Sentencia 2002-00647 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION B

Rad.: 250002326000200200647 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Referencia: Expediente 28522

Actor: Luis Alberto Oviedo Tavera

Demandado: Nación-Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso con vocación de segunda instancia(1) ante esta corporación, dado que la cuantía de la demanda supera aquella exigida para el efecto al momento de proponer el recurso, esto es, antes de la vigencia de las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998.

II. Los hechos probados

8. Observa la Sala que teniendo en cuenta los medios de prueba regularmente allegados al plenario(2), aparecen acreditados los siguientes hechos:

8.1. El señor Luis Alberto Oviedo Tavera es propietario —entre otros— de un inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, identificado con matrícula inmobiliaria 50C- 216181, que corresponde a las siguientes direcciones: calle 13 Nº 15- 69, calle 13 Nº 15-71, calle 13 Nº 15-73 y calle 13 Nº 15-75 y del inmueble —apartamento 101— ubicado en la calle 115 Nº 11 A-85, edificio Juan Carlos de la misma ciudad (certificados de matrícula inmobiliaria 50C-216181 y 50N-1102845, fls. 50 a 53 y fls. 60 y 61, cdno. 2).

8.2. El 17 de junio de 1993, la DIAN, administración de personas naturales de Santafé de Bogotá, efectuó liquidación de corrección aritmética de la liquidación privada del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable de 1990 y a cargo de Luis Alberto Oviedo Tavera que arrojó un valor a pagar de $ 3.086.000(3) (fls. 22 y 23, cdno. 2).

8.3. Según acta de visita de la Dirección Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, Administración Local de Impuestos Nacionales de Cundinamarca, división de cobranzas, se realizó una visita —no consta la fecha– al inmueble ubicado en la calle 13 Nº 15-71 de la ciudad de Bogotá, correspondiente al contribuyente Luis Oviedo Tavera, identificado con cédula de ciudadanía 19.101.783. El funcionario visitador fue atendido por la señora Alba Rojas, identificada con cédula de ciudadanía 51 591 136. En el Resultado de la visita, se registró (fl. 2, cdno. 2):

El contribuyente se encuentra fuera del país y regresa a finales del mes de julio. Se deja citación para que se presente cuando llegue.

Septiembre 6/93.

El contribuyente no se ha presentado, además se le han hecho varias citaciones telefónicas, sin que hasta el momento se haya reportado, por lo tanto se traslada a cobro coactivo.

8.4. El 3 de diciembre de 1993, se efectuó visita por parte de funcionario de la DIAN, administración de personas naturales de Santafé de Bogotá, división de cobranzas, grupo persuasiva, a la calle 13 Nº 15-71 de la ciudad de Bogotá correspondiente al contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera, que fue atendida por María Inés Murcia, cédula de ciudadanía 41.800.980(4) y como resultado de la misma se anotó que “la señora María Inés me informa que el señor Luis Alberto no se encuentra, que está en el exterior, dejé acta de citación para el 6 de diciembre. La dirección es de una ferretería que según ella es de él” (fl. 15, cdno. 2).

8.5. El 29 de diciembre de 1994, la DIAN, administración de personas naturales de Santafé de Bogotá, división cobranzas grupo coactiva, profirió el mandamiento de pago 9170 en contra de Luis Alberto Oviedo Tavera por valor de $ 3.933.000, por concepto de impuesto de renta de 1990 y 1991 y sanción, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele. Se le advierte al contribuyente que tiene 15 días después de notificada la providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes. Así mismo, se ordena notificar personalmente el mandamiento de pago previa citación para que comparezca el interesado o su representante legal dentro de los 10 días siguientes a la misma y en caso contrario, notificar por correo conforme a los artículos 826 y 566 del estatuto tributario (fl. 28, cdno. 2).

8.6. El 30 de diciembre de 1994 la Dirección de Impuestos Nacionales –Administración Local de Impuestos Nacionales de Cundinamarca, división de documentación, envió al señor Luis Alberto Oviedo Tavera, por correo certificado(5), a la calle 13 Nº 15-71 de Bogotá, una citación —Oficio 012386— para notificar mandamiento de pago librado en su contra por concepto de impuesto de renta en relación con los periodos gravables 1990 y 1991, en la que se le hace saber que el incumplimiento de la citación obligará a notificarlo por correo, como lo preceptúa el artículo 826 del estatuto tributario o en su defecto por aviso, de conformidad con el artículo 568 del mismo. También consta que el mandamiento de pago fue notificado por correo certificado (fls. 28 vto. y 29, cdno. 2).

8.7. El 2 de septiembre de 1996, la DIAN, personas naturales de Santafé de Bogotá expidió la Resolución de Embargo 1116 respecto del inmueble de propiedad del contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera ubicado en la calle 115 Nº 11 A-85, apartamento 101, del edificio Juan Carlos, distinguido con la matrícula inmobiliaria 50N-1102845, medida que fue informada al registrador de instrumentos públicos para lo de su cargo(6) (fls. 76 y 85, cdno. 2).

8.8. La medida cautelar ordenada por la DIAN, fue debidamente registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1102845, según anotación 9 del 6 de septiembre de 1996, en la cual consta el embargo por jurisdicción coactiva por parte de dicha entidad (fl. 87, cdno. 2).

8.9. El 31 de octubre de 1996, la DIAN expidió la Resolución 10149, por medio de la cual ordenó llevar adelante la ejecución contra el contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera y efectuar el embargo de cuentas bancarias y el embargo, secuestro y remate de los bienes inmuebles de su propiedad. En el acto administrativo consta su notificación por correo certificado el 1º de noviembre de 1996(7) (fls. 103 y 107 vto., cdno. 2).

8.10. Mediante Auto 43 del 23 de diciembre de 1996, la DIAN ordenó el secuestro del bien inmueble de propiedad del contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera ubicado en la calle 115 Nº 11 A-85, apartamento 101 del edificio Juan Carlos, distinguido con la matrícula inmobiliaria 50N-1102845 y designó el respectivo secuestre (fl. 109, cdno. 2).

8.11. Sobre el apartamento 101 ubicado en la calle 115 Nº 11 A-85 ya pesaba una medida de embargo proferida por el Juzgado Catorce Civil del Circuito, según consta en comunicación de la DIAN a dicho juzgado informándole de la medida cautelar tomada en el proceso de cobro coactivo, para efectos de la prelación de créditos establecida en la ley y en el mismo certificado de matrícula inmobiliaria, anotación 8, embargo ejecutivo de mayor cuantía, de Ivette Cecilia Castro de Guzmán a Luis Alberto Oviedo Tavera (fls. 87 y 113, cdno. 2).

