el primero de febrero del presente año en el cual se le asigna esa area a la Compañía Corodoba ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO QUE RESULTADOS SE OBTUVIERON COMO CONSECUENCIA DE LA OPERACIÓN FELINO. CONTESTADO: la operación continúa en este momento, no ha arrojado resultados tangibles ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI USTED COMO COMANDANTE DE BATALLON RECIBIO INFORMACIONES PREVIAS A LOS HECHOS SOBRE ESTA POSIBLE INCURSION EN CASO AFIRMATIVO QUIEN DIO DICHAS AFIRMACIONES. CONTESTADO: no recibí ninguna información al respecto ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI LA COMPAÑÍA CORDOBA TIENE COMO ORDEN PERMANENTE HACER RETENES Y CONTROL DE LA VIA QUE CONDUCE DE APARTADO A SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTADO: Dentro de las operaciones militares como es el control militar de área, que es la misión de la compañía los retenes son parte de este control, lo mismo que emboscadas, contra emboscadas, registros, descubiertas etc”(54).

El 21 de febrero de 2000, el Comandante de Escuadra de la Compañía Córdoba, CP. Norberto Díaz Beltrán, rindió testimonio ante el mismo Juzgado 114 de Instrucción Penal Militar, del cual se destaca (se transcribe literal):

“PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO TODO LO QUE SEPA O LE CONSTE SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 19-FEBRERO-2000 EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTO: Eran las ocho de la noche cuando se escucharon los disparos en el corregimiento de Apartadó yo me encontraba en la parte alta con l Contraguerrilla CORDOBA IV, inmediatamente el Comandante de la Contraguerrilla informó a Rafaga 10 BIVEL se le informo que habia una alarma sobre los disparos a los 10 minutos mi coronel TRUJILLO confirmó sobre los disparos, lo cual ordenó que se hicieran los registros correspondientes, la contraguerrilla donde yo me encontraba no hizo ningún movimiento ya que nos garantizamos quedando con las comunicaciones de las demás contraguerrillas porque en la parte baja no se copia directamente ni al Batallón ni a la Brigada, entonces nosotros eramos el puente con mi Coronel informándole sobre todos los hechos que estaban ocurriendo en ese momento, entonces las que actuaron fueron las otras contraguerrillas CORDOVA I, II, III procedieron a hacer el registro a las goteras o alrededores del corregimiento y se informo a mi coronel que no los dejaron entrar al caserío, luego nos informaron de los heridos y de los muertos y nosotros seguimos comunicando a mi coronel sobre los hechos que sucedieron lo cual la policía y el CTI fueron los que ingresaron al caserío para hacer el respectivo levantamiento, nosotros hacíamos el puente de las comunicaciones y eso es todo ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO A QUE DISTANCIA SE ENCONTRABA SU PELOTON DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ APARTADO. CONTESTO: Una hora caminando de noche, de día 40 minutos por la parte alta ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO CUAL ES LA MISION QUE CUMPLE LA COMPAÑÍA CORDOVA. CONTESTO: La misión de la Compañía es adelantar registros de control de área en los alrededores de los corregimientos de San José de Apartadó, la Unión y otros corregimientos cercanos ... y los registros de control de área es para ubicar grupos de narcobandalos, delincuencia común y justicia privada, para darlos de baja y capturarlos ... mi contraguerrilla tenía la misión de garantizar las comunicacines lo cual se quedó en el mismo sitio donde se encontraba. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI TIENE CONOCIMIENTO COMO REACCIONARON LOS PELOTONES AL MOMENTO DE LOS HECHOS EN QUE ESCUCHARON LOS DISPAROS. CONTESTO: Como dije anteriormente al Comandante de la compañía TE ALVARADO ordenó que el Primero y segundo pelotón reaccionara por la parte alta y el Tercer pelotón con él al mando entraran por la parte de la carretera y que nosotros permanecíeramos en garantia de las comunicaciones ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI HAN HECHO RETENES EN SAN JOSÉ DE APARTADO Y SI EL DIA DE LOS HECHOS EFECTUARON ALGUNO. EN CASO AFIRMATIVO DIGA QUIEN DIO LA ORDEN. CONTESTO: No hemos hecho retenes, pero hemos hecho presencia en las carreteras de Caracolí, La victoria y la Balza que son veredas aledañas a San José. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO POR QUE NO HACEN RETENES. CONTESTO: Porque no me han dado la orden y además he permancido en la parte alta”(55).

El 21 de febrero de 2000, el SS Gustavo Alonso Puerta B., orgánico de Batallón Vélez, rindió testimonio ante el mismo Juzgado 114 de Instrucción Penal Militar, del cual se destaca (se transcribe tal como obra):

“PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO TODO CUANTO SEPA Y LE CONSTE DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 19 DE FEBRERO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTO: A las 7:45 de la noche se escucho una ráfaga inmediatamente prendí el radio y comunique a Rafaga 10 osea al Batallón Velez me contesto el señor MAYOR NAVAS S-3 del Batallón quien de inmediato le informé sobre los tiros que había escuchado informando inmediatamente al comandante de la Compañía TE. ALVARADO BURGOS PABLO quien inmediato reaccionó hacía el lugar acontecimientos saliendo al medio de las comunicaciones mi Coronel TRUJILLO quien de inmediatamente me confirmo que habían recibido una llamada a la Brigada confirmando lo sucedido en San José de Apartado seguí comunicandome con mi Coronel ya que en estos momentos me encontraba encargado de las comunicaciones durante la noche del pelotón Cordoba 4 como Comandante del cuarto pelotón segui al mando de las comunicaciones informándole a mi Coronel cada 5 minutos o cada 10 minutos ya que el comandante de la compaÑía se encontraba efectuando el registro hacia San José de Apartado quien no podía salir a las comunicaciones ya qu en la parte baja no salen las comunicaciones respecto a que estaba sucediendo en San José de Apartadó cuando llego el comandante de la compaÑía a San José de Apartadó ose a mi TE. ALVARADO BURGOS PABLO me reportó que ya había llegado al lugar de los hechos y que no le permitían la entrada a ese lugar por ser una zona neutral de inmediato reportó de nuevo a mi Coronel quien se encontraba al aire para saber los hechos que estaban sucediendo en San José de Apartadó en el lapso de 9 de la noche en adelante me reportó mi Teniente ALVARADO BURGOS PABLO sobre los muertos y los heridos quien me pasó los nombres de inmediato y como dije anteriormente sobre las comunicaciones no salen de la parte baja se reportó con Cordoba 4 encargado SS. PUERTA BENITEZ encargado del pelotón y quien reporto inmediatamente a rafaga 6 o sea mi Coronel Comandante del Batallón Velez le informé sobre el acontecimiento y lo sucedido en San José de Apartadó pasándole inmediatamente los nombres de los muertos y los nombres de los heridos seguí al mando de las comunicaciones y le reporte inmediatamente al comandante de la compaÑía que ya le había comunicado a mi Coronel sobre lo sucedido en San Jose de Apartado seguí al mando de las comunicaciones hasta las 12 de la noche aproximadamente informando cada 10 minutos a mi Coronel que permaneció en el radio como hasta las doce de la noche personalmente comunicándose con Cordoba 4 sobre lo sucedido en San José de Apartado. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO CUANTOS NUERON LOS MUERTOS Y LOS HERIDOS Y SI RECUERDA ALGUNO DE LOS NOMBRES. CONTESTO: Los muertos fueron 5 y los heridos fueron dos no me acuerdo. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO QUE ORDEN EMITIDO EL COMANDANTE DEL BATALLON CUANDO SE LE INFORMO LOS HECHOS SUCEDIDOS EN SAN JOSÉ DE APARTADO. CONTESTO: Que reaccionaran al sitio de los acontecimientos que se registrara el área para dar con el paradero de los bandidos como el mantenia en comunicación conmigo y yo reportaba le informe al señor TE. ALVARADO Comandante de la CompaÑía quien de inmediato se movilizó al mando de Córdoba Tres hacia el sector de los acontecimientos y al mando del segundo pelotón que reaccionara hacia la parte de arriba quedándome yo como pelotón de apoyo el 4 pelotón al mando del SS. PUERTA porque en el hueco no salen las comunicaciones para poder establecer el paradero de los bandidos. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO EN COMPA]ÍA DE QUE PERSONAL SALIO EL TE. ALVARADO A REALIZAR EL REGISTRO DEL AREA.- CONTESTO: Salió con el tercer pelotón y el SV. HERRERA y con aproximadamente unos 40 soldados.-PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO A QUE DISTANCIA ESTABA EL TE. ALVARADO DEL SITIO DONDE OCURRIERON LOS HECHOS.- CONTESTO: Hay como aproximadamente Casi dos horas ... PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO CUAL NUE EL DISPOSITIVO QUE SE TOMO DESPUES DE ESCUCHAR LOS DISPAROS.- CONTESTO: Reaccionar organizar los pelotones y salir hacia el lugar de los hechos, El segundo pelotón con él TE. CASTRILLON reaccionó hacia arriba a salir hacia la parte de arriba de San José para taponar la salida de los vandidos iban juntos el primero y el segundo, el tercero con el comandante de la compaÑía por la carretera y el cuarto pelotón a mi mando se quedó de reserva hacía el sector de Caracolí en la parte alta encargado de las comunicaciones.-PREGUNTO: DIGA AL DESPACHO QUE ORDEN EMITIO EL COMANDANTE DE LA COMPA]ÍA A LOS DEMAS PELOTONES.- CONTESTO: Que el segundo pelotón al mando del TE. CASTRILLON subiera a la parte alta hacia San José de Apartadó y el comandante de la compaÑía se iba hacia San José y el cuarto pelotón se quedaba en la parte como reserva y que estuviera pendiente de las comunicaciones”(56).

Con las versiones que vienen de transcribirse de los militares se advierte que aquéllos hacían parte de la Compañía Córdoba y que, por tanto, tenían la orden de proteger a la población, así como de registrar y controlar el área de su jurisdicción, en la cual se encontraba el corregimiento de San José de Apartadó.

También se acreditó que tenían indicaciones de buen trato a la población civil de esa comunidad de paz y en especial a la ONG que allí trabajaba.

De igual modo, está claro que, apenas el Ejército Nacional tuvo conocimiento del ataque a San José de Apartadó (ya porque escucharon los disparos o por comunicación por radios), éste reaccionó inmediatamente con el fin de capturar a los agresores y que hubo coordinación entre los diferentes pelotones para: i) dirigirse hacia el lugar de los hechos, ii) vigilar y bloquear las vías de escape de los bandidos y iii) controlar y coordinar las comunicaciones entre ellos y el Comandante del Batallón Vélez, tanto así que los testigos presenciales relacionados de las páginas 34 a 44 de esta sentencia dan cuenta de que la fuerza pública, tanto Policía como Ejército, llegaron al corregimiento a los 10 minutos de ocurrida la masacre.

