Sentencia 2002-00597/43850 de abril 4 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 760012331000200200597 01 (43.850)

Actor: H. M. S. y otros

Demandados: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.

Asunto: Reparación directa (Sentencia)

Bogotá D.C., cuatro de abril del dos mil dieciocho.

Contenido. Descriptor: Se revoca la sentencia de primera instancia que concedió las pretensiones de la demanda, porque se configuró la culpa exclusiva de la víctima. Restrictor: Aspectos procesales / Legitimación en la causa/ Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad/ Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado/ El derecho a la libertad individual/ Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La Sala decide(1) el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada – Rama Judicial(2) contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 2011 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda(3).

I. Antecedentes

1. La demanda.

Fue presentada el 13 de diciembre de 2001(4) por E. M. S. (víctima directa), A. S. D. (madre), E. C. B. P. (compañera permanente); J. S. M., J. C. M. B. y L. M. M. B. (hijos), quienes por intermedio de apoderado judicial(5) y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y Contraloría Departamental del Valle del Cauca, de los “daños sufridos ocasionados por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el actor”, por el término comprendido entre el 17 de marzo y el 27 de julio de 1999, y desde el 19 de octubre hasta el 13 de diciembre de la misma anualidad, como presunto autor del delito de Falsedad Ideológica en Documento Público.

1.1. Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial - Contraloría Departamental del Valle del Cauca a pagar las siguientes sumas de dinero:

1.2.1. Por concepto de perjuicios morales:

VíctimaCalidadSuma
E. M. S.Víctima directa100 smlmv
A. S. D.Madre100 smlmv
E. C. B. P.Compañera permanente100 smlmv
J. S. M.Hijo70 smlmv
J. C. M. B.Hijo70 smlmv
L. M. M. B.Hija70 smlmv

1.2.2. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de E. M. S., la suma de $7.590.000 que corresponde a los honorarios cancelados al abogado defensor y a tratamientos médicos que le practicaron.

1.2.3. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de E. M. S., el equivalente a $38’893.163,58, que corresponde a los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir y a los aportes de seguridad social integral que no fueron debidamente cancelados.

1.3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que la Sala sintetiza así(6):  

La señora G. S. S., ex alcaldesa del municipio de Guadalajara - Buga, incoó una acción de tutela contra la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para que se protegiera el derecho de petición por ella presentado. Al efecto, el 25 de agosto de 1998 el Tribunal Superior de Cali - Sala de Decisión Penal ordenó a la Contraloría que diera respuesta a la petición de la solicitante de forma “adecuada a la realidad objetiva derivada del examen de los procesos DI.0350.9 y D.I.060.97” y además que se compulsaran copias a la fiscalía de Cali, para que investigara “las irregularidades que se dejaron examinadas en los considerandos de esta providencia”.

El 28 de agosto de 1998, mediante oficio DC-212 - la Contraloría Departamental del Valle del Cauca dio cumplimiento al fallo de tutela y respondió la solicitud impetrada; y el 17 de marzo de 1999la Fiscalía 59 Seccional de Cali impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria en contra de quien se desempeñaba como Secretario General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca - señor E. M. S. (aquí demandante) por el delito de Falsedad Ideológica en Documento Púbico, y ordenó la suspensión en el ejercicio del cargo.

El 26 de marzo de 1999 la Contraloría suspendió al señor M. S. de sus funciones como Secretario General; el 27 de julio siguiente, la Fiscalía Seccional otorgó la libertad provisional al sindicado, y el 28 de julio del mismo año fue reintegrado al cargo de Secretario General.

Sin embargo, el 13 de octubre de 1999, la Fiscalía Seccional 60- Unidad I Patrimonial Económica profirió resolución de acusación en contra del señor E. M. S., por el punible de Falsedad Ideológica en Documento Púbico, revocó la libertad provisional, ordenó la detención domiciliaria y decretó nuevamente la suspensión de sus labores como funcionario público de la Contraloría.

Finalmente, previo recurso de apelación, el 13 de diciembre de 1999 el Tribunal Superior de Cali resolvió revocar la resolución recurrida y en su lugar precluyó la investigación penal adelantada en contra del señor M.S.

2. Trámite procesal.

Admitida la demanda(7) y notificada la Rama Judicial(8), la Fiscalía General de la Nación(9) y Contraloría Departamental de Valle del Cauca(10), el asunto se fijó en lista.