8.12. El 14 de abril de 1998, se llevó a cabo la diligencia de secuestro del inmueble de propiedad del demandante, la cual fue atendida por Henry González, quien dijo estar en el apartamento en calidad de arrendatario, manifestó no conocer al señor Oviedo Tavera y haber recibido el apartamento en virtud de contrato de arrendamiento de parte de Jaime Arias(8). El secuestre dejó el bien en poder del señor González en calidad de depósito y se anotó que celebraría con él un contrato de arrendamiento, cuyos cánones debería cancelar mensualmente en la cuenta de depósitos judiciales de la Caja Agraria a nombre del contribuyente y a favor de la Nación (fl. 206, cdno. 2).

8.13. Mediante Auto 109 del 12 de agosto de 1998 se ordenó el avalúo del bien inmueble de propiedad del demandante, para lo cual se designaron dos peritos avaluadores, que presentaron el respectivo informe (fl. 232 y 235, cdno. 2).

8.14. El abogado ejecutor de la DIAN dio cuenta del avalúo del bien secuestrado al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito, informándole que se encontraba próximo a la diligencia de remate y que el señor Oviedo Tavera tenía solicitud de remanentes en los juzgados tercero laboral del circuito, quince civil del circuito y catorce civil del circuito, así como en proceso coactivo de la Dirección de Impuestos Distritales, por lo que se respetaría la prelación de créditos según el artículo 839, 839-1 del estatuto tributario. Igual informe fue enviado a cada uno de los mencionados juzgados y a la entidad distrital (fls. 238 a 247, cdno. 2).

8.15. Mediante Auto 140 del 24 de noviembre de 1998, se ordenó correr traslado al contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera del avalúo comercial realizado al apartamento 101 ubicado en la calle 115 Nº 11 A-85 con la advertencia de que contra el mismo no procedía recurso alguno sino escrito de objeción dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto para realizar un nuevo avalúo con intervención de un perito particular cuyos honorarios serían cancelados por el contribuyente. Se ordenó notificar esta decisión por correo, según el artículo 566 del estatuto tributario. En el auto obra constancia de notificación por correo certificado, del 24 de noviembre de 1998, pero también se probó que fue devuelta el 10 de diciembre de 1998 y que no fue publicada (fls. 249 y 255 vto., cdno. 2. Ver pie de página 4).

8.16. Por auto del 9 de marzo de 1999, en el que se registró que al haberse corrido traslado del peritazgo al ejecutado este no hizo manifestación alguna, se dispuso acoger el avalúo efectuado al bien inmueble de propiedad de Luis Alberto Oviedo Tavera, en la suma de $ 120.000.000 y se ordenó comunicar al contribuyente la decisión, con la advertencia de que no procedía recurso alguno (fl. 262, cdno. 2).

8.17. Mediante comunicación del 9 de marzo de 1999 —Oficio 3251-1-003964— dirigida a la calle 115 Nº 11 A-85, apartamento 101, el abogado ejecutor informó al señor Oviedo Tavera sobre la aprobación del avalúo del inmueble. La comunicación no tiene constancia de envío ni de recibido (fl. 266, cdno. 2).

8.18. El 9 de marzo de 1999, la DIAN, administración de personas naturales de Santafé de Bogotá, división cobranzas, grupo coactiva, mediante Auto 3963 efectuó la liquidación del crédito y las costas con corte 31 de marzo del mismo año, a cargo del contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera, lo que arrojó como resultado: Liquidación del crédito: $ 14.481.000. Liquidación de costas: $ 220.000, por lo cual se fijó el monto total en la suma de $ 14.701.000 y se ordenó correr traslado de esta liquidación al contribuyente por el término de 3 días para que formulara las objeciones que considerara pertinentes. Se ordenó hacer la notificación del auto por correo, advirtiéndole que no procede recurso alguno. No obra prueba del envío y recibo de la respectiva notificación (fl. 260, cdno. 2).

8.19. El 31 de marzo de 1999, el jefe del grupo coactiva de la división de cobranzas, administración de personas naturales de Santafé de Bogotá, de la DIAN, ofició al secuestre del apartamento 101 de la calle 115 Nº 11 A-85 pidiéndole rendición de cuentas y en especial sobre el contrato de arrendamiento celebrado sobre dicho bien, dado que se encontraba próxima la diligencia de remate del inmueble.

8.20. La anterior comunicación fue respondida por el secuestre el 16 de abril de 1999, informando que no había sido posible comunicarse con la persona que se hallaba como arrendataria cuando se efectuó la diligencia de secuestro y que se había comprometido a celebrar nuevo contrato de arrendamiento con el secuestre, razón por la cual dicho contrato no se celebró ni aquella persona cumplió con lo pactado (fl. 278, cdno. 2).

8.21. El 6 de abril de 1999, la DIAN expidió el Auto 1134- 000010, por medio del cual se liquida el crédito y las costas con corte 31 de marzo de 1999, lo que arrojó un valor total de $ 20.260.000 a cargo del contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera. Se ordenó notificar el auto por correo, lo cual fue cumplido el 7 de abril de 1999, según informe de la división de documentación (fl. 274, cdno. 2. Ver pie de página 4).

8.22. El 25 de junio de 1999, el secuestre del inmueble informó a la DIAN que no le había sido posible ubicar al contribuyente propietario del mismo, que el apartamento se encuentra desocupado y que tiene deudas por concepto de impuesto predial, administración y servicios públicos de acueducto y energía, pidiendo autorización de gastos para el cambio de cerraduras con el fin de constatar el estado físico del inmueble y presentar informe sobre el mismo (fl. 315, cdno. 2).

8.23. Por Auto 33 del 28 de diciembre de 1999 se ordenó el remate del bien inmueble apartamento 101 ubicado en la calle 115 Nº 11 A-85, diligencia que se llevaría a cabo el 14 de enero de 2000, teniendo como base del remate el 40% del avalúo(9). (fl. 356, cdno. 2).

8.24. El aviso del remate fue publicado en la emisora Nuevo Continente el 6 de enero de 2000, según certificación de la misma y publicado en el diario La República de la misma fecha (fls. 429 y ss., cdno. 2).

8.25. El 14 de enero de 2000 se realizó el remate del bien de propiedad del demandante, el cual fue adjudicado a la señora Paola Fernanda Gómez Flórez por un valor de $ 48.100.000 (fl. 361, cdno. 2).

8.26. Mediante Resolución 1 del 26 de enero de 2000, el remate fue aprobado y se ordenó el desembargo y cancelación del secuestro del bien, así como la notificación personal al señor Oviedo Tavera, con la advertencia de que contra dicho acto procedía el recurso de apelación en efecto diferido dentro de los 3 días siguientes a su notificación; la resolución aparece que fue notificada por correo certificado el 15 de marzo de 2000 (fls. 362, 379 y 403 vto., cdno. 2).

