Sentencia 2002-00431/28953 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 70012331000200200431-01 (28953)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: Martín Sandoval Rozo

Demandado: Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil - Consejo Nacional Electoral

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014).

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad pública demandada, en contra de la sentencia que accedió que accedió a las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(4), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2. Asunto que la sala debe resolver.

La sala entra a considerar el recurso de apelación interpuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil, contra la sentencia de 4 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, con miras a establecer si el daño alegado resulta imputable a la entidad pública. De ser ello así, la sentencia habrá de ser confirmada.

La sala debe anotar, además, que los motivos de inconformidad expuestos en la alzada, como la “inoponibilidad de la sentencia de nulidad electoral”, “violación al debido proceso” y “error en la interpretación de la legislación electoral”, están dirigidos a controvertir la decisión proferida dentro de la acción electoral, lo que a todas luces deviene en improcedente, comoquiera que no hace parte de la causa petendi del sub lite

2.1. Hechos probados,

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad público demandada, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal y los testimonios recibidos en el curso del presente asunto, pues se trata de pruebas decretadas y practicadas dentro de las oportunidades procesales.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.1.1. El 5 de noviembre de 2000, el señor Martín Sandoval Rozo instauró demanda electoral, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 4 de 5 de noviembre de 2000, mediante la cual se resolvió una reclamación elevada por el señor Wilmer Vitelio Ereo Navarro, relativa al conteo de votos.

Según el accionante, el acto administrativo debía anularse, como aconteció, por falsa motivación y desviación de poder, por i) indebida aplicación de la causal 5ª del artículo 192 del Código Electoral, “ya que el texto de esa norma se refiere es al potencial o censo electoral de cada mesa de votación y no del registro efectivo de votantes o personas que realmente sufragaron” y ii) haber excluido mesas de votación que no fueron objeto de reclamación por el señor Ereu Navarro.

El 18 de abril de 2002, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió sentencia favorable a las súplicas, fundado en el Consejo Nacional Electoral interpretó de manera indebida la norma aplicable y resolvió asuntos que no fueron solicitados por el peticionario. Del contenido de la decisión se transcriben los siguientes apartes:

Los delegados del Consejo Nacional Electoral, el día 5 del 2000 (sic) profieren la Resolución 4, “por la cual se resuelve una reclamación del señor Wilmer Vitelio Ereu Navarro. En el considerando de la misma, señalan que conforme al inciso 1º, artículos 192 y 193 del Código Electoral resuelven. En este punto cabe señalar y precisar que le hace falta motivación al acto administrativo pues no evidencia cuál de las causales señaladas para realizar las reclamaciones se encuentra basada la resolución objeto de controversia.

Ahora bien, lo delegados del Consejo Nacional Electoral resuelven excluir del escrutinio general las mesas de votación 10 en la cabecera del municipio de Arauquita, mesa 1 de la Esmeralda en el municipio de Arauquita y mesa 2 de Brisas del Caranal jurisdicción del municipio de Arauquita.

Aquí se evidencia el segundo error cometido por los delegados, pues la mesa 1 de la Esmeralda en ningún momento fue solicitada su exclusión, pues si bien el señor Ereu Navarro la relacionó en los hechos, en su petición no la mencionó, lo cual permite precisar que los delegados excluyeron del escrutinio general una de las mesas que no fue solicitada por el reclamante.

La Sala manifiesta, por otra parte que la resolución en comento se encuentra vaciada de nulidad, por cuanto los motivos que la llevaron a su promulgación no fueron interpretados de una forma adecuada, tanto por el reclamante como por los delegados del Consejo Nacional Electoral (…), pues confunden dos temas distintos, de una parte registro de votantes y votos registrados y contados, con el tema relacionado con el potencial electoral.

En el primer caso, cuando se presenta diferencia entre el registro de votantes y el número de votos se procede a echarlos de nuevo a la urna, moverlos y sacar el número sobrante al azar, destruyéndolo tal como lo contempla el artículo 135 del Código Electoral.

En el segundo caso, cuando los votos reales superan el potencial electoral se procede a excluir del escrutinio general la mesa donde se haya presentado dicha causal, esto no es más que desarrollo de la causal 5º del artículo 192 del C.E. ya referido.

