Sentencia 2002-00452 de junio 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 190012331000200200452 01 (30.790)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: María Francisca Mazabuel Pizo y otro

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá D.C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 954 de 2005 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(5). Así mismo, para pronunciarse en los términos formulados por el extremo demandado, y la adhesión de la actora. Acorde con lo dispuesto por el artículo 357 del C.P.C.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala resolver el recurso interpuesto por las partes, contra la sentencia que declaró administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por las lesiones sufridas por el señor Nelson Mazabuel, para lo que deberá esclarecerse si estas se dieron con ocasión a una actuación u omisión imputable al Estado, en los términos del artículo 90 constitucional. De concluirse que hay responsabilidad, deberá revisarse la liquidación que por perjuicios materiales realizó el a quo.

3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio allegado, se encuentran probados los siguientes hechos:

3.1 La señora María Francisca Mazabuel Pizo es la madre del lesionado, Nelson Mazabuel(6).

3.2 El 31 de diciembre de 2001, en el municipio de Puracé, Cauca, hacia las 5:00 p.m. tuvo lugar una incursión guerrillera. En su informe, el Departamento de Policía del Cauca señaló que no se inició investigación penal en contra de los uniformados por causa del ataque subversivo.

El Comandante de la Estación de Policía de Puracé sostuvo:

“...me permito informar a mi Coronel la novedad ocurrida el día de ayer 31-12-01 a las 16:50 horas cuando 300 hombres aproximadamente pertenecientes a la Columna móvil Jacobo Arenas de las FARC, incursionaron en esta población utilizando armamento de largo alcance, rockets, granadas de fusil, cilindros de gas, bombas incendiarias, canecas de gasolina (armas no convencionales).

“El personal adscrito a la Estación de Policía, repelió de inmediato el ataque subversivo informando inmediatamente la situación a la sala de radio del departamento, asumiendo las posiciones estipuladas en el plan de defensa de las instalaciones y localidad e instrucciones impartidas anteriormente al respecto.

“A pesar del acto valeroso de la comunidad donde aproximadamente 200 personas acompañadas de una chirimía y portando banderas, trataron de impedir el ataque, no logrando su objetivo y continuándose la incursión prolongándose hasta las 03:00 horas del día 01-01-02 aproximadamente, cuando empezaron a retirarse los bandoleros, cesando completamente las acciones a las 05:30 horas”(7).

3.3 La misma fue narrada por los testigos que, además, hicieron relación a las heridas sufridas por el señor Nelson Mazabuel:

3.3.1 El señor Argemiro Fernández Caldón, habitante de Puracé, de 65 años de edad, narró (fls. 45-46 cdno 2):

“...el día 31 de diciembre de 2001, resultó herido el señor Nelson Mazabuel, fue exactamente el día de la toma guerrillera a Puracé, Cauca, cuando Nelson Mazabuel se encontraba en medio de la gente que salió a impedir la rima en solidaridad con el pueblo, que no se tomaran el pueblo que no hicieran el daño al pueblo, porque estamos ya cansados de todo este problema de orden público, Nelson Mazabuel resultó herido en la cara, lado derecho, le dañó la cara, no sé si concretamente fue bala o esquirlas de bala, yo de eso no sé, pero lo cierto es que él está muy mal, completamente desfigurado la cara (sic), su rostro se le dañó completamente incluida la vista derecha, ahora le toca andar con gafas oscuras, tal vez por taparse o disimular el gran daño que le hicieron (...) él era el único que respondía por esa anciana (la demandante)... se encuentra delicadísima porque le ha afectado psicológicamente mucho... concretamente no sabría decir cuánto ganaría (el demandante), porque lo que sí es la verdad se trata de una persona muy trabajadora antes del accidente, se trata de una persona soltera y le daba como destino el sostenimiento de su señora madre (...) el hombre no es el de antes, no anda con sus amigos, se ha retraído, sale pero de vez en cuando, él sí puede caminar pero esto le ha afectado muchísimo. Como amigo (sic) que somos él me ha manifestado que él no ha quedado bien, y veo que ya no es una persona normal como antes... él no ha podido ser la persona activa que era antes... anteriormente era deportista, participaba en los campeonatos de fútbol que se daban en la región, y mire se trata de una persona muy joven creo que puede tener entre 30 a 32 años aproximadamente”.

