Sentencia 2002-00472 de octubre 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCION A

Exp.: 250002326000 200200472 01(28931)

Consejero Ponente:

Dr. Hernan Andrade Rincón

Actor: Olga Guzmán De Chía

Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de septiembre de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, comoquiera que la indemnización por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante— se estimó en $45’000.000(15), mientras que el monto exigido en el año 2002 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, era de $36.950.000 (D. 597/88).

2. Cuestión previa.

Si bien se observa que la demanda se dirigió en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en contra de la Alcaldía Local de Chapinero, dependencias que carecen de personería jurídica pero que pertenecen al Distrito Capital de Bogotá, entidad territorial que goza de dicho atributo, lo cierto es que el libelo se admitió en contra de este último, razón por la cual es del caso concluir que la notificación del auto admisorio de la demanda que se hizo al señor Alcalde de Bogotá, surtió todos sus efectos jurídicos respecto de la persona jurídica que representaba, es decir, el Distrito Capital.

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se originó en razón de los perjuicios que habría sufrido la actora con ocasión del desalojo de una caseta de su propiedad, hecho que, según consta en el acta de desalojo, ocurrió el 27 de febrero de 2000(16), por lo que, en principio, habría que señalar que los dos años del término de caducidad se habrían cumplido el 28 de febrero de 2002.

No obstante lo anterior, de conformidad con la constancia secretarial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido al cambio de secretario de dicha corporación, hubo suspensión de términos entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2002(17), por lo que, en consecuencia, el término de caducidad de la acción de reparación directa corrió hasta el 4 de marzo de esa anualidad, primer día hábil luego del período en que operó la mencionada suspensión.

Así las cosas, dado que la demanda se presentó el día 4 de marzo de 2002(18), resulta evidente que se interpuso dentro del término previsto por la ley.

4. Las pruebas aportadas al expediente.

Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración:

En copia auténtica los siguientes documentos expedidos dentro del procedimiento administrativo de recuperación del espacio público.

— Resolución 4 de 10 de febrero de 1997, por medio de la cual el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, confirmó en segunda instancia la orden de desalojo que había proferido la Alcaldía Local de Chapinero respecto de la caseta de la demandante(19).

— Oficios 2032 A.J. de 7 de octubre de 1999(20), GER-2888-00 de 29 de junio de 2000(21) y GER 2971-00 de 7 de julio de 2000(22), proferidos por la Alcaldía Local de Chapinero, por medio de los cuales se consignan los planes de reconversión y reubicación laboral que se ofrecieron a la demandante.

— Acta de 27 de febrero de 2000 de diligencia de desalojo de la caseta de la señora Olga Guzmán de Chía(23).

— Resolución 475 de 2000 proferida por la Alcaldía Local de Chapinero, a través de la cual se dispuso el decomiso de la caseta de la señora Olga Guzmán de Chía, a favor del Distrito Capital para ser donada a un establecimiento de asistencia pública(24).

— Acta de 16 de enero de 2001, por medio de la cual la administración distrital donó la caseta de la demandante a la Asociación Defensora de Animales(25).

En copia simple:

— Sentencia de tutela proferida el 14 de agosto de 1997 por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogotá, por medio de la cual se amparó el derecho al trabajo de varias personas, entre ellas, el de la señora Olga Guzmán de Chía(26).

Declaraciones testimoniales:

— Testimonio de los señores Hilda Edilma Espitia Cabezas(27), Clara Rosa Duarte Rodríguez(28) y Segundo Ezequiel Numpaque(29), quienes declararon en relación con el proceso de desalojo del que fue objeto la demandante.

— De los señores Gustavo Andrés Chía Guzmán, Liliana Maritza Chía Guzmán y Harold Augusto Chía Guzmán, quienes dijeron ser hijos de la señora Olga Guzmán de Chía y se refirieron al proceso de desalojo del que fue objeto la demandante(30).

Valor probatorio del documento allegado en copia simple:

En relación con la sentencia de tutela de 14 de agosto de 1997 proferida por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogotá, documento que fue aportado al proceso en copia simple, cabe precisar que, de conformidad con reciente pronunciamiento de unificación de la Sección Tercera de esta corporación, es posible otorgar mérito demostrativo a tal probanza, toda vez que respecto de él se surtió el principio de contradicción en relación con las partes de este proceso(31).

En efecto, el documento aportado en copia simple fue allegado con la contestación de la demanda sin que durante el transcurso del proceso, las partes se hubieren opuesto a que fuera tenido como prueba.

