Sentencia 2002-0061 de diciembre 16 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2002-0061-01

Consejera Ponente:

Dr. María Elizabeth García González

Acción de nulidad

Actora: Idalmy Minotta Teran

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Pretende la actora que se declare la nulidad de la Resolución 035 de octubre 3 de 2000, expedida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, por la cual se confiere carácter legal de resguardo a favor de las comunidades indígenas Embera y Waunan de “Nussi Purru”, a un globo de terreno baldío, localizado en jurisdicción del municipio de Juradó, departamento del Chocó.

El problema jurídico consiste en establecer si el Incora, al conferir carácter legal de resguardo al terreno baldío ubicado en el municipio de Juradó a favor de las comunidades indígenas mencionadas, desconoció los derechos de la comunidad negra y el procedimiento que se debe seguir cuando habita más de una comunidad en dicho territorio.

No obstante que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el alegato de conclusión y no en la contestación de la demanda, adujo improcedibilidad de la acción de nulidad instaurada, por tratarse de un presupuesto de procedibilidad de la acción debe la Sala, previamente a cualquier análisis, referirse a él.

Al respecto, cabe señalar que el acto administrativo acusado es de contenido particular y concreto; y como regla general la acción de nulidad procede contra los actos de carácter general y por excepción con aquellos actos particulares que la ley señale expresamente como pasibles de dicha acción.

En este caso el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 señala como procedente la acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas por el Incora, los cuales podrán ser impugnados por la misma entidad que los expide, por los Procuradores Agrarios o por cualquier persona, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria o desde su publicación en el Diario Oficial, término este dentro del cual se instauró la presente acción.

Normas aplicables a la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas.

— Ley 160 de 1994, “Por la cual se crea el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”(1).

“ART. 12. <Ley derogada por el artículo 178 de la Ley 1152 de 2007> Son funciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria:

18. Estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas y constituir, ampliar, sanear y reestructurar los resguardos en beneficio de las respectivas parcialidades”.

“(Capítulo XIV) ART. 85 <Ley derogada por el artículo 178 de la Ley 1152 de 2007> El instituto estudiará las necesidades de tierras, de las comunidades indígenas, para el efecto de dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, y además llevará a cabo el estudio de los títulos que aquellas presenten con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos.

Con tal objeto constituirá o ampliará resguardos de tierras y procederá al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no pertenezcan a la respectiva parcialidad”.

— Decreto 2164 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional.

“ART. 1º—Competencia. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria realizará los estudios de las necesidades de tierras de las comunidades indígenas para la dotación y titulación de las tierras suficientes o adicionales que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, el reconocimiento de la propiedad de las que tradicionalmente ocupan o que constituyen su hábitat, la preservación del grupo ético y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes, sin perjuicio de los derechos de las comunidades negras consagradas en la Ley 70 de 1993” (resalta la Sala).

En cuanto al procedimiento para constituir, ampliar o reestructurar un resguardo indígena, el decreto dispone:

“ART. 4º—Objetivo. El Incora, en coordinación con los respectivos cabildos y autoridades tradicionales, adelantará estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierra de las comunidades indígenas con el objeto de determinar los diferentes aspectos relacionados con la posesión, tenencia, propiedad, concentración, distribución y disponibilidad de las tierras; el uso y aprovechamiento de las que estuvieren ocupando y el cumplimiento de la función social de la propiedad en las tierras de resguardo, conforme a los usos, costumbres y cultura de la respectiva comunidad; la calidad, condiciones agrológicas y uso de los suelos; el tamaño y distribución de la población, su situación socioeconómica y cultural; la infraestructura básica existente, y la identificación de los principales problemas y la determinación cuantificada de las necesidades de tierras de las comunidades indígenas, que permitan al Instituto y demás entidades que integran el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino, obtener una visión clara y precisa de un determinado territorio y de su población, para adoptar y adelantar los programas pertinentes”.