En el caso concreto nos encontramos ante la primera situación planteada, es decir que el registro de votantes no coincide con los votos registrados, pero se le dio a este hecho los efectos y consecuencias de la segunda hipótesis que los votos reales superaban el potencial de votantes o en palabras del Código Electoral que los sufragantes de cada mesa exceda el número de ciudadanos que podía votar.

Aprecia la Sala que el que induce en este error de apreciación es el reclamante en ese momento Wilmer Vitelio Ereu Navarro, pero los delegados del Consejo Nacional, previo a resolver, debían constatar el procedimiento establecido en el artículo 135 del C.E., con la situación fáctica que encontraron y no darle los efectos de una situación ostensiblemente diferente, cuando el registro de votantes no coincide con los votos (un vez se realice el conteo), se debe proceder a destruir los sobrantes, pero por ninguna razón las mesas donde se hayan (sic) presentado esta situación se debe excluir del escrutinio general los votos para la asamblea departamental de Arauca, tal como aconteció.

De conformidad con lo expuesto, el tribunal i) declaró no probadas las excepciones propuestas por el señor Wilmer Vitelio Ereu Navarro; ii) declaró la nulidad de la Resolución 4 de 5 de noviembre de 2000, proferida por los delegados del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil; iii) ordenó el conteo de votos, en las elecciones del 29 de octubre de 2000, para la escogencia de diputados a la asamblea del departamento de Arauca, periodo constitucional 2001-2003, con el objeto de computar e incluir en favor de todos y cada uno de los candidatos los votos obtenidos válidamente en las mesas de votación 1, 2 y 10; iv) se abstuvo de pronunciarse sobre la nulidad de la elección del señor navarro y v) denegó las demás pretensiones de la demanda (fls. 107-138 cdno. 2).

2.1.2. El 6 de septiembre de 2002, la Sección Quinta de esta corporación revocó el numeral tercero de la sentencia de 18 de abril de 2002 para, en su lugar, declarar la nulidad de la Resolución 4 de 2000 y del acto administrativo por medio de la cual se declaró la elección de los diputados de Arauca, para el periodo constitucional 2001-2003, contenido en el formulario E-26, acta parcial de escrutinio para la Asamblea del departamento de 5 de noviembre de 2000. Al tiempo, ordenó la práctica de nuevos escrutinios y dispuso incluir los votos depositados en la mesas 1, 2 y 10, previo el trámite previsto en los artículos 134 y 135 del Código Electoral. Confirmó en todo lo demás.

La corporación encontró acreditada la nulidad de la Resolución 4 de 2000, por falsa motivación e indebida aplicación de la norma electoral y del acto de elección de todos los diputados de la asamblea del departamento de Arauca, comoquiera que los delegados del Consejo Nacional Electoral no podían excluir del escrutinio general todas las mesas de votación por un error aritmético objeto de corrección, que daba lugar al reconteo, no a la exclusión. Dispuso, por tanto, la inclusión de las votaciones consignadas en las mesas ilegalmente excluidas del escrutinio. Analizado el material probatorio y la normatividad aplicable, la Sala concluyó:

En síntesis, concluye la sala que en los casos examinados, únicamente en la mesa 10 de la cabecera municipal de Arauquita se encontró un voto adicional a los anotados en la lista y registro de votantes, formulario E-11, situación que debió ser subsanada mediante el procedimiento previsto en los artículos 134 y 135 del código electoral o subsidiariamente, durante el escrutinio departamental, mediante el trámite de una reclamación por error aritmético que da lugar al recuento de votos, lo cual no se hizo.

Los delegados del Consejo Nacional Electoral incurrieron en violación de la ley al expedir la Resolución 4 de 2000 y en consecuencia, la misma habrá de ser anulada.

De otra parte, se observa que la diferencia de votos entre el señor Wilmer Vitelio Ereu Navarro, último de los diputados elegidos y el señor Martín Sandoval Rozo, quien sigue en orden descendente de votación, es de 58 votos y que la anulación de la Resolución 4 de 2000 que impone consecuentemente la inclusión de las votaciones consignadas en las mesas ilegalmente excluidas el escrutinio, modifica el resultado declarado de la elección.

