Sentencia 2002-00564 de octubre 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Rad. 250002326000200200564-01 (26.919)

Demandante: Martha Cecilia Melo de Alonso y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General y Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Ref.: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., octubre nueve de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B, el día 12 de diciembre de 2003.

1. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

Teniendo en cuenta que en el expediente no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada la sentencia que absolvió de responsabilidad penal a la ahora demandante, se tomará entonces como punto de partida para el cómputo del término de caducidad de la acción, la fecha en la cual se dictó dicha providencia.

En ese sentido, la Sala encuentra pertinente precisar que si bien es cierto que dentro del asunto de la referencia la demanda se interpuso en tiempo, teniendo en cuenta que para contabilizar tal plazo se tomó la fecha en la cual se profirió la sentencia absolutoria de primera instancia en materia penal, no lo es menos que si se hubiera contado con la fecha de ejecutoria de tal decisión, con mayor razón habría lugar a concluir que la demanda se presentó dentro de la oportunidad legalmente establecida para ello, puesto que resulta apenas obvio que la ejecutoria de una providencia y por ende la fecha en que ello ocurre siempre será posterior a la fecha de su expedición.

Ahora bien, el hecho de que se proceda de esta manera dentro del asunto de la referencia, evidentemente con el propósito de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, no significa de manera alguna un cambio jurisprudencial en la línea que ha sostenido la corporación para efectos de señalar que en los casos de privación injusta de la libertad, la caducidad se contabiliza y se debe computar a partir de la fecha de ejecutoria del fallo absolutorio o su equivalente.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos (2) años siguientes al hecho que dio origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la sentencia proferida por Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá, mediante la cual se absolvió de responsabilidad penal a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso, se dictó el día 12 de marzo de 2001 (fls. 85-102, cdno. 2), en tanto que la demanda se presentó el día 12 de marzo de 2002 (fls. 3-17, cdno. 2).

2. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia.

En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(2)—.

Desde esta perspectiva jurisprudencial, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

3. El material probatorio que obra en el proceso.

En este punto la Sala considera importante precisar en forma previa, que en relación con la valoración y eficacia probatoria de los documentos allegados en copia simple se tiene que si bien con anterioridad de manera reiterada esta corporación había sostenido que las copias simples no constituían medios de convicción que pudieran tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretendían hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impedía su valoración probatoria, de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil(3), lo cierto es que la postura de la Sala fue modificada a partir de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013(4).

Ciertamente, en dicha providencia, se indicó que la postura de la Sala quedó unificada en el sentido de aceptar la valoración de los documentos aportados en copias simples que han hecho parte del expediente toda vez que frente a estos “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”.

Como fundamento principal para llegar a la anterior conclusión, la Sala señaló que a partir de la expedición de las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 se constata una nueva visión respecto del derecho procesal en cuanto este hace énfasis especial respecto de los principios de buena fe y lealtad que deben asumir las partes en el proceso, lo cual conlleva un cambio en el modelo establecido por las normas procesales, circunstancia que “permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio” lo que en últimas se traduce en la posibilidad de que el operador judicial pueda tomar en cuenta aquellos documentos que obran el expediente en copia simple y respecto de los cuales las partes no han cuestionado su veracidad.

Ahora bien, aunque el magistrado ponente de esta providencia no compartió la posición mayoritaria frente a este asunto, lo cierto es que se acoge a la nueva línea jurisprudencial fijada por la Sala en aras del respeto de la misma y el principio de eficiencia.

Por lo tanto, según la nueva postura jurisprudencial de la Sala, los documentos aportados en copia simple por la parte actora con la presentación de la demanda también serán tomados en cuenta en esta sentencia.

Pues bien, dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Copia del informe del 27 de marzo de 1996, expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en cuya virtud se consignó que (fls. 17-20, cdno. 2):

“... La impresión que aparece en las tarjetas de apertura de cuenta 2025-1817-1 de la corporación Colpatria Oficina Créditos a nombre de Olinda Benavides Sanguña y la que aparece en la tarjeta de apertura de cuenta 0149350029202, de la corporación Colmena oficina calle 100, a nombre de Julia del Carmen Quintero de Sánchez, corresponden a la misma y estas a su vez presentan relación de indentidad[sic] morfológica de clasificación de puntos característicos con la impresión del índice derecho de la reseña que en nuestros archivos aparece a nombre de Martha Cecilia Melo del Alonso con cédula de ciudadanía 41.509.514 de Bogotá.

Se envió la reseña decadactilar antes citada a la Registraduría del Estado Civil, a efecto de verificar su identidad, resultado que será comunicado oportunamente a su despacho...” (destacado y subrayado de la Sala).

— Copia de la providencia proferida el 15 de abril de 1999, a través de la cual la Fiscalía General Unidad de Fiscalías de Delitos Financieros Delegadas ante los jueces penales del Circuito de Bogotá Melo de Alonso, dictó resolución de acusación en contra de la señora Martha Cecilia, con apoyo en lo siguiente (fls. 21-41, cdno. 3):

“... A través de las experticias forenses practicadas por el personal adscrito a diversas entidades estatales y la propia entidad bancaria, se pudo verificar cómo no solo los títulos valores allegados fueron producto de una falsificación integral, sino que igualmente se estableció sin dubitación alguna que para los fines propuestos los aquí sindicados, crearon cedulas de ciudadanía falsos a nombre de sus titulares en algunos casos.

En el estudio de (ilegible), se estableció igualmente por parte del perito oficial que en las cuentas que se abrieron en la corporación Colpatria, oficina cedritos, —Nº 202518017-1— a nombre de Olinda Benavides Sanguña y en la corporación Colmena de la calle 100 – Nº 0149350029202 a nombre de Julia del Carmen Quintero de Sánchez portadoras, respectivamente de las cédulas de ciudadanías números 32.505.646 y 4.418.278, en primer lugar, que la huella dactilar impresa en la tarjeta de apertura no fue impuesta por aquellas; en segundo lugar, que la huella obrante en ambas tarjetas de apertura corresponden a una misma persona, y quien fuera identificada como Martha Cecilia Melo de Alonso.

Fue así como por medio de estas cuentas se obtuvo el cobro de los cheques números 0006445, 0006472, 0006439, 0006470.

“(...).