2.1. Contestación a la demanda y llamamiento en garantía.

2.1.1. El 7 de octubre de 2002(11), la Fiscalía General de la Nación dio contestación a la demanda, se opuso a todas y cada una de las pretensiones invocadas por el demandante, expuso que se atenía a los hechos probados e hizo uso de la figura jurídica del llamamiento en garantía del Fiscal 59 Seccional de Cali, M. A. V. G., y la Fiscal 60 Seccional de la Unidad Primera de Patrimonio Económico de la Ciudad de Cali, E. M. P. G., quienes en su orden dictaron medida de aseguramiento contra el señor M. S.

2.1.2. El 11 de octubre siguiente(12) la Rama Judicial contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones por considerar que no existió providencia, emitida por el Juez de conocimiento que estuviese contraria la ley, pues a su criterio, los actos jurisdiccionales estuvieron fundamentados en normas sustanciales y procesales, y agregó que aun cuando la Fiscalía Delegada hubiese precluido la investigación contra el actor, per se, no significaba que la judicialización hubiese estado marcada por procedimientos ilícitos.

2.1.3. El mismo 11 de octubre, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca(13), contestó la demanda, manifestó oponerse a todas las pretensiones invocadas por la parte accionante, con fundamento en que la entidad no estaba sujeta a cancelar los valores exigidos por el señor M. S.

Asimismo, alegó la excepción de inepta demanda(14), por cuanto el reconocimiento de los pagos fue negado mediante oficio DC-121 del 6 de abril de 2001, frente al cual no se agotó la vía gubernativa, para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, cuya acción correspondiente es la nulidad y restablecimiento de derecho.

2.2. Llamamiento en garantía.

2.2.1. Mediante auto del 31 de octubre de 2003(15) el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca aceptó el llamamiento en garantía propuesto por Fiscalía General de la Nación, y notificó debidamente a M. A. V. G., Fiscal 59 Delegado(16) y E. M. P. G., Fiscal 60 Delegado(17).

2.2.2. El 18 de diciembre de 2003(18), E. M. P. G. dio contestación al llamamiento en garantía, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, y afirmó no haber participado en la investigación inicial, puesto que la misma se le asignó en el mes de octubre de 1999, cuando el sindicado se encontraba en libertad provisional por vencimiento de términos, y que su única labor fue calificar el mérito probatorio del sumario, sin que en aquella se hubiese ordenado la suspensión del cargo de la víctima, y que solamente ordenó a la Contraloría mediante oficio, el llamamiento a juicio y la revocatoria de la libertad del demandante, providencia que fue impugnada y revocada por el superior, sin que ésta mera providencia causara todos los perjuicios que se aluden en la demanda.

Propuso como excepciones: 1. Hecho de un tercero, por cuanto la medida de aseguramiento y la suspensión del cargo emitida contra el demandante las había emitido el primer Fiscal que conoció de la investigación; 2. Culpa de la víctima, como quiera que en el proceso penal la victima directa aceptó haber elaborado el documento, dado que estaba dentro de sus funciones como secretario, en la jurisdicción contencioso administrativa.

2.2.3. El llamado en garantía M. A. V. G., quien fungió en el proceso penal como Fiscal 59 Delegado guardó silencio.

2.3. Trámite subsiguiente.

2.3.1. Se abrió el proceso a pruebas(19) y luego se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto de rigor(20). Oportunidad que fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación(21).

2.3.2. El 11 de octubre de 2006(22)-(23), el Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Cali avocó conocimiento del presente litigio.

2.3.3. El 22 de octubre de 2007(24), el Juzgado 14 Administrativo de Circuito Judicial de Cali, dictó sentencia en la que declaró administrativamente responsables a la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad de connotación injusta que le fue impuesta al señor E. M. S.

2.3.4. Contra el anterior, el Ministerio de Público y la parte actora interpusieron recurso de apelación alegando falta de competencia del juzgado, siendo concedido en auto del 6 de noviembre de 2007(25) demitido por el Juzgado, en el que además se ordenó remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo, quien el 24 de junio de 2010(26) declaró nulidad a partir de la sentencia condenatoria proferida el 22 de octubre de 2007.

2.3.5. Luego, en auto del 10 de agosto de 2010(27), el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en cumplimiento a la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ordenó la remisión de conocimiento a este mismo despacho quien avocó conocimiento el 15 de octubre de la misma anualidad(28).

