Sentencia 2002-00599 de marzo 1º de 2012 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 25000-23-27-000-2002-00599-01 (18256)

Consejera ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP

Demandado: Municipio de El Colegio - Cundinamarca

Fallo

Bogotá, D.C. primero de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, corresponde a la Sala establecer la legalidad del Acuerdo 43 del 30 de diciembre de 2001, por medio del cual el Concejo Municipal de El Colegio autorizó el cobro de la tasa de alumbrado público a todos los usuarios del municipio y a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP o quien la sustituya.

Controvierte la demandante, ahora apelante, la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda por cuanto consideró que el tributo sobre el alumbrado público creado en el acuerdo demandado no es una tasa, como lo consideró el a quo, sino un impuesto, respecto del cual no se determinan los elementos esenciales, consagrados constitucionalmente, como correspondía y en el cual no se podía establecer un tributo a cargo de una persona determinada, en este caso, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.

Estima que se debe tener en cuenta el precedente jurisprudencial, sentencia del 4 de septiembre de 2008 Exp. 16850, por tener relación directa con el proceso.

Antes de dilucidar lo anterior, la Sala precisa que, por regla general, y, con fundamento en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, los actos de carácter general son demandables a través de la acción de nulidad; sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación(7) ha aceptado que los actos generales también pueden ser demandados en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que de dichos actos provenga la violación de un derecho subjetivo.

Aprecia la Sala que en el sub judice es viable instaurar la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, esto es, la de nulidad y restablecimiento del derecho, porque el acuerdo demandado determinó de manera directa y concreta el impuesto de alumbrado público a cargo de la demandante; revisada la demanda observa la Sala que esta fue presentada dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del 3 de enero de 2002, día de la publicación del Acuerdo 43 de 2001 en la Emisora Comunitaria Radio Guía F.M.(8).

Respecto a la imprecisión sobre el nombre del municipio indicado en la demanda, a que hace referencia la parte demandada, la Sala observa que si bien el nombre del municipio es El Colegio, también es conocido como Mesitas de El Colegio y Mesitas de El Colegio de Nuestra Señora de Calandaima, sin que la referencia a uno de estos lleve a confusión.

En esas condiciones, procede la Sala al estudio de los cargos, no sin antes transcribir el acuerdo demandado:

“Acuerdo 43 de 2001

(Diciembre 30)

“Por medio del cual se autoriza el cobro de la tasa de alumbrado público a todos los usuarios del municipio de El Colegio, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones”.

El Concejo Municipal de El Colegio Cundinamarca,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 3º y 4º del artículo 313 de la Constitución Política, el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y las leyes 97 de 1913, 84 de 1915, 142 y 143 de 1994, y

Considerando

1. Que la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915 establecieron como responsabilidad del municipio garantizar la prestación del servicio de alumbrado público.

2. Que el municipio, debe garantizar los costos de la repotenciación del sistema, la operación, el mantenimiento, las expansiones, la cancelación del consumo de energía eléctrica y todos los gastos que ocasione la prestación del servicio de alumbrado público, con el fin de garantizar un servicio óptimo y eficiente en todo su territorio, cuyo costo puede ser cubierto por los usuarios.

3. Que el municipio debe garantizar y aplicar las recomendaciones emanadas del Ministerio de Minas y Energía, las cuales son incentivar a los usuarios al uso racional de energía, consistentes en aplicar a los sistemas actuales nuevas tecnologías que representan una disminución considerable del consumo de energía.

4. Que el municipio de El Colegio presenta una condición sui generis en el sector económico por cuanto en su territorio se genera, transmite y comercializa energía eléctrica, actividad que se viene ejerciendo por más de 20 años, ocupando grandes extensiones de tierra para la operación de esa infraestructura que afecta el medio ambiente; que este sector económico puede hacer una mayor contribución a los costos de alumbrado público, dentro del concepto de desarrollo sostenible.