En ese orden de ideas, ese cúmulo de circunstancias permiten afirmar que se reúnen a cabalidad los requisitos de la ley para llamar a responder en juicio a los sindicados como presuntos autores responsables de los delitos de falsedad en documento privado, falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, estafa y tentativa de estafa agravada, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión...”.

— Copia de un documento expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, Dirección de Extranjería, Unidad Migración El Dorado, Grupo Policía Judicial, el día 13 de octubre de 2000, en el cual se consignó lo siguiente (fl. 42, cdno. 2):

“... En el día de hoy siendo aproximadamente las 08:00 horas, cuando realizaba trámites migratorios para salir del país en el vuelo 100 de la empresa aérea Avianca con destino a la Habana Cuba, al ser incluida en el sistema la señora Martha Cecilia Melo de Alonso de cédula de ciudadanía Nº 41.509.514 de Bogotá, registra orden de captura proferida por la fiscalía sesenta y ocho delegada unidad delitos financieros pero cuya causa Nº 1999-0077 cursa actualmente en el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá”.

— Copia del “informe final cotejo dactiloscópico”, expedido por el Cuerpo de Investigación, Sección Criminalística, Área Lofoscopia, el 28 de noviembre de 2000, en el cual se plasmó (fls. 58-68, cdno. 2):

“... 4. Confrontación dactiloscópica.

4.1. Analizadas todas y cada una de las impresiones dactilares existentes en la tarjeta de descarte tomada a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso durante la audiencia pública, con la impresión dactilar que se encuentra en la tarjeta de registro de firmas de la cuenta Nº 0149350029202 de la corporación Colmena, se establece que no coinciden en cuanto a su tipo, morfología y distribución topográfica de los puntos característicos.

4.2. Analizadas todas y cada una de las impresiones dactilares existentes en la tarjeta de descarte tomada a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso durante la audiencia pública con la impresión dactilar que se encuentra en la Tarjeta de registro de firma de la cuenta 21250200-2005-12355445 de la corporación Conavi, se infiere que no corresponden a la misma persona.

4.3. Analizadas todas y cada una de las impresiones dactilares existentes en la tarjeta de descarte tomada a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso durante la audiencia pública con la impresión dactilar que se encuentra en la tarjeta de registro de firmas de la cuenta 2025-18017-1 de la corporación de ahorro y vivienda Colpatria, se establece que fueron impresas por personas diferentes.

4.4. Realizada la confrontación dactiloscópica entre la tarjeta de descarte tomada a la señora Cecilia Melo de Alonso en audiencia pública y el registro dactilar obrante en los archivos especializados del Departamento Administrativo de Seguridad corresponde a las tomadas para efectos de la tramitación del certificado judicial a nombre de la señora en mención se pudo establecer que coinciden en cuanto a su tipo, morfología y distribución topográfica de puntos característicos.

(...).

6. Conclusiones.

6.1. Las impresiones dactilares existentes en los documentos enviados por su despacho correspondientes a los ítems 2.6, 2.7 y 2.8 no corresponden a las que se tomaron el día de la audiencia pública a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso.

6.2. Las impresiones dactilares que se le tomaron a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso el día de la audiencia pública corresponden a los registros que reposan en el Departamento Administrativo de Seguridad para efectos del trámite del certificado judicial...’”. (destacado y subrayado de la Sala).

— Copia de un documento fechado el 30 de noviembre de 2000, expedido la Dirección Seccional C.T.I., Sección Criminalística, Unidad Técnica, Área de Grafología, según el cual (fls. 69-72, cdno. 2):

... Conclusión

De acuerdo al resultado del estudio y del material allegado, se concluye la no uniprocedencia manuscrita entre los aportes de la señora Melo de Alonso a folios 215, 216, 217, 218 y los rasgos escriturales de las firmas de endoso en los cheques 0006439, 0006470, 006445 y 0006472 del Citibank (Empacor S.A.) y las ofrecidas en las tarjetas de registro de firmas Colmena 0378284 de la cuenta de ahorros Nº 0149350029202; Conavi Nº 0788138 cuenta Nº 21250500-2005-12355445; UPAC Colpatria cuenta Nº 2025-18017 – 1 ...”. (destacado y subrayado de la Sala).

— Copia de un documento remitido por el Departamento Administrativo de Seguridad, Dirección General de Investigaciones, División de identificación Grupo Archivos Especializados, el día 1º de febrero de 2001, a través del cual aclaró el experticio dactiloscópico presentado el 28 de noviembre de 2000 en los siguientes términos (fl. 74, cdno. 2):

“... Resultados del estudio.

(...).

Así mismo al cotejar las impresiones antes citadas con la impresión del índice derecho de la reseña decadactilar que aparece en el archivo especializado de esta división a nombre de quien fuera reseñado en la sala de capturados del DAS, como Martha Cecilia Melo de Alonso de cédula de ciudadanía 41.509.514, el día 5 de mayo de 1995, se encontró que presentan relación de identidad morfológica de clasificación y puntos característicos entre sí, es decir son uniprocedentes como lo muestra la acotación de puntos característicos —B—.

De otra parte al cotejar las impresiones antes citadas con la reseña del índice derecho de la tarjeta alfabética tomada para efectos del trámite de certificado judicial a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso de cédula de ciudadanía 41.509.514, se establece que no fueron impresas por una misma persona, toda vez que no presentan relación alguna de identidad morfológica (ilegible) fueron impresas por personas distintas.

Por lo anterior se concluye que la persona que plasmó las impresiones dactilares de la reseña practicada en la sala de capturados del DAS el día 5 de mayo de 1995 y que es la misma reseña de que trata el informe 23026 y que aparece al folio 285 corresponde a quien suplantó la identidad de Martha Cecilia Melo de Alonso de cédula de ciudadanía 41.509.514.

Cabe aclarar que para la fecha de la elaboración del informe 2306 (mar. 27/96) no se tuvo en cuenta la tarjeta alfabética tomada para efectos del trámite de certificado judicial a nombre de Martha Cecilia Melo de Alonso de cédula de ciudadanía 41.509.514 como erróneamente se expresa en el numeral “aclaraciones” del folio 276 ya que para tal fecha dicho documento no había sido incorporado aún al archivo; el registro dactilar al que se refiere el informe 23026 se trata de la tarjeta decadactilar tomada al ingreso como detenida a las instalaciones del DAS de la persona que manifestó llamarse Martha Cecilia Melo de Alonso el día 5 de mayo de 1995.

