Sentencia 2002-00713 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejera ponente:

Dra. Olga Melida Valle de De La Hoz

Rad.: 25000-23-26-000-2002-00713-01(28925)

Actor: Luz Angela Segura Betancourt

Demandado: Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Apelación Sentencia - Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014)

Extractos: «II. Consideraciones.

Cumplidos con los trámites propios de esta instancia y sin causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a pronunciarse sobre el asunto de la referencia para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia; 2) acervo probatorio; 3) análisis del caso concreto y 4) condena en costas.

1. Competencia.

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los Tribunales Administrativos y en segunda instancia en esta Corporación, sin importar la cuantía del proceso.

Así lo tiene sentado la Jurisprudencia de la Sala, en especial en el auto del nueve (09) de septiembre de 2008, pronunciado dentro del radicado número 11001032600020080000900, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (MP. Mauricio Fajardo Gómez), mediante la cual se resolvió la antinomia que se presentaba entre lo dispuesto por el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo y lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia.

2. Acervo probatorio.

Del material probatorio allegado al presente proceso se destaca:

• Copia auténtica de la resolución de preclusión de la instrucción proferida por la Fiscalía Décima Seccional, Unidad de Vida, del seis (6) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), en la actuación adelantada contra Luz Ángela Segura Betancourt.(18)

• Respuesta a oficio 1-001377 del veintitrés (23) de octubre de dos mil (2000)(19), dada por el DAS, Dirección de Extranjería, División Migración y Documentación, Movimientos Migratorios, del cual se resalta:

“En atención a su solicitud del asunto, recibida en esta División el 30 de octubre del año en curso, comedidamente informo que verificado el sistema de control de entradas y salidas del país los años y ciudades relacionados a continuación:

Bogotá del 1 de Ene. de 1990 al 03 de Oct. de 2000

Medellín del 1 de Ene. de 1990 al 31 de Ago. de 2000

B/quilla del 1 de Ene. de 1990 al 31 de Ago. de 2000

Cali del 1 de Jun. de 1991 al 31 de Ago. de 2000

C/gena. del 1 de Ene. de 1992 al 05 de Sep. de 2000

C/gena. M. del 1 de Ene. de 1992 al 10 de Sep. de 2000

Pereira del 1 de Ene. de 1993 al 31 de Ago. de 2000

San Andrés del 1 de Oct. de 1995 al 12 de Ago. de 2000

Ipiales del 17 de Jul. de 1997 al 31 de Ago. de 2000

P/guachón del 20 de Sep. de 1997 al 31 de Ago. de 2000

La ciudadana Segura Betancourt Luz Angela con c.c. 51.585.664 registra entradas y salidas del país, se anexa planilla correspondiente.

(…)

Así mismo me permito informar que la División de Migración y Documentación de La Dirección de Extranjería del D.A.S., no posee dato alguno sobre las restricciones judiciales para salir del país, (…)”

• Registro de viajes del período comprendido entre el 1/1/1990 hasta el 31/12/1999, de la Dirección de Extranjería – Unidad Estadística del D.A.S., en donde se observa los traslados desde el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C., con destino Miami - Florida, en las fechas siguientes: a) 26/01/91, b) 01/06/92, c) 15/06/92, d) 01/05/99, e) 31/05/99, f) 15/06/99, y g) 01/08/99.(20)

• Copia auténtica del acta de posesión como Defensor de Familia, Núm. 170 de la doctora Luz Ángela Segura Betancourt.(21)

• Copia auténtica de la Resolución 0101 del catorce (14) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por medio del cual se nombró en provisionalidad a Luz Ángela Segura Betancourt.(22)

• Copia auténtica del acta de posesión Núm. 046 del 15 de marzo de 1994.(23)

• Resolución Núm. 2193 del dieciocho (18) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por medio del cual se nombró en período de prueba a Luz Ángela Segura Betancourt, como Defensor de Familia Grado 12 del Centro Zonal 14 Protección Especial CPJ de la Regional Bogotá.(24)

• Acta de posesión 264 del 24 de noviembre de 1994, por medio del cual Luz Ángela Segura Betancourt, tomó posesión del cargo de Defensor de Familia grado 12 del Centro Zonal 14 Protección Especial CPJ de la Regional Bogotá en periodo de prueba.(25)

• Copia auténtica de la comunicación dirigida por la Directora Regional Santafé de Bogotá a Luz Ángela Segura Betancourt, recibida el once (11) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), en donde se le manifestó que la prestación de los servicios profesionales los realizaría en el Centro Zona 14 CPJ, previa entrega del anterior puesto de trabajo.(26)

• Copia auténtica del acta de posesión Núm. 583 del 29 de noviembre de 1995.(27)

• Copia auténtica del acta de posesión de traslado 122 del 29 de agosto de 1995, como Defensor de Familia grado 12 del Centro Zonal 11 de la Regional Santa Fe de Bogotá.(28)

• Oficio del 29 de agosto de 1995, en donde se le comunicó a Luz Ángela Segura Betancourt, el traslado al Centro Zona 11 Engativá.(29)

• Oficio del 8 de abril de 1996, en donde se le comunicó el traslado a partir de la misma fecha para la prestación de los servicios personales en el Centro Zonal Usme.(30)

• Copia auténtica del manual de funciones correspondiente al cargo de Defensor de Familia grado 14.(31)

• Copia auténtica de la carta de renuncia irrevocable suscrita por Luz Ángela Segura del día catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).(32)

• Copia auténtica de carta de renuncia irrevocable por segunda vez, suscrita por Luz Ángela Segura del día veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).(33)

Copia auténtica de la Resolución 1363 del 5 de julio de 1996, mediante la cual se aceptó la renuncia presentada por Luz Ángela Segura, al cargo de Defensor de Familia Grado 14.(34)

• Certificado expedido por el Profesional Universitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio del cual se señaló que Luz Ángela Segura prestó sus servicios a dicha institución desde el quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) hasta el diez (10) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), en el cargo de Defensor de Familia.(35)

• Oficio 5483 del diez (10) de noviembre de dos mil (2000)(36), remitido por el DAS en donde se informó que Luz Ángela Segura Betancourt no figuró, a la fecha, restricción para salir del país, ni registro de cancelación alguna.

• Respuesta dada al oficio 1-00-1378 del veintitrés (23) de octubre de dos mil (2000), en donde el Hospital San Blas manifestó que “revisado el sistema automatizado del Hospital no se encuentra registrado ninguna paciente con el nombre Sandra Paola Vargas. Con mucho gusto atenderemos su petición si nos informan la fecha de hospitalización.”(37)

• Dictamen pericial rendido por los Contadores Julio Enrique Venegas Galindo y Juan Bautista Murillo Cruz, en donde se hizo la liquidación del valor concerniente a lucro cesante y daño emergente.(38)

• Copia auténtica del proceso penal 178289, sindicada Luz Ángela Segura Betancourt, occiso Sandra Paola Vargas, solicitada mediante auto del veinte (20) de marzo de dos mil tres (2003)(39), del cual se resalta:

i. Copia auténtica de la Epicrisis, del cual sobresale: “Paciente quien ingresa por el Servicio de Urgencias por presentar Cuadro de dificultad respiratoria y bajo apetito: la auxiliar enfermería que hace una Semana presento (sic) Cuadro de “hervidera de Pecho” asociado a anorexia, adinamia. Se hospitaliza niña en Sala de enfermedades respiratorias con tto (sic) de PNC 150 Fuc / 6hrs MNB con tergutalma oxigenoterapia + hidratación. Paciente evoluciona Satisfactoriamente. Con remisión de su cuadro de dificultad respiratoria u.o. después de 6 días de tto (sic) con Antibiotico (sic) y en buen estado general. Se da salida el día 5 de XI/94. Continua paciente en la institución en buenas Condiciones Generales activa, hasta el día 23/XI/94. 08 AM Cuando presento (sic) Cuadro severo de dificultad respiratoria que progresó a paro Cardiorrespiratorio donde se practican maniobras de resucitación revierte del paro y se deja con respiración atendido y asistida paciente se mantiene estable con soporte ventilatorio y L.E.V adrenalina, Dopamina, aminopilino. Siendo 4:25 pm del día 23/XI/94 entra en Paro cardiorrespiratorio. Se practican maniobras de Recp (sic) no responde y fallece. Se da aviso personal a auxiliar de ICBF.”(40)

ii. Copia auténtica de auto, proferido por la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, calendado veintidós (22) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)(41):

“Conforme a la denuncia telefónica avócase (sic) conocimiento y en consecuencia se dispone:

—Visita al Centro de Recepción Villa Javier.

—Las demás diligencias que surjan de la anterior. (…)”

iii. Copia auténtica del acta de visita del veintidós (22) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)(42), realizada por la Procuraduría General de la Nación al Centro de Emergencia Villa Javier.

iv. Copia auténtica del escrito de acción de tutela, presentado por la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá D.C., contra el I.C.B.F., con el fin de que se tutelaran los derechos de vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada, cuidado, educación, entre otros, por la vulneración y amenaza de que estaban siendo los menores ubicados en el Centro de Emergencia Villa Javier.(43)

v. Informe suscrito por Luz Ángela Segura, Rita Acero Murcia y Aura Stella Díaz, con posterioridad a la muerte de la menor Sandra Paola Vargas, el día veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)(44), del cual se resalta:

“Los menores Isabel Cristina de 7 años y Sandra Paola Vargas de 1 mes y medio ingresaron al Centro de Emergencia el día 6 de Octubre del presente año, remitidos por el Centro Zonal de Usme, (…)

El 10 de octubre se valora médicamente a la menor Sandra Paola Vargas de 1 mes y medio, con el siguiente diagnóstico: Riesgo de desnutrición, infección respiratoria aguda en resolución y dermatitis perineal en resolución

El 23 de octubre se valoran médicamente los menores Beicy Xiomara y José Enrique Vargas con el diagnóstico de:

Beicy Xiomara así: Desnutrición, crónica, pendiculosis copitis, caries múltiples, parasitismo.

José Enrique: Desnutrición crónica leve, parasitismo. (…)

El 31 de octubre la menor Sandra Paola Vargas es remitida al Hospital San Blas por su delicado estado de salud fecha desde la cual permaneció recluida en dicho Centro Hospitalario hasta el 23 de noviembre/94, fecha de su fallecimiento por Choque Hipovolémico - Séptico, causa antecedentes Bronco Neumonía. (…)”

vi. Copia auténtica del operativo preventivo realizado al Centro de Emergencia Villa Javier, realizado por la Oficina Permanente de Derechos Humanos(45), del cual se resalta:

“(…) habitualmente recibimos niños que presentan infecciones de diversa índole, respiratorias o digestivas sumado a la sobrepoblación (sic) que tenemos que afrontar por el escaso espacio, hace que como en esta oportunidad se aumente la posibilidad de contagio por la interacción que hay entre los mismos niños, la capacidad instalada para sala cuando es de máximo quince (15) niños y a veces llegan a ser treinta y seis (36), la susceptibilidad a las infecciones de los niños desnutridos es muy alta, la cantidad de personal que maneja los niños es escasa y en la actualidad solo hay dos personas para cubrir la demanda, cuando normalmente no se pueden manejar los niños desde el punto de vista médico, porque no se dispone de un lugar para este efecto, a demás (sic) la dotación necesaria para dicho fin es insuficiente, y el servicio de laboratorio es muy lento para la emergencia que se requiere. (…)”

vii. Copia auténtica del escrito remitido por la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia al Director Regional Bogotá D.C. I.C.B.F., en donde se señaló: “En relación con el Centro de emergencia citado en la referencia [Villa Javier], esta Delegada, frente a múltiples denuncias que ha recibido, inicio (sic) las correspondientes investigaciones, (…) Frente a las graves situaciones que se vienen presentando y sin perjuicio de que como consecuencia de la continuación de las investigaciones, se adopten otras medidas, en desarrollo de lo preceptuado por el numeral 5° del artículo 277 de la Carta Política, de forma muy cordial pero enérgica les solicitamos tomar las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible (…)”(46)

viii. Oficio 001405 del dos (2) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)(47), remitido por la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia a la Fiscalía General de la Nación, del cual se resalta:

“De conformidad con lo dispuesto por la señora Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, mediante auto del 01 de los corrientes, anexo permítame remitir fotocopia auténtica de las diligencias de la referencia, a fin de que se investigue posible homicidio culposo. (…)”

ix. Copia auténtica de la Resolución de apertura de instrucción, del veintiséis (26) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el Exp. 178289, Radicación 14908-1728, por parte de la Fiscalía Treinta Delegada, en donde se citó a Luz Ángela Betancourt a rendir indagatoria.(48)

x. Copia auténtica de la providencia proferida el diecisiete (17) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), por la Fiscalía Décima de la Unidad Primera de Vida, en donde se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Luz Ángela Segura Betancourt.(49)

xi. Copia auténtica de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala de Familia, el día trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), en donde se negó la acción de tutela instaurada por la Procuraduría Delegada paras la Defensa del Menor y la Familia en contra del I.C.B.F.(50)

xii. Copia auténtica de la denuncia presentada el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por Luz Ángela Segura Betancourt ante la Oficina de Asignaciones de las Fiscalías Seccionales por la muerte de la menor Sandra Paola Vargas.(51)

3. Análisis del caso concreto.

Previo al estudio del fondo del asunto, la Sala considera necesario pronunciarse respecto de las pruebas trasladas del proceso penal 178289, sindicada Luz Ángela Segura Betancourt, al sub judice, a las cuales se les dará valor probatorio, toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(52), teniendo en cuenta que fueron solicitadas en el libelo introductorio, decretadas en el auto que abrió a pruebas el presente proceso y con audiencia de las partes demandantes.

Al respecto esta Corporación ha señalado:

“En lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse lo expuesto por la Sala en el sentido de que aquellos medios que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con su audiencia, o que en su defecto no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, no podrán ser valoradas en éste. También ha establecido la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las formalidades legales para su inadmisión. Si no se cumple alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas, (…). La Sala al revisar los documentos que obran en el expediente, observa que pueden ser valorados en esta oportunidad, porque tales medios de prueba han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas a controvertido la autenticidad de los mismos, razones por las cuales tales pruebas serán apreciadas en el sub lite con el valor legal que les corresponde. No ocurre lo mismo con la prueba testimonial practicada en los procesos disciplinarios anteriormente mencionados, puesto que respecto de ella no se cumplieron los requisitos de traslado, la misma no fue aportada al proceso por solicitud de la demandada, razones por las cuales dicho material no podrá ser imputado en su contra en aras de proteger el derecho de defensa de la Administración y de impedir la violación a su derecho de contradicción de la prueba.”(53)

Por otra parte, como lo ha sostenido esta Sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”.(54)

En el presente asunto, el daño deprecado por la parte demandante no se encuentra acreditado, teniendo en cuenta las afirmaciones de que la Fiscalía General de la Nación impuso restricciones al derecho de libertad y movilización de la doctora Luz Ángela Segura, y en especial, la accionante hizo ahínco en la imposibilidad de salir del país, circunstancia que no encuentran respaldo en los medios de convicción allegados al plenario, toda vez que obran oficios del DAS, en donde se menciona que la demandante no tuvo restricciones para salir del país, y se relacionan los diferentes desplazamientos tanto internos como al exterior del país, en especial a la ciudad de Miami – Florida.

Por otra parte, sostuvo tanto en el libelo introductorio como en el recurso de alzada que debido a diferentes presiones la demandante se vio obligada a renunciar a su cargo, sobre dicho aspecto, la Sala puntualiza que la renuncia se entiende como un acto jurídico unilateral mediante el cual el trabajador rompe con el vínculo laboral, y como ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, tal acto es del resorte exclusivo del operario pues nadie podría obligarlo a laborar si así no lo quiere, de manera que si el empleador se entera de la determinación, ha de entenderse que ésta produce todos sus efectos, sin que sea exigible el consentimiento patronal para su perfeccionamiento jurídico.(55)

Si bien, dicho acto unilateral debe darse de manera libre y espontáneo, es plausible que se produzca lo que la jurisprudencia de esta Corporación ha denominado como renuncia provocada, es decir, aquella que no es pura y simple sino que obedece a factores de presión que influyen en la decisión que toma el trabajador.

Sobre dicho aspecto, se ha manifestado:

“El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando. (…) Así, pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. (…) En el caso particular, se observa que la demandante además de tratar de asumir la enorme carga laboral impuesta en términos perentorios, sin las directrices y recursos necesarios, debía afrontar la devolución y reasignación constante de su trabajo, más las investigaciones disciplinarias que cursaban en su contra: rindiendo versiones libres, atendiendo las visitas administrativas que se practicaban, aportando las comisiones, delegaciones y poderes de que fue objeto, pidiendo pruebas etc.; todo lo anterior, hacía que humanamente fuera imposible cumplir con las labores encomendadas, perjudicándose en últimas los intereses de la administración. En conclusión, la dimisión de la demandante fue el resultado de la persecución gradual de que fue objeto, la cual culminó con una calificación insatisfactoria que hacia latente su declaratoria de insubsistencia. Declaratoria, que de haber ocurrido, sería nociva pues suscitaría dudas respecto de su desempeño profesional. Apreciada la prueba testimonial y documental en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, la Sala llega a la convicción de que la renuncia presentada por la actora, no fue el resultado de su voluntad libre y espontánea, sino que lo hizo presionada en la forma ya descrita y por el funcionario antes indicado.”(56) (resaltado fuera del texto)

En el sub lite, no obra medio probatorio alguno que demuestre las presiones alegadas por la demandante, pues si bien es cierto con posterioridad a su vinculación al proceso penal, fue trasladada del lugar de prestación de servicios tres (3) veces(57), en la ciudad de Bogotá, entre los años 1995 y 1996, el acervo probatorio no demuestra que dichos traslados no hayan sido con ocasión del servicio que la doctora Segura prestaba, máxime si se tiene en cuenta que precisamente la accionante llegó al Centro Villa Javier por traslado, como lo mencionó en el escrito de la demanda.

Igualmente obra Memorando 003459 del seis (6) de abril de dos mil cinco (2005)(58), donde se comunicó que mediante Resolución 290 del cinco (5) abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), se concedió a la demandante quince (15) días de vacaciones remuneradas por los servicios prestados; por todo lo anterior, la Sala no observa los supuestos actos de presión alegados como consecuencia de la vinculación penal de la que fue objeto.

Seguidamente, la Subsección considera que el retardo que se imputa por parte del recurrente a la Fiscalía General de la Nación, respecto de los términos de instrucción del proceso penal, no configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que no se probó que el lapso trascurrido constituyera una anormalidad del servicio, teniendo en cuenta que ni siquiera se trajeron al proceso estándares o criterios objetivos de comparación para poder determinar que las actuaciones fueron tardías, carga que correspondía a la parte actora conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Aunado a que no probó que la presunta mora alegada se hubiera dado por dilaciones injustificadas, pues se insiste, debía probarse que el empleado judicial no tuvo un motivo razonable que justificara el trascurso del tiempo entre la decisión judicial y el oficio que daba cumplimiento a la misma.(59)

Por otra parte, resalta la Sala que de conformidad con el artículo 95 numeral 7 de la Constitución, es deber de la persona y del ciudadano colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, máxime cuando se trata de una abogada de profesión, exfuncionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuya misión es trabajar por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, y cuyo fin de la actuación de la Fiscalía General de la Nación era el esclarecimiento de la verdad respecto del fallecimiento de la menor, y que se imponía la obligación como Defensor de Familia de poner en conocimiento ante la autoridad competente de conductas consideradas como punibles cometidas contra los menores en el Centro, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 277 del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor),vigente para la época de los hechos, conducta que solamente fue realizada con posterioridad al inicio de la investigación.

En suma, de conformidad con lo normado en el artículo 277 de la Constitución Política, la Procuraduría General de la Nación, tiene como funciones vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los actos administrativos y las decisiones judiciales, la protección de los derechos humanos y el aseguramiento de su efectividad, entre otras, por lo que para el cumplimiento de sus funciones “tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.”

Por tal razón en ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la actuación que llevó a cabo por las irregularidades que en el Centro Villa Javier se presentaron, sin siquiera señalar a la demandante como presunta responsable de la comisión de alguna conducta punible, como se observa diáfanamente en el plenario.

Conforme con el artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso —de manera regular y oportuna— la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias.(60)

En este orden de ideas, al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, inexcipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (art. 1757 del C.C.) como en la procesal civil colombiana (art. 177 del C.P.C), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.

De acuerdo con las anteriores consideraciones la Subsección procederá a confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro (2004).

4. Costas.

De conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, en cuanto no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro (2004).

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

18. Folios 1 a 4 del cuaderno 2.

19. Folio 5 del cuaderno 2.

20. Folio 6 del cuaderno 2.

21. Folio 13 del cuaderno 2.

22. Folio 14 cuaderno 2.

23. Folio 15 cuaderno 2.

24. Folio 15 cuaderno 2.

25. Folio 17 cuaderno 2.

26. Folio 19 cuaderno 2.

27. Folio 20 del cuaderno 2.

28. Folio 21 del cuaderno 2.

29. Folio 22 del cuaderno 2.

30. Folio 23 del cuaderno 2.

31. Folios 24 a 26 del cuaderno 2.

32. Folio 27 del cuaderno 2.

33. Folio 28 del cuaderno 2.

34. Folio 30 del cuaderno 2.

35. Folio 31 del cuaderno 2.

36. Folio 38 del cuaderno 2.

37. Folio 39 del cuaderno 2.

38. Cuaderno 3.

39. Folio 149 del cuaderno de primera instancia.

40. Folio 1 del cuaderno 4.

41. Folio 54 del cuaderno 4.

42. Folios 55 a 57 del cuaderno 4.

43. Folio 63 del cuaderno 4.

44. Folios 69 a 72 del cuaderno 4.

45. Folio 73 del cuaderno 4.

46. Folio 77 del cuaderno 4.

47. Folio 116 del cuaderno 4.

48. Folios 120 y 121 del cuaderno 4.

49. Folios 149 a 153 del cuaderno 4.

50. Folios 154 a 169 del cuaderno 4.

51. Folios 350 a 352 del cuaderno 4.

52. “ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella.

53. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011). Radicación: 52001233100019980051501(18747). Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

54. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010). Radicación: 05001233100019950034201(17885). Consejera Ponente: Myriam Guerrero De Escobar.

55. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del siete (7) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996). Radicación: 7836.

56. Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del veintitrés (23) de agosto de dos mil siete (2007). Radicación: 25000232500019974751901(471-05). Consejero Ponente: Jaime Moreno García. En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del veintitrés (23) de agosto de dos mil siete (2007). Radicación: 15001233100020000014201(7742-05). Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón.

57. Folios 19, 22 y 23 del cuaderno 2.

58. Folio 18 del cuaderno 2.

59. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del once (11) de julio de dos mil trece (2013). Radicación: 25000232600020000269701 (26021). Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de De La Hoz.

60. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del Veinticuatro (24) de Octubre de Dos Mil Trece (2013). Radicación: 25000-23-26-000-2001-02749-01 (27807). Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de De La Hoz.