Sentencia 2002-00433 de febrero 25 de 2009

 

Sentencia 2002-00433 de febrero 25 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PATRIMONIO DE FAMILIA Y AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR

Similitudes y diferencias entre estas dos figuras.

EXTRACTOS: «1.3.1. Huelga memorar que con el propósito inequívoco de asegurar a la familia unas condiciones de vida dignas; una reserva mínima de carácter patrimonial, concretamente, frente a una connatural necesidad del ser humano como es la vivienda, el Constituyente de 1991, en el artículo 42 consagró: “El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable”, perspectiva que desde el año de 1931 venía implementándose a través, entre otras normas jurídicas enderezadas a alcanzar tales propósitos, de la Ley 70 de esa anualidad, erigiéndose como la pionera sobre el particular, e instituyó lo que dispuso llamar “patrimonio de familia”, institución dotada de unas características especiales, precisamente, encaminada a materializar la finalidad pretendida. Con posterioridad, se expidieron otras disposiciones como la Ley 91 de 1936, decretos 2476 de 1953 y 3076 de 1968, alusivas, en su orden, a proyectos de vivienda desarrollados por el extinto Instituto de Crédito Territorial y la Caja de Vivienda Militar; posteriormente incursionaron la Ley 9ª de 1989 y algunas que de manera expresa modificaron la Ley 70 de 1931, como fueron las leyes 495 de 1999, 861 de 2003 y 962 de 2005, con su correspondiente Decreto Reglamentario 2817 de 2006. No obstante, en lo esencial, no variaron el fin perseguido por el estatuto primigenio.

Ciertamente, la Ley 70 de 1931, incluidas sus correspondientes modificaciones, que no alteraron la filosofía procurada con ella, autorizó la existencia de un “patrimonio especial”, constituido sobre el dominio pleno de un inmueble, no accesible a cualquier medida de embargo y, salvo puntuales excepciones establecidas por normas posteriores, que no soportara ninguna hipoteca, censo ni anticresis, y que su constitución fuera a favor de toda la familia, entendida no solo con respecto al Constituyente sino, igualmente, en función del cónyuge, los hijos existentes y los que en un futuro llegaren a tener; tal institución responde a las exigencias establecidas en la disposición citada y opera, sin restricción alguna, bajo la denominación de patrimonio de familia, desde luego, con todas las prerrogativas previstas en las normas pertinentes.

1.3.2. En esa misma perspectiva, a través de la Ley 258 de 1996, se incorporaron a nuestra normatividad nuevas herramientas que procuran dejar a salvo un techo destinado a la habitación del grupo familiar; sin embargo, una y otra institución denotan importantes diferencias alrededor de su constitución, dinámica y cancelación, que en ningún momento y consideración pueden llegar a confundirse, sin que, en todo caso, resulte posible afirmar, de manera categórica, que son incompatibles o excluyentes.

En los siguientes términos se definió la afectación dominical por el artículo 1º de la Ley 258 de 1996:

“Entiéndese afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en su totalidad por uno de los cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio, destinado a la habitación de la familia”.

Regla jurídica que en su momento fue modificada por el artículo 1º de la Ley 854 de 2003 al establecer:

“Entiéndese afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges, antes o después de la celebración del matrimonio destinado a la habitación de la familia”.

1.3.3. Una y otra institución, como se anunció, gozan de algunas similitudes, pero, también, de notorias diferencias.

1.3.3.1. Preciso es, entonces, comenzar por registrar las exigencias para la constitución de uno y otra: a) El patrimonio de familia no opera por ministerio de la ley respecto de inmuebles adquiridos con posterioridad al matrimonio, salvo los casos especiales, concretamente, cuando la adquisición del predio se hace a “entidades públicas de cualquier nivel administrativo y entidades de carácter privado...” (L. 9ª/89, art. 60), en la medida en que se trate de vivienda de interés social, lo que sí acontece con la afectación a vivienda; b) El patrimonio de familia es, en línea de principio, voluntario y se puede constituir por escritura pública; empero, en eventos como la adquisición de vivienda de interés social (Ls. 91/36, 9ª/89 y 3ª/91), es obligatorio; c) para constituir este patrimonio debe tenerse en cuenta el valor catastral del predio, que no podrá superar los 250 salarios mínimos mensuales vigentes; igualmente, la constitución del patrimonio de familia en las hipótesis que reseñan las disposiciones citadas, “tendrá efecto” en la medida en que el crédito concedido equivalga, como mínimo, al 50% del valor del inmueble, mientras que la afectación a vivienda puede constituirse sin tales referentes (L. 546/99); d) esta última y el patrimonio de familia se constituyen, precisamente, a favor del grupo familiar, en el entendido que, respecto de aquella, comprende al compañero o cónyuge no propietario (L. 258/96, arts. 1º y 12º); no obstante, los favorecidos en el patrimonio pueden ser los hijos existentes y los que lleguen a existir; en cambio, en la afectación a vivienda no hay mención expresa a los descendientes, los que, por esa circunstancia, no deben ser tenidos como beneficiarios para los objetivos de que tratan los artículos 3º y 4º, relativos a la cancelación del gravamen; e) el bien sometido a afectación de vivienda, puede estar, previamente, hipotecado (art. 7º, num. 1º), a diferencia del afectado a patrimonio de familia que no admite, de manera previa, gravamen de ese linaje, censos o anticresis (L. 70/31, art. 3º; D. 2817/2006, art. 1º, lit. c); solo es admisible garantía hipotecaria pero a favor, únicamente, del acreedor que proveyó los dineros para adquisición del bien, eventualidad que comporta, de manera simultánea, la constitución del patrimonio.

