Sentencia 2002-00745 de julio 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

Rad.: 08001-23-31-000-2002-00745-01(33202)

Actor: Luis Santiago del Toro Ospino y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia).

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

7. La Sala observa que es competente para resolver el sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

8. La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada para la reparación del daño sufrido a causa de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el demandante, en virtud de una operación administrativa.

9. Ahora bien, es importante recordar que la Sala debe limitarse a analizar los aspectos que la parte demandada señala en su recurso de apelación(2), o que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3), pues esta corporación(4) ha considerado que, de la premisa “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y determinar libremente qué es lo desfavorable al recurrente, pues, a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.

De la legitimación en la causa

10. Los demandantes acreditaron tener lazos civiles o de parentesco con Luis Santiago del Toro Ospino (fl. 123-129, cdno. 1), de donde se infiere que tienen un interés para solicitar que se declare la responsabilidad por los daños invocados en la demanda. También está probado en el expediente que la Fiscalía General de la Nación fue la entidad que profirió las providencias dentro el proceso penal adelantado en contra del demandante, actuaciones estas que fueron invocadas en la demanda como las causantes de los daños cuya indemnización reclama la parte actora.

De la caducidad de la acción

11. En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad de la entidad demandada, por la privación de la libertad de Luis Santiago del Toro Ospino, la cual se demostró injusta el 17 de noviembre de 2000, fecha en la cual se declaró la preclusión de la investigación penal adelantada en su contra. Como la demanda fue impetrada el 25 de febrero de 2002, se encuentra dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho dañoso, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

12. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis resulta imputable al Estado el daño ocasionado a Luis Santiago del Toro Ospino por la privación de la libertad a la que fue sometido, con ocasión de la investigación penal adelantada en su contra por la Fiscalía General de la Nación.

III. Hechos probados

13. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento de los presupuestos procesales, los hechos que dan lugar a la presente actuación se pueden presentar de la siguiente forma:

13.1. El señor Luis Santiago del Toro Ospino, fue capturado el 4 de febrero de 2000, en virtud de la orden emitida por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por el delito de concusión (copia auténtica de: orden de captura emitida por la fiscalía segunda delegada ante el tribunal superior, y acta de derechos del capturado consignada por el cuerpo técnico de investigación-grupo de capturas, fl. 24-25, cdno. 1).

13.2. Mediante providencia del 11 de febrero de 2000, la precitada fiscalía, resolvió la situación jurídica del sindicado, en el sentido de proferir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional; además, ordenó la sustitución de dicha medida por la detención domiciliaria y la suspensión del cargo de técnico judicial II, que ostentaba el señor del Toro. Esta decisión fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, mediante providencia del 22 de mayo de 2000 (fl. 30-57, cdno. 1).

13.3. El 6 de junio de 2000, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla concedió libertad provisional al sindicado, luego de ciento veinte días de privación de la libertad (fl. 58-59, cdno. 1). Mediante providencia de 18 de agosto de 2000, la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento y ordenó la reintegración del procesado al cargo de técnico judicial II (fl. 73, cdno. 1)

13.4. El 17 de noviembre de 2000, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, profirió resolución de preclusión de la investigación adelantada en contra de Luis Santiago del Toro Ospino, por considerar que no cometió la conducta que se le pretendía endilgar (fl. 79-101, cdno. 1).

13.5. El señor Luis Santiago del Toro Ospino es padre de Andrés Santiago del Toro Vargas, Margareth Lizseth del Toro Celemín, Tatiana Patricia del Toro Turbay, Marlon Luis del Toro Celemín, Luis Segundo del Toro Molina y Julieth Paola del Toro García, y para la época de los hechos la señora Marian Lidia Celemín Casariego era su cónyuge (copia auténtica de los registros civiles de nacimiento, registro civil de matrimonio, fl. 123-129, cdno. 1).

IV. Análisis de la Sala

14. De conformidad con los hechos probados la Sala advierte que está debidamente acreditado que Luis Santiago del Toro Ospino fue privado de su libertad a órdenes de la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, desde el 4 de febrero hasta el 6 de junio de 2000, fechas en las que se dictó la medida de aseguramiento y la providencia que concedió libertad provisional, respectivamente.