“ART. 5º—Procedencia. El Incora realizará los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras previstos en el presente capítulo cuando deba adelantar los procedimientos de Constitución, reestructuración y ampliación de resguardos indígenas. Cuando se trate de los procedimientos de ampliación o de saneamientos territorial de los resguardos y reservas indígenas y la conversión de éstas en resguardos, se procederá a la actualización o complementación de los estudios en aquellos casos en que las necesidades o las conveniencias lo aconsejen. Habrá lugar a la iniciación del estudio cuando éste no se hubiere realizado previamente” (resalta la Sala).

“ART. 7º—Solicitud. El trámite se iniciará de oficio por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o a solicitud del Ministerio del Interior, de otra entidad pública, o de la comunidad indígena interesada a través de su cabildo o autoridad tradicional, o de una organización indígena”.

“ART. 10.—Visita. Teniendo en cuenta la programación establecida anualmente y las disponibilidades presupuestales, el gerente general del instituto o su delegado ordenará llevar a cabo la visita a la comunidad interesada y al área pretendida, por funcionarios de la entidad, señalando el tiempo en que se realizará.

El auto que ordena la visita se comunicará al procurador agrario, a la comunidad indígena interesada o a quien hubiere formulado la solicitud y se fijará un edicto que contenga los datos esenciales de la petición en la secretaría de la alcaldía donde se halle ubicado el predio o el terreno, por el término de diez (10) días, a solicitud del Incora, el cual se agregará al expediente.

De la diligencia de visita se levantará un acta, suscrita por los funcionarios, las autoridades de la comunidad indígena y las demás personas que intervinieren en ella, la que deberá contener, entre otros, los siguientes datos”: (ubicación, extensión, linderos del terreno número de habitantes indígenas, comunidades indígenas y grupo o grupos étnicos a los cuales pertenecen, número de colonos establecidos etc.)”.

“ART. 11.—Rendición del estudio. Con base en la actuación anterior, el Instituto elaborará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su culminación, el estudio de que trata el artículo 6º del presente decreto y el plano correspondiente”.

“ART. 12.—Concepto del Ministerio del Interior. Una vez concluido el estudio y en todos los casos, el expediente que contenga el trámite administrativo tendiente a constituir un resguardo indígena se remitirá al Ministerio del Interior para que emita concepto previo sobre la constitución dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de recibo de la solicitud del Incora. Transcurrido este término, si no hubiere pronunciamiento expreso, se entenderá que el concepto es favorable y el Ministerio del Interior procederá a devolver el expediente al Instituto”.

“ART. 13.—Resolución. Culminado el trámite anterior, dentro de los treinta (30) días siguientes, la junta directiva del instituto expedirá la resolución que constituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena en favor de la comunidad respectiva”.

Normas aplicables a la titulación de tierras baldías a las comunidades negras que las han venido ocupando.

El artículo 55 transitorio de la Constitución Política dispuso que dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigencia, el Congreso expedirá una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con las prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva.

La Ley 70 de 27 de agosto de 1993, reglamentó el mencionado artículo transitorio. En su artículo 1º señaló:

“ART. 1º—La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley” (resalta la Sala)

“ART. 18.—No podrán hacerse adjudicaciones de las tierras de las comunidades negras de que trata esta ley, sino con destino a las mismas.

Son nulas las adjudicaciones de tierras que se hagan con violación de lo previsto en el inciso anterior. La acción de nulidad contra la respectiva resolución podrá intentarse por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, los procuradores agrarios o cualquier persona ante el correspondiente tribunal administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, o desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso”.

La Ley 70 de 1993 fue reglamentada por el Decreto 1745 de 1995, que reiteró lo expresado en aquélla, esto es, que el derecho que tienen las comunidades negras sobre las tierras baldías, se refiere a las que han venido ocupando, en el sector allí descrito.

“ART. 7º—La junta del consejo comunitario. La junta del consejo comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un consejo comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son miembros del consejo comunitario, elegidos y reconocidos por éste”.