3.3.2 La señora Sonia Oliva Fernández Mazabuel, quien dijo ser compañera de estudio del demandante, manifestó (fl. 52 cdno 2):

“La relación de ellos (los demandantes) es buena se han llevado bien, ella es de la tercera edad, yo sé que Nelson es el único que la ayuda... nosotros estábamos el grupo de gente tratando de evitar que la guerrilla se tomara el corrijo, no que se tomara el puebla (sic) por que (sic) ya se lo habían tomado sino para que no lo destruyeran, nosotros estábamos frente al parque central y el señor Nelson Mazabuel se encontraba con nosotros éramos más o menos unas 100 personas, nosotros le gritábamos a los que estaban combatiendo que queríamos paz, que cesaran el enfrentamiento, y cuando ya nos dimos cuenta que Nelson estaba con la cabeza llena de sangre y el piso también estaba lleno de sangre y Nelson cayó boca arriba y fueron otras personas entre ellos mi hermano Yamid Fernández y se lo llevaron al puesto de salud a ver quien (sic) le daba los primeros auxilios... fue cuando él quiso huir cuando lo hirieron por que (sic) el fuego era cruzado disparaba la guerrilla y la policía y de las heridas lo único que le puedo decir es que yo lo vi ensangrentada la cabeza y sangre en el piso cuando quedó tendido...él me contestó que ahora ya no se podía desempeñar en las labores que él realizaba, por que (sic) él al agacharse le dolía mucho la cabeza, sufría como mareos, por las heridas sufridas... Yo antes miraba que él salía bastante, al pueblo a veces a Popayán, pero como él quedó con un problema de cicatriz y cara como volteada para el lado me parece que es el izquierdo, por eso es que ya casi no sale por el problema sicológico que le causó las heridas ya que quedó como desfigurado”.

3.3.3 El señor Yamid Ricaurte Fernández, en su declaración señaló (fls. 52 vto-53 cdno 2):

“...él resultó herido (el demandante) ya que él estaba apoyando la manifestación para que el pueblo no fuera destruido, él estaba al lado mío y cuando me di cuenta ya lo vi en el suelo, yo le vi herido el ojo si mal no recuerdo era el derecho estaba lleno de sangre en la cara, no le vi más heridas sino en la cara, esa herida de bala por lo que en ese momento estaban en un cruce de balas entre la policía y la guerrilla, nosotros estábamos en el centro del pueblo osea (sic) en el parque, la guerrilla estaba por todas partes, la policía estaba esparcida defendiéndose y dándoles a ellos, o sea a la guerrilla... él fue trasladado pero el otro día ya que la guerrilla no dejaba pasar a nadie ni había transporte, no sé cuánto tiempo estuvo en Popayán... en el trabajo no puede hacer lo que le ayudaba a la mamá, ya que le quedaron secuelas en los ojos él dice que por la luz del sol ya no puede ver bien, él tiene que andra (sic) con gafas oscuras... él era una persona normal, salíamos a jugar futbol, ahora ya está bajo de ánimo”.

3.4 Según la historia clínica remitida por el Hospital Universitario San José de Popayán el señor Nelson Mazabuel fue atendido en urgencias, a las 12:17 del 1 de enero de 2002 y se determinó multifragmentación del maxilar derecho con presencia de esquirlas en el tejido celular subcutáneo y una posible fractura de la pared lateral de la órbita derecha (fls. 58-80 cdno 2).

También compromiso del nervio facial derecho, a nivel periférico, calificado como severo y completo, “ya que no hay potenciales de unidad motora reproducibles. Es de anotar que la hiperacucia es un signo clínico de lesión alta en el canal del facial, afectando al músculo del estribo” (fls. 8-31 cdno 1).

3.5 La Junta de Calificación de Invalidez Regional del Valle del Cauca allegó certificación en la que señala pérdida de capacidad laboral del 23,30% (fls. 82-89 cdno 2).

