Sentencia 2002-00487 de junio 13 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

SC-7019-2014

Rad.: 08001-31-10-006-2002-00487-01

(Aprobada en sesión de cinco de abril de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Para la adecuada comprensión del problema abordado, resulta pertinente recordar que el litigio fue propuesto por M.T.Á. con la finalidad de que se declare que entre ella y E.R.P.

“existió unión marital de hecho por más de trece (13) años”; que por la muerte de este, “quedó disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial de hecho, surgida (...)”, y que “en virtud de la disolución tanto de la unión marital como de la sociedad patrimonial de hecho originada por el fallecimiento, se ordene la liquidación de la sociedad patrimonial y la adjudicación de los bienes”.

2. Así mismo se memora que el Tribunal aunque ratificó la declaración de existencia de la unión marital, amplió el lapso de su vigencia, revocó lo concerniente a la prescripción, y en su lugar, la denegó, “declar[ó] disuelta” la “sociedad patrimonial” y dispuso su “liquidación”.

En resumen sostuvo que el matrimonio de la convocada F.V.R. con E.R.P. no puso fin a la “unión y sociedad patrimonial de hecho” formadas entre este y la accionante, debido a que ese acto se mantuvo oculto hasta cuando aquel falleció y fue registrado después de este hecho jurídico.

Agrega que como la relación de la actora con su pareja cumplía los requisitos legales, era dable reconocer tanto la “unión marital”, como la “sociedad patrimonial”, mayor aún, cuando la “sociedad conyugal” surgida entre el antes mencionado y N.R., se disolvió por virtud del deceso de esta ocurrido el 14 de octubre de 1987.

También resaltó el tema de la eficacia de los negocios jurídicos y las consecuencias de no inscribirse siendo necesario, de donde infiere que como en este caso, el “registro del matrimonio” se produjo luego de la defunción del antes nombrado, a pesar de que las nupcias produjeron efectos entre los consortes desde su celebración, frente a terceros solo se presentaban a partir de su publicidad que se presume con el “registro”, por lo que no le era oponible a la demandante, quien de acuerdo con los elementos de juicio, se enteró de la existencia de ese vínculo el día en que falleció su compañero permanente, razón por la cual, tampoco prescribió la acción, dado que la misma se promovió dentro del plazo establecido por la Ley.

3. La censura estima que el tribunal se equivocó, no solo al asimilar el vínculo matrimonial a los demás contratos, por cuanto aquel es “especial” o mejor “una institución” que lo torna distinto, sino además por desconocerle mérito demostrativo al “registro civil de matrimonio” en el cual consta que las nupcias de E.R.

P. y F.V.R. fueron celebradas el 30 de abril de 1994, por lo que desde este momento empezó a producir efectos jurídicos hasta el 25 de febrero de 2002, fecha del deceso de aquel; sin embargo, únicamente los consideró a partir del “registro del matrimonio” y bajo ese raciocinio, sin haberse disuelto la “sociedad conyugal” que se formó entre los citados cónyuges, accedió a declarar, en vigencia de esta, la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes” pretendida por la actora, ignorando así mismo que la “acción se hallaba prescrita”.

4. Dado que los cargos examinados señalan que se cometió “error de derecho”, ha de tenerse en cuenta que, por regla general, esta clase de yerro se configura por la equivocación en que incurre el sentenciador al estimar el contenido de las normas que regulan todo lo concerniente a las pruebas o su eficacia demostrativa, por lo que al recurrente se le exige, a más de indicar las disposiciones sustanciales y probatorias que considera quebrantadas, determinar los medios de persuasión sobre los cuales recayó el desacierto, así como también la especie de este y cuál fue su influjo en la decisión, es decir, su trascendencia.

Al respecto, esta Corporación en sentencia CSJ SC, 9 dic. 2011, rad. 2005-00140-01, precisó:

El error de derecho cuestiona el indebido criterio del juez sobre la apreciación jurídica de los elementos demostrativos, no la física, material u objetiva de las evidencias sino el alcance jurídico dado, o sea, ‘surge de la contemplación objetiva de las pruebas y de la infracción de las normas legales relativas a su producción o a su eficacia, esto es, a su valor por exceso o por defecto (...)’.

Así mismo, en fallo CSJ SC, 21 jun. 2011, rad. 2007-00062-01, memoró:

El error de derecho, como reiteradamente lo ha anotado la Corte, apunta al aspecto normativo de las probanzas y se presenta en el momento de la contemplación jurídica de las mismas, es decir, cuando luego de darlas por materialmente existentes en el proceso, se pasa a ponderarlas a la luz de los preceptos que regulan su valoración, quedando excluida toda controversia en cuanto a su aspecto físico o material, pudiendo surgir el desacierto por transgredir el debido respeto al postulado del contradictorio, en las fases de aducción e incorporación de los elementos de juicio, ora porque se entra a contrariar al legislador acerca de su mérito o eficacia probatoria (...) ‘se presenta en síntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió’ y que, por tanto, ‘el error de hecho y el de derecho, en materia de apreciación probatoria que por vía indirecta lleva a la violación de norma sustancial, no pueden ser confundidos. El error de hecho implica que en la apreciación se supuso o se omitió una prueba, mientras que el de derecho entiende que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’ (...).

5. Pues bien, respecto de la temática propuesta, conviene acotar que el “matrimonio”, como una de las formas de constituir la familia y de adquirir un nuevo “estado civil”, dista de los demás actos jurídicos y por tanto no es dable asimilar sus efectos, según lo evidencian sus propias características.