5. Que teniendo en cuenta que el servicio de alumbrado público es de beneficio general, esto es, que sirve tanto a los suscriptores o usuarios como a quienes no lo son pero que desarrollan actividades comerciales e industriales en la jurisdicción del municipio, deberán efectuarse cobros especiales para estos últimos a través de facturación que expedirá el alcalde municipal, de acuerdo a la tasa que se indique.

ACUERDA:

ART. 1º—Autoriza el cobro del servicio de alumbrado público a los usuarios o suscriptores finales de energía en la jurisdicción del municipio de El Colegio Cundinamarca, con destino a cubrir los costos de repotenciación del sistema, la operación, el mantenimiento, administración, modernización, el consumo de energía del servicio de alumbrado público en vías de uso público, parques y demás espacios de libre circulación y todos los gastos que la prestación de este servicio ocasione.

ART. 2º—Se cobrará a cada usuario o suscriptor del servicio de energía eléctrica un valor fijo mensual que corresponderá al establecido en la siguiente tabla:

Residencial
SectorValor a cobrar/$ mes
Sector urbano150
Sector rural50
Comercial
Nivel 1200
Nivel 2500
Nivel 32.000.000
Industrial
Nivel 1400
Nivel 22.000
Nivel 34.500.000
Nivel 44.500.000
Oficial
Centros de atención hospitalarios
Nivel 1. Centros de salud1.500
Nivel 2. Hospital local3.000
Centros educativos
Nivel 1. Escuelas rurales y urbanas y jardines infantiles500
Nivel 2. Colegios departamentales nacionalizados1.000
Centros universitarios
Nivel 32000
Sector nacional
Empresa de Telecomunicaciones Telecom2.000.000
Sector regional
Corporaciones autónomas regionales CAR3.000.000
Sector municipal7.000

 

PAR. 1º—Teniendo en cuenta que no existe estratificación para el sector rural y mientras este proceso no se adopte, se cobrará para estos usuarios el 50% de la tarifa del estrato 1 del sector residencial.

PAR. 2º—Entiéndase la clasificación de clientes como se describe a continuación:

Residenciales: Son aquellos clientes que el uso dado al servicio de energía es exclusivamente de carácter domicilio y el estrato corresponde a la estratificación adoptada por el municipio de acuerdo con las metodologías establecidas por el Departamento Nacional de Planeación DNP.

Comercial nivel 1: Pequeños comerciantes. Corresponde a establecimientos comerciales destinados a actividades como misceláneas, tiendas, papelerías, remontadoras de calzado, reparación de electrodomésticos, correo y mensajería, confecciones, guarderías privadas, floristerías, artesanías, publicidad, viveros, establecimientos dedicados a la reparación de vehículos automotores y/o bicicletas, comercialización de materias primas agropecuarias , licoreras, salas de belleza, video tiendas, montallantas, tipografías, litografías, hoteles, tabernas, discotecas, restaurantes, cafeterías, billares, panaderías, droguerías, supermercados, joyerías, almacenes que comercializan productos domésticos y prendas de vestir, cacharrerías, consultorios, centros médicos, expendios de carne, compraventas, instituciones privadas de educación, funerarias, juegos electrónicos, oficinas de finca raíz, comercio al por menor de electrodomésticos y muebles para el hogar, comercio al por menor de calzado, comercio al por menor de artículos fotográficos y servicios de fotografía, expendio al por menor de cilindros de gas, comercio, de lubricantes aditivos y limpieza de automotores, comercialización de café, ferreterías, EPS, IPS, ARS.

Comercial nivel 2: Medianos comerciantes. Entidades del sector financiero, bombas de gasolina, centros de vacaciones y recreativos, comercio al por menor de derivados de la leche en establecimientos especializados, explotación de minas y canteras, empresas de transporte.

Comercial nivel 3: Empresas dedicadas a la comercialización de energía eléctrica, no regulados.

Industrial nivel 1: Producción, transformación y conservación de productos alimenticios a nivel artesanal, transformación de la madera y fabricación de productos en madera, pequeña industria, industria familiar.

Industrial nivel 2: Fabricación de calzado, artículos de talabartería, guarnición y similares, fabricación de productos de caucho y plástico, fabricación de maquinaria y herramientas, fábricas de producción en serie a gran escala, Empresas prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento básico, fincas destinadas a la producción avícola y/o cultivos bajo invernadero superior a , transformación industrial de alimentos.

Industrial nivel 3: Son empresas dedicadas a la transmisión de energía eléctrica en líneas de 230.000 kilovatios, empresa EEB o quien la sustituya.

Industrial nivel 4: Son empresas dedicadas a la generación de energía eléctrica.

PAR. 3º—Estos valores se ajustaran anualmente en un porcentaje igual al IPC menos dos (2) puntos.

PAR. 4º—Se facturará a los usuarios a partir del 1º de febrero de 2002.

ART. 3º—Pagos especiales, a aquellas empresas, a las que la empresa recaudadora del valor del alumbrado público, no los facturare; el municipio facturará mensualmente en el nivel comercial e industrial que corresponda, según clasificación. Quedan incluidas en el presente artículo las empresas oficiales.

ART. 4º—El pago de las tarifas previstas en el artículo anterior para el servicio de alumbrado público por parte de los usuarios o suscriptores del servicio de energía eléctrica del sector residencial, se hará exigible gradualmente en los próximos dos años, con el fin de aplicar la tarifa plena a partir del 1º de enero del año 2004, de acuerdo con la siguiente tabla:

AñoDe la tarifa a pagar sector residencial
200280%
200390%
2004100%

 

ART. 5º—En el evento en que se presente al final de la vigencia un faltante de lo pagado por los suscriptores del servicio de energía frente al costo total del servicio de alumbrado público, esta diferencia será cubierta por el municipio El Colegio.

La administración municipal reglamentará dentro de los siguientes seis (6) meses, el procedimiento a que se refiere el inciso anterior.

La totalidad de los recursos que se recaudan por el cobro de la tasa que autoriza el presente acuerdo corresponde al municipio. La administración podrá suscribir convenios con las empresas de servicios públicos para que estas efectúen el recaudo respectivo.

ART. 6º—Facúltese al alcalde municipal para que a partir de la vigencia del presente Acuerdo, establezca el sistema y procedimiento para el cobro de la tasa del servicio de alumbrado público a todos los suscriptores del servicio de energía.

ART. 7º—El alcalde municipal, establecerá el procedimiento para el cobro de la tasa de alumbrado público a aquellos predios no incorporados como suscriptores del servicio de energía eléctrica.

ART. 8º—Facúltese al alcalde municipal, para que en el término de seis (6) meses, de conformidad con los mecanismos de ley, contrate por el término de quince (15) años, la repotenciación, la operación, el mantenimiento, las expansiones de la infraestructura del servicio de alumbrado público en todo el territorio del municipio con personas naturales o jurídicas que acrediten idoneidad, experiencia y solidez económica en la realización de dichas labores, con la finalidad de mantener, reponer y expandir su infraestructura e incorporar los avances tecnológicos que permitan hacer uso más eficiente de la energía eléctrica, así como la incorporación de elementos que ofrezcan una óptima calidad de iluminación. De la misma manera queda autorizado para contratar los interventores de los contratos que se celebren. En todo caso, el valor fijado no podrá ser superior a los montos que contempla el presente acuerdo de acuerdo a los niveles, sectores y estratos.

PAR.—Las partes de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato al que se refiere el artículo séptimo, en el momento que una de ellas lo considere necesario.

ART. 9º—La secretaría de planeación revisará y actualizará los estratos y niveles de los predios y comercio rurales del municipio, de manera que corresponda a los usos que en ellos se ejerza y de acuerdo a los parámetros ordenados por el DNP, en cuanto a estratificación residencial, para efectos de dar aplicación a las tarifas aprobadas en el presente acuerdo.

ART. 10.—En caso de identificarse o establecerse en el municipio una actividad no comercial o industrial no contemplada dentro de la clasificación contenida en el presente acuerdo la secretaría de planeación municipal, tendrá la facultad de ubicarla en la categoría correspondiente de acuerdo a sus características.

ART. 11.—El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

(...)”.

El tributo derivado del servicio de alumbrado público, que se determinó en el acto administrativo demandado, fue implementado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, con el objeto de sufragar los costos derivados de su prestación, mantenimiento y expansión.

A partir de las leyes 142 y 143 de 1994, empieza a considerarse una definición de “servicio de alumbrado público” a efectos de regular el suministro y cobro, por parte de los comercializadores de energía, a los municipios por el servicio de energía eléctrica que se destina para el alumbrado público y para establecer el costo máximo de dicho servicio.

La Resolución CREG 43 de 1995, definió el servicio de alumbrado público como “(...) la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular”.

En armonía con lo anterior y con fundamento en lo expuesto en la Sentencia C-713 del 2008, la Sala ha precisado “(...) que el tributo derivado del servicio de alumbrado público es un impuesto, porque del mismo gozan todos los habitantes de una jurisdicción territorial, quieran o no acceder al mismo; que se genera por la mera prestación del servicio; que se cobra indiscriminadamente a todos sus beneficiarios; y que el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio de acuerdo con las condiciones en que se preste, sin que pueda derivarse una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que se accede habitual o esporádicamente(9) (resalta la Sala).

En ese orden el tributo creado mediante el Acuerdo 43 de 2001, servicio de alumbrado público, no puede reconocerse, como lo hizo el a-quo, como una tasa sino como un impuesto a través del cual la comunidad cumple el deber de contribuir a financiar la prestación del servicio y así garantizar su sostenibilidad y expansión; así mismo, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, el servicio de alumbrado público es un derecho colectivo que los municipios tienen el deber de suministrar de manera eficiente y oportuna y, la colectividad, a su vez, tiene el deber de contribuir para financiarlo.

Vistos los antecedentes normativos y jurisprudenciales a que se ha hecho referencia, es claro que, independientemente de que el acuerdo se refiera al cobro de la tasa de alumbrado público, se trata de un impuesto, pues se cobra indiscriminadamente a todos los potenciales beneficiarios sin que deba existir una relación directa entre el tributo y el beneficio.

Hecho generador

Frente al hecho generador del impuesto de alumbrado público, la Sala en sentencia del 11 de marzo de 2010, Exp. 16667(10), señaló:

“El hecho generador del impuesto es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo; es el supuesto de hecho que, por ser indicativo de capacidad económica, ha sido seleccionado por el legislador para vincular a su realización el nacimiento de una obligación de pago de un tributo(11).

La doctrina ha precisado que el hecho generador está compuesto necesariamente por un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo corresponde al hecho en sí mismo considerado y el elemento subjetivo a la conexidad de ese hecho con un sujeto en la medida que lo ejecuta o realiza. Dentro del elemento objetivo también se ha considerado que es posible diferenciar un aspecto material o cualitativo que hace alusión al propio hecho que el legislador previo como generador del impuesto; un aspecto espacial que tiene que ver con la jurisdicción territorial en donde se realiza el hecho, el aspecto temporal que tiene que ver con el momento en que nace la obligación, más conocido como causación y, el aspecto cuantitativo que permite medir la magnitud cuantitativa del hecho generador.

Se ha precisado también que es menester distinguir el hecho generador del objeto del tributo u objeto imponible(12).

Tratándose del impuesto de alumbrado público, la Sala considera que el artículo 1º de la Ley 97 de 1913 fijó como objeto imponible el servicio de alumbrado público. El hecho generador, por otra parte, se ha venido decantando a partir de la regulación que, sobre el particular, han proferido autoridades nacionales como la CREG y el Ministerio de Minas y Energía.