5. El caso concreto.

En relación con los hechos narrados en la demanda, la Sala, con base en las pruebas que obran en el proceso, encuentra acreditados los siguientes aspectos:

La señora Olga Guzmán de Chía trabajó por varios años en una caseta ubicada en la calle 93 con carrera 15 de Bogotá, en la cual vendía dulces, cigarrillos y frutas. Así se desprende de la declaración testimonial rendida por la señora Hilda Edilma Espitia Cabezas, quien dijo ser vecina de ventas de la demandante y que preguntada acerca del tiempo que esta última llevaba laborando en ese lugar, respondió (se transcribe tal cual se halla en el texto):

“somos vecinas de ventas en casetas ahí en la carrera 15 con calle 93, ambas nos ubicábamos en esa dirección (…) nosotros que vendemos dulces y cigarrillos o frutas (…) Ahí vendiendo ella llevaba unos 18 años”(32).

En el mismo sentido rindió declaración la señora Clara Rosa Duarte Rodríguez, quien, al ser preguntada acerca del tiempo que la demandante ocupó con su caseta el espacio público de la carrera 15 con carrera 93 de Bogotá, dijo (se transcribe tal cual se halla en el texto):

“Yo la conozco hace unos 15 años. Me consta prácticamente el mismo tiempo que tiene ella la caseta. Pero sé que ella tenía la caseta tiempo antes de que yo la conociera”(33).

De igual forma, la Sala tiene establecido que la administración distrital adelantó, mediante la Querella Nº 156 de 1996, un procedimiento administrativo en contra de la señora Olga Guzmán de Chía, por medio del cual se resolvió recuperar el espacio público que ella ocupaba en la calle 93 con carrera 15 de Bogotá. Así, en efecto, se desprende del acto administrativo proferido el 10 de febrero de 1997 por el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, por medio del cual se dejó en firme la decisión adoptada por la Alcaldía Local de Chapinero en el sentido de recuperar la vía pública que ocupaba la demandante(34).

De conformidad con sentencia de tutela proferida por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Bogotá el 14 de agosto de 1997 y allegada al proceso por la entidad demandada, el Juez Veintisiete Penal Municipal de Bogotá decidió suspender las órdenes de desalojo que recaían, entre otras personas, en contra de la señora Olga Guzmán de Chía, mientras que el Distrito Capital adoptaba las medidas pertinentes para reubicarlas en un sitio en donde pudieran trabajar de manera permanente y sin causar invasión al espacio público(35).

Según el acta de diligencia de restitución de espacio público de 27 de febrero de 2000, no fue sino hasta esa fecha que la Alcaldía Local de Chapinero hizo efectiva la orden de desalojo en cabeza de la señora Olga Guzmán de Chía(36).

Ahora bien, de acuerdo con el libelo, la señora Olga Guzmán de Chía habría padecido diversos daños como consecuencia del desalojo y la destrucción la caseta de su propiedad, así como por la reubicación que le fue concedida, la cual, según dijo, la afectó por cuanto se llevó a cabo en un lugar que no tenía las mismas condiciones del sitio en el que desarrollaba su actividad comercial antes del desalojo.

Así las cosas, al tratarse del primer elemento de la responsabilidad, la Sala procede al estudio de los presuntos daños que se habrían causado a la parte actora y por los cuales reclama indemnización.

5.1. El daño.

El primer elemento que debe observar el juez en el análisis de la responsabilidad es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, comoquiera que este constituye un elemento necesario de la responsabilidad, de allí la máxima “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.

En razón de lo anterior, la Sala efectuará un análisis de la existencia de los daños alegados en la demanda, para luego, si es el caso, establecer su imputabilidad en cabeza de la entidad accionada, así como su obligación de pagar la respectiva indemnización.

a) El menoscabo de las condiciones económicas de la demandante.

Para establecer si en efecto la señora Olga Guzmán de Chía padeció un detrimento económico tras no haber sido reubicada en condiciones laborales iguales o mejores a las que tenía antes del desalojo, resulta indispensable entrar a dilucidar las circunstancias que rodearon tal evento.

De conformidad con las pruebas que obran en el proceso, es posible establecer que, al menos, en dos oportunidades, la Administración Distrital le ofreció a la señora Guzmán de Chía opciones de reconversión laboral y que en ese mismo número de oportunidades la demandante accedió a ellas, lo que tuvo lugar —en la primera ocasión— antes de que se llevara a cabo la diligencia de desalojo el día 27 de febrero de 2000, y, en segunda oportunidad, con posterioridad a dicha actuación.

