Sentencia 2002-00450 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-26-000-2002-00450-01 (29.353)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: Yarley Elena Cuartas Muñoz y otros

Demandado: Nación-Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Apelación de sentencia. Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(15).

2. Valoración probatoria.

2.1. De las copias simples.

La Sala igualmente le dará valor probatorio a los documentos allegados en copia simple, lo anterior, acogiendo el precedente jurisprudencial según el cual es posible apreciar las copias simples si las mismas han obrado a lo largo del plenario, y han sido sometidas a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Sobre el particular, mediante sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013), esta corporación sostuvo:

“En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar.

(...).

En esa perspectiva, constituye una realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas, en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto. Así las cosas, se debe abogar por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo”(16).

2.2. Pruebas.

1. Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Yarley Elena Cuartas Muñoz, Fernando Alexis Posada Balvín, Lisa Vanessa Posada Cuartas y Alexis Posada Cuartas(17).

2. Copia simple de la partida de matrimonio de los señores Fernando Alexis Posada Balvín y Yarley Elena Cuartas Muñoz, en esta consta que contrajeron matrimonio el 13 de marzo de 1993(18).

3. Copia auténtica del derecho de petición radicado el 17 de abril del 2000(19) por el señor Fernando Alexis Posada Balvín ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que solicitó:

“Se sirva ordenar a quien corresponda, se me certifique sobre si con relación concreta a la fórmula de utilidad que genera valor agregado en el banano se encuentra esta denunciada, patentada, o diligenciada, incluso en trámite, en fin, certificación que copará las fechas en que esta se efectuó y por qué firma o compañía, si persona natural o jurídica...”.

4. Oficio 202146 del 28 de abril del 2000(20), dirigido al señor Posada Balvín por parte del jefe de división de nuevas creaciones. En este se informó que la búsqueda de antecedentes requerida en la comunicación del 17 de abril del 2000 corresponde a “una búsqueda a nivel nacional, esta se realiza basándose en los datos técnicos aportados por el solicitante para conocer lo existente en ese campo, se le entregarán copias de los documentos encontrados. Valor $ 111.000”.

5. Comunicación radicada el 4 de mayo del 2000(21), mediante la cual el señor Posada Balvín precisó que lo solicitado corresponde a “una certificación concerniente a las patentes existentes con relación a las fórmulas que generan valor agregado en el banano, mas no extensivos antecedentes de él (...)”.

6. Oficio 202161 del 31 de mayo del 2000(22), dirigido por el superintendente delegado para la propiedad industrial al señor Posada Balvín, en el que solicitó “nos amplie (sic) la información relacionada con el objeto de su consulta, pues tal como ha sido radicada no cuenta con características claras que nos indiquen de qué se trata, siendo imposible responderle correctamente”.

7. Derecho de petición del 21 de junio de 2000(23), en el que el señor Fernando Alexis Posada solicitó certificación acerca de “si en esta dependencia perteneciente a la entidad Ministerio de Industria y Comercio, de la Nación colombiana está debidamente, digámoslo más claro, legalmente patentada la harina de banano” al final del escrito agregó “Finalmente es bueno destacar aquí que son incalculables los perjuicios materiales que se están derivados (sic) al no poder patentar el producto ante el Estado colombiano”.

8. Oficio 202250 del 30 de junio del 2000(24) en el cual el jefe de grupo banco de patentes informó al señor Posada Balvín que para expedir la certificación solicitada era necesaria la consignación de $ 7.700.

9. Comunicación radicada el 8 de agosto del 2000(25) por el señor Posada Balvín ante la Superintendencia de Industria y Comercio, anexando el recibo de consignación del Banco Popular en la cuenta 050001106 por valor de $ 7.700 pesos.

10. Comunicación del 12 de septiembre de 2000(26), en el que el señor Fernando Posada Balvín reiteró la solicitud de la certificación, advirtiendo que dicho certificado “es necesario para convalidar la potencial patente”.

11. Recibos y facturas por varios conceptos correspondientes a los años 1996, 1997, 1999 y 2001(27). Se destaca constancia expedida por John Mario Sepúlveda donde manifestó que recibió, desde el mes de marzo de 1999 hasta agosto de 2001 $ 150.000 pesos mensuales por concepto de coordinación y elaboración de estudios técnicos sobre distintas fórmulas para darle valor agregado al banano.

12. Copia simple de la “Guía metodológica para la elaboración del plan de negocio” de la corporación de Microempresas de Antioquia división de creación de empresas(28).

13. Certificado expedido por Microempresas de Antioquia la gran empresa de los antioqueños en el que consta que Yarley Elena Cuartas Muñoz participó en el “CEFE” en los meses de febrero y marzo de 1997(29).

14. Copia simple del consultorio empresarial en comercio exterior con información sobre empresas importadoras y exportadoras de banano(30).

15. Copia simple del documento “¿Cómo exportar?” del sistema de consultoría empresarial en comercio exterior(31).

16. Documento titulado “Proyecto: Fase I. Fase harina de banano” elaborado por Jhon Mario Sepúlveda en el que se explica los elementos, instrumentos, y personal necesarios para producir un total de 4.000 kgs de harina de banano en 24 horas, con el mismo se anexó plano de la planta de producción necesaria(32).

17. Certificado de análisis 283-00 realizado a una muestra de 2 kg de harina de banano llevado a cabo en el laboratorio L. Isaza Peña e Hija de F.A. Peña(33).

18. Copia simple del diploma conferido a Fernando Alexis Posada por su asistencia al curso teórico-práctico de “automotivación y excelencia profesional”(34).

19. Documento de la delegatura para la propiedad industrial, división de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto del trámite para solicitar una patente de invención(35).

20. Copia auténtica de la solicitud, radicada el 1º de noviembre de 2001, de conciliación prejudicial presentada por la señora Yarley Elena Cuartas Muñoz ante la procuraduría delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca(36).

21. Acta de la diligencia de conciliación prejudicial llevada a cabo el 28 de noviembre de 2001. En la que no hubo acuerdo conciliatorio(37).

22. Oficio 1091001 del 2 de noviembre de 2001 emitido por la jefe asesora jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual solicitó al señor Juan Fernando Botero Vargas, apoderado de los hoy actores, “allegue a la mayor brevedad copia o fotocopia de la solicitud de certificación en mención presentada ante esta entidad, en la que conste su radicación”(38).

23. Comunicación del 22 de noviembre de 2001, dirigida a la jefe asesora jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio por parte del señor Juan Fernando Botero Vargas, en el cual allegó la documentación requerida en el oficio 109001(39).

24. Oficio de fecha 10 de diciembre de 2001, mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio informó al señor Posada Balvín que “realizada la búsqueda en los archivos con que cuenta esta oficina no se encontró ninguna solicitud de patente de invención en trámite ni concedida bajo el título ‘Harina de banano’”(40).

25. Testimonios de Adelaida María Cachaya y Jenaro Berrío Ruiz, quienes manifestaron conocer el matrimonio de los señores Yarley Elena Cuartas y Fernando Alexis Posada, y sus hijos. Según su dicho les consta el desarrollo del proyecto de la harina de plátano, y que el mismo se paralizó por un trámite en “Bogotá”(41).

3. Valoración probatoria y conclusiones.

El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrado los siguientes hechos útiles para resolver el recurso de apelación presentado:

— Que el 17 de abril del 2000 el señor Fernando Alexis Posada solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio certificación respecto de si existían patentes sobre la fórmula de utilidad que genera valor agregado en el banano, sin embargo y debido a lo abstracto de la petición dicha superintendencia mediante oficios del 28 de abril y 31 de mayo del 2000 requirió al señor Posada Balvín para que explicara su petición.

— Que el señor Posada Balvín en escrito de 21 de junio del 2000, aclaró que requería certificación sobre si la harina de banano se encontraba patentada y que necesitaba la misma con el fin de patentar dicho producto.

— Que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el certificado hasta el 10 de diciembre del 2001.

4. Finalidad de la responsabilidad civil.

La responsabilidad civil en palabras de Ignacio Anzoátegui consiste en “un deber puramente legal, determinado ex ante por la norma, que establece que determinadas personas, ante el acaecimiento de un evento dañoso sobre otra u otras personas, ya sea directamente en sus cuerpos o en su espiritualidad, o indirectamente en las cosas contenidas en su patrimonio, deberán cargar con los costos de su reparación”(42).

Bajo este entendido, la responsabilidad civil es considerada una obligación en la cual el acreedor, víctima del daño, puede exigir al deudor, causante del daño, la reparación del mismo. Esta obligación puede surgir por “la transgresión del deber genérico del neminem laedere o del incumplimiento de un determinado deber de comportamiento que surgió de un acuerdo contractual”(43).

La responsabilidad civil en nuestro sistema jurídico bajo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 pretende la reparación integral de los daños. En este orden de ideas, en caso de que no exista daño quedaría sin fundamento cualquier acción de responsabilidad civil.

5. El daño.

Como quedó arriba planteado, el daño es considerado el elemento principal sobre el cual gira la responsabilidad civil en Colombia, pues su fundamento es la reparación de aquel y el límite a la reparación es el mismo daño, pues no se puede reparar ni más ni menos de su real entidad-Principio de reparación integral.

El daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien, o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura(44).

El artículo 90 de la Constitución estableció que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”. Daño antijurídico que se ha entendido acorde con los parámetros de la Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1996, como aquel que quien lo sufre “no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Eso significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Por su parte, que el daño sea cierto, equivale a decir que el mismo aparezca plenamente acreditado en el proceso, sin que sea relevante que sea actual o futuro, pues la certeza del daño alude a la realidad de su existencia por oposición al daño eventual el cual es simplemente hipotético y se basa en meras conjeturas.