Así las cosas procede declarar la nulidad del acto declaratorio de la elección de diputados de la asamblea departamental de Arauca periodo de 2001-2003, a fin de que se practique nuevo escrutinio sobre los votos depositados para dicha corporación en las elecciones del 29 de octubre de 2000, en la circunscripción electoral del departamento de Arauca y se declare la elección a que haya lugar.

Se revocará, en consecuencia, el numeral tercero de la sentencia del tribunal a fin de anular el acto declaratorio de la elección y ordenar la práctica de nuevo escrutinio, previo trámite previsto en los artículos 134 y 135 del código electoral, en relación con la mesa 10 de cabecera municipal de Arauquita y se confirmará en todo lo demás (fls. 87-113 cdno. 1).

2.1.3. La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauquita certificó que el señor Martín Sandoval Rozo prestó sus servicios a la entidad, en el cargo de secretaría de gobierno municipal, entre el 13 de febrero y el 8 de octubre de 2002 y obtuvo su credencial como diputado de la asamblea departamental de Arauca el 9 de octubre de 2002, “por realización de nuevos escrutinios de las votaciones obtenidas en el departamento, en cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado Sección Quinta el 6 de septiembre de 2002” (fls. 123 cdno. 1 y 5 cdno. 3).

2.1.4. La Registraduría Nacional de Estado Civil por su parte, hizo constar que el señor Wilmer Vitelio Ereu Navarro integró la lista de candidatos a la asamblea del departamento de Arauca, para las elecciones del 29 de octubre de 2000, periodo constitucional 2001-2003 y, en segundo renglón, el señor Carlos Sepúlveda Ríos. El primero se desempeñó como diputado entre el 2 de enero de 2001 y el 15 de julio de 2002 y devengó la suma total $ 83 073 793, por concepto de honorarios, prestaciones sociales, viáticos; en tanto el segundo desempeño el mismo cargo entre el 16 de julio y el 28 de septiembre de 2002 y por ello recibió la suma de $ 5 319 862 (fls.166-240 cdno. 2)

2.2. Análisis del caso.

2.2.1. Responsabilidad del Estado por declaratoria de nulidad de un acto administrativo.

En un principio, la Sala consideró que cuando un acto administrativo generaba perjuicios, su indemnización se debía pedir, exclusivamente, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, incluso si el acto generador del perjuicio hubiese sido revocado por la administración. Al respecto, se destaca:

“Cuando el acto se ejecuta en la condiciones anotadas ya se produce la lesión, esta no desaparecerá con su revocatoria posterior, solo cesará hacia el futuro. En tal evento, la persona que pretenda el reconocimiento de los perjuicios no podrá hablar de que la causa de estos fue un hecho (el acto administrativo no se convierte en hecho por su revocatoria) y tendrá que impugnarlo mediante la acción apropiada en la ley para el efecto, o sea la contemplada en el artículo 85 del C.C.A.).Y deberá hacerlo al momento de la presentación de la demanda ya se haya producido su revocatoria. Revocatoria que produce claros efectos hacia el futuro, pero no tiene la virtualidad de borrar los efectos que el acto produjo mientras estuvo vigente”(5).

Así, de acuerdo con esta tesis, expuesta por la Sala Plena de la corporación en anteriores oportunidades(6), un acto administrativo revocado no mutaba su naturaleza para convertirse en un hecho u operación administrativa para, de esta forma, justificar la procedencia de la acción de reparación directa. Esta postura fue reiterada por la Sección:

“(…) tal planteamiento (la procedencia de la acción de reparación directa) conduce a la filosofía del absurdo jurídico, esto es, a que basta dejar caducar la acción de restablecimiento, para abrirle paso a la de reparación directa, con lo cual se desnaturaliza la tesis que se dejó expuesta en el literal anterior”(7).