8.27. El 22 de marzo de 2000, la DIAN expidió la Resolución 151, por medio de la cual decretó el desembargo del bien inmueble rematado y de todos los gravámenes y medidas cautelares que sobre el mismo recaían (fl. 404, cdno. 2).

8.28. Mediante Oficio 6372 del 22 de marzo de 2000, el funcionario ejecutor de la DIAN le informó al Juzgado Catorce Civil del Circuito sobre el remate del apartamento 101 ubicado en la calle 115 11 A-85, de propiedad de Luis Alberto Oviedo Tavera, dentro del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra por dicha entidad y dada la necesidad de entregar el bien rematado, le solicitó nombrar un secuestre para hacerle entrega de los bienes muebles y enseres que se hallaban en el interior del mismo, los cuales no tenían medida cautelar por parte de la DIAN pero sí se encontraban embargados por ese juzgado (fl. 407, cdno. 2).

8.29. Por auto del 3 de abril de 2000, el Juzgado Catorce Civil del Circuito, en atención a la información y solicitud de la DIAN, manifestó que en vista de que en el apartamento en cuestión existían bienes muebles que se encontraban debidamente embargados y secuestrados por orden de ese juzgado en diligencia del 29 de julio de 1993, practicada por la Inspección Primera Distrital de Policía en la que se designó como secuestre al señor Jaime Arias Castro, se debía oficiar a este auxiliar de la justicia para que procediera al retiro de tales bienes y su depósito en una bodega, para que rindiera cuenta de los mismos cuando el juzgado se lo ordenara, advirtiéndole que las medidas cautelares sobre los mismos continuaban vigentes hasta nueva orden (fl. 409, cdno. 2).

8.30. El 10 de abril de 2000, se llevó a cabo la diligencia de entrega física del apartamento 101 a la rematante adjudicataria del mismo, señora Paola Gómez Flórez, por parte del secuestre designado por la DIAN, diligencia de la cual se levantó un acta en la que consta que se dejaron en poder de esta señora, en calidad de depósito, los bienes muebles que se encontraban en su interior y de los que se hizo el respectivo inventario, hasta nueva orden del juzgado catorce civil (fl. 410 a 414, cdno. 2).

8.31. La DIAN ofició a los distintos juzgados y entidades que tramitaban procesos ejecutivos en contra del señor Luis Alberto Oviedo Tavera, solicitándoles el envío de la liquidación de créditos para efectos de atender sus solicitudes de remanentes (Juzgado Tercero Laboral del Circuito: fls. 408, 418 y 458; Juzgado Primero de Ejecuciones Fiscales, fls. 435 y 431; Dirección de Impuestos Distritales, fls. 445 y 447, cdno. 2).

8.32. El 22 de junio de 2000, se efectuó la liquidación parcial de crédito y costas Nº 34 dentro del proceso administrativo coactivo seguido en contra del señor Luis Alberto Oviedo Tavera, con corte a enero 14 de 2000, el cual arrojó el siguiente resultado(10) (fl. 454, cdno. 2):

1) Liquidación del crédito:

Por impuesto de renta 1990:

Impuesto=3.010.000

Ac. Impt.=2.143.000

Sanción=76.000

Act. Sanc.=27.000

Intereses=7.009.000

Total=12.265.000

Por impuesto de renta 1991:

Impuesto=802.000

Ac. Impt=287.000

Intereses=1.668.000

Total=2.757.000

Subtotal crédito $ 15.022.000

2) Liquidación de costas:

Honorarios secuestre = 220.000

Avisos, publicaciones y notificaciones =339.769(11)

Subtotal=559.769

Total=$ 15.581.769

8.33. La DIAN procedió a fraccionar los títulos de depósito judicial 10001044 del 14 de enero de 2000 por valor de $ 24.000.000 y 10001626 del 19 de enero de 2000 por valor de $ 10.000.000, con el fin de proceder a los siguientes pagos, sobre lo cual dio instrucciones al Banco Agrario (fls. 451 y 459, cdno. 2):

Con el título 10001044:

- Un cheque, por la suma de $ 15.581.769 a nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, para ser abonado a la deuda del contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera(12).

- Un cheque por la suma de $ 7.265.727,30 para consignar a nombre del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo 100/98 de Misael Olarte Martínez contra Luis Alberto Oviedo Tavera y otro.

- Un cheque por la suma de $ 203.100 a nombre del Juzgado Primero de Ejecuciones Fiscales –IDU- proceso ejecutivo 7315/94 contra Luis Alberto Oviedo Tavera, predio calle 115 11-85 apto. 101.

- Un cheque por la suma de $ 949 403.70 a nombre de la Dirección de Impuestos Distritales-subdirección de impuestos a la propiedad, proceso coactivo 3100408 de Luis Alberto Oviedo Tavera.

Con el título 10001626:

- Un cheque por la suma de $ 458 417,30 a nombre de la Dirección de Impuestos Distritales-subdirección de impuestos a la propiedad, proceso coactivo 3100408 de Luis Alberto Oviedo Tavera.

- Un cheque por la suma de $ 9 541 582,70 a nombre del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo de mayor cuantía de Ivette Cecilia Castro de Guzmán contra Luis Alberto Oviedo Tavera.

- El 23 de febrero de 2001 la DIAN remitió Oficio 5497 al Banco Agrario, en el cual le autorizó la conversión del título de depósito judicial 10001630 del 19 de enero de 2000, por valor de $ 14.100.000 a favor del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo de mayor cuantía, de Ivette Cecilia Castro de Guzmán contra Luis Alberto Oviedo Tavera (fl. 474, cdno. 2).

8.34. El título de depósito judicial 7256359 por valor de $ 15.022.000, fue aplicado en el pago del impuesto de renta y complementarios a cargo del contribuyente Oviedo Tavera por los años gravables 1990 y 1991, los cuales aparecen debidamente cancelados (fls. 482, 483 y 484, cdno. 2).

8.35. Obra fotocopia de certificación expedida por el asesor jurídico de la cárcel del distrito judicial de Santafé de Bogotá La Modelo, del 27 de junio de 1995, en el sentido de que el interno Luis Alberto Oviedo Tavera ingresó a ese centro carcelario el 9 de febrero de 1994 y para la fecha de la certificación, se encuentra a órdenes del Tribunal Nacional, proceso 16568 A, en apelación (fl. 508, cdno. 2).