Con respecto al numeral 2º, no existe la posibilidad que en impresiones dactilares de distintos dedos de las manos pueda estimarse uniprocedencia respecto de diferentes personas ya que no se ha presentado en la historia de la humanidad que dos dactilogramas de diferente dedos sean iguales, si bien es cierto que existen fórmulas dactiloscópicas exactamente iguales los dactilogramas se diferencian unos de otros por sus puntos característicos...”.

— Copia de la providencia proferida el 12 de marzo de 2001 por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá, a través de la cual se dispuso cesar el procedimiento a favor de la señora Martha Cecilia Melo de Alonso, con base en lo siguiente (fls. 85-102, cdno. 2):

“... Así las cosas debe reconocerse que la situación de hecho tratada como piedra angular de la acusación ha perdido vigencia; de tal manera que en el caso de proferirse una sentencia la conclusión falladora desembocaría en la inexorable absolución con base en que la procesada doctora Martha Cecilia Melo de Alonso, no cometió los delitos que se le imputaron a través de resoluciones fechadas el 27 de octubre de 1997 y 15 de abril de 1999 en virtud de las cuales se le impusiera medida de aseguramiento consistente en auto de detención sin beneficio de excarcelación y posteriormente se la llamará a responder en juicio criminal respectivamente.

Por tal razón, frente a esta evidencia objetiva y la correlativa demostración que en el mismo sentido refleja el interrogatorio que en sesión de audiencia pública se llevara a cabo el 19 de octubre de 2000, por parte de esta falladora de instancia a la doctora Melo de Alonso, cuando dejó en claro que para el año de 1993 había perdido su documento de identidad en la Universidad Piloto de esta ciudad, que guardaba dentro de su cartera que fuera hurtada junto con su chaqueta, previamente a la presentación de los exámenes de Icfes en calendario B, sirviéndole como sustento probatorio de sus asertos la fotocopia de la denuncia 3537 que mediante escrito del 19 de octubre de 2000 allegó su abogada defensora doctora Esperanza Gómez de Miranda, que vienen a conformar todas aquellas pruebas de carácter documental que la misma profesional del derecho allegara mediante escrito del 17 de octubre del prenombrado año, tales como certificación del 27 de octubre de 2000 emanada de la Registraduría Nacional del Estado Civil suscrita por el señor Héctor Osorio dando a conocer que la doctora Melo de Alonso el 2 de agosto de 1993 solicitó duplicado de la misma... léase cédula de ciudadanía-; certificaciones emanadas de las universidades Militar Nueva Granada, Universidad Piloto de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana, a través de las cuales en la primera y última de las mencionadas se hace constar su labor como docente de la facultad de ingeniería y también ciencias económicas contables en la pontificia, amén de poner de relieve su responsabilidad, honorabilidad y cumplimiento en el ejercicio de su cargo, debiendo admitirse entonces que la acusación proferida por la Fiscalía 68 Seccional en contra de la doctora Martha Cecilia Melo de Alonso, perdió absolutamente toda su pertinacia (sic) quedando como única alternativa para remediar la gravísima situación a que fuera abocada la mencionada profesional, favorecerla con la cesación de procedimiento de que trata la norma del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, considerando a plenitud que no fue la persona que cometió los delitos que se han venido juzgando.

Conforme a lo antes dicho, ha de reconocerse que la equívoca experticia producto del irresponsable actuar del experto de la policía judicial adscrito al Departamento Administrativo de Seguridad, de nombre Jesús Robayo Quintero, desencadenó un imperdonable error judicial que trasciende de la simple falla al señalamiento y encarcelamiento de una persona inocente; aspectos frente a los cuales surge la doble conjunción violatoria de la ley que estructura una falta disciplinaria del funcionario y por su puesto el delito de prevaricato que conlleva a la emisión de un dictamen contrario a la ley, que confluye al mismo tiempo con un abuso de autoridad por omisión, entendiendo que la tergiversación de la realidad constituye un acto ilegal y que en cuanto a la segunda modalidad de infracción a la ley, el hecho de guardarse inexplicablemente la tarjeta que anexara el 1º de febrero próximo pasado incorporada a folio 294 del cuaderno original del juzgado, a nombre de Melo de Alonso Martha Cecilia y/o Eugenia Bernal, que es un documento público de apoyo para el concepto rendido, constituye un exceso en el ejercicio de poder por omisión, a los cuales deberá referirse particularmente el instructivo de la Fiscalía General de la Nación, que tenga lugar con base en las copias que se compulsarán de esta actuación que merece la máxima atención hasta llegar a sus últimas consecuencias, cuando realmente los perjuicios derivados de la actitud asumida y del impacto que para su familia representó la captura en un sitio tan público como el terminal aéreo de Bogotá, con la vergüenza que de ello se deriva y la aflicción sicológica, individual, familiar y de su núcleo social...”. (destacado de la Sala).

Aunque los documentos que se acaban de relacionar integran prácticamente la totalidad del acervo probatorio del proceso, lo cierto es que de ellos se puede establecer la veracidad de los señalamientos hechos en la demanda, en punto a la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima la señora Martha Cecilia Melo de Alonso y, por lo tanto, concluir acerca de la responsabilidad patrimonial y extracontractual que le corresponde asumir al Estado por ese hecho.

En efecto, del contenido de las pruebas oportunamente allegadas al proceso se concluye:

— Que el 13 de octubre de 2000, la señora Martha Cecilia Melo de Alonso fue capturada mientras se disponía a salir del país con destino a la ciudad de la Habana, Cuba.

— Que mediante providencia del 18 de octubre de 2000, el juzgado concedió la denominada detención domiciliaria a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso, la cual se complementó mediante proveído del 23 de los mismos mes y año, en virtud del cual se autorizó a la ahora demandante para que realizara todas y cada una de sus actividades como docente en la Universidad Nueva Granada, Universidad Javeriana y todos aquellos centros de educación superior donde laboraba.

— Que la Fiscalía 68 Seccional de la Unidad de Delitos Financieros, con apoyo en el informe rendido por el DAS el día 27 de marzo de 1996, dictó resolución de apertura de investigación el 14 de junio de 1996 y ordenó vincular mediante indagatoria a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso.

