Sentencia 2002-00708 de agosto 4 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-24-000-2002-00708-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez

Demandado: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte

Referencia: Apelación sentencia

Bogotá, D.C., cuatro de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: « V. Consideraciones

Corresponde a la Sala determinar si de conformidad con los argumentos expuestos por la Constructora Palo Alto y CÍA S. En .C, hay lugar a revocar el fallo de 28 de julio de 2005, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera Subsección “A”) declaró la nulidad de la nota devolutiva de 11 de enero de 2002 y de la Resolución 00122 de 2002 (abr. 2), mediante las cuales la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte resolvió no registrar la escritura pública 1024 de 2001 (dic. 28), contentiva de la dación en pago celebrada entre el demandante y Ana Tulia Peñarete Murcia.

Dentro del expediente a folio 105 obra copia de la nota devolutiva del documento radicado con el número 2002-864 y correspondiente a la escritura pública 1024 de 2001, la cual se devuelve sin registrar por las siguientes razones:

“— Quien transfiere no es titular del derecho de dominio (D.L. 1250/70, art. 52; C.C., art. 669).

— Según Resolución 81098 del 12-10-2000 Ministerio de Minas y Energía, modificado por Resolución 80027 DEL 12-01-2001 proceso de expropiación por vía administrativa”.

Ahora bien, en la Resolución 0122 de 2002 (abr. 2), mediante la cual el Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte resuelve el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra la nota devolutiva, se consideró lo siguiente:

“(...).

En el concreto caso que ocupa la atención, es cierto que los actos administrativos relacionados con el decreto de expropiación por parte del Ministerio de Minas y Energía no hacen adjudicación expresa, pero se tratan ellos de una afectación clara del dominio que limita su ejercicio, sobre todo en materia de disposición. Nadie puede negar que un decreto de expropiación sustrae la cosa del libre ejercicio que, para disponer, tiene su dueño.

El decreto de expropiación es ni más ni menos, una afectación que, por ser consecuencia inmediata de la función social de la propiedad privada, concreta el aspecto negativo o limitante de la misma en el sentido de hacer intolerable su libre ejercicio ante motivos de utilidad pública que inspiraron la declaración y el nuevo entorno jurídico que la ubicaba en una situación distinta en relación con el ámbito de su disposición.

Por lo demás no constituye presupuesto sine qua non que deba decretarse en la parte resolutiva de la providencia administrativa que ordena una expropiación, el que la medida deba inscribirse en el registro de instrumentos públicos, porque la rogación para cumplir con este requisito de publicidad puede realizarse por otros medios.

(...)”.

Así las cosas, a juicio del Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, las resoluciones 81098 de 2000 y 80027 de 2001, mediante las cuales el Ministerio de Minas y Energía resolvió decretar por motivos de utilidad pública e interés social la expropiación del predio rural identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-20334163 y propiedad de, entre otros, la señora Alba Tulia Peñarete Murcia, constituyen un acto que pone el inmueble fuera del comercio y afecta el derecho de dominio y la libre disposición del bien.

Precisamente por ello, en la nota devolutiva de 11 de enero de 2002 se indica que el registro de la escritura pública de dación en pago no es procedente, pues quien transfiere el dominio, es decir la señora Alba Tulia Peñarete Murcia, no es titular de tal derecho y de conformidad con en el artículo 52 del Decreto 1250 de 1970 “para que pueda ser inscrito en el registro cualquier título objeto se deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho respectivo, mediante la cita del título antecedente, con los datos de su registro”.

Observa la Sala que la decisión de la oficina de registro de instrumentos públicos se fundamentó en las anotaciones 40 y 41 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20334361, cuyo texto es el siguiente:

“Anotación 40. Fecha: 25-04-2001. Radicación: 2001-21397

Doc: Resolución administr. 81098 del: 12-10-2000 Ministerio de Minas y Energía de Bogotá D.C.

Especificación: 0450 iniciación procedimiento de expropiación por vía administrativa por motivo de utilidad pública e interés social. Resolución 1695 del 31-05-2001 (medida cautelar).

Personas que intervienen en el acto (La X indica persona que figura como titular de derechos reales de dominio)

A: Constructora Palo Alto y CÍA S. EN C. X

Anotación Nº 41 Fecha: 30-04-2001. Radicación: 2001-21986

Doc: Resolución administr 80027 del: 12-01-2001 Ministerio de Minas y Energía de Bogotá D.C.

Especificación: 915 otros modificación a los artículos primero y segundo de la Resolución 81098 del 12-10-2000 del Ministerio de Minas y Energía.

Personas que invervienen en el acto (La X indica persona que figura como titular de derecho reales de dominio).

A: Almeciga Martínez Carlos Eduardo

A: Almeciga Martínez Luis Vicente

A: Pe/Arete Murcia Alba Tulia

A: Constructora Palo Alto y CÍA S. EN C. X (...)”.

Igualmente, en el certificado de libertad y tradición del inmueble con folio de matrícula 50N- 20334163, consta que la señora Alba Tulia Peñarete Murcia figuraba como propietaria hasta el momento en que fueron registradas las resoluciones 81098 de 2000 y 80027 de 2001; así por ejemplo, en la anotación 12 se registra un acto de loteo en el que se la identifica como titular del derecho real de dominio sobre el bien e, igualmente, realizó e inscribió distintas daciones en pago parciales, las cuales no habrían podido registrarse si esta no fuese titular del derecho real de dominio.

De lo anterior se desprende que, en efecto, fueron las resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía las que ocasionaron que, a juicio de la oficina de registro de instrumentos públicos, la señora Alba Tulia Peñarete Murcia perdiera el derecho de dominio sobre el bien inmueble identificado con el folio de matrícula 50N-20334163 y que, por ende, no pudiese trasladarlo al demandante.

El Decreto 2655 de 1988 —Código de Minas—, cuyo artículo 7º declaró de utilidad pública la industria minera “(...) en sus ramas de prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, fundición, aprovechamiento, procesamiento, transformación y comercialización” establece que quien esté interesado en la expropiación de un bien a favor de una o varias actividades mineras, deberá presentar solicitud ante el Ministerio de Minas y Energía que, una vez inspeccionado el bien y rendido el dictamen necesario, resolverá si hay lugar a la expropiación, en cuyo caso otorgará al interesado personería para iniciar el proceso de expropiación.

Dicha norma, que sirvió de fundamento a la expedición de la Resolución 81098 de 2000 según consta en su parte motiva, debe estudiarse en armonía con lo dispuesto en los artículos 451 a 459 Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen, entre otras cuestiones, que a la demanda de expropiación debe acompañarse copia de la resolución que decreta la expropiación (art. 451-1), que la sentencia que declara la expropiación debe ordenar la cancelación de gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre los bienes (art. 454) y que una vez ejecutoriada la sentencia, esta se inscribirá en el Registro de Instrumentos Públicos junto con el acta de entrega del bien, a efectos de que sirvan de título de dominio a quien demandó la expropiación.

Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca atinó al concluir que las resoluciones 81098 de 2000 (oct. 12) y 80027 de 2001 (ene. 12) no extinguían el derecho real de dominio que la señora Alba Tulia Peñarete Murcia ostentaba sobre el inmueble identificado con folio de matrícula 50N-20334163, pues como quedó visto este sólo se extingue con la sentencia estimatoria ejecutoriada y proferida dentro del proceso de expropiación, siendo esa providencia y el acta de entrega del bien los documentos que constituyen título de dominio a favor del demandante y que, en consecuencia, ocasionan la cancelación del derecho que ostentaba el anterior propietario.

Bajo tal perspectiva, no existía fundamento legal para que en la nota devolutiva de 11 de enero de 2002, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá (Zona Norte) adujera que la dación en pago contenida en la escritura pública 1024 de 2001 no era registrable porque quien transfería el dominio no era titular del derecho, habida cuenta de que el derecho de dominio de la señora Peñarete Murcia sobre el inmueble con folio de matrícula 50N-20334163 no se extinguió con la inscripción de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, como lo reconoció la misma oficina de registro al indicar en la Resolución 0122 de 2002 que esos actos administrativos no comportaban la adjudicación del inmueble a la Constructora Palo Alto y CÍA S. EN C.

Ahora bien, a juicio de la apelante, la finalidad de la inscripción de los actos administrativos a través de los cuales se decreta la expropiación de un bien inmueble por motivos de utilidad pública, es evitar la inscripción de títulos traslaticios de dominio que recaigan sobre el bien objeto de la medida, con miras a no entorpecer el proceso de expropiación judicial. Tal argumento es compartido por la Superintendencia de Notariado y Registro que aduce que el decreto de expropiación constituye una medida cautelar que pone el bien fuera del comercio.

Pese a ello, lo cierto es que no existe norma que sustente el argumento de la apelante y de la Superintendencia en cuanto a que el decreto de expropiación por parte del Ministerio de Minas y Energía, comporta una medida cautelar que pone fuera del comercio al inmueble identificado con folio de matrícula 50N-20334163, impidiendo la inscripción en el registro de la dación en pago celebrada entre la señora Peñarete Murcia y el demandante.

En efecto, el Código de Minas vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es el Decreto 2655 de 1988, nada dispone al respecto, mientras que el Código de Procedimiento Civil en su libro cuarto, sólo establece como medidas cautelares el embargo, el secuestro y la inscripción de la demanda siendo las dos primeras aquellas que ponen el bien fuera del comercio (C.C., art. 1521), pues el efecto derivado de la inscripción de la demanda en el registro, es que quien los adquiera con posterioridad estará sujeto a los efectos de la sentencia (art. 690).

Así, pese a que puede aceptarse que los actos administrativos que decretan la expropiación y facultan a un tercero para iniciar el proceso judicial de expropiación comportan la adopción de una medida cautelar, no por ello se presume que tal medida pone fuera del comercio los bienes sobre los cuales recae y afecta su libre disposición, pues como quedó visto, existen medidas cautelares cuya única finalidad es la de poner en conocimiento de terceros la situación jurídica del bien, con el propósito de que las decisiones judiciales o administrativas que posteriormente se adopten respecto de este, les sean extendibles.

De este modo, aunque es cierto que las resoluciones 81098 de 2000 (oct. 12) y 80027 de 2001 (ene. 12) debían registrarse por tratarse de actos que contenían declaraciones respecto de un bien raíz, ello no significa que su inscripción retirara dicho inmueble del comercio e impidiera a su legítima propietaria disponer de él celebrando dación en pago con el demandante, pues no existe una norma que así lo disponga.

Las anteriores consideraciones resultan suficientes para confirmar el fallo de primera instancia, no obstante, no sobra advertir al apelante que aunque la inscripción de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía no retiren el bien del comercio, ello no significa que el proceso judicial de expropiación pueda prolongarse indefinidamente, toda vez que como él mismo reconoce este ya inició, ordenándose la inscripción de la demanda en el registro, luego quienes adquieran a título de dación en pago lotes del predio identificado con el folio de matrícula 50N-20334163, quedarán sujetos a la sentencia que declare la expropiación del bien, conforme a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 690(8) del Código de Procedimiento Civil; e igualmente, la oficina de registro conservará su facultad de cancelar en el respectivo folio de matrícula, las anotaciones posteriores a la inscripción relativa a la iniciación del trámite de expropiación, luego de la inscripción de la respectiva sentencia.

De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE en su totalidad el fallo proferido por el Tribunal Administrativo Cundinamarca (Sección Primera Subsección “A”).

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de cuatro (04) de agosto de dos mil once (2011)».

(8) “ART. 690.–Medidas cautelares en procesos ordinarios. En el proceso ordinario se aplicarán las reglas que a continuación se indican:

(...)”.

El registro de la demanda no pone los bienes fuera del comercio, pero quien los adquiera con posterioridad estará sujeto a los efectos de la sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 332. Si sobre aquellos se constituyen gravámenes reales o se limita el dominio, tales efectos se extenderán a los titulares de los derechos correspondientes.