Sentencia 2002-00334 de julio 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Rad.: 25000232600020020334-01 (26.580).

Demandante: Matilde Merchán de Grandas.

Demandado: Gobernación de Cundinamarca y otro.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de 2014.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, proferida el día 4 de diciembre de 2003.

1. Los hechos probados.

1.1. Mediante contrato suscrito el 21 de marzo de 1996 entre los señores Celedonio Ramírez Acero (promitente vendedor) y Matilde Merchán de Grandas (promitente compradora), las partes se comprometieron a celebrar contrato de compraventa del bien inmueble ubicado en la Carrera 19 B Nº 1D-44 de la ciudad de Bogotá(12).

1.2. A la fecha de la celebración del anterior negocio jurídico, el bien inmueble objeto de la promesa de compraventa le pertenecía a la señora María Cruz Rodríguez Ruíz, tal y como se evidencia de la anotación Nº 10 del folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-439381, correspondiente al bien inmueble objeto de los hechos de la demanda que ahora se decide en segunda instancia(13).

1.3. Según consta en la anotación Nº 11 del folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-439381, el 22 de mayo de 1996 se inscribió en el Registro de Instrumentos Públicos la venta del referido bien inmueble por parte de la señora María Cruz Rodríguez a la señora Isabel Bustos Garzón(14), negocio jurídico que se perfeccionó mediante la escritura pública Nº 148 del 29 de abril de 1996 de la Notaría Única de San Francisco(15).

1.4. En la anotación Nº 12 del folio de matrícula inmobiliaria Nº 50C-439381(16), el 22 de mayo de 1996 se inscribió en el Registro de Instrumentos Públicos la venta del referido bien inmueble por parte de la señora Isabel Bustos Garzón a la señora Matilde Merchán de Grandas, demandante en este proceso, dicho negocio jurídico que se perfeccionó mediante la escritura pública Nº 173 del 17 de mayo de 1996 de la Notaría Única de San Francisco(17).

1.5. Mediante auto del 22 de julio de 1999, la Unidad Octava de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de la Fiscalía General de la Nación calificó la situación jurídica del señor Celedonio Ramírez Acero y al respecto consideró:

(...).

“Aparece en primer lugar, un claro proceso de engaño, por medio del cual, haciéndole creer a doña María Cruz Rodríguez Ruíz que adquiría la propiedad de un apartamento, el 301 del edificio de la carrera 60A Nº 65 B 30, se le convenció que firmara el contrato de permuta, en virtud del cual la aludida señora entregaba la propiedad de su finca Gualanday, y de su casa en la carrera 19B Nº 1 D-44, a Celedonio Ramírez Acero.

“Ocurre que el apartamento que Ramírez Acero entregó a su contratante ni siquiera le pertenecía, pues la titularidad está registrada en cabeza de un tercero, contra quien, por lo demás, se adelanta juicio ejecutivo, que determinó que la mujer fuera lanzada cuando lo ocupaba, como consecuencia de decreto de embargo y secuestro judicial.

“De esta manera, la señora María Cruz Rodríguez Ruíz, perdió sus propiedades con afectación ostensible de su patrimonio económico y el consecuente beneficio ilícito del contratante, sin derechos patrimonialmente que ofrecer en realidad.

(...).

“Pero para completar el plan fraudulento preconcebido, Celedonio Ramírez Acero aprovechó su condición de Notario Único del municipio de San Francisco y como ya conocía en virtud del contrato de permuta los números de las escrituras, con sus fechas, correspondientes a las propiedades de María Cruz Rodríguez Ruíz, elaboró las escrituras Nº 148, de 29 de abril de 1996, mediante la cual presuntamente María Cruz Rodríguez Ruíz vendía a Isabel Bustos Garzón su residencia de la carrera 19B Nº 1D-44, y la escritura Nº 126 del 18 de abril (sic) siguiente, que trata de la presunta venta de la finca Gualanday, ventas en ambos casos, a favor de Isabel Bustos Garzón, luego otras escrituras para sacar los bienes de la presunta compradora, hace a terceros o para constituir hipoteca en el caso concreto de la finca Gualanday.