8.36. Mediante sentencia de 3 de octubre de 1999 del Juzgado Primero Penal del Circuito el señor Luis Alberto Oviedo Tavera fue absuelto de los cargos que le habían sido imputados como presunto responsable de los delitos de fraude procesal y estafa dentro del proceso 3376 [11001-31-04-001-1997-0514-01], providencia que al parecer quedó en firme por no haber sido interpuestos recursos en su contra, según los antecedentes relacionados en auto del 3 de marzo de 2000 proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante el cual resolvió un recurso de apelación interpuesto por la parte civil en contra del auto del juzgado a-quo que le negó la nulidad deprecada a partir de la notificación de la sentencia de primer grado, el cual fue confirmado. Se observa además que la secretaría del tribunal, con oficio del 22 de marzo de 2000 devolvió el expediente al juzgado y en la identificación del proceso, anotó (fl. 502, cdno. 3):

Procesado Cárcel Ciudad

Luis Alberto Oviedo Tavera

III. Problema jurídico

9. Teniendo en cuenta las razones de la apelación y los hechos probados, corresponde a la Sala determinar si la DIAN es patrimonialmente responsable por el daño que se le imputa, por haberse configurado la falla del servicio alegada por la parte actora.

IV. Análisis de la Sala

10. La parte actora adujo que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN incurrió en una falla del servicio que le produjo un daño antijurídico al demandante, por el cual reclama la indemnización de perjuicios morales y materiales.

11. La falla del servicio es el principal título de imputación de responsabilidad patrimonial al Estado e implica la necesidad de probar sus tres elementos: i) La existencia de un daño antijurídico, entendido como aquel que no se está en el deber legal de soportar; ii) la falla propiamente dicha, consistente en el mal funcionamiento de la administración, porque el servicio no se prestó o lo fue en forma deficiente o tardía, lo cual implica un incumplimiento del contenido obligacional a cargo de la administración estatal y iii) el nexo de causalidad entre la falla del servicio y el daño antijurídico, es decir la comprobación de que este se produjo como consecuencia de aquella.

12. Se trata de un régimen subjetivo de responsabilidad, puesto que requiere el análisis de la conducta del demandado, ente estatal que actúa a través de sus agentes, para determinar si se ajustó o no a las funciones y deberes que le han sido legalmente impuestos, o si incurrió en incumplimiento o extralimitación en el ejercicio de los mismos, lo que comporta hacer un juicio de reproche de su actuación en caso de que la misma haya sido defectuosa, para lo cual “debe previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración”(13), sin olvidar que la falla del servicio, por predicarse de una entidad estatal, es anónima, en la medida en que lo que se juzga no es la actuación personal del agente, para determinar si fue culposa o no, sino en general, el funcionamiento del servicio frente a lo que de él cabe esperar y que es la entidad a su cargo, directamente, la que responde frente a la víctima del daño.

13. Para exonerarse de responsabilidad, la entidad debe o bien probar la inexistencia de la falla, es decir que no incurrió en incumplimiento de sus deberes legales, que actuó ajustada a derecho y no incurrió en una conducta que se pudiera calificar de imprudente o negligente o carente de pericia; o bien, acreditar la existencia de una causa extraña, como lo son la fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o el hecho también exclusivo de un tercero, circunstancias que rompen el nexo causal entre la prestación del servicio o actuación estatal y el daño antijurídico por el cual se reclama.

El daño antijurídico

14. El demandante adujo que el daño sufrido por la actuación irregular de la administración consistió en el remate de un bien inmueble de su propiedad, por lo cual reclama el pago de su valor, a título de indemnización de perjuicios.

15. Al respecto, como ya se dijo, el daño antijurídico corresponde a aquella afectación o disminución patrimonial que la víctima no está obligada legalmente a soportar, porque no existe norma jurídica que así se lo exija o imponga. En el presente caso, en relación con el remate del bien inmueble de propiedad del señor Oviedo Tavera, el mismo obedeció al cobro coactivo de una deuda fiscal debidamente acreditada de este contribuyente por concepto de impuesto de renta y complementarios de dos años consecutivos —1990 y 1991— y la ley autoriza a la DIAN para adelantar esta actuación y obtener por este medio coercitivo el pago de la obligación tributaria por parte de aquellos contribuyentes que no lo hagan voluntariamente y que por esta razón, se verán privados de la propiedad de sus bienes embargados y rematados.

16. En consecuencia, el hecho del remate del bien inmueble de propiedad del demandante y que este aduce como daño antijurídico, obedeció a la deuda tributaria impagada a su cargo, que por disposición legal permitía a la DIAN disponer de los bienes del contribuyente previo embargo de los mismos en los términos autorizados por la ley.

17. En el sub lite lo que se advierte es que la entidad adelantó un procedimiento que culminó con el pago efectivo de los impuestos debidos por el demandante y que el remanente del remate del bien de su propiedad, fue destinado a cubrir los cobros ejecutivos que en su contra se estaban adelantando por la administración distrital y otros acreedores que lo tenían demandado en diversos juzgados laborales y civiles.

18. Se concluye entonces que si el actor se vio privado de la propiedad del apartamento 101 de la calle 115 Nº 11 A-85 de la ciudad de Bogotá, fue por su propio incumplimiento respecto de las obligaciones fiscales que le fueron legalmente impuestas.

19. No obstante lo anterior, se advierte que el desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa del contribuyente le habría irrogado un perjuicio moral por el cual la parte actora también reclamó la indemnización de perjuicios, razón por la cual resulta necesario estudiar la actuación de la entidad demandada para establecer la procedencia de esta reclamación.

El debido proceso

20. El debido proceso, que el demandante adujo como vulnerado por parte de la entidad demandada, constituye un derecho fundamental de consagración constitucional (art. 29), que debe ser garantizado tanto en los procesos judiciales como en las actuaciones administrativas, consistente en que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio(14), con el fin de obtener una sentencia o decisión justa sobre los derechos de los destinatarios de las mismas.

21. En relación con las actuaciones de la administración, este derecho implica que las decisiones contenidas en actos administrativos de carácter particular y concreto, a través de las cuales se afectan situaciones jurídicas de la misma naturaleza, también deben ser proferidas luego de surtido un procedimiento que respete las etapas y formas establecidas en el mismo por la ley, dentro del cual se le garantice al administrado la posibilidad de ejercer su derecho de audiencia y de defensa, de conocer las pruebas de la administración y controvertirlas, así como la posibilidad de pedir y aportar las que considere necesarias en defensa de sus intereses, de tal manera que la administración cuente con la suficiente información y los elementos de juicio necesarios para adoptar la decisión acertada. Sobre este derecho fundamental, ha dicho la jurisprudencia(15):

Con otras palabras, es derecho de las partes o interesados explicar al juez o funcionario en la oportunidad que se le conceda su opinión sobre la situación fáctica y jurídica en la que se encuentra, para que estos conozcan todos los aspectos significativos del asunto sometido a su consideración, de manera que se les facilite dictar una sentencia o decisión justa o acertada en el derecho positivo o un acto con iguales predicados, de acuerdo con el evento. La audiencia, así concebida, es un imperativo de respeto al procesado, a la parte o al administrado, según el caso, a quienes les interesa que en una situación que les concierne no se tome una decisión en la que pueda resultar sancionada o perjudicada sin que se les dé la ocasión de manifestarse y defenderse(16).

