Sentencia 2002-00364 de noviembre 7 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 17001-3110-003-2002-00364-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

(Discutido y aprobado en Sala de 29 de junio de 2012).

Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como se aprecia, el principal argumento del a quo para proferir sentencia desestimatoria frente a las pretensiones de la demanda, consistió en que el señor Víctor Raúl Mideros Rosero mantuvo, simultáneamente, relaciones de convivencia tanto con su cónyuge, señora María Orfilia Giraldo González, como con la aquí demandante, señora Gloria Nancy Cardona Laserna, paralelismo que, per se, descarta que el segundo de esos vínculos hubiese sido “singular” y “permanente” y, por lo mismo, la existencia de una unión marital de hecho, por insatisfacción de las exigencias consagradas en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990.

El tribunal, en esencia, afirmó que entre la actora y el citado Mideros Rosero existió una relación de pareja constitutiva de una “unión marital de hecho” que perduró “los últimos 7 años de vida” del mencionado compañero, esto es, entre el 10 de mayo de 1995 y el mismo día de 2002, fecha del deceso de éste.

En el cargo acogido en casación, el censor sólo controvirtió parcialmente el último de tales razonamientos del ad quem, toda vez que admitió la existencia de la referida relación de pareja entre los señores Cardona Laserna y Mideros Rosero, empero cuestionó que ella hubiese sido “singular”, habida cuenta que en el tiempo de su duración, el mencionado compañero hizo igualmente vida marital con su cónyuge, señora María Orfilia Giraldo González, hecho éste que, a decir del recurrente, se desprende de las declaraciones rendidas por los señores Clara Rosa Mideros Rosero, Lina María Giraldo Palacio, Lina Marcela González Giraldo, Arcesio Tamayo Rincón, Jenny Jazmín Espitia Herrera, Pablo Emilio Mideros Rosero, Giovanni Rivera Loaiza, José Rubiel Salgado Agudelo y Jairo Roberto Mideros Rosero, las cuales pretirió el tribunal.

2. Se sigue de lo anterior que de cara al presente fallo sustitutivo, se impone a la Corte evaluar, en principio, a la luz de las declaraciones en precedencia relacionadas y, adicionalmente, de las restantes probanzas recaudadas, si el vínculo amoroso que ató a los señores Gloria Nancy Cardona Laserna y Víctor Raúl Mideros Rosero fue o no “singular”, para, correlativamente, determinar si la mencionada relación constituye una “unión marital de hecho” generadora, a la vez, de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

3. Mucho tuvo que esperarse para que, en el ámbito patrio, la ley reconociera efectos jurídicos al otrora denominado “concubinato”, en principio reprobado y paulatinamente admitido, como consecuencia de la realidad social que denotaba el aumento de uniones de ese linaje y de la necesidad de establecer un régimen más favorable tanto para quienes las integraban, como para los hijos habidos en ellas, en el pasado llamados naturales y ahora denominados “extramatrimoniales” (L. 45/36, L. 75/68, D.L. 2820/74 y L. 29/82, entre otros).

Así fue como, mediante la Ley 54 de 1990, el legislador estableció que “[a] partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. (…). Igualmente y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho” (art. 1º); y que “[s]e presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; b) Cuando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho” (art. 2º).

Indispensable es memorar también que con posterioridad a la fecha de vigencia de la referida ley, entró a regir la Constitución Política de 1991, que en su artículo 42, por una parte, calificó la familia como “el núcleo fundamental de la sociedad”; por otra, declaró que ella “[s]e constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”; y, finalmente, determinó que “[e]l Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia”.

Es ostensible, entonces, que el reconocimiento jurídico de la familia establecida por lazos simplemente naturales, a partir de la nueva Carta Política, adquirió linaje constitucional, ordenamiento superior que, además, impuso al Estado y a la sociedad toda, el deber de protegerla, al igual que a la familia originada en el matrimonio.

4. Ahora bien, conforme los términos del ya reproducido artículo 1º de la Ley 54 de 1990, la unión marital de hecho corresponde a la conformada por “un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular” (se resalta), régimen que, valga precisarlo, hoy en día se extiende a las parejas homosexuales(1).

En cuanto hace a tales requisitos, en particular al último, que, como ya se indicó, es el que interesa examinar en el presente fallo sustitutivo, la Corte tiene precisado que “[l]a singularidad de algo puede entenderse por su peculiaridad o especialidad, atendiendo que no se parece del todo a otra cosa. Pero también entraña el contrario de plural. El empleo que de ella hizo la ley 54 dice más de la segunda de las anotadas acepciones que de la primera; vale decir, [se] refiere (…) al número de ligámenes o uniones maritales y no a la condición sui generis de la relación; esto es, la exigencia es que no haya en ninguno de los compañeros permanentes más uniones maritales que la que los ata, la que, en consecuencia, ha de ser exclusiva. Porque si uno de ellos, o los dos, sostienen no sólo esa unión sino otra u otras con terceras personas, se convierte en una circunstancia que impide la configuración del fenómeno” (cas. civ., sent. sep. 20/2000, exp. 6117).

En fecha más reciente, la Sala, luego de advertir “que los elementos de comunicación seleccionados por el legislador en la Ley 54 de 1990 deben ser analizados de manera conjugada, para que mediante un proceso de asociación natural se pueda adjudicar el verdadero sentido, no sólo a cada una de las expresiones lingüísticas, sino al conjunto de ellas, de modo que unas acudan en auxilio de las otras para delinear armoniosamente la representación de lo que quiso mandar el legislador” y que “los sintagmas ‘comunidad’, ‘de vida’, ‘permanente’ y ‘singular’, necesitan una relación contextual de modo que el sentido emerja, no sólo de cada uno visto aisladamente, sino del conjunto de ellos”, observó que “la expresión ‘comunidad de vida’ implica de suyo la comunión permanente en un proyecto de vida, no episodios pasajeros, sino la praxis vital común. Si la comunidad de vida es entre dos, por exigencia de la misma ley, y si esa comunidad es de ‘la vida’, no se trata de compartir fragmentariamente la vida profesional, la vida sexual, la vida social, la vida íntima, ni siquiera de la vida familiar, sino de compartir toda ‘la vida’, concepto de suyo tan absorbente que por sí solo excluiría que alguien pueda compartir ‘toda la vida’ con más de una pareja” (cas. civ., sent. sep. 5/2005, exp. 47555-3184-001-1999-0150-01).

En ese mismo fallo, más adelante, sobre el requisito de que se trata, esta Corporación precisó lo siguiente: “A su vez la singularidad de esa comunidad de vida atañe con que sea sólo esa, que no pueda existir otra de la misma especie, es decir, que sea señera; tal unicidad desaloja toda posibilidad de equívoco y confusión sobre la inmediata aplicación de la presunción prevista en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990.

“De otra parte, en relación con la acusación del recurrente acerca de que el tribunal distorsionó el sentido del vocablo ‘singular’ empleado en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, reitera la Corte que constituye norma de hermenéutica que las palabras de que se sirve el legislador, deben entenderse en su sentido natural y obvio, según su uso general. Así, la singularidad de algo puede entenderse por su peculiaridad o especialidad, atendiendo a que lo definido no se parece del todo a otra cosa, pero lo singular también describe lo contrario a plural. El empleo que de ella hizo la ley tantas veces citada, se refiere a la segunda de las anotadas acepciones, es decir, al número de uniones maritales y no a la condición sui generis de la relación; esto es, la exigencia de que no concurra en ninguno de los compañeros permanentes otra unión de las mismas características, pues si dos hubiera, desaparecería la singularidad y por ahí mismo el presupuesto que la ley exige.

“…

“En ese mismo sentido, bueno es precisar que en la ponencia para el primer debate de la normatividad en comento, se dejó expresamente consignado que era muy importante ‘señalar que en todos los casos se ha pretendido evitar la legitimación de uniones simultáneas conyugales o de hecho, no solamente con base en argumentos morales, sino también para prevenir una fuente inacabable de pleitos, donde las dificultades probatorias son obvias’ (Gaceta del Congreso, oct. 24/88, pág. 9). Tal exposición de motivos, sin duda permite entender que las expresiones lingüísticas ‘comunidad de vida permanente y singular’, empleadas en la Ley 54 de 1990, todas a una convergen en la exigencia de exclusividad, y por fuerza de las reglas de la lógica, la pluralidad de relaciones de similar naturaleza destruye la singularidad”.

5. Sin perder de vista las precisiones conceptuales que se dejan consignadas, se pasa ahora a compendiar las declaraciones no apreciadas por el ad quem:

5.1. Clara Rosa Mideros Rosero, hermana del señor Víctor Raúl Mideros Rosero, manifestó, en síntesis, que conoció a la actora en una reunión que con motivo de la navidad de 1999 o del año 2000 realizó este último con todos los empleados de taller de su propiedad; que tuvo conocimiento de que ella era casada; que no existió entre las dos ningún trato, pues sólo la volvió a ver en otra reunión que se realizó en la casa de su hermana Rocío, a la que también asistió Víctor Raúl; y que desconoció la clase o el tipo de vínculo que tenían los dos, “supuse que al estar ella casada, supuse que ellos eran amigos, o que sostenían una relación de trabajo”.

Narró que laboró con su hermano de marzo a octubre de 1999 “en una cafetería” localizada “en la cra. 18 Nº 29-25, de nombre Macro Pan” y que “cuando yo trabajé ahí, en la parte de arriba que había un apartamento vivía él ahí encima, se que vivía ahí porque cuando yo madrugaba a la cafetería a las 6 y media de la mañana, él, Víctor Raúl, a las 7 y media de la mañana, más o menos, bajaba bañado a atender el taller de mecánica, que era contiguo a la cafetería, él vivió solo, se que vivía solo por lo anterior y porque a veces yo le hacía de la cafetería el almuerzo o le preguntaba a él (…) qué quería de almuerzo (…) y él me decía ‘Carito me lo trae ahora’, haciendo referencia a la hija de él, en ocasiones que él me mandaba para la parte de arriba del apartamento a llevarle algo allá, sólo le veía la sala, la cama, el apartamento era solo, y a veces le hacía el aseo (…)”.

Preguntada sobre el estado civil de su hermano respondió que “[é]l era casado y antes de fallecer ya había hecho liquidación de bienes con Orfilia Giraldo, pero él vivía solo en el apartamento que mencioné, pero a veces también iba a la casa de Orfilia, lo sé porque yo en un seminario que tuvo Orfilia Giraldo en Popayán, yo me hice cargo de la casa de Orfilia, y él iba allá a almorzar, no todos los días, o a comer, se quedó por ahí dos veces, yo estuve quince días haciéndome cargo de dicha casa”.