II. La sentencia del tribunal

Como se anotó ad initio de esta providencia, el 25 de marzo de 2011 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca acogió parcialmente las súplicas de la demanda, por cuanto consideró que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, en virtud de sus funciones, ocasionaron la privación injusta de la libertad del señor E. M. S. Asimismo declaró la ineptitud de demanda frente a la Contraloría Nacional(29) y condenó al llamado en garantía M. A. V. G.

Como fundamento de su decisión, el a quo consideró:

La contraloría departamental del Valle del Cauca propuso la excepción de Inepta demanda, por cuanto el accionante no podía demandar a la Contraloría por acción de reparación directa, porque esta no le había negado el derecho que reclamaba a través de un hecho, omisión, operación o vía de hecho, sino que a través de un acto administrativo, como lo era el Oficio DC-121 de abril 6 de 2000, contra el cual solo proceden las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento de derecho.

La Sala consideró que dicha excepción esta (sic) llamada a prosperar, pues efectivamente las pretensiones del accionante con relación a la Contraloría son substancialmente ineptas (...) debido a que el accionante debió impugnar el oficio DC-121 de 6 de abril de 23001, agotando de esta manera la vía gubernativa, y posteriormente acudir a la Jurisdicción Contencioso administrativa incoando la acción de nulidad del acto administrativo y que se reestableciera el derecho que presuntamente le fue vulnerado y no la acción de reparación directa, como lo hizo el accionante, pues esta solo se puede iniciar bajo los presupuestos descritos en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

(...).

Resalta la Sala que la detención preventiva no se produjo entonces como consecuencia de un hecho que fuera atribuible al sindicado, en ese caso concreto del señor H. (sic) M. S., pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que la decisión se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de él”.

El despacho, encuentra configurada la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, por cuanto durante la investigación penal se determino (sic) que el hecho por el que se procesaba el actor, no pudo configurar la antijuridicidad y la culpabilidad exigidas para la continuación de la investigación y posterior imposición de una condena, puesto que la falsedad de la que se acusó, estaba ligada al desempeño normal de las atribulaciones de su cargo; esta sola circunstancia, constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo ampara y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás le desvirtuó. Al no haber existido una conducta delictiva que genere responsabilidad penal del sindicado, la privación de la libertad se presenta como injusta.

(...).

De acuerdo a lo probado en el proceso, quedó demostrado que M. A. V., como Fiscal, no pretendía en sus actuaciones el cumplimiento del deber de sus funciones sino la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio, su obrar fue doloso realizado con desviación de poder, por lo tanto consideró la Sala que existió prueba suficiente para que el llamado en garantía V. G., sea responsable por haber actuado con dolo”.

III. El recurso de apelación

El 10 de noviembre de 2011 el apoderado judicial de la demandada Rama Judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el que solicitó que se revocara la sentencia apelada, por cuanto, en síntesis, la responsabilidad le compete exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, toda vez, que esta entidad fue la encargada de emitir al orden de captura contra el demandante, y ello dejaba entrever que los hechos que propiciaron la demanda de reparación directa se suscitaron en el proceso al que el ente investigador vinculó al señor M. S.

No existiendo causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Subsección procederá a resolver el fondo del asunto, previas las siguientes:

IV. Trámite de segunda instancia

Luego de admitido el recurso de apelación(30), la Sala corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión(31) y al Ministerio Público para que emitiera el concepto de rigor. Oportunidad procesal que sólo fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación(32) y la parte actora(33).

V. Concepto del Ministerio Público

El 3 de marzo de 2015(34), el Ministerio Público presentó el concepto 38/2014 en el que consideró que en el caso de autos existía responsabilidad administrativa en cabeza exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a desatar la alzada, previas las siguientes:

VI. Consideraciones

Retomando la problemática jurídica propuesta por el sub judice, la Sala precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1. Aspectos procesales; 1.1. Legitimación en la causa; 1.2. Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad; 2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 3. El derecho a la libertad individual; 4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad; 5. Caso Concreto.