En esta dimensión, su correcta aplicación evita una sentencia o decisión en contra de una parte no citada legalmente o soportada en hechos y pruebas sobre las cuales no hubiere tenido ella la oportunidad de exponer y explicar su postura y argumentos en defensa de los derechos en controversia dentro de la actuación judicial o administrativa.

En definitiva, el derecho al debido proceso rige con carácter obligatorio en las actuaciones judiciales y administrativas, como un bloque de principios y reglas aplicables por los jueces y las autoridades públicas en la relación procesal con el propósito de obtener una sentencia justa y acorde con el derecho material y el respeto de los derechos fundamentales de los individuos(17), en todas aquellas actuaciones tendientes a producir la constitución, modificación o extinción de un derecho o una obligación o la imposición de una sanción que puedan afectar sus intereses de libertad, vida o patrimonio.

Es decir, procura a las personas, en condiciones de igualdad, participación y respeto, que el asunto que les interesa será decidido por el juez o autoridad administrativa imparcialmente y sin arbitrariedades, mediante un proceso leal y justo. Por eso, bien se pregona en nuestro medio que tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocido en el preámbulo de la Carta Política, como una garantía de convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional, en el entendido de que tutela la intervención plena y eficaz del sujeto procesal y lo protege de la eventual conducta abusiva que pueda asumir la autoridad judicial o administrativa que conoce y resuelve su situación jurídica(18), de manera que también se constituye en una condición para la validez de sus actuaciones y, por esa vía, en un mecanismo para la racionalización del poder(19) y de preservación de la seguridad jurídica(20).

En síntesis, el debido proceso elevado en nuestro ordenamiento jurídico a la categoría de derecho constitucional fundamental, en sus manifestaciones de principio de legalidad, juez natural, presunción de inocencia, derechos de contradicción, audiencia y defensa, aplicación de la ley preexistente, observancia de las formas de cada juicio, valoración razonable de la prueba, inocencia(21) —entre otros—, es una garantía para los sujetos e intervinientes en cualquier actuación judicial o administrativa que, a su vez, obliga a los funcionarios judiciales y a las autoridades administrativas a respetarlos y asegurar su plena vigencia en la solución de cualquier conflicto o asunto judicial o administrativo.

22. Toda vez que en el presente caso se aduce el desconocimiento del debido proceso en perjuicio del demandante por parte de la entidad demandada y en ello se hace consistir la falla del servicio que se le imputa, resulta necesario revisar la normatividad aplicable al procedimiento de cobro coactivo que adelantó la DIAN en contra de Luis Alberto Oviedo Tavera, para confrontarla con los hechos probados y de esta manera establecer si la entidad observó los requisitos y exigencias del mismo.

El procedimiento de cobro coactivo de deudas fiscales

23. La Corte Constitucional, refiriéndose al deber de tributación a cargo de los administrados, ha dicho(22):

(…) el legislador en ejercicio de la potestad constitucional de imponer la colaboración de los coasociados con la administración tributaria, se encuentra indiscutiblemente autorizado para regular deberes tributarios materiales y formales que constriñen la esfera jurídica de los derechos individuales, de tal forma que resulta legítimo que el legislador regule la manera como se debe cumplir una determinada obligación tributaria. En efecto, el proceso de legitimación y aplicación de las obligaciones tributarias encuentra su justificación constitucional en el deber ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones públicas (C.P., art. 95 ord. 9º) y en el principio de eficacia de la administración de impuestos (C.P., art. 209), por lo que la Constitución sitúa al legislador como titular de la potestad impositiva y principal regulador de las actuaciones tributarias. La rama legislativa puede entonces señalar los requisitos necesarios para el cabal cumplimiento del deber constitucional de tributar, tales como los establecidos por las normas que se demandan. Y puede igualmente la ley consagrar las sanciones para quienes incumplan esos deberes tributarios, que tienen claro sustento constitucional (C.P., art. 95 ord 9º) pues es “lógico que el ordenamiento dote a las autoridades de instrumentos que permitan hacer exigible a los particulares esa obligación constitucional, de cuyo cumplimiento depende la eficacia misma del Estado social de derecho”. Sin embargo, ello no quiere decir que esa potestad sancionadora no tenga límites, pues ella debe adecuarse a la Constitución, y en particular al debido proceso (C.P., art. 29) y los principios que gobiernan el sistema tributario (C.P., art. 363).

24. En el presente caso, se observa que la actuación que reprocha la parte actora y que aduce como causante del daño antijurídico, está constituida principalmente por la falta de notificación personal en debida forma de varias de las decisiones que se tomaron en el trámite del procedimiento de cobro coactivo que adelantó la entidad demandada en su contra, lo cual a su juicio, fue violatorio del debido proceso y de su derecho de defensa y se tradujo en la causación de un daño antijurídico que consistió en el remate de un bien inmueble de su propiedad, cuyo valor reclama, entre otros, a título de indemnización de perjuicios.

25. De acuerdo con los hechos debidamente demostrados en el proceso, no cabe duda alguna en relación con la existencia de la deuda fiscal en cabeza del demandante por concepto de los impuestos de renta y complementarios correspondientes a los años 1990 y 1991, evento frente al cual la ley atribuyó a la entidad la facultad de proceder a su cobro coactivo, mediante el agotamiento del procedimiento expresamente consagrado en el estatuto tributario y que puede culminar, de ser necesario, con el embargo, secuestro y remate de los bienes de propiedad del contribuyente moroso para efectos de hacer efectivo el pago de la deuda a su cargo.

26. El título VIII del estatuto tributario, regula el procedimiento administrativo coactivo para el cobro de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la DIAN (art. 823 y ss.) y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 828, para efectos de esta actuación prestan mérito ejecutivo, entre otros, las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación y las liquidaciones oficiales ejecutoriadas, estableciendo el parágrafo de esta norma, que en estos dos eventos, “bastará con la certificación del administrador de impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales” y para el cobro de los intereses, será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente.

27. El artículo 826, establece el mandamiento de pago que se debe producir ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos, y dispone que esta decisión sea notificada personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de 10 días, vencido el mismo, si no lo hace, “el mandamiento ejecutivo se notificará por correo”, caso en el cual, “deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar”, determinando no obstante, que “la omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada”. En relación con la notificación por correo, el artículo 566 del estatuto tributario, establecía que la misma “se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo”(23).