Seguidamente aclaró que esa forma de vida de Víctor Raúl Mideros Rosero, esto es, que “viviera” solo y también pernoctara en la casa de su esposa, la mantuvo “[h]asta antes de morir, él murió en mayo de 2002, hasta el último momento estuvo así en ese iba y salía”; que aquél adquirió el mencionado inmueble aproximadamente un año antes de la fecha en que la testigo empezó a trabajar con él; que en ese momento el dueño anterior tenía arrendado el apartamento ubicado en la parte superior del edificio al señor Omar Aguirre; que “[e]so estuvo arrendado todo el año del 98 hasta principios del 99. Luego desocuparon y ahí fue donde Raúl vivía solo”; y que cuando la declarante “iba allá a la casa de Orfilia Giraldo, la esposa, donde los hijos de él, yo veía ropa y sus cosas, porque la niña Carolina también le llevaba ropa al apartamento, para arreglársela y todo eso”.

Negó la versión de sus hermanos Álvaro, Carlos y Trinidad del Socorro Mideros, consistente en que ella, la deponente, sí conocía la relación de la aquí demandante y el señor Víctor Raúl Mideros Rosero, así como que hubiera ido a Chinchiná a la casa donde estos residieron, en respaldo de lo cual adujo su alejamiento de la familia y que su trató con el precitado señor se extendió sólo por el tiempo que trabajó con él o si acaso por un año.

Hizo referencia a su conocimiento sobre la separación de bienes que realizaron los esposos Mideros-Giraldo y a la forma en que desde entonces su hermano atendió las obligaciones alimentarías para con su cónyuge e hijos (fls. 326 a 336, cdno. 1).

5.2. Lina María Giraldo Palacio precisó que conoció al señor Víctor Raúl Mideros Rosero en el año 1995, “porque trabajé con él en la casa de doña Orfilia, la esposa de él”, como empleada doméstica, labor que realizó hasta el año 2001, y que en tal virtud asistió a la residencia de los esposos Mideros-Giraldo de lunes a viernes, en el horario de 7:00 A.M. a 2:30 P.M.

Manifestó que “[y]o no me llegué a dar cuenta que ellos estuvieran separados, porque algunas veces no lo encontraba en la casa, a Víctor Raúl, pero muchas veces sí lo encontraba y yo misma le preparaba el desayuno. En este momento no se si estarían separados o no, porque yo estuve con ellos hasta el 2001, y no estaban separados, estaban viviendo juntos”.

Agregó que por razón de su trabajo apreció que él “tenía pertenencias allá, como ropa, no sé decir qué mas, porque era poco lo que yo me metía en lo de ellos”, y que él pernoctaba en la habitación ubicada “subiendo la escala, el primer cuarto que quedaba junto al comedor. Ese cuarto es el de la alcoba del matrimonio”.

Puntualizó, refiriéndose a su patrono, que “no lo encontraba todos los días, sino algunas veces (…) Podría ser tres veces en la semana” (fls. 337 a 344, cdno. 1).

5.3. Lina Marcela González Giraldo fue otra empleada doméstica de la familia Mideros-Giraldo, que empezó a laborar en enero de 2002 y a la fecha de la declaración —10 de junio de 2003— continuaba prestándole sus servicios.

En relación con el señor Víctor Raúl Mideros Rosero, precisó que “era el señor de la casa, el patrón mío, el no me contrató, me contrató doña Orfilia”.

Consultado su conocimiento sobre “si [entre] los señores Víctor Raúl Mideros Rosero y María Orfilia Giraldo existió alguna separación o si por el contrario convivieron juntos hasta que él falleció”, la testigo señaló que “[n]o sé si hubo separación entre ellos, sí ellos convivían juntos hasta que él falleció, él falleció el 9 de mayo de 2002”.

En torno de la permanencia del nombrado señor en dicha casa, puntualizó, por una parte, que él amanecía allí “por ahí tres, cinco veces a la semana, no me consta, pero que yo sepa por comentarios, en el taller de él se quedaba el resto de los días (…), cuidando el taller, lo sé porque los hijos de él habla[ba]n, Carolina, Alex, que había que quedarse cuidando las máquinas que había allá” y, por otra, que tenía sus objetos personales “en la casa de la Asunción, de ellos, de doña Orfilia y don Víctor Raúl”.

Comentó que el señor Mideros Rosero dormía “en la habitación del matrimonio, lo sé porque yo arreglo toda la casa, y prácticamente esa pieza, siempre había que recogerles la ropa de ambos de doña Orfilia y don Raúl, y las cosas personales, (…)” (fls. 346 a 352, cdno. 1).

5.4. Arcesio Tamayo Rincón, compañero de trabajo de la señora María Orfilia Giraldo de Mideros y quien, como ella, laboraba en el colegio “La Asunción” de Manizales, ubicado en proximidades de la casa de habitación de los esposos Mideros-Giraldo, espontáneamente relató que “[a] Raúl lo conozco porque yo soy compañero de Orfilia Giraldo en el colegio La Asunción, primaria B, porque antes era la Escuela Antonio Ricaurte, yo más o menos he ido a la casa de ellos, no de estar metido allá, en muchas ocasiones fui a tomar algo o a tomar aguardiente, en la casa de ellos, me refiero a Orfilia y a Raúl, porque ellos viven ahí cerquita de la escuela, a 20 pasos. Hasta cuando él murió yo lo veía salir de la casa de la Asunción en las horas de la mañana, seis y media, seis y veinte o faltando un cuarto para las 7, me daba cuenta porque yo llegaba a esa hora a trabajar, y lo veía saliendo de la casa de ellos dos, de Orfilia y de él, en el carro que él conducía, y en ocasiones yo iba por la noche a la casa de Orfilia y allá lo encontraba”.

Respecto de una eventual separación de los señores Mideros Rosero y Giraldo de Mideros, el declarante señaló que “[n]o puedo asegurar eso, porque yo a él solo lo veía salir de allá, cuando paso a trabajar a la escuela, no soy vecino de ellos del barrio, solo lo veía salir de dicha casa, no más. Que compartí con ellos, con Orfilia y Raúl en la casa de ellos, sí compartí, hasta unos seis meses antes de morir él, tanto que yo fui profesor del hijo mayor de ellos, que llama Raúl”.

Insistió en que “[y]o lo veía salir mucho por la mañana de la casa de Orfilia, como dije anteriormente, porque yo trabajo enseguida de la casa de ellos, y al frente de la casa de ellos yo acomodo el carro. No sé si él amanecía allá o no, yo lo veía salir temprano como dije antes. Lo que sí puedo atestiguar es que él muchas veces llamaba a la escuela para hablar con Orfilia, para qué eso si no se, porque yo contestaba las llamadas, nosotros, Raúl y yo, nos saludábamos en las llamadas, por eso sabía que era Raúl” (fls. 353 a 357, cdno. 1).

5.5. Lenny Jazmín Espitia Herrera admitió haber conocido al señor Víctor Raúl Mideros Rosero “como inquilina en la casa que tenía doña Orfilia en la Asunción, eso fue más o menos en el 98. Hace dos años que me salí de allá” (el testimonio data de jun. 10/2003). Aclaró que ocupó los dos primeros niveles del inmueble y que en el tercero residía la familia Mideros-Giraldo.

Por razón del reconocimiento que la testigo hizo de dicha relación contractual, la apoderada de la parte demandante tachó su declaración de sospechosa.

La deponente expuso que “yo sabía que don Raúl era el esposo de ella, porque él actuaba lo normal de un matrimonio, él iba a almorzar allá, además porque todo se escucha, porque la casa es muy comunicada, uno escuchaba por ejemplo al medio día que ‘alístenle el almuerzo a su papá’, o cuando ‘mire su papá ya va a llegar y usted no ha hecho tal cosa’, sí lo normal, lo cotidiano de una familia. Nunca me di cuenta que este señor Raúl tuviera a alguien por fuera del matrimonio, nunca me di cuenta. La verdad es que nosotros, don Raúl como doña Orfilia y los hijos, que son una familia muy espectacular, nos hicimos buenos amigos, (…) yo viví hasta julio de 2001, porque yo compré ya casa en la Cumbre, y hasta que yo me fui de esa casa, todavía vivía don Raúl en esa casa, todavía no había fallecido”.

Sobre la vida familiar de los Mideros-Giraldo comentó que “nunca llegué a presenciar discusiones [o] algo por estilo, es que ellos eran unas personas muy decentes, doña Orfilia y don Raúl son muy decentes, ellos se comportaban como una familia normal, sin discusiones. Yo veía que doña Orfilia lo esperaba cuando él iba a llegar de viaje, ella empezaba a hacer el alboroto en la casa y los preparativos para que él entrara, había un interés mutuo de cada uno cuando se encontraban, de saludo, ‘como te fue’, la verdad yo tampoco los vi besándose nunca, pero sí escuchaba yo también cuando se hablaban y se veía el interés mutuo por recibirse”.

Añadió que “[l]as veces que yo me daba cuenta que no amanecía en la casa o días que él no estaba, era porque estaba viajando, como por cosas de trabajo, él como que le tocaba viajar mucho, yo me daba cuenta por los comentarios que hacían los hijos y doña Orfilia, porque yo escuchaba a razón de la comunicación que existe entre la casa, yo escuchaba ‘cuando venga su papá hacemos tal cosa’, ‘mire ahí llamó su papá que está bien’, ‘hagamos tal cosa que su papá ya viene’, es que todo prácticamente se escuchaba”.

Y respecto de si don Víctor Raúl no llegaba a la casa por estar con otras mujeres, comentó que “[n]o, nunca llegue a escuchar eso, yo se que a don Raúl le gustaba tomar traguito y Alex también tomaba, porque escuchaba a doña Orfilia haciendo comparaciones con el trago, porque a los dos les gustaba, pero nunca escuche que él se quedara en la calle con otras mujeres”.

Frente al interrogante de si “doña Orfilia y don Víctor Raúl compartían mesa y cama”, la testigo respondió que “lo que a mi me consta sí, hasta donde yo pude ver sí” y que él dormía en la habitación “de ellos dos, de doña Orfilia y don Raúl, o sea, del matrimonio” (fls. 358 a 366, cdno. 1).

5.6. Pablo Emilio Mideros Rosero admitió ser hermano de Víctor Raúl Mideros Rosero y, en virtud de ello, la parte demandante tachó de sospechoso su testimonio.

Relató que él fue quien le comentó a los esposos Mideros-Giraldo la posibilidad de comprar el taller que, luego, en efecto, Víctor Raúl adquirió; que para la realización de ese negocio, la señora María Orfilia Giraldo de Mideros le facilitó a éste último dineros propios y otros que consiguió en calidad de préstamo a un tercero; y que fueron muy estrechos sus lazos con la pareja, como frecuentes sus visitas a la casa de ellos.