“ART. 17.—Competencia. De conformidad con lo establecido en la Ley 70 de 1993, la Ley 160 de 1994 en sus disposiciones concordantes y el artículo 1º, inciso tercero, del Decreto 2664 de 1994, corresponde al Incora titular colectivamente tierras baldías a comunidades negras, en calidad de “tierras de las comunidades negras”.

“ART. 22.—Visita. Dentro de los diez (10) días siguientes de cumplida la publicación de la solicitud, el gerente regional del Incora expedirá la resolución mediante la cual se ordenará la visita a la comunidad, señalando la fecha, que no podrá exceder los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de la solicitud, y los funcionarios que la efectuarán. Dicha resolución se notificará al representante legal del Consejo Comunitario interesado y al procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, y contra ella no procede recurso alguno. Cuando aparezcan involucradas comunidades indígenas, deberá notificarse la visita a su representante legal. Además se notificará por edicto el cual deberá contener la naturaleza del trámite administrativo, el nombre de la comunidad solicitante, la denominación, ubicación, linderos y colindantes del bien solicitado en titulación y la fecha señalada para la práctica de la visita. El edicto se fijará en un lugar visible y público de la correspondiente oficina del Incora, de la alcaldía municipal y del corregimiento o inspección de policía, por un término de cinco (5) días hábiles que se comenzarán a contar desde la primera hora hábil del respectivo día que se fije, y se desfijará al finalizar la hora laborable del correspondiente despacho. Los originales se agregarán al expediente”.

El acto demandado.

Es la Resolución 035 de 2000, “Por la cual se confiere carácter legal de resguardo, a favor de las comunidades indígenas Embera y Waunan de “Nussi Purrú”, a un globo de terreno baldío, localizado en jurisdicción del municipio de Juradó, departamento del Chocó”.

A folio 2 del cuaderno principal, reposa copia del acto demandado, cuyos considerandos dan cuenta de las actuaciones que realizó el Incora, las que se demuestran con los documentos que obran en el cuaderno anexo 1, que se relacionan así:

— Las referidas comunidades solicitaron al Incora, el 16 de noviembre de 1989, la ampliación del resguardo de Juradó, para lo cual anexaron posteriormente un acuerdo con los campesinos de la región, en el que determinaron que se estaba haciendo una explotación de madera indiscriminada que se debía controlar, solicitud que fue ratificada por la Organización Indígena Regional Orewa (fls. 21 a 31).

— El Incora mediante auto de 5 de mayo de 1995, ordenó realizar el estudio socioeconómico de que tratan las normas transcritas, para determinar la procedencia de constituir o no el resguardo indígena, para lo cual ordenó una visita de una profesional de la regional Chocó especializada en el tema indígena (fl. 43).

— El referido estudio concluyó que hay necesidad de constituir un solo resguardo a favor de los asentamientos conocidos como Nussi Purrú, porque no existe injerencia de la comunidad negra en los terrenos que solicitan los indígenas, ya que se trata de un terreno ancestralmente ocupado por miembros de las etnias Embera y Waunan denominadas Higueronal, Eyasake (la Loma) y Santa Marta Dos Bocas, localizadas en el municipio de Juradó, y que es evidente el derecho que poseen, para que el Incora les constituya un resguardo a su favor, teniendo en cuenta las Leyes 21 de 1991 por medio de la cual se aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en el seno de la OIT, por el cual el gobierno se comprometió a hacer efectivo el reconocimiento de la propiedad de los grupos étnicos sobre su territorio de ocupación ancestral, y la 160 (sic) de 1994 (fls. 119 a 164).