En relación con la primera opción de reconversión laboral, obra en el proceso el Oficio 2032 A.J. de 7 de octubre de 1999 proferido por la Alcaldía Local de Chapinero, documento que consigna la gestión que la entidad demandada llevó a cabo para lograr la reubicación de las personas que trabajaban sobre la vía pública de la carrera 15 entre calles 72 y 100(37).

Dicho documento se refiere a un plan de reconversión laboral que se ofreció, entre otras personas, a la señora Olga Guzmán de Chía, el cual consistió en un plan de reubicación en el programa Caseta Feria Popular de la carrera 38 Nº 10-21, sector de San Andresito, o, según el interés de cada quien, en la posibilidad de acceder a “créditos blandos o capacitación para instalar una microempresa”(38).

Según se desprende de lo expresado por la parte actora cuando alegó de conclusión en primera instancia, en concordancia con los testimonios rendidos dentro del proceso, es posible tener por demostrado que la señora Olga Guzmán de Chía participó del plan de reconversión laboral ofrecido a través del Oficio 2032 A.J. de 7 de octubre de 1999 y, además, es entender que se acogió a la opción de reubicación laboral de la Caseta Feria Popular, ubicada en el sector de San Andresito, lugar en el que se dedicó a la venta de ropa y en el que, al parecer, por malos resultados, permaneció solamente por un mes.

En ese sentido declaró la señora Clara Rosa Duarte Rodríguez, quien, preguntada sobre el proceso de restitución del espacio púbico en contra de la señora Olga Guzmán de Chía, dijo (se transcribe tal cual se halla en el texto):

“(…) como yo vivía en la casa de ella supe que por un mes la mandaron a San Andresito a vender ropa, esto fue en diciembre pero no les fue bien (…)”(39).

Igualmente, rindió testimonio el señor Segundo Ezequiel Numpaque, quien se refirió al proceso de restitución de espacio público del que fue objeto la actora en los siguientes términos (se transcribe tal cual se halla en el texto):

“pero antes del desalojo ella confiando en la buena fe de la administración participó en la caseta popular de la calle 38 con carrera 10 y en esos poquitos días me comentó que había perdido lo poco que había invertido y le tocó entregar”(40).

Ahora bien, aun cuando en lo que a este aspecto corresponde, la parte actora fundó su pretensión indemnizatoria en la aseveración de que los ingresos que percibió cuando se ubicó en el sector de San Andresito fueron drásticamente menores a los que percibía cuando desarrollaba su actividad comercial en la vía pública de la calle 93 con carrera 15, lo cierto es que la Sala carece de los elementos de juicio necesarios que le permitan tener por acreditada esa circunstancia y, por tanto, por demostrada la existencia misma del daño reclamado.

Sobre este aspecto, cabe señalar que si bien los señores Gustavo Andrés Chía Guzmán, Liliana Maritza Chía Guzmán y Harold Augusto Chía Guzmán, quienes dijeron ser hijos de la demandante, y los señores Hilda Edilma Espitia Cabezas(41), Clara Rosa Duarte Rodríguez(42) y Segundo Ezequiel Numpaque(43), indicaron las sumas diarias aproximadas que la señora Olga Guzmán de Chía percibía cuando atendía su caseta en la carrera 15 con calle 93 de Bogotá, lo cierto es que no obra prueba en el expediente que permita establecer los ingresos que habría reportado cuando se situó en el sector de San Andresito, lo que impide determinar si estos, en efecto, fueron menores a los que percibía antes del desalojo y, por lo tanto, si en realidad se generó el detrimento económico alegado en la demanda.

En ese orden de ideas, dado que no es posible establecer que los ingresos que la demandante percibía en el desarrollo de la labor que desempeñaba se hubieran mermado cuando estuvo en el sector de San Andresito, irrelevante viene a ser determinar si los supuestos malos resultados obtenidos habrían provenido, o no, de pasar de vender frutas por un espacio de aproximadamente 17 años, a vender ropa, o si estos hubieran sido el resultado de las condiciones del sector de la reubicación.

En relación con la segunda opción de reconversión laboral, obra en el proceso un documento proferido por la Administración Distrital — Fondo de Ventas Populares — con fecha posterior a la diligencia de desalojo, Oficio GER-2888-00 de 29 de junio de 2000, por medio del cual dicha dependencia hizo un resumen de la gestión realizada para reubicar a los vendedores que se ubicaban sobre la carrera 15 entre calles 72 y 100, entre los cuales se hallaba la señora Olga Guzmán de Chía. En esta probanza se hace referencia a un proyecto de reubicación laboral localizado en la Avenida Caracas con calle 50 y en el cual la demandante figuraba como uno de los candidatos a participar de él(44).