“La señora María Cruz Rodríguez Ruíz ha negado categóricamente haber participado en esos actos escriturales, desconociendo su firma; y, aunque Celedonio Ramírez Acero dijo que la citada mujer fue autora de esas firmas, se remitió al concepto científico, como apoyo de sus aseveraciones.

“Pues bien, el dictamen pericial invocado por el propio procesado fue adverso a sus pretensiones, puesto que clarificó, como según se aprecia al folio 199, que la señora María Cruz Rodríguez Ruíz quedaba completamente descartada, como pretendida autora de las firmas que aparecen en las escrituras sentadas en la Notaría Única del municipio de San Francisco.

“Pero, es más, el procesado Celedonio Ramírez Acero acepta que la presunta compradora Isabel Bustos Garzón ‘nunca participó y sólo me prestó su voluntad para firmar dichos documentos’, lo cual confirma que el contenido de las escrituras no corresponde a la realidad, ni siquiera en lo que respecta a la presunta compradora, como lo aclara el propio incriminado, quien, no debe olvidarse, actuó como garante de la fe pública en esos documentos, en su condición de notario.

(...).

“Pero además, si bien hasta el momento no existen constancias de nombramiento y posesión, de ese medio formal probatorio, por ahora es reemplazado por la realidad objetiva, materialmente indesconocible (sic) que indica que Celedonio Ramírez Acero era el Notario Único del municipio de San Francisco, Cundinamarca, y que en esas condiciones creó el documento falso.

(...)

“RESUELVE:

1. Decretar medida de aseguramiento de detención preventiva contra Celedonio Ramírez Acero, por los delitos de falsedad material de servidor público en documento público, en concurso homogéneo, en concurso igualmente con el delito de estafa.

2. Declarar que el procesado en mención no es acreedor a la libertad provisional y tampoco hay lugar a la detención domiciliaria de conformidad con lo anotado en la parte motiva.

3. Ordenar, en consecuencia, la captura del citado Celedonio Ramírez Acero, para lo cual se librarán las órdenes respectivas.

4. Ordenar, ante la oficina correspondiente, la cancelación de los registros de las escrituras públicas Nº 148 del 29 de abril de 1996, Nº 126 del 15 de abril de 1996, Nº 173 del 17 de mayo de 1996 y Nº 189 del 27 de mayo de 1996 corridas en las Notaría Única del Círculo Notarial de San Francisco, Cundinamarca”.

1.6. Mediante providencia del 5 de abril de 2000(18), el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia anticipada contra el señor Celedonio Ramírez Acero y lo condenó por los delitos de falsedad material de servidor público en documento público en concurso con estafa.

1.7. El 26 de septiembre de 2000(19), el Tribunal Superior de Bogotá modificó la pena impuesta por el Juzgado Treinta Penal del Circuito para incluir la reparación debida a la parte civil, señora María Cruz Rodríguez Ruíz; al respecto resolvió:

“I. Ratificar definitivamente la cancelación de las escrituras dispuesta por la Fiscalía en la etapa instructiva.

“II. Disponer la entrega incondicional de los inmuebles relacionados en las citadas escrituras, a favor de María Cruz Rodríguez Ruíz. El juzgado adoptará las medidas pertinentes para la materialización de este derecho.

“III. Adicionar el fallo apelado, en el sentido de condenar a Celedonio Ramírez Acero a pagar la suma de diez millones de pesos, por concepto de perjuicios materiales, a favor de María Cruz Rodríguez Ruíz.

“IV. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.

“V. El juzgado solicitará a la autoridad a cuyas órdenes esté Celedonio Ramírez Acero, se digne colocarlo a disposición, por virtud de este proceso para la ejecución de la sentencia. Todo sin perjuicio de los requerimientos que las autoridades hagan para trámites en las distintas diligencias que adelantan en su contra”.

1.8. El 15 de mayo de 2001, el Juzgado Treinta Penal del circuito de Bogotá requirió a la señora Matilde Merchán de Grandas para que entregara el referido bien inmueble a la señora María Cruz Rodríguez Ruíz(20).