15. También se determinó que, luego de que la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió revocar la medida de aseguramiento y ordenó la reintegración a su cargo de técnico judicial II el 8 de agosto de 2000, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla profirió resolución de preclusión de la investigación, por cuanto consideró que Luis Santiago del Toro Ospino no cometió el hecho punible que se le endilgaba.

16. Por otra parte, se encuentra demostrada la configuración de un daño en cabeza de Marian Lidia Celemín, Andrés Santiago del Toro Vargas, Margareth Lizseth del Toro Celemín, Tatiana Patricia del Toro Turbay, Marlon Luis del Toro Celemín, Luis segundo del Toro Molina y Julieth Paola del Toro García, toda vez que, de acuerdo a las reglas de la experiencia, del parentesco se infiere el sentimiento de pena por su detención. Reitera la Sala que, para el reconocimiento del daño moral, la parte demandante tiene el deber mínimo de probar su existencia (CPC, art. 177) y que la prueba de parentesco constituye un indicio para derivar la afectación moral. Al respecto la Sala ha señalado:

Para la Sala es razonable inferir la existencia de un daño moral sufrido por una persona que, como el señor Juan Alberto Caicedo, ha sido privada de su libertad. Igualmente, la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración(5).

17. En lo atinente al régimen de responsabilidad aplicable al presente caso, para la Sala es claro que la preclusión de la investigación a favor de Luis Santiago del Toro Ospino, se produjo porque no existe prueba que permita imputarle la comisión del hecho punible, tal como lo manifestó la fiscalía delegada: “(...) en lo que corre de la investigación no aparece, es cierto, “prueba ni indicio” que comprometa al ex fiscal en el “bochornoso” hecho, pues que si el juicio de reproche se ha concentrado en la “connivencia” que pudo existir entre éste y aquel, es de reconocer, amén de la prueba, se insiste, que la primera instancia no alcanzó a valorar, dada la oportunidad en la que la recaudó, esto es, después de negar la revocatoria de la medida de aseguramiento, que en tal terreno, en el probatorio, nada la demuestra (sic) (fl. 72-73 cdno. 1).

18. El fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, era el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, vigente para la época de los hechos, que establecía:

ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

19. Como quiera que la investigación adelantada en contra de Luis Santiago del Toro Ospino concluyó con preclusión de la investigación por encontrarse que no cometió la conducta punible, la Sala considera pertinente la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, derivado de la aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, puesto que se configura lo establecido en la norma citada, en cuanto a que el sindicado no cometió el hecho punible(6).

20. En interpretación de dicho artículo, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(7), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(8).

21. No obstante lo anterior, es preciso advertir que para el momento en el que quedó en firme la preclusión de la investigación a favor del demandante —17 de noviembre de 2000— ya había entrado en vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, circunstancia que en el sub lite no impide abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio expuesto. En efecto, al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996(9), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (...).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.

22. Al respecto, la Sala ha considerado(10) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en el mundo jurídico de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, pues ello tuvo lugar sólo hasta el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—.

23. En síntesis, la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declarada en todos aquellos casos en los cuales se dicte sentencia penal absolutoria o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, con fundamento en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, cuando la decisión penal se profiera en vigencia de esa norma, esto es, cuando la sentencia penal o su equivalente se hubieran proferido durante el lapso comprendido entre el 30 de noviembre de 1991 —cuando aquél fue expedido— y el 24 de julio de 2001 —cuando entró en vigor la Ley 600 de 2000—, porque sólo desde la decisión definitiva debe entenderse consolidado el daño antijurídico.

24. Clarificado lo anterior, el caso bajo estudio implica una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de un error cometido por la autoridad judicial. Al perjudicado le basta con demostrar que se impuso en su contra una medida privativa de la libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano. Bajo esa óptica, deberán analizarse los presupuestos para que pueda declararse responsabilidad en contra de la entidad demandada en el sub lite.