No obstante, la Sala, en providencia de 24 de agosto de 1998, decidió modificar la tesis. Aceptó la procedencia de la acción de reparación directa con el fin de obtener la indemnización de perjuicios causados con un acto administrativo revocado en vía administrativa o declarado nulo por la jurisdicción. En esa oportunidad, sostuvo que la tesis anterior resultaba contraria a la Constitución Política y, particularmente, violatoria del principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal. Al respecto, se sostuvo:

“Ante todo la corporación considera que el criterio sostenido …para considerar inepta la demanda por equivocada escogencia de la acción …no es de recibo, frente a la filosofía consagrada constitucionalmente en materia de prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente formal o procedimental, pues si bien es cierto que, cada una de las acciones, más técnicamente pretensiones, contenidas y disciplinarias en el Código Contencioso Administrativo, responden a su supuesto de hecho debidamente claramente de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se ha de llegar previa declaratoria de ilegalidad del acto cuya nulidad se demanda en tanto que la órbita de acción de la reparación directa, no reclama aclaratoria de ilegalidad de acto administrativo alguno como condición para su prosperidad, no lo es menos que, en un caso como el presente, la circunstancia de que se haya proferido actos administrativos y posteriormente se hayan revocado, ha de ser necesariamente considerada, en orden a la determinación de la vía procesal idónea y adecuada para el reconocimiento de los perjuicios que se demandan”(8).

Adicionalmente, afirmó que no era aceptable exigir la demanda la nulidad de un acto administrativo que había sido revocado en sede administrativa pues, por una parte, ya no existía el acto al que se le imputaba la ilegalidad y, por otra, la revocatoria implicaría el reconocimiento, por parte de la administración, de su actuar errado. Sobre el particular, la Sala sostuvo:

“En este orden de ideas y como quiera que el acto administrativo de adjudicación desapareció de la vida jurídica por virtud de su revocatoria es imposible dentro de una lógica elemental sugerir al demandante que ha debido impugnar aquel acto mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otras razones, porque la propia administración reconociendo la falta de fundamento de la resolución de adjudicación procedió a revocarla y en esa medida resultaba imposible al demandante haber optado por la acción de nulidad que supondría cuanto lo primero la existencia del acto administrativo —vigencia— y lo segundo, la ilegalidad del mismo, presupuestos ambos indispensables para la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

(…).

Téngase presente que, el margen de la existencia del acto administrativo, bien pudieron haberse ocasionado perjuicios, cuyo resarcimiento no desaparece, por la circunstancia de la revocatoria del acto administrativo, que habiendo tenido una vida efímera fue revocado posteriormente y ello comporta precisamente lo contrario a lo sostenido por el tribunal, esto es, la desaparición del acto administrativo como consecuencia de la prosperidad de la revocatoria directa, impide al afectado por aquel acto administrativo, solicitar el reconocimiento de eventuales perjuicios por la cuerda propia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por ausencia del acto”(9).

En providencia de 19 de abril de 2001, la Sala precisó que la responsabilidad extracontractual del Estado no solo puede provenir de hechos, omisiones, operacionales administrativas materiales, ocupación permanente o temporal por trabajos públicos, sino de la declaración administrativa o judicial de la ilegalidad de los actos, revocatoria o nulidad respectivamente, pues esas declaraciones reconocen la anomalía de la administración. Se transcriben algunos apartes de la decisión:

Debe tenerse en cuenta que la revocatoria administrativa como expresión del control de legalidad de los actos propios de la administración se manifiesta en un acto jurídico administrativo, el cual se presume legal; este acto puede ser examinado judicialmente a) o como la consecuencia de la demanda de su nulidad (acción impugnatoria) b) o como consecuencia de la solicitud de responsabilidad extracontractual (acción reparatoria) fundada en el reconocimiento administrativo de su propia falta; este reconocimiento administrativo, se repite, como acto jurídico que es se presume legal y veraz”(10).

Aunado a lo anteriores razonamientos, en sentencia de 7 de julio de 2005, la Sala precisó que la precedencia de la acción de reparación directa en los casos en que la propia administración ha revocado un acto administrativo, es una expresión del derecho a acceder a la justicia consagrado en el artículo 229 de la Carta Política. El juez está obligado a favorecer la opción que le permita al asociado poner en movimiento al aparato judicial, procurando que la seguridad jurídica y el debido proceso no resulten sacrificados(11). La posición se ha mantenido(12).

En el caso sometido a consideración de la Sala, la Sección Quinta de la corporación declaró la nulidad de la Resolución 4 de 2000 y del acto de elección de todos los diputados de la asamblea del departamento de Arauca, como quiera que, por un error aritmético que daba lugar al reconteo, los delegados del Consejo Nacional Electoral no podían excluir del escrutinio general todas las mesas de votación.

