Sentencia 2002-00726/40394 de mayo 31 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 540012331000200200726 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 40394

Demandante: Adela María Jaime Ojeda y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., treinta y uno de mayo de 2016

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

I. Competencia

8. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de octubre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(2).

II. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso y valoradas en su conjunto, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

9.1. La señora Adela María Jaime Ojeda y los señores Javier Ballesteros Rueda y Dennis Lorenzo Useche Jaime fueron capturados el 8 de noviembre de 1998 por agentes del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía en la residencia de la actora ubicada en la calle 8ª Nº 7-18 de la urbanización La Quinta - Nuevo Escobal de la ciudad de San José de Cúcuta (N. de S.), en el desarrollo de una diligencia de allanamiento. En el lugar fueron encontrados un revólver calibre 38 de fabricación alemana, $ 4.950.000 en efectivo distribuidos en fajos de billetes de 20 mil y 10 mil pesos y 16245 gramos de cocaína repartidos en diferentes paquetes, algunos de los cuales estaban escondidos en los gabinetes de la cocina y los otros se hallaron dentro de una caleta al interior del vehículo marca Fiat de placas XPI-360 de Venezuela de propiedad del señor Ballesteros Rueda, que estaba estacionado en el garaje de la vivienda (copia de la resolución que definió la situación jurídica de los capturados —f. 127-138, c. 1—).

9.2. A los capturados se les definió su situación jurídica mediante resolución del 20 de noviembre de 1998, proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de San José de Cúcuta, que impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los señores Adela María Jaime Ojeda y Javier Ballesteros Rueda como presuntos coautores responsables de violación al artículo 33 de la Ley 30 de 1986 (modificado por el art. 17 de la Ley 365 de 1997). El señor Dennis Lorenzo Useche Jaime fue dejado en libertad con fundamento en que no existían indicios graves que comprometieran su responsabilidad en los hechos materia de investigación (copia de la resolución que definió la situación jurídica de los capturados —f. 127-138, c. 1—).

9.3. El 2 de marzo de 1999, la Fiscalía - Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional, al resolver el recurso de alzada interpuesto por el apoderado de la señora Jaime Ojeda contra la providencia que definió su situación jurídica, resolvió confirmarla por considerar que la ajenidad que la actora alegó respecto de los hechos investigados no era creíble, toda vez que la sustancia alcaloide hallada en el inmueble estaba calculadamente distribuida en su interior, circunstancia que permitía inferir que todos los ocupantes del inmueble conocían de su existencia (copia de la resolución proferida por la Fiscalía - Unidad Delegada ante el Tribunal Nacional del 2 de marzo de 1999 —f. 46-51, c. 1—).

9.4. El 9 de junio de 1999 la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de San José de Cúcuta, profirió resolución de acusación contra la señora Adela María Jaime Ojeda como presunta coautora responsable de infringir el artículo 33 de la Ley 30 de 1986. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones (copia de la resolución de acusación del 9 de junio de 1999 —f. 35-45, c. 1—):

(…) Adela María Jaime dijo que Javier había llegado a su casa con una bolsa negra en sus manos y que guardó en el garaje: Javier negó este hecho asegurando que no llevaba nada en sus manos. La prueba testimonial nos ilustra con suficiente evidencia que Javier Ballesteros fue visto llegar a la residencia de Adela con una bolsa negra en sus manos: bolsa en la que llevaba la sustancia estupefaciente que momentos más tarde se dedicó a encaletar cuidadosamente en el compartimiento dispuesto en el vehículo Fiat para tal fin: el resto de la cocaína la guardó en uno de los escaparates de la cocina de Adela: comportamiento este que nos indica la suficiente confianza con la que el procesado se desplazaba por la vivienda de Adela María, sabiendo en qué lugar podía guardar con tranquilidad el resto de la cocaína que no pudo encaletar en el vehículo.

(…)

No podemos, como lo argumenta el defensor en sus alegatos, con fundamento en una diligencia de aceptación de cargos adelantada con Javier Ballesteros Rueda, concluir que el único responsable es él y que engañó a Adela María haciéndole creer que su presencia en la residencia era para un arreglo del automotor porque fue la única persona que observaron los vecinos del sector manipulando la parte trasera del vehículo. Recuérdese que fue un informante anónimo quien alertó a los funcionarios del CTI que en el inmueble de Adela María sería llevado un Fiat color blanco que cargaría droga para ser llevada hacia Venezuela. Si Adela María fue engañada por Javier Ballesteros para llevar el Fiat hasta su casa y cargar allí la cocaína, y era la primera vez que esto sucedía, cómo se enteró el personaje que anónimamente anunció tal hecho a los miembros del CTI? Quien denunció sabía de las actividades ilícitas que venían desarrollando los procesados Adela María y Javier, bien porque no era la primera vez que se cumplían tales actividades en el inmueble allanado, o porque su participación en tales hechos le permitían conocer tan certera información (…).