3.6 Fue allegada certificación en la que el Alcalde del municipio de Puracé–Coconuco, Cauca, señala que el demandante sufrió heridas en su cara por esquirlas de fusil, el 31 de diciembre de 2001, a causa del ataque de las FARC perpetrado en la misma calenda. Añadió que fueron atacadas las instalaciones del Banco Agrario, de la Estación de Policía, la Casa Cural y Telecom (fl. 36 cdno 2).

4. Juicio de responsabilidad

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta Corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(8).

De conformidad con esa cláusula general de responsabilidad, los demandantes imputan a la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional, el hecho dañoso consistente en las lesiones sufridas por el señor Nelson Mazabuel, con ocasión de la incursión guerrillera del 31 de diciembre de 2001.

4.1 El daño

El que se encuentra debidamente probado, pues, como se relacionó en el acápite anterior, el señor Nelson Mazabuel sufrió lesiones que le dejaron una incapacidad laboral parcial permanente, al haber sido víctima del fuego cruzado desatado por un ataque de un grupo al margen de la ley.

4.2 La imputación

El a quo consideró que las lesiones antes mencionadas eran imputables a la administración, en la medida en que no puede aceptarse que el señor Nelson Mazabuel se encontrara obligado a soportar que el daño le fuera causado, pues, su actuación, junto con la del resto de la comunidad, dirigida a evitar que los subversivos destruyeran el pueblo, fue valerosa y ejemplarizante.

4.2.1 Visto en su conjunto el acervo allegado, es claro para la Sala que los daños reclamados se dieron con ocasión a la incursión de un grupo al margen de la ley. En aras de defender a la población civil, los uniformados que prestaban para la época sus servicios en el municipio de Puracé, Cauca, respondieron los ataques, de modo que los habitantes de la región quedaron en medio de la confrontación.

Estos, en una muestra de agotamiento y cansancio por su posición en medio del conflicto armado, se llenaron de valor y se opusieron pacíficamente a la violencia que azotaba al municipio, por lo que se plantaron en la plaza central para exigir el respeto por sus vidas y su derecho a la paz(9), lo que en medio del fuego cruzado le trajo lesiones permanentes al demandante.

En este punto, es relevante analizar la reacción de la comunidad como la unión de la población civil en contra de las consecuencias del flagelo de la guerra, en la que no solo resultan afectados los miembros de los bandos en conflicto sino, además, los civiles que, a todas luces, deben ser excluidos del diferendo, por no ser parte del mismo.

Así, evidente es que nadie tiene que soportar un daño como el que se suscitó en este asunto, pues la víctima, junto con más de un centenar de personas, reclamaba a las partes enfrentadas la garantía de sus derechos, lo cual es loable dadas las circunstancias especiales en las que se dieron los hechos.

4.2.2 En este sentido, correspondía a las autoridades propugnar por la protección de los derechos de los habitantes del municipio de Puracé, Cauca, pues la razón misma de la autoridad consiste en proteger la vida, libertad y bienes de los civiles, de manera que era imperante mantenerlos al margen del conflicto. Sobre este particular, el legislador previó con relación a los policiales la función de “... proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz./... proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos Humanos”(10).

La Policía Nacional reconoció que la unión de los pobladores fue valerosa, tal como se consignó en el informe rendido por el Comandante de la Estación de Policía de Puracé y ella se dio por cuanto había un hastío generalizado por los actos violentos de los que fueron víctimas otrora. Valor civil que no puede ser reprochado y que se explica dado lo insoportable que comporta para la población estar sometida a permanentes ataques de la subversión.

Es así que coincide esta Corporación con lo expresado por el Tribunal de primera instancia, en el sentido de concluir que al margen de donde provino el proyectil lo que interesa es que el señor Nelson Mazabuel no tenía que soportarlo y que debe ser reparado, por la demandada en cuando está establecida para garantizar a la población civil su vida, en condiciones dignas.

4.2.3 En este sentido, no puede sino colegirse que la sentencia del a quo será confirmada, en la medida en que la víctima, en su condición de civil, no tenía porqué sufrir daños antijurídicos a causa del conflicto armado. Los argumentos esbozados por la parte demandada no tienen vocación de prosperidad.

5. Valoración del daño

Pues bien, ya en tratándose del recurso interpuesto por la parte actora, se encuentra que la liquidación realizada en sede de primera instancia no contempló el rubro relacionado con las prestaciones sociales; así, se procederá a hacer la liquidación nuevamente, para corregir este yerro.