Tras advertir que “no sé donde vivía él al momento de su muerte”, el deponente, frente a la pregunta de si se enteró de que los citados cónyuges hubiesen liquidado la sociedad conyugal que entre ellos existía, contestó: “[s]í me entere, no recuerdo cuándo o la razón de esa liquidación, justamente a ella le pregunté por qué había hecho esa liquidación y ella no me dio explicación, y sin embargo, a pesar de eso, Raúl siguió visitándolos a ellos, porque siempre nos seguimos él y yo encontrando allá en la casa de Orfilia Giraldo” (fls. 367 a 373, cdno. 1).

5.7. Giovanni Rivera Loaiza, esposo de la testigo Lenny Jazmín Espitia Herrera, residió, como ella, en calidad de arrendatario en la casa de los esposos Mideros-Giraldo.

Narró que en las ocasiones en que iba a almorzar a su lugar de habitación, apreció que en el piso superior, “donde residía doña Orfilia, gritaban como apurados para que le llevaran los alimentos al señor Raúl, escuchaba que doña Orfilia le decía a veces a Carolina su hija que corriera a llevarle los alimentos al taller a don Raúl, que ya estaba muy tarde, igualmente le decía en ocasiones también a Alex, otro hijo, Alexander concretamente”.

Añadió que “a veces cuando salía yo en horas de la mañana para mi trabajo, a eso de las siete, siete y media, veía yo al señor Raúl saliendo del inmueble de la casa de doña Orfilia en una camioneta (…), también lo veía en ocasiones cuando yo de pronto llegaba más temprano de la universidad, escuchaba yo hablando a doña Orfilia, a don Raúl y sus hijos, escuchaba la voz de don Raúl, esto porque el inmueble donde nosotros vivíamos se comunica con la parte de encima, hay como un vacío entre las dos casas y se alcanza a escuchar cuando se habla muy duro (…)”.

Interrogado sobre su conocimiento de la separación de los esposos Mideros-Giraldo, señaló que “en el lapso del tiempo en que yo residí en ese inmueble (…), realmente no tuve conocimiento de que este señor Raúl no vivera allá, en muchas ocasiones escuchaba que hablaba arriba. A ciencia cierta no puedo afirmar de que él hubiera estado ausentado (sic) de su casa”.

Sobre el trato de los citados cónyuges, precisó que “no llegue a escuchar discusiones fuertes, no. Al contrario, escuchaba que doña Orfilia (…), más que todo al almuerzo, apresuraba a los hijos para que le llevaran el almuerzo a este señor, a don Raúl, sería al trabajo, al taller Mideros” y que “[e]n las ocasiones que de pronto los vi hablando, los vi muy normal, nunca los vi discutiendo ni nada de eso, en una ocasión los vi saliendo en el vehículo, nunca los vi besándose, en una ocasión vi que se despidieron de un beso en la mejilla en la puerta”.

Preguntado sobre si observó al señor Mideros Rosero fuera del hogar y si “iba sólo o departía con alguien”, respondió que “en ningún momento lo vi con alguna mujer en el tiempo que los distinguí, él era un señor muy serio, como muy entregado a sus hijos [y] a su familia, muy pendiente de ellos, lo que necesitaran. Escuchaba que él, don Raúl, era muy complaciente con los hijos. No tengo que decir nada de una conducta no deseada o mala, por el señor Raúl” (fls. 375 a 380, cdno. 1).

5.8. José Rubiel Salgado Agudelo, uno de los vecinos de la familia Mideros-Giraldo, precisó que los conocía desde hacía unos quince o dieciséis años atrás a la fecha de la declaración —junio 11 de 2003—.

Con el argumento de que existían sentimientos de amistad para con los demandados, la parte actora tachó de sospechosa la declaración.

En cuanto hace a la relación de los esposos Mideros-Giraldo señaló que “llevaban una vida tranquila de mucho hogar” y observó que a don Víctor Raúl “en algunas oportunidades lo veía salir de su casa que compartía con doña Orfilia y con su familia tipo siete, siete y media a su taller, de nombre Mideros, (…), y ya por la noche sí también le veía llegar, de pronto un poco tarde, porque él, Raúl, trabajaba hasta tarde en su taller, lo sé porque él me lo comentaba cuando estábamos de pronto charlando. Los sábados y domingos, que es cuando uno está todo el día en la casa, sí lo veía a don Raúl allí, en su casa, que compartía con doña Orfilia, lavando su carro en las horas de la tarde o los domingos saliendo a pasear con su familia, sus hijos y su esposa”.

Posteriormente precisó que “durante el tiempo que tuve de conocerlos, en lo que pude observar, siempre hubo armonía en el hogar, esto lo deduzco porque como lo manifesté anteriormente, don Raúl con doña Orfilia al igual que su familia salían en algunas oportunidades a pasear, de lo que se infiere que la armonía en el hogar era una de sus cualidades, porque de lo contrario saldría él solamente con sus hijos y dejaría a su esposa allá, no hubo separación ninguna entre los esposos Mideros Giraldo, hasta que él falleció” (fls. 381 a 385, cdno. 1).

5.9. Jairo Roberto Mideros Rosero, es otro hermano de Víctor Raúl Mideros Rosero, quien espontáneamente, respecto de la demandante, manifestó que “a mi no me consta que ella haya convivido con mi hermano (…), no me consta que ella haya compartido cama, mesa, techo con Víctor Raúl, no tengo los instrumentos claros, precisos para determinar si hubo convivencia o no”.

En lo tocante al sitio de residencia de este último expresó que “no puedo afirmar si el señor Víctor Raúl vivía o no en el apartamento que queda ubicado en la parte alta de la casa cra.18 Nº 29 25. No tengo conocimiento donde vivía él”.

Tras advertir que la relación entre ellos fue buena pero esporádica, señaló que “en la vivienda que ocupa doña María Orfilia Giraldo, que es la esposa de Víctor Raúl Mideros, existían para la fecha o tiempo en que más adelante detallaré, algunas prendas y objetos personales de Víctor Raúl Mideros”, indicando luego que eso fue en “junio o julio de 2002”, ocasión en la cual la citada cónyuge le solicitó realizar un inventario de los activos y pasivos del taller VR Mideros, para lo cual él se vio en la necesidad de recaudar diversos documentos que “se encontraban en la casa de doña María Orfilia Giraldo”.

Negó haber sido el contador de don Víctor Raúl Mideros Rosero y explicó que por ser el único miembro de su familia con esa profesión, los demás recurrían a él con frecuencia y que, sin que ello implicara prestarles una asesoría o trabajar a su servicio, les colaboraba en lo posible.

Aportó el formulario de afiliación e inscripción a Cafesalud de la señora Gloria Nancy Cardona Laserna, en relación con el cual el testigo expresó que “no fue elaborado por mí, en ninguna de sus partes, este fue elaborado en agosto de 1999, encuentro que a simple vista la firma de don Víctor Raúl Mideros no corresponde a la que él regularmente hacía, por lo tanto me parece grave este hecho, y solicito a este despacho se promueva una investigación a fondo sobre este hecho”.

En relación con “el formulario de ingresos y retenciones del año gravable del 2001 elaborado en febrero 8 del 2002” manifestó “que ese sí lo elaboré yo a pedido de don Víctor Raúl Mideros, mi hermano, él me solicitó, me dio unos datos, como yo sé llenar eso, lo llené, pero la información contenida me la suministró Víctor Raúl”.

Destacó que en la “escritura pública extendida para la compra del lote campestre por los lados de “Santágueda (sic), llevada a cabo por don Víctor Raúl en noviembre de 1999, perdón en noviembre de 2001, manifest[ó] no tener sociedad marital con ninguna persona, eso es lo más relevante que observé en dicha escritura, y en la escritura de la casa lote donde está el taller, en esa de la compra de dicha casa local taller, también manifest[ó], perdón, no manifest[ó] por ninguna parte tener relación marital con alguna persona, incluyendo doña Gloria Nancy” (fls. 491 a 501, cdno. 1).

6. En torno de ese conjunto de testimonios, se hace necesario, primeramente, analizar las tachas que por sospecha planteó la parte demandante en relación con las versiones suministradas por los señores Jenny Jazmín Espitia Herrera, habida cuenta que fue arrendataria de la señora María Orfilia Giraldo González, José Rubiel Salgado Agudelo, debido a su amistad con la familia Mideros-Giraldo, y Pablo Emilio Mideros Rosero, por ser hermano del causante Víctor Raúl Mideros Rosero.

A voces del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil son “sospechosas para declarar las personas que en concepto de juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

En el caso de la señora Jazmín Espitia Herrera, como ella misma lo declaró, la relación contractual de arrendamiento que mantuvo con la señora María Orfilia Giraldo González ya había terminado al momento de rendir el testimonio, pero conservaba, desde entonces, con ella y sus hijos, los aquí demandados, los lazos de amistad generados por el hecho de haber ocupado los dos niveles inferiores del inmueble en cuyo tercer piso residía la familia Mideros-Giraldo.

Así las cosas, concluye la Corte que ni el referido vínculo contractual, inexistente al momento de la declaración, ni la aludida relación de amistad, así ella permita suponer sentimientos recíprocos de afecto o aprecio, alcanzan a erigirse como válidos motivos de sospecha, toda vez que ellos no se vislumbran como factores con la fuerza suficiente para incidir en la credibilidad o en la imparcialidad de la declaración rendida por la señora Espitia Herrera.

Igual prédica cabe hacer respecto del testigo señor José Rubiel Salgado Agudelo, pues mirada en todo su contexto la declaración que rindió, es patente que la amistad que mantuvo con los miembros de la familia Mideros-Giraldo no fue estrecha, sino derivada de la relación de vecindad que entre ellos existió.

Ahora bien, en cuanto hace al señor Pablo Emilio Mideros Rosero, es evidente el parentesco que lo ataba con el señor Víctor Raúl Mideros Rosero, pues eran hermanos, y, por lo mismo, el que lo une con los aquí demandados, respecto de quienes es su tío. En igual situación se encuentran los testigos señores Clara Rosa y Jairo Roberto Mideros Rosero, no obstante que ellos no fueron tachados de sospechosos.

Con todo y la existencia, por una parte, del vínculo de amistad a que se aludió en el caso de los señores Jazmín Espitia Herrera y José Rubiel Salgado Agudelo y, por otra, del parentesco entre los hermanos Mideros Rosero, habrán de desestimarse las tachas planteadas y, por consiguiente, de apreciarse los testimonios de aquellos y éstos, empero con la advertencia de que la crítica de los mismos se realizará con mayor rigor y severidad.