En ese sentido se advierte que aunque para su existencia y validez, el “matrimonio” como vínculo contractual ostenta requisitos comunes a los restantes “acuerdos jurídicos”, esto es, los previstos en el artículo 1502 del Código Civil, alusivos a la capacidad, consentimiento exento de vicios, objeto y causa lícitas, su misma naturaleza lo torna diferente.

Véase a título meramente ejemplificativo, cómo para su celebración se exige solemnidad y presencia de una autoridad que puede ser juez o notario, cuya inobservancia impide que nazca a la vida jurídica, requerimientos que no siempre se hallan consagrados para otros convenios. Así mismo, la falta de consentimiento conduce a su inexistencia, en tanto que en las demás convenciones civiles, esa omisión genera nulidad; tampoco puede ser sometido a condición o término; solo tienen facultad para contraerlo las personas que han superado 18 años de edad, aunque las mayores de 14 pueden hacerlo con permiso expreso de sus padres o representante legal, pero si no se cumple tal exigencia, ello no acarrea “nulidad”, como ocurriría en otra clase de acuerdos, sino a lo sumo, una sanción patrimonial para los contrayentes, consistente en el desheredamiento.

En la mayoría de los contratos, el objeto consiste en crear obligaciones cuya prestación está dirigida a dar, hacer o no hacer alguna cosa, aspectos no previstos para el “matrimonio”, en el que ese “objeto” atañe a los derechos y deberes que surgen de él, tales como el débito conyugal, la fidelidad, la asistencia recíproca, entre otros.

Finalmente y por supuesto, sin agotar las múltiples diferencias existentes entre la generalidad de los negocios jurídicos y la relación marital, cabe destacar que en nuestro medio, no pueden coexistir legalmente dos matrimonios, pues de celebrarse cuando subsiste un lazo anterior sin desatar, se presenta invalidez del segundo, impedimento que se mantiene, inclusive si el inicial es “nulo”.

Es principio general en materia de “nulidad” de los negocios jurídicos, la retroactividad de sus efectos, lo que no ocurre en el “matrimonio”. Sobre el particular, esta Corporación en fallo CSJ SC, 25 nov. 2004, rad. 7291, expuso:

En lo concerniente a los efectos de la declaración judicial de nulidad, destácase que mientras en materia contractual rige preponderantemente el principio de la retroactividad, no puede decirse lo mismo en tratándose de los efectos del matrimonio nulo. Ciertamente, éste, además de considerarse válido y, por ende, generador de todas las consecuencias que le son propias, mientras no sea declarado nulo judicialmente, una vez decretada su nulidad sigue produciendo varios de los efectos del matrimonio válido, al paso que otros se extinguen únicamente hacia el futuro y, francamente, frente a los menos, se entiende como si nunca se hubiesen celebrado las nupcias.

Adicionalmente, es de anotar que el vínculo conyugal comporta un nuevo estado civil, respecto del cual cabe señalar que a partir de la vigencia del Decreto 1260 de 1970, se prueba con el correspondiente “registro civil” expedido por funcionario competente y con las formalidades legales (arts. 101, 102 y 105).

Igualmente, conviene resaltar que el “estado civil” como atributo de la personalidad, constitutivo de un plexo de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de la cual desciende, o con la que ha formado, deviene generalmente de hechos como el nacimiento o la muerte, de “actos jurídicos” dentro de los que se cuenta el matrimonio y el reconocimiento de hijo extramatrimonial, o también de la ley como ocurre con el estado de “hijo legítimo” y con las decisiones judiciales que por virtud de aquella, así lo determinen, sin que tales circunstancias sean en sí mismas la prueba de su existencia, dado que esta se halla establecida expresamente por la legislación, la que en esa materia consagra tarifa probatoria, reducida al “registro civil”.

Al respecto, la Corte, en fallo CSJ SC, 17 jun. 2011, rad., 1998-00618-01, se pronunció así:

(...), es oportuno destacar ahora que no puede confundirse el estado civil con la prueba del mismo, pues es innegable que son conceptos distintos. El primero surge por la ocurrencia de los hechos o actos que lo constituyen legalmente o por el proferimiento del fallo judicial que lo declara; empero, esos hechos, actos o providencias que son la fuente del estado civil no son, per se, su prueba, precisamente porque éste se acredita mediante los documentos previstos y reglamentados con tal propósito por el ordenamiento jurídico. Desde luego que el legislador colombiano de antaño y de ahora, ha procurado que los hechos y actos constitutivos del estado civil estén revestidos de seguridad y estabilidad, por lo que los ha sometido a un sistema de registro y de prueba de carácter especial, caracterizado por la tarifa legal, distinto al régimen probatorio al que están sometidos los actos de carácter meramente patrimonial. De ahí que se ha ocupado de señalar cuáles son las pruebas idóneas para acreditarlo, como también de establecer minuciosamente lo concerniente con su registro en aspectos tales como los funcionarios competentes, el término y oportunidad de la inscripción, etc., regulación que ha ido evolucionando con las diferentes disposiciones que sobre la materia han regido desde 1887.