— Que el 18 de febrero de 1997 la Fiscalía 68 Seccional de la Unidad de Delitos Financieros vinculó “mediante declaratoria de persona ausente a la doctora Martha Cecilia Melo de Alonso titular de la cédula de ciudadanía número 41.509.514, después de que se la emplazara el 28 de enero de 1997”.

— Que mediante providencia fechada el día 27 de octubre de 1997, la Fiscalía 77 Delegada de la Unidad de Delitos Financieros resolvió la situación jurídica de la señora Martha Cecilia Melo de Alonso y dictó medida de aseguramiento en su contra.

— Que el día el 12 de marzo de 2001 el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá cesó el procedimiento a favor de la señora Martha Cecilia Melo de Alonso, por cuanto consideró que ella no cometió el delito por el cual se le acusó.

4. Conclusiones probatorias y el caso concreto.

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la subsección encuentra que la señora Martha Cecilia Melo fue privada de su derecho fundamental a la libertad desde el 13 de octubre de 2000, hasta el 12 de marzo del 2001, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso; falsedad en documento privado; estafa y tentativa de estafa agravada, en concurso sucesivo, homogéneo y heterogéneo; no obstante, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá declaró la cesación del procedimiento a favor de la referida demandante, debido a que no encontró en el expediente pruebas acerca de la real o efectiva consumación de los ilícitos punibles objeto de investigación, ni en relación con su responsabilidad penal, circunstancias que, por sí solas, constituyen uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —la procesada no cometió delito alguno—, según los precisos términos del ya derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

A juicio de la Sala, la sentencia impugnada amerita ser modificada, toda vez que de conformidad con las aquel expuestas en precedencia en punto de la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, en este proceso también la Fiscalía General de la Nación está llamada a responder patrimonialmente y de manera solidaria por el daño antijurídico causado a la parte actora.

En efecto, se probó que la señora Martha Cecilia Melo de Alonso fue privada de su libertad y vinculada a un proceso penal por su supuesta autoría en los punibles antes descritos, pero posteriormente, a través de decisión calendada el 12 de marzo de 2001, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá, debió declarar la cesación del procedimiento, tal como ya se dijo, porque: “la procesada doctora Martha Cecilia Melo de Alonso, no cometió los delitos que se le imputaron...”.

Por consiguiente, la Sala estima que sí le asiste responsabilidad patrimonial a la parte demandada, integrada tanto por la Fiscalía General de la Nación, como por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, dado que a la actora se le causó un daño antijurídico, el cual le resulta jurídicamente imputable a la nación, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención para que opere dicha responsabilidad.

A tal efecto resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(5).

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas examinadas, resulta claro —como ya lo ha consignado la Sala— que la señora Martha Cecilia Melo de Alonso no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

5. Responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Ahora bien, establecida la responsabilidad patrimonial que le asiste a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima la señora Martha Cecilia Melo de Alonso, aspecto apelado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se procederá a analizar también la responsabilidad que le asiste a esta última entidad.

Pues bien, el Decreto 2110 de 1992(6) estableció entre otras funciones del Departamento Administrativo de Seguridad prestar a las autoridades judiciales y de policía y a las distintas dependencias del departamento los auxilios técnicos en las ramas de la criminalística y cumplir las comisiones que la Dirección General de Investigaciones disponga, así como emitir los conceptos y pericias solicitados por los jueces, fiscales, autoridades administrativas o por dependencias del departamento en el área de su competencia.

Y en este proceso se acreditó que:

— El Departamento Administrativo de Seguridad, presentó informe el día 27 de marzo de 1996, luego de realizar el estudio correspondiente de las impresiones dactilares que se estamparon en la tarjeta de apertura de la cuenta Nº 2025-18017-1 a nombre de la señora Olinda Benavides Sanguña y la relacionada con la tarjeta de apertura de la cuenta Nº 0149350029202, de la cual figura como cuentahabiente la señora Julia del Carmen Quintero Sánchez y concluyó que las huellas “presentan relación de identidad morfológica, de clasificación y puntos característicos con la impresión de índice derecho de la reseña que en nuestros archivos aparece a nombre de Martha Cecilia Melo de Alonso con cédula de ciudadanía número 41.509.514 de Bogotá”.

— Que mediante providencia del 14 de junio de 1996, la Fiscalía 68 Seccional de la Unidad de Delitos Financieros, con fundamento en el aludido dictamen pericial rendido el 27 de marzo de 1996, vinculó al proceso penal a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso.

— Que el día 27 de octubre de 1997 la Fiscalía 77 Delegada de la Unidad de Delitos Financieros, al resolver la situación jurídica de la ahora demandante, dictó medida de aseguramiento y ordenó su captura, la cual se hizo efectiva el día 13 de octubre de 2000.

— Que la Fiscalía 68 Seccional de la Unidad de Delitos Financieros, el día 15 de abril de 1999, profirió resolución de acusación en contra de la señora Melo de Alonso por los delitos de Falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, falsedad en documento privado, estafa y tentativa de estafa agravada, en concurso homogéneo y heterogéneo, entre otras razones porque acogió el experticio del DAS, en cuya virtud se indicó, erróneamente, que las huellas impuestas en las tarjetas de apertura de las cuentas bancarias que fueron abiertas a nombre de las señoras Olinda Benavides Sanguña y Julia del Carmen Quintero de Sánchez correspondían a una misma persona, esto es a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso.

— Que el día 28 de noviembre de 2000 se presentó un nuevo informe por parte del CTI, a solicitud del Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá, en el cual se determinó que las impresiones dactilares plasmadas en las tarjetas de registro de firmas de las cuentas 0149350029202, 2025-18017-1 y 21250500-2005 de las corporaciones Colmena, Colpatria y Conavi, no correspondían a las que se tomaron a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso el día de la audiencia pública.

— Que mediante providencia del 12 de marzo de 2001, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá declaró la cesación del procedimiento a favor de la señora Martha Cecilia Melo de Alonso, por cuanto en el respectivo proceso penal se demostró que ella no cometió los delitos por los cuales fue acusada.

