Sentencia 2002-00451 de julio 29 de 2009 

CORTE SUPREMA - SALA DE CASACIÓN CIVIL 

IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD RECHAZADA POR CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Derecho de interponer nuevamente la acción durante un término transitorio conferido por la Ley 1060 de 2006.

EXTRACTOS: «A juicio de la Sala, el actor aceptó que tuvo conocimiento de que María Cecilia no podía ser su hija desde el momento mismo de su nacimiento, esto es, desde el 1º de junio de 1996, o como mínimo desde que hizo la denuncia y firmó el registro de nacimiento en el que sin equívocos y de manera explícita se dejó indicado que él era el padre, atestación que firmó el día 7 de los mismos mes y año.

El aludido enteramiento se desprende de lo que expresamente adujo como fundamento fáctico de la impugnación por intermedio de su apoderado judicial en el escrito demandador, cuando afirmó claramente que no tuvo relaciones sexuales con la madre durante la época en la cual debió tener lugar la concepción, razón por la cual concluye sin titubeos ni hesitación que es imposible que él fuera el progenitor de la citada menor.

Fluye de lo anterior que la duda o la sospecha la tuvo siempre, o sea, desde el nacimiento o desde el acto mismo en que fungió como denunciante ante el notario y suscribió el acta pertinente, según su versión por los engaños y las presiones que sobre él ejerció la madre de esta, Cerys Mariela Tang Meza, que lo llevaron aceptarla como su hija y a extender el respectivo reconocimiento para quitarse el problema de encima y evitarse inconvenientes en su trabajo, afirmaciones estas, que valga resaltarlo, se quedaron en la más absoluta orfandad probatoria, en meros enunciados o alegaciones sin respaldo alguno.

En atención a que por la propia aceptación del impugnante no tuvo relaciones maritales con la progenitora de María Cecilia en la época a que alude el artículo 90 del Código Civil, lo que hacía imposible ser el padre de esta, aun aceptando que fue presionado para que la reconociera como su hija extramatrimonial, tendría que concluirse que cuando presentó la demanda (mayo 29/98) ya habían transcurrido con exceso los trescientos días hábiles que en ese momento le concedía el ordenamiento jurídico para promover la presente acción.

Empero, en este caso concreto no puede hacerse una afirmación tan categórica por los motivos que pasan a analizarse:

El parágrafo transitorio de la Ley 1060 de 2006 dispuso que

“Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las personas que hayan impugnado la paternidad o la maternidad y esta haya sido decidida adversamente por efectos de encontrarse caducada la acción, podrán interponerla nuevamente y por una sola vez, con sujeción a lo previsto en los incisos 2º y 3º del artículo 5º de la presente ley”.

Este precepto constituye la consagración de un derecho adicional en pro de las personas que formularon demanda de impugnación de la paternidad o de la maternidad y se les haya decidido de manera adversa por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción.

Analizado literalmente el texto mencionado, tendría que concluirse que en este caso, la prerrogativa prevista en la referida normatividad no podría ser empleada por el accionante, toda vez que no se cumpliría el requisito de que tuviera decisión adversa con apoyo en tal figura extintiva, puesto que al entrar en vigencia dicho ordenamiento jurídico el término rehabilitado ya estaría fenecido.

La situación no puede ser analizada de tal modo en este caso, puesto que el parágrafo transitorio tiene que extenderse en un escenario lógico y racional, lo que impide que su aplicación sea directa, a raja tabla, sin ninguna clase de análisis y estudio de las condiciones particulares que rodean el problema en concreto.

Aquí la demanda de impugnación se presentó en 1998, mucho antes de que se expidiera la Ley 1060 de 2006 que consagró la posibilidad descrita, hasta el punto de que apenas en la fecha de hoy (la de esta sentencia), se está decidiendo la discusión planteada por el demandante frente a los reparos que viene formulando desde aquella época respecto de la paternidad que expresamente reconoció frente a las menores accionadas.

La demora en el pronunciamiento de un fallo definitivo no puede acarrearle la pérdida de sus derechos ni alternativas legales, mucho más cuando no ha sido por hechos imputables a su dejadez o abandono, sino por el funcionamiento interno del aparato judicial y, como si lo anterior fuera poco, por la actitud abiertamente dilatoria y obstaculizadora que observó en el curso de la instrucción la progenitora y representante legal de sus supuestas hijas, quien siempre eludió la práctica de la prueba genética.

Por consiguiente, en aras de una solución acorde con la voluntad del legislador y armonizando la situación específica de quien, como acá ocurre, por no habérsele decidido la controversia antes de que se agotara el término complementario otorgado por el legislador en la ley referida no tuvo posibilidad cierta de ajustar su comportamiento a dichos lineamientos legales, deberá analizarse el problema como si dicho tiempo adicional todavía no estuviera corriendo, y además, atendiendo el contenido de la “prueba genética” que es categórica en el sentido de concluir que frente a dicho menor se presenta la exclusión o incompatibilidad de la paternidad.

Consecuentemente, no puede declararse próspera respecto a la aludida parte contradictora, la caducidad alegada frente a María Cecilia».

(Sentencia sustitutiva, 29 de julio 2009. Expediente 1300131100052002-00451-01. Magistrada Ponente: Dra. Ruth Marina Díaz Rueda).

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