En dicho estudio consta que se realizó una reunión con la participación del comité de negritudes del municipio de Juradó, la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos, Amuc, El cabildo mayor indígena de Juradó, representantes de la Orewa, gobernadores indígenas, concejales municipales y funcionarios de Codechocó e Incora; que como resultado de la reunión se suscribió un acta de fecha 18 de mayo de 1995 donde se acordó, entre otras que “La comunidad negra de Juradó no se opone a la Constitución del resguardo indígena a favor de las comunidades Higueronal, Santa Marta Dos Bocas y Eyasake, siempre y cuando el Gobierno Nacional adelante programas de desarrollo para la comunidad negra de Juradó” y que el lindero del resguardo a constituirse va desde la finca del señor Rosendo Santamaría hasta el límite con Panamá (fl. 163 - ilegible).

Los proyectos de producción no se concertaron por falta de voluntad de la comunidad negra.

— El proceso que se venía realizando fue suspendido a solicitud del procurador agrario del Chocó mediante oficio de 19 de julio de 1995 hasta tanto no se reglamentara la Ley 70 de 1993 o se llegara a un acuerdo entre las partes, porque la comunidad negra se opuso por considerar que las tierras objeto de un posible resguardo a favor de la comunidad indígena, también les pertenecían (fl. 199); la comunidad indígena insiste en la constitución del resguardo (fls. 201 a 210).

— Después de reglamentarse la Ley 70 de 1993, el Incora atendiendo los requerimientos de los indígenas, decidió ordenar la actualización del estudio socioeconómico y jurídico y determinar la injerencia de la comunidad negra en el territorio requerido para la constitución del resguardo; este estudio de diciembre de 1997 concluyó que sí hay injerencia de la comunidad negra de Juradó y que por lo tanto de acuerdo con lo estipulado por la Ley 160 de 1994 en su artículo 1º no puede procederse a la constitución del resguardo con estos predios, sin previa concertación de las partes (fls. 287 a 327).

— En acta de noviembre 20 de 1997, se dejó consignado que no se llevó a cabo la concertación entre las comunidades indígena y negra; dicha acta fue suscrita además por el alcalde de Juradó, el procurador agrario y funcionarios del Incora y al mismo tiempo se suscribe un acta de acuerdo entre los indígenas y los colonos que se hayan en el área proyectada para la constitución del resguardo, quienes manifiestan que no se oponen a su legalización.

— En mayo de 1998 la Defensoría del Pueblo, atendiendo a una solicitud de las comunidades indígenas, mediante oficio solicita una acción interinstitucional que propicie una visita a la zona de Juradó, a efectos de buscar una solución real que evite los conflictos que se han presentado, por lo que el Incora ordena realizar una nueva visita a la comunidad, para que se actualicen los estudios de 1995 y 1997 y en definitiva se determine la injerencia de la comunidad negra en el territorio en disputa, para lo cual envió una nueva comisión conformada por funcionarios de varias regionales, ajenos a la problemática, quienes realizaron una reunión de la cual surgió un acta de 19 de agosto de 1998, suscrita por ellos y representantes de la comunidad, estableciéndose por parte de la comunidad negra de Juradó que no hay acuerdo para la constitución del resguardo y que su constitución puede generar conflicto.

— El informe de actualización, de agosto de 1998 (fls. 343 a 391) elaborado por tres funcionarios del Incora, de las regionales de Nariño, Cauca y antiguo Caldas y un contratista de la entidad, deja constancia de que en la región objeto de estudio existen tres formas definidas de tenencia de la tierra: la indígena caracterizada por la ocupación del territorio tradicional, quienes ocupan ancestralmente terrenos con el carácter legal de baldíos nacionales cuya extensión es aproximadamente de 19.527 hectáreas 8.250 metros cuadrados; la de los colonos (8) de 255 hectáreas, sin título de propiedad que hacen uso irracional del bosque y no tienen problema en venderle a la entidad sus posesiones para efecto de la constitución del resguardo y dos predios de propiedad privada, de 44 hectáreas, 1.500 metros cuadrados.

