Sentencia 2002-00721 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 270012331000200200721 01

Exp.: 31587

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Actor: JPT y otros

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., 26 de junio de 2014.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

11. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de daño fisiológico, supera la exigida por la norma para el efecto(4).

II. Validez de los medios de prueba

12. Con la demanda y con su contestación se aportaron algunos documentos en copias simples con el fin de que fuesen tenidos como pruebas en el presente asunto. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias solo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del C.P.C., recientemente la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos, en los siguientes términos:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho) (…).

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia —en los procesos ordinarios— la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes (…)(5).

13. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos aportados por el actor y la entidad demandada en copia simple, para efectos de verificar los supuestos fácticos del caso, teniendo en cuenta que las partes no se pronunciado al respecto una vez vencida la etapa de pruebas.

III. Hechos probados

14. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

15. El 29 de mayo de 2000, a las 12:45 p.m., el menor JSPC se encontraba en el hogar infantil XXX, donde cursaba preescolar, cuando se acercó la señora MNMS, quien portaba una olla de grandes proporciones para servir el almuerzo correspondiente a dicho día. No obstante, repentinamente se desprendió el asa izquierda del recipiente, derramándose la sopa que contenía en el suelo y alcanzando a varios niños, entre ellos al ahora demandante. Posteriormente fue remitido al hospital Ismael Roldán donde se le prestaron los primeros auxilios y se determinó que había sufrido una quemadura de primer grado que no requería hospitalización (certificación expedida por la directora del hogar infantil XXX donde consta que el niño JSPC cursó prescolar en dicha institución durante los meses de febrero a mayo del 2000, f. 133, c. 1; testimonios rendidos por la señora FSRP(6), la señora MNMS(7), la señora LYOR(8), la señora UCM, la señora MCPF(9), f. 105-114, c. 1).

16. El 1º de junio del 2000, a las 11:30 a.m., el menor fue llevado por su padre, el señor JPT, al servicio de urgencias del hospital San Francisco de Asís de Quibdó, donde fue atendido por presentar quemaduras de primer y segundo grado con infección, permaneciendo en el centro médico hasta el 22 del mismo mes y año, fecha en que se le dio salida (copia simple de la historia clínica del paciente expedida por el hospital San Francisco de Asís de Quibdó, f. 28-37, c. 1).

17. El 6 de junio del 2000 los señores JPT y LCR comunicaron a la señora ILU, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Quibdó, el acaecimiento del siniestro solicitando que se tomaran las medidas necesarias para evitar que se volviera a producir un incidente similar y que se le reconociera al menor JSPC el daño físico causado. Igualmente, el 12 de enero de 2001, se dirigió una comunicación manifestando la situación al doctor JMU, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comunicación que se respondió mediante oficio del 5 de febrero de 2001, en el que remiten la solicitud a la dirección seccional del Quibdó de dicha institución (original de la comunicación de los padres de la víctima a la directora regional del ICBF, con copia para la Procuraduría de Familia, la trabajadora social del ICBF, la Comisaría de Familia, entre otros, y con seis constancias manuscritas de recibido, del 6 de junio de 2000, f. 23, c. 1; original de la respuesta al oficio de 12 de enero de 2001, con número de Radicado 1223/MFN32607, suscrito por la subdirectora de Apoyo al Bienestar Familiar, f. 36, c. 1).

18. El 28 de junio del 2000, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Dirección Seccional Chocó le practicó al menor un reconocimiento por lesiones personales en el que declaró una incapacidad provisional de sesenta y cinco días, tras considerar lo siguiente (copia simple del acta del reconocimiento por lesiones personales al menor JSPC, del 28 de junio de 2000, con el número de referencia 205-2000-06-27, f. 38, c. 1):

Cicatriz hipocrómica mapiforme localizada en la región externa de los tercios medio y distal de la pierna derecha, la mayor longitud es de 18 centímetros y el sitio donde es más ancho es en el pliegue del tobillo donde mide 12 centímetros, conserva un área de 3 centímetros de diámetro en el maléolo externo sin cicatrizar completamente, pero tiene buen tejido de granulación; 2) Cicatriz hipocrómica mapiforme, localizada en toda la región de la pierna izquierda, también compromete el pliegue anterior del tobillo de ese lado, conserva un área de 2 centímetros de diámetro en el maléolo interno sin cicatrizar completamente pero tiene buen tejido de granulación, la medida mayor longitudinal es de 19 centímetros y la mayor transversal es de 9 centímetros. 3) cicatriz hipocrómica de 5x3 centímetros en la región posterior del tercio medio del muslo izquierdo. 4) Cicatriz hipocrómica de 5x4 centímetros en la región posterior del tercio medio del muslo izquierdo.

19. El 15 de marzo de 2003 se surtió ante la misma entidad un nuevo reconocimiento médico legal del menor JSPC, en el cual se concluyó lo siguiente (original del acta del reconocimiento por lesiones personales al menor JSPC, del 15 de marzo de 2003, con el número de referencia 2002-0721, f. 178, c. 1):

CONCLUSIONES:

(1) Naturaleza de las lesiones: quemaduras por líquido caliente en el 6% de la superficie corporal.

(2) Incapacidad médico legal definitiva de 65 (SESENTA Y CINCO) días, la cual ya cesó.

(3) Como secuela le queda una deformidad física de carácter permanente que no afecta el rostro por las cicatrices queloides en miembros inferiores.

(4) La función locomotora de las extremidades está conservada. No se le observan lesiones ni secuelas en los muslos.

(5) Es necesario que el cirujano plástico emita concepto acerca de la necesidad que haya que practicarle posteriores cirugías para corregir los defectos de la piel afectada.

(6) El perito médico forense no puede conceptuar qué tantas evaluaciones médico científicas necesita el menor afectado porque eso es competencia del cirujano plástico tratante. Es también este profesional especializado en cirugía plástica quien debe fijar las fechas para tales intervenciones.

(7) En la entrevista con el niño no se detectan secuelas de orden psicológico en el momento del examen; por tanto, no se considera necesario el permanente tratamiento psicológico clínico. Sin embargo, se recomienda que se tenga una evaluación por parte de psicología o psiquiatría y serán estos profesionales quienes deben emitir el concepto en este campo.

(8) El niño podrá llevar una vida normal a pesar de las secuelas de las quemaduras; no ha perdido el goce de la vida ni está privado de vivir en igualdad de condiciones con los congéneres.

20. La Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil XXX es una persona jurídica reconocida por resolución 680 del 27 de julio de 1978 expedida por la Gobernación de Chocó, vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de beneficio social sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Quibdó, cuyo objeto es, entre otros, mejorar la calidad de vida de los niños del hogar infantil cumpliendo las normas que para ese efecto constituya el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cuyo patrimonio está formado, entre otros, por “[L]os aportes que en dinero hada el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para inversión física y funcionamiento del Hogar Infantil”, habiendo celebrado para tal fin el contrato de aporte 12 con dicha entidad (certificación expedida por el secretario del interior del departamento del Chocó donde consta que la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Barrio XXX cuanta con personería jurídica y copia simple de la Resolución 680 de 27 de julio de 1978, f. 138-139, c. 1; copia simple de los estatutos de la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil XXX, f. 43-63, c. 1; copia simple del contrato de aporte celebrado el 3 de enero de 2000 entre ILU, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Chocó y YERM, representante legal de la Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil XXX, f. 92-94, c. 1).

21. Los demandantes acreditaron el parentesco que los une con la víctima directa, el menor JSPC, en su calidad de padres y hermano (certificado expedido por la Notaría Segunda del Círculo de Quibdó del registro civil de nacimiento de los menores JSPC y JZPC; f. 21-22, c. 1).

III. Problema jurídico

22. Comoquiera que la parte actora es apelante única, la Sala se pronunciará solamente sobre los motivos de inconformidad manifestados en su recurso de apelación. De esta manera, le corresponde determinar (i) si fue acertada la decisión de primera instancia de condenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma que con posterioridad demostrara el demandante que había cancelado para costear las cirugías plásticas y demás servicios de salud complementarios, requeridos para; y (ii) si debe reconocerse un mayor valor por los perjuicios morales y de daño a la vida de relación causados a los demandantes.

IV. Análisis de la Sala

23. Cabe recordar que le corresponde a la Sala pronunciarse en relación con los motivos de inconformidad formulados en el recurso de apelación, teniendo en cuenta que no se podrá desmejorar la situación del apelante único -en este caso, la parte actora- de conformidad con el principio de la non reformatio in pejus(10) y lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(11).

24. Si bien la parte actora no fue muy precisa al delimitar las razones de su inconformidad con la sentencia de primera instancia, interpretando el recurso(12) es posible advertir que aquél reprochó que la sentencia de primer instancia no hubiese coincidido plenamente con las pretensiones que adujo en la demanda, teniendo el deber de interpretarla de modo que garantizara sus derechos, para lo cual comparó lo pedido con lo efectivamente coincidido. Por ello, se puede inferir que su inconformidad radica, en el caso de la condena bajo la modalidad de perjuicios materiales, en que aquella no tuvo en cuenta que su petición estaba encaminada a que la entidad cumpliera directamente con la obligación de prestarle el servicio de salud al demandante JSPC, específicamente las cirugías plásticas requeridas para reparar la cicatriz permanente que le quedó en el tobillo, y no que, simplemente, se ordenara reintegrar las sumas que presuntamente ya habían cancelado por ese servicio. A su vez, en lo que atañe a la condena por el daño a la vida de relación y los perjuicios morales sufridos por los actores, es posible colegir que lo que reprocha el actor es el monto de la misma, puesto que no se acerca a lo solicitado en un primer momento en el libelo demandatorio.

27. Respecto del primero de los asuntos referidos en el párrafo precedente, recuerda el despacho que en virtud de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia(13), quienes han sufrido un daño a manos del Estado pueden solicitar que los mismos sean reparados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que este se pueda calificar de antijurídico. Ahora bien, el daño antijurídico puede manifestarse en distintas tipologías de perjuicios; se ha diferenciado, usualmente, entre aquellos de índole material, que se refieren a la presunta pérdida económica que sufrió el demandante, y de índole inmaterial, relativos a cualquier otro daño no susceptible de ser racionalizado en términos económicos.

28. En el presente caso, la pretensión aducida por el demandante consistente en que se obligue a la entidad demandada a practicar las cirugías plásticas que requiere JSPC, puede clasificarse como una solicitud de que se reconozca un daño material, bajo la modalidad de daño emergente, de carácter futuro, toda vez que pretende que la entidad demandada asuma el coste patrimonial de los servicios necesarios para restituir al joven JSPC, en la medida de los posible, a la situación anterior al acaecimiento del siniestro.

29. Dicha tipología de perjuicio ha sido reconocida de antiguo por esta Corporación, que la ha individualizado frente al lucro cesante y al daño emergente consolidado, de la siguiente manera:

Ahora bien, de conformidad con el artículo 1613 del C.C., el daño material comporta el daño emergente y el lucro cesante; doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente como el lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y futuro.

Por perjuicio consolidado se entiende aquel que existe, es el perjuicio cierto, que “ya se exteriorizó”, es “una realidad ya vivida”(14). En tratándose del daño emergente, consiste en los desembolsos, egresos, o gastos efectuados; si se trata del lucro cesante, consiste en que “se haya concluido la falta del ingreso”(15).

Se considera perjuicio no consolidado aquella disminución del patrimonio de la víctima que sobrevendrá, es futuro; esta categoría se concreta en los desembolsos, egresos o gastos aún no efectuados (daño emergente futuro) y, en los ingresos que dejarán de percibirse (lucro cesante futuro).

De allí que, no existe discusión en cuanto a que el daño emergente y el lucro cesante futuros no pueden considerarse como peticiones accesorias, de acuerdo con al alcance que tiene esta acepción, ya que en sí mismos constituyen el daño material, elemento integrante de la pretensión de condena al pago de perjuicios(16).

30. Así mismo, ha previsto la doctrina nacional que el daño emergente futuro incluye todos los emolumentos que se deban gastar con posterioridad a la presentación de la demanda para el restablecimiento de la salud de una persona que ha sufrido un daño en su corporalidad, incluyendo los tratamientos quirúrgicos necesarios para restaurar su figura, tras el acaecimiento de una desfiguración. Se ha dicho:

En los eventos en que la víctima sobrevive, se puede sentar la regla que enuncia que todos los gastos necesarios para el restablecimiento de la salud de la persona son daño emergente. En efecto, “el reembolso de los gastos médicos y farmacéuticos no plantea dificultad alguna si el demandante los justifica”(17), razón por la cual la víctima tiene derecho al “reembolso de los gastos ocasionados por las curaciones y tratamientos a los que debió someterse”(18). De esa suerte, los tratamientos quirúrgicos deben ser también indemnizados, puesto que, “si así no se hiciera, la indemnización quedaría incompleta porque la demandante tuvo que someterse a tratamientos médicos y hospitalarios y deberá acudir a un especialista en cirugía estética para recuperar su figura, ya que le quedó una seria desfiguración facial de carácter permanente, solo corregible quirúrgicamente”(19). Se observa entonces que los tratamientos médicos pueden ser tanto pasados como futuros y que ambos son considerados como daño emergente para los efectos de su indemnización, puesto que el juez tiene en cuenta “(…) el valor de los gastos médicos que se han realizado y que se deben realizar”(20), así como “los pagos realizados a terceros con ocasión de la atención del posparto”(21).(22).

31. En consecuencia, comoquiera que el daño que se le causó al joven JSPC corresponde a aquellos que, aunque futuros, son ciertos, la parte demandante estaba autorizada para pedir su reparación. Ahora bien, cabe aclarar que para ese efecto, aquella, como se lee explícitamente en las pretensiones -ver párrafos 1 y 12-, no solicitó que se otorgue una suma de dinero, sino que requirió que se condenara al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que llevara a cabo una obligación de hacer, consistente en practicar las cirugías plásticas necesarias para retrotraer las secuelas que las quemaduras sufridas dejaron en las extremidades inferiores de la víctima directa, así como brindar las demás prestaciones médicas conexas que resulten necesarias para tal fin.

32. Si bien es cierto que por regla general los daños son indemnizados mediante una suma de dinero equivalente al perjuicio sufrido, en opinión de la Sala, nada obsta para que, cuando así lo pida el demandante y la naturaleza del daño lo permita, la reparación se surta mediante la imposición de una obligación de conducta. Así ha procedido con anterioridad esta Corporación:

El a-quo condenó al pago de los materiales en abstracto y fijó unas pautas para su liquidación.

Para la sala la condena así impuesta, que implica en el fondo una obligación de dar una suma de dinero (el valor del tratamiento médico adecuado hasta la total recuperación del paciente o hasta la mejoría posible) deberá remplazarse por una obligación de hacer, o sea la prestación del tratamiento médico integral hasta lograr el objetivo propuesto; tratamiento que como es obvio comprenderá no solo la atención médica especializada, sino la hospitalaria y el suministro de las drogas de rigor(23).

33. Para el caso concreto, encuentra la Sala que el tribunal a quo, en los términos en los que profirió su condena por daño emergente futuro, desconoció el petitum de la demanda, en la medida que, pudiendo haber ordenado a la entidad demandada y al establecimiento vinculado como litisconsorte necesario a realizar las cirugías estéticas necesarias para la completa rehabilitación del menor JSPC, decidió, en su lugar, condenar a la entidad a pagar la suma que el demandante acreditara haber cancelado para costearlas.

34. Dicha situación, adicionalmente, pone en peligro el derecho del actor de obtener tutela judicial efectiva, habida cuenta de que para que le sea reconocido el perjuicio causado, el tribunal le exige que previamente hubiere costeado de su peculio las cirugías que reclama, sin tener en cuenta que, como ya se advirtió, para el reconocimiento de un daño material emergente no se requiere que este se haya configurado de antemano, sino, simplemente, que exista certeza de su posterior producción, y sin percatarse de que si el demandante solita que se practique una obligación de hacer y no se limita a pedir la reparación económica a la que hay lugar, es porque, posiblemente, no cuenta con los recursos para costear la cirugía que requiere.

35. Adicionalmente, se observa que el a quo se limitó a condenar a la entidad a pagar una suma de dinero indeterminada, dejando al arbitrio de las partes el acuerdo sobre el monto del desembolso, sin tener la precaución de ordenar que el mismo se estableciera con posterioridad en un trámite incidental, desconociendo así lo establecido por el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo(24) para las condenas en abstracto.

36. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que está probado el perjuicio causado —ver párrafos 18 y 19—, y que en cualquier caso dicho elemento no puede ser discutido en virtud del principio de non reformatio in pejus, la Sala modificará la condena en lo que este punto atañe y procederá a condenar a la entidad demandada y a su litisconsorte a prestar al menor el servicio de salud consistente en las cirugías plásticas necesarias para retrotraer, en la medida de lo posible, las cicatrices que resultaron de las quemaduras que sufrió el menor el 29 de mayo de 2000.

37. Cabe señalar que si bien la entidad demandada —así como la vinculada como litisconsorte— no tiene la capacidad de prestar por ella misma el servicio de salud pedido en la demanda, lo cierto es que nada obsta para que se les condene a suministrarlo, teniendo en cuenta que las obligaciones de hacer no están circunscritas a aquellas que se puedan realizar por mano propia, sino que incluyen también las que para su práctica requieren de la confluencia de un tercero, por intermedio del cual el obligado preste la actividad debida.

38. Ahora bien, el hecho de que se condene a realizar una obligación de hacer no puede significar que el contenido de la prestación deba dejarse al arbitrio de la entidad estatal, como tampoco puede aceptarse que aquellas queden comprometidas a cancelar cualquier servicio médico, por suntuario que sea, que exija el demandante. Por ello, ante la ausencia de una prueba que provea conclusiones específicas respecto del tratamiento quirúrgico necesario para alivianar las cicatrices que conserva el joven JSPC, se procederá a condenar en abstracto, motivo por el cual le corresponderá al tribunal a quo realizar un incidente en el que concrete la condena consistente en la obligación de hacer.

Para lo anterior, deberá practicarse un dictamen pericial realizado por un concurso de médicos especialistas en fisiatría y cirugía plástica, quienes, previo examen directo y personal del lesionado, establecerán el tratamiento a seguir para, en lo posible, eliminar las cicatrices en las extremidades inferiores del menor JSPC, precisando el número de intervenciones, los servicios de hospitalización que necesitará, las medicinas que deberán suministrársele, entre otros, sin perjuicio de que le corresponda a las condenadas responder por cualquier servicio o medicamente que se requiera como consecuencia de las cirugías realizadas, así como de cualquier complicación que pueda surgir de las mismas, incluso si no han sido tasadas. Conforme con lo anterior, y siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, los especialistas deberán proponer una serie de establecimientos médicos colombianos capacitados para realizar la intervención, entre los cuales deberá escoger el demandante de mutuo acuerdo con la(s) condenada; si no hay acuerdo entre las partes respecto del lugar o el especialista a seleccionar, le corresponderá al tribunal dirimir la controversia.

De otro lado, el Tribunal Administrativo del Chocó dispuso condenar a la entidad demandada y a su litisconsorte a cancelar a favor del menor JSPC la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el daño fisiológico que sufrió —el cual había sido solicitado bajo el título de daño a la vida de relación—, condena que se solicite sea modificada, de modo que se acerque a la pretensión original del actor de que se le conceda la suma de 4000 salarios mínimos.

Sobre el particular, la Sala considera pertinente aclarar que esta categoría de perjuicio inmaterial fue modificada a partir de la sentencia de Sección Tercera del 14 de septiembre de 2011, en la medida en que se adoptó el llamado daño a la salud, en los siguientes términos:

De modo que, el “daño a la salud” —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (artículo 49 C.P.) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica solo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(25).

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

(…)

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

(…)

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(26). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(27).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), solo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(28).

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud(29).

En dicha providencia se estableció que para tasar el componente objetivo del daño a la salud debía consultarse la pérdida de capacidad que había sufrido la víctima, pues según el porcentaje de la misma corresponde reconocer una suma distinta de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si bien no escapa a la Sala que de conformidad con los dictámenes practicados el menor JSPC no sufrió una pérdida de su capacidad laboral a raíz de las quemaduras ocasionadas, sino que solamente presentó una incapacidad temporal de 65 días y quedó con una deformidad física permanente por cicatrices queloides en sus piernas, dicha circunstancia no puede ser óbice para negar toda indemnización, puesto que en cualquier caso el demandante sufrió una alteración en su estructura corporal, con las correspondientes consecuencias que ello conlleva para su vida en sociedad.

No obstante, la indemnización que por ese motivo se concedería resultaría inferior que el monto por el cual condenó el tribunal, que ascendió a 50 salarios mínimos mensuales vigentes, habida cuenta que no podría superar los 12 salarios mínimos establecidos para compensar el daño a la salud producido cuando se presenta una pérdida de incapacidad inferior al 12 por ciento, sin que exista tampoco ninguna prueba que haga procedente aumentar la condena en virtud del componente subjetivo del daño a la salud.

Por ello, no hay lugar a acceder a la solicitud del demandante de que se incremente la condena a lo solicitado en la demanda, en la cual se pidió que se reconociera 4000 salarios mínimos por ese concepto, suma que es, a todas luces, exorbitante. Sin embargo, tampoco hay lugar a disminuirla, pues se recuerda que la parte actora es la apelante única en el proceso de la referencia, circunstancia por la cual no resulta posible modificar la providencia de segunda instancia para desfavorecerla, de conformidad con el principio de no reformatio in pejus. Así las cosas, en lo que a este punto atañe, se confirmará la sentencia de 5 de mayo de 2010.

Finalmente, en lo que tiene que ver con los perjuicios morales solicitados, se advierte que el tribunal en la sentencia de primera instancia condenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al hogar infantil XXX de Quibdó a pagar a la víctima directa JSPC la suma de 30 salarios mínimos, a sus padres JPT y LCR 10 salarios mínimos, para cada uno, y a su hermano JZPC 5 salarios mínimos, decisión de la que discrepan lo actores, quienes habían solicitado que se les reconociera 100 salarios mínimos a los primeros y 25 al hermano de la víctima, respectivamente.

Sobre la forma en la que corresponde tasar la condena correspondiente al daño moral causado, ha señalado el Consejo de Estado que aquella se debe fijar en salarios mínimos, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste al juez frente a estos casos(30), con base en los siguientes parámetros: (i) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “(…) la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”(31); (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(32).

En el caso concreto, encuentra la Sala que en ocasiones similares, en las cuales se ha causado un daño consistente en lesiones severas en las extremidades inferiores de un menor, que dejaron como secuelas cicatrices de tipo hipertrófica, la Sección Tercera de esta Corporación(33) ha impuesto a favor de la víctima directa la suma de 12 salarios mínimos legales mensuales y, para sus padres, el valor de 6 salarios para cada uno.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que se está ante un evento muy similar, puesto que el dolor interno que sufrieron los demandantes deriva de las quemaduras que se le produjeron al menor JSPC y que le ocasionaron, en últimas, una “(…) deformidad física de carácter permanente que no afecta el rostro por las cicatrices queloides en miembros inferiores”, para el despacho sería procedente conservar los mismos valores que se impusieron en dicha oportunidad.

Ciertamente, comoquiera que la condena a imponer sería incluso menor a la decretada por el tribunal en primera instancia, resulta a todas luces improcedente acceder a la solicitud del demandante de aumentarla hasta el monto solicitado en la demanda. Ahora bien, tampoco puede modificarse la sentencia de primera instancia para disminuir la condena impuesta, teniendo en cuenta, como ya se ha dicho en varias oportunidades, que la parte demandante es la única apelante. Así las cosas, también se confirmará la providencia apelada en cuanto a este rubro.

En conclusión, teniendo en cuenta que hay lugar a acceder a la solicitud del demandante de adecuar la condena de primera instancia a lo solicitado en la demanda en lo que respecta al daño emergente concedido, pero que no es procedente consentir en aumentar el monto del daño a la vida de relación decretado en favor del demandante JSPC ni el monto del perjuicio moral declarado en beneficio de la totalidad de los demandantes, se impone modificar la providencia del 5 de mayo de 2005, solo en lo que respecta al primer punto y confirmarla en lo demás.

VI. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia de 5 de mayo de 2005, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

1. DECLARAR solidaria, administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al hogar infantil XXX por el daño causado a los demandantes a raíz de las quemaduras que sufrió el demandante JSPC, el 29 de mayo de 2000, en las instalaciones de la última entidad referida.

2. En consecuencia, CONDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al hogar infantil XXX, por concepto de daño emergente futuro, en abstracto, a prestar al demandante JSPC los servicios médicos y estéticos requeridos para retrotraer, en la medida de lo posible, la deformidad física permanente que sufrió por los hechos del 29 de mayo de 2000, en los términos que se establezcan tras adelantar un incidente de liquidación de condena, que deberá realizarse de conformidad con las pautas establecidas en la parte motiva de la presente providencia.

3. Por concepto de daño a la salud, CONDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al hogar infantil XXX a pagar la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al demandante JSPC.

4. Por concepto de perjuicios morales, CONDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al hogar infantil XXX a pagar las siguientes sumas de dinero:

- Treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para JSPC —víctima directa—.

- Diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para LCR —madre—.

- Diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para JPT —padre—.

- Cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para JZPC —hermano—.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. SIN CONDENA en costas.

7. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

8. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

9. EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

10. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios morales que se aducen causados a cada uno de los demandantes fue estimada en el equivalente a 4000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2000, es decir, en la suma de $ 1 040 400 000, monto que supera la cuantía requerida en el 2002 ($ 26 390 000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 1996-00659 (25022), C.P. Enrique Gil Botero.

6 La señora FSRP fue testigo presencial de los hechos, en la medida en que para el momento laboraba como directora asistente del hogar infantil XXX. Sobre el particular manifestó: “El día 29 de mayo del año 2000, siendo las 12 y 45 p.m. aproximadamente cuando aún nos encontrábamos con un racionamiento energético en el municipio de Quibdó, nos presurabamos (sic) a servir el almuerzo correspondiente a es (sic) día yo estaba en la oficina de dirección y observé que pasó la señora Auxiliar de Servicios generales primero con una pana de arroz, posteriormente pasa la señora MNMS, auxiliar de servicios generales con la pana donde se concinaba (sic) la sopa para ese día y en un momento repentino la oreja izquierda de la olla se desgarró cayendo el líquido que contenía la olla al piso entonces los niños que estaban sentados muy cerca de ella, este líquido caliente cayó ”al piso llegando hasta donde están los niños más cercanos, como son el NIÑO JSPC, la niña AMR, laniña (sic) ICIM y la niña YP. Revistiendo de mayor gravedad como el (sic) lógico al niño JSPC e ICIM que estaban más cerca de la auxiliar. Una vez ocurrido el accidentem (sic), los niños fueron trasladados al Hospital Ismael Roldán donde se les dio los primeros auxilios y ellos diagnosticaron qe (sic) las quemaduras sufridas por los antes mencionados fueron quemaduras en 1er grado, devolviéndolos entences (sic) para las casas” (f. 105-106, c. 1).

7 La señora MNMS fue testigo presencial de los hechos, en la medida en que era la persona que portaba el recipiente que se derramó: “(…) el día 29 de mayo del año 2000, siendo las 12:45 p.m. cuando se llegó la hora de servir el almuerzo como los servíamos en los salones se colocaban los platos en las mesas ya estábamos cogidas del tiempo, yo iba con la sopa y dentrando (sic) al salón se me despegó la oreja a la olla, cuando vi que la olla se me despegó metí el pie como para sostenerla y toda esa sopa me cayó a mí, a los niños que estaban sentados hacia la salida del pasillo pero retirados del salón donde yo iba a server, les cayó lo que chispió (sic) porque todo el líquido me cayó a mí, yo me desmayé y no me di cuanta (sic) de más, cuando volví en sí, una niñita lloraba (…)” (f. 107, c. 1).

8 La señora LYOR fue testigo presencial porque trabajaba en el hogar infantil. Sobre el particular indicó: “(…) el día 29 de marzo del 2000 (sic), siendo las 12:35 p.m. el niño JSPC, en compañía de todos los niños del nivel se encontrban (sic) sentado donde era costumbre en el pasillo, la señora del servicio MNMS venía con la sopa ya la olla se le desprendió el agarradero derramándosele por desgracia la sopa que contenía, lo que rodó del piso le cayeron a cuatro niños siendo el más lesionado dicho niño, inmediatamente se le prestó los primeros auxilios en el Ismael Roldán donde el dictamen fue que era quemadura de primer grado por eso no requería hospitalización, enviando al niño para su casa, al segundo día nos dirigimos a la casa del niño y se encontraba caminando pero con una curación casera, le habían echado una yuca quemada en polvo” (f. 109, c. 1).

9 La señora P fue testigo presencial de los hechos porque se desempeñaba en el hogar comunal. En su declaración manifestó: “(…) lo que pasó fue un accidente, la señora MNMS traía la olla para servir el almuerzo y como la olla estaba vierja (sic) se le desprendió la oreja pero en esos momentos cuando ella venía yo empecé a decirle a los niños que se levantaran para que ella pasara, y estaba organizando los niños porque uno tenía que colaborar con las maestras, cuando sucedió el accidente, de los niños que se quemaron y ahí los llevaron para el hospital al ISMAEL ROLDÁN, a los dos que estaban quemados (…)” (f. 113, c. 1).

10 “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de abril de 2009, exp. 2001-00122 (32800), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

11 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente. // Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, este deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.

12 “En conclusión, el estudio se limitará a los temas frente a los cuales el apelante se mostró inconforme. Sin embargo, para asumir la tarea es necesario interpretar el recurso, ya que el actor, por falta de claridad, no distinguió con precisión las decisiones cuestionadas, porque controvirtió algunos aspectos, sin hacer mayores distinciones”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 1994-00225 (16367), C.P. Enrique Gil Botero.

13 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. // En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.

14 [5] “HENAO, Juan Carlos. “El Daño. Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés”. Primera Edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1998. Pág. 132”.

15 [6] “Ibid. Pag. 135”.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de febrero de 2001, exp. 18904, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

17 [26] “Le Roy. L’evaluation du préjudice corporel, cit., p. 20”.

18 [27] “Consejo de Estafo fr., Ass., Sieur Salgues, Rec., p. 315; ver en el mismo sentido: 26 de enero de 1938, Robinet, Rec. C.E., p. 91: ‘Considerando que resulta de la instrucción del proceso que los gastos de hospitalización y de operación se elevan a la suma de FF I.394,25’”.

19 [28] “Consejo de Estado col., Sección Tercera, 5 de noviembre de 1992, C.P.: Dr. Betancur Jaramillo, actor: Carmen Quintero Erazo, exp. 7256”.

20 [29] “Consejo de Estado col., Sección Tercera, 11 de agosto de 1994, C.P.: Dr. Suárez Hernández, actor: Juan Alberto Aguilar, exp. 9009 (…)”.

21 [30] “Consejo de Estado col., Sección Tercera, 30 de enero de 1998, C:P.: Dr. Hoyos Duque, actor: Olga Lucía Camacho Díaz, exp. 10463”.

22 Henao, Juan Carlos, “El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés”, Universidad Externado de Colombia, segunda reimpresión, Bogotá, 2007, pág. 201 a 202.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de diciembre de 1995, exp. 10677, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Adicionalmente, esta Corporación, en asuntos en los que se estudian graves violaciones a los derechos fundamentales, a título de medidas restaurativas, ha condenado a entidades estatales a cumplir con sendas obligaciones de hacer, incluyendo la prestación del servicio médico de salud hasta la completa recuperación del afectado. Al respecto ver la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 29 de agosto de 2013, exp. 2004-02113 (36725), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Con salvamento de voto del consejero Danilo Rojas Betancourth.

24 “Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil. // Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

25 [44] “‘El daño subjetivo o daño a la persona es aquél cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o ‘maneras de ser’’. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos ‘El daño a la persona’, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y s.s”.

26 [49] “‘Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser ‘límites razonables’, determinados sí, en términos jurídicos’ Cortés, Edgar Ob. Cit. pág. 57”.

27 [50] “‘En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico ‘debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicad’’ Rozo Sordini, Paolo ‘El daño biológico’, edit. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 209 y 210”.

28 [51] “’Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico’ Gil Botero, Enrique ‘Daño Corporal – Daño Biológico – Daño a la vida de relación’, pág. 10”.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, exp. 1994-00020 (19031), C.P. Enrique Gil Botero.

30 Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “(…) descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de junio de 1994, exp. 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

31 Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 16205, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

33 “En cuanto a los perjuicios morales, señaló la sentencia apelada: ‘Para CPHH, a título de daños morales, la suma equivalente a 30 smlmv a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Para los padres de la víctima, los señores RHF y MTH, a título de daños morales, la cantidad equivalente a 10 smlmv a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.’ // De conformidad con el dictamen médico legal, realizado dos años después del accidente, la paciente presentó ‘cicatriz hipertrófica de 11 cms de longitud por 2 cms de ancho, no fija a planos profundos, no retráctil. Presenta marcha normal. Arcos de movilidad articular de rodillas normales. Por lo tanto se establecen como mecanismos causantes de la lesión: cortante. Se fija una incapacidad médico legal definitiva de 10 días. Como secuela médico legal: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente’ (dictamen de lesiones personales emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con fecha del 19 de diciembre de 2003 —f. 38 c. pruebas—). // Así, en atención a que CPHH no contó con afectación a los músculos y tendones de la pierna o rodilla, no sufrió alteración de su marchan normal, y adquirió una incapacidad médico legal de 10 días, se modificará el numeral tercero del resuelve del fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y se ordenará indemnizar por la cicatriz permanente que adquirió, el equivalente a 12 smlmv en favor de Claudia Patricia Hernández y 6 smlmv en favor de cada uno de sus padres (…)” (resaltado del texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de marzo de 2014, exp. 2002-02170 (28659), C.P. Danilo Rojas Betancourth.