2. Cuestión previa. La caducidad de la acción.

La Sala encuentra pertinente resaltar, a diferencia de lo que motivó al Tribunal a quo a inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo en el sub lite, que en el presente caso la demanda se presentó dentro del término de caducidad que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contempló para la acción de reparación directa; en efecto, aun cuando es cierto que el 5 de octubre de 1999 la Fiscalía 183 de la Unidad Octava de Patrimonio ordenó la “cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente” mediante la conducta delictiva del señor Celedonio Ramírez Acero, no lo es menos que tal decisión fue adoptada por el ente investigador en la etapa previa al juicio penal propiamente dicho, razón por la cual la cancelación de las anotaciones en las que aparecía inscrito el contrato de compraventa de bien inmueble celebrado por la señora Bustos Garzón y la señora Merchán de Grandas (hoy demandante) se tornó definitiva con la ejecutoria de la providencia del 26 de abril de 2000 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la que se ratificó “definitivamente la cancelación de las escrituras dispuesta por la Fiscalía en la etapa instructiva”(21) y se dispuso “la entrega incondicional de los inmuebles relacionados en las citadas escrituras”(22).

De esta manera, si se tiene en cuenta, de una parte, que la demanda que ahora se decide en segunda instancia fue presentada el 12 de febrero de 2002 y, de otra, que la parte actora solicita que se declare la responsabilidad de las entidades públicas demandadas por la pérdida de la propiedad del inmueble ubicado en la carrera 19 B Nº 1D-44 de la ciudad de Bogotá, y que esta situación se tornó definitiva en el momento en que se surtió la ejecutoria de la citada providencia del 26 de septiembre de 2000, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, forzoso resulta concluir que la demanda se presentó dentro del término de caducidad de la acción de reparación directa, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia y se procederá a decidir de fondo acerca de las pretensiones de la parte actora.

4. El objeto del litigio.

El sub lite se contrae a determinar si la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro y/o del Departamento de Cundinamarca se vio comprometida por la actuación delictiva del entonces Notario Único del Círculo Notarial de San Francisco, Cundinamarca, señor Celedonio Ramírez Acero, al haber cometido el delito de falsedad material de servidor público en documento público en concurso con estafa agravada por la suplantación de la señora María Cruz Rodríguez Ruíz en la escritura pública Nº 148 del 26 de abril de 1996 de la Notaría Única del Círculo Notarial de San Francisco, mediante la cual se perfeccionó la venta del inmueble ubicado en la Carrera 19 B Nº 1D-44 de la ciudad de Bogotá a favor de la señora Isabel Bustos Garzón; inmueble que con posterioridad —mediante escritura pública Nº 173 del 17 de mayo de 1996, extendida en la misma Notaría— fue vendido por la señora Bustos Garzón a la señora Matilde Merchán de Grandas, demandante en este proceso. En criterio de la parte actora, la conducta delictiva del señor Celedonio Ramírez Acero condujo a que la justicia penal anulara la transferencia de la propiedad del inmueble que adquirió, razón por la cual y en atención a la calidad de Notario con que se encontraba investido para la época de ocurrencia de los hechos se comprometió la responsabilidad de las entidades públicas demandadas.

5. Cuestión previa: la legitimación en la causa por pasiva en casos en los que se discute la responsabilidad del Estado por las actuaciones de los notarios.

La jurisprudencia de la corporación en torno a este punto se ha reconocido la procedencia de acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pretendiendo que se declare la responsabilidad del Estado por la falla del servicio notarial, en la que se distinguen dos hipótesis en las cuales podría proceder tal declaratoria: i) la responsabilidad patrimonial que se puede derivar del incumplimiento o el defectuoso ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control respecto de los notarios del país (art. 2º del D.L. 2158/92(23)); y, ii) la responsabilidad patrimonial que se puede desprender directamente de la conducta, activa u omisiva, de los notarios.

Respecto de esta última posibilidad, la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia de 2002, señaló:

“Para la Sala no tiene duda que son de recibo las apreciaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro dentro del proceso y especialmente en el memorial de apelación, en cuanto a que ella no es la autoridad que debe responder patrimonialmente por las irregularidades en que incurren los notarios en la función pública de notariado y registro.

“Precisando que los hechos ocurrieron en vigencia de la Constitución de 1886 y por tanto antes de la expedición de la Carta Fundamental de 1991, se recalca que el ordenamiento jurídico colombiano citado antes, en el capítulo de “servicio de notariado y registro”, es expresivo de que el servicio de notariado es servicio público y función pública a cargo de la Nación colombiana, persona jurídica que la delega en los notarios a quienes inviste de poder público autenticador.