Al respecto, pertinente es memorar que “la sola tacha por sospecha no es suficiente para menguar la fuerza demostrativa de un testimonio, ya que de esa circunstancia no cabe inferir sin más, que el testigo faltó a la verdad. Como lo advirtió el fallador, cuando la persona que declara se encuentra en situación que haga desconfiar de su veracidad e imparcialidad, lo que se impone no es la descalificación de su exposición, sino un análisis más celoso de sus manifestaciones, a través del cual sea permisible establecer si intrínsecamente consideradas disipan o ratifican la prevención que en principio infunden, y en fin, si encuentran corroboración o no en otros elementos persuasivos, criterios que en definitiva son los que han de guiar la definición del mérito que se les debe otorgar” (cas. civ., sent. sep. 28/2004, exp. 11001-31-03-000-1996-7147-01).

7. En torno de los compendiados testimonios, debe señalarse:

7.1. Delanteramente, la importancia que ofrecen los rendidos por las señoras Lina María Giraldo Palacio y Lina Marcela González, toda vez que se trata de las personas que se desempeñaron como empleadas de servicio doméstico en la residencia de la familia Mideros-Giraldo, la primera, desde 1995 hasta el 2001 y, la segunda, desde principios de 2002 hasta, por lo menos, la fecha de la declaración, que tuvo lugar el 10 de junio de 2003. Es pertinente considerar que, en la calidad que se ha señalado, conocieron la vida privada de los mencionados esposos.

En forma coincidente, ambas deponentes se refirieron a don Víctor Raúl Mideros Rosero como el esposo de la señora María Orfilia Giraldo González, y, por ende, como el señor de la casa o su patrón. De igual modo una y otra testigo afirmaron que él dormía en la alcoba matrimonial junto con su cónyuge e insistieron en que ellos hacían vida en común, aunque el primero sólo “amanecía” en el hogar de la familia de tres a cinco días de la semana, pues los restantes se ausentaba por motivos de trabajo o porque se quedaba en el taller de su propiedad. También las dos deponentes dieron cuenta de que el señor Mideros Rosero tenía sus objetos personales en dicha casa.

7.2. De similar relevancia son las declaraciones suministradas por los esposos señores Jenny Jazmín Espitia Herrera y Giovanni Rivera Loaiza, quienes residieron en calidad de arrendatarios en los pisos o niveles inferiores del mismo inmueble ocupado por la familia Mideros-Giraldo, en el período comprendido entre 1998 y julio de 2001.

Los dos testigos explicaron que por el diseño de la casa, en el sector que ellos ocupaban se escuchaba lo que acontecía en la parte alta del inmueble, razón por la cual pudieron percatarse de que el comportamiento del señor Víctor Raúl Mideros Rosero, al interior de su núcleo familiar, era el normal de todo esposo y padre, que el trato de aquél con su esposa fue siempre respetuoso y que había interés mutuo entre ellos.

Negaron haber observado una eventual separación de los citados esposos y, por el contrario, afirmaron la vida común entre ellos, resaltando la seriedad y la marcada vocación familiar del señor Mideros Rosero.

7.3. Se suman a lo expuesto, las versiones de los señores Arcesio Tamayo Rincón y José Rubiel Salgado Agudelo, el primero, compañero de trabajo de la señora María Orfilia Giraldo González en el colegio “La Asunción”, contiguo a la residencia familiar de los Mideros-Giraldo, y el segundo, vecino de ese mismo sector.

Si bien es verdad que los declarantes no se refirieron a la vida en común de los mencionados cónyuges, uno y otro informaron sobre la permanencia en el hogar conformado por éstos, del señor Víctor Raúl Mideros Rosero.

El primer testigo relató que, con frecuencia, al llegar muy temprano en las mañanas a laborar en el referido centro educativo, como quiera que estacionaba su vehículo frente a la casa en la que residía la familia Mideros-Giraldo, observó al señor Mideros Rosero saliendo del inmueble. Asimismo informó que departió en varias ocasiones con dicha pareja, la última unos seis meses antes del deceso de aquél; que recibió en el colegio las llamadas que éste le hacía a su esposa; y que en las ocasiones en que fue en horas de la noche a la casa de su compañera y amiga María Orfilia Giraldo González, se percató de la presencia allí de su cónyuge.

Y el segundo dio cuenta de que, por razón de su vecindad, observaba al señor Mideros Rosero salir de la casa que compartía con su esposa e hijos a primeras horas de la mañana y llegar allí del trabajo algo tarde en las noches. Igualmente que aquél permanecía los fines de semana en su hogar, ocasiones en que lo vio lavando el vehículo de su propiedad o saliendo con toda su familia, comportamientos de los que dedujo que al interior de la familia Mideros-Giraldo siempre existió armonía y una buena relación.

7.4. Las restantes declaraciones corresponden a las de tres hermanos del señor Mideros Rosero, en su orden, Clara Rosa, Pablo Emilio y Jairo Roberto, las cuales, valga desde ya anotarlo, habida cuenta del mayor rigor que se impone en la crítica de sus testimonios, se muestran menos indicativas de la vida marital de aquél y su cónyuge, señora María Orfilia Giraldo de Mideros.

Los señalados deponentes, respecto de la relación entre la aquí demandante y el señor Víctor Raúl Mideros Rosero, ni afirmaron ni negaron tajantemente su existencia, sino que optaron por sostener que la desconocían.

La primera y el último testigo pusieron de presente que el trato que mantuvieron con Víctor Raúl fue esporádico, mientras que Pablo Emilio advirtió que la vinculación de los dos fue estrecha y continua.

La señora Clara Rosa Mideros Rosero afirmó que su hermano, en la época que precedió a su fallecimiento, vivía sólo en el apartamento ubicado en el tercer piso del edificio donde se encontraba ubicado el taller de su propiedad y que en ocasiones también pernoctaba en la casa donde residían su cónyuge, señora María Orfilia Giraldo González, y sus hijos.

Por su parte, el señor Pablo Emilio Mideros Rosero manifestó que desconocía dónde residía su hermano al momento de morir y que, pese a la separación de bienes que había realizado con su esposa, siguió visitando la casa donde ésta y sus hijos habitaban.

Finalmente, Jairo Roberto Mideros Rosero señaló que no le constaba la convivencia de la señora Gloria Nancy Cardona Laserna y su hermano, ni cuál fue el sitio donde éste residió. Puso de presente que en la casa ocupada por la señora María Orfilia Giraldo González encontró diversos documentos relacionados con Víctor Raúl, después de ocurrido su deceso.

7.5. Se concluye, en definitiva, que no obstante la debilidad demostrativa de las declaraciones rendidas por los señores Clara Rosa, Pablo Emilio y Jairo Roberto Mideros Rosero, los otros testimonios son prueba suficiente para tener por acreditado el hecho de que el señor Víctor Raúl Mideros Rosero, durante los últimos siete años de su vida, como mínimo, y no obstante haber disuelto y liquidado desde 1996 la sociedad conyugal que tenía conformada con su cónyuge, señora María Orfilia Giraldo González, continuó haciendo vida marital con ella, aunque su convivencia no se dio todos los días, pues en la semana, algunas noches pernoctaba fuera del hogar común, ausencias que para los deponentes obedecieron a motivos de trabajo.

8. La precedente inferencia deja ver que los testigos que aquí se han examinado no son, en esencia, antagónicos a aquellos con los que se acreditó la relación de pareja que tuvo lugar entre la demandante y el señor Víctor Raúl Mideros Rosero, pues, como viene de registrarse, los primeros no negaron dicho vínculo amoroso —ni tampoco lo afirmaron— y, adicionalmente, dejaron en claro que la convivencia de los esposos Mideros-Giraldo no comprendía la totalidad del tiempo, lo que no impedía su coexistencia con esa otra relación.

Así las cosas, no se trata aquí de dos grupos de testigos contrapuestos y, mucho menos, del caso en el que la aceptación de lo expuesto por uno de ellos, excluya o impida apreciar lo declarado por el otro. Contrariamente, según lo anotado, las versiones de todos los declarantes son, en buena medida, complementarias y, por ende, exigen ser valoradas en conjunto.

En tal orden de ideas se tiene que, contrastada la conclusión fáctica obtenida por la Corte con apoyo en los testimonios aquí relacionados, con aquella del a quo que fue avalada por el tribunal y que, valga destacar, no fue combatida por el recurrente en casación, relativa a que entre los señores Gloria Nancy Cardona Laserna y Víctor Raúl Mideros Rosero sí existió una relación de pareja, se colige, en definitiva, que tal vínculo no estuvo caracterizado por ser “singular”, toda vez que el último de los citados compañeros, en el indicado período de tiempo, sostuvo igualmente una relación de convivencia con su cónyuge, señora María Orfilia Giraldo González, y que, por lo mismo, la memorada relación de pareja no satisface las exigencias del artículo 1º de la Ley 54 de 1990 para constituir una unión marital de hecho, ni da lugar a predicar el surgimiento de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

9. La Corte, en la sentencia que casó la del tribunal, fechada el 9 de noviembre de 2010, como pruebas decretadas de oficio, ordenó el allegamiento de copia auténtica de todo lo actuado en los procesos, por una parte, ordinario laboral que la señora Gloria Nancy Cardona Laserna adelantó en contra del Instituto de Seguros Sociales y de la señora María Orfilia Giraldo González en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales y, por otra, del de separación de bienes con radicación 14316/1996 que la precitada cónyuge promovió en contra del señor Víctor Raúl Mideros Rosero, que cursó en el Juzgado Tercero de Familia de esa misma ciudad.

Recibidas las correspondientes reproducciones con satisfacción de las exigencias legales, en particular, las establecidas en los artículos 115, numeral 7º, y 254, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil, mediante auto de 8 de abril de 2011, se dejaron en conocimiento de las partes por todo el término de que trata el artículo 289 de la misma obra, habiendo guardado ellas absoluto silencio.

Se sigue, pues, al examen de esas piezas procesales:

9.1. Obra del folio 11 al 178 del presente cuaderno la copia del proceso verbal de separación de bienes gestionado por María Orfilia Giraldo González contra Víctor Raúl Mideros Rosero, remitidas por el Juzgado Tercero de Familia de Manizales.

9.1.1. La demanda, que fue presentada el 29 de enero de 1996, en lo que aquí interesa destacar, da cuenta de lo siguiente:

a) Los esposos Mideros-Giraldo “no se han separado legalmente ni realizado la liquidación de la sociedad conyugal, por ninguno de los medios que establece la ley; tampoco se han divorciado”.

b) Desde unos años atrás, específicamente, a partir del “año 1990, la situación de mi mandante ha sido cada vez más difícil, debido a los malos tratos dados por el demandado, los que se repiten continuamente, (…), [y se] concretan, (…), en toda clase de insultos y humillaciones, (…), también se han dado las relaciones sexuales extraconyugales, actualmente con la señora Gloria Nancy Cardona; situación de la que sospechaba mi mandante y de la (…) cual (…) solo obtuvo pruebas concretas (…) hace aproximadamente seis (6) meses”.

c) “Las anteriores conductas han propiciado severas crisis familiares, enfrentamientos personales y a pesar de que siempre se compromete EL DEMANDADO a cambiar, jamás lo logra, ya que insistentemente y de manera consuetudinaria repite las conductas, olvidando sus promesas”.

d) “Desde el mes de julio de 1995 (a mediados), el demandado se retiró de su hogar y abandonó en forma completa y plena sus obligaciones de esposo, y las de padre, las pocas que cumple, las cumple en forma deficitaria”.

e) Después de varias separaciones —todo ello debido a los malos tratos de palabra y de obra ya citados—, se han dado igualmente reconciliaciones, con base en promesas, las cuales siempre han sido incumplidas por el demandado, ya que rutinaria y consuetudinariamente incurre en las mismas”.