1. Aspectos procesales.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso(35)”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes E. M. S. - privado de la libertad, y su grupo familiar conformado por A. S. D.(36) (madre), J. S. M.(37), J. C. M. B.(38) y L. M. M. B.(39) (Hijos), quienes se encuentran legitimados en la causa por activa con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

Asimismo, acude al plenario E. C. B. P. en calidad de compañera permanente de E. M. S., quien en la condición aducida no se encuentra legitimada en la causa por activa, pues aunque obra en el sumario la declaración extra juicio por ella suscrita, en la que declara que convivía con el señor E. M. S., por sí sola esta manifestación no es suficiente para acreditar lo alegado toda vez que no existe otro medio probatorio que corrobore su manifestación; de otra parte, tampoco se puede legitimar como tercera damnificada toda vez que no obra prueba alguna dentro del plenario que acredite su relación de cercanía afectiva, de la cual pueda derivarse algún perjuicio material o inmaterial.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de los Juzgados Penales en la etapa de juzgamiento a la luz de Decreto 2700 de 1991, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

Por último, la Sala encuentra que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca le fue declarada su falta de legitimación en la causa por pasiva en fallo de primera instancia, y como quiera que, que en el recurso de apelación hoy presentado el mismo no fue cuestionado, esta instancia no adentrará en este asunto.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación.

En el caso concreto, la Sala observa que al demandante le fue precluida la investigación penal adelantada en su contra mediante providencia que quedó ejecutoriada el 17 de diciembre de 1999(40) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 13 de diciembre de 2001, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”.(41).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(42) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(43).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(44).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”.(45)

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(46)-(47) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(48).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado social de derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(49).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C -037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P. art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa.

(…)”. (resaltado fuera del texto)

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “ no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(50).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Previo planteamiento del problema jurídico que habrá de dilucidarse en el caso concreto, la Sala advierte que procede a dictar sentencia de segunda instancia, conforme a lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo; según el cual la competencia del superior se extiende a todo aquello que fuere desfavorable al apelante.

Así las cosas, y en virtud de los lineamientos teóricos antes expuestos y los medios probatorios que obran en el plenario, la Sala se pregunta si en el caso de autos, las entidades demandadas son administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue víctima E. M. S. o, por el contrario, si se configura el eximente de responsabilidad - culpa exclusiva y grave de la víctima.

Conforme lo expresan los hechos de la demanda, la Sala encuentra acreditado que el 19 de julio de 1998, la señora Gloria Stella Sánchez Sepúlveda - ex alcaldesa de Buga, presentó derecho de petición ante la Contraloría Departamental del Valle para que se certificara el estado de los procesos fiscales adelantados en su contra.

En respuesta a dicha petición, el hoy demandante, quien en su momento se desempeñaba como secretario general de la Contraloría Departamental del Valle, elaboró el acto administrativo que daba respuesta y que, a su vez fue suscrito por el respectivo contralor, en donde sostuvo que se había ordenado la reapertura de los procesos fiscales adelantados en contra de la peticionaria.

Ante la información suministrada por la Contraloría Departamental, la ex alcaldesa presentó acción de tutela para que se protegiera su derecho de petición, toda vez que la información contenida en la respuesta adolecía de falsedad, aparo que fue decretado por el juez de tutela, quien además ordenó oficiar a la fiscalía para que se investigara la falsedad contenida en los documentos emitidos por la Contraloría.

En consecuencia, tanto el Secretario General como el Contralor fueron procesados penalmente y el 17 de marzo de 1999 la Fiscalía 59 Seccional de Cali profirió la resolución que resolvió la situación jurídica del señor E. M. S.(51) y el contralor, ordenando su “detención preventiva por el delito de falsedad ideológica en documento público agravada”, la cual resolvió en la misma providencia “sustituir por la detención domiciliaria”.

Por otro lado, en la decisión en comento, la Sala encuentra que la Fiscalía ordenó la suspensión de E. M. S. como Secretario General de esta entidad. Orden que se ejecutó mediante Resolución 237 del 26 de marzo de 1999 en la que la Contraloría Departamental suspendió a la víctima directa de su cargo como Secretario General de Organismo de Control(52).

Seguidamente, la Fiscalía 59 Seccional de Cali en resolución del 27 de julio de 1999 otorgó la libertad inmediata al señor M. S., previa solicitud del sindicado, en virtud de lo señalado en el numeral 4 del artículo 415 del código de procedimiento penal(53), y ordenó a la Contraloría levantar la suspensión laboral que recaía sobre la víctima, la cual fue debidamente acogida por la entidad mediante Resolución 493 del 28 de julio siguiente(54).

