Sentencia 2002-00702 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Proceso: 250002326000200200702-01 (27.184)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Actor: Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros

Demandado: Nación - Rama Judicial

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Bogotá, D.C., mayo veintinueve de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera —Sala de Descongestión—, el día 7 de enero de 2004, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

1. El material probatorio del proceso.

La Sala debe señalar que en el presente caso obra copia auténtica del proceso contentivo de la acción de tutela que dio lugar a la sentencia objeto del error judicial atribuido en la demanda, prueba que fue allegada por la parte actora con la demanda.

El aludido proceso no constituye una prueba trasladada y, por lo tanto, su valoración no pende del cumplimiento, o no, de los presupuestos exigidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su aporte al proceso, como una prueba trasladada, no se solicitó en la demanda; de allí que no se hubiere ordenado como tal su decreto ni mucho menos su consiguiente práctica, dado que en el auto de pruebas solo se dispuso:

“Por haber solicitadas (sic) en tiempo, se decretan las siguientes pruebas:

Se tiene como tales los documentos aportados con la demanda” (fl. 25, cdno. 1).

Así las cosas, el aludido expediente contentivo de la acción de tutela que instauró el aquí demandante en contra de la compañía Usatrans S.A., aportado con la demanda en copia autenticada, será valorado probatoriamente en este litigio como una prueba documental, tal como se le acogió en primera instancia.

En ese sentido, dentro del presente proceso obran, entre otros, copias auténticas de los siguientes documentos:

— Demanda que en ejercicio de la acción de tutela presentó el señor Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros en contra de la compañía denominada Usatrans S.A., con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad, integridad familiar y al debido proceso (fls. 3 a 16, cdno. 2).

— Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Unidad Social Transportadora de Silvania S.A., Usatrans S.A. (fls. 17 a 19, cdno. 2).

— Carta suscrita el día 10 de agosto del año 2000, por los miembros de la junta directiva y el representante legal de la empresa Usatrans S.A., dirigida al señor Omar Rodríguez Ballesteros “Conductor vehículo 170 Usatrans S.A.”, mediante la cual se le comunicó la siguiente decisión:

“De acuerdo a (sic) la reunión de junta directiva en pleno realizada el día diez (10) del presente mes, en la cual se hizo un análisis amplio y consciente sobre los acontecimientos sucedidos en la reunión efectuada el pasado ocho (8) de agosto del presente año, donde se discutieron puntos de la parte operativa de la empresa Usatrans S.A., en relación con la situación que se presentaba en el momento con la Asociación de Colectivos de Fusa-Silvania; teniendo en cuenta que su comportamiento no fue el más adecuado con el representante legal señor Jamie Daniel Gamba Muñoz, en presencia de la junta directiva y demás miembros de la empresa, usted agredió en forma verbal, desafiante, humillante y grotesca al jefe inmediato de la misma.

La administración no puede pasar desapercibidos estos atropellos y falta de respeto, ya que van en contra de la cultura ciudadana y del reglamento interno de trabajo.

Por lo tanto se tomó la decisión que a partir de la fecha queda completamente excluido de la empresa e inhabilitado para desempeñar cualquier cargo en la sociedad Usatrans S.A.” (fl. 20, cdno. 2).

— Carta suscrita el día 10 de agosto del año 2000, por los miembros de la junta directiva y el representante legal de la empresa Usatrans S.A., dirigida a la señora Isabel Soriano de Guerrero “Propietaria vehículo 170 Usatrans S.A.”, mediante la cual se le informó la determinación adoptada respecto del conductor del mencionado vehículo (fl. 21, cdno. 2).

— Escrito elaborado por el accionante Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros, de fecha 14 de agosto de 2000, dirigido al representante legal de la empresa Usatrans S.A., en relación con la decisión adoptada por dicha compañía, que reza así:

“Con relación a la situación que se presentó el día 8 de agosto del año en curso, manifiesto que la actitud que tomé frente a la situación que se está presentando en la empresa, fue del criterio personal y nunca actué por herir su susceptibilidad, ante un comentario que expresé, usted se sintió aludido y reaccionó haciendo comentarios grotescos acerca de la propietaria del vehículo que yo conduzco y de mí mismo, ante tal situación reaccioné airadamente, pero nunca vulgar. Quiero manifestar que yo nunca he firmado un contrato de trabajo con la empresa Usatrans S.A. y además que esta nunca me ha nombrado dentro de su planta de personal a través de acto administrativo alguno, es por ello que el comunicado que usted como representante legal y la junta directiva me oficiaron no se enmarcan (sic) dentro de las normas legales que rigen el derecho de trabajo.

En este orden de ideas, su comunicado no tiene fundamento jurídico y por el contrario es violatoria (sic) de la ley” (fl. 22, cdno. 2).

— Comunicado dirigido por la señora Isabel Soriano de Guerrero al representante legal de la sociedad Usatrans S.A., dentro del cual se expresó lo siguiente:

“En respuesta a su misiva de agosto 10 del corriente año, me permito manifestarle que la relación laboral con el conductor a que se refiere no está dada entre la empresa Usatrans S.A., y el mencionado trabajador, sino entre este y quien ostenta la calidad de propietario del mencionado vehículo 170, es decir la suscrita, razón por la cual observo con extrañeza, por decir lo menos, que se adopte por parte suya y de la junta directiva de la empresa decisiones que no son de su competencia. Diferente sería el caso si la empresa contratara y pagara en forma directa el personal de conductores, lo cual no es así, como usted muy bien lo sabe.

Aceptarse lo dicho en su misiva sería tanto como reconocer que la empresa como persona jurídica es quien deba responder por la eventuales obligaciones laborales que se presenten entre el personal de conductores y Usatrans S.A., lo cual hasta la fecha no ha sido así, máxime que los contratos laborales, salarios y prestaciones sociales los pagamos directamente y bajo nuestra única responsabilidad los propietarios de los vehículos, sin que la empresa tenga nómina alguna de salarios para los conductores.

El motivo por usted aducido de mal comportamiento e irrespeto se debe fundamentalmente a su propia conducta en su relación con el mencionado conductor, sin que de mi parte exista reparo alguno en contra del señalado trabajador, siendo persona en la cual he confiado el vehículo por considerarlo persona responsable, por lo que él continuará ejerciendo la labor encomendada.

En este tipo de situaciones debe señalarse en concreto y no en forma abstracta en qué han consistido los irrespetos y el mal comportamiento a que se refiere, pues igualmente es bien sabido por usted que determinaciones como estas pueden dar origen a acciones judiciales de carácter laboral, con lo cual ello sí ocasionaría perjuicios a la empresa de la cual soy socia activa” (fl. 23, cdno. 2).

— Escrito calendado el 24 de agosto de 2000, por medio del cual la señora Isabel Soriano de Guerrero solicitó al representante legal de Usatrans S.A., rectificar la decisión adoptada por la junta directiva de dicha empresa en el sentido de prohibir al señor Rodríguez Ballesteros la permanencia como conductor de uno de los automotores afiliados a la compañía transportadora (fl. 24, cdno. 2).

— Respuesta emitida por la compañía Usatrans S.A., a la propietaria del automotor 170, en cuya virtud se señaló que la determinación adoptada por la junta directiva de la empresa consistió en “... la cancelación del contrato de trabajo por justa causa según lo establecido en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo por irrespeto al gerente y directivos de la sociedad”; en ese sentido, se le requirió a la señora Isabel Soriano de Guerrero designar otro conductor para su automotor (fl. 25, cdno. 2).

— Oficio suscrito por el gerente de la compañía Usatrans S.A., el día 14 de agosto de 2000, con destino al “Despachador” de la empresa, por medio del cual le solicitó “... no dar despacho al señor Omar Rodríguez Ballesteros conductor del vehículo de placas SVE 767 y número interno 170 perteneciente a la empresa Usatrans S.A.; Hago esta petición porque dicho señor se encuentra excluido de la empresa desde el pasado once (11) de agosto del año en curso” (fl. 26, cdno. 2).

— Contrato de vinculación suscrito entre la señora Isabel Soriano de Guerrero y la empresa Usatrans S.A., respecto del automotor marca Chevrolet, modelo 1994, de placas SVE 767; dentro del cual se destacan las siguientes cláusulas:

“Primera. El contratista entrega en vinculación y esta recibe el vehículo de propiedad y características descritas anteriormente, el cual declara ser de su propiedad... Tercera. El valor de la administración mensual del vehículo que el propietario deberá cancelar a la empresa será en forma y términos que determine la junta directiva de la empresa; en todo caso no inferior al 10% ni superior al que establezca la ley y/o el Ministerio de Transporte sobre el producido bruto mensual del vehículo ... Cuarta. El contratista se obliga a pagar al conductor el salario y las prestaciones sociales de ley y autoriza a la empresa para su descuento del producido bruto, siempre y cuando la empresa reciba el producido del vehículo. Si no, este deberá consignarlos quincenalmente a la empresa en los días 12 y 26 de cada mes; el no dar cumplimiento estricto a esta cláusula será motivo suficiente para que la empresa dé por terminado el presente contrato... Décima primera. El contratista designará al conductor de su vehículo de acuerdo con la empresa; este deberá cumplir con todos los reglamentos; para ser admitido como conductor deberá cumplir con los requisitos que le exija la empresa. Los conductores relevadores que utilice el contratista serán de su propia responsabilidad, quien asumirá la calidad de patrono mientras se nombra el conductor permanente (...)”.

— Acta 19 de agosto 10 de 2000, de la junta directiva de la empresa Usatrans S.A., en la cual consta la decisión de retirar al señor Rodríguez Ballesteros de la empresa, en los siguientes términos:

“Se hizo un análisis de los hechos sucedidos el gerente y la junta de acuerdo con sus funciones y con base al Código Sustantivo del Trabajo y [el] reglamento interno de trabajo, la junta directiva en pleno acordó excluirlo de la empresa teniendo en cuenta que el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 2º dice: ‘todo acto de violencia, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo, a los compañeros de trabajo son causas justas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo’.

Los motivos que a continuación mencionamos los consideramos suficientes para tomar esta determinación.

• El comportamiento del señor Omar Rodríguez Ballesteros con el señor gerente, con la junta directiva y con todos los asistentes, no fue el más adecuado.

• El señor Omar Rodríguez Ballesteros agredió en forma verbal, desafiante, humillante y grotesca al jefe inmediata (sic) de la sociedad.

• La administración no puede pasar desapercibido estos atropellos y faltas de respeto ya que van en contra de la cultura ciudadana y del reglamento interno del trabajo.

Por lo tanto se tomó la decisión por unanimidad a partir de la fecha queda completamente excluido de la empresa e inhabilitado para desempeñar cualquier cargo en la sociedad Usatrans S.A.” (fls. 54 y 55, cdno. 2).

— Resolución 580 de 23 de diciembre de 1996, a través de la cual el Ministerio de Transporte otorgó licencia de funcionamiento a la empresa de transporte Usatrans S.A. (fls. 58 a 62, cdno. 2).

— Reglamento interno de trabajo de la empresa Usatrans S.A., a cuyas disposiciones “... quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores (...)”; dentro de esta normativa se destacan los siguientes artículos:

“ART. 16.—Las horas de entrada y salida de los trabajadores con las que a continuación se expresan, así:

“(...).

“B. Los conductores:

“Su jornada se establecerá por el sistema de turnos de lunes a sábado y con el fin de poder prestar un servicio eficiente y permanente de transporte.

“Horario de almuerzo: 12:00 m. a 2:00 p.m.

“Horario de comida: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

“Periodos de descanso: los domingos.

“(...).

“ART. 53.—Son obligaciones especiales del trabajador:

“1. realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o su representante según el orden jerárquico establecido.

“(...).

“ART. 54.—Además de las obligaciones señaladas en el artículo anterior el personal de conductores tendrá los siguientes deberes a su cargo:

“Obligaciones especiales para el personal de conductores

“A. Salir del despacho correspondiente a la hora indicada por el despachador.

“B. Cumplir con la programación de los horarios de rodamiento del parque automotor establecida por la empresa.

“(...).

“F. Prestar el servicio con el vehículo asignado, con la obligación obligatoria de la empresa.

“(...).

“H. Reportarse al trabajo en excelente estado de aseo y presentación tanto en su persona como del vehículo que le haya asignado.

“I. Trabajar por la ruta asignada por la empresa cumpliendo el despacho respectivo.

“J. Presentar el libro de viaje o planillas respectivos, en las agencias o sucursales de la empresa.

“K. Utilizar el uniforme de la empresa.

“(...).

“ART. 57.—Se prohíbe a los trabajadores:

“(...).

“4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa.

“5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas de trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe en ellas o no.

“(...)” (fls. 63 a 81, cdno. 2).

— Decisión adoptada en primera instancia por la unidad judicial municipal de Silvania - Cundinamarca, el día 29 de enero de 2001, mediante la cual resolvió:

“Primero: Conceder la tutela de los derechos fundamentales del debido proceso, del trabajo y de la dignidad e integridad familiar, invocados por el señor Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros en contra de la Unidad Social Transportadora de Silvania S.A. ‘Usatrans S.A.’, representada por su gerente Jaime Daniel Gamba Muñoz.

“Segundo: Como consecuencia del numeral anterior, oficiar a la empresa transportadora ‘Usatrans S.A.’, gerenciada por Jaime Daniel Gamba Muñoz, para que dé cumplimiento a las disposiciones relacionadas en el acápite final de las consideraciones (...)”.

La anterior decisión se fundamentó en lo siguiente:

“(...) existe demostración plena en las diligencias que Isabel Soriano de Guerrero es directamente la empleadora del señor Omar Rodríguez Ballesteros, así lo afirma el primero y sea la empleadora (sic) corroborando en consecuencia lo mencionado por Omar Rodríguez en su demanda, por consiguiente y ante la prueba documental y testimonial allegada a la presente acción de tutela el despacho colige que la empresa Usatrans S.A., es empleadora de Rodríguez en forma indirecta porque cualquier situación con respecto al empleado tanto la empleadora directa como la indirecta tenían que debatirlo al unísono o sea de común acuerdo y las medidas o sanciones a imponer es de acuerdo con el reglamento interno de trabajo que rige a la empresa. Y al contrato firmado entre Isabel Soriano y Usatrans S.A.

“La facultad que le asiste a la empresa en forma directa es la que se cumplan los reglamentos internos y observa el despacho que el despido de empleados o dar por terminado un contrato no se encuentran contemplados en el mencionado reglamento, por ende el despido efectuado por el gerente Gamba Muñoz en cabeza de Omar Rodríguez Ballesteros es a todas luces arbitrario e injusto (...).

“Los anteriores hechos constituyen a la luz meridiana actos de irrespeto para con el gerente de la empresa, por parte de Rodríguez, pero ello conlleva a una sanción disciplinaria por parte de la junta directiva o más concretamente por el señor gerente mediante un proceso disciplinario y jamás por medio de un acta cancelando el contrato de trabajo, primero y como ya se analizó es Isabel Soriano la empleadora directa y la llamada a destituir con la anuencia de la empresa a Rodríguez y segundo los motivos aunque son graves, el procedimiento empleado por Gamba Muñoz no era el jurídico ni legal por no decirlo errado e improcedente, ya que tenía este que acudir a dar aplicación al reglamento interno más concretamente al capítulo 14, artículo 61, pero vemos que invocó como fundamento de su actuación el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y en sus consideraciones en el acta que levantó para tomar la decisión de despido manifiesta: ‘la administración no puede pasar desapercibido estos atropellos y falta de respeto ya que van en contra de la cultura ciudadana y del reglamento de trabajo’, es decir existe incoherencia entre las consideraciones plasmadas en el acta y la norma aplicada.

“El acta por sí sola no constituye un proceso disciplinario porque este último tiene su procedimiento taxativamente señalado en el capítulo 14, artículo 61 del reglamento interno, además da la oportunidad a la persona afectada de defenderse, y debe contar con los recursos de ley y así debe aplicarse.

“De lo anterior se colige que se violó el derecho fundamental constitucional del debido proceso por parte del accionado ... resultando afectado Omar Rodríguez, conllevando como es lógico la violación al derecho fundamental constitucional al trabajo, artículo 25 C.N. y por ende el derecho a la dignidad e integridad familiar toda vez que al ser separado de su trabajo en la forma como procedió Gamba Muñoz en contra de Rodríguez Ballesteros, dejó sin sustento a los miembros de su hogar, ya que tanto su esposa, hijo y padres dependían de la ayuda económica que sufragaba el accionante con el usufructo del salario que devengaba como conductor de la empleadora Isabel Soriano de Guerrero, en consecuencia al despacho no le queda otra alternativa que ante las pruebas allegadas a la presente acción de tutela las cuales apuntan a señalar a Gamba Muñoz de haber procedido en forma arbitraria sin dar lugar a que el accionado se defendiese dentro de un proceso disciplinario dentro de un marco jurídico, de ordenar que el gerente de Usatrans S.A. reintegre a sus labores que venía desempeñado en forma habitual al señor Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros como conductor de la empleadora Isabel Soriano de Guerrero. Igualmente a cancelar por parte de la empresa Usatrans S.A. los salarios dejados de percibir desde el mes de agosto del 2000 a la fecha de que se produzca el reintegro. No se ordena el pago de indemnización por cuanto no fueron demostrados fehacientemente en la presente acción de tutela (...)” (fls. 91 a 97, cdno. 2).

— Sentencia proferida, en segunda instancia y por virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, el día 23 de febrero de 2001 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, por medio de la cual se revocó en su integridad el fallo de 29 de enero de 2001 y, en consecuencia, se denegó el amparo solicitado por el señor Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros, de acuerdo con lo siguiente:

“(...) el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 42, señala expresamente los eventos en los cuales la acción de tutela puede instaurarse contra un particular, y concretamente establece en el numeral 4º que esta procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:

‘4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal entidad...’.

De las normas transcritas, se infiere la procedencia de la tutela contra particulares, siempre y cuando se den los siguientes requisitos:

1. El sujeto pasivo de la acción o aquel contra quien se demanda la protección es una organización privada o quien la controla efectivamente es el beneficiario real de la situación que motivó la acción.

2. Entre los sujetos activo y pasivo de la acción, es decir, entre accionante y accionado debe existir o mediar una relación de subordinación e indefensión, y

3. Que la solicitud se dirija a tutelar uno cualquiera de los derechos fundamentales de quien se encuentre en esa situación de subordinación o indefensión.

“(...).

Determinados los conceptos y el sentido de las expresiones ‘subordinación’ e ‘indefensión’, estima el juzgado que en el presente asunto el accionante señor Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros no se halla respecto de la Unidad Social Transportadora de Silvania S.A., en ninguna de esas circunstancias.

“Como ya se dijo, la subordinación es ‘la expresión del vínculo jurídico de dependencia de una persona con respecto a otra’, lo cual no se presenta en este caso, no solo por cuanto no existe dicho vínculo de dependencia, sino porque además no se da la relación jurídica que implique la obligación para el actor de acatar órdenes provenientes de la mencionada empresa. El único tipo de relación que acá se presenta es aquel de carácter contractual, entre el accionante y la señora Isabel Soriano de Guerrero, esta sí como socia de la empresa demandada en su condición de propietaria de un vehículo afiliado a tal empresa y el cual conduce el accionante, pero sin que deba tenerse tal relación como elemento de subordinación entre el precitado accionante y la empresa demandada.

En cuanto hace a la indefensión, ella ‘es una situación fáctica y jurídica que coloca a la persona que la sufre en desventaja ostensible hasta el grado de quedar materialmente inerme para evitar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales’. En este sentido, la situación de desventaja no se presenta en este caso por cuanto el accionante tiene a su disposición los medios legales para la defensa de sus derechos presuntamente violados, como sería el caso de acudir a la jurisdicción civil mediante el proceso abreviado para impugnar el acto o decisión de la empresa demandada, por posible contravención de la ley o sus estatutos, tal como se encuentra reglado por el numeral 6º del artículo 408 del Código de Procedimiento Civil.

Examinado el expediente de tutela y las pruebas en ella recaudadas, encuentra el juzgado que tal acción era y es improcedente, ya que no se verificaban los supuestos constitucionales indicados en el artículo 86 de la Carta, esto es que no ha debido utilizarse contra la empresa referida, ni el juzgado de primera instancia haber accedido a la misma, pues no había ninguna clase de prueba que ubicara al accionante en condiciones de subordinación (de contenido eminentemente jurídico) o de indefensión (de contenido fáctico).

En el presente caso es claro que no procedía la acción de tutela contra la Unidad Social Transportadora de Silvania S.A., pues el petente señor Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros no se encontraba respecto de ella en ninguna de las hipótesis previstas en la Constitución ni en la ley” (fls. 110 a 122, cdno. 2).

2. Responsabilidad patrimonial del Estado por el error jurisdiccional.

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha considerado que se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional, cuando se atribuyen falencias en las cuales se incurre en providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo. En cuanto tiene que ver con los presupuestos correspondientes, la Sala ha señalado, como requisitos que deben concurrir para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los siguientes: a) que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes y b) que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria(1).

3. Análisis del caso concreto.

La parte actora atribuyó error judicial a la sentencia de tutela que profirió el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Fusagasugá, el día 23 de febrero de 2001, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia que amparó los derechos fundamentales del actor al debido proceso, al trabajo y a la dignidad e integridad familiar, con lo cual se denegó dicho amparo.

De conformidad con el material probatorio que obra en el proceso, se puede establecer que:

— El demandante en este proceso conducía un automotor que se encontraba afiliado a la empresa transportadora Usatrans S.A.;

— Debido a problemas que se presentaron entre el conductor del automotor y el gerente de la aludida compañía, la junta directiva de esta última decidió retirarlo de su empleo e inhabilitarlo para continuar ejerciendo la actividad de conductor de automotores de servicio público en esa compañía;

— El afectado con la decisión que adoptó la empresa Usatrans S.A. —hoy demandante— instauró una acción de tutela con el propósito de que se le protegieran los derechos fundamentales antes descritos, la cual le resultó favorable en primera instancia, pero posteriormente fue revocada mediante el fallo de tutela ahora cuestionado.

Pues bien, el artículo 86 constitucional prevé:

“ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión” (se deja resaltado en negrillas).

A su turno, el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, en punto al objeto de la acción de tutela, dispone:

“ART. 1º—Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las casos que señale este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela” (resaltados fuera del texto original).

En línea con lo anterior, el artículo 5º del aludido Decreto 2591 de 1991, consagra:

“ART. 5º—Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito” (resaltados fuera del texto original).

Y, en ese sentido, el capítulo III del Decreto 2591 de 1991, el cual regula de manera concreta la acción de tutela contra particulares, contiene las siguientes disposiciones:

“ART. 42.—Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:

1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación.

2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud.

3. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos.

4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.

5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución.

6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.

7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.

8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas.

9. Cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.

“ART. 43.—Trámite. La acción de tutela frente a particulares se tramitará de conformidad con lo establecido en este decreto, salvo en los artículos 9º, 23 y los demás que no fueren pertinentes”.

“ART. 44.—Protección alternativa. La providencia que inadmita o rechace la tutela deberá indicar el procedimiento idóneo para proteger el derecho amenazado o violado”.

“ART. 45.—Conductas legítimas. No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular”.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra particulares, la jurisprudencia constitucional ha sostenido(2):

“La institución de la acción de tutela, tal como quedó plasmada en nuestro ordenamiento constitucional, implica un notable avance en relación con similares instituciones en otros ordenamientos. En efecto, el constituyente de 1991 contempló la posibilidad de que la tutela procediera también contra particulares, lo cual no está previsto, como se ha dicho, en otras legislaciones. Posiblemente se debe ello a que, en principio, se ha considerado, erróneamente, que es el Estado, a través de las autoridades públicas, quien viola, por acción u omisión, los derechos fundamentales de las personas, cuando la realidad demuestra que estos también son vulnerados, en forma quizás más reiterativa y a menudo más grave, por los mismos particulares. Fue esta la eventualidad que quiso prever el constituyente colombiano, al plasmar en el inciso final del artículo 86, la procedencia de la acción de tutela contra particulares que estén colocados en una de tres situaciones: a) que estén encargados de la prestación de un servicio público; b) que su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; o c) que respecto de ellos, el solicitante se halle en estado de subordinación o de indefensión” (se resalta).

En el caso sub examine, el juez de tutela de segunda instancia, para efectos de adoptar su decisión, se fundamentó en el transcrito numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor:

“4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización” (se resalta).

Antes de analizar la anterior disposición y su incidencia, o no, dentro de la resolución del presente asunto, la Sala estima necesario efectuar una precisión en punto a la causal de procedencia de la acción de tutela contra particulares que consagra el numeral 3º del artículo 42 ejusdem, pues en dicho precepto reposa —así la parte actora no lo hubiere expresado— la consideración esgrimida dentro del recurso de apelación según la cual a la empresa Usatrans S.A., no se le puede tener como una persona de derecho privado y, por lo tanto, exigirle los presupuestos que se advirtieron en el fallo de tutela cuestionado habida cuenta de la prestación de un servicio público (de transporte de personas) por parte de la mencionada sociedad.

El aludido artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en su numeral 3º, dispone: “3. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos”.

Empero, la disposición inicial preveía: “3. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios”.

Ocurre que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-378 de 19 de mayo de 2010, declaró inconstitucional la expresión —tachada— “domiciliarios” contenida en la disposición en mención, con base, en síntesis, en lo siguiente:

“5.2. En cuanto al contenido material de la norma, la Sala considera que la expresión demandada (domiciliarios) introduce una restricción que, en últimas, excluye la procedibilidad de la tutela contra particulares encargados de la prestación de servicios públicos no domiciliarios. Lo anterior, teniendo en cuenta que frente a la tutela contra particulares opera una suerte de taxatividad, en la medida en que las hipótesis de su procedencia deben ser reguladas por el legislador, por supuesto dentro de los límites que la Constitución impone.

Sin embargo, como ha sido explicado, esta suerte de limitación implícita a la procedencia de la tutela contra particulares que brindan servicios públicos no domiciliarios resulta contraria a los artículos 4º y 86 de la Carta Política, pues se trata de una regla de exclusión que desdibuja la supremacía de la Constitución, su carácter expansivo, y resulta incompatible con la naturaleza misma de la acción de tutela como medida de protección contra la violación de los derechos fundamentales.

5.3. En este orden de ideas, siguiendo los lineamientos del artículo 86 de la Carta Política y de acuerdo con los parámetros fijados en la jurisprudencia constitucional, particularmente de la Sentencia C-134 de 1994, la Corte debe declarar inexequible la expresión “domiciliarios” del numeral 3º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, a fin de asegurar, de una vez por todas, que la acción de tutela proceda siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental”.

De acuerdo con el anterior pronunciamiento, se tiene entonces que el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, en materia de prohibición de la huelga en los servicios públicos, contiene una enunciación dentro de la cual se cataloga como tal, el servicio que prestan las empresas transportadoras terrestres, así:

“ART. 430.—Prohibición de huelga en los servicios públicos. De conformidad con la Constitución Nacional, está prohibida la huelga en los servicios públicos.

Para este efecto se considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas.

Constituyen, por tanto, servicio público, entre otras, las siguientes actividades:

a) Las que se prestan en cualquiera de las ramas del poder público;

b) Las de empresas de transporte por tierra, agua y aire; y de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones;

“(...)”.

Bajo esa misma orientación, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido:

“De conformidad con el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, servicio público es “toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas”, y dentro de las actividades señaladas de manera enunciativa por la referida norma se encuentran el transporte por tierra, agua y aire.

En el presente caso, se tiene que las empresas Deprisa-Avianca e Inter Rapidísimo prestan el servicio público de transporte de mensajería, motivo por el cual en criterio de la Sala de acuerdo a las consideraciones hechas en esta providencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares, son sujetos contra los cuales puede interponerse este medio de defensa judicial(3) (se resalta).

Así las cosas, podría considerarse que el análisis respecto de la procedencia de la acción de tutela que ejerció el señor Rodríguez Ballesteros tendría que haberse efectuado por parte del juez de tutela de segunda instancia a la luz de la causal prevista en el numeral 3º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y no del numeral 4º ídem; sin embargo, se advierte que para el momento en el cual dicha acción fue resuelta —mediante el fallo ahora cuestionado— el aludido numeral 3º vigente para ese entonces no había sido objeto del pronunciamiento de la Corte Constitucional y, por lo tanto, preveía en forma expresa que la actividad que debía ejercer la persona contra quien se dirigía la acción de tutela fuese la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo cual excluía la labor a la cual se dedicaba la empresa Usatrans S.A.

Comoquiera que los fallos de constitucionalidad proferidos por la Corte Constitucional, por regla general, tienen efectos hacia el futuro(4), se impone concluir que el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, aplicado al caso del señor Rodríguez Ballesteros por el juez de tutela de segunda instancia, sí gobernaba ese asunto y, por lo tanto, el mismo debía analizarse bajo el supuesto de procedibilidad de la acción de tutela allí previsto.

Ahora bien, la Sala estima desacertado el argumento del demandante en el sentido de que a la empresa Usatrans S.A., no se le podía acoger como particular porque dicha compañía ejercía un servicio público, toda vez las personas de derecho privado se encuentran habilitadas para asumir la prestación de tales servicios, sin que ello modifique su naturaleza(5); es más, precisamente al ocuparse de estudiar la constitucionalidad del mencionado numeral 3º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional señaló:

“4. La acción de tutela y su procedencia frente a particulares encargados de la prestación de cualquier servicio público

“(...).

“4.2. Sobre este tópico lo primero a precisar es que el artículo 365 de la Constitución consagra los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado, al tiempo que le atribuye el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. La norma también señala que su prestación podrá hacerse “por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”, pero en todo caso le asigna la función de regulación, control y vigilancia.

“(...).

En suma, la noción de servicios públicos, tema verdaderamente complejo en el derecho público, no corresponde solo a una definición de orden formal o desde una perspectiva organicista, sino que en ella subyacen también aspectos materiales relacionados con el cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general de los asociados, ya sea de manera directa por las autoridades estatales o bien con el concurso de la empresa privada.

“(...)”.

Una vez verificado el supuesto de hecho aplicable a la acción de tutela que ejerció el señor Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros en contra de la sociedad Usatrans S.A., procede la Subsección a determinar la manera en la cual se resolvió en segunda instancia la referida acción.

Pues bien, del contenido del fallo de tutela controvertido por constituir supuestamente un error judicial, se puede establecer que la razón por la cual se revocó el amparo concedido en primera instancia consistió en el hecho de que el accionante no se encontraba en estado de subordinación, ni de indefensión respecto de la empresa accionada y, por lo tanto, no se cumplían los supuestos de procedencia que prevé el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor:

“4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización” (se resalta).

Para la Sala resulta claro, contrario a lo expuesto por el juez de tutela de segunda instancia e incluso por la parte actora por vía del recurso de apelación(6), que el actor sí se encontraba en una situación de subordinación respecto de la compañía Usatrans S.A., pues basta con leer algunas de las disposiciones contenidas en el reglamento interno de trabajo de dicha empresa —al cual se sujetaban todos los conductores de la compañía— para determinar, sin ambages, el evidente marco de dependencia de los conductores frente a la compañía transportadora, puesto que se encontraban sujetos, entre otras cuestiones, a las siguientes: a) al cumplimiento de horarios previamente fijados; b) a la ejecución de la labor en forma personal; c) al acatamiento de las órdenes impartidas por los funcionarios de alto rango de la compañía; d) a los horarios para salida y la llegada con ocasión del rodamiento del automotor; e) a la imposibilidad de modificar las rutas asignadas; f) incluso hasta la utilización del uniforme de la compañía de manera permanente.

Aunque los anteriores aspectos, a juicio de la Sala, constituyen puntos que ubicaban al señor Rodríguez Ballesteros en situación de subordinación respecto de la empresa Usatrans S.A., lo cierto es que esa situación, desestimada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Fusagasugá, no está llamada a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, a título de error jurisdiccional, porque, en primer lugar, el daño deprecado no se encuentra realmente configurado y, en segundo término, porque aun en el evento de que en gracia de discusión se predicara la existencia de un daño en el demandante, este no sería atribuible a la administración de justicia, como pasa a explicarse a continuación.

En el presente caso, el demandante ha hecho consistir el daño supuestamente por él padecido en el hecho de que a través de la decisión de tutela de segunda instancia se dejó “... en completo desamparo y desprotección al accionante Omar Ovidio Rodríguez Ballesteros, junto con los demás miembros de su familia...” (fl. 9, cdno. 1).

La Sala desestima el anterior señalamiento y, por lo tanto, la existencia del daño en sí mismo, toda vez que el demandante no solo contaba con la oportunidad de acudir ante la jurisdicción ordinaria para efectos de lograr su propósito, esto es el reintegro a la actividad económica por él ejercida con la consiguiente indemnización y/o el pago de emolumentos dejados de percibir, sino que además se encontraba en la obligación de hacerlo, dado que si bien es cierto que la acción de tutela procede contra particulares, no lo es menos que conserva por regla general su naturaleza subsidiaria y, por tal razón, no podía, ni debía considerarse como un mecanismo de reemplazo de la acción procesal ordinaria procedente.

Ciertamente, en el caso del señor Rodríguez Ballesteros operó su despido por parte de la compañía transportadora, el cual se produjo con fundamento tanto en el Código Sustantivo del Trabajo, como en el reglamento interno de la sociedad, motivo por el cual el actor se encontraba facultado, de conformidad con el ordenamiento jurídico(7), para acudir ante el juez natural y promover el proceso ordinario laboral respectivo con el fin de obtener el reintegro en su trabajo —lo mismo que pretendió por vía de la acción de tutela(8)— y el correspondiente pago de aquellas acreencias económicas que por virtud de dicho despido se hubieren generado y no pretender, como en efecto lo hizo, sustituir al juez de la causa a través del ejercicio de una acción de tutela, para luego demandar al Estado, por su supuesta responsabilidad patrimonial, en razón de no haberle sido amparados los derechos fundamentales por él invocados.

Al respecto, en relación con un caso similar al que ahora se analiza, la Sala precisó:

“(...) el señor Ochoa Estrada tuvo la posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil para que, al cabo de un proceso ordinario de responsabilidad extrancontractual, se ordenara el pago de los perjuicios derivados de la conducta del señor Meyers Cook. Es decir, el solo hecho de la prescripción de la acción penal por fraude a resolución judicial respecto del señor Meyers Cook no le da carácter de cierto al daño, puesto que en casos como el presente, se requiere que el particular haya perdido cualquier oportunidad de obtener el resarcimiento solicitado como parte civil en el proceso penal por la conducta activa u omisiva de la entidad pública demandada, lo cual no ocurrió en el sub lite(9) (se resalta).

Así mismo, como se indicó, frente al señor Rodríguez Ballesteros la acción de tutela se constituía como un medio accesorio, en modo alguno principal y/o excluyente de la acción ordinaria respectiva, no obstante su procedencia contra particulares, según las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional:

“3.1.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares.

Teniendo en cuenta que en este caso la acción de tutela se presenta contra un particular, la Sala debe verificar si se cumplen, desde esa perspectiva, los requisitos necesarios para su procedencia.

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial de los derechos fundamentales, que procede, por regla general, en eventos en que estos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, cuando no exista otro mecanismo judicial para su protección, o como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o cuando existiendo el mecanismo, no es eficaz para el efecto, frente a la exigencia de adoptar medidas urgentes.

Así mismo, los preceptos disponen que, excepcionalmente, la acción de tutela procede en los casos en los que quien vulnera o amenaza los derechos fundamentales es un particular, siempre que se cumplan unas circunstancias y condiciones específicas(10).

“(...).

3.1.2. Reiteración de jurisprudencia. Si es procedente la acción de amparo en el caso concreto ante la existencia de otro medio de defensa judicial.

El artículo 86 de la Constitución Política prescribe que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Por su parte, la Corte Constitucional para determinar la procedencia de la acción de tutela ha referido dos aspectos. El primero, si la tutela se presenta como mecanismo principal, es preciso examinar que no exista otro medio de defensa judicial. Si no existe otro medio, o aun si existe pero no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de amparo de derechos fundamentales(11). El segundo, cuando la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio, sin ser relevante la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, pues se presenta necesaria para evitar un perjuicio irremediable(12)(13) (se resalta).

En el presente caso, la parte demandante instauró la acción de tutela de manera principal, ni siquiera como mecanismo transitorio; es más, el supuesto estado de indefensión en el cual señaló encontrarse lo edificó luego de que el juez de tutela de segunda instancia hubiera determinado que la acción que habría de resultar procedente a través de un proceso abreviado estaría caducada, para, a partir de allí, alegar esa situación dentro del proceso contencioso administrativo, cuestión que evidencia la intención clara del actor de acudir a la acción de tutela de manera directa y no como una vía transitoria, en cuyo caso, con mayor razón, debía ejercer la acción ordinaria procedente.

A lo anterior se agrega que el hecho de que la acción procedente para controvertir el despido del actor por parte de la sociedad Usatrans S.A., estuviere caducada, de manera alguna lo habilitaba para promover la acción de tutela, pues esa circunstancia desfavorable provendría de su propia pasividad e inactividad frente al ejercicio del derecho de acción.

Finalmente, aun en el evento hipotético de que se aceptara la existencia o certeza del daño por el solo hecho de que al denegarse el amparo solicitado el actor hubiera perdido su trabajo porque se mantuvo incólume la decisión que lo despidió del mismo, para la Sala no existe duda alguna en cuanto a la ausencia de atribución de ese supuesto daño a la administración de justicia.

En efecto, aunque la parte demandante ha endilgado su situación desfavorable en materia laboral al Estado con ocasión de la sentencia de tutela de segunda instancia, lo cierto es que el hecho de que el operador judicial hubiere sustentado su decisión en un análisis supuestamente incorrecto frente a su caso, ello no podría erigirse en la causa directa y determinante del daño; en otras palabras, la decisión del juez de tutela no fue la razón por la cual el demandante perdió su trabajo y no pudo recuperarlo, pues, insiste la Sala con base en las consideraciones expuestas anteriormente, que el afectado debía acudir a la vía procesal pertinente para reclamar sus derechos laborales y no acudir a la acción de tutela en forma principal, sin el cumplimiento de los presupuestos para que dicha acción procediere al menos de manera transitoria, para luego atribuir su situación desfavorable al Estado, con base en un error jurisdiccional porque el amparo deprecado no le fue concedido.

En consecuencia, la Sala confirmará en fallo apelado, pero con fundamento en lo expuesto en precedencia.

• Condena en costas

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Sala de Descongestión, el día 7 de enero de 2004.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Pueden consultarse, entre muchas otras providencias, la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2001, M.P. Ricardo Hoyos Duque; Expediente 13164, reiterada en sentencias de 14 de agosto de 2008, Expediente 16.594 y de 15 de abril de 2010, Expediente 17.507.

(2) Sentencia C-134 de 17 de marzo de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(3) Sentencia proferida el 14 de agosto de 2009 dentro del proceso identificado con el número de radicación 88001-23-31-000-2009-00029-01(AC), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(4) Así lo ha considerado de manera reiterada la propia Corte Constitucional, en los siguientes términos: “(...) esa decisión de constitucionalidad solo tiene efectos hacia futuro, a partir de la fecha de su pronunciamiento, precisión que se deriva de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, conforme al cual “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”, como también de lo planteado a este respecto por esta misma corporación en las sentencias C-113 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía y C-037 de 2006, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa” - Sentencia T-911 de diciembre 9 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(5) Según lo corrobora su certificado de existencia y representación legal.

(6) En contraposición a lo expuesto inicialmente en la demanda, pues allí sí se adujo que existía subordinación por parte del actor respecto de la sociedad Usatrans S.A.

(7) Al respecto, el Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social, prevé:

“ART. 2º—Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”.

(8) La pretensión de la demanda de tutela fue la siguiente:

“Solicito su señoría se sirva ordenar a la accionada por intermedio de su representante legal, mi reubicación a mi empleo de conductor de la señora Isabel Soriano de Guerrero, propietaria del vehículo 170 vinculado con dicha empresa, la cancelación en su totalidad de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que me han sido quebrantados mis derechos y la respectiva indemnización de ley, por los perjuicios que me fueron causados, en la proporción que su despacho a bien tenga me sean liquidados. Se decrete la protección inmediata de mis derechos fundamentales y se conmine a la accionada por los abusos cometidos en cabeza de su gerente” (fl. 3, cdno. 2).

(9) Sentencia de 30 de enero de 2013, Expediente 23.769, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) Sin que ello implique que el juez constitucional desplace al juez ordinario, ni que invada su competencia para decidir el conflicto que se plantea. Al respecto, ver entre otras las sentencias T-932 de septiembre 19 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-791 del 3 de noviembre de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(11) En la Sentencia T-702 de 2008, se dijo al respecto: en relación con la existencia del otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda de tutela, pues si el accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio (resaltado añadido).

(12) Ídem: Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

(13) Sentencia T-655 de septiembre 5 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.