Sentencia 2002-00375 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Rad.: 66001-23-31-000-2002-00375-01 (30.115)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: María Zulay Gutiérrez Gutiérrez

Demandado: municipio de Pereira y Empresa de Renovación Urbana de Pereira - Renovación Pereira S.A.

Asunto: acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto(4), en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia(5), seguido contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Risaralda de 11 de noviembre de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Alcance del recurso de apelación.

Teniendo en cuenta que el recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandante, la Subsección aplicará las pautas establecidas en la decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado(6) en la cual se fijó el alcance de la competencia del fallador de segunda instancia, limitándola al estudio de los puntos de la sentencia que fueron atacados por el recurrente en el escrito de apelación, de acuerdo con las referencias conceptuales y argumentativas expresamente aducidas en su contra(7).

3. Problemas jurídicos.

¿El juez debe apartarse de la aplicación del criterio de la sana crítica para la valoración de las pruebas?

¿Es responsable el municipio por la ocupación jurídica de los bienes inmuebles alegada por la parte actora?

4. Aspecto previo. Documentos allegados al plenario en copia simple.

La parte actora allegó, junto con el escrito de demanda, algunos documentos, entre los que se encuentran algunos en copia simple. Dichos documentos son los siguientes: copia simple de un poder otorgado por la señora Gutiérrez para que su apoderado efectuara gestiones en el “proceso de ocupación temporal” de sus inmuebles ante la administración municipal (fls. 14 y 15,cdno.1) y copia simple de un oficio suscrito por la gerente de Renovación Pereira S.A. de fecha 27 de junio de 2000 (fls. 18 a 20, cdno. 1).

Dando plena aplicación a las consideraciones expuestas en sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de 28 de agosto de 2013, expediente: 25022(8), las copias simples allegadas dentro del plenario pueden ser valoradas si aquellas, encontrándose a lo largo del proceso, no fueron tachadas de falsas por alguna de las partes, en atención a la protección del principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal, lo cual a su vez implica garantizar la protección del derecho al acceso a la justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, consagrados en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, pues como lo ha dispuesto la corporación en numerosas providencias, cuando las partes están de acuerdo en que se valore un documento aportado en copia simple “no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos(9)”.

Conforme a la reiterada y nueva posición de la Sala Plena de la Sección Tercera en la providencia mencionada, “resulta pertinente destacar que la posibilidad de valorar la documentación que, encontrándose en copia simple ha obrado en el proceso, y por consiguiente se ha surtido el principio de contradicción, no supone modificar las exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que el juez valore las copias simples que reposan en el expediente no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias”(10).

No obstante, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterativa en afirmar que si bien a las copias simples ha de restárseles cualquier mérito para ser valoradas, no lo es menos que la conducta procesal de la contraparte inequívocamente encaminada a reconocerle eficacia probatoria al documento allegado en copia —como cuando la parte demandada no discute la autenticidad de la copia simple, o afirma ser cierto el hecho de la demanda referido al documento en cuestión en su contestación o sencillamente solicita se tengan como pruebas los documentos aportados por su contraparte como fundamento de sus alegaciones— evidencia su intención de que dicha prueba sea valorada en el proceso(11), con independencia de que para el juzgador permanezca irresuelto con absoluta exactitud el interrogante de quién suscribió, manuscribió o elaboró el documento.

En el presente asunto, la entidad demandada en todo el término de la etapa procesal no desconoció dichos documentos, ni las tachó de falso, esto es, no hizo uso del derecho de contradicción. Por su parte, la llamada en garantía, en su escrito de contestación, se allanó expresamente a las pruebas solicitadas y allegadas por la parte demandante. Por tal motivo la Subsección valorará los documentos allegados en copia simple en aplicación de los criterios vertidos en la Sala Plena de la Sección Tercera en sus precedentes. Sin embargo, se advierte que las pruebas serán valoradas tanto en lo favorable como lo desfavorable(12) para las partes en conflicto.

5. El caso en concreto.

5.1. Primer problema jurídico. ¿El juez debe apartarse de la aplicación del criterio de la sana crítica para la valoración de las pruebas?

La Carta Política de 1991 en su artículo 228 estableció en términos generales que en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, por lo tanto, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio(13).

Conforme a lo anterior, siendo el proceso el marco de referencia para resolver los litigios que son puestos en conocimiento a los jueces, estos, para efectos de su ejercicio, están sujetos a la valoración probatoria.

Para ello, dentro del sistema de valoración de las pruebas, la doctrina jurídica procesal ha identificado diferentes sistemas dentro de los cuales se encuentran i) el de la íntima convicción o de conciencia o de libre convicción(14), ii) el sistema de la tarifa legal o prueba tasada(15) y iii) el régimen de la sana crítica o persuasión racional, consagrado en los códigos modernos.

Un ejemplo de este último sistema, se observa en nuestros estatutos procesales de la siguiente manera:

Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil:

Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

El artículo 176 del Código General del Proceso

“Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

Conforme a lo anterior, el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la sana crítica, es decir, sirviéndose para el efecto de la lógica(16), la ciencia(17) y la experiencia(18):

Adicionalmente se requiere que el juez motive, esto es, que exprese las razones que ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas. Tal como lo ha expresado la Corte Constitucional:

“Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”(19).

Así, la valoración mediante la sana crítica, requiere, del análisis en conjunto de las pruebas y un ejercicio de ponderación de las mismas, exponiendo razonadamente el valor que atribuye a cada una, desechando solo aquellas que encuentre ilegales, indebidas o inoportunamente allegadas al proceso(20).

Por lo tanto, lo que inspira la sana crítica es la racionalidad. La apreciación o persuasión en este sistema debe ser racional, lo que la diferencia totalmente del convencimiento que resulta del sentimentalismo, de la emotividad, de la impresión. Los razonamientos que haga el juez deben encadenarse de tal manera que conduzcan sin violencia, “sin salto brusco”, a la conclusión establecida y sus juicios deben ser susceptibles de confrontación con las normas de la razón(21).

Conforme a lo anterior, esta Subsección considera que no es acertada la argumentación expuesta por el impugnante, al considerar que el juez debió valorar las pruebas de manera científica, sin acudir a la sana crítica, pues esta, constituye un retroceso en materia de derecho procesal, porque se deja en el fuero interno del juez la valoración probatoria.

De acuerdo con lo establecido para el sistema de valoración de la prueba, y bajo las normas que rigen el proceso, el juez está obligado a valorarlas de manera conjunta de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Pero obsérvese que la sana crítica tiene dentro de sus elementos, el conocimiento científico. Contrario a lo establecido por el actor, el juez no desconoce, al momento de apreciar y valorar las pruebas, las exigencias que la ley procesal le impone, incluso, valorar las pruebas de manera científica. En efecto, no significa que la aplicación de la sana crítica constituya un retroceso consistente en dejar en el fuero interno del juez el resultado de la valoración de las pruebas, por cuanto se insiste, la sana crítica se compone de varios elementos, como es la lógica, las reglas científicas y la experiencia del juez.

En efecto, tal como lo dispone la doctrina jurídica

“[E]l juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”(22).

Por lo tanto, sostener que la sana crítica se hace consistir en que sea el juez bajo su fuero interno el que valore las pruebas, desborda y desdibuja lo que realmente se debe entender de dicho criterio como sistema de valoración probatoria. Por el contrario, el sistema de la libre convicción, diferente a la sana crítica consiste en

“aquel modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez, ni en medios de información que pueden ser fiscalizado[s] por las partes. Dentro de este método el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aun contra la prueba de autos”. El juez no está obligado a apoyarse en hechos probados, sino también en circunstancias que le consten aun por su saber privado; y no es menester, tampoco, que la construcción lógica sea perfecta y susceptible de ser controlada a posteriori; basta en esos casos con que el magistrado afirme que tiene la convicción moral de que los hechos han ocurrido de tal manera, sin que se vea en la necesidad de desarrollar lógicamente las razones que le conducen a la conclusión establecida”(23).

Por lo tanto, contrario a los argumentos alegados por la parte actora, no se explica, una vez visto el análisis efectuado por el a quo, que haya desconocido o dejado a un lado las pruebas arrimadas al plenario; que haya efectuado una interpretación caprichosa o arbitraria de las mismas, sino que, por el contrario, bajo el amparo y exigencia de la aplicación de la sana crítica, resolvió el asunto aduciendo ausencia de daño, en atención a que la parte actora no acreditó los hechos alegados tal como lo exige el artículo 177 del CPC.

De acuerdo con todo lo anterior, la Subsección desechará por completo este argumento, que en últimas, no conduce a una conclusión diferente al establecer que el juez está en la obligación, por ley, de aplicar en la valoración de las pruebas la sana crítica como elemento esencial y determinante para la resolución del caso. No existe otro sistema diferente en nuestro ordenamiento jurídico, que deba aplicar el juez, salvo en los casos en que exista tarifa legal, por cuanto en estos eventos, la ley establece taxativamente el medio de prueba exigido para acreditar determinados hechos o actos y el valor de las pruebas, de manera que el juez solo aplica la ley sin que se requiera un razonamiento diferente al realizado por el legislador(24).

Otro evento se presentaría cuando al momento de aplicar la sana crítica, el juez proceda a un defecto fáctico probatorio que implique el análisis de su decisión por otra vía como es la acción de tutela. En efecto, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional,

“(…) la facultad y la libertad de valoración de las pruebas por parte de los jueces, según la sana critica, no constituye elemento suficiente ni válido si llega a desconocer la justicia material; de donde, una correcta administración de justicia supone: (1.) Que en la aplicación del sistema probatorio de libre apreciación no se incurra, (i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni en una falta de valoración de las pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge clara y objetivamente. (2.) Que en el desarrollo de la sana crítica el juez se sujete a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, por ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”.

En conclusión, al juez no le está permitido apartarse de los mandatos o disposiciones imperativas que el estatuto procesal le impone, por cuanto, desconocerlo, implicaría una vulneración a los derechos procesales y sustanciales de las partes que intervienen en este. Por tal razón, el argumento del demandante no tiene sustento jurídico alguno que implique una nueva actuación del juez violentado, sin justificación, las normas y principios constitucionales y legales, tanto sustanciales como procesales.

5.2. Segundo problema jurídico. ¿Es responsable el municipio por la “ocupación jurídica de los bienes inmuebles” alegada por la parte actora?

Para analizar el segundo problema jurídico, debe examinarse el régimen jurídico aplicable a los casos de ocupación permanente de bienes inmuebles, por cuanto es el caso alegado por la parte demandante en el presente asunto.

Se ha establecido por parte de la jurisprudencia de la Sección Tercera(25) que para que proceda la responsabilidad del Estado por la ocupación de un bien inmueble se requiere la acreditación de los siguientes elementos:

i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no solo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad,(26) sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejercer respecto del predio ocupado(27).

y ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción del Estado(28).

Conforme a lo anterior, Sección Tercera se ha pronunciado en ocasiones anteriores respecto de la procedencia de la acción de reparación directa frente a casos similares al sub lite(29).

En sentencia de 7 de febrero de 1992, expediente 6643, respecto de la limitación del ejercicio de la propiedad, se afirmó:

“Pero por otra parte, resulta evidente que los intereses del demandante fueron afectados por la integración de su predio al Parque Nacional Natural Farrallones de Cali, sin que hasta la fecha el ente oficial haya resarcido a cualquier título los efectos patrimoniales de la reservación oficial, olvidándose que con la declaración de Parque Nacional Natural y por mandato expreso del artículo 13 de la Ley 2a de 1959, en estas tierras “quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola […]”, es decir, que respecto de los terrenos afectados sus propietarios quedaron legalmente imposibilitados e incapacitados para disponer libremente de “sus tierras” o para someterlas a un régimen normal de explotación económica, agrícola o industrial. [¿]Cuál es entonces la diferencia concreta y objetiva del dominio y posesión sobre sus predios, por causa de la declaración de Parque Natural Nacional, frente a quien sufre la misma limitación, originada en una ocupación permanente? Sin duda alguna los derechos conculcados son los mismos, no puede vender, gravar o explotar económicamente su propiedad.

Cabe anotar cómo la ocupación, figura asimilable a la reserva como Parque Natural Nacional del terreno del demandante, no conlleva necesariamente la condición de originarse por trabajos públicos. Así lo consagra el artículo 220 del CCA, de donde se infiere que no fue intención del legislador circunscribir tal ocupación de una propiedad inmueble exclusivamente a la resultante por trabajos públicos, sino que la misma bien puede concebirse y configurarse, como en el caso examinado, con la prohibición absoluta del dueño de ejercer los derechos personales y reales que le corresponde sobre el inmueble de su propiedad.

(…) En este orden de ideas, bien puede asimilarse la actuación de la administración como una especie de expropiación del predio del actor y, por consiguiente, se impone en su favor un reconocimiento indemnizatorio, cuyo monto fue procesalmente establecido. Se ampara así el derecho del propietario (…)”.