9.1.2. Admitida que fue la demanda con auto del 1º de febrero de 1996 y enterado del mismo personalmente el allí demandado en diligencia cumplida el día 15 de los mismos mes y año, los extremos procesales, en asocio con el apoderado de la actora, presentaron escrito en el que manifestaron: “Que por mutuo y voluntario acuerdo de las partes, demandante y demandado, desistimos de la demanda de la referencia. (…). Este desistimiento obedece al hecho de que mis mandantes liquidaron la sociedad conyugal existente entre ellos a través de la escritura 369 del 16 de febrero de 1996, corrida en la Notaría Quinta (5ª) del círculo de Manizales”.

9.1.3. El juzgado del conocimiento, mediante providencia del 18 de marzo del año en cita (1996), aceptó dicho desistimiento; dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el proceso; y se abstuvo de imponer costas a cargo de cualquiera de los litigantes, proveído que al adquirir firmeza ocasionó la terminación de la controversia.

9.2. A su turno, del folio 181 al 613 del cuaderno de la Corte, obra la copia del referido proceso ordinario laboral, en torno del que debe destacarse lo siguiente:

9.2.1. En el libelo con el que se dio inicio a esa controversia se solicitó que se reconociera, por una parte, que la señora Gloria Nancy Cardona Laserna “tiene derecho a la pensión de sobreviviente del señor Víctor Raúl Mideros Rosero inicialmente en un 50%”, con sus correspondientes “reajustes y mesadas adicionales”, y, por otra, que “cuando el menor Juan David Mideros Giraldo llegue a la mayoría de edad, el porcentaje a él asignado acrezca al derecho” de la actora; que se ordenara al Instituto de los Seguros Sociales pagar dicha pensión en la forma indicada “desde el momento del fallecimiento” del citado causante, esto es, a partir del 10 de mayo de 2002; que se dispusiera “la devolución de las sumas pagadas a la señora María Orfilia Giraldo”; y que se impusieran las costas a los demandados.

Como sustento de tales pretensiones se expusieron los siguientes hechos:

a) La accionante “convivió con el señor Víctor Raúl Mideros Rosero en calidad de compañera permanente por más de nueve años”, hasta el momento en que acaeció su fallecimiento, lo que tuvo lugar el 10 de mayo de 2002, convivencia que fue “continua e ininterrumpida” y que determinó que fuera el citado compañero quien suministrara a la demandante “todo lo necesario para [su] subsistencia”, en tanto ella “se ocup[ó] (…) en todo lo relacionado con [el] cuidado, comida y vestido” de aquél.

b) El señor Mideros Rosero “era casado con la señora María Orfilia Giraldo con quien había disuelto y liquidado la sociedad conyugal mediante escritura pública #369 de 1996, corrida en la Notaría Quinta del Círculo de Manizales”.

c) La precitada cónyuge se presentó al Instituto de Seguros Sociales a reclamar la pensión de sobrevivientes en nombre propio y en representación de su, entonces, menor hijo Juan David Mideros Giraldo, “la que les fue concedida de manera compartida en proporción de 50% para c/u, mediante Resolución 1783 de septiembre 25 de 2002”.

d) La señora Cardona Laserna “reclamó el mismo derecho el 30 de septiembre de 2002 ante el ISS, lo que generó una controversia entre la cónyuge sobreviviente y la compañera permanente que motivó la suspensión del 50% de la prestación”, conforme decisión adoptada por el instituto en la Resolución 612 del 20 de marzo de 2003.

9.2.2. Admitida la demanda con auto del 11 de julio de 2003, se surtió su enteramiento a los demandados, quienes, por intermedio de distintos apoderados judiciales y en escritos separados, le dieron contestación, y en tal virtud se opusieron a sus pretensiones y se refirieron en forma variada a los hechos que les sirvieron de fundamento.

El Instituto de Seguros Sociales propuso la excepción meritoria que denominó “Falta de certeza acerca de los derechos de la peticionaria para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente”; y la señora María Orfilia Giraldo González las de “[f]alta de causa en la demandante para reclamar la pensión de sobreviviente del señor Víctor Raúl Mideros Rosero” y “acción temeraria”.

9.2.3. La persona natural accionada, señora María Orfilia Giraldo González, formuló demanda de reconvención, en la que pidió que se declarara que es ella quien “tiene derecho a la pensión de sobreviviente del señor Víctor Raúl Mideros Rosero, (…), en el porcentaje que ya le había asignado el Seguro Social”; que, por lo tanto, se ordenara a dicho Instituto “restablecer tal derecho” a la contrademandante, “como lo dispuso en la Resolución (…) 1783 de 2002”; y que las sumas que se le dejaron de pagar, fueran “cubiertas en su totalidad, indexadas”.

Como hechos sustentantes de las precedentes solicitudes, adujo:

a) La reconviniente y el señor Mideros Rosero contrajeron matrimonio católico el 31 de diciembre de 1975; procrearon a Carolina, Raúl Alexander, Johanna y Juan David; todos residieron en la casa ubicada en la carrera 16 A Nº 51 C 63 de Manizales; ese fue el lugar en el que los mencionados esposos compartieron “techo y lecho”, hasta cuando el cónyuge falleció, el 10 de mayo de 2002.

b) En virtud de la “ayuda y socorro mutuos” que ellos se brindaron, el señor Mideros Rosero le sirvió de fiador a la accionante el 31 de agosto de 1998, para un crédito bancario; la acompañó y estuvo pendiente de su recuperación luego de la operación al corazón a que fue sometida en el año 2001; aceptó los regalos que en distintas fechas la señora Giraldo González le hizo (cumpleaños, día del padre, amor y amistad, navidad, etc.); y la demandante asumió los gastos de las “honras fúnebres del señor Mideros Rosero”.

c) No obstante que el Instituto de Seguros Sociales concedió a la actora y a su menor hijo Juan David Mideros Giraldo la pensión de sobreviviente, en razón de la “solicitud temeraria” que elevó la señora Gloria Nancy Cardona Laserna, quien pretendió que se le otorgara a ella, dicha prestación “le fue suspendida (…), hasta que resolviera la jurisdicción correspondiente sobre el particular”.

9.2.4. Mediante proveído del 29 de agosto de 2003 se admitió la reconvención, que en oportunidad contestó la señora Cardona Laserna, por intermedio de la apoderada judicial que la representó, haciendo oposición a sus pretensiones y refiriéndose sobre cada uno de los hechos en que se sustentó.

9.2.5. Agotada la instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia que profirió en audiencia verificada el 29 de octubre de 2004, en la que, luego de invocar los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 7º del Decreto 1889 de 1994, concluyó que “[d]entro del juicio, está demostrado con el acervo probatorio incorporado a los autos (…) que la señora María Orfilia Giraldo de Mideros, esposa del causante, no convivió con su cónyuge siquiera los últimos cinco años de existencia, pero en cambio sí hizo vida marital con su compañera permanente Gloria Nancy Cardona Laserna por más de 6 años, por lo que de conformidad con el decreto 1889 de 1994 en su artículo 7º, literal e), transcrito precedentemente, la codemandada Giraldo de Mideros ha perdido todo el derecho a sustituir pensionalmente al de cujus, así se desprende de la documental aportada y [de] los diversos testimonios recibidos”, que pasó a analizar.

Con similares argumentos desechó la prosperidad de las excepciones propuestas en frente de la acción intentada por la primigenia demandante.

En definitiva, declaró “que la señora Gloria Nancy Cardona Laserna tiene derecho a la pensión de sobreviviente del causante Víctor Raúl Mideros Rosero, en calidad de compañera permanente”, y condenó “al Instituto de Seguros Sociales a pagar [en] favor de la señora Gloria Nancy Cardona Laserna la pensión de sobreviviente a que tiene derecho a partir del 10 de mayo de 2002 con las mesadas adicionales, reajustes e incrementos de ley”.

9.2.6. Apelado por las demandadas tal fallo de primera instancia, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Laboral, en sentencia del 28 de enero de 2005, lo confirmó.

Para arribar a esa determinación consideró, en síntesis, que “según el mencionado art. 47 de la Ley 100 de 1993, que es aplicable si el deceso del pensionado se dio el 10 de mayo de 2002, o sea, antes de la Ley 797 de 2003, el cónyuge o la compañera permanente deben acreditar la vida marital con el causante hasta el momento de la muerte y por los menos 2 años continuos antes de tal acontecimiento. (…). El caudal probatorio hace saber que María Orfilia Giraldo de Mideros contrajo matrimonio con Víctor Raúl Mideros Rosero el 31 de diciembre de 1975 y, en vigencia de esa unión, procrearon varios hijos. No indica ese mismo caudal probatorio que la convivencia entre los esposos se hubiera mantenido, por lo menos desde 1995 hasta el 10 de mayo de 2002, cuando falleció el afiliado, o al menos no dan certeza de ello la codemandada y los deponentes que la qui[sieron] favorecer en sus aspiraciones”, luego de lo cual se ocupó de analizar tanto la declaración de parte ofrecida por la misma señora Giraldo González, como los testimonios que rindieron en el proceso las señoras Olga Lucía Gómez Ramírez e Idaly Escobar Echeverry.

Observó, adicionalmente, que “[s]uerte diferente tiene la señora Gloria Nancy Cardona Laserna, demandante en el proceso principal y demandada en reconvención, quien adujo en el libelo ser la compañera permanente del causante desde 9 años atrás, lo que le da derecho para acceder a la pensión de sobreviviente. (…). Declararon también en el proceso María Lina Cardona Laserna, fl. 271 a 274, Álvaro Aparicio Mideros Rosero, fl. 275 a 279, Carlos Arturo Mideros Rosero, fl. 280 a 282, Luz Adriana Valencia Londoño, fl. 292 a 296, María Amelia Rojas, fl. 296 a 299, Leonardo Cadavid Cardona, fl. 302 a 308; y Carlos Yamil Cadavid Buriticá, fl. 308 a 315. Son éstos deponentes vecinos del lugar en donde residió la pareja encima del taller que tenía el compañero, hermanos del causante y familiares de la demandada, quienes los conocieron viviendo juntos durante unos 7 años; como esposos; bajo el mismo techo; ayudándose mutuamente; con dependencia económica de Gloria Nancy hacia Víctor Raúl, porque la primera era ama de casa; con dependencia de Víctor Raúl hacia Gloria Nancy, porque ésta lo atendía, le servía los alimentos, le arreglaba la ropa, lo cuidaba y lo hizo durante varios años; incluso, de la vivienda que compartían lo sacaron grave para el hospital cuando murió el pensionado en mayo 10 de 2002”, análisis probatorio que, en cuanto hace a unos testimonios, amplió más adelante.

