Sentencia 2002-00359 de abril 29 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 130012331000200200359 01

Número interno: 0202-2009

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Autoridades nacionales

Actora: María Auxiliadora Barrios y otros

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico consiste en determinar si se ajusta a la legalidad el Oficio 0149 del 31 de agosto de 2001, expedido por el director de la unidad de asistencia legal del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual, se le negó el reconocimiento y pago del seguro de vida y auxilio funerario a los actores.

La Sala encuentra probado lo siguiente:

El 14 de junio de 1991 falleció el señor Faciolince Reyes Miguel en la ciudad de Cartagena, Bolívar como consecuencia de “estallido masa encefálica; fractura bóveda y base craneana; impactos de proyectil arma de fuego”, según consta en registro de defunción 883088 (fl. 90).

Mediante sentencia del 4 de septiembre de 1996, el Tribunal Administrativo de Bolívar, declaró la nulidad del Acuerdo 8 de febrero de 1990, en lo que se refiere a la no elección del doctor Miguel Faciolince, y como consecuencia de ello, condenó al Ministerio de Justicia Administración Judicial a pagarle salarios y demás emolumentos desde el día 12 de marzo de 1990 y hasta el 30 de agosto de 1991, fecha en la que terminó el período iniciado el 1º de septiembre de 1989 (fls. 9 a 37). Sentencia que fue confirmada posteriormente por el Consejo de Estado en providencia del 10 de febrero de 2000 (fls. 44 a 70).

El 25 de enero de 2001 los actores mediante apoderado solicitaron a la dirección ejecutiva de administración judicial el reconocimiento y pago del seguro de vida especial y los gastos funerarios consagrados en la Ley 16 de 1988, con ocasión de la muerte del Señor Faciolince Reyes Miguel (fls. 87 a 89).

La petición fue resuelta a través del Oficio 0149 del 31 de agosto de 2001, en el cual, el director de la unidad de asistencia legal del Consejo Superior de la Judicatura señaló:

“(...) para el efecto le comunicó que con el Oficio 003921 del 14 de febrero del año 2001, la compañía de Seguros de la Previsora S.A., “objeto” (sic) formalmente la reclamación del siniestro de la tutela, pues aduce la prescripción ordinaria y extraordinaria de las acciones que se derivan del contrato de seguro, por haber transcurrido mas de cinco años, entre el deceso del señor Faciolince y la reclamación de indemnización, que comprende muerte y gastos funerarios.

Asimismo, esta dirección ejecutiva de administración judicial, mediante oficio AIN-UA 116 de fecha 9 de mayo de 2001, dirigido a la doctora Melva González Rodríguez, gerente de la Previsora S.A., compañía de seguros, formuló solicitud de reconsideración de la objeción.

La Previsora S.A., Compañía de Seguros, como respuesta a la mencionada objeción manifestó en el oficio 00011290 de fecha de 10 de julio del año de 2001, que confirma su posición y concluye manifestando que la objeción “esta” (sic) llamada a prosperar, por cuanto no se encuentra probado que el señor Faciolince Reyes perdió la vida por causa o con ocasión del ejercicio de sus funciones, por lo cual no resulta procedente la reconsideración presentada por esta dirección” (fls. 5 y 6).

Del seguro de vida para los funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público

Mediante la Ley 16 del 28 de enero de 1988, se estableció el seguro de vida para los funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público, y para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, que por causa o por ocasión del ejercicio de sus funciones pierdan la vida en hechos violentos, la norma es del siguiente tenor literal:

“ART. 1º—Establécese el seguro de vida para los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, del Ministerio Público y para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, que por causa o por ocasión del ejercicio de sus funciones pierdan la vida en hechos violentos. El seguro de que trata el presente artículo comprende los gastos funerarios (...)”.

Esta norma enuncia unos presupuestos para el reconocimiento del derecho que consagra: (i) Que fueran funcionarios o empleados de la rama jurisdiccional, del Ministerio Público, o para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, y (ii) Que por causa o por ocasión del ejercicio de sus funciones pierdan la vida en hechos violentos.

Procederá entonces la Sala a analizar si en el caso concreto y particular se cumplen o no tales requisitos.

(i) Que el servidor público sea funcionario o empleado de la rama jurisdiccional, del Ministerio Público o personas que desempeñen transitoriamente funciones jurisdiccionales

El señor Miguel Faciolince Reyes laboró como Juez 5º de Instrucción Criminal en la Ciudad de Mompox (Bolívar) entre el 1º de septiembre de 1989 y el 28 de febrero de 1990 (fl. 37), fecha esta en la cual es retirado de la rama judicial mediante el Acuerdo 8 del 8 de febrero de 1990, expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

El Acuerdo 8 de 1990 es declarado nulo a través de las sentencias del 4 de septiembre de 1996 y del 10 de febrero de 2000, proferidas en su orden por el Tribunal Administrativo de Bolívar y por el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección 41, y como consecuencia de ello se ordenó, condenar a la Nación, Rama Judicial, a pagar, entre otros al señor Miguel Faciolince Reyes, las sumas que le correspondían por concepto de salarios y demás emolumentos a que tenía derecho como Juez Quinto de Instrucción Criminal desde el día 1º de marzo de 1990 hasta el día 30 de agosto de 1991, fecha en la que culminó el período que se había iniciado el día 1º de septiembre de 1989 (fls. 36 y 37).