5.1 Lucro cesante:

Se encuentra que el señor Nelson Mazabuel era una persona activa económicamente y que se encontraba a cargo de su señora madre, la también demandante María Francisca Mazabuel Maza; así, en la medida en que no se halla prueba de los ingresos mensuales del mencionado, que al momento del siniestro contaba con 33 años de edad, se condenará por el valor del salario mínimo ($616.000) incrementado en el monto de las prestaciones sociales -25%- y se tendrá en cuenta el porcentaje certificado de pérdida de capacidad laboral -23,30%-.

Ra= 770.000

Indemnización debida:

FUCIM1
 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $770.000
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos – 21 de diciembre de 2001- hasta la fecha de aprobación de la presente sentencia – junio de 2014-, es decir, 150 meses.

FUCIM2
 

Indemnización futura:

El señor Nelson Mazabuel nació el 11 de septiembre de 1968, de manera que para la fecha en que ocurrieron los hechos (diciembre de 2001) contaba con 33 años de edad y, por ende, tenía un período de vida probable o esperanza de vida igual a 41,47 años, equivalentes a 497,64 meses(11).

Para el efecto, se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado (150) del total de su expectativa de vida, para un total de meses a indemnizar de 347,64.

FUCIM31
 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $770.000
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses de vida probable del señor Nelson Mazabuel, menos el tiempo consolidado, es decir, 347,64 meses.
1=Es una constante.

FUCIM41
 

De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante a favor de de cada uno de los demandantes es:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 39.498.688$ 30.046.112$ 69.544.800

Con fundamento en lo anterior, se condenará al extremo demandado a pagar a al señor Nelson Mazabuel la suma de $69.544.800, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

5.2 En lo concerniente a la suma fijada por el a quo por concepto de daño a la salud –cien (100) SMLMV-, es del caso poner de presente lo señalado por esta Corporación en oportunidades anteriores, con relación al resarcimiento de este tipo de daño, en el sentido de que “el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”(12).

Por tanto, encuentra la Sala que el monto mencionado se ajusta a la gravedad de la lesión sufrida por el demandante, si se tiene en cuenta que la afectación de su rostro le ha generado una serie de problemas de socialización pues, tal como se desprende de los testimonios, el señor Mazabuel se retrajo socialmente y dejó de realizar las actividades que antes desempeñaba.

5.3 Igual consideración se tiene respecto de los perjuicios morales –el equivalente a 100 y 70 SMLMV para la víctima directa y para su señora madre, respectivamente- pues, además de las consecuencias mencionadas al actuar en defensa de los derechos de la comunidad de la que hacía parte para la época de los hechos, el demandante tuvo dificultades para lograr ser atendido. Circunstancia que agrava su situación de indefensión, aunado a que padece una alteración estética y funcional permanente.

6. Costas

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE

MODIFICAR la sentencia proferida el 12 de octubre de 2004, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE a la Nación – Ministerio De Defensa – Policía Nacional, responsable por los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2001 en la población de Puracé, Cauca, en los que resultara lesionado Nelson Mazabuel, de conformidad con las anteriores consideraciones.

2. Como consecuencia, CONDENAR a la demandada a pagar a Nelson Mazabuel y a María Francisca Mazabuel Pizo, a título de indemnización por perjuicios morales, el equivalente a cien (100) y setenta (70) salarios mínimos legales mensuales, respectivamente, para cada uno de ellos.

3. CONDENAR a la demandada a pagar a Nelson Mazabuel, a título de indemnización por daño a la salud, el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales.

4. CONDENAR a la demandada a pagar a Nelson Mazabuel la suma de sesenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos ($69.544.800), por concepto de indemnización por el lucro cesante.

5. La Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Policía Nacional, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

5 Para la época en la que se interpuso la demanda -15 de marzo de 2002-, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $154´500.000 –Decreto 954 de 2005-. En este caso, la pretensión de mayor valor corresponde a la suma equivalente a trescientos millones de pesos ($300´000.000).