Dentro de este marco, la Sala encuentra que en el presente asunto se acreditó que con fundamento en el informe rendido por del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Fiscalía General de la Nación profirió las respectivas providencias a través de las cuales se privó injustamente de la libertad a la hora demandante, por considerarla responsable de la comisión de los delitos ya expuestos, razón por la cual se concluye que el DAS sí contribuyó de manera eficiente con la producción del daño antijurídico ocasionado a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso y, por lo tanto, debe responder solidariamente por los perjuicios ocasionados, tal como recientemente lo sostuvo la Sala en un caso similar:

“... De acuerdo con lo anterior, la Sala precisa que si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación profirió las respectivas providencias a través de las cuales se privó injustamente de la libertad a la víctima directa del daño, no lo es menos que tales providencias se dictaron con fundamento en las pruebas recaudas por el Departamento Administrativo de Seguridad y por la solicitud expresa hecha por esta entidad con el fin de que se decretara la apertura de la investigación formal en contra del señor Esgardo Meneses, en esa medida resulta claro que el DAS, contribuyó eficientemente con la producción del daño antijurídico, ocasionado al ahora demandante y por lo tanto debe responder solidariamente por los perjuicios ocasionados...”(7).

Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá, en la providencia a través de la cual cesó el procedimiento a favor de la ahora demandante, hizo énfasis en el error en el cual se incurrió en el dictamen del 27 de marzo de 1996, presentado por el DAS, al puntualizar que: “Conforme a lo antes dicho, ha de reconocerse que la equívoca experticia producto del irresponsable actuar del experto de la policía judicial adscrito al Departamento Administrativo de Seguridad, de nombre Jesús Robayo Quintero, desencadenó un imperdonable error judicial que trasciende de la simple falla al señalamiento y encarcelamiento de una persona inocente”, cuestión que corrobora lo aquí señalado en punto a que si no hubiese sido por ese dictamen, la señora Melo de Alonso no habría sido vinculada al proceso penal.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con los demandantes Santiago Carlos Arturo Alonso Guevara, Carlos Eduardo Melo, María Emma Forero, Adriana Alonso Melo, Camilo Andrés Alonso Melo, Amalia Melo Forero, Carlos Alberto Melo Forero y Patricia del Pilar Melo Forero, la Sala encuentra acreditado su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, le será reconocida a causa de la privación injusta de la cual fue víctima su esposa, madre, hija y hermana, respectivamente.

En efecto, al proceso se aportaron copias de los registros civiles de nacimiento de: i) la víctima directa del daño, señora Martha Cecilia Melo de Alonso, el cual demuestra que es hija de los también demandantes Carlos Eduardo Melo y María Emma Forero; ii) de los actores Adriana Alonso Melo (hija), Camilo Andrés Alonso Melo (hijo); iii) y Amalia Melo Forero (hermana), Carlos Alberto Melo Forero (hermano) y Patricia del Pilar Melo Forero (hermana)-(fls. 1, 4, 5, 6, 7 y 8, cdno. 2, respectivamente).

Se allegó igualmente al proceso, copia del registro civil de matrimonio contraído entre los demandantes Martha Cecilia Melo de Alonso (víctima directa del daño) y Santiago Carlos Arturo Alonso Guevara (fl 2, cdno. 2).

Ahora bien, según la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que hubieren sido privadas injustamente de su libertad(8); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(9), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o respecto de los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(10).

En relación con los hermanos de la víctima directa del daño, cabe advertir que estos también sufrieron aflicción y un dolor por la privación injusta de la cual fue objeto su hermana y, por lo tanto, ellos también resulta beneficiaros de la indemnización por daño moral, tal como frente a casos similares lo ha considerado igualmente la Sala:

“... Respecto del perjuicio moral, de la experiencia humana se presume judicialmente —presunción de hombre — que la víctima, así como los demás demandantes (madre, hijas y hermanos) sufrieron dolor moral.

• La víctima directa porque padeció antijurídicamente la pérdida de su libertad que le limitó el derecho constitucional de locomoción y le lesionó el buen nombre, al publicarse la noticia de haber sido aprehendida por estar vinculada al narcotráfico; y

• Las víctimas indirectas (familiares de Dyomar; hija, madre, hermana) porque al ser sus parientes en la primera célula de la familia, de contera padecieron antijurídamente aflicción los hechos falentes de la nación.

La Sala se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre el punto relativo a que los familiares de los detenidos, ilegalmente, padecen perjuicio moral. Así en sentencia de 30 de marzo de 1990 expresó:

En efecto, como lo demuestran los testimonios, y como lo corrobora la lógica misma, cada uno de los miembros del grupo familiar sufrió una afrenta en su patrimonio moral. El padre, por verse injustificadamente detenido, y por haber debido soportar unos hechos para él bochornosos, no solo por la imagen que fue proyectada a su familia, sino por aquella que fue proyectada a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. La madre y los hijos, por haber tenido que soportar la merma de su patrimonio moral, dentro del cual obviamente también se encuentra la reputación familiar. Se ha demostrado por demás, que a ellos la falla del servicio les causó congoja, pesadumbre, al encontrarse ante una situación a todas luces angustiante.

Pero, si bien se da por establecido el perjuicio moral para todos los componentes del grupo familiar, estima la Sala que su tasación no puede hacerse en forma similar para todos ellos, puesto que, como lo ha afirmado la jurisprudencia nacional, ‘si se admite, como es necesario admitir las diferencias de grados, es natural que la reparación de los daños busque una equivalencia más o menos aproximada para que la justicia no pierda su naturaleza de dar a cada uno lo que es suyo’ (CSJ, Sala de negocios generales, dic. 13/43, G. J., tomo LVI, Nº 20001 - 2005, pág. 668)(11)...”(12).

Respecto del quantum al cual debe ascender las indemnizaciones de estos perjuicios, según la jurisprudencia que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(13).

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P. arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros, i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) La gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Según se estableció en la precitada sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta corporación(14), se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 smlmv; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 smlmv; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Así las cosas, en el proceso se acreditó que: i) la ahora demandante fue capturada el día 13 de octubre de 2000; ii) que el día 18 de octubre del 2000, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá concedió a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso el beneficio de detención domiciliaria y la autorizó además para que realizara sus actividades como docente en las universidades Nueva Granada y Javeriana y en todos aquellos centros de educación superior en los cuales laboraba; ii) el día 12 de marzo de 2001, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá declaró la cesación del procedimiento y le concedió la libertad inmediata e incondicional.

De lo anterior se concluye que la señora Martha Cecilia Melo de Alonso permaneció por un término de 5 días privada de su libertad en un centro carcelario; posteriormente se le concedió la detención domiciliaria y se le autorizó continuar con el desarrollo de sus actividades como docente en las universidades Nueva Granada y Javeriana y en todos aquellos centros de educación superior donde ejercía dicha actividad y finalmente el día 12 de marzo de 2001, se le concedió la libertad inmediata e incondicional, por lo tanto estuvo privada de su libertad por un lapso de 5 meses.