(...).

“Partiendo del marco jurídico visto y de la jurisprudencia y la doctrina como auxiliares en la administración de justicia se verá en primer lugar y como lo dijo la Superintendencia de Notariado y Registro, que el derecho y las pruebas son indicadores de que la irregularidad en que incurrió el notario, no tomar la huella dactilar del índice derecho de los comparecientes, es una falencia que no le es imputable a la mencionada Superintendencia y, en segundo lugar, que esa irregularidad sólo es predicable de otra persona jurídica como es la Nación, falencia que por sí sola no es conclusiva de responsabilidad porque como lo ha indicado la Sala en varias oportunidades la prueba de la falla no es al mismo tiempo prueba del nexo adecuado de causalidad. Por ello en el capítulo de daño y nexo de causalidad se estudiará si como lo concluyó el a quo tal falencia fue la causa eficiente y determinante en la causación del daño.

(...).

Para el Consejo de Estado esas pruebas son concluyentes de la existencia real de la irregularidad afirmada definidamente en la demanda, pretensión primera, atinente a que la falencia ocurrió con ocasión de la prestación del servicio de notariado que está a cargo de la Nación colombiana como ya se explicó, legislativa y ontológicamente.

“Esa falla comprobada deja ver que en parte es cierto lo afirmado por el demandante. Las pruebas procesales son indicadoras de que al notario le faltó exigir la impresión de la huella dactilar que había sido presupuesto exigido en la Circular 14 de marzo de 1983. Esto se corroboró con el testimonio del señor notario y con el documento público sancionatorio del mismo notario, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.

“Tal situación omisiva es predicable de la Nación (colombiana) que es la persona de derecho público que en ese momento en vigencia de la Constitución de 1886 —al igual que ahora, cuando rige la Carta Política de 1991— tenía a su cargo el servicio de notariado; y no es predicable de la Superintendencia de Notariado y Registro que tiene a su cargo, entre otros, las funciones de inspección y vigilancia de los notarios.

“La primera de aquellas conclusiones, que el servicio de notariado pertenece a la Nación no desconoce las disposiciones jurídicas que predican la responsabilidad del notario (D.L. 960/79, arts. 195 a 197), sino que se armonizan e integran con otras que aluden a que dicho servicio corresponde a la Nación, persona que delega ese servicio - función pública en los notarios. Por todo esto es que puede demandarse la responsabilidad de la Nación o conjuntamente la de ésta y la del notario; y luego si sólo se demanda a la Nación ésta, según [el] Decreto 2148 de 1983 (art. 120) puede repetir contra el notario para demostrar en juicio el dolo o la culpa grave del mismo.

“Igualmente, se concluye que la Superintendencia de Notariado y Registro no está legitimada materialmente en la causa en cuanto a las imputaciones directas que se le hicieron por irregularidad en el servicio de notariado en que incurrió el notario” (negritas por fuera del texto)(24).

En reciente sentencia, la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación reiteró la jurisprudencia señalada y al respecto consideró:

“En síntesis, la jurisprudencia del Consejo de Estado es unánime y pacífica al determinar que las actuaciones u omisiones de los particulares que ejercen función pública puede comprometer la responsabilidad del Estado, esto es de la Nación colombiana.

“En este caso, la Sala reiterará la jurisprudencia que sobre el tema ha edificado la corporación, con la aclaración de que en los eventos en los cuales se pretenda declarar la responsabilidad del Estado por la falla del servicio notarial, resulta indispensable llamara a la Nación representada a través del notario.

“Lo anterior cobra mayor sustento si se tiene en cuenta cuál fue la voluntad del constituyente. Así, al examinar los debates y la exposición de motivos de la cláusula general de responsabilidad en la asamblea constituyente, se advierte la preocupación del constituyente acerca de la responsabilidad de los particulares que ejercen funciones públicas. En la exposición de motivos presentada sobre el tema, se indicó al respecto:

‘Comoquiera que, en materia de derecho público, hoy importa mucho más la naturaleza de la función que la del sujeto encargado de cumplirla, dicha responsabilidad, estructurada a base de reglas y principios autónomos —como corresponde—, debe extenderse a todos los particulares excepcionalmente atribuidos de funciones públicas’(25).