Sobre la disimilitud de los referidos conceptos, esta Corporación ha dicho que ‘una cosa es el estado civil de las personas y otra su prueba. Los hechos, actos o providencias que determinen el estado civil, otorgan a la persona a quien se refieren, una precisa situación jurídica en la familia y la sociedad y la capacitan para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. El estado civil, pues, surge una vez se realicen los hechos constitutivos del mismo, como nacer de padres casados o compañeros permanentes, o inmediatamente ocurra el acto que lo constituye como el celebrar matrimonio, o, en fin cuando queda en firme la sentencia que lo determina, como en el caso de la declaración de paternidad natural. Un determinado estado civil se tiene, entonces, por la ocurrencia de los hechos o actos que lo constituyen o por el proferimiento de la respectiva providencia judicial que lo declara o decreta. Pero estos hechos, actos o providencias que son la fuente del estado civil, sin embargo no son prueba del mismo, porque de manera expresa el legislador dispuso que ‘el estado civil debe constar en el registro del estado civil’ y que ‘los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con una copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos (artículos 101 y 105 del Decreto 1260 de 1970)’ … ‘ . (sentencia 22 de marzo de 1979, tesis reiterada en los fallos de 29 de abril de 1988, 21 de octubre de 1992 y de 6 de abril de 1995, entre otros).

6. Cabe seguidamente señalar que el “matrimonio”, no solo genera efectos de índole personal, sino de naturaleza económica, pues en cuanto a estos, en principio la regla general es que por el hecho de su celebración se forma, de manera imperativa, “sociedad conyugal” entre los contrayentes.

Así lo prevé el inciso 1º del artículo 180 del Código Civil, según el cual, “[p]or el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del título 22, libro IV, del Código Civil”, disposición esta ratificada por el 1774 ibídem, al determinar que “[a] falta de pacto escrito se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título”.

7. Ahora bien, en lo que atañe a la disolución de “[l]a sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, ha de precisarse que el artículo 5° de la Ley 54 de 1990, modificado por el 3° de la Ley 979 de 2003 establece como causales, los siguientes hechos:

“a) Por la muerte de uno o de ambos compañeros;

b) Por el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas de quienes forman parte de la sociedad patrimonial;

c) Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública;

d) Por sentencia judicial” (resalta la Corte).

8. Los elementos probatorios incorporados al proceso con trascendencia en la decisión que se está adoptando, se concretan a los que seguidamente se mencionan:

a. Partida eclesiástica en la que consta que E.R.P. y F.V.R. contrajeron nupcias el 30 de abril de 1994, en la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, adscrita a la Arquidiócesis de Barranquilla (fl. 189 c.1).

b. Registro civil de matrimonio de los nombrados contrayentes, el cual da cuenta de que la celebración del citado vínculo tuvo lugar en la data anotada en el punto anterior y que su inscripción se produjo el 4 de junio de 2002 (cdno.1, fl. 109).

c. “Registro civil de defunción” del cónyuge R.P., en el que aparece falleció el 25 de febrero de 2002 (cdno.1, fl. 13).

d. Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla sobre la existencia y representación de la empresa “R.R. & C.L.”, en el que figuran como socios “E.R.P., L.D. y C.E.R.R., B.R.V. y F.V.R.”, persona esta que además, según acta de 2 de diciembre de 2001 fue nombrada suplente del gerente “E.R.P.” (cdno.1, fl. 18).

e. Demanda presentada el 22 de agosto de 2002 ( cdno. 1, fl. 11), por M.T.Á. en la que pretende se declare la unión marital de hecho entre ella y el antes nombrado, lo mismo que disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial surgida entre ellos.

9. Cotejado lo expuesto por el sentenciador con los cuestionamientos planteados por la censura, se evidencia el desacierto que esta le enrostra a aquel, al apreciar el “registro civil de matrimonio” aducido para acreditar el vínculo nupcial que contrajo el compañero de la demandante con F.V.R, pues le restó poder persuasivo a la fecha de su celebración allí inserta y desde la cual produce todos sus efectos jurídicos, por mandato legal.

En esa medida, considera la Corte que es errado considerar que a la par de ese “matrimonio”, del que en principio por el solo hecho de su realización surge “sociedad conyugal”, subsista paralelamente “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, por no haberse registrado aquel sino tiempo después, dado que es la propia ley la que determina el suceso y momento del nacimiento de aquella, al igual que los requisitos para la estructuración de la última reseñada, siendo uno de ellos, que de existir “sociedad conyugal” anterior de alguno de los miembros de la “unión de hecho”, la misma se encuentre disuelta, pues en la actualidad se halla abolida la exigencia de la liquidación.

En este orden de ideas, si el Tribunal estimó que el matrimonio de E.R.P. y F.V.R. no tuvo la virtud de disolver, acorde con el literal b) del artículo 5° de la Ley 54 de 1990 la “sociedad patrimonial” formadas entre aquel y la accionante, dado que ese vínculo, frente a terceros solo produjo efectos a partir de su publicidad que se presume con el “registro”, por lo que no le era oponible a la demandante, es evidente el yerro de jure cometido por el aludido juzgador, puesto que según ha quedado visto, no es dable asimilar el “matrimonio” a la generalidad de los contratos, particularmente a aquellos atinentes a la propiedad de bienes sujetos a ese requisito, en razón de que aquel atañe al estado civil.

Así las cosas, se itera, la aludida apreciación del ad quem resultó equivocada, como consecuencia de haberle recortado eficacia demostrativa al correspondiente “registro civil”, en el que consta la fecha de celebración del “matrimonio”, momento a partir del cual, este irradia sus efectos, inclusive frente a terceros; pues tal como lo ha señalado la jurisprudencia, si bien la inscripción en el “registro civil”, es un procedimiento que sirve para establecer, probar y publicar todo lo relacionado con el “estado civil” de las personas, ese trámite no comporta la adquisición de la aludida condición, ya que “una cosa es el estado civil y otra su prueba”; aquel deviene de hechos, actos o providencias que lo determinan o constituyen, como el nacimiento, el matrimonio o la muerte, sucesos estos que de acuerdo con la ley, se demuestran, de manera imperativa, con el correspondiente “registro civil”, lo que no significa que mientras este no se asiente, esos supuestos “constitutivos”, no preexistan.