9.2.7. La sentencia de segunda instancia precedentemente comentada fue recurrida en casación por la señora María Orfilia Giraldo González, impugnación que, pese a que inicialmente se concedió, finalmente, fue declarada desierta por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, como consecuencia de que no se presentó la demanda para sustentarla, conforme quedó plasmado en auto del 21 de junio de 2005.

10. En cuanto hace a la copia del proceso verbal de separación de bienes que la señora María Orfilia Giraldo González adelantó en contra de su esposo señor Víctor Raúl Mideros Rosero es del caso observar que, como ya se señaló, la controversia concluyó anticipadamente por desistimiento conjunto de las partes, y que, por lo tanto, el único elemento que pudiera resultar de interés para este asunto sería la demanda y, en concreto, el relato de los hechos en que se fincaron las pretensiones en ella elevadas.

Al respecto, se impone precisar, en primer lugar, que dicho libelo introductorio fue suscrito por el apoderado judicial que representó a la allí accionante, señora María Orfilia Giraldo González, o de Mideros, y, en segundo término, que dicha persona no es parte en este proceso, pues su intervención en el inicio del mismo fue únicamente como representante legal de su hijo Juan David Mideros Giraldo, para ese entonces menor de edad.

No estando la señora Giraldo González revestida en el presente litigio de esa condición —de parte, se reitera—, forzoso es descartar que lo que, en nombre de ella, expuso su apoderado en la referida demanda, constituya aquí prueba de confesión, en los términos del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, pues como se desprende de esa y de las restantes normas de dicho ordenamiento jurídico que disciplinan tal medio de convicción, en particular, de su artículo 194, la confesión sólo puede provenir de quien sea parte y no de los terceros al respectivo proceso. En otras palabras, el precepto 197 del citado estatuto procesal consagra una presunción en virtud de la cual el apoderado judicial se entiende autorizado para confesar en determinadas actuaciones del proceso para el que se le haya conferido el poder respectivo, y, en tal virtud, dicha presunción opera en ese proceso, pero no en otro.

Por consiguiente, así se admitiera, en gracia de discusión, que el relato de los hechos contenido en la demanda de que se trata es desfavorable a la señora Giraldo González frente a lo discutido en el presente proceso, la circunstancia de que ella no sea parte en el mismo, desvirtúa que tales manifestaciones se puedan apreciar como prueba de confesión para los fines de este litigio y, más exactamente, del fallo sustitutivo de que se ocupa la Sala, sin que, por otra parte, puedan tenerse tales declaraciones como testimonio, toda vez que a dicho medio de prueba no le es aplicable la presunción consagrada en el ya invocado artículo 197 del Código de Procedimiento Civil y porque no se cumplen los requisitos previstos en los artículos 298 —según el tenor que tenía antes de la vigencia de la Ley 1395 de 2010— y 299 del Código de Procedimiento Civil, para los testimonios anticipados y los rendidos ante notarios y alcaldes, respectivamente.

11. En lo tocante con el referido proceso ordinario laboral seguido por Gloria Nancy Cardona Laserna en contra del Instituto de Seguros Sociales y María Orfilia Giraldo González, son necesarias las siguientes apreciaciones:

11.1. Tanto en la sentencia estimatoria de primera instancia, como en la de segunda, confirmatoria de aquella, se reconoció a la allá y aquí demandante, señora Gloria Nancy Cardona Laserna, con sujeción a los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 7º del Decreto 1889 de 1994, el derecho a percibir, en un 50%, la pensión de sobrevivientes dejada por el causante Víctor Raúl Mideros Rosero, como quiera que tales autoridades establecieron, a la luz de las pruebas recaudadas en dicho proceso, que ella fue la compañera permanente de éste los últimos siete años de su vida y la persona con la que el citado de cujus convivía al momento de fallecer.

11.2. Se impone, pues, determinar si esos pronunciamientos judiciales, en particular, la sentencia del 28 de enero de 2005 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, por hallarse en firme, como consecuencia de se hubiera declarado desierto el recurso extraordinario de casación que contra ella interpuso una de las demandadas, es vinculante frente al presente proceso.

11.2.1. Sobre el particular la Corte, en tiempo reciente, expuso:

“(…) la eficacia de ciertos derechos fundamentales, entre los cuales se deben destacar el debido proceso —y como expresión del mismo, que nadie puede ‘ser juzgado dos veces por el mismo hecho’— (C.P., art. 29), la seguridad jurídica y el acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229), exige que las sentencias constituyan el fin de los litigios que con ellas se resuelven, de forma que, luego de que adquieran firmeza, ninguno de los interesados, mucho menos aquél a quien no favoreció el respectivo fallo o que albergue inconformidad con algunas de las determinaciones adoptadas, pueda proponer nuevamente el mismo conflicto, buscando con tal proceder una decisión contraria, en todo o en parte, a la inicialmente emitida.

“Para el logro de ese propósito, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil dispone que ‘[l]a sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes’.

“Al respecto, tiene dicho la Corte que ‘[p]otísimos y arraigados motivos, tales como la preservación del orden público, la seguridad jurídica y la paz social, entre otros más, han conducido al legislador, de antiguo, a impedir que las controversias decididas en forma definitiva por las autoridades jurisdiccionales, sean ventiladas, ex novo, por los mismos sujetos procesales que han intervenido en el correspondiente proceso judicial, según da cuenta la historia del derecho, en general, testigo de excepción de la vigencia milenaria de este instituto, de indiscutida etiología romana (Vid. LVI, 307, CLI, 42) (…) Si lo anterior no fuere así, como en efecto no lo es, nada impediría a la parte desfavorecida en un litigio, plantear de manera indefinida —y sistemática— la cuestión o asunto sometido a composición judicial, hasta que su pretensión o excepción, finalmente, encontrara eco en una determinada providencia (espiral de libelos), dando lugar a la floración de fallos contradictorios en el universo judicial. Por lo demás, no se justificaría —ni se justifica—, el palmario e inconsulto derroche jurisdiccional, que implicaría examinar, una y otra vez, una materia sobre la que existe ya un pronunciamiento, previo y definitivo (anterius), con sujeción al cual, es la regla, debe tenerse como clausurado el debate y, por ende, sellada la suerte de la controversia sometida a composición (agotamiento procesal)’ (cas. civ., sent. ago. 12/2003, exp. 7325).

“Ahora bien, como se desprende del contenido del señalado precepto, la mencionada disposición no se limita a revestir las sentencias, como regla de principio, de la fuerza de la cosa juzgada, sino que, adicionalmente, consagra las condiciones que sirven para determinar cuándo el fallo proferido en un proceso impide que otro posterior pueda recibir decisión de fondo, lo que tiene ocurrencia sólo en la medida en que entre los dos litigios exista plena identidad de objeto, causa y partes.

“En este punto resulta pertinente reiterar la doctrina de la Corte sobre la materia, según la cual ‘[e]l limite subjetivo se refiere a la identidad jurídica de los sujetos involucrados y su fundamento racional se encuentra en el principio de la relatividad de las sentencias. El límite objetivo lo conforman las otras dos identidades, consistiendo el objeto en ‘el bien corporal o incorporal que se reclama, o sea, las pretensiones o declaraciones que se piden de la justicia’ (CLXXII-21), o en ‘el objeto de la pretensión’ (sent. 200, oct. 30/2002), y la causa, ‘en el motivo o fundamento del cual una parte deriva su pretensión deducida en el proceso’ (sent. 139, jul. 24/2001, reiterando doctrina anterior)’ (cas. civ., sent. jul. 5/2005, exp. 1100131030011999-01493; se resalta)” (cas. civ., sent. dic. 18/2009, exp. 19001-3103-003-2005-00058-01).

11.2.2. Se señaló atrás y ahora se reitera que la acción de carácter laboral de que se trata fue instaurada por Gloria Nancy Cardona Laserna frente a María Orfilia Giraldo González y el Instituto de Seguros Sociales.

Por el contrario, son parte en este litigio la citada señora Cardona Laserna, como demandante, y los señores Raúl Alexander, Carolina, Yohanna y Juan David Mideros Giraldo, en su condición de herederos determinados del señor Víctor Raúl Mideros Rosero, y los herederos indeterminados del mencionado causante, como demandados.

Traduce lo anterior que la única interviniente común en las dos acciones es su promotora, señora Cardona Laserna, como quiera que los demandados en uno y otro proceso son diferentes: en el de naturaleza laboral, la señora María Orfilia Giraldo González y el Instituto de Seguros Sociales; y en este, los relacionados hermanos Mideros Giraldo, así como los herederos indeterminados del señor Víctor Raúl Mideros Rosero.

El cotejo precedente deja en claro que la sentencia de segunda instancia con la que se definió el mencionado juicio laboral no produjo ningún efecto jurídico frente a quienes fueron demandados en el presente litigio, en tanto que ellos no intervinieron en ese otro asunto.

La advertida circunstancia, además, descarta que los interrogatorios de parte absueltos en el ya tantas veces referido juicio laboral por parte de las señoras Cardona Laserna y Giraldo de Mideros, así como los testimonios rendidos por los señores María Liliana Cardona Laserna, Álvaro Aparicio Mideros Rosero, Carlos Arturo Mideros Rosero, Olga Lucía Gómez Ramírez, Idaly Escobar Echeverri, Luz Adriana Valencia Londoño, María Amelia Rojas, Leonardo Cadavid Cardona y Carlos Yamil Cadavid Buriticá, puedan apreciarse en este proceso, pues todas esas probanzas se surtieron sin la intervención y, por ende, sin la contradicción de los accionados en el presente debate.