Comoquiera que en este caso se demandó únicamente a la Superintendencia de Notariado y Registro, por la falla del notario, hay lugar a declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la imputación fáctica y jurídica de la demanda no permite deducir que se hubiere demandado por la falla en la inspección, control y vigilancia del servicio notarial, sino directamente por la falla del notario” (se destaca)(26).

La misma postura fue reiterada por esa Subsección en sentencia del 9 de mayo de 2012, en la cual se afirmó que “la Superintendencia deberá responder administrativamente, únicamente, siempre que y solo cuando la falla devenga del incumplimiento o cumplimiento negligente del ejercicio de las funciones de vigilancia y control atribuidas por la ley a dicho órgano”(27).

En algunos pronunciamientos también se ha considerado, sin que se haya producido condena alguna en ese sentido, que el legitimado en la causa por pasiva sería el Notario, pero no en tanto persona natural, sino como representante de la Nación en la prestación del servicio público, así, en reciente sentencia de la Subsección C, dicha Sala reiteró la jurisprudencia en torno a la falta de legitimación en la causa de la Superintendencia de Notariado y Registro “con la aclaración de que en los eventos en los cuales se pretenda declarar la responsabilidad del Estado por la falla del servicio notarial, resulta indispensable llamar a la Nación representada a través del Notario”(28).

De esta manera, sin que sea necesario reiterar la evolución legislativa y jurisprudencial que se ha decantado en la materia(29), en cuanto a la legitimación en la causa se refiere, resulta necesario precisar que: i) al tratarse de un servicio público(30); ii) cuya titularidad corresponde a la Nación(31), la cual a través de sus diferentes autoridades (Ministerio de Justicia), de entidades descentralizadas de distinto orden y naturaleza (Superintendencia de Notariado y Registrado, Entidades Territoriales(32)) y de particulares que cumplen funciones públicas (notarios) lo ejercen, reglamentan, inspeccionan, vigilan y controlan su ejercicio; iii) su ejercicio puede comprometer la responsabilidad de patrimonial de las personas públicas por distintas razones y títulos jurídicos, así dependiendo de las distintas actuaciones que se enmarcan en el ejercicio del servicio público y de la función notarial, las diferentes autoridades intervinientes en dicho proceso responderán por el ámbito de competencia que les haya sido atribuido por el ordenamiento jurídico; sin embargo, iv) la Superintendencia de Notariado y Registro, por ser una entidad descentralizada del orden nacional, por ende dotada de personería jurídica, no debe responder directamente por la conducta de los notarios, sino por el incumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido —esto es, de manera general, la inspección, vigilancia y control de la actividad notarial—.

Ahora bien, en criterio de la Sala en los casos en que se cuestione la responsabilidad del Estado por las conductas de los notarios que hubieren causado un daño antijurídico con ocasión del ejercicio de las funciones que el ordenamiento jurídico les ha atribuido, no resulta dable acudir, como alguna jurisprudencia lo pudo insinuar, a la fórmula “Nación-Notario” con el fin de configurar la parte demandada sino que se debe demandar en representación de la persona jurídica Nación al Ministerio de Justicia y del Derecho(33), estructura administrativa que tiene a su cargo la reglamentación y gestión del servicio notarial cuya titularidad se ha radicado en la Nación, esta postura se encuentra plenamente sustentada en los siguientes argumentos:

i) Los notarios, a pesar de encontrarse plenamente habilitados para el ejercicio de la función fedante, no tienen dentro de sus competencias la de representar judicialmente a la Nación(34);

ii) En relación con lo anterior, si bien es cierto que la conducta de los notarios puede comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, tal y como lo ha reconocido en la jurisprudencia ya transcrita y consolidada, no lo es menos que, desde el punto de vista procesal, los notarios no tienen la capacidad de comprometer el presupuesto de la Nación;

iii) Si se tiene en cuenta que la responsabilidad del Estado es de carácter anónimo, institucional, el hecho de que se pueda demandar directamente la conducta de los notarios y que se les permita responder autónomamente en los procesos de reparación directa, puede tener la virtud de desnaturalizar esta elemental característica, al confundirse la responsabilidad patrimonial del Estado con la personal de los notarios; y,

iv)En virtud de la regla general contenida en el artículo 86 Código Contencioso Administrativo, y la especial del artículo 120 del Decreto 2148 de 1983(35), la Nación deberá, si se configuran las condiciones para ello, repetir contra el notario cuya conducta causó la declaratoria de responsabilidad y la consecuente imposición de la condena.

