Sentencia 2002-00514 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Radicación: 44001-23-31-000-2002-00514-01 (31.157)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Demandante: Carlos Arturo Bravo Cerpa y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos con los trámites propios de esta instancia y sin causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a pronunciarse sobre el asunto de la referencia para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia, 2) acervo probatorio, 3) análisis del caso concreto, y 4) liquidación de perjuicios.

1. Competencia.

El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, referido a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, dice: “El Consejo de Estado en la sala contenciosa administrativa conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales (…)”. Así, la Corporación es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira el 17 de marzo de 2005, en proceso con vocación de segunda instancia.

Ahora bien, como quiera que la pretensión mayor, individualmente considerada, asciende a la suma de $ 100.000.000 por concepto de perjuicios fisiológicos, es claro que supera la cuantía establecida para que un proceso iniciado en el año 2002, tuviera vocación de doble instancia, esto es $ 36´950.000.

2. Acervo probatorio.

Para adoptar la decisión en el presente proceso resultan relevantes las siguientes pruebas:

2.1. Copia del registro de defunción de Carlos Julio Bravo Misat (fl. 22, cdno. 1).

2.2. Copia del registro civil de nacimiento de Carlos Julio Bravo Misat (fl. 23, cdno. 1).

2.3. Copia de los registros civiles de nacimiento de Lewis Arturo Bravo Tovar, Carlos Mario Bravo Tovar, Alexi Antonio Bravo Tovar, Carlos Julio Bravo Argumedo y Fredys Arturo Bravo Mixad (fls. 24 a 28, cdno. 1).

2.4. Copia del expediente prestacional 11156/01 del soldado Carlos Julio Bravo Mixad, remitido el 22 de mayo de 2003 por el Director de Prestaciones Sociales del Ejército (fls. 74 y ss., cdno. 1).

2.5. Copia del Informativo Administrativo por Muerte Nº 27, expedido por el Ejército Nacional (fl. 75, cdno. 1).

2.6. Copia de la certificación expedida por la Tesorera del Batallón de Infantería Mec NR 6 Cartagena el 11 de octubre de 2000, en donde consta los haberes correspondientes al mes de agosto de 2000 cancelados al soldado Carlos Julio Bravo Mixad (fl. 91, cdno. 1).

2.7. Copia del acta militar de defunción del soldado profesional Carlos Julio Bravo Mixad (fls. 94 a 95, cdno. 1).

2.8. Copia de la Resolución 17582 de 27 de febrero de 2002 “Por la cual se reconoce y ordena el pago de prestaciones sociales, con fundamento en el expediente 311156 de 2002”, expedida por el Ejército Nacional, Director de Prestaciones Sociales TC. Rubén Darío Mestizo Reyes, la cual contiene las siguientes consideraciones y órdenes —se destaca—: (fls. 122 y 123, cdno. 1).

“Que se hizo presente a reclamar el señor Bravo Cerpa Carlos Arturo C.C. 11030800, padre del causante de acuerdo a registro civil de nacimiento sin aportar formato 3 debidamente diligenciado.

Que la señora Mixad Álvarez Marlenis María madre del causante, no se ha hecho presente a reclamar ni se ha aportado registro civil de defunción.

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 2728 del 1968 y la Ley 131 de 1985, a favor de los beneficiarios legales se consolido (sic) el derecho a:

a) Bonificación: Por 0 años, 7 meses y 10 días, según liquidación de servicio 409 de 2001, con base en los siguientes haberes:

SUELDO BÁSICO $ 416.160.00

TOTAL $ 416.160.00

b) Compensación por muerte: Equivalente a 24 meses del sueldo básico de un Cabo Segundo de acuerdo a Informe Administrativo 27 del 26 de septiembre de 2001.

SUELDO BÁSICO CABO SEGUNDO $ 480.698.00

RESUELVE:

ART. 1º—Reconocer con cargo al presupuesto del Ejército Nacional, la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE., ($ 11.779.512) por los siguientes conceptos:

a) Bonificación: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE., ($ 242.760).

b) Compensación por muerte: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE., ($ 11.536.752).

(…)”.

2.9. Hoja se servicios del soldado Carlos Julio Bravo Mixad, expedido por el Ejército Nacional, Dirección de Prestaciones Sociales (fl. 125, cdno. 1).

3. Análisis del caso concreto.

La sala pone de presente que la decisión de segunda instancia se contrae a determinar si en el sub judice hay lugar al reconocimiento de perjuicios materiales y al aumento de lo reconocido como perjuicios morales por el Tribunal Administrativo de la Guajira.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 9 de febrero de 2012, radicación 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez unificó su jurisprudencia en cuanto a la competencia del Juez ad quem con ocasión del recurso de apelación en los siguientes términos —se resalta—:

“Tal como en diversas oportunidades lo ha puntualizado la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene precisar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarse al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (…).

(…).

Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez(15).

(...).

No sobra mencionar que otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.

(…).

De esta manera resulta claro que el límite material para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación.

En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(16) de la sentencia como el principio dispositivo(17), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “tantum devolutum quantum appellatum””(18).

Conforme a lo anterior, la Sala no abordará el análisis de la falla del servicio que, conforme a la sentencia del a quo se tuvo por probada dentro del proceso, toda vez que la parte actora es apelante único y la imputación y su título no fueron objeto del recurso, razón por la cual plantear su análisis atentaría contra el principio de la no reformatio in pejus.

En ese orden, conforme al artículo 357 del Código del Procedimiento Civil, “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”, limitando al ad quem a pronunciarse sólo sobre aquel punto que perjudicó al apelante, que en el caso concreto se contrae a la existencia o no de los perjuicios sufridos por el actor.

Así las cosas, la Sala considera que en el caso bajo análisis, la sentencia de primera instancia debe ser modificada por las razones que pasan a exponerse a continuación.

No tiene razón el Tribunal Administrativo de la Guajira, cuando sostiene que al recibir el padre de la víctima la compensación por muerte que le otorgó el Ejército Nacional con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa, debe entenderse como indemnización de perjuicios materiales de origen laboral, pues al respecto el Consejo de Estado ha manejado una postura diferente.

Sobre el punto debe precisarse que la regla general en materia de indemnización en nuestro ordenamiento jurídico es que el daño debe ser indemnizado plenamente, la persona debe restablecerse, en lo posible, a las condiciones que tenía antes de sufrir el daño, o lo más cercano posible.

Por lo tanto, debe recabarse que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación es necesario distinguir la indemnización concedida por la ocurrencia de un daño, de la indemnización prevista para aquellas personas que ejercen funciones de alto riesgo, la cual es predeterminada y se conoce como indemnización a forfait, destinada a cubrir precisamente esos riesgos propios de la función desempeñada, mas no de aquellos a que se someta el funcionamiento a riesgos mayores de los que asumió al aceptar el cargo.

Acerca de esta indemnización se ha dicho:

“Esta Sección del Consejo de Estado, a partir de la legislación y la ponderación de la naturaleza y alcances de tales vínculos, ha concluido que frente al soldado profesional la inexistencia de responsabilidad civil extracontractual en relación con los daños sufridos por éstos con ocasión de la exposición a los riesgos inherentes a su actividad laboral, dirigida ésta a la protección del Estado y de sus instituciones, porque tales riesgos están cubiertos por la ley, en la cual se prevé la obligación para el Estado de indemnizar a su servidor público, por los daños sufridos con ocasión y por razón del servicio y que cobra vigencia en forma automática, cuando se produce “el siniestro” que se ampara legalmente. Y exceptúa del régimen indemnizatorio anotado, los daños provenientes de la falla del servicio o del sometimiento del soldado a un riesgo distinto al que asumió voluntariamente, eventos en los cuales cobra vigencia el régimen de responsabilidad contenido en el artículo 90 constitucional. En efecto: Tratándose de daños sufridos directamente por los Agentes públicos vinculados laboralmente con el Estado (colaboradores permanentes) la indemnización adquiere características especiales, toda vez que la ley prevé para ellos una legislación que predetermina la indemnización —a forfait—, que resarce el daño causado dentro de los riesgos propios que debe asumir el servidor, como inherentes al servicio prestado. Esa predefinición legal de indemnización en materia de riesgos profesionales, hace que el terreno de la responsabilidad civil extracontractual quede circunscrita sólo a los daños ocasionados por fuera del ámbito de protección de esa legislación, o sea los daños derivados de la conducta falente o culposa del Estado-patrono, o los daños producidos por el sometimiento del agente a un riesgo distinto al asumido a su ingreso al servicio, con violación al principio de igualdad frente ante las cargas públicas”(19) (resaltado fuera de texto).

Adicionalmente la doctrina ha dicho que en algunas ocasiones el afectado recibe compensaciones de varias fuentes, dando origen a lo que se ha llamado la “compensatio lucri cum damno, o disminución proporcional que el daño experimenta cuando con él concurre un lucro(20).

De esta manera, resulta posible que una persona que sufre un daño, reciba compensaciones por diferentes vías, verbigracia, por pago de seguros o donaciones y finalmente quede con una situación mejorada, lo cual ha sido aceptado por esta Corporación, precisando que para ellos es indispensable verificar que el título por el cual recibe no se excluya con la indemnización en el proceso de responsabilidad(21), esto es, que el enriquecimiento se encuentre justificado porque las causas no son todas indemnizatorias(22). Así lo ha dicho en anterior oportunidad la Sala:

“Reitera la Sala su posición según la cual, para determinar si es procedente la acumulación de beneficios, es pertinente revisar las causas jurídicas de los mismos y, si existe o no la posibilidad de subrogación de quien pagó, en la acción que tenía la víctima frente al autor del daño y, respecto de las causas de los beneficios. Se debe tener presente además, que la única prestación que tiene carácter indemnizatorio es aquella que extingue la obligación del responsable. En efecto, cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen una serie de compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales —que en derecho francés se han denominado “indemnización” a forfait”— su reconocimiento es compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley y, la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad, es el daño mismo. En otras palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas y por lo tanto no se excluyen entre sí (…). Por lo tanto, el referido pago no es incompatible con la indemnización de perjuicios que se liquidará en la presente providencia, en consecuencia, no hay lugar a descuento ni tampoco a subrogación(23).

De esta manera, aun en el caso de haberse reconocido a los padres de la víctima las prestaciones sociales incluyendo una indemnización, ello no excluye la aquí solicitada, ya que como se dijo antes, no todas tienen la misma fuente o causa.

En ese orden de ideas, le asiste razón a la apoderada de la parte demandante cuando alega y solicita que al padre de la víctima debe reconocérsele la suma que corresponda a los perjuicios materiales, en la medida que se encuentra acreditado dentro del proceso que el soldado Carlos Julio Bravo Misat prestaba el servicio militar de manera voluntaria y que por ello recibía una remuneración o salario.

En esos términos resulta procedente el reconocimiento de los perjuicios materiales solicitados en la demanda, pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación la indemnización de perjuicios que se deriva de la responsabilidad del Estado no se excluye con la indemnización que por Ley le correspondía a la entidad demandada, razón suficiente para afirmar que la parte demandante no ha sido reparada en su totalidad como lo dispone la Constitución y la ley.

Por otro lado, esgrime la mandataria judicial en su escritorio de apelación que lo reconocido por perjuicios morales en sede de primera instancia es muy bajo para los cinco hermanos de la víctima y que en esa medida solicita que dicho rubro se aumente considerablemente.

Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia de 28 de agosto de 2014 radicado 2001-00418-01, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, unificó su postura con relación a la liquidación de los perjuicios morales en los siguientes términos —se resalta—:

“A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno-filialRelación afectiva del 2º grado de consanguinidad o civilRelación afectiva del 3er grado de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º grado de consanguinidad o civilRelación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva”.

Queda claro entonces, que en el sub judice éstos fueron concedidos a las demandantes en cuantía de 100 SMMLV para el padre de la víctima y 50 SMMLV para los hermanos, y serán confirmados en esta instancia teniendo en cuenta que su cuantía se ajusta a los parámetros establecidos por esta Corporación.

4. Liquidación de perjuicios.

Se modificará la liquidación realizada por el a quo, teniendo en cuenta los argumentos expuestos a lo largo de este proveído.

4.1. Daño emergente. Observa la Sala que ninguna actividad probatoria se realizó a efectos de acreditar tal aserto, razón por la cual no se accederá a dicha pretensión por no haberse demostrado en el decurso de este proceso la erogación señalada.