11.2.3. En cuanto hace a la prueba documental que formó parte del proceso ordinario laboral a que se viene haciendo referencia y que fue trasladada a esta controversia, es del caso, por una parte, admitir que en virtud de las decisiones adoptadas por la Corte en autos de 8 de abril y 17 de mayo de 2011 (fls. 616 y 618 precedentes), está cumplido el requisito de contradicción en frente de las dos partes de este litigio; y, por otra, destacar que no altera para nada las conclusiones a las que arribó la Sala en punto de la coexistencia de las relaciones que el causante Víctor Raúl Mideros Rosero sostuvo con su cónyuge, señora María Orfilia Giraldo de Mideros, y con la aquí demandante, toda vez que, en lo pertinente, corresponde a la siguiente:

a) Copia de la escritura pública 369 de 16 de febrero de 1996 otorgada en la Notaría Quinta de Manizales, contentiva de la disolución y liquidación que por mutuo acuerdo hicieron los esposos Mideros-Giraldo de la sociedad conyugal que existió entre ellos (fls. 195 a 199, repetida a fls. 352 a 355, cdno. de la Corte).

b) Copia de la Resolución 1783 de 2002, proferida por el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Caldas, en la que se concedió la pensión de sobrevivientes por la muerte del señor Víctor Raúl Mideros Rosero, en un 50%, a su cónyuge supérstite, señora María Orfilia Giraldo de Mideros, y en el otro 50%, al menor hijo de ellos, Juan David Mideros Giraldo (fls. 213, repetida a fls. 333 a 338, ib.).

c) Copia de la Resolución 612 de 2003, expedida por la entidad precedentemente señalada, mediante la que se suspendió el pago “ [d]el 50% de la prestación de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Víctor Raúl Mideros Rosero (…) a partir de la [n]ómina de [a]bril de 2003 por presentarse controversia entre las señores María Orfilia Giraldo de Mideros (…) y Gloria Nancy Cardona Laserna (…), hasta que se decida judicialmente a qué persona corresponde el derecho” (fls. 200 a 201, repetida a fls. 214 a 215 y 366 a 367, ib.).

d) El registro civil de matrimonio de los esposos Mideros-González (fl. 232, ib.) y Cadavid-Cardona (fl. 233, ib.).

e) Copia de la escritura pública 181 de 22 de febrero de 1999, otorgada en la Notaría Segunda de Chinchiná, a través de la que los señores Carlos Yamil Cadavid Buriticá y Gloria Nancy Cardona Laserna compraron el inmueble ubicado en la carrera 11 Nº 5-104 de ese municipio, instrumento en el que ellos declararon que “son casados entre sí, y que no tienen otro bien afectado a vivienda familiar, en consecuencia, en cumplimiento de la Ley 258 de 1996, el inmueble que por esta escritura adquieren queda afectado a vivienda familiar” (fls. 304 a 308, ib.).

f) El certificado de matrícula inmobiliaria 100-61557 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Manizales, correspondiente al bien relacionado en el literal precedente, en el que consta la inscripción de las aludidas compraventa y afectación a vivienda familiar (fls. 309 y 310, ib.).

g) La “Hoja de inscripción-ingreso” al Hospital de Caldas ESE y la historia clínica del señor Víctor Raúl Mideros Rosero, cuando falleció (fls. 311 a 313, ib.).

h) Copia del certificado de ingresos y retenciones de la señora Gloria Nancy Cardona Laserna por el año gravable 2001, en el que figura como trabajadora del señor Víctor Raúl Mideros Rosero (fl. 316, ib.).

i) Copia de la factura 83391 por los servicios funerarios prestados a Víctor Raúl Mideros Rosero en cuantía de $ 645.600 y de los recibos de caja 12150 y 7415, en los que constan los pagos efectuados por la señora María Orfilia Giraldo de Mideros (fls. 322 a 324, ib.).

j) Copia de la escritura pública 1293, otorgada el 1º de diciembre de 1997 ante la Notaría Segunda del Círculo de Chinchiná (Caldas), por medio de la que se disolvió y liquidó la sociedad conyugal conformada por los esposos Carlos Yamil Cadavid Buriticá y Gloria Nancy Cardona Laserna (fls. 344 a 345, ib.).

k) Registro civil de defunción de Víctor Raúl Mideros Rosero (fl. 358, ib.).

l) Copia de la certificación expedida el 1º de julio de 2003 por el Instituto de Seguros Sociales, en la que se afirmó que la señora Gloria Nancy Cardona Laserna ostentó la calidad de beneficiaria en salud de su cónyuge, Carlos Yamil Cadavid Buriticá, entre el 30 de enero de 1995 y el 30 de mayo de 2001. Dicha información fue confirmada con el Oficio 85983 de 10 de diciembre de la misma anualidad (fls. 314, 315 y 446, ib.).

m) Copia de la certificación expedida el 3 de diciembre de 2003 por “Cafesalud”, que da cuenta de que el señor Carlos Yamil Cadavid Buriticá figuró como afiliado en salud, desde el 1º de julio de 2001 hasta esa fecha, así como su “cónyuge” Gloria Nancy Cardona Laserna, en condición de beneficiaria (fl. 445, ib.).

Como se señaló, esos documentos no enervan la conclusión a la que, en punto de la coexistencia de las identificadas relaciones de convivencia que en vida mantuvo el señor Víctor Raúl Mideros Rosero, obtuvo la Corte con base en las pruebas practicadas en este litigio, particularmente, en la testimonial que fue recibida. Por el contrario, llama la atención que la promotora de este juicio, a principios de 1999, adquiriera en compañía de su esposo, señor Carlos Yamil Cadavid Buriticá, un inmueble en el municipio de Chinchiná y que los dos lo hubiesen afectado a vivienda familiar. Igualmente, que ella figurara, desde el 30 de enero de 1995 y hasta el 3 de febrero de 2003, como beneficiaria en salud de su citado cónyuge, primero en el Instituto de Seguros Sociales y, luego, en “Cafesalud”. Esos hechos, ciertamente pueden entrar en contradicción con la base fáctica fundamental de la demanda, esto es, que la presunta unión marital de hecho que la señora Cardona Laserna mantuvo con el señor Mideros Rosero se inició en 1992 y concluyó con el fallecimiento de éste, que acaeció el 10 de mayo de 2002.

11.2.4. En la indagación de los efectos de cosa juzgada que pudiera tener la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en relación con la presente controversia, la Corte aprecia adicionalmente que tampoco existe identidad de objeto, ni de causa, entre los dos procesos.

Como se extracta de las pretensiones del libelo con el que se dio inicio a esa otra controversia judicial, así como de la demanda de reconvención que se propuso en su interior, el objeto de la misma fue el reconocimiento del 50% de la pensión de sobrevivientes que, con ocasión del fallecimiento del señor Víctor Raúl Mideros Rosero, surgió para sus beneficiarios, como consecuencia de haber percibido él en vida una prestación de ese linaje, porcentaje que se disputaron las señoras Cardona Laserna —primigenia demandante— y Giraldo González —reconviniente—, dejando a salvo el otro 50% que, desde antes, había sido reconocido en favor de Juan David Mideros Giraldo, hijo del pensionado y para entonces menor de edad.

Ahora bien, la causa de las reclamaciones que elevaron las citadas accionantes, cada una la hizo consistir en su condición, Cardona Laserna, de compañera permanente del causante, y Giraldo González, de esposa del mismo; y ambas, adicionalmente, en haber sido la persona con la que el pensionado convivió los últimos años de su existencia hasta cuando falleció el 10 de mayo de 2002.

Con otras palabras, el objeto del juicio laboral fue la pensión de sobrevivientes; y la causa, que concurrían en favor de cada una de las accionantes, principal y contrademandante, los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que, en su tenor original —antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003—, establecía: “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. (…). En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido”.

Al respecto, ha explicado la Sala de Casación Laboral de esta corporación que “[l]a pensión de sobrevivientes es una prestación autónoma, que tiene su estructura propia; su causa eficiente es el hecho de la muerte de un pensionado o de un afiliado al sistema de la seguridad social, y los riesgos cubiertos por ella, los de orfandad y viudedad, (…). Luego, los intereses jurídicos protegidos con la prestación objeto del proceso que ahora ocupa la atención de la Corte, tiene titulares potenciales distintos, que son el cónyuge o compañero permanente, y los causahabientes que reúnan las condiciones señaladas en la ley. Ahora, quien goza de una pensión de vejez o está próximo a que se le reconozca, no puede trasmitirla en vida, y en consecuencia cónyuges, compañeros, hijos o padres, no están legitimados para reclamar, para sí, derecho alguno sobre esa prestación” (cas. lab., sent. sep. 16/2008, exp. 33003).

Y que “tales requisitos exigidos al cónyuge o al compañero permanente supérstite son, en este nuevo esquema normativo, en primer lugar, la convivencia efectiva con el pensionado al momento de su fallecimiento; en segundo término, la circunstancia de haber hecho vida marital responsable con el fallecido, al menos desde el momento en que éste adquirió el derecho a la pensión respectiva; y, en tercer lugar, el haber convivido con el pensionado no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, requisito éste último que puede suplirse con el de haber procreado uno o más hijos con él, sin que tengan al efecto —ahora— incidencia alguna, las circunstancias en que se produjo la ruptura de la convivencia con su cónyuge, vale decir, si ésta se dio por causas imputables al causante o no, puesto que el presupuesto de ausencia de culpabilidad del fallecido no fue reproducido en la nueva preceptiva que reguló integralmente la materia con un fundamento y contenido diferentes” (cas. lab, sent. mar. 3/99, exp. 11245), refrendada en sentencia del 21 de abril de 2009 (exp. 35468).

En contraste, el objeto del presente proceso está referido a la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que, a decir de la actora, se conformó entre ella y el señor Víctor Raúl Mideros Rosero, como consecuencia de haber existido entre los dos una unión marital de hecho, esto es, la “formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular” (L. 54/89, art. 1º), requisitos sobre los que ya se anticiparon las precisiones conceptuales pertinentes.

11.2.5. Por consiguiente, es pertinente colegir que uno fue el debate jurídico que las señoras Cardona Laserna y Giraldo González, así como el Instituto de Seguros Sociales, sostuvieron en el proceso que entre ellos se ventiló ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales; y otro, bien distinto, el que es materia de la presente controversia que la primera propuso en frente de los señores Raúl Alexander, Carolina, Yohanna y Juan David Mideros Giraldo, como herederos determinados del señor Víctor Raúl Mideros Rosero, y de los herederos indeterminados de éste.

No está de más señalar que las diferencias observadas entre los mencionados procesos guardan relación con la diversa naturaleza de las acciones en cada uno de ellos ejercida. Ostensible es que la aludida contienda laboral se ubica en el campo de la seguridad social y que, por lo mismo, el ámbito de competencia de los jueces que conocieron de ella se circunscribió a definir la persona en quien se radicó el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes que, desde la muerte del señor Mideros Rosero, surgió, como prestación, en los términos de los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, que para la definición de esa contienda, y solo con ese específico propósito, ello es toral, los funcionarios que se ocuparon de resolverla auscultaran la condición de compañera permanente de la señora Gloria Nancy Cardona Laserna en relación con el señor Víctor Raúl Mideros Rosero, no significa que juzgaran, para fines diversos y, mucho menos, de manera general, la existencia entre las citadas personas de una unión marital de hecho y/o de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, en los términos de la Ley 54 de 1990, que, como se sabe, es el objeto del presente juicio, infiriéndose de él que la naturaleza del mismo concierne con el derecho de familia, con todo lo que de ello se desprende, especialmente, en aspectos tales como el estado civil y la herencia.