Cuando se ha analizado el aspecto material del hecho generador del impuesto al servicio de alumbrado público, no ha sido pacífica la controversia sobre cuál es el hecho, acontecimiento material, acto o negocio jurídico, estado o situación de una persona o actividad de un sujeto, que concreta la manifestación de riqueza que se quiere gravar.

Sólo a partir de la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994 empieza a decantarse una definición de “servicio de alumbrado público” a efectos de regular el suministro y cobro por parte de comercializadores de energía a los municipios por el servicio de energía eléctrica que se destina para alumbrado público y para establecer el costo máximo del servicio.

La Resolución CREG 43 de 1995 definió el servicio de alumbrado público como “(...) la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular.

En similar sentido, el Decreto 2424 de 2006 definió al servicio de alumbrado público como un “el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.

(...).

En ese orden de ideas, como se precisó anteriormente, el objeto imponible es el servicio de alumbrado público y, por ende, el hecho que lo genera es el ser usuario potencial(13) receptor de ese servicio.

En ese contexto, “el contenido económico” inmerso en el hecho generador y la “capacidad contributiva” del potencial usuario no es evidente, porque, precisamente, la mayor dificultad que ofrece la regulación del impuesto al servicio de alumbrado público es la cualificación del sujeto pasivo, la determinación de momento en que nace la obligación a su cargo y, por ende, la determinación de la magnitud cuantitativa del hecho generador con la que se pretende sufragar el costo del servicio.

(...)”.

En ese contexto, el hecho generador del impuesto de alumbrado público es ser usuario potencial de ese servicio y dentro de esa categoría el acuerdo demandado, enlista los siguientes:

Residencial

Sector urbano

Sector rural

Comercial Nivel 1, nivel 2 y nivel 3

Industrial Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4

Oficial

Centros de atención hospitalarios Nivel 1 y nivel 2

Centros educativos Nivel 1 y nivel 2

Centros universitarios Nivel 3

Sector nacional Telecom

Sector regional Corporaciones autónomas regionales CAR

Sector municipal.

Visto lo anterior, queda claro que el Acuerdo 43 del 30 de diciembre de 2001, determinó de manera específica el hecho generador del impuesto de alumbrado público.

Base gravable y tarifa del impuesto

La base gravable del impuesto ha sido expuesta como el aspecto cuantitativo del hecho gravado, descriptor de un parámetro a través del cual puede expresarse la magnitud de aquel en valores económicos que deben ser establecidos por procedimientos especiales para cada caso(14); es decir, es la consecuencia de una sucesión de procesos jurídicos, en cuanto parte de la identificación del hecho generador, y económicos, porque permiten tratar valores con los que pueden cuantificarse cifras generalmente monetarias o, se repite, la magnitud del hecho gravado.

Como tal, la base gravable debe corresponder a la realidad que constituye el hecho generador, de manera que su regulación legal o territorial puede no contener una medición concreta, sino las reglas a partir de las cuales se dimensiona la cuantía de la obligación tributaria con la aplicación de indistintos métodos de determinación. A partir de esta noción, surgen los conceptos de base gravable normativa, como el conjunto de reglas legalmente establecidas para medir la intensidad de la realización del hecho generador, y la base gravable fáctica, como la magnitud que expresa la intensidad de la realización en un supuesto dado(15).

Los métodos de determinación que fijan la cuantía de los tributos y las reglas aplicables al objeto de medición, son los de estimación directa, que extrae la mayor cantidad de datos de la realidad para medir la capacidad económica; estimación objetiva, en el que se renuncia al parámetro exacto de realidad, de forma que sus datos se sustituyen por otros construidos a partir de modelos, coeficientes, etc. para ciertos sectores, actividades u operaciones, de modo que la base resultará de la aplicación de esos índices, módulos o datos, normativamente establecidos y, el método de determinación indirecta, aplicable cuando no se puede establecer la base gravable con los dos métodos anteriores, y frente al incumplimiento de los deberes formales del sujeto pasivo, tomándose este como hecho indiciario a partir del cual se construye una realidad que el sujeto pasivo no ha querido dar a conocer(16).