28. Una vez notificado el mandamiento de pago, el deudor deberá proceder dentro de los 15 días siguientes a la notificación, a cancelar el monto de la deuda pudiendo también dentro de este término, presentar las excepciones admitidas en el estatuto —artículos 830 y 831—, pero si vencido el mismo no son propuestas excepciones ni el deudor paga, el funcionario competente deberá proferir resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados, acto contra el cual no procede recurso alguno, por disposición legal —artículo 836—.

29. En este proceso de cobro coactivo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 833-1, las actuaciones administrativas realizadas son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen para las actuaciones definitivas, estableciendo para este procedimiento, en forma expresa, la contemplada en el artículo 834: La resolución que rechace las excepciones propuestas y ordene seguir adelante la ejecución y rematar los bienes embargados y secuestrados, contra la cual solo procede recurso de reposición ante el jefe de la división de cobranzas “o el superior inmediato” de quien decidió sobre las excepciones, dentro del mes siguiente a su notificación. Respecto de otras decisiones, el estatuto tributario consagra una serie de medidas de defensa a favor del contribuyente, así:

29.1. Frente a las medidas preventivas —embargo y secuestro—, el estatuto tributario establece que el interesado puede solicitar la reducción del embargo, si el avalúo de los bienes excede del doble de la deuda más sus intereses —artículo 837—.

29.2. En cuanto al avalúo de los bienes embargados —que deberá ser notificado personalmente o por correo—, el parágrafo de la misma norma establece que si el deudor no está de acuerdo con el efectuado por la entidad, podrá solicitar dentro de los 10 días siguientes a la notificación, la práctica de uno nuevo con intervención de perito particular designado por la administración, cuyos honorarios aquel deberá cancelar, avalúo este último, contra el que no procederá recurso alguno.

29.3. El artículo 839-3, establece que en la misma diligencia que ordena el secuestro de bienes, se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada o dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la diligencia.

30. En relación con la notificación de los actos sujetos a esta actuación, el artículo 563 del estatuto tributario dispone que “deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, (…) en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección (…). Cuando el contribuyente (…) no hubiere informado una dirección a la Administración de Impuestos (hoy DIAN), la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria” y así mismo, dispuso que “Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente (…), por ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de la administración le serán notificados por medio de publicación en un diario de amplia circulación”.

El caso concreto

31. En la declaración de renta y complementarios presentada por el demandante para los años 1990 y 1991, aparece como dirección la calle 13 Nº 15-71 de Bogotá, dirección a la cual, con antelación al mandamiento de pago que profirió la DIAN en su contra, le fueron practicadas dos visitas con resultados infructuosos, puesto que no lo encontraron y a pesar de habérsele dejado citación con las personas que allí atendieron a los funcionarios de la entidad, no se hizo presente a responder a las mismas. De igual manera, fue a esta dirección que se envió la citación para notificar el mandamiento de pago proferido el 29 de diciembre de 1994, mientras que otras actuaciones fueron notificadas por correo a la calle 115 Nº 11 A-85, apartamento 101, inmueble que era de propiedad del contribuyente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 563 del estatuto tributario, la administración estableció esta dirección para dichas notificaciones.

32. Ahora bien, a pesar de que el demandante adujo que estuvo privado de la libertad y que por esa causa no tuvo conocimiento del procedimiento de cobro coactivo que se adelantaba en su contra, advierte la Sala que antes de la fecha de su supuesto ingreso a la cárcel, el 9 de febrero de 1994 —solo obra copia simple de una certificación del asesor jurídico de la Cárcel La Modelo—, es decir cuando todavía se encontraba en libertad, en dos ocasiones diferentes funcionarios de la DIAN trataron de entregarle personalmente una citación para que se acercara a la entidad a cancelar su deuda fiscal y al no encontrarlo la dejaron con las personas que los atendieron. A continuación, iniciado el procedimiento de cobro coactivo y proferido el mandamiento de pago, fue notificado por correo certificado, conforme lo dispone la norma tributaria.

33. Por otra parte, no consta en el plenario la duración de su detención carcelaria ni cuándo fue puesto en libertad, dado que i) la copia de la providencia del Tribunal Superior que allegó, solo da cuenta de la sentencia absolutoria, pero no dice nada en relación con ese punto, salvo que “en el caso sub-examine, ante la no presencia oportuna de los sujetos procesales (procesado, defensor y representante de la parte civil) a la secretaría del juzgado para enterarse en forma personal del fallo en comento, se les notificó por edicto (…)” (fl. 504, cdno. 3), ii) en la remisión de esta decisión al juzgado no consta que el procesado se encontrara privado de la libertad en alguna cárcel y iii) la certificación expedida por el asesor jurídico de la Cárcel Modelo se refiere a un proceso diferente, de modo que no hay certeza sobre esta circunstancia y de acuerdo con el principio de la carga de la prueba consagrado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que indica que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, le correspondía al demandante acreditarla.

34. La Sala advierte algunas irregularidades en el procedimiento de cobro coactivo que adelantó la DIAN en contra del señor Luis Alberto Oviedo Tavera, que no tienen que ver con la notificación del mandamiento de pago ni con la orden de seguir adelante la ejecución, por ejemplo en las notificaciones relativas al avalúo que se efectuó al bien embargado, que al realizarse por correo y ser este devuelto, no consta que se hubiera hecho la respectiva publicación(24).

35. Sin embargo, también constan múltiples publicaciones que se efectuaron a lo largo del procedimiento administrativo de cobro coactivo del impuesto de renta y complementarios a cargo del demandante, dando noticia de diversas actuaciones allí adelantadas, lo cual demuestra los esfuerzos que adelantó la administración para poner en conocimiento del demandante la existencia de dicho procedimiento, enviando incluso a varias direcciones, pertenecientes a inmuebles de su propiedad, citaciones para efectuar su notificación personal y notificaciones por correo sin que se lograra su comparecencia.

36. Asimismo, consta que en los procesos ejecutivos que se adelantaban en contra del demandado por otras jurisdicciones y entidades, se tuvo conocimiento del cobro coactivo que se estaba efectuando por la DIAN y que en virtud del mismo habían sido embargados varios bienes inmuebles de su propiedad, todo lo cual conduce a concluir que la ausencia del administrado en las actuaciones surtidas por la entidad demandada no fue por omisiones imputables a ella y las irregularidades advertidas no alcanzan a constituir una violación del debido proceso, en la medida en que no fueron la causa de que el contribuyente no ejerciera de manera alguna su derecho de defensa.