Los militares aseguraron que dentro de sus funciones estaba la de realizar operaciones militares de control del área, tales como registros, retenes y requisas y, en concordancia con ello, la orden de operaciones 007 del 1º de febrero de 2000, suscrita por el Comandante del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Vélez, disponía que:

“SITUACIÓN: a. Enemigo: Grupos de narcobandoleros pertenecientes a la V LVII y LVIII cuadrilla de las ONT, autodenominadas FARC (sic), pretenden alterar el orden público en esta zona de Urabá, incrementando su accionar en la Jurisqicción (sic), para desestabilizar la región política y económicamente un (sic) sector primordial de (sic) País (sic), obstaculizar el libre movimiento, tranquilidad e integridad de la población civil, desarrollando asesinatos selectivos, amenazas terroristas contra la comunidad en el área, abigeato, intimidación a los campesinos y ganaderos de la región. Así mismo, Grupos (sic) de Autodefensas Campesinas (sic) de Uraba, (sic) vienen incrementado (sic) su accionar delictivo a lo largo y ancho de la jurisdicción, con el propósito de realizar secuestros, extorsiones, asesinatos selectivos para intimidar a la población, demostrando su capacidad delictiva y sentar su posición ante el Gobierno Nacional, (sic) y ante el proceso de paz. Igualmente se tiene conocimiento que (sic) la 5ª cuadrilla de las FARC realiza presencia con una (sic) compañía AURELIO GÓMEZ al mando de (a. La Muerte) (sic) y de la Compañía (sic) ALBERTO MARTINEZ al mando de (a. Samir) (sic) aproximadamente 50 bandoleros por el área Gral (sic) de San José de Apartadó, La Unión, La Esperanza, La Repollera, la Máquina, La Secadora, Filo Ratones, Bellavista, Buenos Aires. II. MISION. El Batallón de Infantería No 47 ‘General Francisco de Paula Vélez’, por medio de la CP. ‘CORDOVA’ (sic) conduce OPERACIÓN MILITAR DE OCUPACION, REGISTRO, CONTROL MILITAR DE AREA, DESTRUCCIÓN Y REPLIEGUE OFENSIVO mediante la (sic) MANIOBRAS DE EMBOSCADA, CONTRA-EMBOSCADA, GOLPES DE MANO, PRESIÓN Y BLOQUEO, BÚSQUEDA Y PROVOCACIÓN, TRAMPAS, ARDIDES Y MEDIDAS DE ENGAÑO utilizando LAS TÉCNICAS DE MOVIMIENTO Y DE CBTE (sic), DE PATRULLAJE Y RECONOCIMIENTO, ADEMÁS CBTE (sic) OFENSIVO con sus pelotones, a partir del día 0106:00-ENE-00 en el área general de San José de Apartadó, La Unión, La Esperanza, La Repollera, la Máquina, La Secadora, Filo Ratones, Bellavista, Buenos Aires, para localizar y en caso de resistencia armada dar de baja y/o capturar cabesillas (sic) o integrantes de la V cuadrilla de las ONT FARC y ACCU y Grupos (sic) Generadores (sic) de violencia, neutralizar las acciones delictivas de la 5ª y 58 cuadrilla de las ONT FARC, bloqueando las posibles rutas de movilización, abastecimientos (sic), adelantando actividades de inteligencia de combate, ganando la confianza de la población civil, estableciendo observatorios para localizar posibles concentraciones y conducir acciones contundentes para Debilitar (sic) su capacidad de delinquir”(57).

Por estos hechos, el Oficial de Derechos Humanos de la Décimo Séptima Brigada del Ejército Nacional presentó denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de Yopal contra las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, mediante oficio 1190/DIV1-BR17-DH-725 del 21 de febrero de 2000(58).

De otro lado, por dicha masacre, la Procuraduría inició investigación, conforme consta en la certificación del 12 de marzo de 2001(59), expedida por el Secretario Ad hoc de la Procuraduría Provincial de Apartadó. El 21 marzo de 2000, el Procurador General de la Nación delegó a 2 asesores grado 24 de Derechos Humanos para que adelantaran la indagación preliminar por esos hechos y para iniciar la investigación disciplinaria a que hubiera lugar(60).

Mediante providencia 00088 del 23 de marzo siguiente(61), tales Asesores iniciaron la indagación preliminar y, el 29 de marzo siguiente(62), ordenaron la suspensión de la indagación preliminar interna adelantada por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Brigada XVII del Ejército Nacional y asumieron el conocimiento de ella.

Así mismo, el 3 de abril de 2000(63), ordenaron la suspensión de las diligencias adelantadas por la Procuraduría Provincial de Apartadó y asumieron de manera preferente su conocimiento.

En providencia del 20 de septiembre de 2002(64), el Procurador General de la Nación abrió investigación contra varios militares, entre otros hechos, por la mencionada masacre ocurrida el 19 de febrero de 2000 en el corregimiento de San José de Apartadó.

Por su parte, mediante la resolución 175 del 24 de febrero 2000(65), la Directora Nacional de Fiscalías asignó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos la investigación penal adelantada por esos hechos.

Pues bien, de las pruebas trasladadas de esas investigaciones relacionadas en precedencia, se advierte que el Ejército Nacional tenía conocimiento de la presencia de grupos armados al margen de la ley que operaban en la zona y del riesgo que esa situación representaba para la población civil, por cuanto ya se habían presentado secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos y, sobre todo, conocía la presencia de un grupo de ellos (de aproximadamente 50 personas) que operaba específicamente en el área de San José de Apartadó.

Adicionalmente, los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó le solicitaron al Ejército Nacional reforzar la seguridad en la zona, conforme consta en el acta 386 del 10 de enero de 2000(66), suscrita por la Décimo Séptima Brigada del Ejército Nacional, que trata sobre la reunión mensual que hacía el Comando de esa Brigada con esa comunidad, en la que consta el requerimiento de que “las requisas que se hagan en el reten (sic) bajando, también se hagan subiendo”, ante lo cual el Comando de la Brigada se comprometió a que esa solicitud se hiciera efectiva.

En el mismo sentido, se advierte que el Departamento de Policía de Urabá también conocía el riesgo inminente en que se encontraba el corregimiento de San José de Apartadó, puesto que el 5 de febrero de 2000 (15 días antes del ataque), su Seccional de Inteligencia presentó un informe en el que consta que “... se tuvo conocimiento que (sic) integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, (sic) pretenden incursionar al corregimiento de San José de Apartadó para de igual forma, llevar a cabo homicidios contra habitantes de la Comunidad de Paz, que son considerados como Colaboradores (sic) e integrantes de las FARC y que se encuentran infiltrados en la población, haciéndose pasar como campesinos”, a lo que agregó que “De acuerdo a (sic) estas situaciones se prevé que se registren enfrentamientos entre subversivos e integrantes de las Autodefensas en esas zonas”(67).

Tan conocido era ese riesgo que, con anterioridad, esto es, el 24 de enero de 2000(68), la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, en escrito dirigido a diferentes autoridades de la Nación, tales como el Presidente de la República, algunos Ministros, Defensor del Pueblo, Alto Comisionado de Paz, entre otros, manifestó su preocupación por la situación de inseguridad que atravesaba la región, particularmente, esa Comunidad de Paz por “ausencia de una política de paz que brinde garantías y condiciones para el respeto de la vida” y evidenció la muerte de dos personas en el corregimiento de San José de Apartadó a manos de las Farc, en días pasados; en consecuencia, indicó: “dejamos en sus manos todas estas consideraciones como constancia y censura moral, antes de que se consuman (sic) nuevos y graves atentados contra estas comunidades ... ejecutados por las estructuras clandestinas del paraestado (sic) que atentan contra la población”.

En el mismo sentido, dadas esas condiciones de orden público, el 4 de febrero de 2000(69), mediante oficio 089, el Procurador General de la Nación se dirigió al Ministro de Defensa Nacional para solicitar medidas de seguridad que garantizaran la integridad física de dos comisionadas de la ONG Peace Brigades Internacional que harían presencia en San José de Apartadó y solicitó, además, la disposición de las fuerzas del orden para mantener una vigilancia permanente en los asentamientos de las Comunidades de Paz.

Seguidamente, el 9 de febrero de 2000(70), el secretario de gobierno del municipio de Apartadó le informó al Comandante de la Decimosétima Brigada la preocupación de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por una posible incursión armada por parte de grupos de las autodefensas que se encontraban acampando en los alrededores de la localidad y le solicitó tomar las medidas pertinentes del caso.

Así, aunque lo miembros de Ejército Nacional y de la Policía Nacional reaccionaron de manera inmediata luego del ataque a San José de Apartadó y coordinaron para llegar al lugar de los hechos en 10 minutos y para vigilar y bloquear las vías de escape de los atacantes, lo cierto es que no previnieron la ocurrencia de la masacre, aun cuando tenían conocimiento del riesgo latente de su ocurrencia.

Pues bien, respecto de la responsabilidad del Estado por la omisión de los deberes de seguridad y protección, debe recordarse que el inciso segundo del artículo 2 de la Constitución Política dispone que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Según la norma acabada de referir, la razón de ser de las autoridades públicas, en particular de la Policía y del Ejército Nacional, es la defensa y protección de todos los residentes en el país y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado; por lo tanto, omitirlos, compromete su responsabilidad, de modo que el Estado debe utilizar todos y cada uno de los medios de que dispone, a fin de que el respeto y demás derechos de las personas, por parte de las autoridades públicas y de los particulares, sea una realidad(71).

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia(72), ha dicho que en casos como el que aquí se analiza, en los que se imputa a la Administración una omisión derivada del incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio.

En efecto, frente a supuestos en los que se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala, de tiempo atrás, ha señalado que es necesario efectuar el contraste, de un lado, entre el contenido obligacional que las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y, de otro, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto; al respecto, se ha dicho (se transcribe textualmente):

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.

“(...)

“2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; (sic) qué era lo que a ella (sic) podía exigírsele; (sic) y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende (...)”(73).

No obstante, la Sala ha considerado que, a pesar de que es deber del Estado brindar y seguridad y protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños causados por terceros a la vida o a los bienes, porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades establecidas en cada caso concreto, ya que nadie está obligado a lo imposible; sin embargo, la Sala también ha dejado claro que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso particular si, en efecto, a éste le fue imposible cumplir las obligaciones a su cargo(74).

Respecto de la previsibilidad de la administración en la producción de un hecho dañoso y la falta de adopción de las medidas necesarias para evitarlo, la Sala ha precisado:

“No es el Estado un asegurador general, (sic) obligado a reparar todo daño, (sic) en toda circunstancia, pues la administración de justicia debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los (sic) cuales se edifica y sirven de razón a la imputación del deber reparador. Así (sic) en el caso presente, (sic) la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto está a su alcance”(75).

Así, pues, las obligaciones a cargo del Estado y, por tanto, la falla del servicio que constituye su trasgresión deben mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo.