En el impuesto de alumbrado público, “el contenido económico” inmerso en el hecho generador y la “capacidad contributiva” del potencial usuario no es evidente, y, por lo mismo, los entes territoriales acuden a distintas fórmulas que, por supuesto, deben referir a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o se relacionen con este(17).

De acuerdo con lo anterior, no advierte la Sala vicios que invaliden el acuerdo municipal demandado, pues la clasificación de los usuarios o suscriptores del servicio es, en principio, una medición admisible para constituir la base gravable del impuesto en relación con tales sujetos pasivos.

Por otro lado, el hecho de que el municipio, en el acuerdo demandado, haya dispuesto que el sector industrial en el nivel 3 era sujeto pasivo del impuesto y haya designado como tal, a la Empresa de Energía de Bogotá o quien la sustituya, “no viola el derecho de igualdad de la empresa, pues, la tarifa se fijó atendiendo a dos tipos de usuarios: el usuario residencial y el usuario oficial. Y dentro de este tipo de usuarios, el municipio los clasificó por sectores, así: para los usuarios residenciales, clasificó el sector urbano y el sector rural y el sector comercial y el sector industrial. Esta clasificación le permitió al municipio establecer tarifas fijas pero variables cuantificadas de menor a mayor valor, atendiendo la capacidad económica de los sectores”(18).

Tampoco encuentra la Sala que el Acuerdo 43 de 2001 viole los principios constitucionales de justicia, equidad y progresividad.

El principio de progresividad, establecido en el artículo 363 de la Constitución Política, se asocia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la que disponen, de modo que el sistema que conserva las diferencias entre los aportantes de mayor y menor capacidad contributiva, es neutro; el que las reduce es progresivo; y el que las aumenta es regresivo(19).

En la Sentencia C-419 de 1995, la Corte Constitucional manifestó que el principio de progresividad se deduce del principio de equidad vertical, puesto que aquel “permite otorgar un tratamiento diferencial en relación con los contribuyentes de mayor renta, de manera que progresivamente terminan aportando más ingresos al Estado por la mayor tributación a que están obligados”.

Además, en la Sentencia C-643 de 2002, se fijaron los alcances de la progresividad: “el principio de progresividad compensa la insuficiencia del principio de proporcionalidad en el sistema tributario pues como en este ámbito no basta con mantener en todos los niveles una relación simplemente porcentual entre la capacidad económica del contribuyente y el monto de los impuestos a su cargo, el constituyente ha superado esa deficiencia disponiendo que quienes tienen mayor patrimonio y perciben mayores ingresos aporten en mayor proporción al financiamiento de los gastos del Estado; es decir, se trata de que la carga tributaria sea mayor entre mayores sean los ingresos y el patrimonio del contribuyente”.

Por su parte, el principio de equidad, conforme con los artículos 95 [9] y 363 de la Constitución Política, corresponde a un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados, en el entendido de que ninguno de estos consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión(20).

Este principio instituye la carga tributaria de acuerdo con la capacidad de pago de los sujetos, motivo a partir del cual la jurisprudencia ha distinguido entre equidad vertical en el que las personas con mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida, y equidad horizontal en el que las personas con capacidad económica igual deben contribuir de igual manera(21).

Y si bien hay una concurrencia entre los principios de progresividad y equidad en la medida en que ambos se refieren a la distribución de las cargas que impone el sistema tributario y los beneficios que este genera, el principio de equidad es un criterio más amplio e indeterminado de ponderación, relativo a la forma como una disposición tributaria afecta a los diferentes obligados o beneficiarios a la luz de ciertos valores constitucionales, mientras que el principio de progresividad mide cómo una carga o un beneficio tributario modifica la situación económica de un grupo de personas en comparación con los demás(22).