37. Aún en el evento de que efectivamente, el contribuyente hubiera estado privado de la libertad durante el trámite del procedimiento de cobro coactivo adelantado por la DIAN en su contra, esa circunstancia no lo relevaba de su deber de tributación, del cual era plenamente conocedor, toda vez que él mismo había presentado las respectivas declaraciones de renta, omitiendo el pago del impuesto a su cargo y si consideró que se hallaba en imposibilidad de concurrir al cumplimiento de esta carga fiscal, ha debido tomar las medidas necesarias para darlo a conocer y bien pudo recurrir a otra persona para que lo representara(25), pero no resulta procedente alegar ahora la violación del debido proceso como mecanismo para recuperar el valor del bien que, a través del procedimiento legalmente adelantado por la administración, debió ser rematado para el pago de la deuda tributaria. Al respecto, tal y como lo ha sostenido la Corte Constitucional(26):

El principio de prevalencia del derecho sustancial, consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, no puede ser ajeno al sistema tributario, máxime cuando este se funda expresamente en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (C.P., art 363), de suyo inalcanzables si se eleva la mera forma a criterio único y condicionante de la determinación, exigibilidad y pago de la obligación fiscal. En fin, el sistema tributario en el Estado social de derecho es el efecto agregado de la solidaridad de las personas, valor constitucional fundante (C.P., art. 1º), que impone a las autoridades la misión de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares (C.P., art. 2º). La efectividad del deber social de toda persona de “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de concepto de justicia y equidad”, abona el criterio de privilegiar en esta materia la sustancia sobre la forma (resaltado del texto original).

38. De acuerdo con lo expuesto, en el presente caso no se probó la falla del servicio aducida en la demanda y en consecuencia, la Sala considera que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada y así lo decidirá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de mayo de 2004.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase»

(1) Al efecto cabe tener en cuenta que en la demanda se pidieron perjuicios materiales en cuantía de $300.000.000 a favor del señor Luis Alberto Oviedo Tavera, suma superior a la exigida en la fecha de presentación de la demanda (20 de marzo de 2002) para que el proceso fuese de doble instancia ($36.950.000).

(2) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. Se advierte que la prueba documental relacionada a continuación, hace parte del expediente del proceso de cobro coactivo adelantado por la DIAN y cuya copia simple fue remitida por esta entidad al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fl. 1, cdno. 2) y el demandante, por su parte, aportó copias simples de algunos documentos; en consecuencia, la Sala los valorará, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció: “Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

(3) El 17 de junio de 1991, el señor Luis Alberto Oviedo Tavera presentó declaración de renta por el año gravable 1990, que arrojó un valor de $ 2.756.000, la cual aparece recibida sin pago. También obra la declaración de renta por el año gravable de 1991, que arrojó un impuesto a cargo del contribuyente por $ 802.000, igualmente recibida sin pago (fl. 25 y 26, cdno. 2).

(4) Se observa que el apoderado especial que designó el demandante en septiembre de 2001 para revisar el proceso de cobro coactivo adelantado en su contra por la DIAN y que es el mismo abogado que lo representa en este proceso, autorizó expresamente a la señora María Inés Murcia Cristancho, identificada con cédula de ciudadanía 41.700.980, para retirar las copias que pidió de las actuaciones adelantadas por la entidad demandada (fls. 502 y 505, cdno. 2).

(5) El documento así lo expresa, aunque se advierte que la división de cobranzas, en el año 2000, pidió a la división administrativa y a la división de documentación —grupo de correspondencia y notificaciones— de la DIAN que le relacionara los gastos causados por concepto de correos, notificaciones certificadas, avisos, publicaciones y demás, en el proceso de cobro coactivo seguido contra el contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera que terminó con el remate del inmueble (fls. 371 y 372, cdno. 2) y esta última dependencia relacionó solo gastos correspondientes a 1998 y 1999, así:
“(…) a continuación se relacionan las notificaciones y los gastos causados en el proceso contra el contribuyente Oviedo Tavera Luis Alberto con NIT 19.101.783.
Año 1998 Actuaciones notificadas por correo certificado por un valor de quinientos pesos m/cte ($500) no fueron devueltas por el correo:
1126-363 de fecha 29-04-98 (Corresponde a la resolución por medio de la cual la DIAN revocó un mandamiento de pago que erróneamente había proferido con posterioridad al que dio inicio al procedimiento de cobro coactivo en trámite, por la misma obligación del demandante. En esta resolución, se da cuenta precisamente de la existencia del procedimiento en su contra, fl. 219, cdno. 2).
0650-6 de fecha 28-05-98 (La que figura con esta fecha, es la Resolución 605 – 00006, por medio de la cual se niega la petición de la señora Ivette Cecilia Castro de Guzmán, acreedora del demandante en proceso civil ejecutivo, en el sentido de levantar las medidas cautelares ordenadas por la DIAN respecto de varios bienes de propiedad del señor Oviedo, dentro del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra, fl. 227, cdno. 2)
1133-140 de fecha 24-11-98 notificada por correo certificado, devuelta el 10-12-98 con sobre de radicado 760690, no fue publicada. (Corresponde al traslado que se le dio al contribuyente Oviedo Tavera, del avalúo que se efectuó respecto del bien inmueble que le fue embargado. fl. 248, cdno. 2).
Año 1999 la actuación 1134-10 de fecha 06-04-99 notificada por correo el 07-04-99 valor de mil seiscientos pesos m/cte ($1600) no fue devuelta”. (Corresponde al auto por medio del cual se liquidó el crédito y las costas dentro del proceso de cobro coactivo, fl. 274, cdno. 2).
Mediante oficio del 8 de febrero de 2000, el jefe del grupo de pagaduría informó a la División de Cobranzas los gastos causados por concepto de avisos contra el contribuyente Luis Alberto Oviedo, así: del 27-04-99: $ 80 000, del 19-05-99: 19 039 y del 22 06 99: $ 18 630 (fl. 374, cdno. 3).

(6) Se observa que a lo largo del expediente obra prueba de que por la misma acreencia, la DIAN efectuó el embargo de varios bienes inmuebles de propiedad del demandante, tanto en la ciudad de Bogotá, como en el departamento de Santander.

(7) La notificación por correo certificado consta en sello impuesto en la Resolución 1049 del 31 de octubre de 1996, de la división de documentación, notificaciones, de la entidad.

(8) De acuerdo con auto proferido el 3 de abril de 2000 por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá, el señor Jaime Arias Castro había sido designado como secuestre del apartamento y de los bienes y enseres que se encontraban en su interior (fl. 409, cdno. 2).

