Sentencia 2002-00414 de octubre 11 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2002-00414

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Acción: Nulidad

Actor: Pedro Antonio Villamizar Capacho

Bogotá, D.C., once de octubre de dos mil seis.

El ciudadano Pedro Antonio Villamizar Capacho, quien obra en nombre propio, en ejercicio de la acción de nulidad, de que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, instauró demanda contra la expresión “prescribe en dos (2) años”, consagrada en el numeral 34 del Decreto 791 de 5 de abril de 1979, “por el cual se aprueba el reglamento de “procesos administrativos por pérdidas o daños de los bienes destinados al servicio del ramo de defensa nacional”, expedido por el Gobierno Nacional.

I. Fundamentos de derecho.

En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Que el acto acusado viola el artículo 6º de la Constitución Política, porque está limitando la responsabilidad constitucional, cuando esta es ilimitada, más cuando se trata de responsabilidad administrativa.

Considera que se vulnera el artículo 89, ibídem, porque la protección de los derechos individuales o de grupo implica la de los bienes del Estado en debida forma y ello conlleva la expedición de normas que propendan por su conservación y le permitan al Estado iniciar en todo tiempo las acciones administrativas pertinentes contra el servidor público que se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones.

Señala que en desarrollo de los principios constitucionales de protección a los bienes del Estado se encuentran los artículos 55 de la Ley 80 de 1993 y 9º de la Ley 610 de 2000, que en materia de prescripción guardan equidad en cuanto a la responsabilidad atribuida a los servidores públicos, normas estas que consagran una prescripción de 20 años y 5 años, respectivamente, de lo cual se concluye que el Estado colombiano está obligado constitucionalmente a proteger los bienes no solo de los particulares sino los públicos.

Estima que el decreto acusado consagra un término de prescripción muy corto que hace nugatoria la posibilidad del Estado de hacer efectivos los derechos; y de los particulares que han depositado su confianza en las autoridades para su efectiva protección.

II. Trámite de la acción

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

(sic)II. Contestación de la demanda.

La Nación —Ministerio de Defensa Nacional— se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda, no obstante lo cual no la contestó ni hizo uso del derecho de alegar de conclusión.

III. Alegato del Ministerio Público

La agencia del Ministerio Público, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque, en su opinión, el término de prescripción de la acción administrativa especial, a que se refiere la norma demandada, no puede considerarse corto, dada la naturaleza de la misma acción, su alcance y objetivos; además de que el término para adelantar el respectivo informativo y adoptar la decisión es de 15 días hábiles.

IV. Consideraciones de la Sala

Sea lo primero advertir que el Decreto 791 de 1979 contentivo de la norma acusada fue dictado con fundamento en el artículo 66 del Código de Régimen Político Municipal, según el cual todo lo relativo a la administración general de la República, que no esté expresamente atribuido a otros poderes públicos conforme a la Constitución y a las leyes, corresponde al Presidente, lo que pone de manifiesto que por su naturaleza su enjuiciamiento corresponde a esta jurisdicción.

El numeral 34 del Decreto 791 de 1979, es del siguiente tenor:

“Prescripción.

a) La acción administrativa por pérdidas o daños de los bienes de propiedad del ramo de defensa, prescribe en dos (2) años, contados a partir de la fecha en que ocurrió la novedad o se tuvo conocimiento del hecho en infracciones continuadas. Este término se interrumpe, con el fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, principiará a correr de nuevo desde el día de la interrupción, por un lapso igual” (la expresión resaltada en negrilla, fuera de texto, constituye el aparte acusado).

A juicio de la Sala, se quebranta el artículo 6º de la Carta Política, en la medida en que el mismo consagra el principio general de responsabilidad para los particulares y funcionarios públicos por infringir la Constitución y la ley y, frente a estos últimos, además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De tal manera que cualquier disposición alusiva al fenómeno de la caducidad solo puede estar establecida en la ley.

En efecto, el numeral cuestionado forma parte de un trámite dentro de una actuación o procedimiento administrativo que se adelanta con miras a determinar responsabilidad de quienes tienen a su cargo los bienes del ramo de la Defensa Nacional. Por tal razón esa regulación solo puede estar contenida en un código o en una ley especial, que por mandato constitucional corresponde expedir al Congreso de la República.

Así pues debe la Sala acceder a declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad del numeral 34 del Decreto 791 de 1979, expedido por el Gobierno Nacional.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de octubre de 2006.

Magistrados: Gabriel Eduardo Martelo—Camilo Arciniegas Andrade—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Martha Sofía Sanz Tobón.

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