De conformidad con lo anterior, se les reconocerá la señora Martha Cecilia Melo de Alonso (víctima directa del daño), Carlos Eduardo Melo (padre), María Emma Forero (madre), un monto equivalente a 50 smlmv, para cada uno de ellos.

Ahora bien, el tratamiento de la jurisprudencia de esta sección, en caso de la privación injusta de la libertad de una persona, de manera usual ha reconocido para los hermanos un monto equivalente a la mitad de lo reconocido a la víctima directa del daño, cuestión que en el presente asunto equivale a 25 smlmv, por lo cual le asiste la razón a la parte demandante y, por consiguiente, se modificará la sentencia de primera instancia para efectos de concederle a los actores Amalia Melo Forero (hermana), Carlos Alberto Melo Forero (hermano) y Patricia del Pilar Melo Forero (hermana) el equivalente a 25 smlmv, para cada uno de ellos, cuestión que fue materia del recurso de alzada de la parte actora.

Finalmente, la Sala considera importante precisar que en cuanto en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora no se hizo reparo alguno en relación con el monto reconocido a favor del esposo y de los hijos de la víctima directa del daño, esto es el equivalente a 7 smlmv, no se realizará pronunciamiento alguno respecto y, por lo tanto, se confirmará en este aspecto la sentencia apelada.

6.2. Perjuicios materiales.

La Sala se abstendrá de analizar el tema relacionado con la indemnización de perjuicios materiales, por cuanto en el recurso de apelación propuesto por la parte actora no se realizó reparo alguno frente al reconocimiento que el tribunal administrativo de primera instancia fijó en la sentencia; sin embargo, dicho valor se actualizará de la siguiente manera:

Ra = ($ 4.092.416) índice final – ago./13 (113.89)

Índice inicial - dic/03 (76.03)

En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia y se reconocerá a título de perjuicio material, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 6.130.280.

6.2.2. Lucro cesante.

En la demanda la parte actora, de manera expresa, señaló que:

“... No obstante, no se reclama lucro cesante con relación a los ingresos laborales, como quiera que este aspecto no fue afectado. Primero porque en la Universidad Javeriana, tenían semana de receso y coincidió con la que se produjo la detención y en la militar, los compañeros cuando conocieron la situación, le cubrieron las horas de clase, de tal manera que los ingresos laborales no fueron afectados” (fl. 5, cdno. 1).

De acuerdo con lo anterior, la Sala no realizará pronunciamiento por este concepto por cuanto en la demanda no se solicitó reconocimiento alguno por lucro cesante, amén de que su negativa no fue apelada.

6.3. Daño a la salud.

Este perjuicio se solicitó de la siguiente manera:

“... O como bien ha dado en llamarse, alteración a las condiciones de existencias. Se apoya la solicitud de este rubro del perjuicio extra patrimonial en los varios pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales, según los cuales existe una marcada diferencia entre el perjuicio extra patrimonial y el conocido como daño moral...

(...).

Lo consignado en precedencia resulta suficiente para sostener, que a la doctora Martha Cecilia Melo de Alonso, a su esposo y sus hijos, les asiste el derecho a reclamar este rubro, por la alteración repentina de su diario transcurrir... (fls. 5 y 6, cdno. 1).

Con el fin de acreditar el perjuicio solicitado, dentro del proceso se recepcionaron los testimonios de las señoras Luz Bibiana Franco Morales y Luz Marina Otálora Rodríguez Franco, quienes, respectivamente, afirmaron (fls. 104-107 cdno. 2):

... Después de salir de la cárcel su comportamiento cambió, se volvió agresiva, quiere estar sola, cualquier película que tenga algo de cárcel a ella le golpea mucho, yo le aconsejé a ella cuando salió de la cárcel al ver sus cambios que se pusiera en manos de un psicólogo y mi hermana que es médica siquiatra me aconsejó en manos de qué profesional se podía colocar, efectivamente fue, no sé sí estará hiendo (sic) todavía. Su comportamiento cambió totalmente, inclusive cuando pasa por el Buen Pastor, ella pasa muy contenta, pero cuando pasa se vuelve nada....

(...).

... Para ella la detención causó un impacto psicológico grave, ella cuando uno la veía y la iba a visitar, era estado agresivo, rogaba que la sacaran de ese sitio, le suplicaba al esposo que por favor no quería pasar un día más allá, no dormía, no comía, no quería hacer nada, se sentía impotente con su situación, día y noche se la pasaba llorando y rogaba que calmaran a sus hijos y a sus padres, pensaba también en la situación del trabajo porque pensaba que cuando saliera le era difícil borrar la huella que dicha detención le había producido, tanto emocional y psicológicamente para ella y a los que la rodean ...”.

Pues la Sala considera necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló el concepto de daño fisiológico por el de daño a la vida de relación, en la cual se sostuvo:

“[E]l daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados daño a la vida de relación, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”(15) (destacado adicional).

Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(16), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que [p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece(17).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(18) pueden entenderse como una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos(19) o las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral(20).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala había considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(21).

Finalmente, la Sala cambió de nuevo la denominación de dicho perjuicio por el de daño a la salud, tal y como lo señaló mediante la providencia de 14 de septiembre de 2011, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“Se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”(22).

Ahora bien, en casos de privación injusta tal perjuicio ha sido reconocido por la Sala en los siguientes términos(23):

“En el presente asunto resulta evidente que tanto el señor Acasio Hinestroza Cossio como sus familiares sufrieron tanto un daño moral como una alteración grave a sus condiciones de existencia. Las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas y se refieren, especialmente, a la preocupación y al rechazo social que les produjo la vinculación al proceso penal del señor Hinestroza Cossio y la afectación al derecho a la libertad personal de este, específicamente en cuanto corresponde a su libertad de locomoción y de residencia.

Así pues, resulta evidente que, en este caso, el perjuicio reclamado por los demandantes debe ser indemnizado. Tal razonamiento deriva de entender a la víctima a partir de su dignidad e integridad humanas, que no pueden verse quebrantadas a raíz del daño y que deben permanecer indemnes a pesar de él, para que pueda quedar en una posición frente a la vida y a las posibilidades que ella le ofrezca, como si el daño no hubiera ocurrido o lo más cercano a una situación tal(24).

