Sentencia 2002-00681 de enero 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 2500023260002002068101 (27737)

Consejera Ponente:

Dr. Olga Mélida Valle De de La Hoz

Actor: Santiago Galindo Puentes y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec

Referencia: Reparación directa

Bogotá D.C., enero veintidós de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de abril de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado(4), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, le construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos ‘títulos de imputación’ para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

‘En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia’”(5).

2.3. El caso concreto.

El señor Luis Eduardo Galindo Caviedes quien estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, resultó muerto el día 23 de junio de 2001, como consecuencia de heridas con arma de fuego recibidas en un motín que se presentó en el centro carcelario.

De acuerdo con los informes sobre los hechos, hacia las 19.05 horas se escuchó una fuerte explosión en la parte oriental del penal acompañada de un ataque externo con granadas y armas de fuego, con lo cual se pretendía lograr que algunos presos se fugaran. Ante lo ocurrido, la guardia del penal reaccionó para controlar el orden y logró recapturar 22 internos, pero en el enfrentamiento armado que se presentó entre los guardianes y los presos resultaron muertos 13 internos.

2.4. Los hechos probados y la decisión.

Al plenario se allegaron las siguientes pruebas:

1. Copia autenticada del Registro Civil de John Jairo Galindo Caviedes; registro civil y partida eclesiástica del matrimonio celebrado entre Santiago Galindo y María Eloisa Caviedes. De igual forma se allegaron registros civiles de Wendy Yalanny Díaz Gómez y Angie Yojanna Díaz Gómez (fls., 1 y 3 a 5, y 16, cdno. pruebas).

2. Certificado del Registro Civil de nacimiento y del Registro de Defunción de Luis Eduardo Galindo Caviedes (fls. 2 y 6, cdno. pruebas).

3. Certificación expedida por la cárcel La Picota donde consta que el señor Luis Eduardo Galindo Caviedes ingresó al penal el 30 de abril de 2.000 condenado a 23 años de prisión por el delito de rebelión y homicidio y fue dado de baja por muerte violenta el 23 de junio de 2001 (fl. 73, cdno. ppal.).

4. Copia de la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2003, por el Juzgado Segundo de Familia de Bogotá, en proceso de filiación extramatrimonial, mediante la cual se declaró que el señor Luis Eduardo Galindo Caviedes es el padre de Wendy Yalanny Díaz Gómez y la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2003, por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia en la que se confirmó la decisión (fls. 109 a 132, cdno. ppal.).

5. Registro civil de nacimiento corregido después de proferida la sentencia en proceso de paternidad de Wendy Yolanny Galindo Díaz, donde consta que su padre es Luis Eduardo Galindo Caviedes (fls. 143, cdno. ppal.).

6. Copia del acta de inspección del cadáver Nº 33391-1160 del CTI (fls. 9 a 11 y 143 a 146, cdno. pruebas).

7. Copia del informe rendido por el CT Gustavo Silva Ramírez Comandante de Vigilancia y la Subdirectora General, sobre lo ocurrido el día 23 de junio de 2001, donde se registró.

“Comedidamente me permito informarle le novedad ocurrida el día de hoy 23 de junio siendo las 19:00 horas, hizo explosión una carga de explosivos desconociéndose de qué tipo, constatando que entre la garita número 7 y 8 el muro fue roto dejando una cavidad aproximada de 2 metros, es de anotar que el ataque fue en forma viceversa, de la parte interna y externa. Para salir del patio 5 los internos utilizaron escaleras de madera, lazos, y además cortaron una ventana la cual no se veía por parte de la Guardia, porque una caseta donde están los depósitos del agua impide la visibilidad, haciendo más rápido la salida por la cavidad abierta por la explosión.

(...).

A sabiendas que el personal del Ejército tenía conocimiento de lo que iba a suceder, no se presentaron a apoyarnos, gracias a la reacción oportuna o inmediata del personal de guardia, evitamos que la fuga masiva fuera mayor.

(...).

Se incautaron los siguientes elementos:

Dos teléfonos celulares con un cargador, un revólver marca Llama calibre 38 L IM 0691U y otro sin marca, dos proveedores 5 mm, dos proveedores 7.65, un beeper.

