Sentencia 2002-00357 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 73001-23-31-000-2002-00357-01 (29.593)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Jairo Ocampo Montenegro y otro

Demandado: Municipio de Ibagué y otros

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $36’950.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma aproximada de $80’640.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

El caso concreto

1. El 18 de enero de 2002, las autoridades locales de Ibagué realizaron un operativo por ocupación transitoria del espacio público(1), según consta en acta suscrita por el inspector permanente central tercer turno de la secretaría de gobierno municipal, así:

“Siendo las 10 de la noche del día 18 de enero del año 2002, atendiéndose a convocatoria hecha por el comandante del distrito de Policía Ibagué, (…) de común acuerdo con el señor secretario de gobierno municipal (…) y la señora directora de justicia (…) con asistencia del suscrito inspector de Policía (e) del tercer turno del permanente central, de los administradores de las plazas de mercaado (sic) de la ciudad, de personal de la secretaía (sic) de infraestructura y [personal (sic) uniformado de la Policia (sic) Nacional, se dio inicio a operativo por ocupacion (sic) transitoria del espacio público en el sector de la plaza de la 21 y su zona de influencia a petición verbal de vecinos del sector, por percepción directa de las autoridades que convocan y con apoyo en lo normado por el artículo 155 del Código de policía del tolima (sic). Se encontro (sic) que el sector de la carrera 4ª entre calles 21 y 22 costado izquierdo bajando, el anden (sic) y la mitad de la calzada se encuentran ocupados por productos agricolas (sic), procediéndose al retiro de las mismas y a su traslado a las instalaciones de la INFI en la calle 60, en la volqueta con número interno 008. Las cantidades aproximadas de los productos recogidos son: (…) cuatro (4) toneladas de ahuyama de propiedad de Jairo Ocampo (…) Asi (sic) mismo se precedío (sic) a despejar la calle 21 y los alrededores de la plaza, de guacales y cajas abandonadas (…)”.

La ahuyama fue confiscada en el mismo operativo, por “no contar con las mínimas condiciones higienico (sic) sanitarias establecidas en el código sanitario”, tal como consta en el acta de decomiso suscrita el 18 de enero de 2002(2) por funcionarios de la sección de promoción y prevención de la secretaría de salud municipal de Ibagué, en la que se evidencia que en aquella diligencia también estuvieron presentes funcionarios de la Policía Nacional y de la dirección de justicia de la secretaría de gobierno de Ibagué.

Mediante petición allegada con la demanda en copia simple(3), el demandante solicitó al comandante del distrito de Policía de Ibagué, al secretario de gobierno municipal y a la directora de justicia de Ibagué, la entrega inmediata de la ahuyama decomisada. Tal petición será valorada en esta oportunidad, por cuanto la Sección Tercera de esta corporación(4), en sentencia de unificación, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica que debe imperar en las actuaciones judiciales, avaló la posibilidad de dar valor probatorio a las copias simples que obren en los procesos, siempre que estas no hayan sido cuestionadas en su veracidad por la contraparte o frente a las cuales no se haya promovido incidente de tacha de falsedad(5).

No obstante, la totalidad de la ahuyama fue donada a la corporación “Jardín de los Abuelos”, según lo evidencia el comprobante de donación en especie del 19 de enero de 2002(6), visible a folio 2 del cuaderno 2 del expediente.

2. Verificado lo anterior, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el daño antijurídico es atribuible o no a las entidades públicas demandadas, como lo alegan los actores.

Lo pretendido en este caso es que se declare la responsabilidad del municipio de Ibagué y de la Policía Nacional, por la falla del servicio consistente en abuso de autoridad y extralimitación de funciones por el decomiso de 4 toneladas de ahuyama, durante el operativo, por ocupación transitoria del espacio público, realizado el 18 de enero de 2002 “en la Plaza de la 21 con Carrera 4 Estadio de Ibagué”.

Sobre las circunstancias de ocurrencia de esos hechos, el señor Guillermo Vera Fierro, en testimonio rendido el 23 de abril de 2003 ante el tribunal, dijo:

“El día 18 de enero del año 2002 como a las diez de la noche llegó un operativo de la Policía y acordonó la entrada a la bodega ubicada en la carrera 4ª estadio número 2153 (sic) que es la casa de los demandantes, el comandante de la Policía que iba dirigiendo el operativo dispuso que se hicieran 5 policías a la entrada del inmueble a la casa (sic) de los accionantes a donde se estaba entrando la ahuyama y plátano, la Policía no dejó entrar nada y que iban a recoger los productos, los recogieron y se los llevaron. Al señor Montenegro se le llevaron aproximadamente unas 4 y media tonelada (sic) de ahuyma (sic), la que estaba avaluada aproximadamente en $400.000.oo tonelada. Al otro día que se tenía que ir a reclamar al permanente la ahuyama, el señor Montenegro fue hasta el permanente y duró todo el día en ese trajín sin que se le hayan (sic) entregado el producto”(7).