Culminada la etapa instructiva, el 13 de noviembre siguiente(55), la Fiscalía 59 Seccional calificó el mérito del sumario y ordenó precluir la investigación penal en favor del contralor y proferir resolución de acusación contra el secretario H. M. S. – aquí demandante, por el delito de Falsedad Ideológica en Documento Público, así como, revocar la libertad provisional de la que gozaba y decretar nuevamente la suspensión en sus labores como funcionario público(56). Todo ello, con fundamentos en el siguiente raciocinio:

“[E]n forma clara y precisa abala lo afirmado desde el comienzo por el señor Contralor en el sentido de que fue quien le encomendó la tarea de contestar los derechos de petición y al preguntarle sobre la participación en la elaboración concretamente de los oficios que obran de folios 14 a 18 de los originales afirma en forma categórica que fueron elaborados por el (sic) y explica cada uno de los puntos el por qué los contestó de tal o cual manera, y al decirle que el Contralor lo responsabiliza como el autor intelectual de los oficios que originaron la falsedad, acepta haberlos elaborado por ser parte de la función que le otorga (sic) reglamentos internos”.

“[P]odemos resumir que los oficios que fueran contestados al profesional del Derecho en su calidad de representante de la doctora G. S. S. por parte de la Contraloría terminaron siendo una FALSEDAD por contener hechos contrarios a la verdad cual era que no habían sido reabiertas las investigaciones cuyas adiciones eran D.I 030/97 y la D.I.035/97 las cuales continuaban en archivo, y cuyo documento lo elaboro (sic) por entero el encartado H. M. S. cuya función le correspondía por hacer parte de sus (sic) como asistente administrativo del Contralor departamental y que de confiado de buena fe firmo (sic) lo que le presentaba su asistente como en otras ocasiones y que daba certeza de la veracidad del contenido”.

El acusado se alzó contra la decisión anterior, mediante recurso de apelación que fue resuelto el 13 de diciembre de 1999 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, que ordenó revocar la resolución de acusación y en su lugar “Precluir la instrucción a favor de H. (sic) M. S.(57)

Lo anterior, con exposición de las consideraciones de donde se resalta:

“Dedúcese, de los varios oficios obrantes en el infolio y la declaración de la doctora G. S. S. que la Fiscalía General de la Nación investiga y dictó medida de aseguramiento por actuaciones que como alcaldes de la Ciudad (sic) Señora ejecutó tan distinguida dama, por lo que la afirmación incierta de la reapertura de una pesquisa fiscal – cuando el archivo y fenecimiento de las misma son de ejecutoria meramente formal – no alteraba la realidad fáctica y mucho ,nos ocasionaba un perjuicio, cuando lo otrora administrativo ya adquiría características punitivas máxime cuando los servidores públicos debemos estar expuestos a la lupa implacable de la opinión colectiva, para que la Administración pueda ser transparente y eficaz”.(58).

(…).

El doctor H. (sic) M. ha insistido en que no conocía a la señora alcaldesa y que lejos de sus propósitos estaba el de erosionar su imagen, tratándose exclusivamente de un mal procedimiento de los datos que le fueron suministrados, dentro de una tareas extrañas a sus cotidianas labores”.(59).

(…).

“Aún más, la constancia emitida por la Contraloría antes que delictual puede considerarse un acto de infinita torpeza, porque era de fácil y elemental comprobación invalidar lo allí consignado (máxime cuando detrás del petitum estaba un abogado hábil, acucioso, erudito y que estuvo en el corazón mismo de la Contraloría Departamental), tal como se estableció en el rapidísimo procedimiento tutelatorio, por lo que era un documento sin aptitud para utilizarlo probatoriamente hablando”(60).

(...).

“Lo anterior nos lleva a concluir, respetando opiniones contrario y con el margen de falibilidad propia e los seres humanos, que la conducta comportamental del procesado acusado no perfiló, in integrum, el hecho punible, porque a pesar de ser típica, no resultó antijurídica y culpable”.(61).

Así las cosas, la Sala encuentra demostrado que el señor E. M. S. estuvo efectivamente privado de la libertad desde el 17 de marzo de 1999 hasta el 27 de julio de 1999, esto es 4,03 meses(62); y en un segundo periodo de tiempo comprendido entre el 13 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 1999, esto es, 1 mes(63), fecha en la que recobró definitivamente la libertad, dentro de un proceso penal adelantado en su contra que, a la postre, fue decidido a su favor por cuanto “la conducta comportamental del procesado acusado no perfiló, in integrum, el hecho punible, porque a pesar de ser típica, no resultó antijurídica y culpable”(64).