En el presente asunto, conforme se indicó en precedencia, el riesgo de ocurrencia de la incursión armada al corregimiento de San José de Apartadó era latente y tanto el Ejército como la Policía tenían conocimiento de esa situación.

Como ya se dijo, la población civil le había solicitado previamente al Ejército Nacional reforzar la seguridad en los retenes y, sin embargo, no lo hizo, tal como lo afirman el CS. Heliberto Álvarez Pérez y el Comandante de Escuadra de la Compañía Córdoba, CP. Norberto Díaz Beltrán, quienes sostuvieron que en los 15 días anteriores a la masacre no se realizaron retenes en la zona porque no les habían dado la orden (ver páginas 48 y 51 de esta sentencia).

También la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz ya había manifestado su preocupación al Gobierno de Colombia por unas muertes anteriores, ocurridas el 12 de enero de 2000 en la misma localidad, el Procurador General de la Nación le solicitó al Ministro de Defensa Nacional medidas protección y vigilancia permanente en los asentamientos de las Comunidades de Paz y el Secretario de Gobierno del municipio de Apartadó le informó al Comandante de la Decimosétima Brigada la preocupación de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sobre una posible incursión armada por parte las autodefensas.

Llama la atención, adicionalmente, que las fuerzas armadas (Policía y Ejército) llegaran a San José de Apartadó a los 10 minutos de que la masacre terminó y que ni siquiera hayan visto a los facinerosos escapando del lugar, puesto que, si se encontraban en los alrededores de la localidad (como todos los testigos de los hechos lo aseguran de manera coincidente - folios 33 a 44 de esta sentencia), no puede ser posible que un grupo de entre 20 y 30 hombres ingresara, seleccionara sus víctimas, les disparara y se retirara, sin ser vistos, más aun si se tiene en cuenta que los militares, apenas se escucharon los disparos, recibieron la orden de bloquear las posibles vías de escape de los atacantes, unos por la parte alta y otros por la carretera.

Más aún llama la atención lo dicho, por cuanto uno de los testigos narró que, cuando los delincuentes abandonaron la localidad, “pasaron haciendo disparon (sic) por el camino que sube a San José para arriba como para los montes para el lado que lo llaman la antena”(76) y que uno de los militares aseguró que, luego del ataque, reaccionaron “hacia la parte alta de la Balza al lado de la antena ahi (sic) nos ubicamos en caso de que pasaran los bandidos por ahí cerrando vía de acceso o caminos ... nos mantuvimos ahí”(77), lo que quiere decir que otro grupo de militares se detuvo en ese punto a esperar que los rebeldes pasaran por ahí de huída del lugar de la masacre, de tal suerte que ambos grupos (militares y agresores) se dirigieron hacia el mismo punto (“la antena”) y ni siquiera así los últimos fueron vistos por autoridad alguna.

Volviendo al punto que interesa, para la Sala no existe duda alguna de que la masacre en la que perdieron la vida Ovaldo de Jesús Quintero Gómez, Luis Eduardo Ciro Aristizábal y Alonso de Jesús Jiménez Gómez y resultó lesionado Rigoberto Quintero Gómez, entre otros, pudo evitarse, puesto que el riesgo de su ocurrencia era latente, tal como lo indicó la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz en el escrito sin fecha que dirigió al Presidente de la República, a varios Ministros y otras autoridades del orden nacional, refiriéndose a los mismos hechos, asegurando que “Lo que era posible de prevenir no se previno(78).

Para la Sala es claro que la Policía y el Ejército debieron tomar las respectivas medidas de vigilancia y control, pues, como se vio, no bastó con hacer presencia en los alrededores, puesto que, muy a pesar de ello, inexplicablemente no se percataron del ingreso del grupo armado de las autodefensas a la localidad, ni del lugar por donde escaparon, lo cual les facilitó el ataque y el asesinato de 5 personas y las lesiones a 2 más. Tanto así que el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del acuerdo establecido entre el Gobierno Nacional y la Organización de Naciones Unidas, a escasas 3 semanas de ocurrida la masacre, mediante el oficio INT232.00 del 13 de marzo de 2000, se dirigió con preocupación al Ministro de Relaciones Exteriores, poniendo en evidencia la “insuficiencia e ineficacia” de las medidas de protección ofrecidas a la comunidad de paz de San José de Apartadó que, por cierto, habían sido solicitadas con anterioridad por esa misma oficina, en los siguientes términos:

“Desde el año 1997, la Oficina ha venido siguiendo de cerca los procesos de las ‘Comunidades de Paz’ en Antioquia y Chocó y durante sus visitas a estas comunidades, la Oficina ha constatado la voluntad de estas iniciativas ciudadanas autónomas de permanecer al margen del conflicto armado.

“El hecho que ahora condena la Oficina se suma a una lamentable serie de agresiones, amenazas, masacres y muertes violentas ocurridas en las ‘Comunidades de Paz’. Estas preocupaciones han sido transmitidas a las autoridades, a nivel nacional, y local en aras de que el Estado tomara una acción eficaz para proteger a estos ciudadanos y prevenir nuevos actos de agresión por parte de los actores armados. A pesar de las respuestas comunicadas por el gobierno a esta oficina, en noviembre y diciembre del año pasado, señalando haber incrementado las medidas de seguridad en las comunidades de paz, esta nueva masacre es muestra de la insuficiencia e ineficacia de las medidas adoptadas para proteger la vida e integridad de los habitantes de estas comunidades.

“(...)

“De manera particular, la Oficina hace un llamando a los actores armados a respetar a estas comunidades como población civil. Así mismo, recuerda al Estado colombiano sus obligaciones relativas al deber de investigar exhaustivamente estos graves hechos, incluyendo las eventuales acciones como también las omisiones de sus funcionarios públicos y proceder a la aplicación de sanciones penales y disciplinarias. La Oficina insta una vez más a las autoridades a adoptar las medidas adecuadas, de conformidad con las normas internacionales y nacionales, para asegurar la protección eficaz del (sic) derecho (sic) a la vida e integridad de las personas de dichas comunidades y prevenir posibles actos de violencia en contra de ellas”(79).

Así las cosas, queda en evidencia que esa “insuficiencia e ineficacia” de las medidas de protección ofrecidas a la comunidad de paz de San José de Apartadó constituyeron una clara falla del servicio imputable al Ejército Nacional y a la Policía Nacional.

Como si ello fuera poco, en este punto resulta imperioso hacer referencia a la posición de garante que, como en este caso, ejercen las fuerzas armadas sobre la población civil; al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-327/04 (Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra), al decidir una acción de tutela interpuesta por varios integrantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó, con el fin de que se hicieran efectivas las medidas cautelares decretadas a su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo el siguiente pronunciamiento:

“Sobre el contenido constitucional que implica la posición de garante, en el sentido de que los miembros de las Fuerzas Militares pueden llegar a ocupar una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos, resulta pertinente transcribir el análisis que hizo la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1184 de 2001, contenido que ahora se reitera y debe tenerse en cuanta en la acción de tutela bajo estudio. Dijo la Corte en esa oportunidad lo siguiente:

‘Posición de garante y fuerza pública.

‘17. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal.

‘(...)

‘b) El Estado puede ser garante (competencia institucional) cuando se trata de ciertos deberes irrenunciables en un Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, es irrenunciable la protección de la vida e integridad de todos los habitantes del territorio y la defensa de la seguridad interior y exterior de la nación. Como el estado no puede responder directamente en el campo penal, el juicio recae en el titular de la función correspondiente(80). Por ende, para que el miembro de la fuerza pública sea garante, se requiere que en concreto recaiga dentro de su ámbito de competencia (material, funcional y territorial) el deber específico de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos de la República. En consecuencia, si un miembro de la fuerza pública que tiene dentro de su ámbito de responsabilidad el deber de resguardar un sector de la población amenazada por grupos al margen de la ley, no inicia la acción de salvación cuando ostenta los medios materiales para hacerlo, se le imputan los resultados lesivos (las graves violaciones a los derechos humanos) que estos cometan en contra de los habitantes.

‘c) La Constitución le ha asignado, tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional, una posición de garante. El artículo 217 de la Carta, dispone que

‘Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”

‘De ello se desprende que tienen el deber constitucional de garantizar que la soberanía y el orden constitucional no se vean alterados o menoscabados. Elementos centrales del orden constitucional lo constituye el cumplimiento pleno “...de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...” (art. 2º de la Carta) y la preservación del monopolio del uso de la fuerza y las armas en manos del Estado. En relación con los fines previstos en el artículo 2, la función de garante de las fuerzas militares no se equipara a las funciones asignadas en el artículo 218 de la Carta a la Policía Nacional. Sin embargo, de ello no se desprende que no tengan por función básica garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades por parte de los asociados. Antes bien, supone garantizar condiciones de seguridad colectivos y de carácter estructural —definidos en los conceptos de soberanía, independencia, integridad territorial e integridad del orden constitucional— que permitan una convivencia armónica. Las condiciones de seguridad dentro de dicho marco de seguridad estructural son responsabilidad de las fuerzas armadas.

‘Podría objetarse que esta interpretación desconoce el tenor literal del artículo 218 de la Carta, pues en dicha disposición se establece de manera diáfana que es fin primordial de la Policía Nacional “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Empero, esta objeción llevaría al absurdo —lo que resulta abiertamente inconstitucional— de que las fuerzas militares estarían eximidos de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades y de lograr la paz. El artículo 217 se limita a precisar los ámbitos (lo que se ha llamado condiciones estructurales de seguridad) dentro de los cuales las fuerzas militares tienen el deber de cumplir con el mandato del artículo 2º de la Constitución. El respeto de los derechos constitucionales de los asociados es un asunto que le concierne a todo el Estado. Las condiciones estructurales de seguridad, tarea que le concierne a las Fuerzas Militares, constituyen un correlato del deber estatal de prevenir la guerra(81). Cuando la guerra es inevitable, el Estado tiene el deber de morigerar sus efectos(82). Frente a los asociados, tiene el deber de evitar, en lo posible, que sean víctimas del conflicto(83), a efectos de que puedan disfrutar de sus derechos.

‘En este orden de ideas, las fuerzas militares, así como la Policía Nacional, tienen una posición de garante derivada de su obligación de cumplir deberes irrenunciables en un Estado social de derecho. El artículo 217 de la Constitución dispone que es función de las fuerzas militares garantizar el orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y eficazmente (C.P., art. 209) en la defensa de los derechos constitucionales de los asociados. Tales derechos constituyen los bienes respecto de los cuales el Estado tiene el deber —irrenunciable— de proteger.

