Sentencia 2002-00657/36105 de mayo 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 19001-23-31-000-2002-00657-01 (36105)

Actor: Maria del Socorro Acosta Campo y otros

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodriguez Navas

Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

La Sala es competente para conocer del asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada(9) en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado(10), de acuerdo con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 referido a la competencia del Consejo de Estado(11), que establece que la Corporación en la Sala Contenciosa Administrativa conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales.

La acción de reparación interpuesta estaba vigente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo que establece que la caducidad de la acción de reparación directa se consolida pasados dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado.

Al momento de la presentación de la demanda, el 26 de abril de 2002, no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada por cuanto los hechos ocurrieron el primero de mayo de 2000.

En el proceso está demostrada la legitimación en la causa por activa de los demandantes así:

— María del Socorro Acosta Campo en su calidad de cónyuge de Alderson Emiro Vergara Medina de acuerdo con el registro civil en el que consta que contrajeron matrimonio el 19 de marzo de 1993(12).

— Eliana Katerine Vergara Acosta en su calidad de hija de Alderson Emiro Vergara Medina de acuerdo con el registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de éste y de María del Socorro Acosta Campo, nacida el 13 de diciembre de 1987(13).

— Lilia Ema Medina de Vergara en su calidad de madre de Alderson Emiro Vergara Medina de acuerdo con el registro civil de nacimiento de éste en el que consta que es hijo de ella(14).

— Diego Jacinto Vergara Medina en su calidad de hermano de acuerdo con el registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Elvio Emiro Vergara y Lilia Emma Medina, nacido el 7 de diciembre 1966(15).

— Roslyn Elvisa Vergara Medina en su calidad de hermana de acuerdo con el registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de Elvio Emiro Vergara y Lilia Emma Medina, nacida el 17 de octubre de 1972(16).

— Roger Alfredo Vergara Medina en su calidad de hermano de acuerdo con el registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Elvio Emiro Vergara y Lilia Emma Medina, nacido el 15 de abril de 1970(17).

— Luz Nancy Vergara de Muñoz en su calidad de hermana de acuerdo con el registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de Elvio Emiro Vergara y Carmen Inés Astudillo, nacida el 29 de septiembre de 1958(18).

De otra parte, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional está legitimada en la causa por pasiva por ser la entidad que a través de sus órganos de policía, supuestamente desconoció los protocolos de seguridad aplicables a los operativos de traslado de detenidos.

3.2. Sobre las pruebas de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La apelante, dentro del relato que ofrece en la sustentación del recurso hace relación a estos dos elementos; al respecto, no refuta la existencia del daño pero alega ausencia de responsabilidad a ella imputable pues, en su opinión, no hubo falla alguna.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación.

Al proceso se arrimaron documentos originales para dar cuenta de los hechos en los que se basó la demanda, los cuales serán apreciados por haber permanecido en el expediente desde el inicio del proceso sin que fueran tachados de falsos en las etapas procesales pertinentes(19).

También será apreciado el testimonio del señor Luis Hernán Cardona Tangarife por haberse surtido en audiencia dentro del proceso contencioso administrativo a pesar de que a la misma no acudió el apoderado de la demandada, quien estaba enterado de la práctica de la prueba por cuanto había sido decretada en el auto que abrió a esa etapa el proceso(20).

Su dicho, contrastado con lo consignado en los documentos, permite tener como ciertos los siguientes hechos empíricos probados:

• Que el primero de mayo de 2005, los uniformados adscritos a la estación de policía del municipio Rosas (Cauca) retuvieron 5 sujetos acusados de secuestro y extorsión por solicitud de sus pares del municipio de El Bordo (Cauca).

De lo anterior dan cuenta las siguientes pruebas:

— Folio 435 del cuaderno 1 de pruebas: folios 182 y 183 del libro de población de la estación de policía Rosas en el que se consignó que el 1º de mayo de 2000 a las 14h30 hubo la siguiente salida: “a la hora y fecha queda constancia de la salida de esta unidad con rumbo a la ciudad de Popayán fiscalía la que corresponde, a los señores González Parra Alirio (…) Bolaños Muñoz Manuel (…) Duque Perdomo Juan (…) Viveros Guaza José (…) Mosquera Moreno Luis (…) quienes se encontraban en esta unidad los antes 9-16 x 9-02 y 9-11. Se hace entrega de sus pertenencias y salen de las instalaciones en perfecto estado físico y psicológico sin ser maltratados por el personal que lo condujo a las instalaciones. Lo anterior para constancia y demás fines que se estimen convenientes. Los anteriores fueron conducidos a las instalaciones policiales a las 07:45 del 010500 por llamado que reportó Atlanta al parecer de un posible 9-02 x 9-11 de más sujetos que se dirigían en una camioneta [ilegible] Chevrolet Luv negra de placas JUH225 tipo estacas con siete sujetos a bordo aparentemente. Participaron en los hechos 0-1-4” (resaltado fuera de texto).

— Folio 28 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 098/KEROS suscrito por el comandante de la estación de policía de Rosas el 6 de diciembre de 2002, al que se adjunta copia de los folios 344 y 345 del libro minuta de guardia en el que se lee: “fecha: [ilegible]. Hora: 07:50. Asunto: ingreso. Anotaciones: [ilegible] encontrada verificando información vía panamericana 0-1-3 S/N. dejo constancia que fue traída camioneta particular Chevrolet Luv negra placas JUH-225 tipo estacas con siete sujetos 9-16 al parecer x 9-02 y 9-11 en Atlanta” (resaltado fuera de texto).

— Folio 437 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 087/DECAU-DITRES-KFROS suscrito el 1º de mayo de 2005 por el comandante de policía de Rosas, en el que se lee: “Respetuosamente me permito dejar a disposición de ese despacho en las instalaciones del permanente municipal a los señores José Arcadio Viveros (…) Manuel Jesús Bolaños Muñoz (…) Alirio José González Parra (…) Carlos Duque Perdomo (…) Luis Eduardo Mosquera Moreno (…). Hechos. Los antes relacionados fueron conducidos hasta las instalaciones policiales de Rosas el día de hoy a las 07:30 horas aproximadamente de la vía Panamericana entrada a Rosas, para efectos de investigación luego de recibirse una información suministrada de la estación El Bordo en la cual se dan las características de ocho sujetos que se movilizaban en una camioneta color gris de estacas con dirección a Popayán portando armas de fuego a bordo; al practicárseles una requisa se encontró en poder en poder [sic] del señor Juan Carlos Duque un revólver marca Llama (…). Posteriormente se presentaron a la estación Rosas los señores Edilberto Valencia Vargas (…) quien formuló denuncia penal por el secuestro de su padre el señor Carlos Valencia (…) quien ya había sido dejado en libertad por sus captores y reconoció a los arriba mencionados junto con dos sujetos más que se escaparon de las instalaciones antes de ser reconocidos dejando sus documentos de identidad (…), como las personas que en la madrugada lo sacaron por fuera de su casa, según denuncia sin número formulada por el señor Edilberto Valencia Vargas ante la oficina de denuncias del CTI de El Bordo” (resaltado fuera de texto).

• Que con el fin de trasladar a Popayán a los sujetos detenidos a efectos de entregarlos a la autoridad competente, se dispuso un operativo consistente en la utilización del vehículo particular retenido junto a dos motocicletas particulares que servirían de escolta, además de que ningún policial portaba uniformes y sólo llevaban armas cortas.

— Folio 94 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 2176 suscrito el 11 de julio de 2003 por el INPEC, en el que se hizo constar que para la época de los hechos en el municipio de Rosas, Cauca, no existía centro de reclusión del INPEC.

— Folio 74 del cuaderno 1 de pruebas: informe de novedad 098/DECAU-DITRES-KEROS suscrito el 5 de mayo de 2000 por el comandante de policía de Rosas, en el que se lee: “Con el presente me permito informar a mi teniente, que el día 01-05-2000 a las 15:00 horas aproximadamente, en el sitio El Encenillo sobre la vía Panamericana, fue interceptada por miembros de las FARC la patrulla que al mando del SI. Vergara Medina Alderson y conformada además por los PT. Buitrón Marín Jhon, PT. Herrera Villamizar Gilberto y AG. Mutis Velasco Carlos Alberto, quienes se dirigían a la ciudad de Popayán, en traje de civil utilizando los vehículos camioneta Chevrolet Luv de placas JUH-225, de estacas; motocicleta marca Yamaha DT-125 color negra de placas LEA-97 de propiedad del PT. Buitrón Marín; motocicleta Yamaha DT-125 sin matricular, color negra de propiedad [sic] del PT. Herrera Villamizar; con el fin de dejar a disposición de la Fiscalía de Turno a los señores José Aicardo Viveros Guaza (…) Manuel Jesús Bolaños Muñoz (…) Alirio José González Parra (…) Carlos Duque Perdomo (…) Luis Eduardo Mosquera Moreno (…), los cuales habían sido capturados en horas de la mañana de ese día atendiendo un reporte de la estación El Bordo que los vinculaba con un caso de secuestro en la persona del señor Carlos Valencia ocurrido momentos antes en El Bordo [sic]. Según relató el PT. Buitrón Marín Jhon, quien logró escaparse de los subversivos y se presentó a esta unidad a las 17:45 horas aproximadamente, esposado de una mano; al llegar al sitio se encontraron con un grupo de hombres con brazaletes de las FARC, que se encontraban haciendo proselitismo [sic] político sin tiempo para regresarse cuando se acercaron a los vehículos en que se movilizaban los policiales y les preguntaron de donde [sic] venían, estos les respondieron de diferentes sitios fue cuando uno de los capturados le informó a los guerrilleros que estaban retenidos y los que los llevaban eran policías, inmediatamente los subversivos despojaron a los policiales del armamento de dotación oficial; un (1) revólver marca Smith & Wesson cal. 38L Nº 18D4845; revólver marca Smith & Wesson cal.38L Nº ABH 1012; revólver marcha Smith & Wesson cal.38L Nº 14D1486 cada uno con 12 cartuchos (total 36), un juego de esposas Nº 813228 con su llave y las llaves de las esposas Nº B13007, un revólver marca llama cal.38L de propiedad del SI. Vergara Medina y la motocicleta Yamaha DT-125 de propiedad del PT. Buitrón Marín placas LEA-97; dejaron en libertad a los capturados y el vehículo inmovilizado, y se llevaron elos [sic] policiales y otros elementos incautados con rumbo desconocido, suponiendo el PT. Buitrón que con dirección a paispamba. El día 03-05-2000, el señor Juez y el inspector de Policía de el [sic] municipio de la Sierra practicaron las inspecciones judiciales con levantamiento de cadáver de tres N.N. en el sitio El Llano de esa localidad de los cuales se presumía fueron los policiales plagiados por lo que se dispuso su traslado a la ciudad de Popayán para ser reconocidos por sus familiares donde confirmaron que se trataba de los policías plagiados” (resaltado fuera de texto).

— Folio 21 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 097/KEROS suscrito por el comandante de la estación de policía de Rosas el 6 de diciembre de 2002, al que adjuntó los folios 346 y 347 del libro minuta de guardia en la que se consignaron los siguientes hechos: “fecha 010500. Hora 14:30. Asunto: salida. De 0-1-3 al mando del Sr. SI. Vergara Andreson [sic]. Además, el PT. Buitrago Marín John, PT. Herrera Villamizar Gilberto, Ag. Mutis Velasco Carlos con dirección la ciudad de Popayán a dejar a disposición de la fiscalía de turno a los retenidos que se encuentran consignados en el libro de población folio 181 y 183 del 010500. Los anteriores se dirigen con armamento de corto alcance (03) revólver S/N cl 38 largo y 2 juegos de esposas S/N Ctde. Guardia PT. Orjuela” (resaltado fuera de texto).

• Que a la altura de El Encenillo un grupo armado organizado al margen de la ley instaló un retén ilegal en el que fue también requisado el carro en el que iban los policías y los detenidos; éstos lograron ser liberados mientras los uniformados fueron capturados y secuestrados. El 3 de mayo del mismo año fueron encontrados sus cuerpos sin vida en La Sierra.

De lo anterior dan cuenta las siguientes pruebas:

— Folio 84 del cuaderno 1 de pruebas: certificado de defunción en el que consta que Alderson Vergara Medina murió el 3 de mayo de 2000 en La Sierra, Cauca.

— Folio 33 del cuaderno 1 de pruebas: Protocolo de necropsia 092-00 realizado el 4 de mayo de 2000 al cuerpo de Alderson Medina Vergara en el que se concluye: “hombre adulto joven secuestrado por la guerrilla el 1º de mayo y encontrado muerto el 3 de mayo en horas de la mañana. Al examen externo del cuerpo es el de un hombre de raza mestiza con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego con perdida [sic] total cerebral por fracturas múltiples de huesos de cráneo y cara y otras heridas en abdomen y tórax. Al examen interno hay fractura de arcos costales y laceración visceral. El hoy occiso fallece por laceración cerebral por heridas de proyectil de arma de fuego de alta velocidad”. Los siete disparos que recibió fueron todos por la espalda.

— Folio 21 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 097/KEROS suscrito por el comandante de la estación de policía de Rosas el 6 de diciembre de 2002, al que adjuntó los folios 346 y 347 del libro minuta de guardia en la que se consignaron los siguientes hechos: “Fecha: 010500. Hora: 17:45. Asunto: anotación. Anotaciones. A esta hora se presenta el PT. Buitrón Marín Jhon quien informa que a las 15:00 horas aproximadamente en el sitio El Encenillo [sic] fue interceptada por subversivos la patrulla conformada por el SI. Vergara Medina Alderson, PT. Herrera Villamizar Gilberto, PT. Buitrón Marín John y AG. Mutis Velasco Carlos quienes se dirigían a la ciudad de Popayán para dejar a disposición de la fiscalía de turno 5 retenidos, 1 vehículo y otros elementos, los cuales al ver a los retenidos esposados reconocieron a los policiales despojándolos del armamento de dotación, liberando a los retenidos y llevándose a los miembros de la patrulla con rumbo desconocido, el PT. Buitrón en un descuido de los miembros de las FARC logró evadírseles. Los subversivos se hurtaron los revólveres de la Policía Nacional Nº 18S4845, ABA1012, 14D1486 con 36 cartuchos para el los [sic] mismos y (1) revólver marca Llama de propiedad del SI. Vergara, un juego de esposas y la motocicleta de propiedad del PT. Buitrón Marín Jhon marca Yamaha DT-125 SS. Luís Hernán Cardona Tangarife Cdte. de Estación” (resaltado fuera de texto).

— Folio 87 del cuaderno 1 de pruebas: diligencia de recepción de testimonios realizada el 14 de agosto de 2003, el señor Luís Hernán Cardona Tangarife declaró: “Preguntado: Sírvase manifestar al despacho, si usted para el día 1º de mayo de 2000 era el comandante de la estación de policía de Rosas Cauca. Contesto. Sí. Preguntado. Sírvase manifestar al despacho, si para el día 1º de mayo de 2000, comunicó el comandante de la estación del bordo [sic] Cauca a la estación de rosas [sic] Cauca donde usted era comandante, que en una camioneta, Chevrolet Luv, negra, se movilizaban unos sujetos, acusados de extorsión y solicitó a su estación la retención de dichos sujetos. Contesto: Si [sic] en horas de la madrugada, el comandante de guardia, recibió esa información, y se la transmitió al señor subintendente Alderson Emiro Vergara medina [sic] segundo comandante de la estación, quien salió, en compañía de unos agentes, hasta la vía Panamericana, en donde interceptaron el vehículo y procedieron a la captura de los ocupantes. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si, el vehículo, camioneta Chevrolet Luv negra, en que se movilizaban los presuntos extorsionistas, también quedó a disposición de la estación de Rosas [sic]. Contesto: Si [sic], el vehículo fue inmovilizado junto con sus ocupantes, conducidos a la estación de policía, y luego de ser reconocidos por la persona que había sido secuestrada, se procedió a elaborar un informe en el cual se dejaba a disposición de la unidad de reacción inmediata de Popayán, a los capturados y al vehículo. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho por qué motivo usted remitió a los detenidos a la unidad de reacción inmediata de Popayán y no al bordo [sic] que fue quien solicitó la detención. Contesto: Se envió a la unidad de reacción inmediata de Popayán, porque para ese día sábado, no había fiscal de turno, en el municipio del bordo [sic], creo que el lunes era festivo por el 1º de mayo, entonces debía dejarlos a disposición de la autoridad competente antes de que se vencieran los términos que es de treinta y seis horas, a partir del momento de la retención. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho, que personal uniformado fue asignado para el traslado de los detenidos de la estación de Rosas a Popayán. Contesto: Salieron el subintendente Vergara Medina Alderson [sic], el patrullero Buitrón Marín Jhon [sic], el patrullero Herrera Villamizar Gilberto y el agente Mutis Velasco Carlos Alberto. Preguntado: Sírvase informar al despacho a que [sic] horas se inició [sic] el traslado de los detenidos y en que [sic] vehículo lo hicieron. Contesto: Aproximadamente a las dos y treinta de la tarde salieron en la camioneta inmovilizada a los capturados y en dos motocicletas de propiedad de los policiales. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho con que [sic] clase de armamento, si oficial o privado, venían dotados los agentes asignados, para trasladar los detenidos de Rosas [sic] a Popayán. Contesto: Ellos llevaban revólver eran de dotación oficial. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho por que [sic] el subintendente Alderson Vergara Medina, llevaba en el momento del traslado de los detenidos solo su arma de propiedad privada (revolver [sic] marca llama [sic] calibre 38 largo serie numero [sic] IM2294U), de la cual dio denuncia de perdida [sic], su esposa María del Socorro Acosta Campo. Contesto: Siempre que se sale a un servicio se debe portar armas de dotación oficial, y nunca personales, eso se les ordenó antes de salir, a cumplir la misión y el señor subintendente, como mando medio de la policía que era tenía pleno conocimiento de que en el trabajo no debemos portar armas de nuestra propiedad, sino las de dotación, supongo que como el [sic] a partir de que entregara los retenidos en la URI salía a disfrutar de su descanso posiblemente por eso no se trajo el arma de dotación. (…) Preguntado: Sírvase manifestar al despacho que [sic] procedimientos o labores de inteligencia se deben seguir cuando se van a trasladar detenidos de alta peligrosidad. Contesto: Siempre que se van a movilizar el personal se tiene precaución de los movimientos extraños que se observan en la vía, como el poco tránsito de vehículos especialmente en esta carretera que es muy transitada de esto y de otras normas de seguridad tenía conocimiento el señor subintendente Alderson Vergara ya que el [sic] era el comandante y militó por varios años en el grupo de contra guerrillas del departamento de policía Cauca, al igual que los otros policías, llevaban varios años en la institución y tenían la preparación y la experiencia para desarrollar este tipo de desplazamiento. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho en el caso concreto de este traslado de detenidos que nos estamos refiriendo, en que [sic] consistieron las labores de inteligencia. Contesto: Como dije anteriormente, ellos se movilizaban en un vehículo y dos motocicletas, una de esas motocicletas debía de ir adelante, como avanzada para advertir sobre los peligros o cosas extrañas que vieran en la vía y comunicárselo a los vehículos que iban atrás, además antes del desplazamiento no se tuvo información de presencia subversiva en la vía esto siempre se constata con los conductores de vehículos que transitan en ambos sentidos por la vía Panamericana. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho por que [sic] motivo el traslado de los detenidos se ordenó en el mismo vehículo que se les inmovilizó. Contesto: Porque en el municipio de Rosas [sic], no se contaba con otro vehículo y de todas maneras el vehículo inmovilizado debía ser trasladado hasta Popayán para ser dejado a disposición de la URI. Preguntado: Desea agregar algo más a su declaración. Contesto: Sí, yo creo que el señor subintendente Alderson Vergara, obró con imprudencia por que [sic] según manifestó una mujer que iba con él en el vehículo cuando los subversivos retuvieron a los policías que iban en la moto y los subieron a un carro, él dijo que no los iba a dejar solos, entonces fue hasta donde los guerrilleros y les dijo que él también era policía, esto no [sic] lo manifestó una mujer de quien no recuerdo el nombre, la cual convivía con el [sic] en Rosas y que el [sic] me había presentado como su esposa no era la legítima. Digo que obró con imprudencia por que en ves [sic] de tratar de escapárseles a los captores como si [sic] lo hizo el señor patrullero Buitrón [sic], quien se les fugó, estando Vergara quien había pasado desapercibido se presentó ante los guerrilleros manifestando que el [sic] era policía esto pienso que lo hizo como un gesto de compañerismo pero a la larga fue lo que le costó la vida” (resaltado fuera de texto).

• Que el señor Vergara Medina estaba vinculado laboralmente a la Policía Nacional razón por la cual su esposa e hija recibieron una indemnización por su muerte consistente en una pensión mensual.

De lo anterior dan cuenta las siguientes pruebas:

— Folio 77 del cuaderno principal: informe administrativo por muerte Nº 050 suscrito el 8 de mayo de 2000 por el comandante del departamento de policía de Cauca en el que certificaron que la muerte del señor Vergara Medina se “enmarca claramente dentro del contenido del artículo 70 del Decreto 1091 de 1995, Muerte en actos especiales del servicio”.

— Folio 47 del cuaderno 1 de pruebas: resolución de la Policía Nacional Nº 01058 del 24 de julio de 2000, por la cual se reconoce pensión por muerte e indemnización a beneficiarios de Alderson Emiro Vergara Medina en la que se resuelve: “Artículo 1º. Reconocer y ordenar pagar en las proporciones de ley la pensión mensual por muerte, a partir del 4 de mayo de 2000 en cuantía de $ 1.108.067.69 a los siguientes beneficiarios del IT. (F) Vergara Medina Alderson Emiro: (…) Acosta Campo María del Socorro (…) Eliana Katteryne Vergara Acosta”.

— Folio 72 del cuaderno principal del cuaderno 1 de pruebas: oficio 037 COMAN-DECAU suscrito por el comandante del departamento de policía de Cauca el 4 de febrero de 2003, en el que se lee: “(…) Según certificación del grupo talento humano del departamento de policía del Cauca, el subintendente Alderson Vergara Medina, fue destinado a laborar en la estación Rosas a partir del 15 de abril de 1999 y laboró en la misma unidad hasta el 1º de mayo de 2000, fecha en que se produjo su fallecimiento. Según certificación del grupo de talento humano del departamento de policía del Cauca, el comandante de la estación de policía de Rosas, para el día 1º de mayo de 2000 era el señor sargento segundo Luis Hernán Cardona Tangarife. (…) Los códigos de comunicación que usted menciona corresponden a: 9-16 personas sospechosas; 9-20 desvalijadores; 9-02 secuestros; 9-11 disparos. Según se desprende del informe que se anexa a la presente comunicación, efectivamente, el día 1º de mayo de 2000 presuntos guerrilleros de las FARC, instalaron un retén ilegal sobre la vía Panamericana a la altura del sitio conocido como El Encenillo” (resaltado fuera de texto).

3.3. El problema jurídico.

Procede la Sala a determinar si la muerte del subintendente Alderson Emiro Vergara Medina a manos de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley durante un operativo de traslado de personas detenidas entre dos municipios del departamento del Cauca, es imputable a la Policía Nacional.

Se advierte que la demandada es apelante única, y en virtud del principio de non reformatio in pejus consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política(21), no es posible modificar su situación para ubicarla en una posición más desfavorable que la decidida en la primera instancia, tal y como lo ha sostenido esta Sala al exponer que dicha garantía:

“[L]e impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resulten favorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso 1º del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (…) de lo cual se desprende con claridad que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultase perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único y con ello para el resto de las partes del proceso, los demás aspectos de ese fallo que no hubiesen sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos(22) (resaltado fuera de texto)(23).

3.4. Análisis sobre la responsabilidad.

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, éste será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. Dos son los elementos que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(24). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(25).

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(26). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(27); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(28).

Al respecto, esta Sección ha reiterado que(29):

“La imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(30).

En los eventos de daños causados a miembros de la Fuerza Pública y de los organismos de defensa y seguridad del Estado —cuando su vinculación es producto de una relación laboral—, esta Corporación ha sostenido que su reparación, por regla general, no es asumida por el Estado por tratarse de la concreción de riesgos inherentes al servicio mismo cuya eventual ocurrencia es conocida y consentida por el uniformado(31), bajo el entendido de que “las funciones que desempeñan los miembros de la Fuerza Pública se encuentran intrínsecamente vinculadas al conflicto armado”(32).

Así lo ha dicho la Sala(33):

“En el evento sub lite, se encuentra demostrado que los señores Luis Andulfo Ortega Pabón y Luis Fernel Mendoza Botello, ingresaron voluntariamente a la Policía Nacional como auxiliares de policía, siendo posteriormente ascendidos al grado de agentes profesionales de la Policía Nacional, de manera que al producirse su ingreso a la institución en las condiciones anotadas, de manera libre y consciente asumieron los riesgos connaturales de la profesión policial. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado en reiteradas oportunidades que la realización de dichos riesgos pueden afectar los derechos a la vida y la integridad personal de quienes los asumen, al desarrollar actos propios del servicio consistentes, por vía de ejemplo en la ejecución de labores de inteligencia, de inspección, de seguridad, de vigilancia, control de áreas o patrullaje. Precisamente la fuerza pública en general y la Policía Nacional en particular está instituida primordialmente para mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas a términos del artículo 218 de la Constitución Política y ello implica que en cumplimiento de la función constitucional encomendada puedan concretarse los riesgos contingentes, bien sea por el accionar de grupos subversivos, delincuencia común, bandas emergentes etc., y en estos eventos sólo tendrán derecho a exigir, como se dijo anteriormente, los reconocimientos que previamente el ordenamiento ha dispuesto para este tipo de servidores públicos que se someten a riesgos mayores y de frecuente ocurrencia y según la prueba que obra en el proceso esos reconocimientos fueron satisfechos por la entidad demandada (forfait indemnizatorio y forfait pensional). El daño por cuya indemnización se demanda se concretó en la muerte de los Agentes de la Policía y tuvo origen en uno de aquellos riesgos: El ataque con un artefacto explosivo del cual fueron víctimas la noche del día 2 de diciembre de 1992 el grupo de policiales que se desplazaban hacia la estación de Belén constituye uno de los riesgos propios de la profesión policial, pues personas al margen de la ley para desestabilizar el orden social y crear un manto de zozobra entre los integrantes del conglomerado recurren a hostigar a la fuerza pública, bien sea para tratar de demostrar poderío a través del debilitamiento del pie de fuerza pública o para cumplir los fines ilegales que pretenden concretar y que pueden verse frustrados frente a la acción de la fuerza legítima del Estado. En conclusión, el daño ocurrió como consecuencia de la concreción de un riesgo contingente que voluntariamente asumieron las víctimas”(34) (resaltado fuera de texto)(35).

En consecuencia, esta Corporación entiende que ante la existencia de los especiales riesgos que comporta el hecho de asumir la defensa del Estado, se diseñó y formuló un régimen prestacional especial que los reconoce, condición que de cumplirse, activa el sistema de indemnización a forfait(36), “asociado a un tratamiento especial en materia indemnizatoria, derivado de la existencia de una relación laboral con el Estado voluntariamente asumida, de los riesgos previamente valorados que entraña la actividad adscrita a ese vínculo laboral, y de los derechos legales y reglamentarios que se concretan cuando ocurre un daño vinculado a esa actividad ordinaria de riesgo, propio de su labor”(37).

Ahora bien, de comprobarse que dichos riesgos se concretaron como consecuencia de retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia del servicio, o por un riesgo superior al que normalmente deben afrontar, además del reconocimiento de la indemnización derivada del especial régimen de seguridad social existente para miembros de la Fuerza Pública, se abre la posibilidad de reclamar la reparación directa de los daños que le serían imputables(38).

Entonces:

“En eventos como el que se analiza en el sub lite, el daño antijurídico alegado se deriva de las lesiones de un miembro de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, o cualquier organismo similar, en donde el común denominador es el alto grado de riesgo que para su integridad personal corren los miembros de estas instituciones en virtud de las funciones a su cargo, las cuales tienen que ver con el mantenimiento del orden público y la defensa de la soberanía estatal y por lo mismo implican afrontar situaciones de alta peligrosidad, el eventual enfrentamiento con la delincuencia y la utilización de armas de dotación oficial.

El mismo ordenamiento jurídico, se ha encargado de establecer un régimen prestacional de naturaleza especial, que reconozca esa circunstancia de riesgo connatural a las actividades que deben desarrollar estos servidores públicos, cuando quiera que resulten lesionados o muertos en razón y con ocasión del cumplimiento de sus funciones, por lo cual se puede afirmar que, desde este punto de vista, los miembros de tales instituciones se hallan amparados de un modo que generalmente excede el común régimen prestacional de los demás servidores públicos, en consideración al riesgo especial que implica el ejercicio de las funciones a su cargo.

Por ello, la jurisprudencia de la Sala ha considerado también, en principio, que en la medida en que una persona ingresa libremente a una de estas instituciones y se vincula al ejercicio de esa clase de actividades que entrañan riesgo para su vida e integridad personal, está aceptándolo como una probabilidad y lo asume como característica propia de las funciones que se dispone a ejercer; esto se puede predicar de los agentes y oficiales de la Policía Nacional, así como de los miembros de las Fuerzas Armadas: Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea, y de los miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

En esa medida, cuando el riesgo se concreta y el servidor público —agente de policía, soldado, etc.— sufre lesiones o encuentra la muerte cuando se hallaba ejerciendo sus funciones y por razón de las mismas, surge el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales consagradas en el régimen laboral especial al que está sujeto; sin embargo, la responsabilidad por ese daño no se le puede imputar al Estado, a menos que se logre demostrar que hubo de por medio una falla del servicio o que la víctima fue expuesta a un riesgo excepcional, comparativamente con la situación de sus demás compañeros de armas(39) (resaltado fuera de texto).

En el presente caso corresponde determinar si el daño es imputable a la Policía Nacional por haber incurrido en una falla por retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia del servicio —al realizar un traslado de detenidos—, o por el contrario es atribuible a una causa extraña.

Por tanto, es necesario contrastar el contenido obligacional que rige la función de la autoridad demandada con el grado de cumplimiento de la misma, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proceder a declarar la responsabilidad del Estado. En palabras de Oriol Mir Puigpelat, “Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la administración en posición de garante de la víctima)(40) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de la valoración normativa, para imputar el resultado”(41).

Al respecto, el artículo 135 de la Resolución 9960 del 13 de noviembre de 1992 contentiva del reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional —vigente para el momento de los hechos—, dispone que en ningún caso una persona capturada puede permanecer más de treinta y seis horas por cuenta de funcionario diferente al fiscal o juez(42), motivo por el cual el comandante de la estación de policía de Rosas dispuso el traslado de las personas que habían retenido en la mañana del 1º de mayo de 2000, y ordenó que los detenidos fueran trasladados a la ciudad de Popayán en el mismo vehículo que les fue confiscado aprovechando que también debía ser puesto a disposición de las autoridades competentes y que no tenía distintivos alusivos a la Policía Nacional.

El operativo fue dirigido por el subintendente Vergara Medina, y lo acompañaron los patrulleros John Buitrago Marín y Gilberto Herrera Villamizar quienes iban en sendas motocicletas de su propiedad y que por tanto tampoco tenían emblemas alusivos a la Fuerza Pública, y del agente Carlos Mutis Velasco, todos vestidos de civil y con armas cortas —que podían fácilmente pasar desapercibidas—, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 141 de la misma resolución que impone a los uniformados realizar el procedimiento policial de traslado de detenidos lo más discretamente posible(43), y el artículo 42 relativo a cautela con la que deberán ser llevados los infractores de las normas legales ante las autoridades judiciales(44).

La estrategia funcionó hasta que los policiales fueron identificados como tales cuando uno de los detenidos así lo manifestó ante el interrogatorio de quienes habían instalado el retén ilegal, momento en el cual los subversivos liberaron a los detenidos y secuestraron a los uniformados —según información proveniente del único que logró huir del lugar—, por lo que esta Subsección no encuentra probada falla alguna por retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia del servicio.

Tampoco encuentra probado que el señor Vergara Medina hubiera sido expuesto a un riesgo superior al que normalmente están sometidos los miembros de la Fuerza Pública que se enrolan en sus filas de manera voluntaria, pues aunque murió con ocasión y en razón de su empleo, cuando se encontraba desarrollando funciones que le eran propias y en cumplimiento de órdenes de su superior, el traslado de las personas retenidas es uno de los procedimientos policiales ordinarios identificado como tal en el reglamento de vigilancia urbana y rural(45). Y ante la ausencia de prueba que indique una prohibición de abandonar el casco urbano, o que imponga la obligación de tomar medidas adicionales para el traslado de detenidos, esta Sala no puede inferir que se corría un peligro extraordinario que impusiera a los policiales un especial cuidado durante el operativo.

En efecto, la Sala resalta que por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. Así, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso —de manera regular y oportuna— la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y las respectivas consecuencias.

Es así como al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (C.C., art. 1757) como en la procesal civil colombiana (CPC, art. 177), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia apelada. Se advierte que el hecho de que el subintendente portara arma de su propiedad a lo sumo constituiría una falta disciplinaria, pero bajo ninguna óptica se trata de un hecho con la entidad suficiente para endilgar responsabilidad al Estado por su secuestro y posterior muerte.

3.5. La Condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 11 de septiembre de 2008.

2. Negar las súplicas de la demanda.

3. Sin costas.

4. A este fallo se le deberá dar cumplimiento en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Ordenar que por secretaría se expida a la parte actora copia de esta sentencia con sus constancias de notificación y ejecutoria en los términos del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

9 “La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance del respectivo recurso de alzada (…) [Es así como], si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos”. Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, exp. 21060.

10 De acuerdo con lo consignado en el Decreto 597 de 1988, la cuantía requerida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia —cuando la demanda fuera interpuesta en el año 2002—, era de $ 36.950.000. En el sub lite se tiene que la mayor pretensión superaba los $ 300.000.000 suma alegada por la esposa de la víctima a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

11 Es preciso advertir que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dice que el nuevo Código “sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

12 Folio 13 del cuaderno principal.

13 Folio 14 del cuaderno principal.

14 Folio 17 del cuaderno principal.

15 Folio 16 del cuaderno principal.

16 Folio 19 del cuaderno principal.

17 Folio 18 del cuaderno principal.

18 Folio 20 del cuaderno principal.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, exp. 36912.

20 Folio 1 del cuaderno 1 de pruebas.

21 “ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

22 [9] Al respecto consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, exp. 17160, y del 20 de mayo de ese mismo año, exp. 16925.

23 Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2007, exp. 15932.

25 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 17042.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2007, exp. 15932.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de julio de 1993, exp. 7622.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 1997, exp. 11224.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, rad. 1998-0569.

31 “No obstante, dada su condición de miembros de la Fuerza Pública, la vinculación laboral que sostienen con la administración, la importante misión constitucional que desempeñan, y el elevado riesgo que involucra su labor, el legislador estableció un régimen especial de reparación para este grupo de víctimas, conforme al cual pese a ser titulares del derecho a la reparación integral y por ende, ser destinatarios de todas medidas establecidas para su satisfacción, el componente de reparación económica corresponderá al previsto en el régimen especial que les sea aplicable. Esta articulación de las medidas de reparación diseñadas en la ley de víctimas, con otros dispositivos de protección, resarcimiento, rehabilitación, previstos en los regímenes prestacionales especiales de los miembros de la Fuerza Pública se fundamenta justamente en la previsión de que dado el elevado riesgo que implica el desarrollo de su misión institucional, pueden ser víctimas potenciales en las confrontaciones armadas y el Estado debe desplegar mecanismos para enfrentar dichas contingencias”. Corte Constitucional, Sentencia C-161 de 2016.

32 Corte Constitucional, Sentencia C-161 de 2016.

33 “De acuerdo con el mismo precedente, el común denominador del daño antijurídico reclamado como consecuencia de la muerte o de las lesiones de un miembro de las Fuerzas Armadas es el de la “exposición a un elevado nivel de riesgo para la integridad personal”. Esto indica, pues, que quien ingresa voluntaria o profesionalmente a las Fuerzas Armadas está advertido que debe afrontar situaciones de alta peligrosidad, entre las que cabe encuadrar el eventual enfrentamiento con la delincuencia”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17127.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 17645.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2011, exp. 19899.

36 “La anterior reseña normativa permite sostener que el régimen especial de la Fuerza Pública le reconoce a sus integrantes y familiares: (i) un conjunto de asignaciones de retiro, en condiciones diferentes al régimen ordinario de la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003; y (ii) unas indemnizaciones, para cuyo reconocimiento se tienen en cuenta criterios como la disminución de la capacidad sicofísica y la muerte en simple actividad —de miembros activos— o en actos de servicio, o con ocasión del combate. Así mismo, dentro de los auxilios a que tienen derecho los miembros de la Fuerza Pública, se encuentra un seguro de vida, que pueden reclamar sus familiares en caso de fallecimiento, cuya prima se cubre con una bonificación individual mensual, que el Estado reconoce al personal y que se destina al fondo de solidaridad del Ministerio de Defensa Nacional - seguro de vida colectivo. En lo que concierne a la naturaleza jurídica de las indemnizaciones recibidas por los integrantes de la Fuerza Pública, cabe señalar que si bien son de carácter laboral, y por consiguiente no derivan de la calidad de víctimas del conflicto armado interno, su reconocimiento está asociado al ejercicio de funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, lo cual no se opone a que, además en determinados supuestos, se reconozca la responsabilidad extracontractual del Estado por una falla en el servicio o cuando el funcionario hubiese sido sometido a un riesgo excepcional”. Corte Constitucional, Sentencia 161 de 2016.

37 Corte Constitucional, Sentencia C-161 de 2016.

38 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp.19158.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2007, exp. 16200.

40 “En la determinación de cuándo existe posición de garante o no del sujeto responsable no tiene ninguna incidencia que la responsabilidad se configure como objetiva o basada en la culpa. Aquella determinación constituye una cuestión previa: solo cuando se haya verificado que el sujeto estaba obligado a evitar el resultado entrará en juego la circunstancia de que la responsabilidad sea objetiva o no”. PUIGPELAT, Oriol Mir. La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Ed. Civitas.

41 Ídem., pp. 243 y 244.

42 “ART. 135. Captura en flagrancia. Quien sea sorprendido en flagrancia será capturado por cualquier autoridad o persona y conducido en el acto, o a más tardar en el término de la distancia, ante el fiscal o funcionario competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendir informe sobre las causas de la captura. Cuando por cualquier circunstancia no atribuida a quien hubiere realizado la captura el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante el fiscal, será recluido en la cárcel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado al efecto, debiéndose poner a disposición del funcionario judicial dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el informe de que trata el inciso anterior. Para los efectos de esta disposición todos los días y horas son hábiles. Cuando la medida de aseguramiento a imponer por razón del hecho punible sea caución, conminación, detención con excarcelación o detención domiciliaria, una vez el capturado haya rendido indagatoria se le dejará en libertad firmando acta de compromiso de presentarse ante la autoridad que lo solicite. En ningún caso el capturado puede permanecer más de treinta y seis horas por cuenta de funcionario diferente al fiscal o juez”. Reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional.

43 “ART. 141. Traslado de detenidos. La policía al efectuar el traslado de detenidos tendrá en cuenta las siguientes normas: 1. No hacer uso de la fuerza o las armas innecesariamente o en forma imprudente. 2. Entregar al detenido o capturado a la autoridad competente. 3. El detenido está bajo la exclusiva responsabilidad de quien tiene el encargo de su custodia o traslado. 4. Registrar al individuo minuciosamente; el policía debe estar siempre en condiciones ventajosas para repeler cualquier agresión con seguridad y energía. 5. No establecer conversación con el detenido ni darle confianza. 6. Si la persona no ofrece peligrosidad hacer el traslado lo más discretamente posible. 7. Si se trata de menores, mujeres, ancianos o enfermos guardar todas las consideraciones que merecen sin descuidar las medidas de seguridad. 8. Salvo lo dispuesto en la ley sobre régimen carcelario las armas de fuego sólo pueden emplearse contra fugitivos cuando éste las use para facilitar o proteger su fuga”. Reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional.

44 “ART. 42.—Cautela y sagacidad. Los funcionarios de policía que conduzcan infractores de las normas legales, tomarán las precauciones necesarias para evitar la fuga o agresión de que puedan ser víctimas, registrando a los aprehendidos y llevándolos cautelosamente de acuerdo con los reglamentos de registro de personas y vehículos”.

45 Título VI sobre procedimientos policiales, capítulo V sobre la captura, artículo 141 sobre del traslado de detenidos.