En relación con los derechos de las comunidades negras, el documento, entre otros, señala:

“La población negra no tiene ninguna explotación agrícola dentro del territorio del futuro resguardo de Nusí Purrú, sólo se dedican a la explotación comercial de madera en calidad de jornaleros u obreros a favor de terceros que generalmente son intermediarios procedentes de otros municipios y departamentos”.

“En la visita no encontramos ningún asentamiento de comunidades negras.

La intervención que adelantan los negros en los sectores de explotación de madera lo hacen como jornaleros u obreros de un patrón que por lo general no es de la región y es quien paga y adelanta la explotación para llevársela a Buenaventura y las personas que adelantan estas labores viven en la cabecera municipal de Juradó”.

“ … encontramos que existe suficiente legislación que protege por igual a comunidades indígenas y negras y sus derechos territoriales, siempre y cuando esos derechos se circunscriban a unos lineamientos de orden legal que para el caso objeto de estudio una vez realizada la visista (sic) de campo al territorio objeto solicitado por la comunidad indígena, conviene hacer las siguientes consideraciones:

La constitución del resguardo Nusi Purrú, no afecta derechos de comunidades negras consagrados en la Ley 70 de 1993, ya que la visita realizada al territorio, determinó que en el mismo no existe injerencia de comunidades negras que se ajusten a lo estipulado en el artículo 2º de la Ley 170 (sic) de 1993.

Teniendo como marco legal toda la normatividad señalada anteriormente el Incora deberá constituir el resguardo indígena Embera, Wounan de Nusi Purrú sobre la totalidad del territorio solicitado por esa comunidad (resalta la Sala)

... .”

A folio 387 reposa el documento denominado “concepto sobre la injerencia de comunidades negras para la constitución del resguardo de Nusi Purrú”, que hace parte del estudio en comento, en el cual sobre la pretensión de la comunidad negra, quienes elaboraron el informe son terminantes en afirmar:

“ … nos reunimos con los miembros el consejo comunitario, de cuya reunión se pudo constatar que no existe un consejo comunitario legalmente constituido y apenas está en proceso de formación.

De otra parte basan sus pretensiones en que no existe equidad en la repartición del territorio, entre indígenas y negros. Cuentan a toda la población negra de Juradó como posibles beneficiarios de un título colectivo, olvidándose que es necesario para acceder a un título colectivo de comunidades negras, que dicha comunidad esté asentada en el territorio pretendido de acuerdo con las prácticas tradicionales de producción, es decir que se presente una relación campo poblado. Esa relación no se presenta en todos los miembros de la comunidad negra de Juradó, y los que mantienen dicha relación, no la llevan a cabo de acuerdo con los términos de la Ley 70 de 1993, o si se presenta, es en otro territorio distinto al solicitado por la comunidad indígena (resalta la Sala)

Y en las conclusiones agregan:

“11. En la visita realizada, el área solicitada para la constitución del resguardo de Nussí Purrú, no se encontró ningún poblado de comunidades negras, ni asentamientos humanos pertenecientes a miembros de dichas comunidades, ni prácticas tradicionales de producción de conformidad a lo establecido por la Ley 70 de 1993”.

— A folios 441 a 443 obra escrito de la comunidad negra, en el cual insiste en que el territorio en el que se ha de constituir el resguardo indígena pertenece a su comunidad. Dicha disposición no se estudió porque el Incora considera que si no existe injerencia de la comunidad negra en el territorio pretendido para crear el resguardo, no hay lugar a concertación interétnica.

— La comunidad indígena insiste en la constitución del resguardo solicitado (fl. 530)

— En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto Reglamentario 2164 de 1965, mediante oficio de 10 de junio de 2000, la subgerencia de ordenamiento social de la propiedad del Incora, previo un recuento de lo anterior, ordenó el envío del expediente a la dirección general de asuntos indígenas del Ministerio del Interior, para su concepto (fls. 548 y s.s.)

— La dirección general de asuntos indígenas mediante Oficio DGAI 1938 de 31 de julio de 2000 consideró que era viable la constitución del resguardo indígena solicitado, por lo que recomienda: constituirlo (fl. 551).