‘Respecto de dicho deber, las fuerzas armadas ocupan un lugar primordial. En efecto, parte esencial del respeto por los derechos constitucionales se edifica sobre la obligación del Estado en proteger a los titulares de tales derechos contra las violaciones a los mismos por los particulares. La defensa de los derechos no se limita a la abstención estatal en violarlos. Comporta, como se ha indicado, enfrentar a los agresores de tales derechos. La existencia de fuerzas armadas se justifica por la necesidad de asegurar, más allá del mandato normativo, la eficacia de los derechos. El uso de la fuerza es obligatoria —claro está, conforme al ordenamiento jurídico y, especialmente, utilizándose de manera proporcional y en cuanto sea necesario (prohibición del exceso)— frente a quienes no tienen intención de respetar los derechos de las personas y no están dispuestas a cumplir el mandato normativo. Dicho uso de la fuerza únicamente está legitimado para las fuerzas armadas del Estado, pues la estructura social deposita en ellas el monopolio del uso de las armas y, por lo mismo, la tarea de defender, mediante su utilización, los derechos.

‘Así las cosas, frente a las agrupaciones armadas —guerrilla o paramilitares—, las Fuerzas Militares tienen una función de garante del orden constitucional, el cual se ve desdibujado —de manera abstracta— por el mero hecho de que tales personas se arroguen la potestad de utilizar la fuerza y las armas, en claro detrimento del principio básico del ordenamiento conforme al cual el Estado ejerce monopolio en el uso de la fuerza y las armas(84).

‘De igual manera, en sentido abstracto, las fuerzas militares tienen la obligación —en tanto que garantes— de enfrentar las agresiones individuales o colectivas contra los derechos constitucionales de las personas, así como, de manera general, contra los derechos humanos. De ahí que no puedan abstenerse de iniciar acciones de salvamento, excepto que medie imposibilidad jurídica o fáctica, frente a la ocurrencia de hechos graves de violación de tales derechos, en particular conductas calificables de lesa humanidad, como i) las violaciones a las prohibiciones fijadas en el protocolo II a los acuerdos de Ginebra —y en general al derecho internacional humanitario— o a los tratados sobre restricciones al uso de armas en la guerra (o en conflictos armados internos), ii) las acciones contra bienes culturales durante la guerra y los conflictos armados internos, iii) o los actos de barbarie durante la guerra y los conflictos armados internos —tales como la mutilación, tortura, asesinatos, violaciones, prostitución y desaparición forzada y otros tratos crueles e inhumanos, incompatibles con el sentimiento de humanidad—, pues las fuerzas armadas tienen la obligación de evitar que tales hechos se produzcan.

‘Sobre este punto no puede quedar duda alguna. Las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados (C.P., art. 93). Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio.

‘En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las Fuerzas Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos(85).

‘18. La existencia de esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance la consumación del hecho.

‘En efecto: i) el autor y el participe intervienen en un hecho único, porque el destinatario de la imputación es el colectivo que lo realiza; el cómplice y el determinador no realizan un injusto autónomo, porque el delito efectuado les pertenece a todos en conjunto. La diferencia entre autoria y participación es cuantitativa y no cualitativa(86); ii) en la tentativa por omisión —el garante retarda dolosamente la acción de salvamento o ésta no hubiera evitado la producción del resultado— el injusto del hecho sólo se diferencia de la consumación cuantitativamente —por el grado de desarrollo de la infracción de la norma— porque también exige los elementos de la imputación del delito consumado: la creación del riesgo jurídicamente desaprobado y la realización del riesgo(87) y, iii) el conocimiento del riesgo (que sirve para deslindar el dolo de la imprudencia) no modifica la naturaleza de la conducta realizada (la grave violación a los derechos humanos). Es decir, en todos los casos mencionados hay unidad del título de imputación.

“Lo anterior no implica desde luego que verificada la posición de garante se estructure inmediatamente la responsabilidad, porque ésta presupone la reunión de todos los elementos del delito, a saber: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Bien puede acontecer que el garante (a quien se le imputa un delito de lesa humanidad) no sea responsable penalmente por ausencia de dolo (no conocía el riesgo concreto para los bienes jurídicos) o imprudencia (el riesgo para los derechos fundamentales no le era cognoscible), o que exista un estado de necesidad justificante por colisión de deberes (frente a dos agresiones simultaneas a sectores de la población, sólo podía proteger una sola), etc.” (sentencia SU-1184 de 2001, MP, doctor Eduardo Montealegre Lynett)”.

Conforme a lo anterior, así no hayan sido los miembros de la Policía Nacional ni del Ejército Nacional quienes asesinaron y lesionaron a los familiares de los acá demandantes, por cuanto dicho acto atroz fue cometido por terceros al margen de la ley (autodefensas campesinas)(88), tal hecho no los exime de responsabilidad, pues lo cierto es que dichas instituciones omitieron los deberes de vigilancia, control y protección de la vida y bienes de los habitantes del corregimiento de San José de Apartadó, respecto de quienes ostentaban una clara posición de garante, por tener conocimiento del riesgo latente en el que se encontraban de ser blanco de un ataque, como consecuencia de lo cual encuentran comprometida su responsabilidad, a título falla del servicio por omisión y tendrán que resarcir los perjuicios con ella causados.

Ahora bien, resulta relevante para la Sala precisar el caso puntual de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó constituida, como se indicó desde el inicio, el 23 de marzo de 1997, por la grave situación de orden público que atravesaba esa localidad y la existencia de grupos armados que atacaban la población de manera indiscriminada y en forma recurrente, respecto de lo cual la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Acción Social de la Presidencia de la República, en oficio 587 del 16 de julio de 2004, respondió un cuestionario formulado por el apoderado de los actores, así (se transcribe tal como obra):

“q.1. ¿Qué propósitos y fines busca una población que se declara como COMUNIDAD DE PAZ?

“Las poblaciones que se declaran como comunidades de paz, lo hacen como resultado de procesos sociales, por lo tanto son iniciativas propias de la población civil, con el fin de conseguir la paz en un territorio.

q.2. ¿Qué compromisos asume el Gobierno Nacional directamente o a través de alguna dependencia para con poblaciones que se declaran COMUNIDADES DE PAZ?

“... el Estado colombiano está en la obligación de proteger a todos los habitantes del territorio nacional y evitar que particulares arrollen la posibilidad efectiva del disfrute de sus derechos.

“En este orden de ideas, existe una institucionalidad democrática que de acuerdo con el Estado de Derecho que rige en Colombia y en el marco de las obligaciones constitucionales e internacionales de cada entidad gubernamental y estatal, en el ámbito de sus competencias, atenderán las necesidades de todos los habitantes del territorio nacional, independientemente, de las iniciativas ciudadanas que surjan de los procesos sociales.

“q.3. ¿Qué compromisos asumió el Gobierno Nacional para con la COMUNIDAD DE PAZ de San José de Apartadó (Ant.)?

“(...)

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2002 decretó las Medidas Provisionales a favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

“En el marco de las medidas provisionales, el Gobierno Nacional, habilitó un escenario de interlocución y concertación entre los peticionarios, la comunidad y agencias gubernamentales y estatales competentes. Como resultado de la concertación y en el desarrollo de las medidas provisionales el Gobierno Nacional, adquirió los siguientes compromisos:

“a. Hacer una visita cada dos meses a la comunidad.

“b. Realizar cada mes una reunión en Bogotá, con la participación de entidades de Gobierno y Estado competentes en el tema.

“c. Presencia de la Defensoría del Pueblo.

“d. Medidas de Investigación.

“Estos compromisos se han venido cumpliendo por las entidades responsables dentro del marco de sus competencias, y dicho cumplimiento se ha ido acreditando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este punto pueden hacerse los siguientes comentarios:

“(...)

“Con relación a las medidas de seguridad que el Ejército Nacional adopta en la zona, nos han informado que vienen desarrollando órdenes operacionales tendientes a neutralizar acciones terroristas de las organizaciones al margen de la ley, garantizando la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Así mismo, se viene adelantando operaciones militares de registro y control del área, con el fin de neutralizar cualquier acción delictiva de grupos armados al margen de la ley, siempre bajo la observancia del respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

“(...)

“Las comunidades de paz para su conformación requieren de la voluntad de la propia comunidad, por lo tanto estas son autónomas, adoptan sus propias decisiones y, el Gobierno realiza el acompañamiento de estas comunidades.

q.6. ¿Que obligaciones o compromisos, por mandato constitucional y desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, a que este obligado el Gobierno Nacional, debe asumir el Estado Colombiano con las poblaciones que se declaran COMUNIDAD DE PAZ?

“(...)

“... el Estado colombiano está obligado a proteger a todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional incluyendo a aquellas poblaciones que por iniciativa propia se declaran ‘Comunidades de Paz’, así como permitir el pleno ejercicios de sus derechos.

“(...)

“En este orden de ideas, las obligaciones o compromisos internacionales del Estado colombiano son frente a todos los habitantes del territorio nacional, independientemente de las iniciativas ciudadanas que se enmarquen dentro de la Constitución y la ley”(89) (negrillas del texto original).

De modo que, aunque las comunidades de manera autónoma materialicen su voluntad de constituir una comunidad de paz con el fin de conseguir la paz en un territorio, el Estado colombiano está obligado a proteger tanto a este último como al resto del territorio nacional y a cada uno de sus habitantes, lo que se traduce en que no por haber sido declarado comunidad de paz el corregimiento de San José de Apartadó debía ser protegido de manera preferente, sino que gozaba de ese derecho por el solo hecho de encontrarse en el territorio nacional.

Debe precisarse que, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó unas medidas provisionales a favor de esa Comunidad de Paz a partir del 24 de noviembre de 2002, ello ocurrió, como resulta evidente, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos que aquí se debaten, por lo que no resulta relevante realizar análisis alguno al respecto.

Ahora bien, sobre el compromiso del Estado Colombiano con la comunidad internacional de velar por la protección y garantía de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia del 8 de marzo de 2007 (Exp. 15.739), dejó claro que:

“... estos derechos no solo se reconocen como inviolables en el ordenamiento jurídico interno, sino también en instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos que, al ser aprobados por el Congreso colombiano, de conformidad con el artículo 93 C.P., prevalecen en el orden interno. (sic) Por lo tanto, si son quebrantados por el Estado a través de sus diferentes órganos, por acción o por omisión, las conductas infractoras constituyen per se un incumplimiento de las obligaciones que el Estado colombiano asumió frente a la comunidad internacional y (sic) por tanto, pueden llegar a comprometer su responsabilidad, no solo en el ámbito interno, sino también a nivel internacional.

“(...)

“Se debe poner de presente que estos derechos están protegidos también por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado Parte y que consagra la obligación de los estados (sic) miembros de respetar el derecho a la vida —art. 4º, CADH—, el derecho a la integridad personal —art. 5 ibídem— (...)”.

En un Estado social de derecho como el colombiano no son admisibles, bajo ningún punto de vista, las muertes selectivas, extrajudiciales o arbitrarias, pues la vida es un derecho fundamental de primer orden y, por tanto, nadie puede ser privado de ella, salvo que ocurra bajo causales de justificación, como en casos de legítima defensa o estado de necesidad, pues la Constitución Política asigna a las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, sin distinciones de ninguna clase.