Piénsese por ejemplo en el “hecho constitutivo” del nacimiento o de la muerte, eventos en los cuales, riñe con la lógica afirmar que mientras no se haya efectuado el correspondiente registro, la persona solo existe para quienes tuvieron conocimiento de ese acontecimiento, pero no para quienes lo ignoraban, o en el segundo caso, que sigue siendo sujeto de derechos y obligaciones hasta cuando se inscriba su defunción y que por tanto solo a partir de este momento es oponible a terceros.

Por ello, se insiste en que no es dable equiparar los efectos de la falta de “registro” de asuntos atinentes al “estado civil”, con los que produce esa omisión en los demás sucesos sometidos a tal exigencia, pues si bien es verdad que conforme al canon 107 del decreto 1260 de 1970 “[p]or regla general ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción”, también lo es que, la ley ha de interpretarse buscando “su verdadero sentido” y “del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural” (C.C., arts. 26 y 32), teleología que en palabras de la Corte “el juez no solo puede sino que debe tener presente a la hora de desentrañar el espíritu y el genuino entendimiento de las disposiciones legales” (Sentencia CSJ SC, 1° oct. 2004, rad. 1998-01175-01).

En este orden de ideas, dado que “[e]l estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad”, se itera, el “registro” que permite su acreditación no puede conllevar la negación del “hecho o acto” que lo genera, hasta cuando aquel se efectué, porque ello conduciría al absurdo de considerar que una persona murió antes de nacer, si su fallecimiento se presentó y registró sin haberse inscrito su nacimiento.

La Corte, en un caso en donde se discutía la aplicación del precepto 107 supracitado, en fallo CSJ SC, 20 Ago. 1981 dijo:

Como la sentencia atacada y el recurso interpuesto contra ella giran en torno a la interpretación del artículo 107 del decreto 1260 de 1970, debe descartarse que dicha norma no contiene un carácter absoluto ni un mandato inmodificable, como quiera que comienza por establecer que por regla general (o sea no siempre) los hechos, actos o providencias relativos al estado civil no producen efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción.

Tal redacción significa, a contrario sensu, que por vía excepcional sí pueden producirlos.

La unidad del estado civil es principio indiscutible (art. 1º ib.), así esté atemperado para determinadas circunstancias por la inoponibilidad, en ciertos casos, de dicho estado, o mejor de sus efectos, especialmente los de índole patrimonial, como lo contempla el último inciso del artículo 10 de la ley 75 de 1968.

Pero para tener en cuenta esta inoponibilidad que, por vía de excepción, llegue a reducir el ámbito de la unidad del estado civil, es indispensable que el conflicto verse directamente o exclusiva sobre el estado civil en discusión o sobre sus directas consecuencias, o mejor dicho sobre sus alcances primarios y específicos.

(...).

De otro lado, no puede desconocerse el efecto retroactivo o mejor retrospectivo, del asentamiento de las actas del estado civil al contener en ellas las fechas en que se produjo el hecho registrado, bien sea nacimiento, matrimonio o defunción, y por tanto al referirse a tales fechas como aquellas desde las cuales tiene existencia, no solo fáctica sino jurídica el hecho así registrado.

Todo lo anterior como obligada consecuencia de la evidente distinción que, obviamente existe, entre el estado civil y su prueba.

Por su parte, respecto del mismo precepto, el extinto jurista Arturo Valencia Zea, en el Tomo I Parte General y Personas, Duodécima Edición Temis, página 331 de su obra de Derecho Civil expresa:

Mediante pésima redacción establece el artículo 107 del decreto 1260 de 1970: ‘Por regla general ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción’. Por la misma época en que se redactaba el nuevo estatuto del registro civil, o sea el decreto ley 1260 de 1970, se elaboraba el decreto 1250 de 1970 como estatuto del registro de instrumentos públicos. Este estatuto dice en su artículo 44 ‘Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel’.

Fácilmente se cae en la cuenta de que los redactores del estatuto del registro de estado civil de las personas quisieron darle a la inscripción el mismo y los mismos efectos que es necesario dar a la transmisión de la propiedad inmueble o a sus gravámenes (hipoteca, usufructo, etc.). Pero sucede que al estado civil no se le puede dar el mismo tratamiento que se le da al régimen jurídico de un inmueble, especialmente en cuanto a los efectos de la inscripción. Cuando el registrador de instrumentos públicos registra una escritura de compraventa de un inmueble, se verifica a partir de ese momento la tradición del inmueble; pero cuando el funcionario del registro civil inscribe un nacimiento, en manera alguna puede afirmarse que el inscrito solo nace a partir de la inscripción.

Los estados civiles o sus alteraciones que se llevan al registro civil se dividen en dos clases (en lo relativo a precisar los efectos): unos tienen naturaleza simplemente declarativa; otros tienen efecto constitutivo.

Cuando la inscripción es de índole declarativa, los efectos del respectivo estado civil se producen desde la constitución del hecho que engendra ese estado, como sucede con los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, sentencias judiciales que declaran la paternidad extramatrimonial. En semejante caso la inscripción en el registro es preponderantemente un medio de prueba, pero los efectos se han producido desde época anterior, o sea desde cuando se realizó el hecho generador del respectivo estado civil.

Cuando la inscripción tiene carácter constitutivo, sus efectos se producen desde su ingreso en el registro civil, como sucede principalmente con las sentencias judiciales que tienen carácter atributivo: adopciones, interdicciones judiciales, nulidad del matrimonio, separación de cuerpos, separaciones de bienes, declaraciones de ausencia, etc.