En concordancia con lo consignado en el documento al que acaba de hacerse alusión, se allegó al proceso el Oficio GER 2971-00 del 7 de julio de 2000, expedido por la Administración Distrital — Fondo de Ventas Populares — el cual permite establecer que, en efecto, la demandante fue seleccionada para participar del proyecto de la Avenida Caracas con calle 50, así como también que, en esta oportunidad, la asignación de los módulos de venta debían hacerse mediante sorteo público con la participación de las autoridades distritales(45).

A pesar de que no obra prueba documental que permita establecer que se llevó a cabo el sorteo público de los módulos, la declaración del señor Segundo Ezequiel Numpaque, es indicativa de que a la señora Olga Guzmán de Chía se le asignó un módulo de ventas en la Avenida Caracas con calle 50, al cual, según el dicho del testigo, renunció por los malos resultados económicos obtenidos, aunque no había transcurrido ni siquiera un día de estar en ese lugar. Así lo declaró el señalado testigo (se transcribe tal cual se halla en el texto):

“Antes también ella y otros participó en la Caracas con 50 y en vista de que el Fondo de Ventas Populares no cumplió con algunos que se acogieron a ese programa se disolvió la gente que se iba a acoger a eso y no ha tenido éxito para la reubicación de los comerciantes informales (…) en la 50 ni siquiera un día estuvimos en esos locales, porque no era viable, no conseguíamos el mínimo vital, hicimos el proceso con el Fondo de Ventas Populares”(46) (negrilla por la Sala).

Así las cosas, dado que, según el dicho del testigo, la demandante no permaneció ni siquiera un día en el lugar de la reubicación, resulta imposible determinar si, en efecto, los ingresos que hubiera podido obtener al desarrollar sus labores en ese sitio habrían sido, o no, menores a los que percibía antes del desalojo y, por tanto, en relación con esta segunda reubicación laboral, tampoco es posible establecer la existencia del daño alegado.

En suma, de conformidad con lo expuesto hasta este punto, resulta forzoso concluir que el material probatorio que obra en el proceso no permite establecer el daño cuya indemnización se pretende, esto es, el presunto detrimento de los ingresos que la señora Olga Guzmán de Chía percibió cuando fue reubicada en el sector de San Andresito y, posteriormente, en la Avenida Caracas, en relación con los que obtenía en el sitio de donde fue desalojada.

b) La pérdida de la caseta.

Con la demanda se solicitó a favor de la señora Olga Guzmán de Chía, el reconocimiento del valor de la caseta que la Administración Distrital decomisó tras la diligencia de restitución del espacio público.

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, concretamente con la Resolución 475 de 2 de septiembre 2000 proferida por la Alcaldía Local de Chapinero, es posible establecer que en aplicación de lo previsto en el artículo 2º del Decreto 446 de 1990, la Administración Distrital, a través del mencionado acto administrativo, dispuso el decomiso de la caseta de propiedad de la señora Olga Guzmán de Chía, así como su donación a la Asociación Defensora de Animales(47).

Así las cosas, en razón a que la institución del decomiso en el ordenamiento jurídico colombiano es una vía legítima para restringir el derecho de propiedad, en tanto que se trata de una sanción que puede ser impuesta por una autoridad administrativa sobre los bienes vinculados a contravenciones policivas con la finalidad de sancionar la inobservancia de una obligación legal, sin que proceda el pago de una indemnización(48), y dado que dicha decisión en el caso de la señora Olga Guzmán de Chía conserva intacta la presunción de legalidad, no es posible predicar un daño antijurídico en su patrimonio que deba ser resarcido por la entidad demandada.

En ese sentido, resulta forzoso colegir que tampoco procede indemnización por la presunta destrucción del bien a la que se hizo alusión en la demanda.

c) La destrucción de la mercancía y utensilios que se hallaban dentro de la caseta.

En lo que concierne a la presunta destrucción de la mercancía y utensilios que, según se dijo en el libelo, se hallaban dentro de la caseta al momento de su desalojo, el señor Segundo Ezequiel González Numpaque se pronunció en los siguientes términos cuando le preguntaron acerca de la diligencia de restitución del espacio público que fue objeto la demandante:

“Sí me consta, porque yo estaba pendiente en los asuntos de los operativos, incluso levantaron algunas casetas con los productos que tenía adentro”(49).