La jurisprudencia de la corporación ha señalado que la capacidad contributiva de los contribuyentes pretende establecer una correlación entre la obligación tributaria y su capacidad económica, de suerte que sea esta la que, en general, sirva de parámetro para cumplir con su deber de contribuir con el financiamiento de las cargas públicas del Estado, consagrado en el artículo 95 [9] de la Constitución Política(23).

Desde esta perspectiva, el Acuerdo 43 de 2001 concretó los principios de equidad y progresividad tributaria en las tarifas del impuesto de alumbrado público, al señalar, de acuerdo con la capacidad económica de los sujetos pasivos, la tarifa del impuesto de alumbrado público, pues para los sectores de mayores ingresos dispuso tarifas más altas de las que previó para el sector urbano y rural.

Encuentra así la Sala que hubo una distribución equitativa del impuesto, con la cual sufren menos los sectores más bajos y se eleva progresivamente a los niveles medios y altos.

Respecto a la pretensión referida al restablecimiento del derecho, no es procedente por cuanto la Empresa de Energía de Bogotá es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el municipio de El Colegio - Cundinamarca, razón por la cual debe cumplir con el pago del mismo.

En cuanto a la sentencia del 4 de septiembre de 2008, Exp. 16850, que aporta la actora en la etapa para alegar de conclusión y solicita se tenga en cuenta al momento de fallar, la Sala advierte que mediante la sentencia del 9 de julio del 2009(24), se modificó la línea jurisprudencial existente respecto de la facultad impositiva de los concejos municipales; en tal sentido, dicho proveído retomó el criterio expuesto en la sentencia de 15 de octubre de 1999, Exp. 9456, en la cual, en virtud del principio de predeterminación, se precisó que los elementos objetivos de la obligación tributaria están a cargo de los organismos de representación popular, porque el propio artículo 338 de la Constitución asignó a las leyes, las ordenanzas y los acuerdos la función indelegable de señalar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos.

Así pues y de acuerdo con el criterio actual de la Sala, en el que se reconoce la autonomía fiscal de los municipios para regular directamente los elementos de los tributos que la ley les haya autorizado, no se tendrá en cuenta el precedente jurisprudencial aportado.

De lo expuesto se concluye que el acto acusado se ajusta a derecho y que las súplicas de la demanda deberán negarse, como lo dispuso el a quo, pero por las razones aducidas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 11 de noviembre de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B dentro de la acción de nulidad y restablecimiento instaurada por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP contra el municipio de El Colegio.

RECONÓCESE personería al abogado Horacio Santana Caicedo como apoderado del municipio de El Colegio, en los términos del poder que aparece en el folio 72 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(7) Sentencia Sala Plena CE-SP-EXP1999-NS844.

(8) Folio 52 del cuaderno de antecedentes.

(9) Sentencia del 10 de marzo de 2011, Exp. .P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(10) Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(11) Consejo de Estado, Sección Cuarta Sentencia 16170 del 17 de julio de .P. Ligia López Díaz.

(12) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 16527 del 3 de diciembre de .P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(13) DRAE. Definición de potencial adj. Que puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe.

(14) Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones fundamentales de derecho tributario, tercera edición. Cuarta reimpresión 2009. Editorial Legis. págs. 262- 263 - 269.

(15) Piza Rodríguez, Julio Roberto, curso de derecho tributario, procedimiento y régimen sancionatorio, primera edición, 2010, pág. 386.

(16) Consejo de Estado Sección Cuarta sentencia del 10 de marzo de .P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(17) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 13 de noviembre de 1998, Exp. .P. Julio Correa Restrepo y del 11 de septiembre de 2006, Exp. .P. Ligia López Díaz.

(18) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Exp. 17102 del 16 de junio de .P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

(19) Sentencia Corte Constitucional C-776 de 2003.

(20) Sentencia Corte Constitucional C-734 de 2002.

(21) Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 16634 del 4 de febrero de .P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(22) Sentencia Corte Constitucional C-776 de 2003.

(23) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1º de febrero de .P. Germán Ayala Mantilla, Exp. 12522.

(24) Expediente 16544, consejera ponente Marina Teresa Briceño.