Sentencia 2002-00683 de abril 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad. 73001-23-31-000-2002-00683-01 (27.491)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Carmen Luz Suárez Ortiz y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otro

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $36.950.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $64.104.300(1), solicitada por concepto de perjuicios fisiológicos, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Consideraciones previas

1. Sobre los medios probatorios obrantes en el expediente, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse que aquéllos que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no hubieran sido solicitados en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieran sido practicados con audiencia de ésta no podrán ser valorados en el sub lite(2). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de pruebas hubiere sido solicitado por ambas partes, ellas podrán ser tenidas en cuenta, aún cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que aquéllas hagan parte del acervo probatorio y que luego, de resultar desfavorables a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(3).

Pues bien, en el expediente obran sendas copias auténticas del proceso 2001-0078-00, adelantado y remitido a esta encuadernación por el Juzgado Penal del Circuito de Fresno, por el homicidio del señor Jorge Gallego Arias (Ofi. 409, mar. 7/2003(4)) y del proceso 358, adelantado y remitido por la Inspección de Policía de Herveo, por lesiones personales (Ofi. 057-IMP, mar. 19/2003(5)), ambos contra el señor Carlos Ariel Ángel Muñoz, pruebas que fueron solicitadas por la parte demandante(6), coadyuvadas por la Policía Nacional(7) y decretadas por el tribunal mediante auto del 14 de febrero de 2003(8). En este orden de ideas, tales copias auténticas se tendrán como pruebas en este proceso.

2. Ahora, de conformidad con el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970(9), el medio idóneo para probar la muerte de una persona es el respectivo registro civil de defunción; sin embargo, en el expediente obran el acta de levantamiento del cadáver(10), realizada por el inspector de policía en el hospital de la localidad y el acta de necropsia(11), realizada en el Hospital San Antonio ESE por un médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, documentos que serán tenidos en cuenta para acreditar la muerte del señor Jorge Gallego Arias, en virtud de que son documentos públicos, de los que se presume su autenticidad, al haber sido suscritos por funcionarios públicos, en ejercicio de su cargo(12).

El caso concreto

1. El señor Jorge Gallego Arias falleció el 6 de julio de 2001, en el municipio de Herveo, Tolima, según certificado del Notario Único del Círculo de esa localidad(13) (serial 04038801), el acta de levantamiento del cadáver(14) y el acta de necropsia(15), documentos emitidos en la misma fecha de los hechos, en los que consta que la causa de la muerte fue violenta (heridas contusas con objeto cortocontundente) y que presentó choque neurogénico y paro cardiorespiratorio.

2. A la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al municipio de Herveo, Tolima, se les atribuye la responsabilidad por la muerte del señor Jorge Gallego Arias, debido a que, contra Carlos Ariel Ángel Muñoz, quien lo atacó, ya existía una orden de captura vigente al momento de los hechos, esto es, el 6 de julio de 2001 y, sin embargo, aquél permanecía en libertad.

Sobre las circunstancias de ocurrencia de los hechos, se tiene que, cuando el señor Jorge Gallego Arias se encontraba en el garaje de su casa, ubicado en la calle 6 con carrera 22 de esa localidad, aproximadamente a las 10 de la mañana, fue atacado por el señor Carlos Ariel Ángel Muñoz, quien ingresó al lugar para propinarle varios golpes en el rostro con una piedra, ocasionándole fractura craneoencefálica y de los huesos de la cara y, falleció cuando era trasladado al Hospital Universitario de Caldas.

El agresor fue capturado y contra él ya aparecía registrada una orden de captura del Juzgado Promiscuo Municipal de Herveo, del 30 de mayo de 2000, por el delito de lesiones personales dolosas, según el Oficio 033/DETOL.ESH del 6 de julio de 2001(16), mediante el cual el comandante de la Estación de Policía Rural de Herveo dejó al señor Ángel a disposición del fiscal seccional de Fresno.

En Oficio 00557-001-E.S.(17) del 11 de julio de 2001, un perito forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la dirección seccional del Tolima, concluyó que el estado de salud del señor Carlos Ariel Ángel Muñoz era negativo para enfermedad grave por patología orgánica y sugirió la valoración de un psiquiatra forense.

El 6 de septiembre de 2001, en valoración realizada al agresor por un psiquiatra forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses(18), se dictaminó que sufría de esquizofrenia paranoide crónica, con alteración del sentido de la realidad, pensamiento delirante de persecución, distorsión del juicio y de su estado emocional, en el que no podía diferenciar la fantasía de la realidad y que necesitaba tratamiento en anexo psiquiátrico.

En providencia del 16 de julio de 2001(19), el Fiscal 36 de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Fresno impuso medida de aseguramiento al señor Ángel, por el homicidio del señor Jorge Gallego Arias. El 11 de octubre siguiente(20), profirió resolución de acusación en su contra y, dada su calidad de inimputable, sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva, por la medida de protección de internación en establecimiento psiquiátrico, para su rehabilitación.

En sentencia del 3 de abril de 2002(21), el Juzgado Penal del Circuito de Fresno le impuso medida de seguridad (por tratarse de un inimputable) durante 13 años en un anexo psiquiátrico, con el fin de que se le suministrara el tratamiento especializado para su recuperación.

Ahora bien, advierte la Sala que, conforme a lo expuesto en la demanda, sí existía una orden de captura vigente al momento de los hechos, contra Carlos Ariel Ángel Muñoz, en el proceso contravencional 200-0006-00 que, por el delito de lesiones personales dolosas, se adelantaba en el Juzgado Promiscuo Municipal de Herveo, cuya finalidad era la asistencia de dicho señor a la audiencia de juzgamiento. El 30 de mayo de 2000, esa orden de captura se puso a disposición del comandante de la Estación de Policía de la localidad, según Oficio 012.DETOL del 4 de marzo de 2003, proferido por el mismo comandante(22), y constancia del mismo juez, del 10 de julio de 2001(23).

No obstante lo anterior, no obra en el expediente ninguna otra prueba de ese proceso y, por tanto, no está clara la razón por la cual no se hizo efectiva esa orden de captura.

Sobre los antecedentes de Carlos Ariel Ángel Muñoz, el Inspector de Policía de la Inspección Urbana de Policía de Herveo, en oficio del 11 de julio de 2001(24), hizo constar que, en los libros radicadores de los negocios penales y policivos de esa inspección, obran los siguientes, por el delito de lesiones personales: anotaciones de procesos iniciados el 6 de julio de 1980 (036), el 26 de diciembre de 1981 (2.159), el 5 de diciembre de 1983 (101) y el 7 de junio de 1994 (428), procesos dentro de los cuales se le libró boleta de libertad por penas cumplidas.

Obra también en el expediente, el proceso 358 adelantado en su contra por esa inspección, por lesiones personales, iniciado el 17 de diciembre de 1991, en el cual, el 27 de diciembre siguiente(25), se le resolvió la situación jurídica y se ordenó su internación preventiva en la cárcel de la localidad, de donde, el 15 de enero de 1992(26), fue trasladado al anexo psiquiátrico de la Penitenciaría Central de Colombia, La Picota.

Como, en las valoraciones de sanidad de ese anexo psiquiátrico, los médicos coincidían en afirmar que el paciente presentaba un cuadro psicótico esquizofrénico agravado cuando consumía sustancias psicoactivas y que, en ese entonces, estaba compensado y no necesitaba permanecer allí(27), el 10 de septiembre de 1993(28) fue remitido al Hospital Psiquiátrico del municipio de Lérida, para que recibiera el tratamiento médico psiquiátrico que requería dentro de un plan integral de rehabilitación.

Por su parte, el Juez Promiscuo Municipal de Herveo, en oficio del 10 de julio de 2001(29), hizo constar que, revisados los libros radicadores de negocios penales y contravencionales llevados en ese despacho contra el señor Ángel Muñoz, se encontraron los siguientes: iniciado el 19 de enero de 1988 (4449), por hurto (archivado por cesación de procedimiento); por el delito de lesiones personales, iniciado el 19 de abril de 1989 (4584), dentro del cual, el 20 de diciembre siguiente, se profirió sentencia condenatoria con medida de seguridad en el anexo psiquiátrico de la Cárcel La Picota, cumplida la cual se archivó el proceso, con dictamen médico forense de que el procesado debía continuar con tratamiento psiquiátrico; iniciado el 15 de diciembre de 1993 (4001), enviado por competencia a la inspección de policía de la localidad; y, por último, iniciado el 1º de marzo de 2000, contravención 2000-0006-00, dentro del cual se profirió la orden de captura para la audiencia de juzgamiento, ya mencionada, proceso en el que obra un dictamen médico según el cual el sindicado padecía esquizofrenia y enfermedad ácido péptica, sin tratamiento psiquiátrico y sugirió consulta psiquiátrica.

Lo anterior deja claro que el señor Ángel Muñoz padecía una enfermedad psiquiátrica, para la cual requería tratamiento médico y que tenía algunos antecedentes penales; así mismo, evidencia que dicho señor estuvo recluido en el anexo psiquiátrico de la Penitenciaría Central de Colombia, La Picota, de donde salió por encontrarse compensado en su patología y, por ende, no requería continuar en ese lugar; sin embargo, no se acreditó que el tratamiento que requería para su enfermedad estuviera a cargo de alguno de los demandados, lo que conllevaría, necesariamente, a que aquéllos estuvieran en la obligación de impedir la materialización del daño.

Ahora bien, aunque se probó que, en efecto, existía una orden de captura contra el señor Carlos Ariel Ángel Muñoz, vigente al momento de los hechos, esto por sí solo no implica una falla en el servicio pasible de generar indemnización, porque, en primer lugar, era únicamente para que asistiera a la audiencia de juzgamiento en el proceso contravencional que, en su contra, cursaba en el Juzgado Promiscuo Municipal de Herveo y, por lo tanto, no existe certeza de que luego de esa diligencia fuera a quedar privado de la libertad; en segundo lugar, no se probó que hubiese existido negligencia de parte de la Policía Nacional o desidia para hacer efectiva esa orden de captura y no está claro por qué no lo habían capturado, es decir, no se probó ninguna falla en el servicio; y, en tercer lugar, porque el municipio no estaba en la obligación de privar de la libertar al señor Carlos Ariel Ángel Muñoz, comoquiera que, en aquel momento, no le adelantaba ningún proceso.

En este estado de cosas, no puede atribuirse la responsabilidad a la Policía Nacional ni a las autoridades municipales por la muerte del señor Jorge Gallego Arias, pues, si bien el señor Ángel Muñoz era una persona con trastornos mentales, que requerían tratamiento psiquiátrico, tal señor no estaba a cargo de ninguno de los demandados y tampoco era previsible que pudiera causarle la muerte a otra persona.

Así las cosas, le asistió la razón al tribunal al negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el daño se produjo por el hecho de un tercero y que, por tanto, no le es atribuible a las demandadas.

En otras palabras, no se demostró que las demandadas fueron ineficientes en la prestación de su servicio, o que hubo una falla en la administración de justicia, o que su actuar fue negligente, situaciones que, de haberse dado, llevarían a la conclusión de que habría que indemnizar los perjuicios ocasionados.

Así las cosas, se presenta una clara ausencia de imputación, por lo que habrá lugar a confirmar la sentencia recurrida.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia del 20 de febrero de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Valor resultante de multiplicar por 3000 el valor de gramo de oro ($21.368,10) al momento de la interposición de la demanda (mar. 14/2002), conforme a las pretensiones de la misma.

(2) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20300.

(3) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12789.

(4) Folio 72 del cuaderno 3.

(5) Folio 142 del cuaderno 3.

(6) Folios 125 a 127 del cuaderno 1.

(7) Folio 148 del cuaderno 1.

(8) Folios 168 a 171 del cuaderno 1.

(9) Por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas.

(10) Folios 4 y 5 del cuaderno 3.

(11) Folios 32 a 35 del cuaderno 3.

(12) Sentencia del 18 de julio de 2012, Expediente 24.963.

(13) Folios 5, 185 del cuaderno 1.

(14) Folios 4 y 5 del cuaderno 3.

(15) Folios 32 a 35 del cuaderno 3.

(16) Remitido a este proceso mediante Oficio 013/DEPOL.ESTRHE, de esa misma autoridad, del 4 de marzo de 2003 (fls. 1 a 5, cdno. 2).

(17) Folios 16 y 17 del cuaderno 3.

(18) Folios 25 a 31 del cuaderno 3.

(19) Folios 11 a 15 del cuaderno 3.

(20) Folios 36 a 45 del cuaderno 3.

(21) Folios 57 a 66 del cuaderno 3.

(22) Folios 76 a 78 del cuaderno 3.

(23) Folio 107 del cuaderno 1.

(24) Folios 105 y 106 del cuaderno 1.

(25) Folios 105 y 106 del cuaderno 3.

(26) Folios 97 y 98 del cuaderno 3.

(27) Folios 133 y 140 del cuaderno 3.

(28) Folios 124 y 125 del cuaderno 3.

(29) Folio 107 del cuaderno 1.