Así las cosas, advierte la Sala que, aunque las demandadas tenían conocimiento de la presencia de grupos armados al margen de la ley que operaban en la zona de San José de Apartadó y de que las autodefensas pretendían incursionar en esa localidad para atacarla, no tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitar que ello ocurriera.

Es más, se mantuvieron al margen de las manifestaciones de preocupación por la seguridad de esa comunidad de paz, por parte de la población civil, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el Procurador General de la Nación, el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Secretario de Gobierno del municipio de Apartadó, entre otros, lo cual facilitó que el grupo armando lograra su objetivo, poniendo en evidencia la “insuficiencia e ineficacia” de las medidas de protección ofrecidas a la comunidad de paz de San José de Apartadó.

Así, pues, la trasgresión de esas obligaciones de seguridad y protección de la población civil a cargo del Ejército Nacional y de la Policía Nacional constituye una falla del servicio que les resulta imputable, como consecuencia de lo cual tienen la obligación de indemnizar los perjuicios con ella ocasionados.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 19 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto a la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional y de la Policía Nacional por los hechos acá debatidos y se modificará en cuanto al reconocimiento y tasación de los perjuicios, conforme pasa a explicarse.

VI. LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS

1. Perjuicios morales.

La parte demandante solicitó aumentar dichos perjuicios, puesto que, dada la gravedad de los hechos, la indemnización debía superar los topes que ha establecido la jurisprudencia.

Sobre el particular se indica que si bien la Sala, en sentencia de unificación jurisprudencial(90), dispuso de manera excepcional el reconocimiento de perjuicios morales en caso de muerte de hasta 300 salarios mínimos legales vigentes, lo cierto es que ello procede únicamente cuando existan las circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral; pues bien, como en el presente caso no obra prueba que justifique el incremento solicitado por la parte actora en el recurso de apelación, se mantendrá la indemnización que, por este concepto, reconoció el tribunal, la cual fue tasada conforme a los parámetros dispuestos, por regla general, por la jurisprudencia de esta corporación(91).

A continuación pasa a analizarse el reconocimiento de perjuicios morales para cada grupo familiar de los demandantes.

1.1. Grupo familiar de Ovaldo de Jesús Quintero Gómez y Rigoberto Quintero Gómez.

Por la muerte de Ovaldo de Jesús Quintero Gómez y las lesiones de Rigoberto Quintero Gómez, la sentencia de primera instancia reconoció, por perjuicios morales: i) para María Ruby García Jiménez y Yorfany Quintero García (esposa e hija de Ovaldo de Jesús, respectivamente), José Sigifredo Quintero López y María Amparo Gómez Martínez (padres de Ovaldo de Jesús y Rigoberto) y Rigoberto Quintero Gómez (lesionado y hermano de Ovaldo de Jesús) 150 smlmv para cada uno y 2) para Mauro, Disnore, Freimar Eliécer, Nelson Alirio, Edilson, Irian, Albeiro de Jesús Quintero Gómez (hermanos de Ovaldo de Jesús y Rigoberto), 75 smlmv.

Como tales parentescos de los demandantes con las víctimas quedaron acreditados(92), se impone confirmar dicha condena.

1.2. Grupo familiar de Alonso de Jesús Jiménez Gómez.

Por perjuicios morales por la muerte de Alonso de Jesús Jiménez Gómez, la sentencia de primera instancia reconoció: 1) para Marta Luz Muñoz Correa (compañera permanente) e Ilder Norvey, Yeison Alonso y Yeidi Paola Jiménez Muñoz (hijos), 100 smlmv para cada uno, 2) para Libardo Enrique, Ligia Nora y María Delfa Jiménez Gómez (hermanos), 50 smlmv para cada uno y 3) para Fabio Enrique Jiménez Daza, Ana Delia Gómez Martínez, Marta Lucía, Gladys, María Cecilia y Robelio Jiménez Gómez, en calidad de damnificados, 30 smlmv para cada uno.

Los negó respecto de los sobrinos, Rodulfo Antonio, Santiago, Gustavo, Diana y Luis Alberto Ciro Jiménez, por no haberse acreditado tal parentesco, ni que fueran terceros damnificados.

Verificado el expediente, se encuentra acreditada la calidad en la que demandaron los hijos(93) y la compañera permanente(94) de Alonso de Jesús Jiménez Gómez, razón por la cual se impone confirmar la condena respecto de ellos.

De otro lado, tal como lo indicó el Tribunal, la copia de la tarjeta alfabética de Alonso de Jesús Jiménez Gómez(95), suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, no es el documento idóneo para acreditar que Fabio Enrique Jiménez y Ana Delia Gómez son los padres de aquél, de modo que, no estando acreditado quiénes son los padres de la víctima (ante la ausencia de su registro civil de nacimiento), no entiende la Sala cómo pudo el Tribunal concluir que Libardo Enrique, Ligia Nora y María Delfa Jiménez Gómez eran hermanos de Alonso de Jesús Jiménez Gómez, de modo que se revocará la sentencia recurrida en este punto, como quiera que no se acreditó el grado de consanguinidad de los últimos 3 señores mencionados con la víctima.

No obstante lo anterior y conforme lo dispuso el Tribunal, pueden tenerse como terceros damnificados a Fabio Enrique Jiménez y a Ana Delia Gómez (quienes demandaron en calidad de padres), así como a quienes demandaron en calidad de hermanos, esto es, a Libardo Enrique Jiménez Gómez, a Ligia Nora Jiménez Gómez, a María Delfa Jiménez Gómez, a Marta Lucía Jiménez Gómez, a Gladys Jiménez Gómez, a María Cecilia Jiménez Gómez, de conformidad con los testimonios de los señores Fabio Manco Vera y Arnulfo Giraldo Jiménez(96), quienes dan cuenta de esa afectación.

Conforme a lo dicho en párrafo que antecede, la Sala encuentra necesario disminuir el monto reconocido por la sentencia de primera instancia a las personas acabadas de mencionar, toda vez que los montos allí fijados fueron superiores a los dispuestos por la jurisprudencia de esta corporación para los terceros damnificados en caso de muerte, por lo que habrá lugar a reconocer 15 smlmv para cada uno de ellos(97).

Respecto de la negativa al reconocimiento de estos perjuicios a favor de Rodulfo Antonio, Santiago, Gustavo, Diana y Luis Alberto Ciro Jiménez (quienes demandaron en calidad de sobrinos, por ser hijos de María Delfa Jiménez Gómez), se impone mantener tal decisión, pues no acreditaron dicha calidad, por lo mismo que, como viene de indicarse, su madre no demostró ser hermana de la víctima y ellos tampoco demostraron ser terceros damnificados.

Ahora bien, advierte la Sala que el señor Robelio Jiménez Gómez no demostró estar legitimado para demandar, puesto que no acreditó la calidad con que compareció al proceso, esto es, de hermano de la víctima, a lo cual se suma que tampoco demostró ser tercero damnificado.

A pesar de que la competencia del superior se circunscribe únicamente a los puntos apelados, dicha regla general admite excepciones, como ocurre, por ejemplo, en aspectos tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, al encontrarse acreditados en el plenario, deben ser declarados de oficio por el juez, sin importar que ello no haya sido objeto del recurso de apelación, ya que tales aspectos son presupuestos para dictar sentencia de mérito. Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación ha sostenido (se transcribe textualmente):

“En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su jurisprudencia— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que ‘las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: tantum devolutum quantum appellatum’.

Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa por activa o por pasiva e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluído, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo(98) (se subraya).

Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que condenó al Ejército Nacional y a la Policía Nacional a pagar perjuicios morales al señor Robelio Jiménez Gómez como tercero damnificado, conforme viene de exponerse.

1.3. Grupo familiar de Luis Eduardo Ciro Aristizábal.

Por la muerte de Luis Eduardo Ciro Aristizábal la sentencia de primera instancia reconoció, por perjuicios morales, 100 smlmv para cada uno de los demandantes María Delfa Jiménez Gómez (esposa) y Santiago, Gustavo, Diana y Luis Alberto Ciro Jiménez (hijos).

Como dichas calidades se acreditaron suficientemente con los registros civiles obrantes del folio 8 al 13 del cuaderno 29, se impone confirmar dicha condena.

La parte demandante evidenció la falta de pronunciamiento respecto de Rodulfo Antonio Ciro Jiménez, quien es hijo de la víctima, como consecuencia de lo cual solicitó el reconocimiento de perjuicios a su favor. Sobre el particular, advierte la Sala que, mediante auto del 19 de junio de 2003(99), el tribunal declaró terminado el proceso respecto de aquél y ordenó continuar el trámite del proceso respecto de los demás demandantes, razón por la cual se mantendrá incólume dicha exclusión.

2. PERJUICIOS MATERIALES

2.1. Lucro cesante.

Sobre el lucro cesante consolidado, el recurrente solicitó adicionar al ingreso base de liquidación el 30% por concepto de prestaciones sociales y, sobre el futuro, solicitó el acrecimiento para la esposa de los valores que dejan de pagarse a la hija al cumplir los 25 años.

Sobre el primer punto, la Sala negará el reconocimiento de las prestaciones sociales, como quiera que no se acreditó la vinculación laboral de ninguna de las víctimas al momento de la ocurrencia de los hechos, condición necesaria para acceder a dicha solicitud. Sobre el segundo punto, esto es, la solicitud de acrecimiento, la Sala también la negará porque es un aspecto que no fue solicitado en ninguna de las demandas y proceder en forma contraria vulneraría el principio de congruencia y el derecho de defensa del demandado; al respecto, recuérdese que no es posible dictar sentencia por fuera de los supuestos de hecho y de las pretensiones de la demanda, pues, como lo ha sostenido esta corporación:

“... la sentencia que ponga fin al proceso deberá estar acorde con los hechos y las pretensiones de la demanda, toda vez que (sic) en relación con ellos, el demandado ejerció su derecho (sic) de defensa y contradicción (...) pues son las partes quienes determinan de manera expresa los límites dentro de los cuales los jueces pueden actuar en forma congruente, puesto que si hacen extensivo su poder jurisdiccional transitorio a temas exógenos a los queridos por las partes o no atienden, ni resuelven todo lo que se les ha pedido, violan este principio”(100).

2.1.1. Grupo familiar de Ovaldo de Jesús Quintero Gómez y Rigoberto Quintero Gómez.

Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante para la esposa y la hija de Ovaldo de Jesús Quintero Gómez, la sentencia de primera instancia calculó el consolidado desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de esa sentencia, teniendo en cuenta el salario mínimo, dividido en partes iguales, por lo que les reconoció a cada una de ellas la suma de $ 47’669.081. El futuro para la esposa lo calculó desde la fecha de esa sentencia hasta la vida probable de la víctima (la menor de ambos), lo que arrojó un resultado de $ 39’313.488,89 y para la hija, desde la fecha de esa sentencia hasta que aquélla cumpliera los 25 años, para un total de $ 23’190.897,17.