6 Folio 6 cdno 1 –registro civil-.

7 Folios 16 al 18 cdno 2.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Exp.11945.

9 Constitución Política de Colombia, artículo 22. “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Sobre el particular, véase la Declaración del Director General de la Unesco sobre El Derecho Humano a la Paz (París, Francia, enero de 1997) y el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, aprobado para Colombia por la ley 171 de 1994 que fue declarada exequible mediante la sentencia C-225 de 1995 de la Corte Constitucional.

10 Ley 62 de 1993, artículo 1.

11 Cfr. Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1997, exp. 12499, C.P. Enrique Gil Botero.

Aclaración de voto

1. Aunque comparto el sentido de la decisión adoptada por la subsección en el proceso de la referencia, considero que en la solución jurídica que en ella se plantea, al prescindir del uso de títulos de imputación en casos como el que allí se estudió, se sostiene una posición que no resulta acorde con el estado actual de la jurisprudencia de esta Corporación.

2. Como se puede observar en esta y otra sentencias anteriores de la misma consejera ponente, su entender respecto de la sentencia del 19 de abril del 2012(1) en la que la Sala Plena de la Sección Tercera trató el tema de la responsabilidad estatal por acciones violentas de terceros que causen daños a la ciudadanía, es que esta proscribió el uso de títulos de imputación para el análisis de la eventual responsabilidad extracontractual que pretenda endilgarse al Estado, bajo el entendido de que en ella se enfatizó “en la necesidad de resaltar los principios de solidaridad y equidad frente a la aplicación de los diferentes conceptos jurídicos con los cuales se atribuye responsabilidad al Estado”.

3. Respetuosamente, debo alejarme de esa tesis, pues considero que el alcance de las consideraciones y conclusiones jurídicas que en tal decisión se plasmaron, no pasan por la revaluación o recogimiento por parte de la Sección de la aplicación de títulos de imputación, sino que por el contrario, refuerza la utilidad que tal práctica tiene en la decisión de casos de responsabilidad extracontractual del Estado, eso sí, siendo clara la sentencia en cuanto a que determinado título no resulta una camisa de fuerza para el juzgador cuando se estudian casos de similares premisas fácticas como sustento de las pretensiones resarcitorias.

4. En esa sentencia, en la que se hizo un recorrido por la evolución jurisprudencial que el tema de ataques terroristas ha tenido en la Sección, se evidenció que la jurisprudencia ha sido, históricamente, ondulante en el uso de los títulos de imputación en aquellos casos en los que el daño demandado es producto de un ataque dirigido contra una instalación o autoridad estatal, pues ha utilizado tanto el título de daño especial como el de riesgo excepcional; y en ocasiones incluso de forma simultánea.

5. Todo aquello, para concluir que, tal como ocurre en los casos enunciados, el juicio de responsabilidad estatal que hace la Jurisdicción Contencioso Administrativa no puede encasillarse en el uso invariable de cierto título de imputación en todos aquellos casos que compartan determinados elementos fácticos que sustentan las pretensiones, sino que, por el contrario, aún cuando dos o más casos tengan, en líneas generales, hechos similares o asimilables en la naturaleza o forma de su ocurrencia, el juez se encuentra en libertad de hacer uso de diferentes títulos de imputación, en consideración a las particularidades fácticas que rodeen el caso, lo que se encuentre probado en el expediente y lo alegado por las partes durante el trámite procesal del asunto. Incluso, en la decisión se resolvió el caso particular analizado mediante la aplicación del título de daño especial. En palabras de la Sala:

En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia(2).

6. Tengo entonces la convicción de que el presente caso, en consideración a los elementos probatorios allegados y a los hechos que ellos demostraron, el caso concreto debió analizarse desde los títulos de imputación que se encuentran a disposición del fallador, y concretamente el del riesgo excepcional con base en la categoría de riesgo-conflicto, tesis usada desde el 29 de octubre del 2012(3) para juzgar casos en los que terceros actores del conflicto causan un daño a bienes de cualquier índole de la población civil, en el marco de un ataque dirigido contra una instancia o autoridad estatal.

Fecha ut supra

Danilo Rojas Betancourth 

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 19 de abril del 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

2 Ídem.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre del 2012, expediente 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver también, entre otras, sentencia del 27 de septiembre del 2013, expediente 29405, del mismo ponente.