1.3.3.2. Relativamente a su existencia, las dos instituciones gozan de las siguientes características: a) uno y otra tornan inembargable el inmueble; empero, en ambos eventos, si el bien es garantía de la acreencia adquirida con el fin exclusivo de su compra, deviene procedente la cautela. No obstante, en el caso de la afectación a vivienda, dada la posibilidad de gravar con hipoteca el bien raíz, previamente a su constitución, el embargo sí procede por cuenta de dicho crédito, b) el patrimonio de familia subsiste a pesar del fallecimiento de ambos cónyuges, siempre y cuando existan hijos menores de edad, c) las dos limitaciones de dominio exigen, aunque diferentes, un mínimo de exigencias tendientes a su variación o extinción, esto es, ya la anuencia de los beneficiarios ora la de una autoridad.

1.3.3.3. Y en lo que a su extinción refiere, los siguientes requisitos deben cumplirse: a) la afectación a vivienda puede ser cancelada pero solo mediante el concurso de los cónyuges o compañeros (L. 256/96, arts. 3º, 4º y 12), sin que interese la existencia o no de hijos menores, mientras que en el patrimonio de familia, en el caso de que existan estos últimos, los consortes no cuentan con esa facultad, pues debe haber, de manera inevitable, intervención de autoridad judicial (Ls. 70/31 y 861/2003); b) en el caso del patrimonio de familia, el fallecimiento de ambos cónyuges genera su extinción, siempre y cuando no existan hijos menores de edad (L. 70/31, art. 29); en cambio, en el régimen de la afectación a vivienda familiar, el fallecimiento de uno o de los dos cónyuges comporta la extinción de ella, así existan hijos menores; c) En el patrimonio de familia, la muerte de uno de los esposos, suceso que apareja la disolución del matrimonio, no implica per se su extinción, así el cónyuge sobreviviente no tenga hijos; cosa diferente acontece en la afectación a vivienda, pues la muerte real o presunta de uno de ellos o de ambos, genera la extinción de la misma; d) la afectación a vivienda se cancelará, entre otras circunstancias, por las siguientes: 1) cuando judicialmente se suspenda o prive de la patria potestad, se declare la ausencia o la incapacidad de uno de los cónyuges, 2) cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquiera de las causas previstas en la ley. Aspectos que no generan similar consecuencia en el patrimonio de familia; y, e) en los eventos en que el patrimonio de familia se haya constituido bajo los parámetros del artículo 22 de Ley 546 de 1999, cuando el saldo de la deuda sea inferior al 20% del valor del crédito “perderá su vigencia”, circunstancia que no acontece con la afectación a vivienda. Así mismo, según lo regula esa disposición, en los casos allí previstos, de coexistir un gravamen hipotecario y el patrimonio de familia, la garantía puede ser levantada siempre y cuando preceda la “autorización” del acreedor; tales condicionamientos, en cambio, no aplican a la afectación a vivienda.

En síntesis, a partir de la reseña efectuada, surge irrefutable que de las diferentes disposiciones evocadas, alusivas al patrimonio de familia (L. 70/31 y L. 258/96), con sus correspondientes modificaciones, en lo esencial, tienden a propósitos en cierta forma coincidentes; sin embargo, devienen significativamente disímiles; por ello, evocar una u otra de esas disposiciones no puede, en ninguna circunstancia, propiciar confusión alguna y, contrariamente, refulgen como los mecanismos llamados a gobernar situaciones diferentes y, desde luego, sin resistencia alguna debe afirmarse que referir al patrimonio de familia no equivale a memorar el régimen de la afectación a vivienda familiar ni lo contrario.

Bajo esa perspectiva, es evidente que los demandantes en su calidad de promitentes vendedores, no faltaron a la verdad cuando incluyeron en el contrato de promesa de venta la afirmación de que el inmueble no estaba sometido a patrimonio de familia; y si bien, expresamente, mencionaron la no existencia de gravámenes o limitaciones lo hicieron en relación a ese régimen y no a la afectación a vivienda, dado que, itérase, son dos institutos diferentes; subsecuentemente, no es atendible recriminarles dicha actitud y menos atribuirles incumplimiento alguno a partir de tales indicaciones».

(Sentencia de casación, 25 de febrero de 2009. Expediente 08001-3103-001-2002-00433-01. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Octavio Munar Cadena).