Pues bien, como no se demostró el valor de los ingresos del señor Ovaldo de Jesús Quintero Gómez y en consideración a que, para el momento de su muerte, aquél era una persona en edad productiva (25 años) y, por lo mismo, con capacidad de ejercer una actividad laboral que le permitiera recibir por lo menos un salario mínimo, la Sala liquidará el perjuicio material teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la época de su muerte (2000), es decir, la suma de $ 260.100, valor que se actualizará a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh Índice final

Índice inicial

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($ 260.100).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de agosto de 2017).

Índice inicial: índice de precios al consumidor, a la fecha de la muerte, esto es, febrero de 2000.

Aplicando la fórmula:

Vp = $ 260.100 137,99

59,06

Vp = $ 607.707,39

Como quiera que la actualización arroja un valor inferior al salario mínimo vigente al momento de esta sentencia, esto es, al de 2017, se tendrá este último ($ 737.717), menos el 25% que se supone que la víctima destinaba a su propia subsistencia ($ 184.429,25), esto es, $ 553.287,75 como ingreso base de liquidación, el cual se dividirá entre la esposa y la hija, 50% para cada una, así: $ 276.643,87.

A. Para la señora María Ruby García Jiménez (esposa): 

El lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Ovaldo de Jesús Quintero Gómez (febrero de 2000), hasta el mes anterior al de esta sentencia (julio de 2017), esto es, 209 meses.

La liquidación de este lucro cesante para la señora María Ruby García Jiménez (esposa) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (209).

Aplicando la fórmula:

S = $ 276.643,87 (1+ 0.004867)209 - 1

0.004867

S = $ 99’962.055,23

El lucro cesante futuro se calcula desde la fecha de esta sentencia (septiembre de 2017) hasta lo que restaba de la vida probable más corta entre la de la víctima y la de su esposa, para lo cual se tiene en cuenta la de la víctima, quien tenía 25 años al momento de su muerte, esto es, 51,04 años (612,48 meses), menos el lucro cesante consolidado (209 meses), para un total de 403,48 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para el efecto, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, equivalente a 403,48 meses:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 276.643,87 (1+ 0.004867)403,48 - 1

0.004867 (1+ 0.004867) 403,48

S = $ 48’827.410,62

Para un total de $ 148’789.465,90 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) a favor de la señora María Ruby García Jiménez

B. Para la joven Yorfany Quintero García (hija): 

Como se dijo, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Ovaldo de Jesús Quintero Gómez (febrero de 2000), hasta el mes anterior al de esta sentencia (agosto de 2017), esto es, 209 meses.

La liquidación del lucro cesante para la joven Yorfany Quintero García (hija) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (209).

Aplicando la fórmula:

S = $ 276.643,87 (1+ 0.004867)209 - 1

0.004867

S = $ 99’962.055,23

El lucro cesante futuro se calcula desde la fecha de esta sentencia (septiembre de 2017) hasta lo que resta a Yorfany Quintero García para cumplir 25 años.

Entonces, el lucro cesante futuro para ella se calcula desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2025(101). La liquidación se hará con base en la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para el efecto, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, equivalente a 96 meses:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 276.643,87 (1+ 0.004867)96 - 1

0.004867 (1+ 0.004867) 96

S = $ 21’178.593,45

Para un total de $ 121’140.648,7 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) a favor de Yorfany Quintero García

C. Para el señor Rigoberto Quintero Gómez (lesionado): 

La sentencia de primera instancia negó el reconocimiento del lucro cesante a su favor, por cuanto no se probó la pérdida de la capacidad laboral alegada.

Al respecto, advierte la Sala que, aun cuando se acreditó que aquel señor resultó lesionado con arma de fuego en su brazo derecho (fractura del húmero) durante la masacre ocurrida el 19 de febrero de 2000, en el corregimiento de San José de Apartadó y que, como consecuencia de ello, le realizaron una intervención quirúrgica de reducción de la misma, no se aprecia una gravedad mayor de su lesión, pues no se acreditó alguna pérdida de la capacidad laboral, ni secuelas, es más, ni siquiera hay prueba de la incapacidad que ello le generó, circunstancia que impide acreditar que la víctima no puede desarrollar una actividad productiva o que quedó limitado para ello. En esa medida, es dable confirmar la negativa del lucro cesante solicitado por este demandante.

2.1.2. Grupo familiar de Alonso De Jesús Jiménez Gómez.

Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante para la esposa e hijos, la sentencia de primera instancia calculó el consolidado desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de esa sentencia, teniendo en cuenta el salario mínimo, dividido entre la esposa y los hijos, en partes iguales, esto es, $ 23’834.541 para cada uno. El lucro futuro lo calculó, para la esposa, desde la fecha de esa sentencia hasta la vida probable de la víctima (la menor de ambos), para un total de $ 18’103.313,48 y, para los hijos, hasta que cada uno cumpliera los 25 años, así: para Ilder Norvey Jiménez Muñoz $ 6’290.549,61, para Yeison Alonso Jiménez Muñoz $ 9’040.678,16 y para Yeidi Paola Jiménez Muñoz $ 11’044.411,83.

Conforme se indicó en el anterior grupo familiar, la Sala modificará la sentencia de primera instancia en cuanto a la distribución del mismo, por cuanto se liquidará teniendo en cuenta la mitad para la esposa y la otra mitad para los hijos.

Entonces, como no se demostró el valor de los ingresos del señor Alonso de Jesús Jiménez Gómez y en consideración a que, para el momento de su muerte, aquél era una persona en edad productiva (35 años) y, por lo mismo, con capacidad de ejercer una actividad laboral que le permitiera recibir por lo menos un salario mínimo, la Sala liquidará el perjuicio material teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la época de su muerte (2000), es decir, la suma de $ 260.100, valor que se actualizará a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh Índice final

Índice inicial

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($ 260.100).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de agosto de 2017).

Índice inicial: índice de precios al consumidor, a la fecha de la muerte, esto es, febrero de 2000.

Aplicando la fórmula:

Vp = $ 260.100 137,99

59,06

Vp = $ 607.707,39

Como quiera que la actualización arroja un valor inferior al salario mínimo vigente al momento de esta sentencia, esto es, al de 2017, se tendrá este último ($ 737.717), menos el 25% que se supone que la víctima destinaba a su propia subsistencia ($ 184.429,25), esto es, $ 553.287,75 como ingreso base de liquidación, el cual se dividirá así: 50% ($ 276.643,87) para la esposa y 50% para los 3 hijos, esto es, $ 92.214,62 para cada uno de ellos.

A. Para la señora Marta Luz Muñoz Correa (esposa): 

El lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Alonso de Jesús Jiménez Gómez (febrero de 2000), hasta el mes anterior al de esta sentencia (agosto de 2017), esto es, 209 meses.

La liquidación del lucro cesante para la señora Marta Luz Muñoz Correa (esposa) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (209).

Aplicando la fórmula:

S = $ 276.643,87 (1+ 0.004867)209- 1

0.004867

S = $ 99’962.055,23

El lucro cesante futuro se calcula desde la fecha de esta sentencia (septiembre de 2017) hasta lo que restaba de la vida probable más corta entre la de la víctima y la de su esposa, para lo cual se tiene en cuenta la de la víctima, quien tenía 35 años al momento de su muerte, esto es, 41,47años (497,64 meses), menos el lucro cesante consolidado (209 meses), para un total de 288,64 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para el efecto, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, equivalente a 288,64 meses:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 276.643,87 (1+ 0.004867)288,64 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)288,64

S = $ 42’844.442,51

Para un total de $ 142’806.497,70 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) a favor de Marta Luz Muñoz Correa.

B. Para el joven Ilder Norvey Jiménez Muñoz (hijo): 

Como se dijo, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Alonso de Jesús Jiménez Gómez (febrero de 2000), hasta el mes anterior al de esta sentencia (agosto de 2017), esto es, 209 meses.

La liquidación del lucro cesante para la joven Ilder Norvey Jiménez Muñoz (hijo) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (209).

Aplicando la fórmula:

S = $ 92.214,62 (1+ 0.004867)209 - 1

0.004867

S = $ 33’320.683,87

El lucro cesante futuro se calcula desde la fecha de esta sentencia (septiembre de 2017) hasta lo que resta a Ilder Norvey Jiménez Muñoz para cumplir 25 años.

Entonces, el lucro cesante futuro para él se calcula desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2018(102). La liquidación se hará con base en la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para el efecto, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, equivalente a 11 meses:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 92.214,62 (1+ 0.004867)11 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)11

S = $ 985.544,87

Para un total de $ 34’306.228,74 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) a favor de Ilder Norvey Jiménez Muñoz

C. Para el joven Yeison Alonso Jiménez Muñoz (hijo): 

Como se dijo, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Alonso de Jesús Jiménez Gómez (febrero de 2000), hasta el mes anterior al de esta sentencia (agosto de 2017), esto es, 209 meses.

La liquidación del lucro cesante para el joven Yeison Alonso Jiménez Muñoz (hijo) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (209).

Aplicando la fórmula:

S = $ 92.214,62 (1+ 0.004867)209 - 1

0.004867

S = $ 33’320.633,87

El lucro cesante futuro se calcula desde la fecha de esta sentencia (septiembre de 2017) hasta lo que resta a Yeison Alonso Jiménez Muñoz para cumplir 25 años.

Entonces, el lucro cesante futuro para él se calcula desde septiembre de 2017 hasta enero de 2022(103). La liquidación se hará con base en la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para el efecto, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, equivalente a 52 meses:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 92.214,62 (1+ 0.004867)52 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)52

S = $ 4’227.990,27

Para un total de $ 37’548.624,14 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) a favor de Yeison Alonso Jiménez Muñoz

D. Para la joven Yeidi Paola Jiménez Muñoz (hija): 

Como se dijo, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Alonso de Jesús Jiménez Gómez (febrero de 2000), hasta el mes anterior al de esta sentencia (agosto de 2017), esto es, 209 meses.

La liquidación del lucro cesante para la joven Yeidi Paola Jiménez Muñoz (hija) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (209).

Aplicando la fórmula:

S = $ 92.214,62 (1+ 0.004867)209 - 1

0.004867

S = $ 33’320.633,87

El lucro cesante futuro se calcula desde la fecha de esta sentencia (septiembre de 2017) hasta lo que resta a Yeidi Paola Jiménez Muñoz para cumplir 25 años.

Entonces, el lucro cesante futuro para ella se calcula desde septiembre de 2017 hasta abril de 2023(104). La liquidación se hará con base en la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para el efecto, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, equivalente a 67 meses:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 92.214,62 (1+ 0.004867)67 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)67

S = $ 5’261.392,87

Para un total de $ 38’582.026,74 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro) a favor de Yeidi Paola Jiménez Muñoz.

2.1.3. Grupo familiar de Luis Eduardo Ciro Aristizábal.

Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la sentencia de primera instancia para la esposa e hijos calculó el consolidado desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de esa sentencia, teniendo en cuenta el salario mínimo, dividido entre la esposa y los 4 hijos demandantes, en partes iguales, esto es, $ 19’067.633 para cada uno. El lucro cesante futuro lo calculó, para la esposa, desde la fecha de esa sentencia hasta la vida probable de la víctima (la menor de ambos), para un total de $ 13’623.952,84 y, para los hijos, hasta que cada uno cumpliera los 25 años y, como 3 de ellos ya tenían 25 años, el único que accedió a éste fue Luis Alberto Ciro Jiménez, a quien se le reconocieron $ 2’815.798,13 por ese concepto.

Conforme se indicó en precedencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia en cuanto a la distribución del mismo, por cuanto se liquidará teniendo en cuenta la mitad para la esposa y la otra mitad para los hijos.

Entonces, como no se demostró el valor de los ingresos del señor Luis Eduardo Ciro Aristizábal y en consideración a que, para el momento de su muerte, aquél era una persona en edad productiva (49 años) y, por lo mismo, con capacidad de ejercer una actividad laboral que le permitiera recibir por lo menos un salario mínimo, la Sala liquidará el perjuicio material teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la época de su muerte (2000), es decir, la suma de $ 260.100, valor que se actualizará a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh Índice final

Índice inicial

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($ 260.100).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de agosto de 2017).

Índice inicial: índice de precios al consumidor, a la fecha de la muerte, esto es, febrero de 2000.

Aplicando la fórmula:

Vp = $ 260.100 137,99

59,06

Vp = $ 607.707,39

Como quiera que la actualización arroja un valor inferior al salario mínimo vigente al momento de esta sentencia, esto es, al de 2017, se tendrá este último ($ 737.717), menos el 25% que se supone que la víctima destinaba a su propia subsistencia ($ 184.429,25), esto es, $ 553.287,75 como ingreso base de liquidación, el cual se dividirá así: 50% ($ 276.643,87) para la esposa y 50% para los 4 hijos, esto es, $ 69.160,96 para cada uno de ellos.

A. Para la señora María Delfa Jiménez Gómez (esposa): 

El lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Luis Eduardo Ciro Aristizábal (febrero de 2000), hasta el mes anterior al de esta sentencia (agosto de 2017), esto es, 209 meses.

La liquidación del lucro cesante para la señora María Delfa Jiménez Gómez (esposa) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (209).

Aplicando la fórmula:

S = $ 276.643,87 (1+ 0.004867)209 - 1

0.004867

S = $ 99’962.055,23

El lucro cesante futuro se calcula desde la fecha de esta sentencia (septiembre de 2017) hasta lo que restaba de la vida probable más corta entre la de la víctima y la de su esposa, para lo cual se tiene en cuenta la de la víctima, quien tenía 49 años al momento se su muerte, esto es, 28,58 años (342,96 meses), menos el lucro cesante consolidado (209 meses), para un total de 133,96 meses.

Para su liquidación, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para el efecto, la cual se expresa en los siguientes términos, donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al período mencionado, equivalente a 133,96 meses:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $ 276.643,87 (1+ 0.004867)133,96 - 1

0.004867 (1+ 0.004867) 133,96

S = $ 27’181.164,97

Para un total de $ 127’143.220,20 por concepto de lucro cesante consolidado y futuro a favor de María Delfa Jiménez Gómez.

B. Para el joven Santiago Ciro Jiménez (hijo): 

Como se dijo, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Luis Eduardo Ciro Aristizábal (febrero de 2000), hasta el mes en que Santiago Ciro Jiménez cumplió los 25 años (agosto de 2009(105)), esto es, 114 meses.

La liquidación del lucro cesante para la joven Santiago Ciro Jiménez (hijo) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (114).

Aplicando la fórmula:

S = $ 69.160,96 (1+ 0.004867)114 - 1

0.004867

S = $ 10’505.821,34

C. Para el joven Gustavo Ciro Jiménez (hijo): 

Como se dijo, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Luis Eduardo Ciro Aristizábal (febrero de 2000), hasta el mes en que Gustavo Ciro Jiménez cumplió los 25 años (agosto de 2011(106)), esto es, 138 meses.

La liquidación del lucro cesante para la joven Gustavo Ciro Jiménez (hijo) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (138).

Aplicando la fórmula:

S = $ 69.160,96 (1+ 0.004867)138 - 1

0.004867

S = $ 13’560.354,29

D. Para la joven Diana Ciro Jiménez (hija): 

Como se dijo, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Luis Eduardo Ciro Aristizábal (febrero de 2000), hasta el mes en que Diana Ciro Jiménez cumplió los 25 años (agosto de 2012(107)), esto es, 150 meses.

La liquidación del lucro cesante para la joven Diana Ciro Jiménez (hijo) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (150).

Aplicando la fórmula:

S = $ 69.160,96 (1+ 0.004867)150 - 1

0.004867

S = $ 15’226.392,98

E. Para el joven Luis Alberto Ciro Jiménez (hijo): 

Como se dijo, el lucro cesante consolidado se calcula desde el momento de la muerte de Luis Eduardo Ciro Aristizábal (febrero de 2000), hasta el mes en que Luis Alberto Ciro Jiménez cumplió los 25 años (noviembre de 2015(108)), esto es, 189 meses.

La liquidación del lucro cesante para la joven Luis Alberto Ciro Jiménez (hijo) se hará con base en la fórmula:

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses indicado anteriormente (189).

Aplicando la fórmula:

S = $ 69.160,96 (1+ 0.004867)189 - 1

0.004867

S = $ 21’362.946,54

3. Daño a la salud.

Por “daños fisiológicos y/o estéticos y/o en la vida de relación”, en la demanda solicitaron 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Rigoberto Quintero Gómez, por la lesión de su brazo derecho, pretensión despachada negativamente por la sentencia de primera instancia, al no encontrarse demostrados.

Inconforme con ello, la parte demandante en el recurso de apelación solicitó el reconocimiento de dichos perjuicios por valor de 400 smlmv, como quiera que su capacidad laboral se redujo luego de la masacre.

En este punto, resulta del caso precisar que, si bien hasta hace poco la Sala reconocía los perjuicios inmateriales, diferentes al perjuicio moral, bajo el concepto de daño a la vida de relación, en el asunto sub lite se reconocerá dicho perjuicio bajo la denominación de daño a la salud, pues, de conformidad con la jurisprudencia vigente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios cuando el daño provenga de una lesión corporal, toda vez que dicha denominación comprende toda la órbita psicofísica del sujeto y está encaminada a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de las personas(109).

En ese orden de ideas, si bien Rigoberto Quintero Gómez no acreditó que, como consecuencia de la lesión de su brazo derecho, sufrió alguna secuela o pérdida de la capacidad laboral, resulta procedente indemnizarle por la lesión en sí misma considerada, esto es, por la lesión a su integridad corporal —daño evento— (art. 49, C.P. derecho a la salud).

En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia para reconocerle a aquél, por concepto de daño a la salud y no por “daños fisiológicos y/o estéticos y/o en la vida de relación”, la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, la parte solicitó en el recurso de apelación el reconocimiento de “los daños a la vida de relación y a las condiciones de existencia” para la totalidad de los demandantes, solicitud que será negada por la Sala, por la simple razón de que fue un aspecto que no fue solicitado en ninguna de las demandas y proceder en forma contraria vulneraría el principio de congruencia y el derecho de defensa de los demandados; al respecto, recuérdese que no es posible dictar sentencia por fuera de los supuestos de hecho y de las pretensiones de la demanda, tal como se dijo en la página 78 de esta sentencia, en la que, además, se hizo una cita jurisprudencial al respecto.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el ordinal sexto de la sentencia del 19 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:

“SEXTO. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a pagar, solidariamente, esto es, en parte iguales, los valores por concepto de los perjuicios causados a los demandantes, discriminados de la siguiente manera:

“1. Grupo familiar de Ovaldo de Jesús Y Rigoberto Quintero Gómez

“— Por concepto de PERJUICIOS MORALES para:

MARÍA RUBY GARCÍA JIMÉNEZ (esposa de Ovaldo de Jesús) 150 smlmv
YORFANY QUINTERO GARCÍA (hija de Ovaldo de Jesús) 150 smlmv
JOSÉ SIGIFREDO QUINTERO LÓPEZ (padre) 150 smlmv
MARÍA AMPARO GÓMEZ MARTÍNEZ (madre) 150 smlmv
RIGOBERTO QUINTERO GÓMEZ (víctima y hermano) 150 smlmv
MAURO QUINTERO GÓMEZ (hermano) 75 smlmv
DISNORE QUINTERO GÓMEZ (hermano) 75 smlmv
FREIMAR ELIÉCER QUINTERO GÓMEZ 75 smlmv
NELSON ALIRIO QUINTERO GÓMEZ 75 smlmv
EDILSON QUINTERO GÓMEZ 75 smlmv
IRIAN QUINTERO GÓMEZ 75 smlmv
ALBEIRO DE JESÚS QUINTERO GÓMEZ 75 smlmv

“— Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES para:

A. MARÍA RUBY GARCÍA JIMÉNEZ, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), $ 148’789.465,90

B. YORFANY QUINTERO GARCÍA, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), $ 121’140.648,7

“— Por concepto de DAÑO A LA SALUD para:

RIGOBERTO QUINTERO GÓMEZ 10 smlmv

“2. GRUPO FAMILIAR DE ALONSO DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ

“— Por concepto de PERJUICIOS MORALES para:

MARTA LUZ MUÑOZ CORREA (compañera permanente)100 smlmv
ILDER NORVEY JIMÉNEZ MUÑOZ (hijo)100 smlmv
YEISON ALONSO JIMÉNEZ MUÑOZ (hijo)100 smlmv
YEIDY PAOLA JIMÉNEZ MUÑOZ, (hija)100 smlmv
FABIO ENRIQUE JIMÉNEZ DAZA (tercero daminificado)15 smlmv
ANA DELIA GÓMEZ MARTÍNEZ (tercera daminificada)15 smlmv
MARTA LUCÍA JIMÉNEZ GÓMEZ (tercera daminificada)15 smlmv
GLADYS JIMÉNEZ GÓMEZ (tercera daminificada)15 smlmv
MARÍA CECILIA JIMÉNEZ GÓMEZ (tercera daminificada)15 smlmv
LIBARDO ENRIQUE JIMÉNEZ GÓMEZ (tercero daminificado)15 smlmv
LIGIA NORA JIMÉNEZ GÓMEZ (tercera daminificada)15 smlmv
MARÍA DELFA JIMÉNEZ GÓMEZ(tercera daminificada)15 smlmv

“— Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES para:

A. MARTA LUZ MUÑOZ CORREA, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), $ 142’806.497,70

B. ILDER NORVEY JIMÉNEZ MUÑOZ, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), $ 34’306.228,74

C. YEISON ALONSO JIMÉNEZ MUÑOZ, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), $ 37’548.624,14

D. YEIDI PAOLA JIMÉNEZ MUÑOZ, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), $ $ 38’582.026,74

“3. GRUPO FAMILIAR DE LUIS EDUARDO CIRO ARISTIZÁBAL

“— Por concepto de PERJUICIOS MORALES para:

“MARÍA DELFA JIMÉNEZ GÓMEZ (esposa)100 smlmv
SANTIAGO CIRO JIMÉNEZ (hijo)100 smlmv
GUSTAVO CIRO JIMÉNEZ (hijo)100 smlmv
DIANA CIRO JIMÉNEZ (hijo)100 smlmv
LUIS ALBERTO CIRO JIMÉNEZ (hijo)100 smlmv

“— Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES para:

A. MARÍA DELFA JIMÉNEZ GÓMEZ, por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro), $ 127’143.220,20

B. SANTIAGO CIRO JIMÉNEZ, por concepto de lucro cesante consolidado, $ 10’505.821,34

C. GUSTAVO CIRO JIMÉNEZ, por concepto de lucro cesante consolidado, $ 13’560.354,29

D. DIANA CIRO JIMÉNEZ, por concepto de lucro cesante consolidado, $ 15’226.392,98

E. LUIS ALBERTO CIRO JIMÉNEZ, por concepto de lucro cesante consolidado, $ 21’362.946,54

2. CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia recurrida.

3. DESE cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el tribunal de primera instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Consejeros: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

2 En virtud de que en la fecha de presentación de las demandas (18 de diciembre de 2001) era necesario que la sumatoria de las pretensiones superara los 500 salarios mínimos legales, es decir, $ 143’000.000, valor que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2001 ($ 286.000), por 500.

3 Sentencia de julio 7 de 2005, Exp. 20.300.

4 Sentencia de febrero 21 de 2002, Exp. 12.789.

5 Cdno. 4.

6 Fl. 2 del cdno. 17.

7 Fl. 36 del cdno. 1.

8 Fl. 78 del cdno. 1.

9 Fl. 71 del cdno. 1.

10 Fls. 110 y 111 del cdno. 1.

11 Cdno. 25.

12 Fl. 1 del cdno. 25.

13 Fl. 36 del cdno. 1.

14 Fl. 77 del cdno. 1.

15 Fl. 71 del cdno. 1.

16 Fls. 110 y 111 del cdno. 1.

17 Fl. 1 del cuaderno 27

18 Fl. 36 del cdno. 1.

19 Fl. 78 del cdno. 1.

20 Fl. 71 del cdno. 1.

21 Fls. 110 y 111 del cdno. 1.

22 Fls. 39 a 44 del cdno. 24.

23 Fls. 267 a 269 del cdno. ppal. y 19 del cdno. 29.

24 Fls. 9, 13 y 23 del cdno. 17.

25 Fls. 93, 95 y 96 del cdno. 17.

26 Fl. 148 del cdno. 1.

27 Fl. 149 del cdno. 29.

28 Fl. 117 del cdno. 30.

29 Fls. 154 y 157 del cdno. 1.

30 Fl. 14 del cdno. 1 y 11 del cdno. 29

31 Fls. 14 y 15 del cdno. 29.

32 Fl. 162 del cdno. 1. y 146 del cdno. 29.

33 Fls. 35 y 36 del cdno. 1.7

34 Fl. 159 del cdno. 17.

35 Fl. 114 del cdno. 17.

36 Fls. 5 a 7 del cdno. 17.

37 Fls. 189 y 190 del cdno. 30.

38 Fls. 191 y 192 del cdno. 30.

39 Fls. 181 a 183 del cdno. 1.

40 Fls. 165 y 166 del cdno. 29.

41 Fl. 167 del cdno. 29.

42 Fl. 168 del cdno. 29.

43 Fls. 192 a 194 del cdno. 30.

44 Fls. 176 y 177 del cdno. 1.

45 Fls. 194 y 195 del cdno. 30.

46 Cdnos. 178 a 180 del cdno. 1.

47 Fl. 169 del cdno. 29.

48 Fl. 138 del cdno. 17.

49 Fls. 126 y 127 del cdno. 17.

50 Fls. 128 y 130 del cdno. 17.

51 Fls. 131 y 132 del cdno. 17.

52 Fl. 134 del cdno. 17.

53 Fls. 135 y 136 del cdno. 17.

54 Fls. 152 a 156 del cdno. 17.

55 Fls. 120 a 122 del cdno. 17.

56 Fls. 123 a 125 del cdno. 17.

57 Fls. 139 y 140 del cdno. 17.

58 Fls. 296 a 299 del cdno. 17.

59 Fl. 11 del cdno. 1 y 8 del cdno. 29.

60 Fl. 35 del cdno. 22.

61 Fl. 41 del cdno. 22.

62 Fls. 45 a 47 del cdno. 22.

63 Fls. 52 y 53 del cdno. 22.

64 Fls. 1 a 28 del cdno. 8.

65 Fls. 206 y 207 del cdno. 17.

66 Fls. 46 y 47 del cdno. 2.

67 Fl. 101 del cdno. 22.

68 Fls. 2 a 8 del cdno. 22.

69 Fl. 162 del cdno. 22.

70 Fl. 203 del cdno. 6.

71 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Exp. 18.106.

72 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de marzo de 2007, Exp. 27.434 y del 15 de agosto de 2007, Exp. 2002-00004-01(AG) y 2003-00385-01 (AG)).

73 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 1997, Exp. 11.764.

74 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Exp. 18.106.

75 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, Exp. 9940.

76 Página 44 de esta sentencia.

77 Página 49 de esta sentencia.

78 Fls. 117 y 118 del cdno. 25.

79 Fls. 264 y 265 del cdno. 17.

80 (Cita del original) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage. Walter de Gruyter. Berlin. New York. 1993, pág. 830.

81 (Cita del original) Ver Sentencia C-328 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“Así las cosas, resulta de la Protección de la Paz (C.P., art. 22) un derecho a prevenir la guerra. A todos los colombianos les asiste el derecho a intentar, por distintos medios, todos ellos no violentos, que la guerra no sea una realidad. Sin embargo, este derecho a prevenir la guerra debe ser encauzado y organizado. De ahí que, en tanto que representante legítimo de los intereses de los colombianos y custodio de los derechos de todos los residentes, al Estado colombiano le corresponda el deber fundamental de prevención de la guerra”.

82 (Cita del original) Ídem. “9. Ahora bien, el principio de dignidad humana y el derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir la guerra sino que, en caso de un conflicto inevitable, obligan al Estado a morigerar sus efectos. Así como no toda guerra es legítima, no todo medio utilizado puede admitirse como legítimo. La humanización de la guerra, lo ha señalado la Corte, constituye una proyección del derecho a la paz”

83 (Cita del original) Esta obligación no sólo se desprende de las disposiciones del derecho internacional humanitarios. Tiene un claro apoyo en el artículo 2º de la Constitución.

84 (Cita del original) En la Sentencia C-1145 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte sostuvo, de manera enfática, que:
“Como lo ha reconocido la Corte, el uso de cualquier tipo de armas —de guerra o de uso personal— tiene un potencial ofensivo que debe ser fuertemente controlado por el Estado. A este respecto, la Corporación ha señalado que contradice los postulados más elementales del Estado social de derecho, la teoría según la cual los ciudadanos tienen derecho fundamental o constitucional de armarse para su defensa personal. Según la Corte, el Estado contemporáneo tiene la función de monopolizar el ejercicio de la fuerza y debe evitar, por todos los medios, que los miembros de la sociedad lleguen al extremo de considerar que sus derechos o intereses sólo pueden defenderse causando la muerte de su potencial agresor. Según la Corte “una sociedad que centre sus esperanzas de convivencia pacífica en los métodos de disuasión por medio de las armas de fuego, es una sociedad fundada en un pacto frágil y deleznable. Las relaciones intersubjetivas estarían construidas en el temor y la desconfianza recíprocas, de tal manera que la ausencia de cooperación, entendimiento y confianza, como bases del progreso social, serían un obstáculo insalvable para el crecimiento individual y colectivo”.

85 (Cita del original) Edgar Lombana Trujillo, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, reconoce la posición de garante de la fuerza pública, en los siguientes términos: “No puede desconocerse que tanto el artículo 2º como los artículos 16, 217 y 218 de la Constitución Nacional imponen tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional el deber jurídico que los convierte en garante de los derechos de los habitantes del territorio nacional y que de allí nace entonces la obligación de proteger esos derechos y por lo tanto de desplegar una constante actividad en su defensa”. Delitos de omisión. Artículo publicado en la revista Universitas. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Junio del 2001 (101), pág. 258.

86 (Cita del original) Cfr. Heiko H. Lesch. Das Problem der sukzessiven Beihilfe. Peter Lang. Frankfurt. 1992. Págs. 284 y ss. Heiko H Lesch. Intervención delictiva e imputación objetiva. Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Bogotá, 1995, págs. 39 y ss. Traducción de Javier Sánchez-Vera y Gómez-Trellez.

87 (Cita del original) Cfr. Günther Jakobs. Tätervorstellung und objektive Zürechnung.Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann. Koln, Berlin, Bonn, München, 1989. Carl Heymanns.Págs 271 y ss. Günther Jakobs. Rücktritt als Tatänderung versus allgemeines Nachtatverhalten. ZStW 104 (1992), págs. 82 y ss.

88 Según costa en el folio 5 del cdno. 17.

89 Fls. 140 a 146 del cdno. 1, 181 a 187 del cdno. 29 y 160 a 164 del cdno. 30.

90 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014 (Exp. 32.988).

91 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014 (Exp. 27.709).

92 Fls. 7, 8, 10 y 16 a 22 del cdno. 1.

93 Fls. 12 a 14 del cdno. 30.

94 Con los testimonios de Iriam Quintero Gómez (folio 190 del cuaderno 30) y de Arnulfo Giraldo Jiménez (fl. 196 del cdno. 30).

95 Fls. 169 del cdno. 30.

96 Fls. 193 y 196 del cdno. 30.

97 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014 (Exp. 27.709).

98 Providencia del 9 de febrero de 2012 (Exp. 21.060 y 20.104).

99 Fls. 85 a 88 del cdno. 29.

100 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2011, Exp. 16.651.

101 Nació en septiembre de 2000, fl. 8 del cdno. 1.

102 Nació en agosto de 1993, fl. 12 del cdno. 30.

103 Nació en enero de 1997, fl. 13 del cdno. 30.

104 Nació en abril de 1998, fl. 14 del cdno. 30.

105 Nació en agosto de 1984, fl. 10 del cdno. 29.

106 Nació en agosto de 1986, fl. 11 del cdno. 29.

107 Nació en agosto de 1987, fl. 13 del cdno. 29.

108 Nació en noviembre de 1990, fl. 12 del cdno. 29.

109 Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19.031.