(9) Para esa fecha, ya se habían llevado a cabo varios intentos de remate, que habían fracasado por falta de postor: Mediante Auto 19 del 20 de abril de 1999, se ordenó el remate del bien inmueble apartamento 101 ubicado en la calle 115 Nº 11 A-85 y mediante comunicación de la misma fecha, enviada a esta dirección, se le informó al contribuyente Oviedo Tavera dicha decisión (fls. 281 y 283, cdno. 2). El 23 de abril de 1999, la DIAN hizo una publicación en el diario El Siglo del aviso de remate, dentro del proceso administrativo de cobro que adelanta la Nación en contra del contribuyente Luis Alberto Oviedo Tavera, diligencia que se llevaría a cabo el 11 de mayo de 1999 en la dirección allí suministrada, de la administración local de impuestos (fl. 280, cdno. 2). El 11 de mayo de 1999, se llevó a cabo la diligencia de remate del inmueble ubicado en la calle 115 Nº 11 A-85, apartamento 101, la cual fue declarada desierta por falta de postores (fl. 291, cdno. 2). Por Auto 25 del 14 de mayo de 1999, se ordenó el remate en segunda subasta del inmueble en cuestión, para lo cual se fijó como fecha el 31 de mayo de 1999. Se hizo la fijación del aviso en lugar público de la secretaría de la división de cobranzas, grupo coactiva, entre el 14 y el 28 de mayo de 1999 y su publicación se llevó a cabo en el diario La República del 18 de mayo de 1999 y en la emisora Radio Súper de Bogotá, el 19 de mayo del mismo año (fls. 296, 299, 303 y 303 vto., cdno. 2). El 31 de mayo de 1999 se llevó a cabo la diligencia de remate, declarándose nuevamente desierto por falta de postores (fl. 304, cdno. 2). Mediante Auto 37 del 30 de junio de 1999 se ordenó nuevamente el remate del inmueble de propiedad del demandante, fijándose como fecha para el mismo el 16 de julio de 1999 y el aviso se publicó en el diario El Siglo el 6 de julio de ese año. Este remate también se declaró desierto por falta de postores. El 13 de diciembre de 1999, también se publicó radialmente el aviso de remate que se llevaría a cabo el 22 de diciembre de 1999, según lo dispuesto en el Auto 29 del 7 de diciembre de dicho año (fls. 317, 327 vto., 322 y 432, cdno. 2).

(10) Este auto también tiene sello de notificación por correo certificado del 23 de junio de 2000, fl. 455, vto.

(11) Mediante Auto Aclaratorio 116-900006 del 21 de febrero de 2001, se corrigió este rubro, que quedó en la suma de $ 119.769 (fl. 470, cdno. 2).

(12) La DIAN fraccionó el título de depósito judicial 6033129 del 24 de julio de 2000, por valor de $ 15.581.769, así: un título por $ 15.022.000, a nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, para ser abonado a la deuda del contribuyente; un título por $ 339.769, para consignar a nombre de la Administración de Impuestos Nacionales-personas naturales cuenta corriente Nº (…) Fondos Comunes; y otro, por la suma de $ 220.000, a nombre del Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo de mayor cuantía de Ivette Cecilia Castro de Guzmán contra Luis Alberto Oviedo Tavera (fl. 472, cdno. 2).

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 1994, expediente 9638, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(14) “ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. // Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. // Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, expediente 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(16) [4] “Cfr. Larenz, Karl, Derecho Justo, Ed. Civitas, 2001, Págs. 186 a 189”.

(17) [5] “En fin, se trata de una suma no taxativa de elementos que (…) buscan en su interrelación obtener una actuación administrativa coherente con las necesidades públicas sin lesionar los intereses individuales en juego, proporcionando garantías que sean necesarias para la protección de derechos fundamentales dentro de la relación procesal, en procura de decisiones verdaderamente justas y materiales. En otras palabras, se busca equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho sustancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.” Cfr. SANTOFIMIO, Gamboa, Jaime Orlando, Estudios sobre la reforma del Estatuto Contractual, Ley 1150 de 2007, Edt. Universidad Externado de Colombia 2009, Págs. 80 a 82”.

(18) 6] “Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C- 214 de 28 de abril de 1994”.

(19) [7] “Corte Constitucional, Sentencia T- 945 de 4 de septiembre de 2001”.

(20) [8] “Corte Constitucional, Sentencia T- 195 de 6 de abril de 1999”.

(21) [9] “Artículo 29, Constitución Política y artículos 3º y 9º de la Ley 270 de 2006, Estatutaria de la Administración de Justicia”.

(22) Sentencia C-690 del 5 de diciembre de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(23) Esta norma fue subrogada por el artículo 5º de la Ley 788 de 2002, en los siguientes términos: “La notificación por correo se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la dirección informada por el contribuyente a la administración.// La administración podrá notificar los actos administrativos de que trata el inciso primero del artículo 565 de este estatuto, a través de cualquier servicio de correo, incluyendo el correo electrónico, en los términos que señale el reglamento”.

(24) El artículo 568 del estatuto tributario establece que “las actuaciones de la administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación”.

(25) La Corte Constitucional en Sentencia C-690 del 5 de diciembre de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, refiriéndose específicamente a la procedencia de la imposición de sanciones por el incumplimiento del deber de presentar las declaraciones tributarias a cargo de personas que se hallan privadas de la libertad, en este caso por estar secuestradas, manifestó: “(…) el estudio de la responsabilidad del contribuyente en materia tributaria, en cuanto hace referencia al incumplimiento del deber de colaboración con el financiamiento y el gasto público, excluye la imposición de sanciones por el mero resultado, sin atender la conducta ajena a la culpa del contribuyente, toda vez que lo impone el derecho individual del debido proceso, el principio de la dignidad humana y el valor del orden justo que se materializa en los principios constitucionales de la justicia y la equidad tributarias. Sin embargo, la Corte debe realizar una necesaria precisión. El acaecimiento de sucesos que constituyen la fuerza mayor o caso fortuito y que impiden la presentación oportuna de la obligación tributaria en las condiciones exigidas por la ley, no implica condonación de los deberes, ni el perdón estatal del pago de la obligación tributaria. Simplemente la Corte considera que las garantías constitucionales que se derivan del debido proceso administrativo llevan una flexibilidad en el momento de estudiar la sanción. En tales circunstancias, se considera legítima la presentación de declaraciones tributarias por intermedio de agentes oficiosos, o la ausencia de firma del contador público o del revisor fiscal, o la exhibición de la declaración tributaria en forma extemporánea o en el lugar diferente al señalado por la ley, cuando por hechos que configuren caso fortuito o fuerza mayor haya sido imposible al contribuyente la presentación de la declaración tributaria, en los términos de la ley. (…) conforme a los principios del debido proceso y de justicia tributaria, es deber de las autoridades administrativas y judiciales permitir a la persona demostrar que el no cumplimiento del deber de presentar la declaración tributaria no le es imputable, por ser consecuencia de hechos ajenos a su voluntad, como el caso fortuito y la fuerza mayor. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad de esta norma pero en el entendido que ella debe ser interpretada tomando en consideración las situaciones concretas de caso fortuito o fuerza mayor que puedan exculpar al contribuyente que no ha presentado la declaración tributaria en las condiciones señaladas por la ley”.

(26) Corte Constitucional, Sentencia C-015 del 21 de enero de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.