En conclusión, la Sala encuentra demostrado el perjuicio a la alteración grave a las condiciones de existencia por cuanto el hecho de encontrarse privado de la libertad evidentemente alteró su entorno en relación con su esposa, hijos y modificó los aspectos externos de su vida familiar.

Así las cosas, la Sala reconocerá dicho perjuicio en la cuantía equivalente a 50 smlmv para el señor Acasio Hinestroza Cossio y 20 smlmv para su esposa y cada uno de sus hijos”.

En ese orden de ideas, cabe resaltar que lo que hizo la Sección Tercera del Consejo de Estado, fue reconocer que hay lugar a indemnizar o reparar los daños que se ocasionen a los bienes constitucionalmente protegidos, como el caso del derecho a la salud, sin que ello conduzca al desconocimiento de esa evolución jurisprudencial.

De conformidad con lo anterior, se precisa que la jurisprudencia de esta sección ha reconocido la indemnización correspondiente al daño a la salud, precisamente por tratarse de un bien constitucionalmente protegido, el cual se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política, lo cual permite precisar que igualmente resulta posible y procedente indemnizar a una persona a la cual el Estado le ha irrogado un daño antijurídico por la afectación de otro bien constitucionalmente protegido; en esa medida, la jurisprudencia en mención dejó sentadas las bases para que cuando aparezca demostrado en el proceso que se han vulnerado otros derechos constitucionalmente tutelados también haya lugar a protegerlos, tal como ya se había hecho en la providencia del 18 de marzo de 2010(25):

“... 5.4. Finalmente, respecto al perjuicio de ‘daño a la vida de relación’ concedido al hijo del occiso Víctor Julio Barceló Zambrano, la Sala debe aclarar que si bien coincide con los argumentos del tribunal para otorgar indemnización, no se hace bajo este criterio, en atención a que no solo se afectó la vida y existencia del menor con la ausencia indefinida de su padre, sino que también se violaron bienes jurídicos de raigambre constitucional que están íntimamente relacionados con el perjuicio a indemnizar.

En el presente caso, se tiene que el daño causado al menor por la pérdida de su padre, indudablemente vulnera los derechos fundamentales del niño y de la familia(26), principios constitucionales que el Estado debe proteger y amparar, en atención a la vulnerabilidad de la población infantil 

(...).

Así las cosas, es incuestionable que la pérdida de un padre afecta gravemente el núcleo familiar de un niño pues genera la privación abrupta e injustificada de la compañía y afecto paternal sin la posibilidad de restablecer esas condiciones ideales para su desarrollo y crecimiento. Esta situación vulnera bienes jurídicos de raigambre constitucional, se reitera, que al estar íntimamente relacionados con el bienestar de los infantes, en el caso específico produjo un daño que debe ser indemnizado.

En consecuencia, como está debidamente demostrado que el entorno familiar del menor y su desarrollo emocional se alteraron por la muerte del padre, y esta afectación se mantendrá durante toda su vida debido a la edad al momento de la ocurrencia del hecho —1 año—, no hay duda que esta situación le cercenó la posibilidad de disfrutar del apoyo, afecto, compañía y cariño paternal por el resto de sus días, de allí que, se confirmarán los perjuicios otorgados por el tribunal de primera instancia pero por las razones que se vienen de exponer...” (se destaca).

En esa misma línea, el 13 de febrero de 2013 esta corporación consideró que(27):

“... En la anterior línea de pensamiento, ya se ha pronunciado la corporación de manera reiterada. En efecto, en sentencia del 18 de marzo de 2010, Radicado 32.651, se reconoció la afectación de derechos de raigambre constitucional de un menor de edad, reconocimiento que en primera instancia se hizo como daño a la vida en relación, lo cual se consideró inapropiado y por ello se centró la afectación en el orden constitucional. En similar sentido, en la sentida del 9 de febrero de 2010, al analizar el buen nombre del demandante se dijo: ... Se observa con claridad meridiana la vulneración del bien jurídico constitucional del cual hacen parte los derechos fundamentales al honor, buen nombre y honra (...)(28).

(...).

La identificación de derechos constitucionales, como fundamento o apoyo a la indemnización de perjuicios, no es un tópico novedoso en la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que, en dos oportunidades, la Sección Tercera se había referido a la lesión al derecho a la honra como basamento para una indemnización autónoma por el concepto de daño a la vida de relación. De modo que si bien, se hacía consistir la vulneración a esos derechos fundamentales en una expresión de la impertinente categoría de daños denominada “daño a la vida de relación, lo cierto es que se reconocía la importancia del derecho considerado en sí mismo, así como de la lesión que padecía en virtud del daño antijurídico.

(...).

Como corolario de lo anterior, se tiene que el nuevo paradigma del derecho de daños y, concretamente, el contenido y alcance de la reparación integral del perjuicio atienden al restablecimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales - constitucionales que se ven afectados con el daño antijurídico imputable al Estado, por tal motivo, la reparación debe entender a una constitucionalización en cuanto concierne a la tipología del perjuicio, así como a la naturaleza de las medidas de reparación, en tanto no pueden estar dirigidas única y exclusivamente a entregar sumas de dinero a título de indemnización o compensación, sino que es necesario adoptar medidas de justicia restaurativa cuyo objeto sea la eficacia de los derechos de los asociados del Estado social de derecho ...”

Así las cosas, al realizar la adaptación correspondiente a la comentada evolución jurisprudencial, debe entenderse entonces que en cuanto la parte actora solicitó la indemnización por la “alteración a las condiciones de existencia” según terminología utilizada jurisprudencialmente para la época en que se presentó la demanda, ello encuadra perfectamente en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, los cuales evidentemente resultaron afectados con la medida impuesta a la ahora demandante, razón por la cual, en el presente caso se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto al artículo 42 de la Constitución Política el cual hace referencia a la familia, habida cuenta que durante el tiempo en que estuvo privada del ejercicio de su derecho fundamental a la libertad, se perturbó esa integración con sus familiares.

Así mismo, al estar la víctima directa del daño privada injustamente de su libertad, también se le afectó el libre desarrollo de su personalidad —otro bien constitucionalmente protegido—, por cuanto se le limitó la libertad general de hacer o no hacer lo que a bien considere dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

De conformidad con lo anterior, al encontrar e identificar los bienes constitucionalmente protegidos que resultaron afectados con la medida impuesta a la ahora demandante, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, razón por la cual cabe concluir que resulta procedente el reconocimiento de la indemnización correspondiente a tal perjuicio.

En ese orden de ideas, en el caso sub lite se acreditó que la señora Martha Cecilia fue privada injustamente de su libertad y que tal privación alteró su entorno en relación con su esposo e hijos y modificó los aspectos externos de su vida familiar, razón por la cual la Sala reconocerá indemnización por dicho perjuicio en la cuantía equivalente a 80 smlmv para la señora Martha Cecilia Melo de Alonso.

Ahora bien, en cuanto al reconocimiento de perjuicios por la “alteración a las condiciones de existencia” solicitado en la demanda a favor de los actores Santiago Carlos Arturo Alonso Guevara, Adriana Alonso Melo y Camilo Andrés Alonso Melo, la Sala considera que los testimonios practicados en este proceso no ofrecen información alguna en relación con el alegado daño por la “alteración a las condiciones de existencia” que se les pudo ocasionar a estos como consecuencia de la privación injusta de la cual fue víctima su esposa y madre respectivamente, por consiguiente a ellos no se les realizará reconocimiento alguno por dicho concepto.

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1. MODIFÍCANSE los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B, el día 12 de diciembre de 2003, los cuales quedarán así:

“PRIMERO.—Declárase al Departamento Administrativo de Seguridad , DAS, y a la Fiscalía General de la Nación solidariamente responsables por los perjuicios ocasionados a la señora Martha Cecilia Melo de Alonso con motivo de la privación injusta a la que fue sometida.

SEGUNDO.—Condénase al Departamento Administrativo de Seguridad , DAS, y a la Fiscalía General de la Nación a pagar solidariamente a título de indemnización por concepto de perjuicios morales el equivalente a 50 smlmv, para Martha Cecilia Melo de Alonso, Carlos Eduardo Melo, María Emma Forero, para cada uno de ellos; para los actores Santiago Carlos Arturo Alonso Guevara, Adriana Alonso Melo, Camilo Andrés Alonso Melo, el equivalente a 7 smlmv, para cada uno de ellos y para los señores Amalia Melo Forero, Carlos Alberto Melo Forero y Patricia del Pilar Melo Forero, el equivalente a 25 smlmv.

Por concepto de perjuicios materiales, condénase a pagar solidariamente al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y a la Fiscalía General de la nación a favor de la señora Martha Cecilia Melo de Alonso, la suma total de $ 6.130.280.

TERCERO.—Condénase al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y a la Fiscalía General de la Nación a pagar solidariamente a título de indemnización por concepto de daño por la alteración a las condiciones de existencia, a favor de la señora Martha Cecilia Melo de Alonso, el equivalente a 80 smlmv.

2. CONFÍRMASE en los demás, el fallo apelado.

3. Sin condena en costas.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. EXPÍDANSE a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, reiteradas por esta subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Exp. 20.299, entre muchas otras.

(3) En este sentido se pronunció, de manera reciente esta subsección, a través de sentencia de marzo 10 de 2011, Exp. 19.347.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013, M.P. Enrique Gil Botero. Exp. 25.022

(5) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en proveído de 21 de marzo de 2012, Exp. 40.455, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras sentencias.

(6) “... ART. 51.—De la división de criminalística. Corresponde a la División de Criminalística cumplir las siguientes funciones:

1. Prestar a las autoridades judiciales y de policía y a las distintas dependencias del Departamento los auxilios técnicos en las ramas de la criminalística y cumplir las comisiones que la Dirección General de Investigaciones disponga;

2. Emitir los conceptos y pericias solicitados por los jueces, fiscales, autoridades administrativas o por dependencias del departamento en el área de su competencia;

ART. 52.—De la división de identificación. Corresponde a la División de Identificación cumplir las siguientes funciones:

5. Prestar en todo el país los servicios técnicos de dactiloscopia e identificación y auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas en esta materia.;...”.

(7) Sentencia del 12 de junio de 2013; Exp. 30.598

(8) Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, Exp. 12.076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(9) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Exp. 15.980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(10) Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24.296.

(11) Expediente 3.510, demandante Luis Alberto Cifuentes Lindarte.

(12) Sentencia del 27 julio del 2000. Exp. 12641, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(13) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Exp. 31033.

(14) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013, M.P. Enrique Gil Botero. Exp. 25.022

(15) Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11.842, M.P. Alier Hernández Sección Tercera.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(17) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, tercera edición, 2006, pág. 98.

(18) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pág. 78.

(19) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 252.

(20) Paillet Michel. La Responsabilidad administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, o. 278.

(21) Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, Exp. 16.407, reiterada recientemente en la sentencia del 13 febrero de 2013; Exp. 26.030.

(22) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre 2011, Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.

(23) Sentencia del 23 de junio de 2011, Exp. 19.958, reiterada recientemente en la providencia del 14 de marzo de 2013; Exp. 45.682

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 17 de agosto de 2000. Exp: 12.123. C.P. Alier Hernández y del 22 de noviembre de 2001. Exp: 13.121. C.P. Ricardo Hoyos, entre otras.

(25) Sentencia del 18 de marzo de 2010, Exp. 32.651, M.P. Enrique Gil Botero.

(26) “La familia es ‘institución básica de la sociedad’, en términos del artículo 5º constitucional. Ella es quizá el término intermedio entre la persona y el Estado. Por eso se obliga a los poderes públicos a asumir una protección en tres aspectos: social, económico y jurídico, a saber: social en la medida en que se protege su intimidad (art. 15) y la educación de sus miembros. Económica en cuanto se protege el derecho al trabajo, a la seguridad social, etc. Y jurídica ya que es obvio que de nada serviría la protección familiar si los poderes públicos no impidiesen por medios jurídicos los ataques contra el medio familiar.

“La Constitución en el artículo 44 reconoce como un derecho fundamental de los niños al tener una familia, independientemente de su filiación, sobre la base de la igualdad de los individuos ante la ley.” Sentencia proferida por la Corte Constitucional el 7 de mayo de 1993, Exp. T-179.

(27) Sentencia del 13 de febrero de 2013, Exp. 25.119, M.P. Enrique Gil Botero.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 98 de junio de 2010. Rad. 19.283, M.P. Enrique Gil Botero.