En casos como el presente, la Sala debe considerar la acción de reparación directa, dado que el acto administrativo que presuntamente generó los perjuicios desapareció del ordenamiento jurídico, en el momento en que la jurisdicción declaró su nulidad.

De las sentencias a las que se ha hecho mención, es dable concluir que el daño que causa un acto administrativo se torna antijurídico cuando se declara su nulidad o revoca, desvirtuando la presunción de legalidad que le es propia.

Aclarado que la acción interpuesta en el sub lite se dirige a obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo electoral previamente anulado, la Sala debe anotar, además, que el actor la interpuso dentro del término legal, comoquiera que la sentencia de nulidad data del 6 de septiembre de 2002 y la demanda fue presentada el 19 de noviembre del mismo año.

2.2.2. Juicio de responsabilidad en el caso concreto.

Como ya se analizó, la responsabilidad extracontractual del Estado no solo puede provenir de hechos, omisiones, operaciones administrativas, ocupación permanente o temporal por trabajos públicos, sino de la declaración administrativa o judicial de la ilegalidad de los actos, revocatoria o nulidad, respectivamente.

Ahora, el demandante atribuye al acto administrativo declarado ilegal el daño causado y así mismo lo acredita, en cuanto, de conformidad con las pruebas que reposan en el plenario, el señor Martín Sandoval Rozo postuló su nombre para los comicios de 2001-2003, para integrar la asamblea departamental de Arauca, sin que alcanzara los votos necesarios, pues los delegados de la demandada consideraron que era superado por el candidato Wilmer Vitelio Ereu Navarro. Esto es así porque el 29 de octubre de 2000, día de elecciones, el candidato Navarro solicitó el reconteo de los votos, en tanto los delegados excluyeron del escrutinio general todos los votos que se habían depositado en las mesas 1, 2 y 10. Como consecuencia de ello, resultó electo el señor Ereu Navarro y quedó por fuera el señor Sandoval Rozo. Razón por la cual la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo —en primera instancia el Tribunal Administrativa de Arauca y en segunda la Sección Quinta de la corporación— anuló la resolución por falsa motivación y, al tiempo, dispuso escrutar las mesas excluidas y así resulto electo el demandante.

La actuación de la administración, plasmada en la Resolución 4 de 2000 y en el acto de elección de los diputados, frustró la aspiración cierta del actor de ingresar a la asamblea departamental de Arauca, para el periodo constitucional 2001-2003 y que en su lugar lo hiciera el señor Ereu Navarro. Lo anterior comprometió la responsabilidad del Estado y causó perjuicios a quien no estaba obligado a soportarlos.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(13).

La Corte Constitucional ha sostenido que “(...) la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(14).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(15). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad antes las cargas públicas.

Ahora, en concordancia con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”, por lo que, en criterio de la Sala, “[o]mitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación”(16).

En este marco, el Estado no solo debe respetar sino también garantizar los derechos, lo cual implica asumir conductas no solo tendientes a no ejercer actos contrarios a los intereses legítimos de los asociados, sino también a impedirlos y tomar las medidas necesarias para que estos se garanticen, realicen y prevalezcan en todos los casos.

Postulado constitucional que se confunde con la existencia misma del Estado y de sus autoridades públicas, en los términos de los artículos 1° y 2° constitucionales, al punto que su vulneración, por acción u omisión, hace responsables de los daños causados.

De ahí que proceda declarar la responsabilidad estatal e indemnizar los perjuicios causados, tal y como lo hizo el tribunal de instancia.

En relación con las excepciones propuestas, la Sala se remitirá a lo decidido por el a quo, esto es i) la procedencia de la acción de reparación directa, para reclamar la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo declarado nulo y ii) la responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el caso concreto. Sobre lo último, la Sala considera que le asiste razón al a quo, cuando precisó que, en los términos del artículo 120 de la Constitución Política, la organización electoral está conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el consejo Nacional Electoral y demás organismos que establezca la ley, autónomos e independientes, pero que se colaboran armónicamente, pues con su actividad buscan garantizan el derecho de los ciudadanos al ejercicio libre del sufragio. Además, la falsa motivación de la Resolución 4 de 2000, que a la postre devino en su nulidad, es atribuible a los delegados del Consejo Nacional Electoral y a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, quienes la suscriben, todos ellos funcionarios del Estado, que plasmaron en dicha decisión una voluntad que fue declarada nula por falsa motivación y que, por ello, comprometió a la organización electoral de la que hacen parte.