No obstante, aunque el proceso penal dentro del cual se dio la privación de la libertad fue decidido a favor del demandante, la justicia penal encontró que se dieron algunas irregularidades y falencias en el ejercicio de sus funciones por haber plasmado información incorrecta en la contestación de un derecho de petición, pero estas anomalías no fueron de la magnitud demandada por la ley penal para que las mismas constituyeran la configuración del delito.

En este orden de ideas, pese a la configuración del daño (privación de la libertad), en cuanto a la imputación que de este se haga a la entidad demandada, la Sala considera examinar si en el caso bajo estudio se configuró como eximente la culpa exclusiva de la víctima; tal como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, según el cual “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”, culpa o dolo que se entenderá configurada cuando se presente violación por parte de la víctima de las obligaciones a las cuales están sujetos los administrados.

Al respecto, la Sala encuentra que E. M. S. incurrió en varias conductas que agravaron su condición ante las autoridades y dieron lugar a la investigación penal adelantada en su contra, que conllevó la privación injusta de la libertad.

A la sazón, es indiscutible que la Fiscalía procedió a la apertura de la investigación penal, en razón a la compulsa de copias que ordenó el Tribunal Superior de Cali (juez de tutela) para que se iniciaran las investigaciones pertinentes, luego que la Contraloría Departamental emitiera una contestación a un derecho de petición que solicitaba información, y en el que lo consignado no correspondía a la realidad material de los hechos.

Al respecto, la fiscalía determinó que la constancia fue suscrita por el contralor departamental, pero quien la elaboró fue E. M. S., Secretario General - mano derecha del Contralor y, aunque la investigación culminó en preclusión a favor de éste último por la justicia penal, tales irregularidades no quedaron desvirtuadas.

Por el contrario, la Sala resalta que la providencia por medio de la cual se precluye la investigación penal a favor de la víctima es categórica en señalar la existencia de “un acto de infinita torpeza” por parte del secretario en la expedición de la constancia emitida por la Contraloría, es decir, no lo considera un acto delictual pero sí un acto de torpeza. En este orden de ideas, es más que evidente que el actor si actuó bajo los lineamientos de la impericia y la negligencia, sin embargo, ello no tienen la magnitud para constituir la violación de algún tipo penal; empero, para esta Sala sí constituyen un argumento suficiente para encontrar configurada la culpa grave y exclusiva de la víctima frente a la privación injusta de la libertad, toda vez que E. M. S., con su actitud y comportamiento, gravemente negligente, dio lugar a la apertura de la investigación penal en su contra, donde procedía la privación de la libertad.

Consecuentemente, dentro de los comportamientos y afirmaciones desplegadas por el funcionario y que fueron causal para que el mismo terminara vinculado a una investigación penal, se encuentran las siguientes:

Al respecto debe preverse que el mismo demandante admitió que él fue quien elaboró el documento contentivo de la información cuya falsedad se probó,

“[H. (sic) M.] quien en forma clara y precisa abala lo afirmado desde el comienzo por el señor contralor en el sentido de que fue éste quien encomendó la tarea de contestar los derechos de petición y al preguntarle sobre la participación en la elaboración concretamente de los oficios (…) de los originales afirma en forma categórica que fueron elaborados por él y explica cada uno de los puntos por qué los contestó de tal o cuál manera, y al decirle que el contralor lo responsabiliza como el autor intelectual de los oficios que originaron la falsedad, acepta haberlos elaborado por ser parte de la función que le otorgan los reglamentos internos de la contraloría departamental”.

Asimismo, la Fiscalía Delegada dentro de sus labores de indagación, en diligencia de inspección judicial practicada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca(65), en exploración de los registros, determinó que la respuesta dada por la Contraloría al derecho de petición objeto de debate “no se ciñó a la realidad fenoménica que resultaba ostensible [y] al mismo tiempo calló la verdad totalmente al deliberadamente (sic) no dar respuesta a los puntos explicitados por el peticionario”(66).

En otras palabras, el documento que sustanció el actor y que tenía como objeto responder un derecho de petición, faltó a la verdad y demuestra que el funcionario que lo expidió no solamente falló en el ejercicio de sus funciones, por plasmar información que no correspondía a la realidad material de los hechos, sino que además omitió dar respuesta a varias inquietudes que la solicitante presentaba, de las que se desconoce el motivo de la omisión, y por las que vulneró el derecho a la información con el que cuentan las entidades y particulares a los que se les adelanta vigilancia fiscal y que desean conocer la situación de dicha investigación.