En sentencia posterior, la Sección Tercera, Subsección A, respecto de lo que debe entenderse por afectación del bien o de la adquisición de un inmueble por negociación directa o expropiación, afirmó:

“Teniendo en cuenta que la ley regula el procedimiento para la afectación o adquisición de un bien inmueble —por negociación directa o por expropiación—, para destinarlo a una obra pública que obedezca a uno de los motivos de utilidad pública o de interés social previstos por el legislador, resulta claro que el incumplimiento de esa regulación autoriza al administrado a reclamar a través de la vía judicial el cumplimiento de esas disposiciones, con el fin de preservar sus derechos; sin embargo, la manera de proponer esas reclamaciones también está prevista en la ley y, por lo tanto, debe acudirse a las acciones señaladas, de acuerdo con la fuente del daño, a saber:

Si lo que se pretende discutir es la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal hubiere dispuesto la expropiación o la afectación de bienes inmuebles por motivos de utilidad pública o interés social, la acción procedente será la de nulidad y restablecimiento del derecho(30), la cual debe ejercerse dentro del término establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, término que se empezará a contar desde la fecha de publicación o notificación de los actos, respectivamente(31).

Igualmente procede la acción de reparación directa cuando la administración no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener la enajenación voluntaria del inmueble, ni tramite el proceso de expropiación, ni profiera los actos mediante los cuales afecte el bien por causa de una obra pública, ni tampoco lo ocupe materialmente pero tampoco expida las autorizaciones administrativas necesarias para que el propietario pueda usar, gozar o disponer libremente del mismo, esto es cuando lo ocupa jurídicamente(32)

(…) En efecto, la administración municipal, de manera reiterada, denegó la expedición de la licencia de construcción del proyecto arquitectónico señalado en las solicitudes que el actor —y el anterior propietario del inmueble— elevaron, con fundamento en el hecho de que el bien estaba comprometido en uno de los planes de desarrollo vial del municipio y solo el 6 de marzo de 1996 accedió a expedir el plano de levantamiento del predio (esquema básico), pero le indicó al interesado que para darle un uso provisional al bien debía obtener la autorización respectiva del Concejo Municipal y también debía renunciar a las mejoras que llegaren a realizarse.

Por consiguiente, se impone concluir que la entidad demandada ocupó, jurídicamente, el inmueble de propiedad del demandante, por cuanto el mismo resultó involucrado en la construcción de una obra pública de interés general, por cuya existencia no le fue expedida la licencia de construcción que se solicitó para desarrollar un proyecto urbanístico sobre el bien, aspecto por el cual se demandó la responsabilidad patrimonial del Estado, amén de que no ejecutó el procedimiento legalmente establecido para la afectación o expropiación del bien, cuestiones que tornan procedente la acción de reparación directa, comoquiera que el demandante no logró darle al bien el uso por él pretendido, es decir, vio limitados sus derechos reales sobre el inmueble, que en términos del artículo 669 del Código Civil son los de ‘gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno’”(33)(resaltado fuera de texto).

Conforme a lo anterior, puede existir una ocupación jurídica de bienes inmuebles por parte del Estado cuando este limita el ejercicio de los derechos de la propiedad de quien es dueño del bien, esto es, se derive la imposibilidad para el propietario de realizar las conductas que le permitan explotar económicamente su derecho de propiedad.

Con base en lo anterior, se procederá a exponer el acervo probatorio y resolver el problema jurídico planteado.

5.2.1. Acervo probatorio.

1. Original de certificado de folio de matrícula 290- 42527 impreso el 15 de noviembre de 2001. La información es la siguiente: (fls. 4 y 5, cdno. 1).

“(…).

Círculo registral: 290 Pereira. Depto.: Risaralda. Municipio: Pereira. Vereda: Pereira

Fecha de apertura: 04-01-1983 Radicación: 82008829 (…) Código catastral 01-5-074-031

Descripción, cabida y linderos:

Solar con una construcción que tiene una cabida aproximada de 17 varas de frente, por 18 varas y media de centro, que linda ### por el oriente que es su frente, con la calle 29, por el oriente con propiedad de Edelmira López, por el norte, con propiedad adjudicada a José García y el cónyuge Pedro A. García, por el sur con predio adjudicado al heredero Pablo García ###

Dirección del inmueble: Tipo predio: urbano

Calle 29 entre carreras 7a y 8a 

Matrícula abierta con base en la(s) siguente(s) matrícula(s)

(…) [•] Anotación 004 Fecha 23-02-1997 Radicación: 871986

Doc.: Escritura 798 del 19-02-1987 Notaría 1 de Pereira valor cto.: $289.000

Especificación: 101 compraventa

Personas que intervienen en el acto

De: Baquero González Olga Isabel

De: García de Arango Doris

A: Gutiérrez Ángel María

[•] Anotación 005 Fecha 06-01-1988 Radicación: 880091

Doc.: Escritura 5487 del 29-12-1987 Notaría 1 de Pereira valor cto.: $289.000

Especificación: 101 compraventa

Personas que intervienen en el acto

De: Gutiérrez Ángel María

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 006 Fecha: 04-10-1994 Radicación: 17838

Doc.: Oficio SUJ-084 del 30-09-1994 Induval de Pereira

Especificación: 3802 gravamen por valorización obra 9303

Personas que intervienen en el acto

De: Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 007 Fecha: 28-07-1995 Radicación: 14644

Doc.: Oficio 1987 del 19-07-1995 Induval de Pereira

Se cancela Anotación 6 especificación cancelación de gravamen de valorización

Personas que intervienen en el acto

De: Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 008 Fecha: 30-07-1996 Radicación: 15721

Doc.: Oficio 1052 del 24-07-1996 Juz. 2 C. Cto. de Pereira

Especificación: embargo proceso ejecutivo este y otro

Personas que intervienen en el acto

De: Cardona Cardona Elvira

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 009 Fecha: 24-02-1997 Radicación: 19973708

Doc.: Oficio 009 del 14-01-1997 Juz Segundo Civil. Cto. de Pereira

Se cancela Anotación 7 Especificación: cancelación embargos con acción personal en proceso ejecutivo y otro

Personas que intervienen en el acto

De: Cardona Cardona Elvira

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 10 Fecha: 23-09-1998 Radicación: 1998 19442

Doc.: Oficio 01017 del 22-09-1998 Induval de Pereira

Especificación: 430 valorizaciones obra 09701

Personas que intervienen en el acto

De: Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 11 Fecha: 19-09-2000 Radicación: 2000 18803

Doc.: Oficio 1423 del 04-09-2000 Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira

Especificación: 401 embargo acción personal en proceso ejecutivo singular de mínima cuantía

Personas que intervienen en el acto

De: Praxys Laboratory de Colombia Ciatro Ltda.

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

Número total de anotaciones *11* (…)”.

2. Original de certificado de folio de matrícula 290-9658 impreso el 15 de noviembre de 2001. La información es la siguiente: (fls. 6 y 7, cdno. 1).

“(…).

Círculo registral: 290 Pereira Depto.: Risaralda Municipio: Pereira Vereda: Pereira

Fecha de apertura: 11-08-1975 Radicación: 75-002870 (…) Código catastral 01-5-074-0003

Descripción, cabida y linderos:

Una casa de habitación de un piso, con su correspondiente solar, constante de once varas de frente, poco más o menos, por cincuenta varas de centro, que linda. Por el norte, que es su frente con la carrera séptima; por el oriente con propiedad de la vendedora (sic); por el sur, con solar que es o fue de Jesús Ceballos y por el occidente con propiedad de Pedro García.

Dirección del inmueble: carrera 7a Nº 28 - 65

Matrícula abierta con base en la(s) sigu[i]ente(s) matrícula(s)

(…) [•] Anotación 009 Fecha 23-02-1989 Radicación: 892116

Doc.: Escritura 4899 del 16-11-1998 Notaría 3 de Pereira valor cto.: $3.000.000

Especificación: 101 compraventa

Personas que intervienen en el acto

De: Salazar Isaza Hugo

De: Salazar Isaza Adiela

De: Salazar Isaza Luz Marina

De: Salazar Isaza Martha Lucía

De: Isaza de Salazar María del Carmen

De: Salazar Isaza María Dolly

De: Salazar Isaza Rafael o Rafael Antonio

De: Salazar Isaza Luz Elena

De: Salazar Isaza Patricia

De: Salazar Isaza Gloria Estella

De: Salazar de Correa María del Carmen

De: Salazar Irma o María Irma

De: Salazar Isaza Olga

De: Salazar Isaza Oscar

De: Salazar Isaza Amanda

A: Gutiérrez Gutiérrez Maria Zulay

[•] Anotación 010 Fecha: 04-10-1994 Radicación: 9417838

Doc.: Oficio SUJ-084 del 30-09-1994 Induval de Pereira

Especificación: 3802 gravamen por valorización obra 9303 y 85-92

Personas que intervienen en el acto

De: Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 011 Fecha: 15-051995 Radicación: 959222

Doc.: Oficio 1014 del 08-05-1995 Induval de Pereira

Se cancela Anotación 10 Especificación: 780 cancelación de gravamen de valorización

Personas que intervienen en el acto

De: Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización

A: Gutierrez Gutierrez María Zulay

[•] Anotación 012 Fecha: 23-01-1996 Radicación: 961421

Doc.: escritura 151 del 22-01-1996 Notaria 3 de Pereira

Especificación: 210 hipoteca

Personas que intervienen en el acto

De: Gutierrez Gutierrez María Zulay

A: Ramírez González Ana

[•] Anotación 013 Fecha: 23-09-1998 Radicación: 1998 19442

Doc.: Oficio 01017 del 22-09-1998 Induval de Pereira

Especificación: 403 valorización de obra

Personas que intervienen en el acto

De: Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

Número total de anotaciones *13* (…)”.

3. Original de certificado de folio de matrícula 290-60337 impreso el 15 de noviembre de 2001. La información es la siguiente: (fl. 8, cdno. 1)

“(…)

Círculo registral: 290 Pereira Depto.: Risaralda Municipio: Pereira Vereda: Pereira

Fecha de apertura: 04-02-1987 Radicación: 871040 (…) Código catastral 01-5-074-028

Descripción, cabida y linderos:

Ver linderos en Esc. 5812 del 17-12-86 de la Notaria 1 Pereira

Dirección del inmueble:

Calle 29 Nº 7- 53 lote constante del 12.8 por 14.72 mts

Matrícula abierta con base en la(s) siguiente(s) matrícula(s)

[•] Anotación 004 Fecha: 06-01-1988 Radicación: 0091

Doc.: escritura 5487 del 29-12-1987 Notaría 1 de Pereira valor cto.: $562.000

Especificación: 101 compraventa

Personas que intervienen en el acto

De: Gutiérrez Ángel María

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 005 Fecha: 04-10-1994 Radicación: 17838

Doc.: Oficio SJU 084 del 30-09-1994 Induval de Pereira

Especificación: 380 cancelación de gravamen de valorización obra 9303

Personas que intervienen en el acto

De: Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 006 Fecha: 28-07-1995 Radicación: 14644

Doc.: Oficio 1897 del 19-07-1995 Induval de Pereira

Se cancela Anotación 5 Especificación: 780 cancelación de gravamen de valorización este y otros

Personas que intervienen en el acto

De: Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 007 Fecha: 30-07-1996 Radicación: 15721

Doc.: Oficio 1052 del 24-07-1996 Juz. 2 C Cto. de Pereira

Especificación: embargo proceso ejecutivo este y otro

Personas que intervienen en el acto

De: Cardona Cardona Elvira

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

[•] Anotación 008 Fecha: 24-02-1997 Radicación: 1997 3708

Doc.: Oficio 009 del: 14-01-1997 juz segundo civil. Cto de pereira

Se cancela Anotación 7 Especificación: cancelación embargos con acción personal en proceso ejecutivo y otro

Personas que intervienen en el acto

De: Cardona Cardona Elvira

A: Gutierrez Gutierrez María Zulay

[•] Anotación 009 Fecha: 23-09-1997 Radicación: 1998 19442

Doc.: Oficio 01017 del 22-09-1998 Induval de Pereira

Especificación: 430 valorización obra 09701

Personas que intervienen en el acto

De: Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización

A: Gutiérrez Gutiérrez María Zulay

Número total anotaciones *9* (…)

4. Oficio de fecha 20 de diciembre de 1999 mediante el cual el Alcalde de Pereira informó a la señora María Zulay Gutiérrez lo siguiente: (fls. 9 a 12, cdno. 1)

“(…) Me permito comunicarle que para efectos de dar inicio a la ejecución de las obras de remodelación de la Plaza de Mercado de Occidente, se hace necesario ocupar en forma temporal varios bienes inmuebles de su propiedad, en las áreas que se indican a continuación:

Inmueble 1

(…) Dirección: carrera 7a Nº 28 – 61/67

Folio de matrícula inmobiliaria: 290-9658 (…)

Inmueble 2

Dirección: calle º29 Nº 7 - 27/ 31/35

Folio de matrícula inmobiliaria: 290-60337

(…) Inmueble. 3

Dirección: calle 29 Nº. 7 - 09

Folio de matrícula inmobiliaria: 290 - 42527

(…) El tiempo de ocupación será de nueve (9) meses, contados a partir del día del traslado temporal de los comerciantes que actualmente ejercen su actividad económica en dicha plaza.