El señor Jorge Elieser (sic) Soto sostuvo:

“El operativo lo realizó la Policía y el secretario de gobierno, el inspector, eso fue el día 18 de enero de 2002 como a las diez o diez y media de la noche, ellos llegaron y se estaba entrando a la bodega de don Jairo Ocampo la ahuyama y un plátano a la bodega campesina, y dijeron que no dejaban entrar más productos, ordenaron recoger todo, y acordonaron la puerta de acceso a la casa de don Jairo y recogieron la ahuyama y dijeron que se la llevaban para la inspección, allí fuimos y nos dijeron que eso estaba en la bodegas de Policía de tránsito ubicada (sic) en la calle 60, el inspector del permanente de la calle 21 nos dieron (sic) una orden para que entregaran la ahuyama y el plátano, pero fuimos a la calle 60 y dijeron que ya lo habían sacado de ahí, que lo habían repartido o regalado al Jardín de los Abuelos. La Policía se llevó aproximadamente unas 4 toneladas largas de ahuyama, tonelada que para esos días estaba a $350.000.oo o $400.000.oo”(8).

El señor José Isauro Palma González manifestó:

“Creo que eso fue el 18 de enero del año 2002 como de las 9 a las 10 de la noche, cuando llegó la Policía con unos señores de la inspección y otros señores creo que eran de espacio público (…) llegaron a la casa del señor Jairo ubicada en la 4ª estadio número 21-53, ahí el guarda la carga, unos policías, 4 o 5 acordonaron el sitio y no dejaron entrar más la ahuyama y plátano que se estaba bajando de un camión. Los agentes taparon la entrada y empezaron a recoger todos los productos que habían (sic) allí y lo (sic) echaron en unas volquetas que ellos tenían allí cuadradas y se lo llevaron según dijeron para la sesenta, donde queda la oficina de tránsito. La ahuyama y el plántono (sic) no fue (sic) devuelto, prácticamente se perdió. La ahuyama era aproximadamente de 4 a 5 toneladas, cuyo valor de cada una era de $420.000.oo”(9).

Así, pues, con los testimonios transcritos, se acreditó que, durante el operativo de ocupación transitoria del espacio público, las autoridades municipales de Ibagué y la Policía Nacional decomisaron la ahuyama de propiedad del señor Jairo Ocampo Montenegro y que los agentes de Policía no permitieron el ingreso de los víveres al inmueble en que se disponían a guardarlos y, por el contrario, procedieron a llevárselos.

Sobre el particular, el señor Omar Rodríguez Oviedo, inspector de Policía que participó en el operativo, dijo:

“(…) recuerdo que un sábado en las horas de la tarde la entonces directora de justicia (…) llamó al permanente central donde me encontraba de (sic) uno de los turnos, para que me hiciera presente a las 7 de la noche frente a las instalaciones del comando de Policía para llevar a cabo un operativo, pero sin especificarse a dónde ni qué clase de operativo, a esos (sic) de las 8 y 30 se hizo presente (sic) en el sitio la citada directora de justicia, el señor secretario de gobierno (…) efectivos de la contraguerrilla de la Policía a (sic) mando de un coronel (…) y nos dirigimos a la carrera 4ª entre calles 21 y 22, más exactamente frente a la bodega campesina, donde se encontraba gran cantidad de comida en el anden (sic) y en la calle, una vez allí despues (sic) de acordonado el sitio se indagó por el nombre de los propietarios de la comida y el motivo por el cual se encontraba la misma en el anden (sic) y en la calle, fueron varios los que se hicieron presentes como propietarios ya (sic) argumentaron que habían llegado tarde y habían encontrado la bodega cerrada, por lo que se vieron obligados a dejar la (sic) mercaderías en donde se encontraron. Después de un breve tiempo la directora de justicia les dijo que yo era el encargado del operativo, consiguientemente todas estas personas se dirigieron a mí, desde luego yo les explique (sic) que yo no había ordenado ningún operativo, pero sin embargo precedí a indagar el nombre de los que reclamaban ser propietarios de las mercaderías, en el operativo también iba un abogado que decía ser asesor del alcalde, (…) con quien discutimos la normatividad a aplicar en ese evento, yo insistí en que se trataba de ocupación transitoria del espacio público y que consiguientemente había que darle aplicación al artículo 155 del Código de Policía del Tolima. Después de un tiempo apareció una volqueta de Infibague en la cual se cargó la comida que se encontraba en los andenes y en la calle, quiso haber revuelta pero la intervención de la Policía lo evitó. La volqueta a que me refiero hizo dos viajes con el cupo completo, personalmente les indagué para donde (sic) habían llevado esa comida y me dijeron que para las instalaciones de Infibague (…) El abogado asesor de la alcaldía que estaba presente (…) me insistía en que esa comida había que decomisarla y darla de baja por perecederos, yo insistí en el procedimiento del artículo 155 del Código de Policía del Tolima, y fue así acudí (sic) al permanente central y le conseguí un Código Nacional de Policía para que fuera el mismo asesor quien me señalara qué norma ordenaba el procedimiento que me estaba planteando, buscó en el código y no encontró soporte legal, por lo cual me dijo que aplicara el procedimiento de ocupación transitoria del espacio pública a que me referí y que señalaba el artículo 155 precitado. Fue por esto que una vez en las instalaciones del permanente procedí a levantar el acta haciendo relación de las personas que habían intervenido en el curso del operativo y en horas de la mañana entregué fotocopia de la misma a los interesados para que pudieran hacer la reclamación pertinente de sus mercancías, después de que el turno que recibía les hiciera el correspondiente requerimiento conforme el (sic) artículo 155. Días después me enteré por una de las personas relacionadas en el acta que cuando fueron a reclamar las mercancías no había ni la tercera parte de lo que se había recogido, es todo lo que sé”(10).

De lo anterior, surge que el operativo se llevó a cabo porque el demandante se encontraba ocupando el espacio público (el andén y la vía) con ahuyama y que, según lo manifestó el propio inspector de Policía, había que darle aplicación al artículo 155 del Código de Policía del Tolima (D. 900/91), entonces vigente, el cual disponía:

“Se prohíbe la reparación o exhibición de vehículos y objetos de cualquier naturaleza en los antejardines y en áreas de espacio público. A quien contravenga lo anterior, el alcalde o inspector de Policía ordenará el retiro inmediato de los objetos o vehículos. Si persiste, se sancionará con multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales diarios”.

No obstante la claridad de la norma transcrita, las autoridades municipales y la Policía dispusieron el decomiso de los víveres. En el acta de declaración del mismo inspector se lee:

“Preguntado ¿Indíquele al despacho una vez recuperado el espacio público qué procedimiento se utiliza frente a los elementos que se recojan como producto del mismo? Contestó: Desde que me desempeño como inspector de Policía he insistido que si se trata de recuperación del espacio público con fundamento de (sic) la norma del artículo 155 del Código de Policía del Tolima, no existe la posibilidad de decomiso de los elementos con los cuales se esté ocupando el espacio público, sinembargo (sic) el decomiso se volvió práctica en Ibagué y así fue que se creó el grupo GORI de la Policía, los cuales atiborraban la inspección primera y el permanente central de mercancías decomisadas, las que después se requerirsen (sic) a los presuntos infractores se procede a su devolución. En el caso concreto de las mercancías recogidas en la carrera 4ª con calles 21 y 22, el procedimiento a seguir era requerir a los presuntos contraventores y hacerles suscribir un acta de compromiso para no reincidir y hacerles entrega de los productos recogidos. Este procedimiento, tratándose de productos perecederos debió haber (sic) hecho el turno que me recibió a las 8 de la mañana en el permanente central. Preguntado ¿Digale (sic) al despacho concretamente qué autoridad es la que produce el decomiso de los bienes que se encuentran en espacio público? Contestó: Vuelvo y repito, la figura del decomiso de elementos que ocupan el espacio público no ha tenido soporte legal, cuando operaba el grupo GORI eran los uniformados quienes realizaban el referido decomiso y hacían un acta de los elementos y los ponían a disposición del funcionario competente, creó (sic) que aún están practicando esa costumbre, en ningún momento las autoridades civiles de Policía hemos realizado esos decomisos”(11).