De otra parte, respecto a la contestación al derecho de petición, el Contralor Departamental en su injurada fue enfático en resaltar que el contenido de dicho documento se elaboró a consideración exclusiva del señor E. M. S. a quien le comisionó dicha función, e incluso afirmó el contralor que se responsabilizaba únicamente de su firma en el documento.

Declaración que el demandante no contrarió, y de hecho categóricamente admitió haber sido la persona que elaboró la certificación, para lo cual agregó que casi a diario proyectaba diversos tipos de contestaciones a solicitudes y derechos de peticiones hechas por entidades del Estado y particulares, y que para el caso en concreto, el Contralor le había ordenado encargarse de dicha albor.

Cabe resaltar que, en el penal se encontró probado que dentro de las funciones otorgada por el reglamento de la contraloría “en el numeral 7 anexada al legajo a folios 320 [se estipula] “las demás que se le asignen(67), norma vigente para la época de los hechos, de la que se desprende que el mismo Contralor encargara al secretario general de dar respuesta a la petición. (Resaltado fuera del texto)

Ahora bien, adentrándonos en el contenido de la certificación objeto de debate, el demandante alegó que lo expresado allí lo hizo luego “de haber cotejado la información con la unidad técnica”(68) de la entidad, siendo el señor L. F. L., quien le facilitó los documentos reseñados por el demandante y quien en su testimonio manifestó que su apoyo fue meramente técnico, y que de hecho “el informe que él le dio a Márquez fue técnico”.

Aunado a ello, la abogada adscrita a la división técnica de la contraloría expresó que la función que desplegada esta dirección era “producir conceptos que sirvieran de apoyo a las demás dependencias”, empero, que frente al caso en concreto “ella no conceptuó ni preparó informe alguno ni tampoco dio ningún concepto verbal”.

Así las cosas, queda probado que los documentos en los cuales el actor justifica su desacierto no son de recibo para esta Sala, pues el señor M. S. sostuvo que los conceptos para contestar la petición elevada por la ex alcaldesa se los suministró la unidad técnica, y está probado que aquella no emitió ningún concepto para dicho caso, es decir, no habrían razones para suponer o considerar que existieron modificaciones a las últimas resoluciones de cada investigación, por lo tanto, no concibe esta instancia la posición optada por el funcionario.

De igual forma, esta Sala no comparte la postura del aquí demandante, entiéndase por excusar su error responsabilizando a un tercero, cada funcionario, debe velar por el buen ejercicio de sus funciones, lo que incluye verificar la información que emplee en la labor que desarrolle, por lo cual, aun cuando su falta no sea suficiente para configurar el tipo penal de Falsedad Ideológica en Documento Público Agravado, si lo es para constituir una culpa grave de la víctima como excluyente de la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas.

Así las cosas, con fundamento en el precedente de la subsección y el análisis del caso sub examine, la Sala concluye que con su actuación negligente, imprudente y gravemente culposa, la demandante comprometió su responsabilidad en la iniciación y apertura del proceso penal que se adelantó en su contra, de manera que debe asumir la privación de la libertad de la que fue objeto.

El actuar del señor M. S. conllevó a que la autoridad judicial adoptara la medida de aseguramiento, la cual aparece plenamente proporcionada dentro del juicio de ponderación que sopesa los intereses jurídicos de la comunidad, la efectividad de la función de la administración y el ejercicio de la pronta y cumplida Justicia, frente a los intereses individuales del actor que con su conducta gravemente culposa y su omisión justificó la investigación penal adelantada en su contra.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

Además, al momento de restringírsele la libertad al actor, el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.

Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto el demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Lo anterior, no riñe con el hecho de que la Fiscalía General de la Nación en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por el delito de de falsedad ideológica en documento público agravado, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada.

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas, esto es, por encontrarse configurado el eximente de responsabilidad -culpa grave y exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 25 de marzo de 2011 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas y en su lugar:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de E. C. B. P.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda, por los motivos expuestos en esta providencia, esto es, por encontrar probada la culpa grave y exclusiva de la víctima.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, aclaración de voto.