Por lo anterior y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 222 de 1983, la invitamos a convenir el precio de la respectiva ocupación.

El valor a cancelar por la ocupación lo deberemos acordar teniendo en cuenta los precios que fijen los peritos avaluadores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En el evento de transcurrir el término de un mes, contado a partir del envío de esta comunicación, sin llegar a un acuerdo sobre la ocupación temporal o respecto al valor a pagar por la misma, el municipio procederá inmediatamente a ocupar bajo las condiciones legales de las normas ya mencionadas (…)” (resaltado fuera de texto).

5. Oficio suscrito por la abogada de la Empresa de renovación urbana de fecha 14 de enero de 2000 y dirigida a la demandante en la que se expresa lo siguiente: (fl. 13, cdno. 1)

“(…) Me permito manifestarle que para determinar la viabilidad técnica en la ejecución de las obras de remodelación de la Plaza de Mercado de Occidente, se hace necesario ingresar a los predios de su propiedad para llevar a cabo el estudio de suelos.

Por lo expuesto, respetuosamente se le solicita su autorización para el ingreso de los ingenieros y su comisión para efecto de llevar a cabo la labor mencionada (…)” (resaltado fue fuera de texto).

6. Copia simple de un poder otorgado por la demandante al señor Fabio Hernán Vélez Acevedo para que la representara dentro del proceso de ocupación temporal que adelantaba la Alcaldía, según comunicación de 20 de diciembre de 1999. (fls. 14 y 15, cdno.1)

7. Oficio suscrito por parte del señor Fabio Hernán Vélez Acevedo, apoderado de la demandante dentro del proceso de ocupación temporal, de fecha 26 de abril de 2000, indicando lo siguiente (fls. 16 y 17,cdno.1)

“(…) Sea esta la oportunidad para expresar que la propietaria inscrita de los bienes afectados y ahora mi mandante entiende, salvo mejor criterio, que la ocupación empezó, a partir del 20 de enero del año 2000. Otro aspecto será el concerniente el valor de la ocupación o la indemnización.

A mi juicio, el silencio de la señora María Zulay Gutiérrez no ha sido obstáculo para que la administración lleve a cabo la ocupación. Ya, el inciso 5º, del artículo 109 del Decreto 222 de 1983 dispone que “Si no se obtuviere el consentimiento para la ocupación temporal o no hubiere acuerdo sobre el valor que por la misma deba pagarse, transcurrido un (1) mes a partir de la comunicación enviada por la entidad interesada, se llevará a cabo la ocupación para cuyo efecto aquella podrá solicitar el apoyo de la autoridad competente”.

Lo anterior dentro del campo jurídico. De hecho, para los intereses económicos de la señora Gutiérrez Gutiérrez ya se produjo, desde el 20 de diciembre del año pasado, cuando se le comunicó que la administración daría inicios de la ejecución de las obras de remodelación de la Plaza de Mercado de Occidente y que por ello se hacía necesario ocupar en forma temporal varios inmuebles. Con este escrito se paralizó cualquier gestión comercial, en cuanto a la explotación de los bienes; se gravaron ellos y el tiempo transcurre sin actividad material alguna.

Bajo este supuesto que la ocupación temporal comenzó el 20 de enero del año 2000 y no que ésta está condicionada “al día del traslado temporal de los comerciantes que actualmente ejercen su actividad económica en dicha plaza”, estaré dispuesto a buscar fórmulas que permitan un acuerdo sobre el valor que deba pagarse (…)” (resaltado fuera de texto).

8. Copia simple de un oficio suscrito por la gerente de Renovación Pereira S.A. de fecha 27 de junio de 2000 y dirigida al presidente del sindicato, señor Augusto Cortés López en el que se indica lo siguiente: (fls. 18 a 20, cdno.1)

“(…) Asunto: respuesta al Oficio J.D 022 de fecha mayo 22 del 2000

La Empresa de Renovación Urbana de Pereira S.A. como entidad coordinadora del programa de Centros de comercialización de alimentos y productos básicos. Nuevamente entra a explicar los avances del programa y de los diferentes actores que hacen parte del mismo.

(…).

Centro Comercial Popular de Pereira

Calle 29 Carrera 7ª y 8ª

(…).

Avances del proyecto Centro Comercial Popular de Pereira

Negociación de predios: para la ejecución del proyecto no se requiere ningún predio adicional, fuere (sic) del predio del Municipio de Pereira, donde se encuentra ubicada la Galería de Occidente.

(…) Adecuación del lote: como es de su conocimiento los lotes a utilizar para la reubicación parcial son los contiguos a la Galería de Occidente de propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez Gutiérrez. Se anexa tramite (sic) jurídico para la ocupación por obra pública.

La adecuación del lote se inicia en el transcurso de la semana del 27 de junio al 30 de junio del presente año. Una vez la Lonja de Propiedad Raíz determine el valor a pagar por la ocupación (…)”.

9. Oficio de fecha 18 de diciembre de 2002 suscrit[o] por el profesional especializado de la Alcaldía municipal de Pereira en donde allegó una información concerniente al avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda de algunos predios (fls. 33 y 34, cdno. 2 y 1 a 55, cdno. 3)

Los documentos más importantes son los siguientes:

a. Oficio del director operativo de la secretaría de gobierno municipal, dirigido a la secretaría jurídica del municipio de Pereira, de fecha 18 de diciembre de 2002, en el que informan que la señora Gutiérrez no ha solicitado uso de suelo para algún establecimiento público ubicado en los predios identificados con las nomenclaturas carrera 7a Nº 28 - 61, calle 29 Nº 7 - 27 y calle 29 Nº 7 - 09 (fl. 1, cdno. 3).

b. Oficio de fecha 13 de diciembre de 2002 mediante el cual el secretario de infraestructura le informó a la secretaría jurídica municipal que dicha entidad no ha ejecutado obras en los inmuebles ubicados en la carrera 7a Nº 28 - 61, calle 29 Nº 7 - 27 y calle 29 Nº 7- 09 aledaños a la Plaza de Mercado de Occidente (fl. 2, cdno. 3).

c. Oficio de 17 de diciembre de 2002 mediante el cual el secretario de gestión inmobiliaria informó a la secretaría jurídica de la Alcaldía de Pereira que se encontró dentro de los archivos de la entidad avalúos de la Lonja Propiedad de Raíz de Risaralda de los predios de la señora Gutiérrez (fl. 4, cdno. 3).

d. Copia auténtica del avalúo practicado al inmueble ubicado en la calle 29 Nº 7-27, 7-31, 7-33 y 7-35 de propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez Gutiérrez con el fin de determinar el valor de la rentabilidad del bien, lo anterior, para efectos de dar inicio a las obras de remodelación de la Plaza de Mercado de Occidente y ocupar transitoriamente el inmueble, por un periodo de 9 de meses. Dicho avalúo se efectuó entre el 10 y 18 de agosto de 2000. El mencionado avalúo corresponde al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 290-60337 y luego del estudio la Lonja estableció que el precio de rentabilidad del inmueble por un periodo de 9 meses era de $6.358.500 (fls. 6 a 22, cdno. 3).

e. Copia auténtica del avalúo practicado al inmueble ubicado en la calle 29 Nº 7 - 09, 7 - 13, de propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez Gutiérrez con el fin de determinar el valor de la rentabilidad del bien, lo anterior, para efectos de dar inicio a las obras de remodelación de la Plaza de Mercado de Occidente y ocupar transitoriamente el inmueble, por un periodo de 9 de meses. Dicho avalúo se efectuó entre el 10 y 18 de agosto de 2000. El mencionado avalúo corresponde al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 290-42527 y luego del estudio la lonja estableció que el precio de rentabilidad del inmueble por un periodo de 9 meses era de $6.349.500. (fls. 23 a 38, cdno. 3)

f. Copia auténtica del avalúo practicado al inmueble ubicado en la carrera 7a Nº. 28-61, 28-63, 28-67 de propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez Gutiérrez con el fin de determinar el valor de la rentabilidad del bien, lo anterior, para efectos de dar inicio a las obras de remodelación de la Plaza de Mercado de Occidente y ocupar transitoriamente el inmueble, por un periodo de 9 de meses. Dicho avalúo se efectuó entre el 10 y 18 de agosto de 2000. El mencionado avalúo corresponde al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-9658 y luego del estudio la lonja estableció que el precio de rentabilidad del inmueble por un periodo de 9 meses era de $6.717.600 (39 a 55, cdno. 3)

10. Oficio de fecha 17 de enero de 2003 suscrito por el secretario de infraestructura de Pereira, quien informó que una vez efectuada una inspección a los inmuebles descritos en el texto de la demanda, se pudo constatar que en los mismos no se había ejecutado ninguna obra por parte de la secretaría de infraestructura (fl. 35, cdno. 2).

11. Oficio de 21 de abril de 2003 suscrit[o] por el secretario de gobierno municipal, quien informó al Tribunal lo siguiente (fl. 70, cdno. 2)

“(…) Que no se encontró expedición de uso para los inmuebles ubicados en la carrera 7a Nº 28-61, 28-67, calle 29 Nº. 7 - 09 y calle 29 Nº 7-27, 7-31 y 7-35 de Pereira (…)”.

12. Oficio de fecha 2 de diciembre de 2002, mediante el cual el Curador Urbano Segundo de Pereira informó que dicha curaduría no había expedido licencia de construcción, remodelación o urbanismo para la señora María Zulay Gutiérrez Gutiérrez, ni para las f[i]chas catastrales que se citan. (fl. 9, cdno. 2). Así mismo, mediante oficio de 11 de junio de 2003, la misma curaduría informó que:

“(…) revisados nuestros archivos magnéticos y los archivos de la anterior Curaduría Única no encontramos tr[á]mite alguno adelantado a los predios con matrículas inmobiliarias 290-42527, 290-9658 y 290- 60337 propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez C.C. XX.XXXX.XXX de Pereira (…)” (fl. 75, cdno. 2).

13. Por su parte, el Curador Primero Urbano de Pereira mediante escrito de 5 de diciembre de 2002 informó que revisados los archivos no se encontró trámite alguno a los predios con fichas catastrales 01-05-074-0031; 01-05-074-0003 y 01-05-074-0028 (fl. 32, cdno. 2). Así mismo con oficio sin fecha, el Procurador Urbano Segundo de Pereira informó lo siguiente: (fl. 76, cdno. 2)

“(…) nos permitimos informar que no se han expedido en esta curaduría licencias de construcción para los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 390-42527, 290-9658 y 290-60337 propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez Gutiérrez (…)”.

14. Oficio suscrito por el apoderado de la parte actora de fecha 10 de marzo de 2003 mediante el cual dio respuesta al auto proferido por el tribunal administrativo de fecha 29 de enero de 2003, en donde ordenó poner en conocimiento a las partes los escritos allegados por los Curadores Urbanos Segundo y Primero de Pereira. En este escrito adujo el apoderado que: (fls. 65 y 66, cdno. 2).

“El oficio de la Curaduría Urbana Segunda de fecha noviembre 29 de 2002 es cierto, por ello se reitera que el municipio de Pereira no ha expedido licencia de construcción, remodelación o urbanismo para la señora María Zulia (sic) Gutiérrez, a pesar de que la misma en varias oportunidades, tanto verbalmente como por escrito, ha solicitado se le conceda licencia para instalar allí un establecimiento de comercio que de alguna manera le permita explotar económicamente su inmueble, de lo cual no ha recibido ninguna respuesta”.

Conforme a lo anterior, el apoderado adjuntó unos documentos correspondientes a dos copias de fecha 16 de marzo de 1999, formato del municipio de Pereira, secretaría de control físico en donde la señora Gutiérrez solicitó expedir uso del suelo al establecimiento comercial Parqueadero AZ ubicado en la calle 29 Nº 7 - 09 - 35. Así mismo, obra copia dirigi[da] al secretario urbanístico y ambiental de fecha 16 de junio de 1999 y suscrito por la señora María Zulay Gutiérrez mediante el cual solicitó visita técnica al establecimiento Parqueadero AZ, lo anterior, con el objeto de anexa a la solicitud de uso de suelo como prerrequisito (fls. 67 a 69, cdno. 2).

15. Testimoniales.

a. Declaración de Fabio Hernán Vélez Acevedo, quien fue el apoderado de la actora en el proceso de ocupación del bien (fls. 41 a 45, cdno.2)

“(…) PREGUNTADO: [¿] tiene usted conocimiento a qu[é] estaban dedicados los 3 inmuebles de propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez, ubicados en la carrera 7ª Nº 28-61, calle 29 Nº 7-27 y calle 29 Nº 7-09 [?] CONTESTO: Sí ella los tiene dedicados a la explotación mediante contratos de arrendamiento en varios de ellos y pensaba, según me lo manifestó destinarlos en un futuro a parqueadero, en esa época años 2000, 2001 eran locales comerciales, actualmente desconozco. PREGUNTADO: [¿] sabe usted si los mencionados inmuebles fueron o han sido ocupados por parte de la administración municipal de Pereira [?] CONTESTO: materialmente no. Tengo conocimiento porque intervine en gestiones ante la Alcaldía municipal de una comunicación del anterior alcalde Luís Alberto Duque remitida a la señora María Zulia (sic) Gutiérrez en el sentido de que los inmuebles al parecer 3, que forman un solo globo los requería la administración temporalmente para destinarlos a la galería de la 29 mientras que se ejecutaban unos trabajos en la sede de la misma, es decir, se necesitaba trasladar la galería a los inmuebles de la señor[a] María Zulia (sic) Gutiérrez. PREGUNTADO: conforme a lo anterior se trató de un (sic) comunicación en la cual se le informaba lo dicho por usted, [¿]sabe si efectivamente se trasladó la galería a estos inmuebles[?] CONTESTO: hasta donde tengo conocimiento no. PREGUNTADO: [¿]tuvo usted conocimiento que se celebrara contrato alguno entre la administración municipal y la señor (sic) Gutiérrez en relación con estos inmuebles[?] CONTESTO: Se hicieron unas cuatro o cinco conversaciones en las que intervinieron la doctora Adriana López y el doctor Emilio Grajales personas que ocupaban en la administración municipal del entonces alcalde Luis Alberto Duque y a quienes este delegó la misión de llegar a un acuerdo económico con el señor (sic) Gutiérrez, en ese conversaciones (sic) intervino la señor (sic) Gutiérrez, su esposo, Alvaro Cruz y yo como apoderado de la primera. Dentro de las conversaciones se planteó la posibilidad de que el municipio de Pereira comprara los inmuebles a lo que se respondió negativamente, quedó otro camino que fue el del arrendamiento, que no fue aceptado en cuanto a la cuantía por la señora María Zulia (sic) ante el precio tan bajo que ofrecía la administración, que creo no superaba los 2 millones de pesos y eso exigía que al final del contrato la parte propietaria de los inmuebles tenía que pagar el precio de las mejoras que l (sic) administración hubiera colocado en ellos, al final la señora María Zulia (sic) quedaba debiendo más dinero del que recibiría sobre unas mejoras que al decir de ella no la beneficiaban. Al final se rompieron las negociaciones, la Alcaldía a través de sus funcionarios manifestó que seguiría con el procedimiento judicial respectivo porque se trataba de una obra urgente como lo era la adecuación de la galería de la 29 y sobre la cual había presiones del sindicato de esa galería. PREGUNTADO: [¿]sabe usted si jurídica y legalmente estos inmuebles de los que se ha venido hablando, fueron sacados del comercio en razón a la comunicación a la que se hizo alusión anteriormente[?] CONTESTO: no tengo conocimiento que la comunicación se haya inscrito en los folios de matrícula correspondientes a los inmuebles de propiedad de la señora Gutiérrez. PREGUNTADO: diga si lo sabe si esos inmuebles debieron cesar en su actividad comercial el 20 de diciembre de 1999, en caso afirmativo dirá por qué razón. CONTESTO: no, los inmuebles al parecer siguieron siendo ocupados por los arrendatarios y uno de ellos al parecer el de mayor extensión, para esa época se encontraba desocupado y sobre el mismo la señora Gutiérrez, según me lo manifestó ella, proyectaba destinarlo a un parqueadero. No s[é] las razones por las cuales se encontraba desocupado ese inmueble (…) PREGUNTADO: [¿]supo usted si efectivamente empezaron a ingresar funcionarios de la administración municipal a los predios objetos de este proceso con el fin de iniciar los estudios o proyectos de reubicación de los comerciantes del sector, dando la razón de su dicho[?] CONTESTÓ: en las conversaciones con los dos funcionarios de la Alcaldía ya citados, se mostraron los planos y estudios realizados en los inmuebles a ocupar por la administración municipal de manera temporal, especialmente lo referente a las obras que se irían a ejecutar allí y que al decir de la administración quedarían de propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez una vez esta cubriera su valor descontando el mismo [de] los cánones de arrendamiento que pagaría la administración. Igualmente se mostraron los avalúos creo que de la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda, acerca de la rentabilidad de los tres predios, esos documentos debe[n] obrar en las dependencias de la Alcaldía (…) PREGUNTADO: [¿]usted como abogado que fue de la señora María Zulia (sic) tuvo conocimiento de que a ella se le hubiese negado licencia de urbanismo o se le hubiese obstaculizado la venta de alguno de los inmuebles objeto de la demanda o se hubiese iniciado reparaciones o remodelaciones en los mismos[?] CONTESTO: yo como apoderado en ese entonces de la señora Gutiérrez, le expliqué que esa comunicación la amarraba respecto de posibles negociaciones u explotación de los inmuebles y que lo mejor y así se intentó era llegar a un acuerdo con el municipio, al parecer era un compromiso entre la Alcaldía y el sindicato de vendedores o expendedores de la galería de la 29 de mejorarles sus instalaciones físicas y nada mejor que ocupar transitoriamente unos inmuebles colindantes con la galería. Posteriormente tuve información no oficial por comentarios de ella, que ya habían pasado varios meses que la administración no definía la ocupación material y que ella proyectaba destinar los inmuebles a un parqueadero pero que por disposiciones del porte o de control físico no le era permitido (…)”.

b. Declaración de Augusto Boris Cortés López, quien era el presidente del sindicato de usuarios de la Plaza de Mercado de Occidente (fls. 46 a 48, cdno. 2)

“(…) PREGUNTADO: [¿]tiene usted conocimiento a qué estaban dedicados los 3 inmuebles de propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez ubicados en la carrera 7ª Nº 28-61, calle 29 Nº 7-27 y calle 29 Nº 7-09[?] En la actualidad que se actividad (sic) se desarrolla allí. CONTESTO: eso ha sido un lote allá lleno de maleza y cosas, hace mucho tiempo no le ponen la mano a eso. PREGUNTADO: para la fecha 20 de diciembre de 1999 [¿] qu[é] había en los lotes mencionados por usted[?] CONTESTO: es difícil saber, pero yo pasaba por allí, y veía adentro una revueltería pero no s[é] exactamente cuantas (sic). PREGUNTADO: [¿]sabe usted si a partir del 20 de diciembre de 1999 esas revuelterías fueron retiradas de ese lote, y por qué razón[?] CONTESTO: yo fechas no le puedo garantizar, lo que sí s[é] es que las revuelterías que funcionaban dentro del local las sacaron para el andén no se porqué (sic) motivo. PREGUNTADO: [¿] sabe usted si los mencionados inmuebles fueron o han sido ocupados materialmente por parte de la administración municipal de Pereira[?] CONTESTO: pues esos lotes están desocupados desde que sacaron esas revuelterías, allí no hay nadie ni la Alcaldía ni nadie. PREGUNTADO: [¿]sabe usted qui[é]n era el propietario de esas revuelterías[?] CONTESTO: No s[é], los conozco pero no s[é] sus nombres. En uso de la palabra el apoderado de la parte demandante, interviene así: PREGUNTADO: indique si es usted el presidente del sindicato de usuarios de la Plaza de Mercado de Occidente, en caso afirmativo [¿]desde hace cuánto[?] CONTESTO: Sí yo soy, desde el 3 de junio de 1985. PREGUNTADO: informe si usted ha sostenido negociaciones o intentos de negociación con el municipio de Pereira relacionados con la reubicación de la galería en los lotes a que usted hizo referencia anteriormente. CONTESTO: sí, a nosotros nos dijeron que nos iban a reubicar allí temporalmente, mientras remodelaban la plaza de mercado y que posteriormente volveríamos a la plaza. En esas negociaciones no se llevaron a efecto porque la administración nos dijo que nos trasladáramos para los lotes que no nos hacía ningunas mejoras, que esas mejoras corrían por cuenta de nosotros, nosotros no aceptamos porque esos lotes han estado siempre descubierto (sic), no tiene[n] servicios. Nosotros dijimos que no aceptábamos entre los años 1999 y 2000 no recuerdo la fecha exacta. PREGUNTADO: El día 27 de junio de 2000 a usted le informaron (fl. 20) “como es de su conocimiento los lotes a utilizar para la (sic) reubicación parcial son los contiguos a la galería de occidente de propiedad de la señora María Zulia (sic) Gutiérrez. Se anexa trámite jurídico para adelantar la obra”. Indique si usted tuvo conocimiento de esta comunicación y [¿]cuál fue el trámite o procedimiento que se brindó a la misma[?] CONTESTO: le repito que nosotros nos trasladaríamos para el lote siempre y cuando los adecuaran de servicios y desagües y lo cubrieran. No lo hicimos porque nunca cumplieron. PREGUNTADO: [¿]A qué se refería usted cuando le expone al Tribunal a folios 10 y 11 (cdno. 2) “y con ocasión del cumplimiento de remodelación ordenada por el Concejo municipal de las EEPP dejaron a mitad del trámite de estudios y de reubicación temporal y poco a poco evadieron las responsabilidades administradoras percibiendo los pagos directos o depósitos que cumplidamente seguimos cancelando hasta la fecha”[?] CONTESTO: nos referimos a que siempre nos dejaban iniciada cualquier conservación pero las obligaciones con las EEPP o el municipio nunca se cumplieron mientras que nosotros asumíamos la responsabilidad de aseos, vigilancia, mejoras, pago del arrendamiento con su correspondiente incremento anual que se le hace y el depósito que se había (sic) mensualmente para pagar el arrendamiento. Esas conversaciones las sosteníamos con varias personas, con la doctora Amparo María Aguirre, gerente del IDU, con el doctor Héctor Fabio Quiceno, después con la doctora Adriana López, después con la doctora Ana Lucía secretaria de gobierno y con el Alcalde. PREGUNTADO: [¿]ustedes estaban en condiciones de ocupar el inmueble de doña Zulia (sic) cuando ustedes a bien quisieran[?] CONTESTO: A nosotros nos dijeron que nos podíamos trasladar para el lote y ahí fue donde yo le dije al Alcalde que si nos lo acondicione(sic) aceptamos, y firmaríamos unas actas de compromiso si entregaban el lote (…)”.

c. Declaración de Álvaro Cruz Santamaría esposo de la demandante (fls. 49 a 53, cdno .2)

“(…) PREGUNTADO: [¿]tiene usted conocimiento para la fecha 20 de diciembre de 1999 a que (sic) estaba[n] dedicados los tres inmuebles de propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez, ubicados en la Cra. 7ª Nº 28-61, calle 29 Nº 7-27 y calle 29 Nº 7-09[?] CONTESTO: En ese momento se encontraban desocupados porque en octubre de 1999 la doctora Liliana Pérez Duque nos citó a su oficina para informarnos de que el lote era necesitado por Renovación Urbana y la Alcaldía para ellos comprarlo porque era la encargada de las negociaciones como lo había hecho en la parte del viaducto, esta información fue verbal, lo cual yo le comenté que nos cogía por sorpresa pues no se pensaba vender el lote en mención a lo cual ella me manifestó que habían vais (sic), una por arreglo formal entre ella y nosotros y otra por la vía legal que de no llegar a un acuerdo se haría por expropiación porque los bienes eran requeridos par (sic) un proyecto de Renovación Urbana y la Alcaldía sobre ese sector de la galería el cual llevaba en estudios y tenía la maqueta del proyecto. Ella nos dijo que el lote no lo podíamos ocupar, ni vender, ni alquilar, ni hacer transacción alguna porque era requerido para lo que necesitaba el municipio. PREGUNTADO: [¿]para la fecha en la cual ustedes conversan con la doctora Pérez Duque, octubre de 1999, los lotes estaban ocupados, en caso afirmativo dirá por quién y a qué estaban dedicados[?] CONTESTO: el lote estaba desocupado porque estábamos un (sic) trámite de solicitud de un parqueadero. PREGUNTADO: [¿]usted ha tenido conocimiento que dichos lotes hayan sido efectivamente, es decir, materialmente ocupados por parte de la administración municipal de Pereira[?] CONTESTO: no, ellos no tomaron posesión alguna. PREGUNTADO: [¿]tuvo usted conocimiento que se celebrara contrato alguno entre la administración municipal y la señora Gutiérrez en relación con estos inmuebles[?] CONTESTO: No hubo contrato, lo único que hubo fue una carta del Alcalde en ese momento donde nos notificaban por escrito la necesidad que tenían del lote. PREGUNTADO: [¿]Sabe usted qué negociaciones se llevaron a cabo entre la señora Gutiérrez y la administración municipal en relación con los lotes mencionados y qué decisiones se tomaron en definitiva[?] CONTESTO: Posteriormente nos citaron a la oficina de la doctora Adriana López en la alcaldía, allí estaba ella con la doctora Pérez Duque y nos asistió el doctor Fabio Hernán, y yo los acompañé y ya nos manifestaron que ya no necesitaban el lote para la compra sino para el alquiler, a lo cual se les manifestó que no había inconveniente siempre y cuando nos diera garantía que el personal que llevaran allí de la galería de occidente al terminar su contrato no lo devolvieran normal para que no nos quedara problemas, dijeron que lo iban a estudiar y entonces nos citaron nuevamente ya en esto las misma (sic) personas anterior (sic) y el doctor Emilio Grajales el abogado de ello[s], manifestaron que ellos ya tenían la oferta para hacernos, pero no se llegó a ningún acuerdo por manifestaron (sic) que tenía que hacer unas obra (sic) locativas para trasladar el personal de la Galería de Occidente, las cuales ascendía aproximadamente a 60 millones de pesos, que nosotros retomáramos esas mejoras y nos ofrecieron de arrendamiento 2 millones de pesos lo cual nos parecía una suma irrisoria; (…) eso terminó en que no se llegó arreglo pues no nos dieron garantía respecto a las mejora ni a la regresión del lote en las mismas condiciones y sin el personal que allí iban a ubicar. Estas conversaciones empezaron en el año 1999 y siguieron en el transcurso del año 2000. PREGUNTADO: [¿]la indicación que usted manifiesta en el sentido que se le dijo que no pueden negociar, arrendar, vender, ocupar, etc, les fue dada verbal o existe documento alguno que lo acrediten[?] CONTESTO: fue verbal. PREGUNTADO:[¿]sabe usted si jurídica o legalmente estos inmuebles de los que se ha venido hablando, fueron sacados del comercio en razón a la comunicación citada por usted citada anteriormente[?] CONTESTO: no, lo único es lo que se ha hablado verbalmente. PREGUNTADO: Diga si lo sabe [¿]a partir del año 2000 que como usted lo manifestó anteriormente es la última conversación con la administración y hasta la fecha a qu[é] se están dedican(sic) esos inmuebles[?] CONTESTO: eso está desocupado desde el momento en que la doctora Liliana Pérez nos dijo que los requería. PREGUNTADO: [¿]posterior a la última negociación con las funcionarias por usted citadas en el año 2000 han recibido alguna comunicación proveniente de la administración municipal en relación con la compra, venta de los inmuebles[?] CONTESTO: no, todavía estamos esperando comunicación. Hasta que nos autoricen a hacer alguna transacción por lo de la comunicación verbal y la comunicación del Alcalde (…)”.

d. Declaración de Liliana Pérez Duque (fls. 56 a 60, cdno. 2)

“(…) PREGUNTADO: [¿]recuerda usted algún procedimiento de negociación con la señora María Zulay Gutiérrez en relación a los inmuebles ubicados en la Cra. 7ª Nº 28-61, calle 29 Nº 7-27 y calle 29 Nº 7-09[?] CONTESTO: recuerdo que el municipio de Pereira se encontraba adelantando un proyecto denominado Centros comercializadores de alimentos, una de sus etapas incluía la reconstrucción y readecuación de los locales ubicados en la Galería de Occidente para llevar a cabe (sic) la ejecución de este proyecto, era necesario que los ocupantes fueran trasladado[s] temporalmente otro lugar donde pudiera[n] ejercer su actividad económica. Por lo anterior, la administración municipal encontró viable efectuar el traslado temporal [a] un inmueble colindante [con la] propiedad de la señora María Zulay Gutiérrez, conveniencia que fue determinada por los técnicos del municipio de Pereira y de la entonces Empresa de Renovación Urbana. Posteriormente, se ubicó a la propietaria de los inmuebles quien para efectos del procedimiento que se iba a llevar a cabo confirió poder al doctor Fabio Hernán Vélez, abogado con quien se llevaron a cabo varias reuniones. Es importante destacar que la intención del municipio de Pereira era suscribir con la señora María Z. Gutiérrez un contrato de arrendamiento con una duración a la de la ejecución de las obra de reconstrucción o readecuación de la Galería de Occidente, razón por la cual la administración le propuso al doctor Vélez la pactación del canon de arrendamiento. El representante de la señora María Z. Gutiérrez consideró que no era posible suscribir contrato de arrendamiento, toda vez que la señora Gutiérrez sentía temor por la posible permanencia de los comerciantes en un término superior al que se pudiera pactar en el contrato, motivo por el cual propuso la negociación de los inmuebles, es decir, que se adelantara una negociación directa por motivos de utilidad pública, propuesta esta que en su momento no resultaba legalmente posible teniendo en cuenta el procedimiento previo que se debe adelantar para la adquisición de un inmueble como lo es la afectación, la fijación de avalúo de la Lonja, la disponibilidad y el registro presupuestal. Ante la imposibilidad de suscribir un contrato de arrendamiento y con el hecho cierto que el inmueble más adecuado técnicamente para el traslado temporal de la propiedad de la señora Gutiérrez se planteó al mandatario de esta la posibilidad de una ocupación temporal por una obra pública, alternativa que fue aceptada por este. En razón a lo anterior, el procedimiento a seguir era solicitar a la Lonja de Propiedad Raíz la fijación del valor que debía pagar el municipio de Pereira por la ocupación temporal. Hasta donde tengo conocimiento nunca se solicitó la fijación de ese avalúo, nunca se llevó a cabo la ocupación temporal del inmueble. A la fecha al parecer aún no se ha iniciado la ejecución de la obra de reconstrucción o readecuación de la Galería de Occidente, al parecer en su momento hubo problemas de tipo presupuestal a lo que se debe agregar que la obra de reconstrucción y readecuación es un (sic) primera etapa, ya que la segunda etapa considera la ampliación de dicha plaza de mercado y de ejecutarse sí haría necesario que el inmueble propiedad de la señora Gutiérrez por la obra pública y negociado o expropiado por la administración municipal.Todo lo narrado anteriormente creo que ocurrió en 1999, pero no estoy segura. PREGUNTADO: A folio 9 a 11 del cuaderno 1 obra oficio dirigido a la señora María Z. Gutiérrez por el alcalde municipal de entonces de fecha diciembre 9 de 1999 en el cual se le comunica “[…] se hace necesari[o] ocupar en forma temporal varios bienes inmuebles de su propiedad [...]” y más adelante se agrega “[…] Por lo anterior y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Decreto 222 de 1983 la invitamos a convenir el precio de la respectiva ocupación”. Mas adelante se le comunica “en el evento de transcurrir el término de un mes, contado a partir del envío de esta comunicación, sin llegar a ningún acuerdo sobre la ocupación temporal o respecto al valor a pagar por la misma, el municipio procederá inmediatamente a ocupar bajo las condiciones legales de las normas ya mencionadas”. De conformidad con esta comunicación [¿] cu[á]l fue la razón para haberle propuesto a la señora Gutiérrez el arrendamiento de los bienes inmuebles materia de este litigio, qué sucedió transcurrido el término del mes que se dice en dicha comunicación y que de acuerdo con la misma se cumplió el 20 de enero del año 2000[?] CONTESTO: como ya lo expresé en el interrogante anterior la intención inicial del municipio de Pereira era suscribir un contrato de arrendamiento, intención que se evidenció en varias reuniones sostenidas con el apoderado de la señora Gutiérrez a las que también asistió la doctora Adriana López Giraldo, gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Pereira, propuesta que resultó fallida, ya que la señora Gutiérrez nunca la aceptó, circunstancia por la cual en compañía de su mandatario se buscó otra alternativa. Respecto a lo que pasó transcurrido un mes del envío de la comunicación, al parecer nunca se solicitó el avalúo de la Lonja y nunca se ocupó en forma temporal el inmueble, no tuve conocimiento directo pero a[l] parecer fueron razones de carácter presupuestal que impidieron inicia[r] el proyecto. PREGUNTADO: [¿]tuvo usted conocimiento si la señora Gutiérrez dio respuesta a esta comunicación enviada el 20 de diciembre de 1999, ya sea en forma verbal o escrita [?] CONTESTO: no recuerdo. Lo que sí s[é] es que previa a la expedición de la comunicación de diciembre 20 su abogado estuvo de acuerdo conforme a las numerosas reuniones que se sostuvieron (…). PREGUNTADO: dijo en anterior declaración el señor Álvaro Cruz Santamaría, esposo de la señora Gutiérrez, que en reunión que sostuviera él y su esposa Zulay usted dijo “que el lote no lo podíamos ocupar, ni vender, ni alquilar, ni hacer transacción alguna, porque era requerido para lo que necesitara el municipio”, [¿] qué razones la llevaron a manifestar lo anterior a la señora Gutiérrez[?] CONTESTO: eso no es cierto. Explico: existen dos procedimientos legales claramente definidos, uno es la negociación voluntaria directa por razón de una obra pública y otro el de la ocupación temporal. Para llevar a cabo el primero es necesario inicialmente llevar a cabo la afectación del inmueble, entendiendo como tal toda limitación que impida la obtención de una licencia de construcción, urbanización, parcelación o funcionamiento, la existencia de disponibilidad presupuestal registro presupuestal, expedición del acto administrativo, oferta de compra y la suscripción de un contrato o promesa de compraventa. Así las cosas, resulta absolutamente claro que en el caso de la señora Gutiérrez no se estaba tratando de una negociación voluntaria directa, toda vez que no se deban los supuestos legales. Y es solo en este caso cuando el acto de afectación debe inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria so pena de inexistencia de dicha afectación. En el caso en cuestión no hubo acto de afectación, consecuentemente no hubo inscripción, por lo cual respecto al inmueble no existía ningún tipo de limitación como consecuencia de una afectación. Es imposible que yo hubiera manifestado al señor Cruz que no podía llevar a cabo ningún tipo de acto de disposición. Y el segundo procedimiento mencionado solo limita el derecho de dominio una vez convenido el precio de la ocupación temporal o efectuada la misma por el vencimiento del término legal sin que se hubiese llegado a acuerdo, obviamente pagando el valor fijado en razón de la ocupación (…)”.

e. Declaración de Adriana López Giraldo quien fue gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Pereira S.A. (fls. 61 a 63, cdno. 2)

PREGUNTADO: a folio 9 a 11 del cuaderno 1 obra oficio dirigido a la señora María Z. Gutiérrez por el alcalde municipal de entonces de fecha diciembre 9 de 1999 en el cual se le comunica “[…] se hace necesari[o] ocupar en forma temporal varios bienes inmuebles de su propiedad […]” y más adelante se agrega “[…] Por lo anterior y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Decreto 222 de 1983 la invitamos a convenir el precio de la respectiva ocupación”. Mas adelante se le comunica “en el evento de transcurrir el término de un mes, contado a partir del envío de esta comunicación, sin llegar a ningún acuerdo sobre la ocupación temporal o respecto al valor a pagar por la misma, el municipio procederá inmediatamente a ocupar bajo las condiciones legales de las normas ya mencionadas”. Teniendo en cuenta este oficio y el conocimiento directo que (sic) usted de las negociaciones realizadas con la señora mencionada informe todo lo que le conste al respecto. CONTESTO: ese oficio se realizó viendo la necesidad de identificar algún predio cercano a la Galería de Occidente ubicado en la calle 18 con carrera 8ª con el fin de llegar a alguna opción para poder iniciar las negociaciones con el sindicato de la Galería de Occidente para poder iniciar el proyecto que para esa fecha se dominada Centro Populares de Pereira (sic). En la negociación con el mencionado sindicato, se hacía necesario tener diferentes opciones de lotes que fueran viables comercialmente y a nivel de ubicación para iniciar el traslado temporal de los comerciante[s] ubicados en la Galería de Occidente, se identificaron varios lotes entre ellos los de la señora María Z. Gutiérrez, antes de enviarle el oficio tratamos de comunicarnos, no recuerdo si hablamos con ellos. De la negociación se encargó al doctor Emilio Grajales y con la coordinación mía, también la abogada Liliana Pérez. Se mandó el oficio, nosotros tuvimos varias reuniones con ellos, en las que asistió el esposo de ella y el abogado Fabio Hernán Vélez (…) nosotros teníamos la certeza de utilizar esos lotes porque era previa a una concertación que se tenía que hacer con el sindicato de la Galería de Occidente, sin embargo era importante tener claridad sobre la posición de la señora Gutiérrez sobre ese lote, si los podía arrendar. Se le envió la comunicación el 20 de diciembre de 1999 porque era necesario hablar con la propietaria de esos lotes y conocer su disponibilidad respecto de esos lotes. Nos reunimos varias veces, mas de 5 o 6 veces, para ese entonces, a pesar de las negociaciones, con el sindicato de la galería no avanzaban se siguió hablando con ella, el objetivo era llegar a una concertación en el canon de arrendamiento a pagar para tener claro presupuestalmente las necesidades del municipio si eventualmente se fueran a utilizar esos lotes para el proyecto Centro Populares de Pereira (sic). Cuando nos reunimos con ellos se dejó claro que el precio no estaba afectado, ellos seguían explotando comercialmente lo lotes, tenían tres puestos sobre el frente del lote. PREGUNTADO: [¿] por qué les consta que esos puestos pertenecían a la señora María Z. Gutiérrez[?] CONTESTO: porque ella personalmente no[s] lo dijo. Esos puestos estaban en los lotes y atrás tenía una especie de bodega. El lote no es consolidado en el sentido que no hay un[a] edificación, prácticamente se puede hablar que juntando los tres lotes la mayoría estaba sin construir, porque el lote de mayor área estaba sin construir y la parte mas pequeña estaba construida, había una especie de casita, estaba habitada y estaban los tres locales cubiertos no tenían una adecuación que a la vista sea agradable. Los locales estaban ocupados y se vendían productos perecederos. Ellos percibían arrendamiento de ello, porque en la negociación para identificar los cánones de arrendamiento que estaban recibiendo ellos nos los comunicó (…). PREGUNTADO: [¿] recuerda usted cuál fue la última actuación administrativa en relación con los tres inmuebles de la señora Gutiérrez [?] CONTESTO: por escrito no, verbalmente sí, en compañía del secretario jurídico, del doctor Fabio Hernán Vélez, del esposo de la señora María Zulay el municipio les planteó un canon de arrendamiento con base en un avalúo comercial sobre los tres lotes de la Lonja de Propiedad Raíz, ellos en ningún momento estuvieron de acuerdo con el canon y se quedó a la espera de una respuesta por parte de ello[s].

Conforme al acervo probatorio antes referenciado la Subsección considera lo siguiente:

Acreditación de la propiedad: respecto de la acreditación de la demandante como dueña de los inmuebles alegados como presuntamente ocupados por la administración, tal como lo ha sostenido la reciente jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera(34), “solo el aporte del certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos, resulta suficiente para acreditar la propiedad sobre el bien inmueble objeto de debate, para efectos de la legitimación en causa por activa, tratándose de un proceso que se adelanta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. En efecto, obra[n] dentro del proceso 3 folios de matrícula inmobiliaria, a saber: 290-42527 (correspondiente al inmueble ubicado en la calle 29 entre carreras 7a y 8a, anotación 005); 290-9658 (del inmueble carrera 7a Nº 28-65, anotación 009) y 290-60337 (correspondiente al inmueble Calle 29 7- 53, anotación 004), por lo que se tiene por acreditado que la señora María Zulay Gutiérrez es la propietaria de los mencionados inmuebles.

Ocupación jurídica alegada por la parte demandante: de acuerdo con la comunicación suscrita por el alcalde municipal el 20 de diciembre de 1999 y dirigida a la demandante, se le informó acerca de la ocupación temporal que se requería sobre los inmueble[s] de la señora Gutiérrez, en atención al inicio de las obras que se iban a ejecutar para la remodelación de la Plaza de Mercado de Occidente de la ciudad de Pereira. En el mismo escrito también se expuso que el tiempo de la ocupación sería por el término de 9 meses contados a partir del día del traslado temporal de los comerciantes que actualmente ejercen su actividad económica en dicha plaza. Por tal motivo, y en atención a los artículos 109 y 110 del Decreto 222 de 1983, invitaban a la demandante a convenir el precio de la respectiva ocupación, aclarando que el precio se fijaba bajo los lineamientos establecidos por el Instituto Agustín Codazzi. Por último, le indicó que en el evento de transcurrir el término de un mes, contado a partir del envío de la comunicación, sin llegar a un acuerdo sobre la ocupación temporal o respecto al valor a pagar por la misma, el municipio procedería inmediatamente a ocupar bajo las condiciones legales de las normas ya mencionadas.

Pues bien, de acuerdo con la facultad que tienen los municipios para contratar, de conformidad con lo establecido por la Ley 80 de 1993, artículo 2º literal a), el municipio de Pereira, bajo los presupuestos contenidos en el Decreto Ley 222 de 1983(35), en el artículo 109(36), tiene la potestad de ocupar temporalmente los bienes privados, cuando fuere necesario para el objeto de los contratos definidos en el artículo 81 del Decreto 222 de 1983. En dicho artículo se preceptuó lo siguiente:

ART.109—En ejercicio de la función social de la propiedad, los propietarios, poseedores y tenedores de predios están obligados a permitir la ocupación temporal de los mismos cuando ella fuere necesaria para los objetos del contrato previsto en el artículo anterior(37).

La ocupación temporal de un bien inmueble, deberá limitarse al espacio y tiempo estrictamente indispensables, causando el menor daño posible.

La entidad, interesada en la obra pública respectiva, comunicará por escrito al propietario, poseedor o tenedor del bien, la necesidad de ocuparlo temporalmente indicando la extensión que será ocupada y el tiempo que durará, invitándolo a convenir el precio respectivo.

El valor de esta ocupación se convendrá teniendo en cuenta los precios que fijen peritos de la Caja de Crédito, Industrial y Minero, o en su defecto los avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, .practicados para tal fin.

Si no se obtuviere el consentimiento para la ocupación temporal o no hubiere acuerdo sobre el valor que por la misma deba pagarse, transcurrido un (1) mes a partir de la comunicación enviada por la entidad interesada, se llevará a cabo la ocupación para cuyo efecto aquella podrá solicitar el apoyo de la autoridad competente.

En todo caso, si hubiere lugar a alguna indemnización, esta será señalada siguiendo los trámites previstos en el Código Contencioso Administrativo.

Es importante destacar que la Ley 9a de 1989(38) dispuso en el capítulo X “Disposiciones varias” en su artículo 124 último inciso, que [l]as disposiciones del capítulo II del título VII del Decreto-Ley 222 de 1983(39) sobre ocupación y adquisición de inmuebles e imposición de servidumbres serán aplicables a las entidades públicas de que trata la presente ley en todo aquello que no sea contrario a la misma(40).

La Sección Tercera del Consejo de Estado(41) ha tenido oportunidad de definir la ocupación permanente o definitiva de bienes inmuebles en los siguientes términos:

La ocupación permanente o definitiva por obras públicas es un hecho dañoso reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, como fuente de indemnización de la persona que ha visto afectados sus derechos de propiedad, posesión, uso, usufructo o habitación, y está prevista legalmente como una de las causas por las que el afectado puede reclamar directamente la reparación del daño, como lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.(42)

Por lo tanto, cualquier ocupación de un predio o inmueble que tenga la virtud suficiente para limitar las atribuciones del titular del derecho de dominio, y que además tenga vocación de permanencia en el tiempo aun cuando no se busque la realización de una obra por parte de la administración, debe considerarse como ocupación en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, y merece ser reparada en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, pero con las limitaciones que para el ejercicio de la acción indemnizatoria establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Teniendo en cuenta el del acervo probatorio, del análisis conjunto de las mismas y bajo las reglas de la sana crítica, se puede concluir lo siguiente:

• La señora María Zulay, dueña de los predios, junto con su esposo y apoderado, se reunieron con algunos funcionarios de la alcaldía municipal con anterioridad a la comunicación remitida por el alcalde municipal de fecha 20 de diciembre de 1999. Esta situación se puede acreditar con las declaraciones efectuadas por el señor Vélez Acevedo, el señor Álvaro Cruz Santamaría (esposo), Liliana Pérez Duque y Adriana López Giraldo.

Las declaraciones tanto del apoderado y el esposo de la demandante son contrarias a los testimonios de Liliana Pérez Duque y Adriana López Giraldo. Los primeros, indican que en las conversaciones realizadas, inicialmente la administración propuso la compra de los bienes, mientras que las declarantes, quienes trabajaban para la administración municipal, indicaron que la oferta inicialmente era arrendar los bienes, y que fue el apoderado de la señora Gutiérrez, quien propuso la venta de estos para que los adquiera el ente municipal.

Con independencia de cuál fue la propuesta planteada por una parte o la otra, esto es, si se inició primero una negociación de los predios o en su defecto si inicialmente se iba a efectuar un negocio jurídico de arrendamiento de los mismos, finalmente se remitió a la demandante un comunicado el 20 de diciembre de 1999 informándole sobre la necesidad de ocupar temporalmente los bienes de aquélla por un término de 9 meses, contados a partir del momento del traslado temporal de los comerciantes que actualmente ejerce[n] su actividad económica en la Plaza de Mercado de Occidente.

• Ahora bien, mediante oficio del 14 de enero de 2000, la gerente de la Empresa de Renovación Urbana remitió comunicación a la parte actora informándole que para determinar la viabilidad técnica en la ejecución de las obras de remodelación de la Plaza de Mercado de Occidente, se hacía necesario ingresar a los predios para llevar a cabo el estudio de suelos. Conforme a ello solicitó autorización a la señora Gutiérrez para el ingreso de los ingenieros y su comisión para efecto de llevar a cabo la labor mencionada.

Sin embargo, no obra prueba que indique que efectivamente se efectuó el estudio de suelos por parte de la entidad liquidada, ni que los ingenieros y personas expertas hayan practicado tal estudio. Solamente obra copia de los avalúos efectuados por la Lonja de Propiedad Raíz en agosto de 2000, para determinar el precio de rentabilidad de los inmuebles de la señora María Zulay.

• El señor Álvaro Cruz Santamaría, esposo de la demandante en su declaración sostuvo que cuando estaba efectuando la negociación de los predios, la señora Liliana Pérez, le manifestó verbalmente que los mismos no podían ser vendidos, ni arrendados ni se podía gestionar alguna transacción con estos por la necesidad que tenía el municipio de ellos. También agregó que la administración no había ocupado materialmente los predios. Esto mismo lo indicó el señor Augusto Boris Cortés, quien manifestó nadie se encontraba en esos lotes, ni siquiera la alcaldía.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con el acervo probatorio, contrario a lo sostenido por el impugnante, en el presente asunto no se evidencia una ocupación material ni jurídica por parte de la administración a los predios de la señora Gutiérrez.

En efecto, la comunicación de fecha 20 de diciembre de 1999 dirigida a la señora María Zulay, indicaba la necesidad de ocupar temporalmente sus bienes identificados en el escrito, por un periodo de tiempo de 9 meses y estableciendo el momento en que se efectuaría dicha ocupación (dando cumplimiento a lo establecido en inciso 2º y 3º del artículo 109 del Decreto 222 de 1983), lo cierto es que para aquella fecha no se efectuó convenio alguno respecto del precio por la ocupación que se iba a efectuar (inc. 4º) ni tampoco se procedió conforme a lo establecido en el inciso 5º del mismo artículo, esto es, si “no se obtuviere consentimiento para la ocupación temporal o no hubiere acuerdo sobre el valor que por la misma deba pagarse, transcurrido un mes a partir de la comunicación enviada por la entidad interesada, se llevará a cabo la ocupación para cuyo efecto aquella podrá solicitar el apoyo de la autoridad competente”.

Conforme a ello, se evidencia que no existió una ejecución material de la ocupación alegada por la parte demandante. Si bien es cierto que la entidad demandada transcurrido un mes desde el momento en que envió la comunicación procedería a la ocupación de predio, bien sea porque no obtuvo consentimiento de la demandante o porque no se llegó a ningún acuerdo sobre el precio correspondiente a la ocupación, esta no se efectuó.

Si bien no hubo una manifestación de la parte demandante en oponerse a la ocupación, ni tampoco se fijó el precio de la ocupación, también es cierto que de acuerdo con el acervo probatorio, no existió una ocupación de los predios por parte de la alcaldía consistente en la reubicación de los comerciantes de la Plaza de Mercado de Occidente a los tres predios de la señor María Zulay Gutiérrez.

De la declaración del esposo de la demandante(43) y de las señoras Liliana Pérez Duque y Adriana López Giraldo, se evidencia que efectivamente no existió ocupación de hecho por parte de la Administración local. Lo anterior significa que el municipio de Pereira no procedió a trasladar a los comerciantes de la Plaza de Mercado de Occidente a los predios de la señora Gutiérrez, por cuanto no continuó con el procedimiento establecido en el artículo 109 del Decreto Ley 222 de 1983.

Incluso, la declaración del señor Augusto Boris Cortés, quien para el momento de la declaración era el presidente del sindicato de la Plaza de Mercado de Occidente, fue enfático en afirmar que no hubo traslado a los predios contiguos de la plaza de mercado, por cuanto la administración no llegó a un acuerdo con los comerciantes, debido a que no les iba a efectuar mejoras en los predios que temporalmente iban a ocupar, mientras se realizaban las remodelaciones o adecuaciones necesarias a las instalaciones de la plaza de mercado.

Ahora bien, en cuanto a la ocupación jurídica alegada por la parte demandante, si bien se envió una comunicación por parte del alcalde municipal en atención a la necesidad de ocupar los bienes de la propiedad de la parte actora, el procedimiento contemplado en el Decreto Ley 222 de 1983 artículo 109 no culminó, y esto es concluye por cuanto no obra prueba de ello.

Alega la parte actora que se ocupó jurídicamente sus inmuebles, porque se le imposibilitó a la señora Gutiérrez disponer de ellos y explotarlos económicamente. Pese a ello, no obra ningún medio probatorio que indique que la administración le limitó el derecho de propiedad a la demandante, por cuanto nunca se concretó la ocupación del bien. Si se pretende establecer que el impedimento para ejercer su derecho de propiedad se concretó una vez expedida la comunicación o pasado el mes que el artículo 109 del Decreto 222 de 1983 estableció como término para ejercer la ocupación, fácticamente es imposible que se haya generado el daño, por cuanto no se surtió el procedimiento establecido en el artículo 109 del Decreto 222 de 1983 y si se observa, solo hasta el mes de agosto de 2000 se procedió por parte de la Lonja de Propiedad Raíz a fijar precio de rentabilidad de los inmuebles de la demandante, por lo que implica que el procedimiento hasta esa fecha tampoco había culminado o concretado.

Respecto de la limitación o afectación a la propiedad, tal evento se encuentra regulado por el artículo 37(44) de la Ley 9a de 1989, situación que consiste en que cuando se afecte un bien inmueble, debe ser notificado al propietario e inscribir en el folio de matrícula dicha afectación y no tendrá plena validez si el inmueble no es adquirido por la entidad pública. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la ley mencionada, último inciso, entiéndase por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental.

Si se observan los folios de matrícula inmobiliaria en donde se indica las propiedades de la señora María Zulay Gutiérrez, no se encuentra anotación alguna que demuestre que los predios fueron afectados o que se haya limitado su derecho de propiedad. Por el contrario, lo que puede concluirse de su lectura es que los inmuebles se encuentran activos, sin limitación o afectación de los derechos que como propietaria radican en ella. Por otra parte, el impugnante en su escrito de recurso sostuvo que el hecho de haberle advertido a la parte de la demandante sobre la necesidad de sus predios para el traslado de los comerciantes de la plaza de mercado, las visitas de los topógrafos y funcionarios, el ofrecimiento de dinero, genera una reacción inmediata en los propietarios de los bienes, conforme al principio de confianza legítima y buena fe.

Con relación al principio de buena fe, cabe recordar que es considerado como un principio general del derecho, consagrado en el artículo 83 de la Carta Política, el cual gobierna las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de fuentes colombiano(45).

Este principio se ha entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada y a él deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas, de tal forma que estas resulten congruentes con el comportamiento leal, fiel y honesto que le es exigible a la administración y a los particulares, pero que adquiere un grado mayor de exigencia en tratándose de la autoridad pública, en razón a su poder, posición dominante y garante de las finalidades del Estado y de los derechos de los particulares(46), de manera que la buena fe debe orientar “el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico”(47).

Con esta lógica, es entendible que del principio general de buena fe emanen diferentes reglas o sub-principios, íntimamente relacionados entre sí pero con identidad propia, dentro de los cuales se encuentran la confianza legítima y respeto por el acto propio (venire contra factum proprium).

La Corte Constitucional ha considerado que la confianza legítima(48)

“Es este un principio que debe permear el derecho administrativo, el cual, si bien se deriva directamente de los principios de seguridad jurídica (arts 1º y 4º, C.P.), de respeto al acto propio(49) y buena fe (art. 83, C.P.), adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado. Es por ello que la confianza en la administración no solo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible.

Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse. Al respecto la Corte ha dicho:

“Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (C.P., art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política”(50).

Lo anterior no significa que las autoridades están impedidas para adoptar modificaciones normativas o cambios políticos para desarrollar planes y programas que consideran convenientes para la sociedad. La aplicación del principio de la buena fe lo que significa es que la administración no puede crear cambios sorpresivos que afecten derechos particulares consolidados y fundamentados en la convicción objetiva, esto es fundada en hechos externos de la administración suficientemente concluyentes, que dan una imagen de aparente legalidad de la conducta desarrollada por el particular.

Ahora bien, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los administrados no se protegen garantizando la estabilidad de actos u omisiones ilegales o inconstitucionales sino a través de la compensación, no necesariamente monetaria, del bien afectado. Igualmente, este principio tampoco significa “ni donación, ni reparación, ni resarcimiento, ni indemnización, como tampoco desconocimiento del principio de interés general”(51).

Así las cosas, el principio de confianza legítima tendrá tres presupuestos. En primer lugar, la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; en segundo lugar, una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; por último, la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad. Por lo tanto, el principio de la buena fe exige a las autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico, como quiera que “así como la administración pública no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas”(52).

De acuerdo con la actuación de la administración de Pereira, correspondiente al envío de un oficio en donde inicialmente se estaba poniendo en conocimiento a la señora Gutiérrez sobre la necesidad de ocupar temporalmente sus lotes, esto es, imponerle una carga, previa indemnización o pago por la presunta ocupación, no se concretó tal supuesto fáctico. En efecto, lo que plantea la parte impugnante con dicho argumento es que el daño consistió en que no se generó un daño, cual era la ocupación y por ende el pago por dicha actuación que la administración posteriormente no culminó. No puede establecerse que una legítima expectativa de la demandante consistió en que fueran ocupados sus bienes y que por tal ocupación se obtendría un pago. Por cuanto lo que debe esperar esta es que su derecho a la propiedad no sea limitado, condicionado o disminuido en su ejercicio, que corresponde a que ni la administración ni un tercero, vulnere tal derecho, ni le modifique su situación jurídica.

Lo que evidentemente observa la Subsección, es que se está en presencia de una ausencia de daño. Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(53) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(54) tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo(55).

En cuanto al daño, se ha establecido que comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(56) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(57); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(58); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(59), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos(60); y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(61), o de la cooperación social(62).

En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la:

“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(63).

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(64).

Se ha establecido que el daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(65), anormal(66) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(67).

En efecto, tal como lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, el primer elemento requerido dentro del juicio de responsabilidad es el daño(68). Además de su carácter antijurídico(69), este debe ser personal(70) y cierto(71).

El daño indemnizable deber ser cierto y no eventual; sobre este último “(…) es aquel cuya existencia dependerá de la realización de otros acontecimientos extraños al hecho ilícito en cuestión, que concurren con este a la formación del perjuicio. A diferencia del daño eventual, tanto el daño actual como el futuro deben ser ciertos, entendiéndose por ello que la existencia de los mismos debe constar de manera indubitable mediante la comprobación de la vulneración de un derecho subjetivo del demandado y no depender esta vulneración de otros acontecimientos que puedan o no producirse con posterioridad”(72).

Al respecto, la Sección Primera de esta corporación sostuvo que “[e]l carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético, estocástico o contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna duda acerca de su advenimiento [...]”(73).

Siendo el daño el primer requisito de los presupuestos de la responsabilidad del Estado, en el presente asunto no se evidencia el mismo. Lo anterior se sustenta en que la demandante alegó que los predios de su propiedad fueron ocupados jurídicamente y que por tal motivo se impidió o limitó el ejercicio del derecho de propiedad sobre aquellos. Sin embargo, se reitera, los predios no fueron ocupados materialmente por la alcaldía municipal, puesto que no se llegó a culminar el procedimiento establecido en el artículo 109 del Decreto Ley 222 de 1983, esto es, ocuparlo un mes transcurrido el envío de la comunicación, en atención a la inexistencia de manifestación del consentimiento de la parte actora en ocupar, o porque no hubo acuerdo en el precio que debía cancelarse.

Adicionalmente tampoco existió una ocupación jurídica por parte de la administración, por cuanto no se evidenció por ningún medio probatorio, la limitación al derecho a la propiedad, ya que la limitación o afectación de tal derecho, debe quedar inscrita en el registro de instrumentos públicos para el efecto.

Por lo tanto, la parte demandante no cumplió con las exigencias del artículo 177(74) del CPC, y, en acatamiento del mismo, es menester reiterar la observancia de la carga procesal que le atañe a la parte demandante de probar en sede de acción de reparación directa los requisitos configurativos de la responsabilidad y los fundamentos de hecho de la demanda como noción procesal que se basa en el principio de autorresponsabilidad de las partes y como requerimiento de conducta procesal facultativa predicable de todo aquel a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable(75).

6. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE

1. CONFÍRMESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda de fecha 11 de noviembre de 2004.

2. Sin condena en costas.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 De conformidad con el artículo 129 del CCA, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

5 El Decreto 597 de 1988 dispuso que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 2002 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $36.950.000. En el sub lite se instauró la demanda el día 21 de febrero de 2002, cuya pretensión mayor ascendió al valor total de $150.000.000 por concepto del lucro cesante. Lo anterior se sustenta en que la parte actora en las pretensiones solicitó el pago de seis millones de pesos mensuales que ha dejado de percibir desde el 20 de enero hasta el momento de la presentación de la demanda. Haciendo el cálculo del tiempo que ha transcurrido, desde el 20 de enero de 2000 hasta el 21 de febrero de 2002 (fecha de presentación de la demanda) transcurrieron 25 meses. Esta cifra multiplicada por seis millones de pesos corresponde a $150.000.000. Por tal razón, la acción es susceptible de ser tramitada en segunda instancia.

6 “(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su jurisprudencia— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’” (…). Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada (…)”. Sentencia 9 de febrero de 2012, expediente 21060.

7 En sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera de 17 de octubre de 2013, expediente 23354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 52001233100019967459-01, se estableció que con fundamento en el artículo 164 del Decreto 1 de 1984 (CCA) el juez está en la obligación de decidir sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que se encuentre probada en el caso en concreto, y si bien, la norma establece que tal conducta se realizará sin perjuicios de la reformatio in pejus, lo cierto es que para poder desbordar dicho principio que no es absoluto, debe configurarse aquella causal en el evento en que no se cumplan con los presupuestos consagrados en el artículo 90 de la Carta Política. Así lo mencionó: “mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada —además de la antijuridicidad del mismo, claro está—, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al juez de lo contencioso administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada”.

8 Radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01, M.P. Enrique Gil Botero. En sentencias anteriores a la mencionada, se ha tenido la misma fundamentación respecto de las copias simples; ver por ejemplo sentencias de 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; 31 de agosto de 2006, expediente 28448; 21 de mayo de 2008, expediente 2675; 13 de agosto de 2008, expediente 35062, 18 de enero de 2012, expediente 19920, entre otras.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 18 de enero de 2012, expediente 19920; 12 de noviembre de 2014, expediente 30079; 26 de marzo de 2014, expediente 29196, entre otras.

10 Sentencia Sala Plena de Sección Tercera, 28 de agosto de 2013, radicado 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), M.P. Enrique Gil Botero.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de enero de 2012, expediente 19920. “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso. (…) resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no solo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple, sino que además admitió a este último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás, hubiere significado la trasgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse a una situación creada anteriormente por su propia conducta”.

12 Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Probatorio. Editorial Temis: Bogotá;1998. Al mencionar los principios de la prueba el autor sostiene que: “(…) A) Adquisición: este principio también llamado de comunidad, consiste en que la prueba, como acto procesal que es, pertenece al proceso y no al sujeto del cual proviene. Cualquiera que sea el sistema imperante en el ordenamiento procesal, las partes tienen iniciativa probatoria, o sea, el derecho de solicitarle al juez que decrete determinado medio probatorio, pero los resultado[s] de este, vale decir, el grado de credibilidad que produzca en relación con los hechos, le pertenece al proceso. Es factible por consiguiente, que una parte pida y obtenga se decrete una prueba y demuestre un hecho que le es perjudicial, sin que por ello pueda desistir o prescindir de ella. Por esta razón el Código de Procedimiento Civil solo permite desistir de las pruebas antes de practicarlas, de conformidad con lo establecido en el artículo 344, excepto la documental cuando se tacha por la contraparte (…)”.

13 Sentencia Corte Constitucional T-352 de 2012.

14 El sistema de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, en el cual se exige únicamente una certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es decir, no se requiere la expresión de las razones de esta. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados jurados de conciencia o jueces de hecho en los procesos penales en algunos ordenamientos jurídicos. Sentencia Corte Constitucional C-202 de 2005.

15 En este sistema, la ley establece taxativamente el medio de prueba exigido para acreditar determinados hechos o actos y el valor de las pruebas, de manera que el juez solo aplica la ley sin que se requiera un razonamiento diferente al realizado por el legislador. Sentencia Corte Constitucional C-202 de 2005.

16 “(…) i) la lógica con sus principios de identidad (una cosa solo puede ser igual a sí misma); de contradicción (una cosa no puede ser explicada por dos proposiciones contrarias entre sí); de razón suficiente (las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su existencia); del tercero excluido (si una cosa únicamente puede ser explicada dentro de una de dos proposiciones alternativas, su causa no puede residir en una tercera proposición ajena a las dos precedentes)”. Gonzalez Castillo, Joel. La fundamentación de las sentencias y la sana crítica. Revista chilena derecho, Santiago, 33(1), abr. 2006. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006&lng=es&nrm=iso>. Accedido en 15 enero 2015. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372006000100006.

17 “(…) los conocimientos científicamente afianzados”. Gonzalez Castillo, Joel. La fundamentación de las sentencias y la sana crítica. Revista chilena derecho, Santiago, 33(1), abr. 2006. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006&lng=es&nrm=iso>. Accedido en 15 enero 2015. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372006000100006.

18 “(…) las máximas de experiencia o “reglas de la vida”, a las que el juzgador consciente o inconscientemente recurre”. Gonzalez Castillo, Joel. La fundamentación de las sentencias y la sana crítica. Revista chilena derecho, Santiago, 33(1), abr. 2006. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006&lng=es&nrm=iso>. Accedido en 15 enero 2015. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372006000100006.

19 Corte Constitucional, Sentencia C-622 de 4 de noviembre de 1998. Posición reiterada en sentencia de la misma corporación C-202 de 2005.

20 Posición sobre la sana crítica puede observarse en sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C de 6 de marzo de 2013, expediente 24884 y 35670; 11 de julio de 2013, expediente 34435; 12 de agosto de 2013, expediente 27475; 26 de septiembre de 2013, expediente 38928; 21 de noviembre de 2013, expediente 27983.

21 Gonzalez Castillo, Joel. La fundamentación de las sentencias y la sana crítica. Revista chilena derecho, Santiago, 33(1), abr. 2006. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006&lng=es&nrm=iso>. Accedido en 15 enero 2015. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372006000100006.

22 Couture, Eduardo. Estudios de derecho procesal civil. Buenos Aires: Ediciones Depalma; 1979, T. II, p. 478.

23 Ibídem.

24 Sentencia Corte Constitucional C-202 de 2005.

25 Ver por ejemplo sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de 10 de agosto de 2006, expediente 15338; 4 de octubre de 2006, expediente 15351; 7 de mayo de 2008, expediente 16922, entre otras.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera de 28 de junio de 1994, expediente 6806 y de 25 de junio de 1992, expediente 6947.

27 Al respecto cabe tener en cuenta la sentencia del 13 de febrero de 1992, expediente 6643, en la cual se reconoció indemnización porque al propietario de un inmueble se le limitó el ejercicio de su derecho de dominio y posesión sobre sus predios por causa de la declaración de parque natural, con lo cual se le impidió vender, gravar o explotar económicamente su bien. De igual manera, en sentencia proferida el 25 de junio de 1992, en el proceso 6974, se reconoció indemnización por la limitación por parte del Inderena a los derechos de propiedad y posesión de los demandantes sobre un predio, al prohibir la explotación agropecuaria del mismo sin reconocer suma alguna de dinero como compensación por los perjuicios sufridos.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de mayo de 2001, expediente 11783.

29 Referencia de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A de 9 de mayo de 2012, expediente 21906.

30 Mediante sentencia de 3 de diciembre de 2007, expediente 16503, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió, en segunda instancia, proceso iniciado con ocasión de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de un acuerdo municipal que afectó, por motivo de utilidad social, un predio urbano de propiedad de los actores en ese proceso.

31 Vale destacar que la Ley 9ª de 1989 precisó el momento a partir del cual se empieza a correr el término para presentar la demanda en tales eventos: “ART. 22.—Transcurrido un mes sin que la entidad expropiante hubiere expedido la resolución por la cual se resuelve el recurso de reposición, este se entenderá negado, y quedará en firme el acto recurrido. Incurrirá en causal de mala conducta el funcionario que no resuelva el recurso oportunamente. Pasado dicho término no se podrá resolver el recurso interpuesto. El término de caducidad de cuatro (4) meses de la acción de restablecimiento del derecho empezará a correr a partir del día en el cual quede en firme el acto recurrido. Contra la resolución que ordene una expropiación en desarrollo de la presente ley procederán las acciones contencioso-administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho ante el tribunal administrativo competente, en única instancia. En estas acciones no procederá la suspensión provisional del acto demandado. El tribunal administrativo deberá dictar sentencia definitiva dentro del término máximo de ocho (8) meses, contados desde la fecha de la presentación de la demanda. El proceso contencioso-administrativo terminará si transcurrido el término anterior no se hubiere dictado sentencia. Si la acción intentada fuere la de simple nulidad, ésta deberá interponerse dentro del mismo término de caducidad de la acción de restablecimiento del derecho para que proceda la abstención de que trata el artículo siguiente”.

32 Sobre la ocupación jurídica de un bien, se ha referido la Sala en las sentencias de 10 de agosto de 2005, expediente 15338; 3 de octubre de 2006, expediente 14936; 4 de diciembre de 2006, expediente 15351; 7 de mayo de 2008, expediente 16922, y 10 de junio de 2009, expediente 15817.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 18161.

34 Sentencia de 12 de mayo de 2014, expediente 23128, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sostuvo la providencia: “(…) de la sola certificación, entendida como la constancia o fe que expide el registrador acerca de la situación jurídica de los bienes sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas (D.L.1250/70, art. 54), sin duda constituye prueba suficiente, para el caso que aquí se examina, de la titularidad del derecho de dominio que se pretende hacer valer, puesto que en ese documento se hace constar tanto la persona que figura como titular de ese derecho —valor constitutivo del derecho de dominio de la inscripción (modo de transferir el dominio)— como que esa constancia se fundamenta en la realización de un acto de registro del título, el cual goza de una presunción de legalidad y legitimidad registral que debe necesariamente observarse y acatarse mientras no se demuestre —a través de los medios legales previstos para ello— lo contrario, en el entendido en que previamente se ha surtido todo un procedimiento especial, jurídico y técnico mediante el cual el registrador ha recibido, examinado, calificado, clasificado y finalmente inscrito el respectivo título (…) Por consiguiente, si para proferir el acto administrativo por medio del cual se registra un título, se le exige al registrador verificar que el título que se pretenda inscribir conste en una escritura pública, la certificación que ese mismo funcionario expida, en la cual haga constar esa inscripción, permite tener por acreditada la existencia de ese título, cumpliendo de esta manera con el imperativo dispuesto en el artículo 265 del CPC (…) De manera que si la certificación que expide el registrador es un documento público en el cual se tienen por ciertas las declaraciones que dicho funcionario realice y ocurren que en ese documento se hace constar la existencia e inscripción de una escritura pública que sirvió como título traslaticio de dominio, debe tenerse por cierta esa afirmación, sin que por ello deba concluirse que se está supliendo un documento ab substantiam actus por otro medio probatorio (…)”.

35 Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones.

36 El artículo 81 de la Ley 80 de 1993, respecto de la derogatoria y vigencia, estableció de manera expresa que partir de la vigencia de la presente ley, quedan derogados “(…) el Decreto ley 222 de 1983, excepción hecha de los artículos 108, 109, 110, 111, 112 y 113 (…)”.

37 El artículo 108 del Decreto Ley 222 de 1983 dispone lo siguiente: De conformidad con las leyes vigentes, considérense de utilidad pública para todos los efectos legales la adquisición y la imposición de servidumbres sobre bienes inmuebles de propiedad particular, cuando tal adquisición o imposición de servidumbres sean necesarias para la ejecución de los contratos definidos en el artículo 81 de este estatuto. Por su parte, el artículo 81 del mismo estatuto contractual preceptúa que “son contratos de obras públicas los que se celebren para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público”.

38 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.

39 Debe entenderse que se trata realmente del título VIII capítulo 3 del Decreto 222 de 1983.

40 El artículo 12 Ley 2a de 1991 modificó el último inciso del artículo 124 al preceptuar que “Los contratos que se celebren para la adquisición de bienes inmuebles urbanos y suburbanos por el mecanismo de enajenación voluntaria por parte de las entidades públicas en desarrollo de los fines previstos en el artículo 10 estarán sujetos únicamente a los requisitos señalados en la presente ley y disposiciones que la reglamenten”. Conforme a ello, es una norma que no se aplica para el presente asunto, ya que se trata de adquisición de bienes por la enajenación voluntaria de los mismos.

41 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, 9 de febrero de 2011, expediente 38271.

42 Consejo de Estado, Sección tercera, Auto de 9 de abril de 2008, expediente 3756.

43 El señor Álvaro Cruz Santamaría indicó lo siguiente: “PREGUNTADO: [¿] Sabe usted si jurídica o legalmente estos inmuebles de los que se ha venido hablando, fueron sacados del comercio en razón a la comunicación citada por usted citada anteriormente [?] CONTESTO: No, lo único es lo que se ha hablado verbalmente.

44 Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta una máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia.
Derogado por el artículo 73, Ley 1682 de 2013. El registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho. Ver artículo 19 Decreto Nacional 2400 de 1989
En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de nueve (9) años.
La entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta celebrará un contrato con el propietario afectado en el cual se pactará el valor y la forma de pago de la compensación debida al mismo por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La estimación de los perjuicios será efectuada por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” o la entidad que cumpla sus funciones, en los términos previstos en la presente ley. Para los efectos de la presente ley, entiéndese por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental (resaltado fuera de texto)

45 Corte Constitucional, Sentencia T- 180 de 16 de marzo de 2010, M. La posición sobre la buena fe y el principio de confianza legítima que la administración tiene el deber de respetar y garantizar proviene de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C de 12 de noviembre de 2014, expediente: 27578.

46 Artículo 2º constitucional.

47 Corte Constitucional, sentencia C- 131 de 19 de febrero de 2004.

48 Sentencia SU-360 de 1999.

49 Ver sentencia T-295 de 1999.

50 Sentencia C-478 de 1998. Sobre este tema también pueden consultarse las sentencias T-398 de 1997, T-576 de 1998 y SU-260 de 1998.

51 Sentencia T-617 de 1995.

52 Ibídem.

53 “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado” Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

54 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expediente 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) este sea imputable a la acción u omisión de un ente público” Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

55 “Toda acción administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico. Solo en la medida en que pueda ser referida a un precepto jurídico o, partiendo del precepto jurídico, se pueda derivar de él, se manifiesta esa acción como función jurídica, como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto jurídico tiene que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción administrativa. Si una acción que pretende presentarse como acción administrativa no puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante acción, no podrá ser comprendida como acción del Estado” Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México: Edinal; 1975, pp. 212 y 213.

56 “[…] el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleon, Fernando. Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en Afduam, 2000(4), p.185. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las administraciones públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión” Martin Rebollo, Luis. La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas,en Badell Madrid, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al Prof. Luis H. Farias Mata). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp.278 y 279.

57 Larenz. Derecho de obligaciones, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra: Thomson-Civitas; 2011, p. 329.

58 Sconamiglio, R. Novissimo digesto italiano, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas: 2011, p.329.

59 “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”., ob., cit., p.186.

60 “[¿] Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? (…) el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación” Mill, John Stuart. Sobre la libertad, 1ª reimp., Alianza: Madrid, 2001; pp.152 y 153.

61 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando.“La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción, próximo a publicación.

62 Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado (…) El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas” Rawls, John. Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp. Fondo de Cultura Económica: Bogotá; 1996, p.279.

63 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, 2000(4), p.168.

64 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.298.

65 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

66 “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166.

67 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

68 Cfr. Sentencias de 11 de noviembre de 1999, expediente 11499 y del 27 de enero de 2000, expediente: 10867. De acuerdo con la doctrina, el daño es el “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”. Larenz. Derecho de obligaciones, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra: Thomson-Civitas; 2011, p.329. También puede definirse como la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”. Sconamiglio, R. Novissimo digesto italiano, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra: Thomson- Civitas; 2011, p.329

69 Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13168. En relación con la naturaleza del daño antijurídico, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que “ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario”. Sentencia de 27 de septiembre de 2000, expediente 11601. “(…) en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico”. Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, entre otras. La jurisprudencia nacional ha definido tal concepto como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”, en otros términos, aquel que se produce a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, aclaración de voto de Enrique Gil Botero de 30 de julio de 2008, expediente 15726.

70 Sentencia de 15 de julio de 2000, expediente 15800.

71 Sentencia de 15 de julio de 2000, expediente 15800.

72 Brebbia, Roberto H. Daños Patrimoniales y daños morales. En: José N. Duque Gómez. Del Daño, Editora Jurídica de Colombia, s.l., 2001, pp. 53 y 54. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 17179 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

73 Sección Primera, sentencia de 10 de marzo de 2011, expediente 03941.

74 “[...] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”

75 “La carga de la prueba es una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autoresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos […]”. Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Librería Ediciones del Profesional Ltda.; 2004, p. 242. Y, “[…] Frente a las partes, se afirma que la carga de la prueba es una norma de conducta para estas porque indirectamente les señala los hechos que a cada una le interesa probar si quiere sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable [...]”. Betancur Jaramillo, Carlos. De la prueba judicial, Ed. Dike; 1982, p. 47. Posición reiterada en sentencia de 16 de julio de 2008, expediente 29221.