De donde se deduce que el art. 107 ha debido redactarse teniendo en cuenta estas dos clases de efectos; y mejor hubiera sido guardar silencio sobre el particular a fin de que la doctrina y la jurisprudencia con la debida lógica, resolvieran en cada caso la cuestión.

Ahora, en tratándose de las nupcias, ha de observarse que si bien el artículo 67 del citado Decreto 1260 dispone que “[l]os matrimonios que se celebren dentro del país se inscribirán en la oficina correspondiente al lugar de su celebración, dentro de los treinta días siguientes a ésta”, dicha normatividad, como tampoco ninguna otra, tienen determinado que su asentamiento tardío se sancione con su ineficacia, por lo que entonces, no es dable deducir esta consecuencia.

10. De acuerdo con lo expuesto, surge con nitidez que en el presente asunto, el ad quem incurrió en el error de derecho que se le atribuye, porque a pesar de que en el correspondiente “registro civil” consta que F.V.R. y E.R.P. se casaron el 30 de abril de 1994, no tuvo en cuenta esa data para establecer que por el hecho del matrimonio nació la sociedad conyugal entre ellos, según lo consagrado por la ley, desde su celebración y no a partir de su inscripción.

El aludido yerro condujo igualmente a que el sentenciador se equivocara al tener por constituida la sociedad patrimonial entre este y la demandante “desde el 7 de septiembre de 1988 hasta el 25 de febrero de 2002”, no obstante, se reitera, el advenimiento de la “sociedad conyugal” surge de las nupcias antes mencionadas y la ausencia de su disolución.

En efecto, si de conformidad con las previsiones del canon 2° de la ley 54 de 1990, “[l]a sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve: (...) b) [p]or el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas de quienes forman parte de la sociedad patrimonial”, es claro que al sobrevenir el “matrimonio” de E.R.P. con una persona distinta a la accionante M.T.Á., esto es, con F.V.R., ese acto jurídico puso fin a la comunidad de bienes que pudo germinar entre aquellos, no desde la fecha del registro, como equivocadamente lo sostuvo el Tribunal, sino desde cuando se celebró el citado “vínculo”, esto es, a partir del 30 de abril de 1994, pues acorde con lo expuesto “una cosa es el hecho constitutivo del estado civil y otra su prueba”.

Si ello no fuera así, se tendría que concluir en la coexistencia de la “sociedad conyugal” con la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, circunstancia que precisamente, la ley ha querido evitar con las exigencias antes señaladas, pues la finalidad de la normatividad que “define(...) las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, no fue crear “sociedades patrimoniales” paralelas a las “sociedades conyugales” derivadas del “matrimonio” de uno de los compañeros, sino impedir que se superpongan varias comunidades de bienes a título universal.

Por ello, en principio, si un integrante de la pareja contrae nupcias con una tercera persona, a partir de entonces se disuelve la sociedad patrimonial que hubiere emanado de esa unión, según lo previsto en el literal b) del artículo 5° de la ley 54 de 1990.

Así mismo se impone recalcar que si bien es cierto el “literal b)” del precepto 2° ejusdem, admite y presume la existencia de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes cuando uno o ambos integrantes ostenta impedimento legal para contraer matrimonio, es igualmente verdad que para su reconocimiento no solo se requiere que “exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años”, sino que previamente, “la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas”.

Al respecto, la Sala en fallo CSJ SC, 28 nov. 2012, rad. 2006-00173-01, expuso:

‘(...) La unión marital de hecho, bien se sabe, supuestos los elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer presumir la sociedad patrimonial, siempre que aquélla haya perdurado un lapso no inferior a dos años, con independencia de que exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, pues si concurre, por ejemplo, un vínculo vigente de la misma naturaleza, lo único que se exige para que opere dicha presunción, es la disolución de las respectivas sociedades conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se encontraban, por el simple hecho del matrimonio, se concretan y a la vez mueren, y no su liquidación.

‘Con ello, desde luego, lo que se propuso el legislador fue evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales entre compañeros permanentes, porque como lo tiene explicado la Corte, ‘si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución. Es esta, que no la liquidación, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal’. Lo destacable, agrega, es que ‘cuando ocurre cualquiera de las causas legales de disolución, la sociedad conyugal termina sin atenuantes. No requiere de nada más para predicar que su vigencia expiró. En adelante ningún signo de vida queda.

Así mismo, en sentencia CSJ SC, 7 mar. 2011, rad. 2003-00412-01, sostuvo:

En lo que concierne a las relaciones familiares, la ley ha establecido un régimen presunto de comunidad de bienes, presunción que puede ser alterada por voluntad de las partes expresada antes del matrimonio o durante su vigencia, en este último caso acudiendo a la disolución de la sociedad conyugal, dejando intacto el matrimonio. No obstante, en defensa de la sociedad conyugal y, por supuesto, mientras ella subsista, se desactiva la capacidad plena de los cónyuges, y conoce merma la autonomía de la voluntad, lo cual no implica que los casados, aún con sociedad conyugal vigente, no puedan emprender cualquier tipo de sociedad entre ellos o con terceros.

Así, sólo a manera de ejemplo, los casados con sociedad conyugal vigente, pueden formar parte de todo tipo de compañías, pues la autonomía de la voluntad, la igualdad de derechos, la libre iniciativa privada y la libre administración de los bienes de cada cónyuge, les habilita para conjugar sus intereses del modo que más les convenga, eso sí, tomando en cuenta que no puede concurrir más de una comunidad de bienes a título universal, más por tratarse de un impedimento lógico que por disposición legal.