Si bien el testigo afirmó que el desalojo de algunas casetas ocurrió con la mercancía que había dentro, su dicho no permite establecer que hubiere ocurrido lo mismo con la de la señora Olga Guzmán de Chía. Tampoco obra otra prueba que permita tener por establecida esta circunstancia, por lo que la Sala concluye que no hay evidencia respecto de la destrucción de la mercancía y los utensilios.

d) El daño moral por la destrucción y desalojo de la caseta.

En lo que concierne al daño moral por la supuesta destrucción de la caseta, además de que no obra prueba que permita establecer el sufrimiento que habría padecido la demandante por tal aspecto, la Sala debe negar también su reconocimiento, por las mismas razones que fueron expresadas en literal b) de esta parte de la providencia, denominado “La pérdida de la caseta”.

El daño moral por el desalojo de la caseta se funda en la angustia que la señora Olga Guzmán de Chía sufrió por el menoscabo de sus condiciones económicas tras la reubicación, sin embargo, como se dejó visto, no hay prueba respecto de tal detrimento. Por este motivo, no es posible considerar la existencia de un daño moral por esta circunstancia.

Por todo lo expuesto hasta este punto, la Sala evidencia una ausencia de prueba acerca de la existencia de los daños alegados en la demanda como presupuesto, fuente y fundamento para el estudio de la imputación de los mismos en contra del ente público demandado, por lo que resulta jurídicamente imposible abordar el análisis de los demás elementos que estructuran la responsabilidad del Estado.

En este sentido, se ha pronunciado la Sala en los siguientes términos:

“(…) porque a términos del artículo 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.

La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.

Con anterioridad, el examen judicial de estas controversias, por lo general, enfocaba inicialmente la comisión de una falla del servicio, conducta consecuente con el concepto de daño que tradicionalmente se había venido manejando, según el cual la antijuridicidad del daño se deducía de la ilicitud de la causa”(50).

En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló:

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado (…)’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”(51).

Por consiguiente, como resulta imposible adelantar un análisis respecto de los restantes elementos para acreditar la responsabilidad, debido a que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba de los daños alegados en la demanda, la Sala confirmará la sentencia de primera impugnada pero con fundamento en las razones expuestas en la presente providencia(52).

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria(53) que le imponía la norma legal en cita, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita demostrar el acaecimiento de los daños en que fundamentó la presente acción indemnizatoria.

6. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia de 15 de septiembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(15) Folio 3, cuaderno principal.

(16) Folio 3, cuaderno de pruebas.

(17) Folio 109, cuaderno principal.

(18) Folio 6, cuaderno principal.

(19) Folios 41-44, cuaderno principal.

(20) Folios 55-56 cuaderno principal.

(21) Folios 95-96, cuaderno principal.

(22) Folios 92-94, cuaderno principal.

(23) Folio 62, cuaderno principal.

(24) Folios 65-68, cuaderno principal.

(25) Folio 70, cuaderno principal.

(26) Folios 53-54, cuaderno principal.

(27) Folios 21-22, cuaderno pruebas.

(28) Folios 23-24, cuaderno pruebas.

(29) Folios 18-20, cuaderno pruebas.

(30) Folios 9-17, cuaderno pruebas.

(31) Sección Tercera-Sala Plena. C.P. Enrique Gil Botero. 28 de agosto de 2013. Rad.: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). Actor: Rubén Darío Silva Alzate, Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación.

(32) Folios 21-22, cuaderno pruebas.

(33) Folios 23-24, cuaderno pruebas.

(34) Folios 41-44, cuaderno principal.

(35) Folios 53-54, cuaderno principal.

(36) Folio 62, cuaderno principal.

(37) Folios 55-56 cuaderno principal.

(38) Folios 55-56 cuaderno principal.

(39) Folios 23-24, cuaderno pruebas.

(40) Folios 18-20, cuaderno pruebas.

(41) Folios 21-22, cuaderno pruebas.

(42) Folios 23-24, cuaderno pruebas.

(43) Folios 18-20, cuaderno pruebas.

(44) Folios 95-99, cuaderno principal.

(45) Folios 92-94, cuaderno principal.

(46) Folios 18-20, cuaderno pruebas.

(47) Folios 65-68, cuaderno principal.

(48) Al respecto ver: Sentencia C-374 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(49) Folio 18, cuaderno de pruebas.

(50) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 1993. Exp. 6144. C.P. Juan de Dios Montes.

(51) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2002. Exp. 12625. C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(52) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 165.16 y del 4 de junio del 2008, Exp. 16.643. M.P. Enrique Gil Botero.

(53) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1º) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2º) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones.” Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: ‘carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables.” Ídem. Página 406.