Sobre el particular, pertinente es recordar que existe la posibilidad de que “los elementos definitorios de la unión marital de hecho” puedan ser auscultados “por funcionarios diversos a los competentes para declararla y con fines diferentes a los de su declaración judicial, por cuanto es útil en función de efectos distintos respecto de los cuales no se impone inevitable decisión jurisdiccional acerca de su realidad jurídica, es decir, lo uno no implica lo otro, ad exemplum, en materia de prestaciones derivadas del sistema general de pensiones o riesgos profesionales, al tenor del artículo 11 del Decreto 1889 de 1994, prueba de la calidad de compañero permanente, ‘[s]e presumirá compañero o compañera permanente, quien haya sido inscrito como tal por el causante en la respectiva entidad administradora. Igualmente, se podrá acreditar dicha calidad por cualquier medio probatorio previsto en la ley’, antes de la Ley 100 de 1993, se autorizaba demostrarla con dos declaraciones extrajuicio, el Decreto 758 de 1991, aprobatorio del Acuerdo 49 de 1990, alusivo al reglamento interno del Instituto de Seguros Sociales, contempló la posibilidad de acreditarla con la sola inscripción efectuada por el afiliado o asegurado fallecido. Y si éste hubiese muerto y hubiere duda sobre el compañero permanente, esa condición podía acreditarse con declaraciones extrajuicio, y así el Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988” (cas. civ., sent. feb. 27/2012, exp. 11001-3103-009-2004-00655-01).

A su turno, respecto de la misma temática, la Sala de Casación Laboral, ha expuesto:

“Para dar respuesta al cargo, debe decirse que e debe ventilarse en otros escenarios. cuaestino(sic) desconoce la Corte la trascendencia jurídica de las normas constitucionales que le confieren lugar de preponderancia a la familia en el Estado social de derecho, como núcleo fundamental de la sociedad. Pero esta Sala ha sido enfática en considerar que la Constitución Política de 1991 trajo consigo nuevos criterios respecto del concepto de familia, de tal suerte que, ahora, la conformada sin formalismos y con origen en lazos naturales, merece igual protección que la surgida al amparo de vínculos jurídicos. Y ha considerado la jurisprudencia que esa nueva visión constitucional de familia tiene notoria incidencia en las cuestiones relativas a la seguridad social, principalmente en lo que concierne a la determinación de los beneficiarios de aquellas prestaciones, que, como la pensión de sobrevivientes, buscan proteger al núcleo o grupo familiar.

“Así lo explicó, entre muchas otras, en la sentencia del 20 de abril de 2005, radicación 23735, a la que pertenecen los siguientes apartes:

‘El designio indeclinable de la seguridad social es procurar mejor calidad de vida para el hombre. Por ello su preocupación constante es proteger a las personas frente a las contingencias que la menoscaban, a fin de evitar que se coloquen en situación que no se compadezca con la dignidad de un ser humano, de conformidad con los parámetros que para el efecto establecen la Constitución Política y la ley.

‘A no dudarlo, esa filosofía —de un gran contenido social y humano— permea todas las instituciones de la seguridad social. Precisamente, con ocasión de la muerte de un afiliado o pensionado, el sistema de seguridad social consagra la pensión de sobrevivientes con el evidente propósito de amparar a las personas a quienes dicha contingencia afecta directamente, esto es, el núcleo familiar.

‘La Constitución Política de Colombia de 1991 dio un enfoque esencialmente distinto al concepto de familia, de suerte que merece la misma protección del Estado la procedente de un vínculo jurídico y la que ha tenido origen en lazos naturales.

‘Se sigue de esta nueva perspectiva constitucional que el Estado debe brindar amparo a la familia, con total prescindencia de si ésta tuvo su fuente en lazos jurídicos matrimoniales o en la decisión libre y responsable de un hombre y de una mujer de iniciar una convivencia, con vocación de estabilidad y duración, animados del propósito de conformar una unidad familiar, tal como la misma recurrente lo admite sin ambages.

‘Dentro de ese nuevo esquema constitucional de la familia, la efectiva y real vida de pareja —anclada en lazos de afecto y fraguada en el crisol de la solidaridad, de la colaboración y del apoyo mutuos— durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado, se constituye en el criterio que ha de apreciarse cuando el juzgador se aplique a la tarea de definir la persona con vocación legítima para disfrutar de la pensión de sobrevivientes, a raíz de la muerte de su consorte o compañero.

‘La Sala ha privilegiado la efectiva comunidad de vida, a la hora de legitimar el reconocimiento de las prestaciones por muerte. Por ejemplo, en sentencia de 2 de marzo de 1999, radicación 11.245, proclamó:

‘Sin embargo, como lo advierte el recurrente, a partir de la Constitución Política de 1991, se dio un giro fundamental en lo que respecta al concepto de ‘familia’, de modo que no sólo la constituye un primer vínculo matrimonial, sino también cuando después de haber cesado definitivamente la cohabitación dentro de éste, se desarrolla durante varios años otra efectiva comunidad de vida —legal o de hecho— cimentada sobre una real convivencia de la pareja, basada en la existencia de lazos afectivos y el ánimo de brindarse apoyo y colaboración, factores determinantes a efectos de construir el nuevo núcleo familiar. De suerte que cuando una pareja se une aun por vínculos naturales, fruto de una voluntad responsable y de la decisión libre de un hombre y una mujer de realizar una convivencia estable para constituirse en familia, también tiene la protección constitucional.

Y es precisamente dentro de este esquema que el nuevo sistema de seguridad social introducido por la Ley 100 de 1993 consagró en su artículo 47, para la compañera permanente la condición de beneficiaria cuando, habiéndose extinguido la convivencia del pensionado con su cónyuge, aquella reuniese cabalmente las nuevas condiciones a la pensión de sobrevivientes, y estableció concretamente que es la efectiva vida de pareja durante los años anteriores al deceso del pensionado, la que viene a legitimar la sustitución pensional, por encima de cualesquiera otra consideración’” (cas. lab., sent. mayo 25/2010, exp. 33136; se resalta).

En ese mismo fallo, más adelante, se preciso:

“El impugnante basa su argumentación en lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990, que considera directamente infringidos. Pero para la Corte no se presentó ese quebranto normativo, porque pese a que esas normas gobiernan la unión marital de hecho y señalan quienes son compañeros permanentes, tal regulación no puede aplicarse en materia de la pensión de sobrevivientes, cuestión que es de la órbita de la seguridad social, no sólo porque, como se precisa en el artículo 1º de dicha ley, tal definición lo es ‘para todos los efectos civiles’, mas no para otros como los aquí debatidos, cuanto que, además, la noción de compañero permanente, para determinar el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, se halla establecida en el artículo 29 del Acuerdo 49 de 1990” (ib., se resalta).

11.3. Colofón de lo precedentemente expuesto es que lo expresado por el apoderado que representó a la señora María Orfilia Giraldo González en la demanda por medio de la cual ella demandó en separación de bienes a su cónyuge, señor Víctor Raúl Mideros Rosero, ante el Juzgado Tercero de Familia de Manizales, no constituye prueba de confesión en el presente proceso; que los interrogatorios absueltos por la gestora de esta controversia y la precitada cónyuge en el referenciado juicio laboral promovido por aquélla en contra de la señora Giraldo de Mideros y del Instituto de Seguros Sociales, así como los testimonios allí mismo recepcionados, no pueden ser apreciados para el proferimiento de este fallo sustitutivo, como quiera que los aquí demandados señores Raúl Alexander, Carolina, Yohanna y Juan David Mideros Giraldo, así como los herederos indeterminados del mencionado causante Mideros Rosero, no fueron parte en ese asunto y, por consiguiente, se trata de pruebas que no cumplen el principio de contradicción; que la prueba documental recaudada en el aludido debate laboral, no acredita los hechos de la demanda con la que se inició este proceso y, por otra parte, no desvirtúa la conclusión extractada por la Corte de los medios de convicción aquí existentes, consistente en que el señor Mideros Rosero, en los años que precedieron su fallecimiento, sostuvo relaciones de convivencia paralelas con su cónyuge y con la promotora de esta causa litigiosa; y que ninguna incidencia tienen las sentencias con las que se definió el memorado juicio laboral en la resolución de esta controversia, habida cuenta que no existe identidad de partes, objeto y causa entre los dos procesos de que se trata.

12. Se concluye, en definitiva, que como las pruebas recaudadas en el presente proceso acreditan que el señor Víctor Raúl Mideros Rosero durante los últimos siete años de vida sostuvo relaciones de pareja e hizo vida marital tanto con la aquí demandante, como con su esposa, señora María Orfilia Giraldo González, el vínculo que la señora Gloria Nancy Cardona Laserna mantuvo con él, no es constitutivo de una unión marital de hecho en los términos del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, ni dio lugar al surgimiento entre ellos de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, del modo que establece el artículo 2º de ese mismo ordenamiento jurídico.

Siendo ello así, habrá de confirmarse el fallo de primera instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda, dispuso la cancelación de las medidas cautelares decretadas en el curso de lo actuado y condenó al pago de las costas a la actora.

Por otra parte, se mantendrán las determinaciones atinentes a que se informe al Juzgado Quinto de Familia de Manizales lo decidido para efectos del proceso sucesoral de Víctor Raúl Mideros Rosero que allí cursa y que se expidan copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que esta determinación tiene por fin que dicho ente investigue la posible falsedad del documento especificado por el juzgado del conocimiento.

No habiendo lugar a las declaraciones negativas contenidas en los puntos primero y segundo de la parte resolutiva del fallo del a quo, ni a que se hiciera ningún pronunciamiento en relación con las excepciones meritorias propuestas por la parte demandada, pues el fracaso de la acción impedía, per se, asumir el estudio de los mecanismos defensivos, se revocaran las indicadas decisiones y los numerales tercero y cuarto de las disposiciones de la sentencia de que se trata.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en sede de segunda instancia, RESUELVE:

1. “REVOCA[R] los ordinales primero, segundo, tercero (…)” y cuarto “de la parte resolutiva de la [s]entencia calendada el 21 de febrero de 2007, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Manizales (…)” en este mismo asunto.

2. “CONFIRMA[R] lo resuelto en los ordinales (…)” quinto, sexto, “séptimo, octavo” y noveno del mencionado proveído.

3. Condenar en costas de segunda instancia a la demandante. Tásense en oportunidad por el ad quem. En la correspondiente liquidación inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma de $ 2.300.000.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.»

(1) Sentencia C-075 de 2007, de la Corte Constitucional.