De ese modo, mientras subsista la sociedad conyugal, el cónyuge no puede constituir ninguna otra comunidad de bienes a título universal, pues dos universalidades jurídicas de este tipo son lógicamente excluyentes de modo simultáneo, aunque nada impide que a una siga otra, así la primera se halle en estado de liquidación.

Por esa circunstancia, el matrimonio en sí no es obstáculo para que se forme una sociedad, incluso la patrimonial entre compañeros permanentes, pues la ley sólo exige que esté disuelta la sociedad conyugal precedente, justamente para evitar la confusión de dos comunidades de bienes a título universal, dado que causa verdadera molestia a la razón, presumir que todo lo que adquiere una persona casada ingrese al haber de la sociedad conyugal existente con su cónyuge y, al mismo tiempo, pueda incorporarse al acervo de la sociedad universal que tiene con otro sujeto.

(...).

Esa misma circunstancia impone la unicidad y singularidad de la unión marital de hecho, pues de haber dos universalidades concurrentes en el mismo arco temporal, no habría cómo presumir a cuál de ellas ingresaron los bienes adquiridos por aquel compañero permanente que tiene dos lazos de convivencia simultáneos.

Igualmente, la imposibilidad jurídica de que se sobrepongan distintas “sociedades patrimoniales a título universal”, se evidencia en los casos en los que se ha declarado la nulidad de un “matrimonio”, pues en esos eventos no hay lugar a la retroactividad de sus secuelas, como acaece en la generalidad de los contratos, sino que la “sociedad conyugal” formada subsiste y produce “efectos jurídicos” hasta cuando se ejecutoríe la sentencia que declare esa invalidez, salvo en el evento que la causal fuera la existencia de vínculo matrimonial anterior vigente.

Así lo ilustra esta Corporación, cuando en el fallo CSJ SC, 25 nov. 2004, rad. 7291, ya citado, precisa:

Examinado con mayor detenimiento el asunto se tiene que respecto de los cónyuges la declaración de nulidad produce entre otros los siguientes efectos: conforme al artículo 148 del Código Civil, ‘anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados, todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato de matrimonio...’. En consecuencia, solamente a partir de la sentencia se extinguen los derechos y deberes maritales, lo que equivale a decir, que el matrimonio, en este aspecto, tiene eficacia hasta la firmeza de la sentencia de nulidad, la cual se aplica, por tanto, sin ninguna retroactividad.

(...).

Tiénese, igualmente, que por prescripción del numeral 4º del artículo 25 de la ley 1° de 1976, reformatorio del artículo 1820 del Código Civil, la sociedad conyugal se disuelve ‘por la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en el caso de que la nulidad haya sido declarada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 140... En este evento, no se forma sociedad conyugal...’.

Significa lo anterior que, también como principio general, la sentencia que anula el vínculo conyugal no produce efectos retroactivos en materia de sociedad conyugal, pues ésta se forma muy a pesar de la invalidez del matrimonio. En otros términos, es tal la eficacia del matrimonio nulo que, salvo la excepción que el reseñado precepto consagra, que no es absoluta como, también, lo ha precisado la Corte, se constituye entre los contrayentes sociedad conyugal que se disuelve por la sentencia que declara la nulidad.

(...).

En ese orden de ideas, tampoco puede decirse que el matrimonio cuya nulidad se declara por razón de existir respecto de ambos o uno de los contrayentes el vínculo de un matrimonio anterior, deba tenerse como ineficaz y, por ende, que no constituye obstáculo para que se forme entre la pareja una sociedad patrimonial similar a la de los compañeros permanentes, pues esa unión conyugal existe como tal y produce los efectos que le son propios mientras no se declare su invalidez. Más exactamente: Mientras no se decrete judicialmente la nulidad, existe vínculo matrimonial y los contrayentes tienen la calidad de cónyuges y, obviamente, los derechos y obligaciones que la ley les impone.

(...).

Es que, como dijera recientemente la Corte, si el artículo 1820-4 del Código Civil consagra el principio de que la nulidad del matrimonio ‘carece de virtualidad para borrar la sociedad conyugal que perduró en el interregno’, y si la aplicación de tal principio no encuentra óbice en la mayoría de las causales de nulidad del matrimonio, distinto es frente a la prevista en el numeral 12 del artículo 140 del C. Civil, que la produce por la preexistencia de otro vínculo matrimonial, por cuanto entonces habría concurrencia de sendas sociedades conyugales y ello acarrearía más de una dificultad en orden a la liquidación de cada una. De ahí que la Corte dijese entonces, y lo reitere ahora, que la reforma introducida por la Ley 1° de 1976 al numeral cuarto del artículo 1820 del C. Civil ‘no consistió propiamente en castigar y sancionar a quienes se casen doblemente, sino en evitar, quepa repetirlo una vez más, el tropezón de varias sociedades conyugales (...).

11. Establecido que el matrimonio con personas diferentes a los compañeros permanentes disuelve la “sociedad patrimonial” formada entre estos, se infiere que en el presente asunto el sentenciador de segundo grado erró al prohijar la continuidad de la que se venía desarrollando entre M.T.Á. y E.R.P., lo cual no era viable después de que este se casó con F.V.R., fecha inserta en el correspondiente registro civil cuyo mérito demostrativo fue menguado por aquel.

12. El último embate le atribuye error de jure al Tribunal por cuanto al desconocerle mérito probatorio al “registro civil de matrimonio”, para acreditar la fecha de su celebración y por ende consecuencias a partir de ella, dejó de contabilizar desde ese instante el término prescriptivo que el artículo 8° de la Ley 54 de 1990 contempla para interponer las acciones de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

En efecto, la referida normatividad expresamente señala que “[l]as acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros” subraya la Sala.