25. Con respecto a la carga probatoria del demandante en el caso que se analiza, el Consejo de Estado ha reiterado que corresponde a la parte actora acreditar los elementos que configuran la responsabilidad, a saber: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, elementos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente con la prueba de la privación de la libertad y la posterior preclusión en favor del demandante, pues fue una decisión de la Fiscalía General de la Nación la que determinó que Luis Santiago del Toro Ospino estuviese privado de su libertad, hasta demostrarse que no tuvo participación alguna en el ilícito que se investigó. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada la causal de exoneración: culpa exclusiva y determinante de la víctima.

26. Como se trató de una imputación penal contra Luis Santiago del Toro Ospino, que culminó con preclusión a su favor, debido a que no fue autor del hecho, y teniendo en cuenta que la entidad demandada se abstuvo de demostrar que la privación de la libertad del demandante hubiera ocurrido como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima, la Sala concluye que en el presente caso se dan todos los presupuestos para que pueda predicarse responsabilidad a cargo de la entidad demandada, a la cual le son imputables los perjuicios padecidos como consecuencia de la medida judicial, en cuanto que la privación de la libertad del demandante fue una carga que no estaba llamado a soportar.

27. La responsabilidad patrimonial por el daño causado es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, pues en virtud de las actuaciones de este último organismo se generó el hecho dañoso, consistente en la privación de la libertad de Luis Santiago del Toro Ospino.

28. Habida cuenta de que el Tribunal Administrativo del Atlántico emitió sentencia concediendo las súplicas de la demanda, la Sala confirmará la decisión asumida en primera instancia.

V. Liquidación de perjuicios

29. La sentencia de primera instancia reconoció los perjuicios morales causados al señor Luis Santiago del Toro Ospino como consecuencia de su detención y ordenó indemnizarlo con la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por tal concepto también ordenó indemnizar a su esposa Marian Lidia Celemín, a quien reconoció 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a sus hijos Andrés Santiago del Toro Vargas, Margareth Lizseth del Toro Celemín, Tatiana Patricia del Toro Turbay, Marlon Luis del Toro Celemín, Luis segundo del Toro Molina y Julieth Paola del Toro García por 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. Esta condena será confirmada por la Sala, puesto que, al ser la entidad demandada la única apelante, no se podrá hacer más gravosa su situación, en virtud del principio de la non reformatio in pejus.

30. Con relación a los perjuicios materiales, el Tribunal Administrativo del Atlántico reconoció el pago de un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y dos pesos ($1’454.052) por concepto de lucro cesante, y veinte millones de pesos ($20’000.000) en la modalidad de daño emergente, estas sumas serán actualizadas.

Actualización de la renta:

 

Indices ipc f ipc i ra
 

 

Ra=Renta actualizada a establecer
Rh=Renta histórica, $21’454.052
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113,75 que es el correspondiente a junio de 2013.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 84,0 que es el que correspondió al mes de noviembre de 2005, mes en el cual se profirió la sentencia de primera instancia.

 

Indices ipc f ipc i ra A
 

 

VI. Costas

31. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR los numerales primero, tercero y cuarto de la sentencia del 10 de noviembre de 2005 proferida en la primera instancia del presente proceso por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Y modificar el numeral segundo, el cual quedará así:

1) Perjuicios materiales:

A) Al señor Luis Santiago del Toro Ospino la suma de veintinueve millones cincuenta y dos mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte. ($29’052.362) como indemnización de perjuicios por lucro cesante y daño emergente.

2) Perjuicios morales:

A) A Luis Santiago del Toro Ospino la suma de equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

B) A Marian Lidia Celemín, la suma equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo.

C) A Andrés Santiago del Toro Vargas, Margareth Lizseth del Toro Celemín, Tatiana Patricia del Toro Turbay, Marlon Luis del Toro Celemín, Luis segundo del Toro Molina y Julieth Paola Del Toro García, la suma equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente fallo, para cada uno.

2. Sin condena en costas.

3. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

4. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

5. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(2) De conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, “... el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella...”.

(3) Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Ibídem y Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2012, expediente 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth,

(5) Sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente 18902, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, expediente 44001-23-31-000-2001-00182-01 (24917), actor: Ezequiel Segundo Solano Brito y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, expediente 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, expediente 13.449.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(9) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(10) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, expediente 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.