No obstante, el Consejo Nacional Electoral no cuanta con presupuesto independiente, pues está incluido en el de la Registraduría Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 11 del Decreto 111 de 1996, a cuyo tenor se lee:

“El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes partes:

(…)

b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para (...) la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional Electoral (...)”.

Por lo anterior, la condena será con cargo al presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tal y como lo consideró y resolvió el tribunal.

2.3. Modificación de la sentencia.

2.3.1. Actualización de la condena.

Teniendo en cuenta que la entidad pública demandada es apelante único, la Sala no podrá hacer más gravosa su situación, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, por lo que resulta del caso modificar la sentencia de primera instancia, con miras a actualizar la condena impuesta, la cual estuvo debidamente soportada con las pruebas que reposan en la actuación.

El tribunal negó los perjuicios morales y reconoció a favor del actor la suma de $ 88.393.655, por concepto de perjuicios materiales, la cual se actualizará de conformidad con la siguiente fórmula:

Va = Vh Índice final (junio 2014) / Índice inicial (agosto 2004(17))

Va = $ 88.393.655 116.91 / 79.52

Va = $ 129.956.014

Sin condena en constas por no aparecer causadas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”.

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 5 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca para, en su lugar, disponer:

1. DECLARAR infundadas las excepciones de “falta de competencia”, “indebida acumulación de pretensiones, falta de claridad y precisión en las pretensiones”, “trámite diferente al proceso” y “cobro de lo no debido”, propuestas por la demandada, tal y como se consideró y resolvió en la sentencia de primera instancia.

2. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la organización electoral, conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, por los perjuicios causados al señor Martín Sandoval Rozo, en razón de la declaratoria de nulidad de la elección de los diputados de la asamblea del departamento de Arauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR a la organización electoral, conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral y con cargo al presupuesto de la primera, a pagar al señor Martín Sandoval Rozo, la suma de ciento veintinueve millones novecientos cincuenta y seis mil catorce pesos m/cte ($ 129 956 014), por conceptos de perjuicios materiales.

4. ACTUALIZAR hasta la fecha del pago efectivo de la sentencia, con base en la fórmula que toma en cuenta los índices de precios al consumidor.

5. DESCONTAR las sumas que el actor haya percibido durante el tiempo comprendido entre el 1º de enero de 2001 al 9 de octubre de 2002, por el desempeño de cualquier otro cargo de la administración, a efectos de dar cumplimiento a la prohibición de percibir más de un ingreso proveniente del tesoro público, tal y como se consideró y resolvió en la sentencia de primera instancia.

6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. y 115 del C.P.C. Expídase copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen».

4 El 19 de noviembre de 2002, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 36.950.000 —artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada por el actor en 500 SMMLV, esto es la suma de $ 154.500.000, por concepto de perjuicios morales.

5 Sentencia de 24 de mayo de 1992, exp. 6299. M,P. Carlos Betancur Jaramillo.

6 Consejo de Estado Sala Plena, sentencia del 31 de agosto de 1988, exp. R030.

7 Sentencia del 14 de noviembre de 1991, exp. 6293, M.P. Julio César Uribe Acosta. De igual manera se había pronunciado en otras providencias como en la sentencia del 7 de septiembre de 1993, exp. A60 o en la del 24 de octubre de 1991, exp. 6264.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de agosto de 1998, exp. 13685, M.P. Daniel Suárez Hernández.

9 Ibídem.

10 Auto de 19 de abril de 2001, exp. 19517, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

11 M.P. Alier Hernández Enríquez, exp. 27842.

12 Sentencia de 27 de abril de 2006, exp. 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; auto del 25 de julio de 2007, exp. 33013, C.P. Enrique Gil Botero; sentencias de 23 de febrero de 2012 y 3 de abril de 2013, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 24655 y 26437, respectivamente.

13 Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 17042.

16 Sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

17 Fecha de la sentencia de primera instancia.