4.2. Lucro cesante. Esta subsección reconocerá perjuicios materiales a título de lucro cesante durante el periodo comprendido entre la fecha en que el joven Carlos Julio Bravo Misat cumpliría 25 años, pues como lo ha sostenido la Sección, se presume que un hijo ayuda a sus padres hasta el momento en el que inicia una vida independiente(24).

Así las cosas, según el registro civil de nacimiento de Carlos Julio Bravo Misat (fl. 23, cdno. 1) se tiene que nació el 16 de agosto de 1978, es decir, que para el 11 de septiembre de 2000 —fecha de su muerte— tenía 22 años de edad. Desde esta fecha hasta el 16 de agosto de 2003, año en el que el señor Bravo Misat habría cumplido 25 años de edad, transcurrieron un total de 35,166 meses que será el lapso a indemnizar por lucro cesante consolidado al que tiene derecho el padre de la víctima.

Determinado el tiempo a ser indemnizado, se pasa ahora a establecer el salario base de liquidación, que no es otro que el salario que devengaba el señor Carlos Julio Bravo Misat tal como consta en el expediente prestacional allegado como prueba al proceso, esto es $ 416.160, que para el momento era mayor al salario mínimo legal mensual de la época(25).

Establecido lo anterior, se reconocerá el rubro en su totalidad al padre de la víctima, teniendo en cuenta que la madre no obra como parte demandante dentro del proceso.

En ese orden de ideas procederá la Sala a actualizar primero la suma de la base de la liquidación, para posteriormente proceder a la cancelación que en derecho corresponda.

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A esa suma se adicionará el 25% por prestaciones sociales correspondientes a $ 189.001 para un total de $ 945.006, y se deducirá el 25% de gastos para el propio sostenimiento correspondiente a $ 236.252, quedando la base de la liquidación en la suma de $ 708.754.

Ahora bien, para la liquidación del periodo consolidado, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses transcurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia.

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S = $ 27.112.302

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Modificar la sentencia del 17 de marzo de dos mil cinco (2005) proferida por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, la cual quedará así:

“1. Declarar a la Nación (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional) administrativamente responsable de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes por la muerte del soldado profesional Carlos Julio Bravo Mixad.

2. Condenar a la NACIÓN (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional) a pagar, por concepto de perjuicios morales, al padre de la víctima, señor Carlos Arturo Bravo Cerpa, una suma igual al valor cien (sic) (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y a sus hermanos Lewis Arturo, Carlos Mari y Alexi Antonio Bravo Tovar; Carlos Julio Bravo Argúmedo y Fredys Arturo Bravo Mixad, una suma igual a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Condenar a la NACIÓN (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional) a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, al padre de la víctima, señor Carlos Arturo Bravo Cerpa la suma de $ 27.112.302 (veintisiete millones ciento doce mil trescientos dos pesos).

4. Advertir que las sumas líquidas ganarán intereses comerciales y moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

5. Negar las demás súplicas de la demanda.

6. Ordenar que, para el cumplimiento a la sentencia, se expidan copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 expedido el 22 de febrero de 2005. Las copias destinadas al demandante serán entregadas al apoderado judicial que viene actuando en su nombre.

7. Dar cumplimiento a esta providencia en los términos de los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

8. Sin costas en la instancia”.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, Devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.»

(15) Así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, expediente 26.261, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(16) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior; cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(17) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:

“La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”.

“Son características de esta regla las siguientes:

“(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (resaltados adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.

(18) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 16205, M.P. María Elena Giraldo.

(20) Adriano de Cupis, El daño, Teoría General de la Responsabilidad Civil, citado por Juan Carlos Henao, El Daño; Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, año 2005, pág. 50.

(21) Consejo de Estado, sentencia de 12 de septiembre de 1991, expediente 6572, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

(22) Henao, Juan Carlos; ob. cit., pág. 64.

(23) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de agosto 30 de 2007; C.P. Ramiro Saavedra; expediente 15724.

(24) Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 16530, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008, expediente 18586.

(25) El SMMLV para el año 2000 era de $ 260.100.