De esta manera, atendiendo el hecho de que el centro de imputación de la responsabilidad por la actividad de los notarios lo constituye la Nación colombiana como persona jurídica y que en la estructura de la administración el organismo encargado de cumplir las funciones relacionadas con la función notarial es el Ministerio de Justicia y del Derecho, este sería el legitimado en la causa por pasiva para actuar en un proceso judicial en el cual se ventile la hipotética responsabilidad patrimonial del Estado por las conductas realizadas por los notarios si llegaren a causar daños antijurídicos y comoquiera que el referido Ministerio no fue vinculado al presente proceso, se impone concluir la falta de legitimación en la causa por pasiva, con la consecuente denegación de las pretensiones de la demanda(36).

Por otro lado, toda vez que en el sub lite no se acreditó falta alguna imputable a la Superintendencia de Notariado y Registro en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puesto que no existía posibilidad de que dicha entidad pública demandada pudiera conocer, previamente a su ocurrencia, la conducta delictiva que realizó el Notario Único del Círculo Notarial de San Francisco y que, en igual medida, aparte de haber actuado como ente nominador del referido notario —lo que en el caso sub examine no compromete su responsabilidad patrimonial— el departamento de Cundinamarca con su conducta no influyó en la producción del daño antijurídico que se pretende reparar, la Sala desestimará las pretensiones resarcitorias de la parte actora respecto de dichas entidades públicas.

4. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día 4 de diciembre de 2003 y, en su lugar, DISPÓNESE:

1. Deniéganse las pretensiones de la parte actora.

2. Sin condena en costas.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvaseel expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(11) Folio 122 a 126 cdno. ppal.

(12) Folio 1 a 2 cdno. 2.

(13) Folio 4 cdno. 2.

(14) Folio 4 cdno. 2.

(15) Folio 6 a 7 cdno. 2.

(16) Folio 4 cdno. 2.

(17) Folio 10 a 11 cdno. 2.

(18) Folio 24 a 35 cdno. 2.

(19) Folio 39 a 51 cdno. 2.

(20) Folio 38 cdno. 2.

(21) Folio 50 cdno. 2.

(22) Folio 50 cdno. 2.

(23) A cuyo tenor:

“ART. 2º—Funciones. La Superintendencia de Notariado y Registro desarrollará sus objetivos mediante el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Velar por la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos de notariado y registro y orientar a los notarios y registradores sobre el particular.

2. Instruir a los notarios y registradores de instrumentos públicos sobre la aplicación de las normas que rigen su actividad y establecer criterios, pautas y procedimientos para su cumplimiento.

3. Ejercer la inspección y la vigilancia sobre las notarías y las oficinas de registro de instrumentos públicos e imponer sanciones por la violación de las normas vigentes que rigen los servicios a su cargo.

4. Practicar visitas de inspección a las notarías y oficinas de registro, cuando de oficio o por medio de denuncias se evidencien irregularidades en el desarrollo de sus funciones.

5. Establecer de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, criterios y reglas claras que guíen las visitas de inspección periódicas que realice la Superintendencia a los entes vigilados.

6. Llevar a cabo, con la debida observancia de las formalidades legales, las investigaciones necesarias para obtener información probatoria relacionada con el desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia.

7. Ordenar, cuando fuere pertinente, la suspensión inmediata de aquellas actuaciones irregulares y disponer que se adopten las medidas correctivas del caso.

8. Establecer sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente atención de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos procurando su racionalización y modernización.

9. Proponer al Gobierno Nacional la creación o supresión de notarías y de oficinas de registro de instrumentos públicos.

10. Proponer al Gobierno nacional la fijación de tarifas para el cobro de derechos por prestación de los servicios de notariado y de registro de instrumentos públicos.

11. Asignar a las oficinas de registro de instrumentos públicos el presupuesto necesario para que su funcionamiento garantice una adecuada y eficiente prestación del servicio público que les ha sido encomendado.

12. Adelantar y auspiciar estudios, investigaciones y compilaciones en materia de notariado y de registro de instrumentos públicos y divulgar sus resultados.

13. Prestar el apoyo técnico y administrativo que se requiera para el ingreso y la permanencia en el servicio de los notarios y registradores.

14. Llevar a cabo, directamente o a través de entidades especializadas, los programas de capacitación que se requieran para las personas que prestan sus servicios en la Superintendencia.

15. Impulsar actividades de los colegios de notarios y registradores de instrumentos públicos de Colombia tendientes a lograr la adecuada y eficaz prestación de los servicios.

16. Preparar y presentar a consideración del Ministro de Justicia proyectos de ley o de reglamento relacionados con los servicios de Notariado y Registro de Instrumentos Públicos.

17. Las demás que le señale la ley.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de agosto de 2002, expediente 13248, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(25) Cita textual del fallo: “Gaceta Constitucional 23 del 19 de marzo de 1991. Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nº 72. Título: Responsabilidad del Estado. Autor: Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Exposición de motivos, págs. 48 a 49”.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de octubre de 2011, expediente 20222, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2012, expediente 21692, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de octubre de 2011, expediente 20222, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(29) Para un recuento detallado y exhaustivo ver la sentencia de la Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de octubre de 2011, expediente 20222, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(30) Tal y como lo disponen los artículos 1º de la Ley 29 de 1973 y 1º del Decreto 2148 de 1983.

(31) En los términos del artículo 131 C.P., con los lineamientos que al respecto ha decantado la jurisprudencia ya citada de esta corporación.

(32) Como es el caso de los departamentos, los que por expresa disposición del artículo 161 del Estatuto de Notariado y Registro —contenido en el Decreto 960 de 1970— son los entes nominadores de los notarios de segunda y tercera categoría.

(33) Entidad pública principal a la que se encuentra adscrita la Superintendencia de Notariado y Registro

(34) Según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 960 de 1970 —contentivo del Estatuto de Notariado—, son funciones de los notarios:

1. Recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a las Leyes requieran escritura pública y aquellas a las cuales los interesados quieran revestir de esta solemnidad.

2. Autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados.

3. Dar testimonio de la autenticidad de firmas de funcionarios o particulares y de otros Notarios que las tengan registradas ante ellos.

4. Dar fe de la correspondencia o identidad que exista entre un documento que tenga a la vista y su copia mecánica o literal.

5. Acreditar la existencia de las personas naturales y expedir la correspondiente fe de vida.

6. Recibir y guardar dentro del protocolo los documentos o actuaciones que la Ley o el Juez ordenen protocolizar o que los interesados quieran proteger de esta manera.

7. Expedir copias o certificaciones según el caso, de los documentos que reposen en sus archivos.

8. Dar testimonio escrito con fines jurídico - probatorio de los hechos percibidos por ellos dentro del ejercicio de sus funciones y de que no haya quedado dato formal en sus archivos.

9. Intervenir en el otorgamiento, extensión y autorización de los testamentos solemnes que conforme a la Ley civil deban otorgarse ante ellos.

10. Practicar apertura y publicación de los testamentos cerrados.

11. [derogado por el artículo 46 del Decreto 2163 de 1970].

12. [derogado por el artículo 46 del Decreto 2163 de 1970].

13. Llevar el registro del estado civil de las personas en los casos, por los sistemas y con las formalidades prescritos en la Ley”.

14. Las demás funciones que les señalen las Leyes.

(35) A cuyo tenor, “[e]n los casos en que la Nación sea condenada por falla en la prestación del servicio notarial, podrá ejercitar la acción de repetición correspondiente”.

(36) Al respecto se debe resaltar que según jurisprudencia constante de esta Sala:

“Cabe recordar que constituye una postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 13.356, C.P. María Elena Giraldo Gómez, entre muchas otras).

Así, la falta de legitimación en la causa constituye causal para denegar las pretensiones de la demanda y no una excepción de fondo, razón por la cual se modificará la sentencia de primera instancia en este punto.