Es claro, entonces, conforme insistentemente lo manifiesta en propio inspector de Policía de Ibagué, que el decomiso de elementos que ocupaban el espacio público no tenía entonces sustento legal, por lo que procede la Sala a verificar si esa afirmación se ajusta a la realidad, para lo cual hará una valoración de las normas aplicables al caso concreto.

Respecto de la ocupación del espacio público, la Constitución Política dice:

“ART. 82.—Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular (…)”.

A su turno, en desarrollo del anterior postulado constitucional, la Ley 136 de 1994(12) dispone que son funciones del municipio:

“ART. 3º—Funciones. Modificado por el art. 6º Ley 1551 de 2012. Corresponde al municipio:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley.

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley. 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley. 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras estas proveen lo necesario.

9. Las demás que señale la Constitución y la ley” (subrayas de la Sala).

En el mismo sentido, el Código Nacional de Policía, Decreto 1355 de 1970, vigente al momento de los hechos, dispone:

“ART. 132.—Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición y también de apelación para ante el respectivo gobernador.

“(…)

“ART. 186.--Son medidas correctivas:

1) La amonestación en privado;

2) La represión en audiencia pública;

3) La expulsión de sitio público o abierto al público;

4) La promesa de buena conducta;

5) La promesa de residir en otra zona o barrio;

6) La prohibición de concurrir a determinados sitios públicos o abiertos al público;

7) La presentación periódica ante el comando de policía;

8) La retención transitoria;

9) La multa;

10) El decomiso;

11) El cierre del establecimiento;

12) La suspensión de permiso o licencia;

13) La suspensión de obra;

14) La demolición de obra;

15) La construcción de obra; y

16) El trabajo en obras de interés público.

17) (Adicionado por el D. N. 522/71, art. 121) El arresto supletorio.

“ART. 187.—Ninguna autoridad de policía podrá imponer medidas correctivas diversas de las previstas en el artículo anterior.

“(…)

“CAPITULO XI

“De las contravenciones que permiten el decomiso

“ART. 213.—Compete a los alcaldes o a quien haga sus veces, imponer decomiso:

“(…)

“3) De bebidas, comestibles y víveres en mal estado de conservación, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar.

“(…)

“ART. 226.—La medida correctiva aplicable será, en cada caso, la indicada en la ley”.

Así las cosas, resulta evidente que las autoridades que participaron en el operativo por ocupación transitoria del espacio público, en el que se decomisó la ahuyama de propiedad del actor, actuaron por fuera de sus facultades como autoridades públicas, conforme insistentemente lo manifestó el inspector de Policía, puesto que no existía ninguna norma que amparara su actuación; en efecto, el decomiso solo procedía, en el caso de comestibles y víveres, cuando se encontraran en mal estado de conservación, situación que no se probó en el caso concreto.

Sumado a lo anterior, es necesario tener en cuenta que las autoridades contaban con una serie de medidas correctivas previas, cuya práctica no se acreditó en el proceso.

Por lo tanto, la falla se deriva, tal como lo afirma el demandante, del abuso de autoridad y de la extralimitación de funciones en que incurrieron los funcionarios de la sección de promoción y prevención de la secretaría de salud municipal, de la dirección de justicia de la secretaría de gobierno de Ibagué, de la inspección de Policía y de la Policía Nacional, al decomisar la ahuyama de propiedad del señor Jairo Ocampo Montenegro, puesto que, si bien era su deber velar por el mantenimiento del espacio público, también lo era respetar los derechos de los ciudadanos y ceñir sus actuaciones a la normatividad de policía vigente al momento de los hechos.

Además, se tiene que en el expediente no obra ninguna prueba que dé cuenta de que el alcalde de Ibagué hubiera cumplido con la obligación que le imponía el artículo 132 del Código Nacional de Policía, consistente en dictar la correspondiente resolución de restitución de la vía pública urbana ocupada con la ahuyama.

Así las cosas, se impone revocar la sentencia recurrida para, en su lugar, declarar la responsabilidad patrimonial del municipio de Ibagué y de la Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión del decomiso de la ahuyama en los hechos ocurridos el 18 de enero de 2002, en esa ciudad.

Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

Ha dicho la jurisprudencia de esta corporación(13) que, tratándose de la pérdida o el deterioro de bienes, la existencia del perjuicio moral debe ser acreditada por quien demanda.

En este caso, los señores Guillermo Vera Fierro(14), Jorge Eliécer Soto(15) y José Isauro Palma González(16) dieron cuenta de la afectación moral que sufrieron los demandantes con ocasión del decomiso de la ahuyama.

Los demandantes, Jairo Ocampo Montenegro y Gloria Isabel Castro, en representación de su hija XXXXX XXXXX solicitaron, por concepto de perjuicios morales, 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

Ahora bien, respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(17).

Bajo esa perspectiva, se condenará al municipio de Ibagué y a la Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que no se demostró que su aflicción fuera mayor.

Perjuicios materiales

El demandante solicitó por este concepto $80’640.000. Por daño emergente, se entiende que lo solicitado en la demanda son $1’400.000, que fue el valor invertido en los víveres(18).

Al respecto, los testigos manifestaron que el valor de cada tonelada de ahuyama era de $400.000 (Guillermo Vera Fierro)(19), entre $350.000 y $400.000 (Jorge Eliécer Soto)(20) y $420.000 (José Isauro Palma González)(21), valores que, promediados, arrojan un total de $398.300; sin embargo, como en la demanda se afirmó que el valor invertido era de $1’400.000, que si se divide entre 4 (cantidad de toneladas decomisadas, según la demanda), arroja un valor de $350.000 por cada tonelada. Así, será este valor, $1’400.000, el que se tendrá en cuenta para actualizar el daño emergente, así:

S2002-00357-1.png
 

Donde, Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($1’400.000).

Índice final: índice de precios al consumidor, a la fecha de esta sentencia (en este caso se toma el de febrero de 2014).

Índice inicial: índice de precios al consumidor, a la fecha del daño, esto es, enero de 2002

S2002-00357-2.png
 

El lucro cesante solicitado no se acreditó, por lo que se impone negarlo.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 20 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar:

Primero. DECLÁRASE la responsabilidad patrimonial del municipio de Ibagué y de la Policía Nacional, por los perjuicios ocasionados a los demandantes con el decomiso de 4 toneladas de ahuyama, en el operativo realizado el 18 de enero de 2002, en esa ciudad.

Segundo. CONDÉNASE al municipio de Ibagué y a la Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, a Jairo Ocampo Montenegro, a Gloria Isabel Castro y a XXXXX XXXXX, 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

Tercero. CONDÉNASE al municipio de Ibagué y a la Policía Nacional a pagar a Jairo Ocampo Montenegro, por concepto de daño emergente, la suma de dos millones trescientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y nueve pesos con setenta y nueve centavos ($ 2’398.899,79).

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 3 del cuaderno 2. Allegado al proceso mediante Oficio 338 COMAN.DETOL del 28 de marzo de 2003, del comandante del departamento de Policía del Tolima (ver folio 5 del cuaderno 2), documento que también se aportó con la demanda en copia simple (ver folio 5 del cuaderno 1).

(2) Folio 1 del cuaderno 2. Allegado al proceso mediante Oficio 338 COMAN.DETOL del 28 de marzo de 2003, del comandante del departamento de Policía del Tolima (ver folio 5 del cuaderno 2).

(3) Folios 6 y 7 del cuaderno 1.

(4) Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022.

(5) Criterio mayoritario que el ponente de esta decisión no comparte, pero acoge.

(6) Allegado al proceso mediante Oficio 338 COMAN.DETOL del 28 de marzo de 2003, del comandante del departamento de Policía del Tolima (ver folio 5 del cuaderno 2).

(7) Folio 46 del cuaderno 1.

(8) Folio 47 del cuaderno 1.

(9) Folio 48 del cuaderno 1.

(10) Folios 51 y 52 del cuaderno 1.

(11) Folio 53 del cuaderno 1.

(12) Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

(13) Sentencia del 23 de junio de 2010. Expediente 18140. M. P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(14) Folio 46 del cuaderno 1.

(15) Folio 47 del cuaderno 1.

(16) Folio 48 del cuaderno 1.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros.

(18) “El perjudicado Jairo Ocampo Motenegro (sic), trabaja como mayorista en la compraventa de alimentos, en este caso concreto invirtió la Suma (sic) de $1.400.000.oo el cual le produce una rentabilidad diaria del 30% es decir de $420.000.oo diarios y como la inversión hay que hacerla dos veces por semana, los Martes (sic) y los Viernes (sic), nos darían desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta el día del fallo, 8 días al mes por 24 meses por $420.000.oo= $80.640.000.oo, dineros que utiliza para la manutención de su hogar esposa en unión libre y compañera permanente y su menor hija” (ver folios 9 y 10 del cuaderno 1).

(19) Folio 46 del cuaderno 1.

(20) Folio 47 del cuaderno 1.

(21) Folio 48 del cuaderno 1.