Al interno Helder Morales Londoño una pistola 9 mm, sin marca Nº 5000237 con proveedor. Un radio de comunicaciones marca Yaesu FT 23 RMK, una granada de fragmentación M26, Una Linterna y Una Navaja Patecabra. Conoció de esto la patrulla móvil 18-3 de Bogotá, solidaria nocturna.

Al interno Helifonso Pérez le fueron decomisados dos proveedores de pistola 9 mm, y 20 cartuchos, por parte de la Policía Nacional Estación 4 de San Cristóbal Sur.

Estos hechos arrojaron los siguientes resultados:

La guardia recapturó 22 internos; de los cuales 11 fueron remitidos a los Hospitales Tunal y Puente Aranda. La Policía Nacional recapturó 5 internos fuera del Establecimiento, de los cuales 1 se remitió al hospital Tunal, tres heridos en la parte interna y 5 internos muertos, 2 en la parte interna y 3 en la Guayana, lugar de los hechos” (fls. 10 y 11, cdno. pruebas).

8. Copia del informe rendido por el Director de La Picota al Director del Inpec, sobre lo ocurrido, donde se relacionaron los hechos de manera similar al informe antes relacionado y se señaló que desde horas antes se tuvo conocimiento de que se planeaba un ataque para facilitar una fuga de internos de la subversión y por ello se solicitaron los apoyos correspondientes del Ejército y la Policía sin obtener respuesta y se instruyó al personal de suboficiales y de guardia para que tomaran las medidas del caso y los cuidados requeridos (fls. 12 y 13, cdno. pruebas).

9. Tarjeta decadactilar de Luis Eduardo Galindo Caviedes (fls. 15 a 17, cdno. pruebas).

10. Declaraciones de Clodomiro Antonio Martínez Sánchez, Jairo Alberto Briceño Ayala, quienes declararon acerca de la convivencia del señor Galindo Caviedes con la señora Nancy Díaz Gómez y dos niñas y con los padres de este, aclarando que vivían en el sitio denominado La Virgen, cerca del municipio de Quipile y sus relaciones familiares eran buenas, porque eran unidos. De igual manera manifestaron que los familiares sufrieron mucho con la muerte de su ser querido.

Adicionalmente declararon que la víctima ayudaba económicamente a su compañera Nancy Díaz, pero luego de estar preso era la señora Eloisa Caviedes quien les suministraba lo necesario (fls. 41 a 43).

11. Declaración del señor Alirio Galindo Puentes quien manifestó que la víctima vivía con la señora Nancy Díaz y una de sus hijas porque la otra nació cuando él estaba preso. Respecto a las relaciones de la víctima con su familia manifestó que eran buenas y por ello todos se han visto afectados con su muerte, en especial su madre y su compañera permanente (fls. 46 a 47).

12. Copia de la investigación disciplinaria adelantada por el Inpec con radicación I-103-2001, por la fuga masiva de presos, se advirtió que el proceso se encuentra en diligencias previas (fls. 62, cdno. pruebas).

13. Copia autenticada del proceso penal adelantado por la Unidad Primera de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Fiscalía Trece Seccional de Bogotá, bajo la radicación 570904 (Anexo 1).

De estos documentos se destacan:

13.1. Protocolo de Necropsia Nº 2001-02474 del señor Luis Eduardo Galindo Caviedes donde se registró que el cadáver fue encontrado sobre una camilla metálica en la guardia interna del centro penitenciario y se concluye que la muerte fue causada por proyectil de arma de fuego (fls. (sic)).

13.2. informe de balística en el cual consta que el proyectil recuperado durante la autopsia fue disparado por arma de fuego tipo pistola y/o subametralladora calibre 9mm largo. De igual manera se indicó que el disparo fue efectuado a corta distancia (fl. 101 a 102, anexo).

13.3. Resultados de la prueba de absorción atómica practicada a la víctima, que arrojó resultado negativo para ambas manos y álbum fotográfico (fls. 103 a 128, anexo).

Respecto de la valoración de las pruebas trasladadas, es necesario precisar que al proceso se trajo copia de la investigación disciplinaria adelantada por el Inpec por la muerte de varios internos y también del proceso penal adelantado por estos hechos, siendo fueron (sic) allegadas en copia autenticada.

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, fueron aportados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso directamente por las partes dentro del periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta Sub Sección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica.

2.5. El daño antijurídico.

Siendo el daño el primer elemento a establecer en un proceso de responsabilidad, y a partir del cual debe estudiarse la responsabilidad del Estado, debiéndose precisar que él debe adquirir la connotación de antijurídico.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 Superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido este como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que este sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el Legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como ‘la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extramatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar’, por lo cual ‘se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo’. Por consiguiente, concluye esa Corporación, ‘el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva’[5].

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (C.N., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de le propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización’.

(...).

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que:

“consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(6). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas”.

De esta manera, para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil,

En el sub judice, es evidente que se produjo un daño, consistente en la muerte del señor Luis Eduardo Galindo Caviedes hecho probado con el protocolo de necropsia, el levantamiento del cadáver y con el registro civil de defunción, el cual resulta antijurídico, puesto que la vida es un bien jurídicamente tutelado y nadie está obligado a soportar su afectación, ya que el ordenamiento jurídico no impone esta carga a ningún coasociado.

2.6. La imputación.

Establecida la existencia del daño antijurídico, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la entidad demandada.

En los eventos en que se produce la muerte de un recluso al interior de un centro carcelario, ha considerado la jurisprudencia, que el análisis de responsabilidad que debe efectuarse es el correspondiente al régimen objetivo, teniendo en cuenta que el sujeto está retenido por orden de autoridad competente y al quedar a disposición de las autoridades, surge para el individuo una relación especial de sujeción ya que no ingresa voluntariamente al centro de detención, razón por la cual sus derechos sufren importantes limitaciones pero también nace el deber correlativo de la entidad de garantizar su seguridad personal y también otros derechos como el de la salud y en especial el derecho a Ia vida y la integridad personal, teniendo en cuenta la indefensión a la cual están sometidas las personas privadas de la libertad.

Así lo ha dicho la Sala:

“(...) razón por la cual la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el régimen de responsabilidad que procede es el objetivo, en el cual dicha responsabilidad surge independientemente de la conducta de la entidad demandada, por el solo hecho de que una persona confinada en un establecimiento carcelario por cuenta del Estado, pierda la vida o sufra lesiones en su integridad física, de tal manera que la administración no podrá eximirse de responsabilidad mediante la aportación de pruebas tendientes a acreditar que cumplió las obligaciones a su cargo y que no incurrió en falla del servicio; solo podría desvirtuar tal responsabilidad, mediante la comprobación de una causa extraña. No obstante lo anterior, la Sala considera que, además de operar la responsabilidad objetiva como título de imputación general en esta clase de eventos, cuando surja comprobada dentro del proceso una falla del servicio como causante del hecho dañoso por el cual se reclama —lesiones físicas o deceso de una persona detenida o privada de su libertad—, es necesario evidenciarla en la sentencia que profiera esta jurisdicción, para efectos de que la administración tome nota de sus falencias y adopte los correctivos que considere necesarios, por cuanto para deducir la responsabilidad de la administración, basta que el daño se haya producido respecto de una persona privada de la libertad y puesta bajo su tutela y cuidado. Es claro entonces, que mientras en la generalidad de los casos en los que se comprueba la falla del servicio, la Administración puede eximirse de responsabilidad mediante la comprobación, no solo de una causa extraña, como sería la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero, sino también a través de la prueba de su obrar prudente y dirigente en el exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo, en estos caso específicos de daños a personas privadas de la libertad, por tratarse de eventos de responsabilidad objetiva, la única forma en que la administración se puede, liberar de la responsabilidad que surge a su cargo, es precisamente a través de la comprobación de una causa extraña”(7).

La misma Jurisprudencia de la Corporación ha decantado que cuando se aplica la responsabilidad objetiva, la entidad se exonera probando una causa extraña, es decir, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero.

No obstante lo anterior, es evidente que hubo una falla del servicio ya que la muerte fue causada con un arma de fuego, en medio de un enfrentamiento y según las pruebas después de los hechos fueron decomisadas varias armas e incluso una granada, siendo obligación de las autoridades penitenciarias el no permitir el ingreso de las mismas al penal, y también garantizar la seguridad de los internos. Así lo corroboró el informe sobre los hechos rendido por quien estaba a cargo el día de los hechos.

En relación con este argumento debe precisarse que en eventos como el que aquí se analiza, el Consejo de Estado ha considerado que el título de imputación aplicable es la falla del servicio y efectivamente, ella en el presente caso estaría determinada por la omisión de la autoridad pública en el cumplimiento de sus deberes funcionales, de tal manera que es preciso para acreditar su existencia que se confronte el contenido obligacional fijado por las normas para los funcionarios que cumplen la labor de custodia y vigilancia de los reclusos, con el grado de cumplimiento de los mismos, por parte de quienes estuvieron relacionados con los hechos.

Así lo ha dicho esta Corporación:

“En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. Ahora bien, una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido —O lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa— al referido contenido obligacional, esto es, se ha apartado —por omisión— del cabal cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño atendiendo, de acuerdo con la postura que reiteradamente ha sostenido la Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada. En el mismo sentido hasta ahora referido, es decir, en el de sostener que se hace necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos —la constatación de la ocurrencia de un incumplimiento omisivo al contenido obligacional impuesto normativamente a la Administración, de un lado, y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño, de otro. En suma, son dos los elementos cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa y a la cual esta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no derivarse —temporalmente hablando— de manera inmediata de la omisión administrativa, regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado esta”(8).

Partiendo de lo antes consignado, se tiene que los deberes funcionales y prohibiciones que cobijan a quienes ejercen la labor de guarda, vigilancia, custodia y seguridad en los establecimientos carcelarios están contenidos en los artículos 44 y 45 de la Ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario, modificado por la Ley 415 de 1997 y la Ley 504 de 1999 consagra:

“ART. 44.—Deberes de los guardianes. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno:

a) Observar una conducta sería y digna;

b) Cooperar con la Dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad;

c) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual;

d) Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento;

e) Custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento y emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y conversaciones o relaciones de ellos con los extraños, exceptuando los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal;

f) Realizar los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física; participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad de los centros de reclusión; tomar parte en las ceremonias internas o públicas para realce de la Institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la específica penitenciaria.

g) Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario.

“ART. 45.—Prohibiciones. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia tienen las siguientes prohibiciones:

a) Tener relación o trato con los reclusos, excepto en lo que sea estrictamente necesario, para los fines de su función y de acuerdo con las disposiciones del reglamento de régimen interno, ingresar material pornográfico y en general, elementos prohibidos en los reglamentos.

b) Aceptar dádivas, homenajes, préstamos, efectuar negocio alguno con los detenidos, condenados, familiares o allegados de estos, lo cual constituirá causal de destitución.

c) Ingresar al centro de reclusión bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes; armas distintas a las propias del servicio; dineros en cantidad no razonable; elementos de comunicación. La transgresión a esta norma traerá como consecuencia la destitución.

d) Infringir castigos a los internos, emplear con ellos violencia o maltratamientos.

e) Recomendar abogados a los internos para sus negocios”.

Es así como se evidencia la falla del servicio al permitir el ingreso de armas al centro penitenciario lo cual se comprobó con el informe sobre los hechos donde se relacionan un revólver marca Llama calibre 38 L IM 0691U y otro sin marca, dos proveedores 5 mm, dos proveedores 7.65, una pistola 9 mm, sin marca Nº 5000237 con proveedor, una granada de fragmentación M26, una navaja, patecabra, dos proveedores de pistola 9mm, y 20 cartuchos elementos que fueron recuperados después del enfrentamiento.

Por su parte, el Inpec adujo en su apelación que la entidad no debe responder por la muerte del recluso, ya que la víctima participó en los hechos y se expuso imprudentemente al riesgo al tomar parte en el enfrentamiento, motivo por el cual debe reconocerse en este caso una concurrencia de culpas y rebajar la condena impuesta.

Al respecto debe resaltarse que no se conocen las circunstancias particulares que rodearon la muerte del recluso, se sabe si los pormenores de lo ocurrido en el ataque externo al penal, que tenía como finalidad favorecer la fuga de presos, que dio origen a un enfrentamiento entre los reclusos y los guardias que trataban de conjurar la situación para evitar la fuga, pero nada específico se acreditó acerca de cómo ocurrió la muerte del señor Galindo Caviedes.

Al respecto conviene precisar que tal como se afirmó en la providencia objeto de apelación no existe ningún elemento probatorio que permita concluir la participación del recluso en el enfrentamiento, ya que la prueba de absorción atómica o de residuos de pólvora, arrojó resultado negativo y por otra parte el cadáver al momento del levantamiento fue encontrado en la guardia interna y no en el sitio de los hechos, al paso que los disparos fueron efectuados a corta distancia, hechos que valorados conjuntamente permiten concluir que contrario a lo afirmado por la entidad, la víctima no participó activamente en el amotinamiento y se desconoce si hacia parte de quienes planearon la fuga del centro carcelario.

Así las cosas, no se acreditó probatoriamente la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima y tampoco la concurrencia de culpas, motivo por el cual la responsabilidad de la entidad debe ser confirmada.

2.7. La legitimación en la causa.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(9).

Sobre la legitimación en la causa, la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y que surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y por otra parte, se habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

Así lo ha dicho la Sala:

“En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que esta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”(10).

En tratándose de la legitimación en la causa por pasiva debe señalarse que ella se refiere a “la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante (...)”(11).

Este constituye el principal motivo de apelación de la parte demandante puesto que en el fallo recurrido se declaró la falta de legitimación en la causa de la señora Nancy Díaz y sus hijas Wendy Yalanny y Angie Yojanna Díaz Gómez, al no encontrar el juez de la instancia debidamente acreditado la condición de compañera permanente y la calidad de hijas de la victima porque se aportaron registros civiles que carecían del nombre del padre y del reconocimiento del señor Galindo Caviedes de su paternidad.

Pues bien, en segunda instancia se aportó al proceso copia de las providencias proferidas por el Juzgado Segundo de Familia de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, mediante las cuales se declaró que el señor Luis Eduardo Galindo Caviedes es el padre de la menor Wendy Yalanny Díaz Gómez y también se allegó copia del registro civil de la menor que fue corregido por orden judicial donde consta tal parentesco, de manera que respecto de dicha menor habrá de reconocerse su legitimación para acudir a reclamar la indemnización por la muerte de su padre.

Ahora bien, en lo relacionado con la compañera permanente, debe recordarse que al respecto existe libertad probatoria y en el proceso obran los testimonios de los señores Clodomiro Antonio Martinez Sánchez, Jairo Alberto Briseño Ayala y Alirio Galindo Puentes, los cuales fueron contestes en afirmar la convivencia de la víctima con la señora Nancy Díaz, hecho que debe ser valorado conjuntamente con el indicio que puede desprenderse de la existencia de una hija de la pareja y también de los datos consignados en los documentos de ingreso al penal donde se registró que el señor Galindo vivía en unión libre con Nancy Díaz Gómez.

2.8. Perjuicios.

2.8.1. Perjuicios morales.

Se entiende por perjuicio moral la aflicción, dolor, angustia y los otros padecimientos que sufre la persona con ocasión del evento dañoso y que deben ser indemnizados en aplicación del principio general de reparación integral.

De tiempo atrás el Consejo de Estado ha establecido que tratándose de los padres, hermanos, hijos y abuelos basta la acreditación del parentesco para que se presuma el perjuicio moral, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que la muerte de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, por las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, surgidas en el ámbito de la familia.

Por ello, la Corporación ha aceptado que con la simple acreditación de la relación de parentesco existente se presuma el dolor sufrido por los parientes(12), de modo que al allegarse al proceso el registro civil de la menor Wendy Galindo Díaz, eso es suficiente para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales.

Adicionalmente en el proceso se cuenta con los testimonios rendidos por los señores Clodomiro Antonio Martínez Sánchez, Jairo Alberto Briceño Ayala y Alirio Galindo Puentes, a los cuales la Sala les otorga valor probatorio, porque pese a incurrir en pequeñas contradicciones, son rendidos por personas serias, que por su cercanía con la familia de la víctima pueden dar cuenta del sufrimiento padecido por la compañera permanente y su hija con la muerte de Luis Eduardo Galindo, circunstancia que es lo relevante para el reconocimiento de los perjuicios morales, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la sala(13).

De acuerdo con lo anterior, se reconocerá a la señora Nancy Díaz Gómez en su condición de compañera permanente y su hija Wendy Yalanny Galindo Díaz, el equivalente a 100 SMMLV, para cada una.

Por otra parte, el apoderado de la parte actora solicitó el reconocimiento de los perjuicios morales deprecados para la menor Angie Yojanna Díaz Gómez a quien se le negó la paternidad de la víctima dentro del proceso de filiación extramatrimonial, en su condición de tercera damnificada, pero dicho argumento se trajo a colación al proceso en los alegatos de conclusión, pues, contrario a lo afirmado por el mandatario judicial, no fue planteado en la apelación, lo cual impide cualquier pronunciamiento de esta Sala sobre ese punto, so pena de vulnerar los derechos de defensa y debido proceso que le asisten a la parte demandada, siendo procedente en este punto la confirmación de la providencia impugnada.

2.7.2. Perjuicios materiales.

En relación con los perjuicios materiales por lucro cesante, considera la Sala que en el sub judice no se probó que la víctima ejerciera una actividad económica o que percibiera ingresos que le permitieran suministrar lo necesario a su familia, al punto que el testigo Clodomiro Martínez afirmó en su declaración que la pareja vivía en la casa de los padres de él y eran ellos quienes les daban de comer y el testigo Jairo Alberto Briceño Ayala manifestó “Él sacaba del trabajo de los víveres del supermercado de los papás (...)”, mientras que el señor Alirio Galindo sobre ese aspecto declaró: “Él trataba de mantener con los medios que podía a Nancy Díaz (...)”. De esta manera al no poderse probar que la víctima antes de ser recluido en la cárcel ejerciera una actividad económica lo procedente es negar el reconocimiento de los perjuicios materiales solicitados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Modificar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de abril de 2004, la cual quedará así:

1. Declarar que la señora Nancy Díaz Gómez y la menor Wendy Yalanny Galindo Díaz están legitimadas en la causa por activa en sus condiciones de compañera permanente e hija del señor Luis Eduardo Galindo Caviedes.

2. Declarar que el Inpec es responsable por la muerte del señor Luis Eduardo Galindo Caviedes, en hechos ocurridos el 23 de junio de 2001.

3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena que el Inpec pague las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales: a los señores Santiago Galindo Puentes y María Eloisa Caviedes, Nancy Díaz Gómez y Wendy Yalanny Galindo Díaz, el equivalente a 100 SMMLV, para cada uno y al señor John Jairo Galindo Caviedes el equivalente a 50 SMMLV en su condición de hermano de la víctima.

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La mayor pretensión de la demanda es de 150 salarios mínimos equivalentes a 46.350.000 y la mayor cuantía para el año 2002 era de $ 36.950.000.

2 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

3 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp. 10922; C.P. Ricardo Hoyos Duque.

4 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de 19 de abril de 2012; C.P. Hernán Andrade Rincón; Exp. 21515.

5 Ídem.

6 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

7 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia abril 28 de 2010; Rad. 13271; C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 8 de marzo de 2007; Rad. 27434; C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 20 de septiembre de 2001; Exp. 10973; M.P. María Elena Giraldo Gómez.

10 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de octubre 31 de 2007; Rad. 13503; C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 Devis Echandía, Hernando; “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.

12 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de abril 25 de 2012; Rad 22708; C.P. Olga Valle de De la Hoz.

13 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de noviembre 1º de 1991; Rad 6469; C.P. Carlos Betancur Jaramillo.