En cuanto a las consideraciones jurídicas que tuvo en cuenta la resolución demandada, se citan: el artículo 14 de la Ley 21 de 1991 que indica que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y la posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; los artículos 63 y 329 de la Constitución Política que disponen que las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son de propiedad colectiva; los artículos 12, numeral 18 y 85 de la Ley 160 de 1994 antes transcritos y su Decreto Reglamentario 2164 de 1995 que otorga facultades al Incora para constituir resguardos a favor de las comunidades indígenas que no los poseen mediante la dotación y titulación de tierras y el artículo 31 numeral 1º ídem que señala, entre otras disposiciones, que para los anteriores efectos la entidad podrá adquirir tierras.

Del anterior recuento normativo y probatorio se infiere, por un lado, que contrario a lo expresado por la actora, cuando se profirió el acto acusado estaba demostrado que la comunidad negra no tenía injerencia dentro del territorio solicitado como resguardo por la comunidad indígena; que por lo tanto no era pertinente hacer concertación entre las comunidades indígena y negra, porque, se repite, ésta última no probó, que de conformidad con la ley, tuviera derechos sobre el territorio en conflicto, tan sólo se evidenció la presencia de algunas personas dedicadas a la tala de árboles a favor de terceros, sin que ello implique un dominio ancestral en la zona, el que sí se acreditó por parte de la comunidad indígena.

De otro lado, considera la Sala que el procedimiento adelantado por el Incora para la constitución del resguardo a favor de las comunidades Embera y Waunan, se ajustó a las normas que lo regulan, es decir a la Ley 160 de 1994 y al Decreto 2164 de 1995, sin vulnerar las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el proceso de titulación colectiva a favor de las comunidades negras; el acto acusado se fundamentó en estudios socioeconómicos, actualizados en tres oportunidades, en el proceso participó la comunidad negra pese a que el estudio arrojó como resultado que no tenían injerencia en la zona pretendida por la comunidad indígena, el Ministerio del Interior, hoy del Interior y de Justicia, que emitió concepto favorable y finalmente en octubre 3 de 2000 se expidió el acto acusado.

Es de anotar que a folio 609 del anexo 1 reposa copia de una comunicación de fecha 22 de noviembre de 1997, mediante la cual, la representante legal del consejo comunitario de Juradó de las comunidades negras, solicita al Incora que se inicien los trámites de la titulación colectiva de un terreno baldío denominado Juradó a favor de esa comunidad, de conformidad con la Ley 70 de 1993 (fl. 609) y a folios 24 a 54 del cuaderno principal reposa copia simple de un informe técnico de fecha 1º de diciembre de 2000, es decir después de que se profirió el acto demandado, presentado por la actora como prueba de que el acto acusado adjudicó como tierra de resguardo indígena lo que corresponde a la comunidad negra de los ríos Juradó, Partadó y Puntardita, sin que posteriormente a esa fecha se presentara actuación o comentario alguno sobre el particular, y sin que resulte claro que este documento desvirtúe el estudio en el cual se basó el Incora para expedir la resolución demandada, porque no hace referencia a éste, ni hay evidencia de que se trate de las mismas tierras sobre las cuales se constituyó el resguardo indígena.

Lo cierto es que el acto acusado, se expidió sobre la base de haberse probado dentro del proceso que las tierras sobre las cuales se solicitó el resguardo eran habitadas por las comunidades indígenas Embera y Waunan y que a la fecha de la toma de la decisión los informes señalaban que en la zona no había injerencia de la comunidad negra, por lo que el mismo se ajustó a la normativa que regulaba la materia. Por ello no se accederá a las pretensiones de la demanda y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 16 de diciembre de 2010.

(1) Mediante el Decreto 1292 de 2003, publicado en el Diario Oficial Nº 45.196, de 23 de mayo de 2003, se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidación.