Sentencia 2002-00370 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 07001-23-31-000-2002-00370-01 (32.991)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Piñeros Inversiones y Proyectos S. en C.S. y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Asunto: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2006, por el Tribunal Administrativo de Arauca, comoquiera que el caso tiene vocación de doble instancia ante esta corporación, en atención la cuantía(1).

2. Antes de abordar el fondo del asunto, es necesario hacer las siguientes precisiones:

2.1. La demanda se dirigió únicamente contra la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional-, lo que en un principio impediría analizar la responsabilidad del Ejército Nacional. Sin embargo, la circunstancia señalada no constituye un obstáculo para examinar la conducta de esa entidad, en razón a que tanto la Policía como el Ejército hacen parte del Ministerio de Defensa Nacional, quien para el caso sub lite representa a la Nación, único ente con personería jurídica. En este orden de ideas, es irrelevante que se haya demandado a la Policía o al Ejército, comoquiera que ambos hacen parte del Ministerio de Defensa y ante una eventual condena, el patrimonio comprometido será el de este órgano y lo concerniente al presupuesto de cada ente —Policía y Ejército— escapa a la órbita de competencia del juez administrativo. En consecuencia, se tendrá como demandado al Ministerio de Defensa.

2.2. Con la demanda se allegaron las declaraciones extra procesales rendidas por los señores Jorge Martínez Gómez, Marco Alfredo Torres Merchán y Ángel Adelmo Rivera Godoy, ante la Notaría Tercera del Círculo de Villavicencio (fls. 204-224, cdno. 1). Al contestar la demanda, la Policía Nacional señaló que las mismas no debían ser valoradas, por considerarlas sospechosas y parcializadas, en atención a la dependencia que existía entre los declarantes y los demandantes y además, por haber sido rendidas sin audiencia suya.

Sea lo primero señalar, que conforme a lo expuesto en providencia de unificación del 25 de junio de 2014, el Código General del Proceso ya se encuentra vigente en nuestra jurisdicción, por lo que este aspecto de la controversia debe resolverse a la luz de las normas procesales. Véase:

Como se aprecia, la única lectura válida que se le puede dar al acuerdo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura es que se trata de una norma diseñada exclusivamente para la jurisdicción ordinaria y, concretamente, la civil, pues es la única que hasta la fecha no tiene implementado un sistema de impulso procesal de naturaleza oral.

iv) De otra parte, la jurisdicción contencioso administrativo desde la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya cuenta con la implementación del sistema mixto —principalmente oral— razón por la que sería inocuo que se negara la entrada en vigencia del CGP, a partir del 1º de enero de 2014, en espera de unas condiciones físicas y logísticas que se supone ya deben existir. Y, si bien, se cuenta con falencias y limitaciones físicas y estructurales en la implementación del sistema oral en materia contencioso administrativa, lo cierto es que resulta incuestionable que a partir de la Ley 1437 de 2011 entró a regir en esta jurisdicción el esquema procesal mixto —con una predominancia oral— razón por la que se ha hecho una distribución en los despachos judiciales del país entre aquellos encargados de evacuar los procesos del sistema mal denominado “escritural” y el nuevo proceso “oral”.

De modo que, con independencia de que exista una escases de recursos físicos, económicos y de capacitación, no puede negarse que el CPACA entró a regir desde el 2 de julio de 2012, sin que existan argumentos para negar su aplicabilidad al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; por consiguiente, en una lógica a fortiori, resultaría paradójico y contradictorio que se admitiera, de un lado, la vigencia del CPACA —con la implementación del sistema oral al interior de la JCA— pero, de otra parte, se negara la vigencia del CGP con fundamento en que el sistema oral no ha sido totalmente implementado.

v) Por otra parte, según el principio del efecto útil de las normas habría que darle la mejor interpretación al numeral 6º del artículo 627 del CGP, en aras de evitar que esta jurisdicción tuviera que aplicar una norma de manera progresiva cuando ya se han dispuesto en todo el territorio nacional, al menos en el plano normativo, las exigencias para su aplicación, la cual, por demás, es residual en virtud de las remisiones e integraciones normativas que realiza la Ley 1437 de 2011 “CPACA” (v.gr. el art. 306)(2).

[…]

Por consiguiente, la jurisdicción de lo contencioso administrativo —que comprende todo el territorio nacional— no ha sido dividida o fraccionada por el legislador para efectos de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, así como tampoco lo fue, en su momento, para la implementación de la Ley 1437 de 2011; igual circunstancia se predica respecto de la jurisdicción arbitral, es decir, en ningún momento se ha establecido gradualidad en la vigencia de esa normativa.

En consecuencia, la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición que se explicará en el acápite a continuación, las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite.

[…].

“Entonces, según lo analizado, a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, esto es, el 1ª de enero de 2014, en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las dispuestas en la nueva legislación procesal”.

Esta posición fue reiterada íntegramente, en auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 12 de agosto de 2014(3).

Precisado lo anterior, se resolverá la objeción formulada por la demandada. Sobre el particular, el artículo 188 del Código General del Proceso, cuerpo normativo que ya se encuentra vigente en nuestra jurisdicción, establece:

ART. 188.Testimonios sin citación de la contraparte. Los testimonios anticipados para fines judiciales o no judiciales podrán recibirse por una o ambas y se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento, circunstancia de la cual se dejará expresa constancia en el documento que contenga la declaración. Este documento, en lo pertinente, se sujetará a lo previsto en el artículo 221.

Estos testimonios, que comprenden los que estén destinados a servir como prueba sumaria en actuaciones judiciales, también podrán practicarse ante notario o alcalde.

A os <sic, los> testimonios anticipados con o sin intervención del juez, rendidos sin citación de la persona contra quien se aduzcan en el proceso, se aplicará el artículo 222. Si el testigo no concurre a la audiencia de ratificación, el testimonio no tendrá valor.

En efecto, el artículo 222 del CPG prescribe:

ART. 222.Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite (resaltado de la Sala).

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior.

De conformidad con las normas citadas, las declaraciones extra procesales que se aporten con la demanda, pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas en el proceso, aún cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada, a menos que ésta solicite expresamente su ratificación, —como se infiere, lo hizo la Policía Nacional—, caso en el cual deberá practicarse de nuevo la declaración.

En el caso sub judice, se decretaron y recepcionaron los testimonios de los señores Ángel Adelmo Rivera Godoy (fls. 311-315, cdno. 2) Jorge Martínez Gómez y Marco Alfredo Torres Merchán (fls. 272-278, cdno. 4), por lo que se entiende que las declaraciones extra proceso fueron ratificadas conforme a lo establecido en el artículo 222 del CGP, y en consecuencia, serán valoradas.

De otro lado, en relación a los cuestionamientos que formuló la demandada por la presunta falta de imparcialidad de los declarantes, advierte la Sala que aunque los mismos laboraban al servicio de los demandantes, en sus dichos, como se verá a continuación, no se aprecia ningún ánimo de favorecerlos ni tergiversar la verdad, además de que guardan coherencia con las demás pruebas que obran en el proceso.

2.3. Con la presentación de la demanda se aportaron en copia simple varios documentos relacionados con la propiedad de los demandantes sobre los semovientes que fueron hurtados, los cuales podrán ser valorados conforme al artículo 246 del CGP, según el cual “las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia”.

3. Conforme a las pruebas que fueron practicadas y recaudadas, están demostrados los siguientes hechos:

3.1. Según los certificados de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que obran a folios 156, 157 y 158 (cdno. 1), los predios identificados con matrícula inmobiliaria 410-43710, 410-43711 y 410-43712, son propiedad de Miguel Piñeros Rey, la Sociedad Piñeros Inversiones y Proyectos y María Gedma Romero Sandoval, respectivamente. Al respecto es pertinente aclarar que en providencia de Sala Plena de la Sección Tercera, proferida el 13 de mayo de 2014, se modificó la posición jurisprudencial en relación a la acreditación de la propiedad de los bienes inmuebles, en el sentido de que para el efecto sólo basta con el folio de matrícula inmobiliaria. Se destaca:

“(…) la inscripción o el registro del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio, en especial cuando se pretenda demostrar este derecho en un proceso judicial que se tramite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efectos de tener por verificada la legitimación en la causa por activa en aquellos eventos en que se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble, respecto del cual se fundamenten las pretensiones de la demanda.

(…).

Por lo anterior, la sola certificación, entendida como la constancia o fe que expide el registrador acerca de la situación jurídica de los bienes sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas (D.L. 1250/70, art. 54(4)), sin duda constituye prueba suficiente, para el caso que aquí se examina, de la titularidad del derecho de dominio que se pretende hacer valer, puesto que en ese documento se hace constar tanto la persona que figura como titular de ese derecho —valor constitutivo del derecho de dominio de la inscripción (modo de transferir el dominio)— como que esa constancia se fundamenta en la realización de un acto de registro del título, el cual goza de una presunción de legalidad y legitimidad registral que debe necesariamente observarse y acatarse mientras no se demuestre —a través de los medios legales previstos para ello— lo contrario, en el entendido en que previamente se ha surtido todo un procedimiento especial, jurídico y técnico mediante el cual el registrador ha recibido, examinado, calificado, clasificado y finalmente inscrito el respectivo título.

(…).

La circunstancia de que el juez administrativo, para efectos de tener por acreditada la legitimación en la causa por activa cuando el demandante acude al proceso en calidad de propietario de un bien inmueble, exija la presentación del original o copia auténtica de la escritura pública que sirve de título para la adquisición de ese derecho, además de la constancia de inscripción de dicho documento en la Oficina de Registros Públicos, se traduce en un desconocimiento de la presunción de legalidad, de la legitimidad registral y del principio de la fe pública registral, que se generan y deben observarse a partir de la expedición del acto administrativo de inscripción, actuación que ha sido dictada por el funcionario respecto del cual la ley le ha otorgado esa facultad, la cual se le exige cumplir con rigurosidad, a través, entre otros presupuestos, del análisis y examen —dentro de su competencia— del título traslaticio de dominio —escritura pública— que sirva de causa remota para la adquisición del derecho real respectivo sobre el bien inmueble correspondiente.

(…).

Lo anterior sin mencionar que la decisión de no encontrar acreditada la legitimación en la causa por activa, alegando la propiedad sobre un bien inmueble, por no haberse aportado la escritura pública correspondiente, constituye a su vez una vulneración al principio de confianza legítima y al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, puesto que si el Estado asume directamente la prestación del servicio público registral y, para tal efecto, dispone un conjunto de instituciones y un procedimiento estricto, a través del cual le exige a los interesados someterse a éstas actuaciones, puesto que de lo contrario no pueden obtener los efectos jurídicos que se originan a partir del registro —constitución de derechos reales y publicidad de los mismos—; y, si para lograr este resultado necesariamente debe presentar ante la autoridad competente —que no es otra que el registrador de instrumentos públicos— el título que le da derecho a obtener el registro, instrumento que, a su vez, es sometido a un análisis de legalidad por parte de esa autoridad, necesariamente, luego de surtir cada una de estas etapas, al beneficiario del registro se le genera la confianza de que si la autoridad competente autorizó la inscripción, es porque ese documento reunía los requisitos para que se produjera ese acto, razón por la cual representaría un desconocimiento de esa confianza que se le exigiera nuevamente someterse a un nuevo procedimiento para acreditar lo que una autoridad pública en ejercicio de sus funciones y competencias ya verificó y prestó su fe pública en ello”(5).

De otro lado, de las declaraciones extra juicio y los testimonios de los señores Jorge Martínez Gómez, Ángel Adelmo Rivera Gody y Marco Alfredo Torres Merchán, así como de los certificados de venta de ganado, expedidos por la Alcaldía de Tame, se infiere que los demandantes eran propietarios de varios semovientes vacunos, caprinos, equinos, porcinos y avícolas, además de implementos para la explotación agrícola y ganadera. Sobre este aspecto se volverá con más detalle en los párrafos subsiguientes.

3.2. Sobre los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2001, en los que resultaron destruidos los inmuebles de propiedad de los demandantes y fueron hurtados sus semovientes, obran las declaraciones extra procesales y los testimonios de varias personas que se encontraban en los predios, cuando miembros de un grupo armado al margen de la ley que no se identificó, incursionaron en los mismos. Al respecto, declaró el señor Jorge Martínez Gómez, quien era el administrador de los tres inmuebles y laboraba al servicio de los demandantes:

“[…] Yo me encontraba en una finca cuando llegó un grupo armado dijeron que se iba a llevar todo que no mejor era que nos fuéramos que desocupáramos aclaro que estaba en la finca el Morichal, cuando llegaron como a las 5:30 a 6 de la mañana, cuando llegaron como unos cien hombres vestidos de camuflado armados, realmente en ese momento por el susto no me di cuenta si eran guerrilla o paramilitares, de lo que estoy seguro es que no era ejército ni policía en ese momento estábamos el encargado Marco Alfredo Torres, doña Flor que es la que cocinaba y un mensual de nombre Richard que después lo mataron, nos dijeron que nos fuéramos de la finca en cuestión de minutos y empezaron ellos a recoger ganado, yo me fui y le di informe a los dueños al doctor Piñeros y a la señora” (fl. 271, cdno. 4).

En relación a los bienes que fueron destruidos y hurtados, señaló:

“[…] Miguel Piñeros tenía 244 cabezas de ganado macho cebú de 3 años a 3 años ½, y que tenían para esa época un valor de $ 850.000 por cabeza, María Gedma Romero tenía para 383 cabezas de ganado, aclaro eran 283 cabezas de ganado macho cebú de 31/2; inversiones y proyectos tenían lo que era ganado caballar porcino, caprino, aves de corral y oscilaba un precio de unos 30 millones de pesos aproximadamente, para la época del problema” (fl. 273, cdno. 4).

— Por su parte, Marco Alfredo Torres Merchán, quien se encargaba de cuidar la finca, hizo el siguiente relato:

“[…] Llegaron como 100 personas, hombres y mujeres jones (sic) y viejos, vestidos de camuflados, de policía y de civil, llegaron a la finca el Morichal, temprano en las horas de la mañana, estábamos ahí con el administrador Jorge Martínez, un mensual de nombre de Richard o le decíamos Richard que luego me enteré que apareció muerto, u otras personas que se contrata por días pero no recuerdo los nombres, luego uno de ellos nos reunió y nos dijo con amenazas que nos teníamos que desocupar inmediatamente, no nos dieron plazo para nada, cuando ellos dicen váyanse es váyanse, esos eran un grupo al margen de la ley, no sé quiénes eran porque por ahí operan ambos grupos al margen de la ley, pero lo que sí estoy seguro es que ejército si no era, nosotros ahí mismo empacamos maletas para irnos, y ellos se pusieron a recoger el ganado y nosotros nos fuimos para Tamen (sic) […]” (fl. 276, cdno.4).

Sobre los semovientes y demás bienes que se encontraban en los predios, manifestó:

“Miguel Piñeros Rey tenía 244 cabezas de ganado todos era de raza cebú las edades de los animales era de 2 a 3 años y medio, tenían valor de 700 mil pesos por cabeza, la Sociedad Inversiones y Proyectos manejaba lo que era ganado caprino, porcinos, aves de corral, siembre(sic) habían como 100 gallinas y se manejaba bastante animal, también tenían caballos para las vaquerías se tenían un atajo que son 25 vestias (sic), en fin todo tenía un valor más o menos aproximado de 35 millones de pesos, calculo más o menos […]” (fl. 276, cdno. 4).

En el mismo sentido también declaró la señora Marleny Sanín Rodríguez, quien se desempeñaba como la cocinera de la finca y también se encontraba en la misma cuando tuvieron lugar los hechos (fls. 359-361, cdno. 2).

Finalmente, el señor Héctor Marcelino Cardona Loaiza, quien ocasionalmente realizaba trabajos en los predios, manifestó:

“[…] A principios de enero pasé por cerca de la finca que iba para otro sector a hacer un trabajo y observé que las finca Morichal la habían destruido, quemado las casas, tumbado las cercas y quemaron los pastos y totalmente desocupado se observaba todo destruido […] En la finca había ganado vacuno, de engorde, cebú, animales, caseros como gallinas, marranos, cabras, árboles frutales y ya después no existía nada, destruyeron todo con motosierras (sic) …” (fl. 317, cdno. 2).

Los hechos descritos fueron denunciados por los demandantes, ante la Fiscalía Única Especializada de Arauca, el 12 de diciembre de 2001 (fl. 193, cdno. 1).

3.3. Ahora bien, está demostrado que para la fuerza pública el hecho era previsible, toda vez que no sólo los demandantes formularon varias solicitudes de protección por escrito, sino además porque las circunstancias de orden público que rodeaban al municipio de Tame (Ara.), para la fecha en que tuvo lugar la incursión, permitían inferir que un hecho como ese podía suceder en cualquier momento. Sobre este punto en particular, obran las siguientes pruebas:

3.3.1. Derechos de petición elevados por los demandantes el 23 de noviembre de 2001, ante el Ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, en los que pusieron en conocimiento de esas entidades, la frecuente presencia de grupos armados al margen de la ley en el municipio de Tame y solicitaron “protección inmediata y efectiva” para sus bienes (fls. 169-180, cdno. 1).

El Ministerio de Defensa acusó recibo de los derechos de petición el 28 de noviembre de 2001 y les dio traslado al Comando General de las Fuerzas Militares, como consta en el oficio 10056/MDNAL-292 de esa fecha, suscrito por el vicealmirante Alfonso Calero Espinosa, secretario general (fl. 489, cdno. 2).

3.3.2. En los mismos términos presentaron sendas peticiones ante el comandante de la Policía Nacional, mediante escritos del 3 de diciembre de 2001, en los que solicitaban “protección inmediata y efectiva” (fls. 181-192, cdno. 1).

3.3.3. Mediante oficio 51093/CGFM-AL-723 del 6 de diciembre de 2001, el comandante de las Fuerzas Militares, respondió la solicitud de los accionantes, señalándoles que la misma había sido enviada por competencia a los señores generales comandante del Ejército Nacional y director general de la Policía Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo (fl. 324, cdno. 2).

3.3.4. El 11 de diciembre de 2001, es decir, 4 días después del hecho, el brigadier general Jorge E. Linares Méndez, quien fungía como director operativo de la Policía Nacional, le manifestó lo siguiente al comandante general de las Fuerzas Militares, Fernando Tapias Stahelin:

“Se impartieron instrucciones al señor coronel Jesús Antonio Moya Romero comandante Departamento de Policía Arauca, con el fin de adoptar las medidas a que haya lugar de acuerdo con las circunstancias y con los medios a su disposición en coordinación con las autoridades civiles, Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y organismos de la fuerza pública de la jurisdicción” (fl. 323, cdno. 2).

3.3.5. Mediante oficio 70779/CE-Jeope-Dirop-375 del 17 de diciembre de 2001, es decir, 8 días después de que sobrevino el atentado, el director de operaciones del Ejército le manifestó al señor Miguel Piñeros Rey, que su solicitud había sido enviada al comando de la segunda división y Dirección Nacional de la Policía, “para que con los medios orgánicos adopte las determinaciones que conduzcan a bloquear las intenciones criminales de los grupos armados al margen de la ley” (fl. 486, cdno. 2).

3.3.6. En oficio 00373/Coman Gruin Deara del 13 de marzo de 2002, —3 meses después de ocurrido el hecho—, el comandante del Departamento de Policía de Arauca, le informó lo siguiente al señor Piñeros Rey:

“En atención a sus peticiones elevadas ante el Ministerio de Defensa doctor Gustavo Bell Lemus, señor general Fernando Tapias Stahelin comandante Fuerzas Militares y señor general Luis Ernesto Gilibert Vargas director general Policía Nacional y que fueron trasladadas por jurisdicción a este comando de Departamento de Policía, me permito informarles que mi antecesor señor teniente coronel Jesús Antonio Moya Romero ante las circunstancias de orden público suficientemente conocidas por ustedes, ya que hacen parte de sus peticiones, sumadas a las prioridades institucionales no alcanzó a diseñar un plan de trabajo que permitiera satisfacer sus inquietudes.

“Sin embargo u como quiera (sic) que acabo de asumir como comandante de esta Unidad Policial y dando cumplimiento al Código Contencioso Administrativo, me permito informarle que su petición está siendo estudiada para tomar la decisión más acertada que permita garantizar no solo sus derechos, sino los de todos los habitantes del departamento […]” (fl. 485, cdno. 2).

3.3.7. Obra a fl. 693 (cdno. 2), oficio del 26 de septiembre de 2005, suscrito por el teniente coronel Juan Carlos Martínez Correal, comandante del Departamento de Policía de Arauca, según el cual para el 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2001, —fecha en la que fueron formuladas las solicitudes de protección— el Departamento de Policía de Arauca “no contaba con el personal y la logística necesaria para adelantar un operativo en el área rural de Tame, ya que una operación de este tipo requiere de un número significativo de personal y de gran material técnico y bélico que permita garantizar la integridad del grupo operativo y que a su vez garantice el éxito de la operación” (resaltado de la Sala).

3.3.8. Como se observa, tanto la Policía como el Ejército Nacional, recibieron sendas solicitudes de protección por parte de los demandantes, el 23 de noviembre y el 3 de diciembre de 2001, es decir, antes de que se presentara el atentado en el que perdieron sus bienes a manos de un grupo armado al margen de la ley, y en las mismas se advertía con claridad que el requerimiento era de carácter urgente. Sin embargo, pese al apremio de las circunstancias, ninguna de esas dos entidades se actuó con prontitud, haciendo presencia en la zona rural del municipio de Tame y se limitaron únicamente a dar traslado de las peticiones, perdiendo tiempo valioso en el cual sobrevinieron los hechos ya conocidos. Lo anterior, pese a que además de las solicitudes de protección que expresaban con claridad que se requería de manera “inmediata y efectiva” la presencia de la fuerza pública, las circunstancias de orden público que se presentaban para la fecha en el municipio de Tame, también exigían a todas luces una intervención más fuerte de ambas instituciones. Así se colige de los siguientes medios de convicción:

— Acta del 8 de octubre de 2001, sobre la reunión que en el municipio de Tame realizaron los representantes del éxodo campesino que ocupaban las instalaciones del colegio municipal, el sindicato agrario y los representantes del Gobierno Nacional, para discutir la grave crisis de derechos humanos que se estaba presentando en la región (fls. 114-15, cdno. 4).

— Oficio 8265 del 8 de septiembre de 2003, suscrito por el Coronel Carlos Acosta Arévalo, 2º comandante y JEM Décima Octava Brigada, en el que informó:

[…].

“7. En los últimos dos (02) años se ha[n] incrementado las acciones violentas por la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento de Arauca, repercutiendo con ello en asesinatos, entre miembros de las Autodefensas Unidas y ONT’s, llámense FARC o ELN, teniéndose como reacción de las mencionadas ONT’s, los ataques indiscriminados contra la infraestructura eléctrica, petrolera y en especial contra la población civil (resaltado de la Sala).

“8. La Décimaoctava (sic) Brigada no posee la estadística exacta de la cantidad de paros cívicos que se hayan presentado con motivo de los hechos anteriormente mencionados. En relación con la pérdida de semovientes, durante los dos (02) últimos años se ha presentado hurto de ganado en todo el Departamento de Arauca atribuido a las ONT’s. El índice de muertes violentas se incrementó de manera notoria en el municipio de Tame y de igual forma me permito informar que no se tiene conocimiento de la destrucción de predios por parte de organizaciones al margen de la ley (resaltado de la Sala).

[…].

“8. Para el mes de noviembre y diciembre del año 2001 el Batallón de Ingenieros ‘Rafael Navas Pardo’, se encontraba instalado en el municipio de Tame, con cuatro (4) compañías, (Baraya, ASPC, Intendencia local, Deluyer), contaba con 21 oficiales efectivos, 145 suboficiales y 905 soldados y se encontraba de acuerdo a la (TOE) ‘tabla de organización y equipo’, para un Batallón de Ingenieros (resaltado de la Sala).

“12. Para los meses de noviembre y diciembre de 2001, existían grupos armados al margen de la ley […]” (fls. 45-47, cdno. 4).

— Oficio 3819 del 9 de septiembre de 2003, suscrito por el teniente coronel Alberto Bonilla Torres, comandante del Batallón de Ingenieros Nº 18 General Rafael Navas Pardo, en el que se da cuenta de las múltiples manifestaciones de violencia que se venían presentando en el municipio de Tame, durante los meses de noviembre y diciembre de 2001, consistentes en asesinatos, intimidaciones a la población civil, prohibición de movilizar vehículos y enfrentamientos entre el Ejército y miembros de las AUI (Bloque Vencedores de Arauca), en la vereda El Susto. Igualmente, señaló que operaban 12 grupos armados al margen de la ley, 6 de ellos pertenecientes a la guerrilla de las FARC, 5 al ELN y uno a las AUI (fls. 660-662, cdno. 2).

— Oficio del 24 de septiembre de 2003, suscrito por Carlos Yovanny Caro Martínez, quien para la fecha fungía como personero municipal de Tame y en el que se lee:

“El orden público del municipio de Tame desde comienzos del año dos mil uno está bastante delicado ya que las estadísticas nos demuestran que desde el año dos mil uno iban cuatrocientas muertes violentas causadas con arma de fuego. Que como producto de las masacres y muertes selectivas se ha desarrollado una serie de desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, pérdida de semovientes, violación de los derechos humanos en general, suceden paros cívicos, armados, hay destrucción de bienes por atentados con bombas en sí, la seguridad económica, rural y urbana es bastante preocupante en toda la región municipal; que hasta la vereda Mapoy, hay unos cuarenta (40) kilómetros recorribles (sic) en vehículo, gastando unos sesenta (60) minutos por vía destapada y a pie yo creo que se gastan unas ocho horas” (fl. 216, cdno. 4, resaltado de la Sala).

En igual sentido se aprecia certificación emitida por la Inspección de Policía de Tame, el 1º de junio de 2005 (fl. 688, cdno. 2), oficio 3781 del 28 de agosto de 2003, por la Dirección Seccional del DAS Arauca (fls. 43-44, cdno. 4) y el informe de la Consejería Departamental Para la Paz y los Derechos Humanos del 2 de septiembre de 2003 (fls. 54-64, cdno. 4).

3.3.9. Se aprecia a folio 674 (cdno. 4), orden de operaciones 014 Uranio del 29 de noviembre de 2001(6), que tenía como misión, a partir del 1º de diciembre del mismo año, realizar operaciones ofensivas de registro y control militar del área general de Tame, Puerto Rondón, El Plato, Los Aceites, Puerto Gaitán, vereda El Susto, con el fin de capturar o abatir en combate en caso de resistencia armada, integrantes de las OAML AUC o decomisar material de guerra, intendencia o sustancias alucinógenas.

3.3.10. Según certificación expedida por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal de Tame el 5 de abril de 2005, en ese municipio se encontraba el Batallón de Ingenieros Nº 18 Rafael Navas Pardo, Brigada Móvil Nº 5, una Estación de Policía y una sede del DAS. Ahora bien, de conformidad con el oficio 0292 del 1º de febrero de 2005, suscrito por el comandante del Batallón de Ingenieros Nº 18, esa unidad militar se encontraba a 20 kilómetros de la vereda Mapoy, que en vehículo tardaba en recorrerse en 30 minutos y mediante desplazamiento de táctica a campo traviesa, tomaba alrededor de 12 horas (fls. 658 y 659, cdno. 2).

3.3.11. Los testimonios recepcionados en el proceso también son bastante elocuentes no sólo en relación a la situación de orden público que para la fecha de los hechos caracterizaba al municipio de Tame, sino que también aluden al hecho de que las Fuerzas Armadas estaban en la capacidad de prever que una incursión como la que se presentó en los predios El Morichal 1, 2 y 3, podía presentarse, toda vez que habían recibido solicitudes de protección tanto escritas como verbales. Así por ejemplo, son dicientes las palabras del señor Héctor Marcelino Cardona Loaiza, quien periódicamente realizaba trabajos de mantenimiento en la finca y afirmó: “[…] Se le informaba al Ejército y a la Policía de que estaban por ahí las agrupaciones al margen de la ley, guerrilleros o paramilitares que estaban hurtando ganado de todas las fincas por ahí por ese sector y ellos no iban a comprobar los hechos” (fl. 317, cdno. 2).

— En el mismo sentido, Marleny Sanín Rodríguez, al preguntársele cuáles eran según ella las causas de la incursión, señaló:

“A raíz de la violencia que se vive y por la falta de presencia de la fuerza pública, en la región allá nunca iban ni de paseo. Estando tan cerca la fuerza pública nunca fue por allá” (fl. 363, cdno. 2).

— En igual sentido, Jorge Martínez Gómez, al preguntársele si con anterioridad a los hechos se tenía conocimiento de la existencia de grupos armados al margen de la ley en la región, manifestó:

“Sí yo supe que estaban robando ganado en otras fincas, supe como un mes antes de lo que relaté, yo le informé a los dueños y en una oportunidad le comenté al Ejército que estaba allá que era el batallón Navas Pardo, avisados los dueños ellos me comentaron y también vi las cartas que se enviaron se corrige donde avisaron al Ministerio de Defensa y Policía pidiendo protección pero no sirvió de nada porque nunca fueron por allá y sí se robaron el ganado y demás animales […] Hasta finales de 2000 y comienzos del 2001 estaba sólo la guerrilla y ya habían problemas de orden público, como también estaba el batallón del Ejército Navas Pardo y la Policía, pero en el 2001 llegaron los paramilitares y se dañó todo, llegaron como en semana santa, pero pr (sic) por los lados de la finca solo hasta noviembre y ahí se terminó de dañar el orden público, porque vinieron las muerte y los robos de ganados, daños de fincas, si antes estaba dañado el orden público se terminó de dañar […] era fácil llegar allá [se refiere a la finca] en carro o a pie, por que (sic) era de ahí del pueblo a la finca y todo el mundo sabía que había harto personal militar, lo que pasó fue que no quisieron ir” (fls. 273 y 274, cdno. 4, resaltados de la Sala).

— Sobre el mismo aspecto, manifestó Marco Alfredo Torres:

“[…] cuando con don Jorge Martínez supimos que estaban matando gente, robando ganado, quemando fincas, le informamos a los patrones y ellos nos cometaron (sic) y nos mostraron unos papeles que habían presentado en la Policía y el ejército informando del peligro y pidiendo presencia por seguridad pero nunca llegó ni soldados ni policías, pero sí llegó la otra gente que no supimos quiénes eran y se robaron todo […] no me explico porque no vigilaban la zona o hicieron presencia, sí sabían que habían grupos ilegales, antes y para el problema, sí doctora, había ejército y policía en el pueblo; sí señora juez y se podía llegar fácilmente a la finca” (fl. 277, cdno. 4).

4. Conforme a lo anterior, está demostrado el daño antijurídico, consistente en la destrucción parcial de los inmuebles de los demandantes y la pérdida de sus semovientes y elementos de trabajo para explotación agrícola y ganadera, a manos de uno de los grupos armados al margen de la ley que operaba en la zona, que no fue posible identificar.

Ahora bien, de acuerdo a las pruebas documentales y testimoniales que fueron reseñadas, está más que demostrado que el daño le es imputable a la entidad demandada a título de falla en el servicio, toda vez que pese a que recibió las respectivas solicitudes de protección y la situación de orden público en el municipio de Tame era crítica, no hizo nada por evitar el hecho, limitándose únicamente a darle trámite a las peticiones bajo los términos del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, y haciendo caso omiso de la urgencia que denotaban las circunstancias, que exigían una acción inmediata. Como pudo apreciarse, el conflicto en el departamento de Arauca se recrudeció a partir del año 2001, con la llegada de los grupos paramilitares, incrementándose el número de masacres, muertes selectivas, desplazamientos forzados, atentados contra la infraestructura del país y pérdida de semovientes, supuesto en el que se enmarca el caso sub judice.

En consecuencia, no cabe duda de que el hecho era a todas luces previsible, tanto para la Policía como para el Ejército, en atención a las críticas condiciones de orden público que para la fecha caracterizaban la región y a las solicitudes de protección elevadas por los demandantes, lo que hace posible atribuirles el daño sufrido por los demandantes, pese a que el hecho fue perpetrado directamente por un tercero, lo que prima facie, desde el plano material, configuraría una ausencia de imputación respecto del Estado por tratarse del hecho exclusivo de un tercero, lo cierto es que en el mundo del derecho, el estudio de la imputatio facti enseña que ésta no sólo puede ser fáctica, sino también normativa que para el caso, se estructura en la dimensión de la imputación objetiva y de la omisión.

Sobre el particular, la Sección ha puntualizado(7):

“Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

“En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

“No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(8).

“Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v.gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v.gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(9).

“En otros términos, la causalidad y sus diferentes teorías naturalísticas puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

“En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, como quiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto.

En ese orden de ideas, el hecho de analizar la un resultado bajo la perspectiva de ingredientes normativos (v.gr. como la posición de garante), fijados por la ley y la jurisprudencia es lo que permite, con mayor facilidad, establecer la imputación fáctica (atribución material), esto es, se itera, la asignación de un determinado daño en cabeza de un específico sujeto.

“En relación con la posibilidad de emplear la posición de garante, como elemento normativo para la construcción de la imputación fáctica del resultado, la jurisprudencia de la Sala ha señalado:

“Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho(10).

“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley —en sentido material— atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida(11)(12).

“Desde esa perspectiva, la posición de garante se erige como uno de los ejes basilares sobre los cuales se edifica el concepto de imputación fáctica, puesto que a partir del conjunto de principios establecidos en el artículo 1º de la Constitución Política, se hace responsable, desde diversas perspectivas jurídicas (penal, disciplinaria, patrimonial, etc.) a la persona que con su omisión ha facilitado la producción del daño, lo que desvirtúa en el plano jurídico el principio causal según el cual a partir de la omisión no se deriva nada(13). En ese contexto, la posibilidad de atribuir resultados o daños, con base en un criterio normativo-jurídico, no es otra cosa distinta que la reivindicación de la multiplicidad de valores y principios jurídicos sobre los que se basamenta el Estado colombiano, es decir, como un Estado social de derecho, en el cual los asociados no solo se benefician de una gama de derechos y garantías, sino que, de igual manera, se encuentran conminados al cumplimiento de una serie de deberes (v.gr. principio de solidaridad, de dignidad humana, de tolerancia, etc.) sin los cuales la sociedad no podría funcionar(14).

Y, si los particulares se encuentran vinculados por esos imperativos categóricos en términos Kantianos, con mayor razón los órganos y funcionarios estatales se hallan sometidos al cumplimiento y salvaguarda de esos principios y valores constitucionales. En consecuencia, tal y como lo ha sostenido el máximo tribunal constitucional, la fuerza pública se encuentra en posición de garante frente a la protección de los bienes y derechos de los ciudadanos, sin que ello suponga someter al Estado a lo imposible —puesto que existe el principio de falla relativa del servicio—, pero sí obliga a que se analice en cada caso concreto las posibilidades reales con las que contaban los agentes estatales para impedir el resultado”(15) (resaltados adicionales).

De acuerdo con lo anterior, la entidad demandada adquirió una posición de garante frente a los bienes de los accionantes, en razón no sólo a la petición de protección por ellos formulada, sino también a las condiciones de orden público que se venían presentando en el municipio de Tame, que exigían de su parte una mayor presencia, por lo que ambas estaban compelidas a hacer todo lo posible por evitar que ese hecho ocurriera(16).

En consecuencia, el sustrato de la obligación de resarcir el daño irrogado se encuentra en el desconocimiento del deber de protección y seguridad que le asiste a las autoridades públicas y, de manera particular, a las militares y policiales de salvaguardar los derechos, bienes e intereses legítimos de los asociados, en los términos establecidos en el artículo 2º de la Carta Política.

Acerca del contenido y alcance de la obligación de seguridad y protección de la fuerza pública respecto de los particulares, la Sala puntualizó:

“A pesar de las constantes amenazas contra las vidas y los bienes de los demandantes, las autoridades militares y de policía que conocían de la situación peligro por la que atravesaban, y ante quienes con insistencia habían acudido en demanda de protección, guardaron silencio y no asumieron conducta alguna tendiente a brindar la protección pedida, con los medios disponibles para ello. Sin justificación alguna omitieron dar respuesta, de cualquier naturaleza que fuese, a las peticiones que días antes de la toma guerrillera les hicieran los demandantes. Surge clara, pues, en este caso, la omisión del Estado en brindar protección a los bienes de los demandantes, la cual fue determinante en la producción del daño antijurídico que se reclama. Los demandantes presentaron varias solicitudes concretas de protección a las autoridades, las cuales fueron desatendidas, sin tener en cuenta que existían circunstancias especiales (como la muerte del administrador de la finca y las constantes denuncias que por boleteo, presentaron los actores, etc.), que hacían necesaria una protección inmediata a sus vidas y a sus bienes por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta para ello, como se dijo anteriormente, los medios con que contaba el Estado para realizar dicha tarea, habida cuenta que las vidas y los bienes de un grupo de personas, se encontraban expuestas a una situación de inminente peligro, el cual se concretó, con la muerte de tres personas y la destrucción de las viviendas, los muebles y el hurto de semovientes y otros bienes, propiedad de los actores”(17).

[…].

“El relación con el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, cabe señalar que el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución que establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6 ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua, pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos”(18) (resaltados adicionales).

La omisión de la demandada es aún más reprochable, teniendo en cuenta que en el casco urbano del municipio de Tame existía una estación de la Policía y en las afueras, a sólo 20 kilómetros del predio de los accionantes, se encontraba el Batallón de Ingenieros Rafael Navas Pardo que contaba con 4 compañías, 21 oficiales efectivos, 145 suboficiales y 905 soldados. Además, según el testimonio del señor Jorge Martínez Gómez, al percatarse de la recurrente presencia de grupos armados en el municipio, puso en conocimiento esa circunstancia ante los soldados del Batallón para que tomaran las medidas pertinentes, sin embargo, nunca lo hicieron. En el mismo sentido, las demás declaraciones, como las de Héctor Marcelino Cardona Loaiza, Marleny Sanín Rodríguez y Marco Alfredo Torres, permiten inferir que la sensación de la población civil era de total abandono por parte de las Fuerzas Armadas, y si bien, al proceso se aportó la orden de operaciones 014 Uranio, que tenía como misión, a partir del 1º de diciembre del mismo año, realizar operaciones ofensivas de registro y control militar de varios municipios, entre ellos Tame, lo cierto es que no existe ninguna otra prueba de que hayan realizado alguna maniobra tendiente a brindar protección al predio de los demandantes.

Fue tal la desidia de la demandada, que el traslado de las solicitudes de protección se prolongó hasta los días 11 y 17 de diciembre, cuando ya había tenido lugar la incursión y sólo hasta el 13 de marzo de 2002, el señor Piñeros Rey recibió una respuesta concreta por parte del comandante del Departamento de Policía de Arauca, lo que evidencia una vez más la existencia de una falla en el servicio que fue en desmedro de los bienes muebles e inmuebles de los demandantes.

En el anterior orden de ideas, no son de recibo los argumentos del a quo según los cuales, las solicitudes formuladas no evidenciaban que el peligro fuera inminente, pues como ya se señaló, en las mismas se solicitó protección “inmediata y efectiva”, expresiones que denotaban la premura de la situación. Así mismo, tampoco puede aceptarse el argumento aducido por la Policía al contestar la demanda, según el cual no acudió a repeler el ataque, en atención a que no se le dio ningún aviso en el momento mismo de la ocurrencia del hecho, pues el más elemental sentido común permite inferir sin dificultad alguna que para quienes se encontraban en el predio cuando el grupo armado incursionó en él, era imposible dar aviso a las autoridades, toda vez que no sólo recibieron amenazas contra sus vidas y su integridad física, sino que les exigieron abandonar inmediatamente la región. En circunstancias como las del caso sub lite, ante la incursión inminente de un grupo armado al margen de la ley, resulta imposible para un ciudadano denunciar los hechos en el mismo momento en que suceden, de allí, que lo procedente era que la fuerza pública hubiera hecho presencia en el predio inmediatamente le fue solicitado por los demandantes, e incluso cuando empezaron a incrementarse los hurtos de ganado y demás semovientes. En lugar de ello, lo que se presentó fue un abandono total de la población civil, quien se vio inerme ante el accionar de estos grupos, que ante la pasividad del Ejército y la Policía, pudieron destruir y hurtar los bienes con toda la facilidad y tranquilidad.

De acuerdo con lo visto, no hay lugar en el caso sub lite a aplicar el principio de relatividad de la falla(19), comoquiera que el hecho no era imprevisible, ni irresistible, al contrario, tanto la Policía como el Ejército tenían conocimiento del inminente riesgo en el que se encontraban los bienes de los accionantes, y además tenían conocimiento de que la situación de violencia había empeorado notablemente en el año 2001, cuando los grupos paramilitares llegaron a la región, y si bien, es cierto, el Estado no tiene el deber de brindar protección personalizada a cada ciudadano, sí es su deber actuar con prontitud y eficacia cuando recibe una petición en ese sentido o las circunstancias así se lo exigen(20). Por lo tanto, no cambia en nada el supuesto, lo informado por la Policía en oficio del 26 de septiembre de 2005, suscrito por el teniente coronel Juan Carlos Martínez Correal, comandante del Departamento de Policía de Arauca, según el cual para el 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2001, el Departamento de Policía de Arauca “no contaba con el personal y la logística necesaria para adelantar un operativo en el área rural de Tame”, ya que aunque podía ser cierto, era su deber solicitar apoyo a otras dependencias de la institución o del Ejército, con el fin de atender el requerimiento de los demandantes.

En conclusión, como corolario de lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar, se condenará a la Nación —Ministerio de Defensa—, por el hurto de los semovientes y la destrucción parcial del bien de propiedad de los demandantes.

5. De los perjuicios.

5.1. Perjuicios materiales. Se solicitan por concepto de daño emergente y lucro cesante, por los siguientes conceptos:

i) La pérdida de utilidad por no poder explotar agrícola y ganaderamente los predios Morichal Uno (matrícula inmobiliaria 410-43710), Morichal Dos (matrícula inmobiliaria 410-43711) y Morichal Tres (matrícula inmobiliaria 410-43712); ii) la destrucción y daño causado a las mejoras, casa de habitación, corrales, cercas, frutales y pastos; iii) el hurto de los diversos elementos y enseres de trabajo y casa de habitación que se encontraban en cada uno de los predios mencionados; iv) el hurto de 383 semovientes vacunos machos, cebú, de propiedad de María Gedma Romero Sandoval; v) el hurto de 244 semovientes vacunos, machos cebú de propiedad de Miguel Piñeros Rey; vi) el hurto de los semovientes equinos, porcinos, caprinos y avícolas de propiedad de la sociedad Piñeros Inversiones y Proyectos S. en C.S.; vii) la pérdida de la utilidad que por concepto de levante y ceba generaban los mencionados semovientes vacunos, equinos, porcinos, caprinos y avícolas; viii) la pérdida de utilidad inherente a los inmuebles, mejoras, elementos de trabajo y enseres de las viviendas.

Al respecto, obran las siguientes pruebas:

— Inventarios de elementos y semovientes de las fincas Morichal Uno, Dos y Tres (fls. 437-440, cdno. 2). Sin embargo, los mismos no serán valorados, en atención a que sólo figura una lista de los enseres y animales que se encontraban en los predios, pero no se precisa por quién fue elaborado.

— Balances contables de los señores Miguel Piñeros Rey y María Gedma Romero Sandoval y de la sociedad Piñeros Inversiones y Proyectos y Cía. S. En C., correspondientes al período comprendido entre los años 1999 y 2003 (fls. 1-57, cdno. cdno. 3), los cuales tampoco serán tenidos en cuenta, en razón a que fueron elaborados por el señor Miguel Piñeros Rey y carecen de otra prueba que los respalde, como libros de contabilidad o estados financieros certificados por el respectivo contador.

— Testimonio del señor Jorge Martínez Gómez, quien sobre las características de los predios y su capacidad de producción señaló:

“En los papeles o escrituras era tres fincas, pero no había cercas que las dividieran, tenía un corral para 700 cabezas de ganado, tenía 2 casas, una era la principal y otra era la del encargado, la casa principal tenía cuatro alcobas pisos en tablón, cocina y tres baños enchados (sic), corredores grandes, tejas de etenit (sic) cielo raza (sic), la casa del encargado tenía 2 alcobas, cocina y baño enchapados, uun (sic) chioco (sic) en moriche, golpones (sic), marranera, caballeriza, tanque elevado, portones metálicos, había 320 hectáreas en pasto biacharia el área total de la finca era 1.603 hectáreas, y el resto de la finca era de pasto guaratara […] Morichal 1 tiene capacidad como para unos 500 o 600 animales me refiero ganado Morichal 2, que era donde quedaban las cosas o todas las instalaciones, y el pasto brachiaria, tenía capacidad para 700 u 800 animales de levante y ceba cebú y Morichal 3 tenía capacidad para unos 350 a 400 animales, esto toda esta capacidad teniendo en cuenta las instalaciones de la finca, el pasto brachiaria y buenos bajos que tenía la finca, como los caños veraneros donde todo el año se podía tener ganado” (fls. 273-274, cdno. 4).

En el mismo sentido, obra la declaración de Marco Alfredo Torres Merchán, quien manifestó:

“[…] la finca tenía corrales muy buenos para encerrar 700 bichos, la casa de los patrones muy bonita, era en bloque y cemento y techo de eernit (sic), tenía buenos pisos, había 330 hectáreas de pasto brachiaria y el resto era pasto de sabana muy buenos, la finca tenía más de 1.600 hectárea se gastaba más de un día andándola a caballo cuando revisaba cercas, yo creo que a esa finca le cabían como unos 1.300 a 1.500 animales por los pastos y bajo que tenía” (fl. 277, cdno. 4).

— Certificados de venta de ganado expedidos por la Alcaldía de Tame, que dan cuenta de la propiedad de varios de los semovientes hurtados. Así, según los certificados expedidos el 10 de julio de 2000 (fls. 164-165, cdno. 1), el señor Miguel Piñeros Rey, compró en total 244 cabezas de ganado vacuno, machos; mientras que según los certificados expedidos el 30 de julio, 8 y 9 de agosto del mismo año (fls. 166-168, cdno. 1), María Romero Sandoval, compró en total 383 cabezas de ganado vacuno.

— Acta de la inspección judicial practicada el 19 de marzo de 1998, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Saravena, en el predio de los demandantes, con motivo del proceso de declaración de pertenencia iniciado por el señor José Miguel Piñeros Piñeros —anterior propietario— contra Julio Delgado Maldonado. De acuerdo con este documento, el inmueble contaba con las siguientes mejoras: casa de habitación en bloque y cemento pintada, que constaba de 4 habitaciones, con puertas y ventanas metálicas y cielo raso, cocina con sus mesones, comedor, salón, tres baños enchapados con sus respectivas duchas, kiosco con ladrillo a la vista, techo de palma y piso esmaltado, tanque, lavadero, caballeriza, casa del encargado con dos habitaciones y un pequeño salón con su baño y ducha. Igualmente, contaba con cercas de potreros para pastaje de ganado, pasto de briachiaria en aproximadamente 250 hectáreas, corral para el trabajo del ganado y embarcadero del mismo; un pozo profundo con su electrobomba y un pozo listo para usar; molino de viento, árboles frutales de mango, guayaba, badea y otros; también se encontraron bebederos y saleros para el ganado, con su respectiva teja de protección y 4 pozos artificiales hechos con retroexcavadora (fls. 77-86, cdno. 1).

— Finalmente, en el proceso se practicó un dictamen pericial, que fue presentado el 2 de septiembre de 2004 por el señor Hernán Giraldo Viatela, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad de Los Llanos (fls. 529-576, cdno. 2), con el fin de: i) determinar las pérdidas económicas por la imposibilidad de seguir ejerciendo la explotación ganadera en los predios Morichal Uno, Dos y Tres, así como las pérdidas en razón de la destrucción de las mejoras e infraestructura de los mismos. ii) Definir quiénes eran los propietarios de los semovientes hurtados y su valor comercial y las ganancias dejadas de percibir por su pérdida(21).

Con fundamento en los elementos reseñados y en especial el dictamen, la Sala procederá a liquidar los perjuicios.

5.1.1. Daño emergente.

En el dictamen se realizó un análisis separado para cada predio, en el que se estableció lo siguiente:

a) Predio Morichal Uno, de propiedad de Miguel Piñeros Rey (fls. 532-544). Tenía un área total de 675 hectáreas y estaba destinado a la explotación agrícola y ganadera. Se calcularon los siguientes ítems:

i) Valor histórico del ganado a la fecha de los hechos (dic. 8/2001)

Edad (años)CantidadPeso aproximado (kilos)Precio UnitarioTotal
3.51004001.057.500$ 105.750.000
3100100940.000$ 94.000.000
244350822.500$ 36.190.000
TOTAL244  $ 235.940.000

El total obtenido se actualizó en el experticio, con base en el IPC, para la fecha del dictamen, arrojando la suma de $ 279.486.000 (fl. 538), y se actualizará nuevamente a la fecha de la sentencia, así:

ggg
 

Donde:

Ra: Renta actualizada

Rh: Renta a fecha de la liquidación

Índice inicial (septiembre de 2004- fecha del dictamen):

Índice final (julio de 2014)

Entonces:

hhh
 

ii) Valor histórico de siembra, conservación y explotación de las 80 hectáreas de brachiaria. El costo histórico total aproximado de la siembra, establecimiento, mantenimiento y cuidado del pasto brachiaria, estimado en la compra de la semilla, alistamiento del suelo, insumos agrícola, mano de obra, transporte mantenimiento y otros, ascendía a $ 300.000 por hectárea para la fecha en que ocurrieron los hechos.

En consecuencia, $ 300.000 x 80 hectáreas sembradas= $ 24.000.000. Esta suma se actualizó con fundamento en el IPC para la fecha del dictamen, para un total de $ 28.429.000, y se actualizará nuevamente a la fecha de la sentencia, así:

ggg
 

Donde:

Ra: Renta actualizada

Rh: Renta a fecha de la liquidación

Índice inicial (sep./2004- fecha del dictamen):

Índice final (jul./2014)

Entonces:

iii
 

Total daño emergente:

$ 410.348.529,48+$ 41.740.188,58 = $ 452.088.718,06

Lucro cesante.

En el dictamen se calcularon los siguientes ítems.

i) Rentabilidad o ingresos por utilidad dejados de percibir por las 244 cabezas de ganado vacuno(22). Para este efecto, se tomará el valor histórico de los semovientes desde el 2001 y se actualizará anualmente año por año, con fundamento en el IPC, así:

AñoValor actual% IPCTotal incremento del valorValor actualizadoRentabilidad acumulada
2001$ 235.940.0000,34$ 802.100$ 236.742.100$ 802.100
2002$ 236.742.1006,99$ 16.548.200$ 253.290.300$ 17.350.300
2003$ 253.290.3006,46$ 16.438.500$ 269.728.800$ 33.788.800
2004$ 269.728.8003,97$ 10.708.200$ 280.437.000$ 44.497.000
2005$ 280.437.0004,85$ 13.601.194$ 294.038.194$ 58.548.194
2006$ 294.038.1944,48$ 13.172.911$ 307.211.105$ 71.721.105
2007$ 307.211.1055,69$ 17.480.312$ 324.691.417$ 89.201.417
2008$ 324.691.4177,67$ 24.903.832$ 349.595.249$ 114.105.249
2009$ 349.595.2492,00$ 6.991.905$ 356.587.154$ 121.097.154
2010$ 356.587.1543,17$ 11.303.813$ 367.890.967$ 132.401.067
2011$ 367.890.9673,73$ 13.722.333$ 381.613.300$ 146.123.400
2012$ 381.613.3002,44$ 9.311.364$ 390.924.664$ 155.434.764
2013$ 390.924.6641,94$ 7.583.938$ 398.508.602$ 163.018.702
2014$ 398.508.6022,73$ 10.879.203$ 409.387.805$ 173.897.905

En consecuencia, el valor total de las utilidades dejadas de percibir de las 244 cabezas de ganado vacuno cebú macho, desde la fecha de los hechos hasta la de la sentencia, asciende a $ 173.897.905. Se tendrá como límite la fecha de la sentencia, toda vez que así se solicitó expresamente en las pretensiones de la demanda(23).

ii) Ingresos dejados de percibir por el arriendo de las 675 hectáreas de pasto.

Este ítem no será tenido en cuenta, toda vez que no está demostrado que el predio fuera arrendado para el pastaje de ganado vacuno, sino que estaba destinado al pastaje de los semovientes de su propiedad, en consecuencia, no dejó de percibir utilidad alguna por este concepto.

b) Predio Morichal Dos, de propiedad de la sociedad Piñeros Inversiones y Proyectos S. en C.S. (fls. 545-561, cdno. 2). Tenía un área total de 464 hectáreas y estaba destinado a la explotación agrícola y ganadera.

Daño emergente.

Se calculó el valor o costo histórico y actualizado de los siguientes bienes: i) semovientes equinos, porcinos, caprinos y avícolas; ii) bienes muebles y electrodomésticos; iii) instalaciones y construcciones y iv) pastos. Sin embargo, sobre la propiedad de los semovientes y los enseres, sólo obra el inventario visible de folios 437 a 440 (cdno. 2), que como ya se dijo, carece de soporte, en tanto no hay otra prueba que lo respalde, como certificados de venta que acrediten la propiedad del ganado, por lo que no se reconocerá suma alguna por este rubro.

En relación a las instalaciones y mejoras que existían en el predio, consistentes en la casa de habitación, corrales, baños y un kiosco, se señaló en el dictamen que las mismas ascendían a un precio global de $ 200.000.000, y al ser imposible determinar qué proporción de ellas había sido destruida, se tuvo en cuenta un porcentaje del 30%, para un total de $ 60.000.000. Sin embargo, en el experticio no se explica de ninguna manera cuál es el fundamento de los montos señalados, por lo que tampoco será tenido en cuenta, por lo que no se reconocerá suma alguna por este concepto.

De acuerdo con lo anterior, sólo se reconocerá lo concerniente al valor histórico de siembra, conservación y explotación de los pastos (fl. 556, cdno. 2), así:

El costo histórico total aproximado de la siembra, establecimiento, mantenimiento, conservación y demás, ascendía a $ 300.000 por hectárea para la fecha en que ocurrieron los hechos.

En consecuencia, $ 300.000 x 350 hectáreas sembradas= $ 105.000.000. Esta suma se actualizó con fundamento en el IPC para la fecha del dictamen, para un total de $ 124.379. 000, y se actualizará nuevamente a la fecha de la sentencia, con fundamento en la siguiente fórmula:

ggg
 

Donde:

Ra: Renta actualizada

Rh: Renta a fecha de la liquidación

Índice inicial (sep./2004 - fecha del dictamen):

Índice final (jul.io de 2014)

Entonces:

jjj
 

No se reconocerá monto alguno por concepto de lucro cesante, toda vez que como ya se explicó, no se logró demostrar que la sociedad fuera propietaria de alguno de los semovientes hurtados y tampoco, que se dedicara a arrendar el predio para el pastaje de ganado.

c. Predio Morichal Tres, de propiedad de María Gedma Romero Sandoval (fls. 562-573). Tenía un área total de 464 hectáreas y estaba destinado a la explotación agrícola y ganadera. Se calcularon los siguientes ítems:

i) Valor histórico del ganado a la fecha de los hechos (dic. 8/2001)

Edad (años)CantidadPeso aproximado (kilos)Precio UnitarioTotal
3.52004501.057.500$ 211.500.000
3100400940.000$ 94.000.000
283350822.500$ 68.268.000
TOTAL383  373.769.000

El total obtenido se actualizó en el experticio, con base en el IPC, para la fecha del dictamen, arrojando la suma de $ 442.752.000 (fl. 538), y se actualizará nuevamente a la fecha de la sentencia, así:

ggg
 

Donde:

Ra: Renta actualizada

Rh: Renta a fecha de la liquidación

Índice inicial (sep. 2004 - fecha del dictamen):

Índice final (jul. 2014)

Entonces:

kkk
 

ii) Valor histórico de siembra, conservación y explotación de las 80 hectáreas de brachiaria. El costo histórico total aproximado de la siembra, establecimiento, mantenimiento y cuidado del pasto brachiaria, estimado en la compra de la semilla, alistamiento del suelo, insumos agrícola, mano de obra, transporte mantenimiento y otros, ascendía a $ 300.000 por hectárea para la fecha en que ocurrieron los hechos.

En consecuencia, $ 300.000 x 80 hectáreas sembradas= $ 24.000.000. Esta suma se actualizó con fundamento en el IPC para la fecha del dictamen, para un total de $ 28.429.000, y se actualizará nuevamente a la fecha de la sentencia, así:

ggg
 

Donde:

Ra: Renta actualizada

Rh: Renta a fecha de la liquidación

Índice inicial (sep. 2004 - fecha del dictamen):

Índice final (jul./2014)

Entonces:

lll
 

Total daño emergente:

$ 650.054.315,74+$ 41.740.188,58 = $ 691.794.504,32

Lucro cesante.

En el dictamen se calcularon los siguientes ítems.

i) Rentabilidad o ingresos por utilidad dejados de percibir por las 244 cabezas de ganado vacuno. Para este efecto, se tuvo en cuenta el valor histórico de los semovientes desde el 2001 y se actualizará anualmente año por año, con fundamento en el IPC, así:

AñoValor actual% IPCTotal incremento del valorValor actualizadoRentabilidad acumulada
2001$ 373.768.0000,34$ 1.271.000$ 375.039.000$ 1.271.000
2002$ 375.039.0006,99$ 26.215.000$ 401.254.000$ 27.486.000
2003$ 401.254.0006,49$ 26.041.000$ 427.295.000$ 53.527.000
2004$ 427.295.0003,97$ 16.964.000$ 444.259.000$ 70.491.000
2005$ 444.259.0004,85$ 21.546.561$ 465.805.561$ 92.037.561
2006$ 465.805.5614,48$ 20.868.089$ 486.673.650$ 112.905.650
2007$ 486.673.6505,69$ 27.691.731$ 514.365.381$ 140.597.381
2008$ 514.365.3817,67$ 39.451.825$ 553.817.206$ 168.289.112
2009$ 553.817.2062,00$ 11.076.344$ 564.893.550$ 179.365.456
2010$ 564.893.5503,17$ 17.907.125$ 582.800.675$ 192.272.581
2011$ 582.800.6753,73$ 21.738.465$ 604.539.140$ 217.738.657
2012$ 604.539.1402,44$ 14.750.755$ 619.289.895$ 232.489.412
2013$ 619.289.8951,94$ 12.014.224$ 631.304.119$ 244.503.633
2014$ 631.304.1192,73$ 17.234.602$ 648.538.721$ 261.738.235

En consecuencia, el valor total de las utilidades dejadas de percibir de las 383 cabezas de ganado vacuno cebú macho, desde la fecha de los hechos hasta la de la sentencia, asciende a $ 261.738.238.

ii) Ingresos dejados de percibir por el arriendo de las 464 hectáreas de pasto.

Este ítem no será tenido en cuenta, toda vez que no está demostrado que el predio fuera arrendado para el pastaje de ganado vacuno, sino que estaba destinado al pastaje de los semovientes de su propiedad, en consecuencia, no dejó de percibir utilidad alguna por este concepto.

5.2. Perjuicios morales. Se solicita el equivalente de 200 SMLMV para cada uno delos demandantes.

En este tema en particular, la Sala se remite a lo expuesto en la sentencia proferida por la Subsección “C” el 23 de mayo de 2012, en la que se decidió sobre la procedencia del reconocimiento de perjuicios morales por la destrucción de los enseres de propiedad de ciudadano como consecuencia de una inundación. En esa oportunidad, discurrió de la siguiente manera:

En relación con la procedencia del perjuicio moral en los eventos de pérdida de bienes muebles, la doctrina ha aceptado, sin lugar a dudas, su resarcimiento, en atención a que es viable que exista cierto grado de aflicción, desconsuelo o congoja por la destrucción, pérdida, detrimento o deterioro de cosas materiales; Así lo ha expresado el tratadista Ramón Daniel Pizarro:

“…nada obsta a la existencia de intereses no patrimoniales, de afección, vinculados a bienes patrimoniales, cuya aminoración (por destrucción, pérdida o deterioro) puede generar un detrimento espiritual a su titular.

“En estos supuestos el daño moral requiere de una prueba más categórica, orientada a persuadir al juzgador sobre la existencia de un interés no patrimonial cierto, ligado a un bien patrimonial, conculcado por el ilícito, y de una minoración espiritual o que es consecuencia de esa situación…”(24)

Asimismo, como antecedente relevante y de interés en la jurisprudencia colombiana, la Corte Suprema de Justicia en el renombrado caso Villaveces(25), por primera vez ordenó el resarcimiento del daño moral sufrido por el demandante con motivo de la destrucción del mausoleo en el que se encontraban los restos de su esposa, los cuales fueron depositados en una fosa común.

Igualmente, esta corporación, en varias oportunidades, ha admitido la posibilidad de conceder indemnización por este concepto(26). En efecto, en sentencia del 5 de octubre de 1989, se indicó:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por éstos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(27).

Posteriormente, en términos similares, expresó:

“La afectación moral compensable pecuniariamente ha de ser tan especialmente intensa efectivamente tan apreciable, que no todo contratiempo o descalabro económico pueda ser, moralmente compensado. La calidad de la persona, su vinculación personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo, son entre otros, factores a tomar en consideración cuando en casos como el presente se pretende una indemnización de perjuicios morales de pérdida, desmejora, destrucción de un bien material”(28).

De lo anterior, se puede establecer que en lo que se refiere al pago de perjuicios por la pérdida de cosas materiales, inicialmente, el juez de lo contencioso no aceptaba dicho reconocimiento, sin embargo, en circunstancias especiales y por razones de particular afecto, admitía esta posibilidad, pero se exigía un tratamiento especial para evitar rendirle culto a las personas que “se dejan poseer por las cosas”. Al respecto, se señaló:

“La pérdida de las cosas materiales, por si misma, no amerita su reconocimiento. Es posible que en circunstancias especiales, y por razones de particular afecto, se vivencie el dolor moral por la pérdida de los bienes materiales. Pero la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas”(29).

No obstante lo anterior, de manera paralela, la jurisprudencia aceptó la posibilidad de que la pérdida de los bienes materiales causara perjuicio moral, sin embargo, éste no se presumía y debía acreditarse en el proceso(30). Igualmente, exigía que la afectación moral fuera tan intensa y tan apreciable que no cualquier pérdida de un bien podía ser moralmente compensado. Es más, se debían estudiar varios factores para determinar si había lugar a su reconocimiento. Al respecto en la sentencia del 6 de agosto de 1993, se afirmó:

“Sin desconocer el impacto emocional que ese tipo de hecho dañoso genera en una persona, en el presente caso no hay lugar a su reconocimiento. La afectación moral compensable pecuniariamente ha de ser tan especialmente intensa efectivamente tan apreciable, que no todo contratiempo o descalabro económico pueda ser, moralmente compensado. La calidad de la persona, su vinculación personal o sentimental hacia el bien perdido, la procedencia del mismo, su originalidad, la imposibilidad física de reemplazarlo o sustituirlo, son entre otros, factores a tomar en consideración cuando en casos como el presente se pretende una indemnización de perjuicios morales de pérdida, desmejora, destrucción de un bien material(31).

Finalmente, la jurisprudencia ha decantado el asunto para llegar a aceptar que es posible indemnizar todo perjuicio moral, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas en esta materia independientes a la mera titularidad del derecho. En efecto, se ha indicado:

“…la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso. Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba…”(32).

Y en similares términos, se explicó:

“Solicita la parte demandante que se reconozca perjuicios morales a favor de los demandantes en atención al ‘profundo dolor y trauma síquico que produce el hecho de ver destruirse su casa de habitación, la cual ha conseguido con el esfuerzo y el trabajo de toda su vida’. En cuanto atañe específicamente a la procedencia del daño moral por la pérdida de bienes, cabe precisar que esta corporación ha encontrado posible su reconocimiento y así lo manifestó en sentencia del 5 de octubre de 1989: (…) En relación con la prueba de ese daño moral, ha recalcado la Sala que: ‘… la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente —y en consecuencia, para considerarlo indemnizable— con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública.’…”(33)

En esta línea de pensamiento, es preciso advertir que en la actualidad no existe obstáculo o razón alguna para no admitir la reparación del daño moral que podría causar la pérdida de un bien mueble, claro está, siempre y cuando aquél esté debidamente fundamentado con pruebas que acrediten su existencia y magnitud(34).

En el caso sub examine, se infiere de los testimonios de Jorge Martínez Gómez y Marco Alfredo Torres Merchán, que tanto el señor Miguel Piñeros Rey, como la señora María Gedma Romero Sandoval, experimentaron dolor y angustia por la pérdida de sus bienes. Así por ejemplo, el señor Martínez Gómez, manifestó:

“Es lógico que se tienen que sentir afectados psicológica y emocionalmente, era el trabajo y los ahorros de la familia de toda vida, cualquier persona se descompensa se le notaba la rabia, tristeza y dolor cuando hablaba con ellos, porque lo que perdieron fue varios millones de pesos” (fl. 275, cdno. 4).

En el mismo sentido, el señor Torres Merchán señaló:

“[…] si uno sufre cuando le roban el trabajo de toda la vida, entonces no hay sufrimiento en este mundo, es muy doloroso ver como las sanguijuelas esas con armas se roban el trabajo de la gente sana, y además nosotros quedamos sin trabajo cuando hablaba después con el doctor MIGUEL y la doctora María Gedma se le notaba la tristeza y el desempero (sic)” (fls. 277-278, cdno. 4).

De acuerdo con lo anterior, se otorgará el equivalente a 50 SMLMV, para cada uno de los señores Miguel Piñeros Rey y María Gedma Romero Sandoval.

No ocurre lo mismo frente a la sociedad Piñeros Inversiones y Proyectos S. en C.S., toda vez que no se demostró que como consecuencia del hecho haya sufrido algún menoscabo en su buen nombre, por lo que no se reconocerá monto alguno a su favor por este rubro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Revócase la sentencia del 24 de marzo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca y en su lugar se dispone:

Declárase patrimonialmente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa—, por los daños ocasionados a la sociedad Piñeros Inversiones y Proyectos S. en C.S., y los señores María Gedma Romero Sandoval y Miguel Piñeros Rey, como consecuencia de los hechos ocurridos el 7 y 8 de diciembre de 2001, en los que resultaron destruidos y hurtados los bienes de su propiedad.

Condénase a la Nación —Ministerio de Defensa—, a indemnizar los siguientes perjuicios a los demandantes:

i) Materiales:

— Para el señor Miguel Piñeros Rey:

La suma de cuatrocientos cincuenta y dos millones ochenta y ocho mil setecientos dieciocho pesos con seis centavos ($ 452.088.718,06), por concepto de daño emergente.

La suma de ciento setenta y tres millones ochocientos noventa y siete mil novecientos cinco pesos ($ 173.897.905), a título de lucro cesante.

— Para la sociedad Piñeros Inversiones y Proyectos S. en C.S., la suma de ciento ochenta y dos millones seiscientos catorce mil ochocientos ochenta y cinco pesos con treinta y nueve centavos ($ 182.614.885,39), por concepto de daño emergente.