Atinente a la temática que se comenta y particularmente en lo concerniente al término previsto en la norma antes citada, esta Corporación en fallo CSJ SC, 11 mar. 2009, rad. 2002-00197-01 expuso:

‘[l]as acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros’, sin condicionarlo mutatis mutandis, a la declaración judicial de la unión marital y de la sociedad patrimonial, conforme señaló la Corte, en sentencia de 1° de junio de 2005, pues ‘que la ley reclame una declaración —no necesariamente judicial— de certeza de la existencia de la citada sociedad patrimonial, no puede traducir que la irrupción del término prescriptivo de la acción encaminada a disolverla y liquidarla, esté condicionada a que medie sentencia ejecutoriada o acta de conciliación que de fe de esa sociedad, pues si se miran bien las cosas, es apenas lógico que la disolución tenga lugar cuando la vigencia de la sociedad patrimonial llega a su fin, con independencia de si media o no la referida declaración. Tal la razón para que la ley ponga pie en tres hechos que, en sí mismos considerados, son bastante para ultimar la unión marital entre compañeros permanentes y, desde luego, a sus efectos patrimoniales, como son el distanciamiento definitivo de la pareja, la celebración de matrimonio con un tercero, o el fallecimiento de uno de ellos. De esta forma, a no dudarlo, se otorgó seguridad a los asuntos familiares en materias tan delicadas como la prescripción de las acciones vinculadas al finiquito del patrimonio común de los compañeros, cuyo plazo no puede manejarse en términos contingentes como sería la duración de un pleito judicial encaminado a que se reconozca la existencia de la unión marital de hecho y de la respectiva sociedad patrimonial, pues si así fuera, quedaría incierto el momento en el que despuntaría el plazo prescriptivo, cuyo cómputo, por expresa voluntad del legislador, quedó condicionado a la configuración de situaciones objetivas vinculadas a la disolución de la familia estructurada por vínculos naturales, concretamente a la verificación de uno de los acontecimientos que integran el aludido trinomio, ex lege’ (cas. civ. 1º de junio de 2005, [SC-108-2005], exp. 7921) (resaltado fuera de texto).

Adviértase, entonces que la acción judicial tendiente a la declaración de la unión marital de hecho, podrá ejercerse durante su existencia, aún unidos los compañeros permanentes y, por ende, antes de su terminación o después de ésta y es imprescriptible en lo relativo al estado civil.

Contrario sensu, ‘el derecho a pedir la disolución y liquidación, ministerio legis, nace cuando fenece la sociedad patrimonial, no así cuando se declara que ella existió’ (cas. civ. 1º de junio de 2005, [SC-108-2005], exp. 7921), sino con ‘la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros’, situaciones objetivas desde cuya ocurrencia, puede ejercerse la acción y computa el plazo prescriptivo (L. 54/90, art.8º).

Por tanto, la hermenéutica impone la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la unión marital de hecho en lo atañedero al estado civil y la prescriptibilidad de la acción judicial para la ‘disolución y liquidación’ de la sociedad patrimonial, cuyo término de prescripción es de un año contado a partir de la terminación de la unión marital por separación física y definitiva de los compañeros —de mutuo consenso elevado a escritura pública ante notario o expresado en acta de conciliación— sentencia judicial, matrimonio de uno con un sujeto diferente, o muerte, ya real, ora presunta (L. 979/2005, arts. 5º [3º,] y L. 54/90, art. 8º) (...).

Igualmente, la Corte Constitucional en fallo CC C114/96, declaró la exequibilidad del “artículo 8° de la ley 54 de 1990”, en punto del término prescriptivo allí previsto; al respecto dijo:

Por sus mismas características, y especialmente por haberse originado en una unión libre, es razonable que la acción encaminada a demostrar la existencia y disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriba en un término relativamente breve, contado a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros. Por eso, el término de un año, fijado por el artículo 8° de la ley 54, no parece insuficiente. Con mayor razón, si se tiene en cuenta que el término se interrumpe con la sola presentación de la demanda, como expresamente lo determina el parágrafo del artículo últimamente citado. Y recuérdese que, como se ha dicho, tal término, por mandato del artículo 2541 del Código Civil, se suspende en favor de las personas señaladas en el artículo 2530 del mismo, y de la herencia yacente, por ser un término de prescripción y no de caducidad.

(...).

Téngase en cuenta, además, que al llegar a declararse inexequible la expresión demandada, habría que aplicar el artículo 2536 del Código Civil, que en su inciso primero establece: ‘La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte’. Tendríamos, entonces, que a partir del fallecimiento de uno de los compañeros permanentes o de ambos, empezaría a contarse un término de veinte años, para pedir la declaración de existencia y disolución, y la consecuente liquidación, de la sociedad patrimonial. Nada sería más contrario a la seguridad jurídica.

(...).

Por otra parte, no es ésta la única prescripción que tiene señalado un término relativamente breve, en guarda, de la seguridad jurídica y en defensa, precisamente, de la estabilidad familiar.

13. Como en este caso, el “registro civil de matrimonio” informa que el “30 de abril de 1994” E.R.P.

y F.V.R. contrajeron nupcias y en virtud de ello operó la disolución de la sociedad patrimonial que aquel conformó con su compañera M.T.Á., acorde con lo dispuesto por el literal b) del artículo 5° de la Ley 54 de 1990, y dado que la demanda génesis de este proceso se presentó hasta el 22 de agosto de 2002 (cdno.1, fl. 11), es decir, después de ocho (8) años de haberse estructurado uno de los supuestos objetivos para intentar la “acción de disolución y liquidación”, es claro que operó la prescripción de la misma, lo que evidencia el desatino del juzgador al no reconocerla, no obstante haberse invocado expresamente como defensa por las recurrentes extraordinarias.