9.5. La anterior decisión fue recurrida en apelación por la defensa de la demandante, pero la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala de Descongestión, decidió confirmarla el 5 de enero de 2000 por considerar que las explicaciones de los hechos ofrecidas por la sindicada “navegan entre lo insólito y lo inverosímil” (copia auténtica de la providencia – f. 186-195 c. 1):

Lo primero porque dado el escaso conocimiento (un año según los protagonistas centrales) entre los implicados, resulta a todas luces ilógico que una persona como la señora Jaime Ojeda, con la malicia propia de un experimentado comerciante, hubiera accedido a permitir el parqueo del vehículo y a que se le hicieran algunas “reparaciones” en su casa de habitación, sin ni siquiera ejercer un mínimo de control sobre la persona que le pedía “el favor”; y todavía más insólito que no se hubiera percatado de la colocación de cuatro (4) paquetes en uno de los gabinetes de su cocina. Lo segundo, porque las razones dadas por la incriminada acerca de la presencia del automotor y de la sustancia en su casa de habitación, no resisten la menor crítica precisamente por la serie de lagunas y vacíos que ella misma se encarga de ofrecer.

(…).

En síntesis, son tres los indicios, todos con jerarquía de graves, los que están comprometiendo la responsabilidad de Adela María Jaime Ojeda, a saber: el de la presencia en el escenario de los acontecimientos, de tenencia sobre el objeto material de la infracción y el de mala justificación, suficientes para que la providencia en su contra proferida (sic) sea objeto de confirmación.

9.6. El señor Javier Ballesteros Rueda aceptó los cargos que se le imputaban en diligencia celebrada ante la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales el día 3 de mayo de 1999, acogiéndose al beneficio de sentencia anticipada (copia de la diligencia de sentencia anticipada celebrada con el sindicado Javier Ballesteros Rueda – f. 32-33 c. 1).

9.7. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta (N. de S.), en sentencia del 2 de octubre de 2000, absolvió a Adela María Jaime Ojeda de los cargos imputados por la Fiscalía, en aplicación del principio in dubio pro reo por no encontrarse plenamente probado que la misma tuviera conocimiento de la actividad ilícita realizada por el señor Javier Ballesteros al interior de su residencia. Al respecto dijo (copia de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San José de Cúcuta (N. de S.) del 2 de octubre del 2000 —f. 75-87, c. 1—):

(…) Con todo, si bien es cierto que asoman entre las lagunas insondables de la investigación, algunos hechos que se extractaron de los medios de prueba que engrosan el protocolo penal, como datos indicadores de circunstancias comprometedoras, no lo es menos que los mismos no llegan a erigirse en verdaderos indicios y mucho menos puede hablarse que aquellos conformen la rígida y cierta estructura de la responsabilidad que exige la sentencia de condena.

(…)

Así las cosas y al analizar los elementos de convicción que llevan a la Judicatura a “navegar en un mar de dudas”, respecto a la responsabilidad penal de Adela María Jaime Ojeda, por el punible del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de 1997, agravado por el numeral 3º del artículo 38 de la Ley 30/86; que si bien es cierto, que existe certeza de la materialidad del hecho investigado y también la identificación de la aquí procesada; no sucede lo mismo, en relación con la responsabilidad de la inculpada, pues en ningún momento la implicada aceptó su participación en el punible por el que se le acusa, por lo que la Judicatura le da plena credibilidad a sus exculpaciones, descartando de plano las declaraciones de cargo por las razones puestas de presente antes, no allegándose por demás prueba válida dentro del proceso desde el punto de vista estrictamente jurídico; lo cierto es, que la inocencia no debe presumirse, sino que más bien es al Estado al que le corresponde demostrar la responsabilidad de la persona a la que se le atribuye un comportamiento delictual y cuando fracasa en esa labor, no puede exigir al imputado que demuestre que no cometió el delito, ni la obligación de admitir como cierta la declaración que se haga en su contra.

(…)

Pues bien, es enseñanza común que la prueba para condenar es distinta de la prueba para enjuiciar. Mientras que para la primera se requiere de plena prueba, para la segunda se requiere de la semiplena. En este orden es apenas lógico que sea válido y legal proferir resolución de acusación con prueba semiplena, prueba que por lo demás, bien puede modificarse en la etapa probatoria del juicio.

(…)

La Judicatura no comparte los planteamientos esbozados por el ilustre Fiscal Delegado ante el Juzgado Especializado; pues para que proceda la sentencia condenatoria, es menester la certeza de la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad (…).

9.8. Correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Penal de Decisión de Cúcuta, resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia que absolvió a la señora Adela María, al no interponerse en su contra recurso de apelación por ninguna de las partes. Así, mediante providencia del 15 de marzo de 2001, confirmó la decisión del a quo, “por no existir certeza de la acción síquica que encaminó a la mencionada a la ejecución del hecho delictuoso”. Consideró lo siguiente (copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Penal de Decisión – f. 88 -101 c. 1):

(…) Examinados los elementos de prueba que sustentaron la decisión de primera instancia no surge incuestionable la ofensa al interés social o “salubridad” en el comportamiento asumido por la acusada, por ausencia de la estructuración de la responsabilidad, por no darse en ella el daño efectivo ni se afrontó un peligro concreto para el bien jurídico tutelado, de tal manera que al no poderse establecer que si Adela María sabía o en realidad ignoraba las actividades ilícitas a las que se dedicaba Javier Ballesteros Rueda, quien guardó el vehículo que él conducía en el garaje de su residencia , o esa era la labor que a ella correspondía en la empresa criminal del tráfico de estupefacientes, no podía imputársele su proceder como delictivo y por ello la Sala compartiendo el criterio del a quo concluye la imposibilidad de reprimir penalmente su conducta, por carecer de idoneidad suficiente los actos por ella ejecutados (…).

9.9. La señora Adela María Jaime Ojeda es hija del señor Carlos Jorge Jaime Ojeda, y hermana de los señores Alicia Jaime Ojeda, Carlos Jorge Jaime Ojeda, Jesús Humberto Jaime Pérez, Ofelia María Jaime Pérez y Magda Rosa Jaime Pérez (copia de los respectivos registros civiles de nacimiento —f. 102-106, c. 1—).

V. Problema jurídico

10. La Sala debe determinar si en el presente caso se reúnen los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas por la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Adela María Jaime Ojeda como sindicada de infringir la Ley 30 de 1986 (Estatuto de estupefacientes), teniendo en cuenta que el proceso terminó con sentencia absolutoria a su favor mediante providencia del 2 de octubre de 2000, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito – Sala Penal de Decisión el 15 de marzo del siguiente año, o si por el contrario, se configura en este caso el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

VI. Análisis de la Sala

11. De conformidad con los hechos probados, la Sala encuentra debidamente acreditado que la señora Adela María Jaime Ojeda estuvo privada de su libertad desde el 8 de noviembre de 1998 hasta el 2 de octubre de 2000, sindicada de infracciones a la Ley 30 de 1986 hasta que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado del Cúcuta (N. de S.) profirió sentencia absolutoria a su favor por considerar que existían dudas acerca de su responsabilidad penal, providencia que fue confirmada en su totalidad en grado de grado de consulta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta (ver supra párr. 9.6).

12. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable a los eventos en los que se impute responsabilidad al Estado por hechos de privación injusta de la libertad cometidos luego de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996(3) —tal como sucede en este caso por cuanto la medida de aseguramiento se impuso el 20 de noviembre de 1998— el Consejo de Estado ha señalado, que no es necesario que se configure una actuación abiertamente arbitraria, ilegal o carente de justificación, para que surja a cargo del Estado la obligación de reparar.

13. La Corte Constitucional al revisar el proyecto de la Ley 270 de 1996, en Sentencia C-037 de 1996(4), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

(…) Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención

(…).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible (…).

14. Al respecto, la Sala ha considerado(5) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.

15. En vigencia del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía ser declarada en todos los casos que se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de la investigación o cesación de procedimiento— porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible(6). Esta disposición quedó derogada el 24 de julio de 2001 con la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000. No obstante, como lo ha señalado antes la Subsección(7), los supuestos del artículo ya citado se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de manera que siguen siendo aplicables para juzgar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

16. Aunado a lo anterior, esta corporación en reiterada jurisprudencia ha manifestado que en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad —aún en aquellos casos en los que se analiza la absolución de una persona penalmente encartada por aplicación del principio in dubio pro reo—, se debe dar aplicación a una responsabilidad de carácter objetivo(8), en la que no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en un error, y en la que la administración de justicia podrá exonerarse solo si demuestra que existió culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Al damnificado le basta con demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano.

17. Para el caso que nos ocupa, el Tribunal a-quo denegó las pretensiones de la demanda por considerar que como las decisiones adoptadas por el cuerpo investigativo se hicieron conforme a derecho y con fundamento probatorio de carácter indiciario, no se podía predicar que las mismas fueran injustas, arbitrarias o desproporcionadas, y que por lo mismo no era de recibo afirmar que la detención fue injusta aunque al final los jueces de conocimiento llegaran a la conclusión de que la señora Adela María no era penalmente responsable del delito que se le imputaba.

18. La Sala reitera que no es la ilicitud del proceder de los funcionarios judiciales lo que permite calificar la detención de injusta o antijurídica, sino el hecho de permanecer la persona privada de la libertad por un delito del que no era penalmente responsable. De manera que, habiendo prueba de que la señora Adela María Jaime Ojeda fue absuelta de responsabilidad penal, mediante sentencia ejecutoriada, porque el Estado fue incapaz de desvirtuar el principio de presunción de inocencia que la amparaba, puede concluirse que la detención que padeció por espacio de casi dos años fue injusta y, por tanto, que los perjuicios generados como consecuencia de ella deben ser indemnizados. No obstante, dado el material probatorio allegado al proceso, la Sala considera necesario analizar si se configura o no la causal de exoneración de responsabilidad del hecho de la víctima.

19. Sobre el hecho de la víctima como causal de exoneración, esta Corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales la víctima con su actuación exclusiva y determinante fue quien dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(9), en el numeral 6º del artículo 14, establece esta posibilidad al preceptuar que:

(…) Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…).

20. Adicionalmente, la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al estado, así: “ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

21. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada, en Sentencia C-037 de 1996, manifestó:

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…).

22. Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, al respecto ha dicho:

(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

(…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…)

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(10).

23. Analizado lo anterior, la Sala afirma que cuando se demuestra que la privación de la libertad padecida se produjo por cuenta de la conducta dolosa o culposa de la persona objeto de la medida de aseguramiento, esto es, por incumplimiento de los deberes de comportamiento que le eran exigibles, el Estado se exonera de la responsabilidad por los perjuicios que aquella hubiere podido causar, recordando que el inciso final del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se ha mantenido vigente en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 cuyo tenor expresa: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”.

24. Respecto al entendimiento que debe darse a los conceptos de dolo y culpa grave esta Subsección(11) ha señalado que en las acciones de responsabilidad patrimonial, estos se definen a partir de los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil(12); razón por la que se ha reiterado(13):

(…) culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo(14).

25. Es indispensable insistir en que si bien es cierto que, en virtud del principio de la presunción de inocencia, la sentencia absolutoria proferida en favor de un sindicado implica que este último no estaba en el deber jurídico de soportar la detención preventiva de la que fue objeto y que, por lo tanto, resultó injusta; también lo es que, de haber sido impuesta en virtud de su actuar doloso o culposo, el daño antijurídico por ella causada —la privación de su libertad— no es imputable a las autoridades que impusieron y prolongaron la medida, sino a su propio hecho. En otras palabras, en los casos de demandas resarcitorias por privaciones injustas de la libertad, el análisis del grado de incidencia que, en la causación del daño, tuvo el hecho de la víctima, no tiene que ver con la antijuridicidad de aquel —establecida en virtud de la decisión absolutoria—, sino con su imputabilidad.

26. Así pues, el estudio de esa causal eximente de responsabilidad no puede, de ninguna manera, llevar a poner en entredicho la inocencia del sindicado —declarada ya por el juez competente para ello—, o el carácter injusto de la detención de la libertad padecida —derivado de la decisión final absolutoria—; aunque, sin lugar a dudas, sí supone admitir que dicha privación puede ser imputable a la misma víctima cuando quiera que, por haber actuado de forma dolosa o gravemente culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de conducta que le eran exigibles, se expuso al riesgo de ser objeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva.

27. En el caso concreto, se observa que la demandante actuó con culpa grave al no observar el más mínimo deber de cuidado y control sobre las actividades que se desarrollaban por personas ajenas a su entorno familiar en su propia casa. En efecto, se demostró que durante la diligencia de allanamiento fueron encontrados al interior de su vivienda 18 paquetes de cocaína, 4 de los cuales estaban escondidos en los gabinetes de la cocina, un revólver calibre 38 y dinero en efectivo.

28. Sin pretender desconocer el hecho de que la señora Adela María Jaime fue absuelta del delito por el que se le investigó porque, en criterio de los jueces penales de conocimiento, no existía certeza de que ella supiera de las actividades desarrolladas por el señor Javier Ballesteros Ruedas, quien sí aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por violación del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, lo cierto es que algunos de los elementos que razonablemente condujeron al ente investigador a tenerla como presunta responsable de un hecho delictivo, fueron hallados al interior de su vivienda, en lugares en los que el señor Ballesteros solo pudo haber accedido por la conducta descuidada y negligente de su propietaria.

29. La culpa fue grave a tal punto que mientras que la actora se mantuvo —según dijo a lo largo del proceso penal— completamente ajena a lo que estaba ocurriendo al interior de su lugar de habitación, varios de sus vecinos se sintieron extrañados por la presencia del señor Ballesteros en el inmueble, así como por el hecho de que utilizara el garaje para “trabajar” en el baúl del carro y de que cargara consigo una bolsa negra, grande y pesada de color negro(15), lo cual es demostrativo de que existían elementos objetivos que justificaban asumir un comportamiento distinto, pues otra persona puesta en la mismas circunstancias hubiera actuado con mayor cautela e interés.

30. Con lo anterior es dable llegar a la conclusión de que el daño es imputable a la propia víctima porque omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible al no ejercer un control sobre las actividades que el señor Ballesteros adelantaba en su propia casa, lo cual facilitó que este utilizara libremente el garaje de la vivienda para manipular varios kilos de cocaína y para encaletar la mayoría de ellos dentro del vehículo y ocultar otros más en los gabinetes de la cocina.

31. En este caso, entonces, se está en presencia de una clara ausencia de imputación, toda vez que está demostrado que la demandante tuvo actuación exclusiva y determinante en el hecho imputado, y el daño solo puede ser atribuido a una causa extraña, sin que exista la posibilidad de endilgarlo a la parte demandada, razón por la cual, se negarán las pretensiones de la demanda, con ocasión a la privación de la libertad de la que fue objeto, ya que con independencia del título jurídico aplicable —objetivo o subjetivo (falla del servicio)—, lo cierto es que fue su actuar exclusivo el factor determinante en la producción del daño, de allí que, se confirmará la sentencia de primera instancia, pero bajo las consideraciones dadas.

VIII. Costas

32. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 12 de octubre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

3 La Ley 270 de 1996 o Estatutaria de Administración de Justicia comenzó a regir a partir del 15 de marzo de 1996, luego de su publicación en el Diario Oficial Nº 42.745 de esa fecha.

4 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

5 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

6 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. “Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 19283, C.P. Enrique Gil Botero.

9 Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

11 Op. cit., sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27414.

12 ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. // Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.// El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

13 Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, rad. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

15 El señor Aceneth Rivera Ramírez, vecino de la demandante, manifestó: “Yo llegué el día sábado como a las ocho de la noche a ocho y media, en ese momento yo vi que llegó un carro color blanco, no recuerdo la marca, se bajó un señor de bigote, de cuerpo normal, pelo corto, liso, me pareció curioso la forma como le dijo a la señora Adela, él le dijo que si le daba el garaje, él entró el carro, en ese momento yo estaba en la reja de mi casa, él guardó el carro y yo me entré a mi casa. Al día siguiente yo vi ese carro ahí mismo guardado, cuando como a las nueve a nueve y media de la mañana llegó el mismo señor que llegó la noche anterior en el carro, yo lo vi porque iba para la bodega que queda diagonal a la casa, él estaba timbrando la puerta donde Adela, traía en la mano una bolsa de color negro, grande más o menos, se veía pesada, yo seguí para la bodega y después cuando regresé lo vi haciendo algo al carro, tenía en la mano un destornillador, estaba trabajando en la parte de atrás del carro, estaba el baúl abierto del carro (…)”. Por su parte, el señor Alexander García Beltrán narró que: “Bueno, lo único que yo conozco es que el día domingo ocho de noviembre del presente mes, como a las nueve de la mañana, vi un carro blanco marca Fiat, vi un señor algo moreno, de bigote, pelo corto, él estaba como haciéndole unas reparaciones al vehículo, él estaba en la parte de atrás del carro, de ahí me vine para adentro a prender el televisor y como no me salía el canal cuatro entonces fui y me subí al tejado para mover la antena, y entonces fue cuando vi al señor que estaba primero detrás del carro, lo vi guardando una bolsa negra ahí debajo del planchón del lavadero que hay en la cocina, de ahí él se fue hacia el lavadero a lavarse las manos, en ese momento me bajé del tejado y cuando vi fue que al rato llegó la Fiscalía”. Finalmente, la señora Martha Lucía Salazar Vega indicó lo siguiente: “Yo cuando llegué y lo vi, él estaba ahí detrás del carro, tenía un martillo y un destornillador en la mano, él estaba detrás del carro y no lo conocía, se me hizo raro que estaba haciendo ese señor ahí, porque nunca lo había visto, además Adela vive con sus dos sobrinos” (f. 132-133 c. 1).