6. Caso en concreto.

Se solicita la declaratoria de responsabilidad de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por “la abismal falla en el servicio” al retardar por más de 16 meses la expedición de un certificado sobre la existencia de la patente de invención de la harina de banano, sin embargo la Sala despachará negativamente las súplicas de la demanda ante la existencia de daño por las razones que pasan a exponerse.

La parte demandante alegó que la demora en la expedición del certificado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, “truncó sus sueños empresariales” pues sus sustentos económicos para el momento de la expedición del mismo eran escasos. Considera la Sala que dicho daño es inexistente, pues como quedó arriba planteado uno de los requisitos del daño es que sea cierto, sin embargo este que es alegado por los demandantes no tiene una existencia real y plausible.

En efecto, no demostraron los demandantes la disminución en su patrimonio con ocasión de la tardanza de la Superintendencia de Industria y Comercio en la expedición del certificado, ni mucho menos que el señor “Mauricio Marín” dejó de prestarles el dinero para la inversión del proyecto por la demora en la expedición del certificado por parte de la entidad demandada, situación esta última que, en el hipotético caso que se encontrara probada en el plenario tampoco tendría por cierto el daño alegado y mucho menos el monto invocado en la demanda, respecto del cual hay prueba del mismo.

Manifestó la parte actora en su escrito de apelación contra la sentencia de instancia que la certificación no era requerida para obtener la patente, sino, con el fin de elaborar estrategias de mercadeo. Sin embargo, y conforme al contenido de las misivas dirigidas por el señor Fernando Posada Balvín a la Superintendencia de Industria y Comercio que datan del 21 de junio(45) y 12 de septiembre(46) del año 2000, para la Sala es claro que lo pretendido por los hoy actores era patentar la harina de banano.

En este sentido de acuerdo al artículo 26 de la Decisión 486 del 2000(47), el trámite del petitorio de patente es diferente a la solicitud de certificación que acredite si un producto no está patentado, documento este último que no es necesario para realizar la solicitud.

Sin embargo, y si lo querido por los actores era confirmar la viabilidad de su petición de patente nada les impedía solicitarla una vez recibieron el oficio del 10 de diciembre de 2001, mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio les comunicó que “no se encontró ninguna solicitud de patente de invención en trámite ni concedida bajo el título harina de banano”.

Por último reitera la Sala que la finalidad de la responsabilidad civil no es sancionar conductas sino reparar daños, en ese orden de ideas y a pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó fuera de término, de esta conducta no se desprendió ningún daño, razón por lo cual se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección B, el veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia el veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección B, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el proceso al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) En la estimación razonada de la cuantía se establece como monto del lucro cesante dos mil seiscientos sesenta y cuatro millones de pesos ($ 2.664.000.000), y según el Decreto 597 de 1988 para el año 2002 la mayor cuantía era de $ 36.950.000.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013). Radicación: 05001233100019960065901.

(17) Folios 1 a 4 cuaderno 3.

(18) Folio 6 ibídem.

(19) Folio 7 ibídem.

(20) Folio 8 ibídem.

(21) Folio 9 ibídem.

(22) Folios 10 y 11 ibídem.

(23) Folio 12 ibídem.

(24) Folio 13 ibídem.

(25) Folios 14 y 15 ibídem.

(26) Folio 16 ibídem.

(27) Folios 17 a 43 ibídem.

(28) Folios 44 a 55 ibídem.

(29) Folio 59 ibídem.

(30) Folios 58 a 69 ibídem.

(31) Folios 70 a 83 ibídem.

(32) Folios 105 a 117 ibídem.

(33) Folios 119 a 120 ibídem.

(34) Folio 124 ibídem.

(35) Folios 142 a 146 ibídem.

(36) Folios 172 a 181 ibídem.

(37) Folios 203 y 204 ibídem.

(38) Folio 199 ibídem.

(39) Folio 201 ibídem.

(40) Folios 206 y 207 ibídem.

(41) Folios 321 y 322 ibídem.

(42) Anzoátegui, Ignacio, “Algunas consideraciones sobre las funciones del derecho de daños”, en Bernal Pulido, Carlos y Fabra Zamora, Jorge, la Filosofía de la responsabilidad civil, Bogotá D.C., ed. Externado, 2013, Págs. 289-290.

(43) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 31 de enero de 2011; Exp. 15800.

(44) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 29 de febrero de 2012; Exp. 21536.

(45) Se resalta “Finalmente es bueno destacar aquí que son incalculables los perjuicios materiales que se están derivados (sic) al no poder patentar el producto ante el Estado Colombiano.”

(46) Se resalta “Hace ya un mes le despachamos recibo de consignación exigido por ustedes para enviarnos la tan necesaria certificación, y es que es necesario para convalidad (sic) la potencial patente” (resaltado fuera de texto).

(47) “ART. 26.—La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

a) el petitorio;

b) la descripción;

c) una o más reivindicaciones;

d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

e) el resumen;

f) los poderes que fuesen necesarios;

g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países miembros es país de origen;

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los países miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los países miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.