14. Colofón de lo anterior, las acusaciones alcanzan prosperidad y consecuentemente se casará el fallo impugnado, procediéndose a proferir el que ha de reemplazarlo.

V. SENTENCIA SUSTITUTIVA

1. Situada la Corte en sede de segunda instancia, al advertir la presencia de los presupuestos procesales y la ausencia de causal constitutiva de nulidad que deba ser declarada de oficio, procede a decidir de fondo.

2. Se tendrán por reproducidos los antecedentes que ab initio se expusieron, remembrando que mediante la sentencia apelada, el a quo “declar[ó] la existencia de unión marital de hecho entre (...) M.T.Á.… y E.R.P., en el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 1988 y el 29 de abril de 1994”, fecha en que este se casó con otra persona, e igualmente “declar[ó] prescrita la sociedad patrimonial” que existió entre aquellos.

Como fundamento de su determinación aceptó que estos convivieron durante el señalado lapso, lo que además dio lugar a que se conformara “sociedad patrimonial de hecho desde esa misma fecha (7 de septiembre de 1988), hasta el día 29 de abril de 1994, en razón a que el día 30 de abril de ese mismo año el señor E.R.P. contrajo matrimonio con la señora F.V.R.”, la que prescribió debido a que la actora no intentó la respectiva acción dentro del año siguiente a su disolución acaecida en la data últimamente citada cuando aquellos se casaron, según lo previsto en el artículo 8° de la ley 54 de 1990.

3. En la sustentación de la alzada, la recurrente se duele de que el juez de primer grado reconociera la existencia de la unión marital de hecho únicamente entre el 7 de septiembre de 1998 y el 29 de abril de 1994 y que además haya declarado la “prescripción” atinente a la sociedad patrimonial, cuando ello no es admisible, debido a que la actora solo tuvo conocimiento de las aludidas nupcias, el día de la muerte de su compañero permanente, vínculo registrado el 4 de junio de 2002, es decir, ocho años después de celebrado, por lo que conforme al artículo 107 del Decreto 1260 de 1970, ese acto solo surte efectos ante terceros desde la fecha de su inscripción, razón por la cual pide se declare “que la unión marital estuvo vigente hasta el 4 de junio de 2002, con todos los beneficios patrimoniales que de la misma se pueden derivar a favor de la señora M.T.Á.”.

4. Al estudiarse las acusaciones que salieron avante, se concluyó que en materia del estado civil, como el adquirido por virtud del matrimonio, no resulta acertado afirmar que este irradia consecuencias frente a terceros a partir de su anotación en el registro civil, sino desde el propio instante en que se constituye. Así mismo, que la ley ha querido evitar la concurrencia de sociedades patrimoniales a título universal y por ello exige que en los eventos en los cuales alguno o ambos “compañeros permanentes” hayan tenido “sociedad conyugal”, esta se encuentre disuelta previamente.

De la misma forma, se precisó, con base en las previsiones del artículo 5°, literal b) de la Ley 54 de 1990 que la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve”, entre otras razones de carácter objetivo, “[p]or el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas de quienes forman parte de la sociedad patrimonial”, e igualmente, que con el registro civil obrante a folio 109 c.1 se demostró que E.R.P. contrajo matrimonio, el 30 de abril de 1994, con F.V.R., persona distinta a la demandante M.T.Á., momento desde el cual produjo todos sus efectos, lo que implicó el fenecimiento de la respectiva sociedad de bienes.

También quedó clarificado que por mandato del precepto 8° de la normatividad citada, “[l]as acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros” (destaca la Sala) y que en el caso sub examine se presentó el segundo de tales condicionamientos, por lo que entonces, la data últimamente mencionada constituye el punto de partida para computar el término normativamente previsto, para la prescripción.

Finalmente, se concretó que la demanda con la que M.T.Á.. pretende que se declare la unión marital de hecho entre ella y E.R.P., lo mismo que disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial surgida de esa relación, fue presentada el 22 de agosto de 2002, esto es, pasados ocho (8) años y cuatro (4) meses de las precitadas nupcias ( cdno. 1, fl. 11).

5. En ese contexto, se descarta la equivocación endilgada al juzgador a quo, por lo que ha de confirmarse la sentencia de primer grado.

6. Así las cosas, en razón del fracaso de la apelación, se condenará en costas a la actora, a favor de las demandadas F.V.R. y B.C.R.V., en cuanto sólo ellas replicaron la alzada, sin que proceda dicha imposición respecto de la impugnación extraordinaria, al alcanzar éxito la acusación, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

VI. Decisión

En mérito de lo analizado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 10 de octubre de 2012, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por M.T.Á. contra las impugnantes extraordinarias y los herederos de E.R.P..

Actuando en sede de segunda instancia,

RESUELVE:

Primero: Confirmar el fallo apelado dictado el 7 de febrero de 2012 por el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla, dentro de la actuación de la referencia.

Segundo: Condenar a la actora a pagarle a las convocadas “F.V.R. y B.C.R.V.” las costas de la segunda instancia, incluyendo en la respectiva liquidación, la suma de $1.500.000, por concepto de agencias en derecho.

Tercero: No imponer “costas” en el trámite de la casación.

Cuarto: Devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».

Magistrados: JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ—RUTH MARINA DÍAZ RUEDA—ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO—FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ—ARIEL SALAZAR RAMÍREZ—LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA.