Sentencia 2002-00732 de agosto 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 250002324000200200732 02

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 1º de octubre de 2009, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actor: Rosa Idaly Rodríguez Cruz

Bogotá, D.C., quince de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

V.1. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

V.2. La apelación cuestiona el fallo impugnado en torno a los siguientes aspectos esenciales:

La actuación administrativa agotó todas las etapas de la vía gubernativa.

Como fundamento jurídico, precisa que la presente acción tiene relación con el cumplimiento de las normas sobre usos del suelo, urbanísticos, arquitectónicos, por lo que se refiere a las normas que regulan este tema. Arguye que el alcalde tiene la obligación constitucional y legal de hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del concejo, y que su omisión constituye infracción no solo a la ley penal, como sería el caso del prevaricato por omisión, sino que además, le puede generar responsabilidad de carácter disciplinario. Y que el debido proceso le fue respetado a la demandante por cuanto tuvo la oportunidad de rendir descargos y de agotar la vía gubernativa. E indica que de acuerdo con las pruebas recopiladas y practicadas se respetó el debido proceso, porque la accionante reconoce que se hicieron obras en el predio de su propiedad. así: “… si se levantaron cinco (5) paredes y se tejó en el tercer piso (…) yo no sabía que tenía que sacar licencia para construir lo que hice y la construcción se hizo para salvar la casa, lo que se hizo únicamente fue levantar las paredes y tejar, nada más…”.

V.3. Para dilucidar la controversia establecida en este proceso, la Sala, estima conducente valorar las pruebas allegadas al expediente, con el fin de determinar si el fallo en primera instancia se ajusta a derecho.

— Carta de 21 de noviembre de 2001, dirigida al Consejo de Justicia de Bogotá, suscrita por la señora Rosa Idaly Rodríguez Cruz, en la cual se dice:

“… me permito informar… que he procedido a demoler la obra de construcción levantada en el tercer piso, el inmueble de mi propiedad ubicado en la cll. 125 Nº 89A-30.

A que hace referencia el proceso número quinientos once (511) del año dos mil, que fuera enviado a su despacho el día quince (15) de noviembre de los corrientes mediante Oficio 943.

Lo anterior en solicitud en que tenga a bien ordenar la correspondiente diligencia de verificación para corroborar la demolición efectuada y en consecuencia se ordene el archivo definitivo del expediente” (fl. 34 del cdno. del tribunal).

— Memorando de 26 de diciembre de 2001, dirigido a la Alcaldía Local de Suba, suscrita por la señora Flor Alba Salinas de Cadena, vocal (Consejo de Justicia de Bogotá D.C. Sala de Obras y Urbanismo), en la cual se expresa:

“Expediente 511 DE 1999

Demandante: comunidad del barrio La Manuelita

Demandado: Rosa Idaly Rodríguez

Asunto: construcción

Dependencia: Alcaldía Local de Suba

Ponente: Flor Alba Salinas de Cadena

(…).

Teniendo en cuenta el escrito de fecha 29 de noviembre de 2001, suscrito por la señora Rosa Idaly Rodríguez Cruz y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Código Contencioso Administrativo, practíquese la siguiente prueba:

Oficiar al señor alcalde de Suba, a fin de que practique visita al inmueble ubicado en la calle 125 Nº 89A-30, con el objeto de que establezca si la señora Rosa Idaly Rodríguez Cruz, realizó la demolición del tercer piso del citado bien.

Para la práctica de la prueba anunciada, se concede un plazo de 15 días contados a partir del recibo del presente acto” (fl. 40).

— Oficio 059/02 de 29 de enero de 2002, suscrito por el señor Jesús Antonio Arévalo, asesor de obras de la Alcaldía Local de Suba, y dirigido a la Dra. Lily Esther Mieles Dovale, de la secretaría general Consejo de Justicia de Bogotá, en el cual se expresa:

“Adjunto al presente me permito enviarle el informe rendido por la arquitecta María del Pilar Toro C., en atención al derecho de petición recibido en este despacho y relacionado con la demolición del tercer piso del inmueble ubicado en la calle 125 Nº 89A-30 de esta localidad.

Donde es querellada: Rosa Idaly Rodríguez Cruz

El informe es enviado en tres (3) folios” (fl. 37 del cdno. del tribunal).

— Informe de visita técnica de 23 de enero de 2002, practicada por la arquitecta María del Pilar Toro C., al inmueble ubicado en la calle 125 Nº 89A-30, cuyo dictamen es el siguiente:

“Se realizó visita de constatación al predio referenciado, encontrando una vivienda de dos pisos y azotea, sobre la cual se efectuó una demolición, que según trazo que aún se conserva sobre la losa, se demolieron 5 muros que suman un área aproximada de 20 metros, conservando un cuarto en mampostería mixta de 3.20X3.50 con cubierta en eternit, el cual argumenta la Sra. Rosa Idaly Rodríguez existía en el momento de adquirir la casa en el año 1994” (fl. 38 del cdno. del tribunal).

A juicio de la Sala, las evidencias descritas demuestran plenamente, que el a quo procedió en debida forma, al revocar los actos administrativos acusados, ya que la administración no tuvo en cuenta tales pruebas para resolver el recurso de apelación. Antes por el contrario, la omisión de valorarlas, en especial, la inspección realizada por la arquitecta designada por la Sala de Obras y Urbanismo del Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., deja mucho que desear, al haber sancionado pecuniariamente a la señora Rodríguez, cuando el experticio técnico de la citada perito dio cuenta que el objeto que sirvió para imponer la sanción, había desaparecido, esto es, la construcción en el tercer piso del inmueble era inexistente, al haberlo destruido en forma oportuna.

Además, respecto al hecho relativo a la alcoba que aún se encontraba edificada en el tercer piso de la propiedad de la demandante, en el momento de la visita de la arquitecta, no fue constatado por la administración, de si era o no reciente su construcción, lo que permite concluir que los actos se profirieron sin verificación fáctica alguna.

Ahora bien, fundamentar el recurso de apelación solo en las normas que facultan al alcalde para sancionar en caso de una construcción que omita la licencia, no es aceptable, en la medida que, en el caso sub examine, se observa que la negligencia por parte de la administración, es evidente, al no haber verificado previamente la antigüedad de la alcoba construida en el tercer piso del inmueble cuestionado.

Así las cosas, el proceder de la Alcaldía Local de Suba - Sala de Obras y Urbanismo del Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., es no solo contradictorio con las normas demandadas, sino que su carencia de análisis jurídico y fáctico, permite a esta Sala, estimar que los funcionarios que expidieron los actos administrativos demandados, se encuentran incursos en un presunto “abuso de poder”, cuyas conductas deben ser investigadas por las autoridades competentes.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia y se enviará a la Procuraduría General de la Nación copia del expediente para que inicie los trámites disciplinarios del caso, contra los funcionarios responsables que expidieron los actos administrativos acusados, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 1º de octubre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decidió declarar la nulidad de las resoluciones 320 de 26 de septiembre de 2000 y 340 de 22 de agosto de 2001 expedidas por la Alcaldía Local de Suba y del Acto Administrativo 280 de 2 de junio de 2002, expedido por la Sala de Obras y Urbanismo del Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., y niega el restablecimiento, en demanda instaurada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. COMPÚLSESE copia del expediente y REMÍTASE a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior Sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».