Esta corporación ha precisado que los fallos de nulidad producen efectos “ex tunc”, es decir, desde el momento en que se profirió, el acto anulado, esto es, que por tener efectos retroactivos las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban, antes de la expedición del acto anulado(1).

En consecuencia, hace que las cosas vuelvan a su estado inicial como si el acto nunca hubiera existido, es decir, “desde entonces” (ex tunc).

Sobre el particular, mediante sentencia del 8 de febrero de 2007 que definió la situación del Expediente 10266-2005, la Sección Segunda Subsección A, de esta corporación, con ponencia del doctor Alberto Arango Mantilla preceptuó:

“(...) si bien se trata de una ficción legal, no es menos cierto que la decisión del juez contencioso produce plenos efectos jurídicos, se insiste en forma retroactiva, pues de ahí que la persona favorecida con la sentencia sea objeto no solo de un reconocimiento económico sino de un restablecimiento del derecho que opera en forma integral, en tanto se le considera como tiempo efectivamente servido aquel durante el cual estuvo cesante como consecuencia del acto administrativo ilegal, esto es, como si jamás hubiese perdido su investidura de funcionario o empleado judicial, así no la haya ejercido materialmente, pues en esas condiciones goza igualmente de todas las prerrogativas y los derechos inherentes a ella (...)”.

Bajo estos supuestos, la decisión del juez que declara la nulidad produce plenos efectos jurídicos, a pesar de tratarse de una ficción legal, en virtud de los efectos ex tunc, pues la persona beneficiada con la sentencia podrá reclamar el restablecimiento integral de su derecho, puesto que se le considera como tiempo servido aquel durante el cual estuvo desvinculado con ocasión del acto administrativo ilegal, por lo que, tiene derecho a gozar de todos los privilegios y los derechos propios de esto.

Así las cosas, el fallecido juez de la República estuvo vinculado a la rama judicial, primero, por elección y, segundo, por decisión judicial de esta jurisdicción, al encontrar viciado de nulidad el acto administrativo (Ac. 8/90) que lo retiró del servicio, teniéndose entonces como tiempo de servicio desde el 1º de septiembre de 1989 y hasta el 30 de agosto de 1991.

(ii) Que por causa o por ocasión del ejercicio de sus funciones pierdan la vida en hechos violentos

A folio 90 obra copia del registro de defunción 889088 de la Superintendencia de Notariado y Registro, en donde aparece que el señor Miguel Faciolince Reyes falleció el 14 de junio de 1991 como consecuencia de “estallido masa encefálica; fractura bóveda y base craneana; impactos de proyectil arma de fuego”.

Para el caso concreto según lo previsto en la Ley 16 de 1988, el riesgo asegurable(2) lo constituye la amenaza a la integridad física de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, entre otros, que por causa o con ocasión del ejercicio de sus funciones pierdan la vida en hechos violentos. Luego una vez se materializa el riesgo se da origen a la obligación condicional del asegurador(3).

Ahora bien, no puede sostenerse que el causante no se encontraba en el cargo de Juez de Instrucción Criminal de Mompox al momento de ocurrir su deceso, ya que en virtud de la citada sentencia judicial se repite ostentaba dicha dignidad justamente para esa fecha.

No obstante, dadas las circunstancias en que se causa su fallecimiento, se considera que la muerte del Juez de Instrucción Criminal a pesar que fue producto de un hecho violento, no fue en ejercicio ni con ocasión de las funciones desempeñadas en la rama jurisdiccional, ya que, si bien es cierto, las sentencias que declararon la nulidad del acuerdo que lo desvinculó del cargo retrotrajeron los efectos de este, ordenando el pago de salarios y emolumentos, es decir, creando la ficción que para ese momento era empleado público, también lo es que no tienen la virtualidad de suponer que el hecho violento que produjo su muerte fue con motivo del cumplimiento de las funciones propias del cargo de juez, cuando ello no fue así.

En este orden de ideas, es inviable afirmar que su muerte “violenta” fue en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

Como puede verse, la situación examinada no reúne los presupuestos de la Ley 16 de 1988, y por lo tanto, los actores no tienen derecho al reconocimiento y pago del seguro de vida y auxilio funerario, previsto en esa ley.

Así las cosas, esta Sala habrá de confirmar la sentencia del tribunal administrativo.

Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 4 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las súplicas de la demanda instaurada por María Auxiliadora Barrios y otros, contra la Nación, Consejo Superior de la Judicatura.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, M.P. María Inés Ortiz Barbosa. Sentencia de 5 de mayo de 2003, Expediente 12248.

(2) Código de Comercio. Artículo 1054. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento.

(3) “(...) resulta elemento esencial del contrato de seguro que la obligación del asegurador este sometida a una condición, hecho futuro e incierto que no dependa de la sola voluntad del tomador o del asegurado que viene hacer la condición, pero que también es lo que el artículo 1054 del Código de Comercio define como riesgo al señalar que su realización da origen a la obligación del asegurado (...)”. López Blanco Hernán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro. Editores Dupre. Cuarta Edición 2004. Bogotá. Página 100.