— Para la señora María Gedma Romero Sandoval:

La suma de seiscientos noventa y un millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos cuatro pesos con treinta y dos centavos ($ 691.794.504,32), por daño emergente.

La suma de doscientos sesenta y un millones setecientos treinta y ocho mil doscientos treinta y ocho pesos ($ 261.738.238), por daño emergente.

ii) Morales.

El equivalente de cincuenta (50) SMLMV para cada uno de los señores María Gedma Romero Sandoval y Miguel Piñeros Rey.

TERCERO(sic). Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. Sin costas.

QUINTO. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEXTO. En firme esta providencia, por secretaría, remítase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) De acuerdo con la demanda, el valor de la pretensión mayor ascendía a $ 2.200 gramos oro, que equivalía a $ 560.000, suma que corresponde a los perjuicios materiales por lucro cesante, solicitados a favor de María Gedma Romero Sandoval y excedía para el año en que fue presentada —23 de agosto de 2002— la establecida en el numeral 6º del artículo 132 del Decreto 1 de 1984, subrogado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

(2) “ART. 306.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

(3) C.P. Bertha Lucía Ramírez. En el mismo sentido, puede consultarse el proceso 50.408, proferido el 6 de agosto de 2014 (C.P. Enrique Gil Botero).

(4) La Ley 1579 regula la expedición de los certificados de la siguiente forma:

“ART. 67.—Contenido y formalidades. Las oficinas de registro expedirán certificados sobre la situación jurídica de los bienes inmuebles sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones contenidas en el folio de matrícula inmobiliaria.

La solicitud de expedición del certificado deberá indicar el número de la matrícula inmobiliaria o los datos de registro del predio.

La certificación se efectuará reproduciendo totalmente la información contenida en el folio de matrícula por cualquier medio manual, magnético u otro de reconocido valor técnico. Los certificados serán firmados por el registrador o su delegado, en forma manual, mecánica o por cualquier otro medio electrónico de reconocida validez y en ellos se indicará el número de turno, fecha y hora de su radicación, la cual será la misma de su expedición, de todo lo cual se dejará constancia en el respectivo folio de matrícula”.

(5) Expediente 23.128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Remitida mediante oficio 1557 del 19 de abril de 2005, suscrito por el teniente coronel Andrés Alfonso Murillo, comandante del Batallón de Ingenieros Nº 18 General Rafael Navas Pardo.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, expediente 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(9) “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (se resalta) sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 expediente 14215.

(10) “La posición de garante trata de dar una explicación y respuesta teórica y coherente a la cuestión de cuáles son las condiciones que deben darse para que el no impedir la entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. Según la opinión que aquí será defendida, sólo se puede alcanzar una solución correcta si su búsqueda se encamina directamente en la sociedad, pero ésta entendida como un sistema constituido por normas, y no si la problemática toma como base conceptos enigmáticos basados en el naturalismo de otrora, pues la teoría de la posición de garante, como aquí entendida, busca solucionar solamente un problema normativo-social, que tiene su fundamento en el concepto de deber jurídico.” Cf. Perdomo Torres, Jorge Fernando “La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión”, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, págs. 17 a 20. Ver igualmente: López Díaz, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia; Jakobs, Günther “Derecho Penal — Parte General”, Ed. Marcial Pons; Roxin, Claus “Derecho Penal — Parte General “Fundamentos de la Estructura de la Teoría del Delito”, Ed. Civitas.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, expediente 15567.

(12) Ver igualmente: sentencias de 15 de octubre de 2008, expediente 18586, de 20 de febrero de 2008, expediente 16996, de 1º de octubre de 2008, expediente 27268.

De igual manera, el Consejo de Estado ha sostenido que los eventos señalados en el Código Penal, como constitutivos de posición de garante, son igualmente extensivos a la responsabilidad extracontractual del Estado, motivo por el cual son aplicables para definir en qué casos un daño antijurídico es imputable a la organización estatal. Así las cosas, las causales de posición de garante, para efectos de imputar responsabilidad o daños causados, se encuentran contenidas en el artículo 25 del Código Penal (que regula la acción y omisión), y su análisis y aplicación puede ser trasladado a la responsabilidad extracontractual del Estado, con precisas salvedades. Tales circunstancias son las siguientes:

“Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:

1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.

4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente”.

(13) “Ex nigilo nili fit”. De la nada, nada.

(14) “Estas posiciones de garantía están acordes constitucionalmente con el principio de solidaridad, el cual, principalmente viene exigido cuando se trata de la protección de bienes jurídicos relacionados con la vida e integridad personal… Sobre esto ha dicho la Corte Constitucional: “La solidaridad es un valor constitucional que sirve de pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas situaciones.” Los deberes constitucionales son patrones de conducta social impuestos por el Constituyente a todo ciudadano, más no exigibles, en principio, como consecuencia de su mera consagración en la Carta Política, sino en virtud de una ley que los desarrolle”. Oviedo Pinto, María Leonor “La posición de garante”, Ed. Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, pág. 138.

(15) “En el marco de toda imputación, incluyendo la jurídico penal, se vinculan un suceso en el mundo y un destinatario de imputación, de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien pertenece el suceso: es él quien lo ha creado o ha permitido que tuviese lugar, tanto para bien, en el marco de la imputación a título de mérito, como en lo malo, en la imputación a título de reproche” (se resalta) Jakobs, Günter “La imputación objetiva en el derecho penal”, Ed. Universidad Externado de Colombia, pág. 23.

(16) Sobre el particular se dijo en sentencia del 12 de junio de 2013:

“Ahora bien, la determinación de la previsibilidad de un daño no depende exclusivamente de la existencia de amenazas concretas contra la vida, bienes y/o derechos de una persona individualmente considerada o contra la integridad de una población, sino que debe ser estudiada a partir de la especial situación espacio-temporal de cada caso concreto, ello con el fin de determinar el grado de riesgo en el que se pueden encontrar los habitantes, algunos grupos determinados o incluso individuos que por sus actividades, sus funciones o su notoriedad o liderazgo en determinadas comunidades imponen la necesidad de que el Estado intervenga para garantizar su protección.” (Proceso 25.949, C.P. Mauricio Fajardo Gómez).

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2000, expediente 14787, M.P. Alier E. Hernández. Enríquez.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 14443, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(19) Según este principio, en aquellos eventos en los que se esté examinando la responsabilidad de la fuerza pública por una omisión en el cumplimiento de su deber de protección y vigilancia, deben tenerse en cuenta las circunstancias en las que se encontraba la institución y los recursos humanos, técnicos y tácticos de que disponía, para determinar si de acuerdo con las mismas se encontraba en la capacidad de contrarrestar el accionar de los grupos armado, pues de lo contrario el daño no le sería imputable. Al respecto, pueden consultarse entre otras, los procesos 17.787, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; 20.368 y 20.374, C.P. Ruh Stella Correa Palacio; 29.631, C.P. Enrique Gil Botero y 29.810, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(20) “La Sala debe recalcar que si bien es cierto que las obligaciones en materia de seguridad y de defensa deben partir del análisis de las especiales condiciones de orden público del país, no resulta razonable que el Estado abandone a los ciudadanos y/o a poblaciones completas que depositaron la defensa de su vida y bienes en las instituciones legítimamente constituidas, máxime cuando dicho abandono se prolonga en el tiempo. En otros términos, la relatividad de las obligaciones respecto del servicio de seguridad y defensa, no puede llegar a convertirse en una excusa por parte del Estado cuando omite —como ocurrió en el presente caso concreto— la prestación del servicio[1]. (Proceso 25.949, C.P. Mauricio Fajardo Gómez).

(21) Según se señaló en el dictamen, el mismo se apoyó en los siguientes elementos: i) informes existentes en la universidad sobre la mencionada región (Tame-Arauca), como el respaldo de economistas de esa institución; ii) conocimientos y experiencia personal, igualmente en calidad de decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; iii) documentos, conceptos y criterios obtenidos con profesionales del sector agropecuario, que conocen la región; además con economistas, arquitectos y jurídicos de la universidad; iv) inspección judicial del Juzgado Promiscuo del Circuito de Saravena, con fotos y certificados de libertad y v) documentación remitida por el tribunal, entre ellas, apartes de la demanda, declaraciones y papeleta (fl. 532, cdno. 2).

(22) El cálculo de este rubro se fundamentó en la tabla o cuadro del Fondo Ganadero del Meta, por no existir en Arauca otra tabla sobre semovientes de similares características en la zona, cebú, macho, ubicado en el pie de monte llanero (fl. 540, cdno. 2).

(23) Ver folios 13-16, cdno. 1.

(24) Daniel Pizarro, Ramón. Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del Derecho. Editorial Hammurabi. Págs. 531 y 532.

(25) Corte Suprema de Justicia; Sala de casación civil; Sentencia del 22 de agosto de 1924; M.P. Tancredo Nannetti; Gaceta judicial T XXI. pág. 82.

(26) Ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, expediente. 5320, M.P. Gustavo de Greiff Restrepo, del 5 de junio de 2008, expediente 14.526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, del 7 de junio de 2006, expediente AG 001, M.P. Alier E. Hernández Enríquez, del 13 de abril de 2000, expediente 11.892, M.P. Ricardo Hoyos Duque y del 11 de noviembre de 2009, expediente 17.119, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, expediente. 5320, M.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, expediente 8009, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 1994, expediente 6828, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1994, expediente 9367, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1993, expediente 8009, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, expediente AG-2002-00226, C.P. Ricardo Hoyos.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 20.109, C.P. Hernán Andrade Rincón. En términos similares, se puede ver la sentencia del 11 de noviembre de 2009, expediente 17.119, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(34) Al respecto, ver la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el 23 de mayo de 2012, expediente 21.269, C.P. Enrique Gil Botero.