1 En aplicación del acta 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado

2 Folios 375 - 382 C.P.

3 Folios 349 - 374 C.P.

4 Folios 130 - 167 cdno. 1.

5 Folios 1-4 cdno. 1

6 Folios 7-10 cdno. 1º.

7 Folios 168 - 169 cdno. 1

8 Folio 172 cdno. 1.

9 Folio 174 cdno. 1.

10 Folio 173 cdno. 1

11 Folios 186 - 190 cdno. 1.

12 Folios 203 - 218 cdno. 1.

13 Folios 203 - 218 cdno. 1.

14 Folios 233 - 256 cdno. 1.

15 Folios 275 - 276 cdno. 1.

16 Folios 277 cdno. 1.

17 Folio 278 cdno. 1.

18 Folios 281 - 288 cdno. 1.

19 Folios 290 - 292 cdno. 1.

20 Folio 488 cdno. 2.

21 Folios 489 - 500 cdno. 2.

22 Folio 333 cdno. 1.

23 En auto del 17 de julio de 2006 el Tribunal Contencioso Administrativo, en aplicación a los artículos 134A, 134B y 134C del Código Contencioso Administrativo, declaró su falta de competencia. (fls. 331 cdno. 1).

24 Folios 544 - 596 cdno. 2.

25 Folio 606 cdno. 2.

26 Folios 671 - 6769 cdno. 2.

27 Folio 686 cdno. 2.

28 Folios 691 - 695 cdno. 2.

29 Folios 349 - 374 C.P.

30 Folios 421 cdno. ppal.

31 Folios 423 cdno. ppal.

32 Folios 451 – 434.

33 Folios 449 - 464 cdno. ppal.

34 497 -504 cdno. ppal.

35 Corte Constitucional, sentencia C-965 de 2003.

36 Registro Civil de nacimiento de E. M. S., víctima directa, donde se acredita que su madre responde al nombre de A. S. D. (fl. 5 cdno. 1).

37 Registro civil de nacimiento de J. S. M., en el que se acredita que es hijo de E. M. S., víctima directa, y A. L. Q. (fl. 6 cdno. 1).

38 Registro civil de nacimiento de J. C. M. B., en el que se acredita que es hijo de E. M. S., víctima directa, y E. C. B. P. (fl. 7 cdno. 1).

39 Registro civil de nacimiento de L. M. M., en el que se acredita que es hija de E. M. S., víctima directa, y E. C. B. P. (fl. 8 cdno. 1).

40 En atención a que la Sala no encuentra establecida la fecha exacta en que la providencia fue notificada al procesado ni aparece constancia de ejecutoria de la misma, para determinar con certeza a partir de cuándo habrá de computarse el término de caducidad, prevé que en aplicación de los artículos 190, 197 y 440 del Código de Procedimiento Penal, (D. 2700/91) el auto fue proferido el 13 de diciembre de 1999 momento que se adiciona con 1 día de notificación por estado y 3 días de ejecutoria, para un total de 4 días, que en el caso de autos corresponden al 17 de diciembre de 1999 fecha que se acoge como término a partir del cual se contabiliza la caducidad de la acción.

41 Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

42 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p.174.

43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente: 10923.

44 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, expediente: 15989.

45 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

46 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

47 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

48 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

49 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp. 41.326.

50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577.

51 11 - 20 cdno. 1.

52 Folio 23 cdno. 1

53 ART. 415.—Causales de libertad provisional. <Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 81 de 1993. El nuevo texto es el siguiente:> Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria en los siguientes casos:
4. Cuando vencido el término de ciento veinte días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción. Este término se ampliará a ciento ochenta días, cuando sean tres o más los imputados contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.

54 Folios 31 - 32 cdno. 1.

55 Folios 33 - 48 cdno. 1.

56 La Contraloría Departamental del Valle del Cauca mediante Resolución 926 de 1999 del 19 de diciembre de 1999 acogió lo ordenado en la precedente providencia y suspendió provisionalmente del ejercicio del cargo como Secretario General del señor E. M. (fl. 49 cdno. 1).

57 Folios 51 - 62 cdno. 1.

58 Folios 55 - 56 cdno. 1.

59 Folio Fl 56 cdno. 1.

60 Folio 59 cdno. 1.

61 Folio 61 cdno. 1.

62 4 meses 1 semana y 3 días.

63 30 días

64 Folio 61 cdno. 1.

65 Folio 14 cdno. 1.

66 Folio 14 cdno. 1.

67 Folio 40 cdno. 1.

68 Folio 40 cdno. 1.