Sentencia 2002-00787 de septiembre 21 de 2007

CONSEJO DE ESTADO 

SALA ESPECIAL TRANSITORIA DE DECISION 1 “B”

Rad.: 11001 03 15 000 2002 0020787 01

Número interno: 519

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Moreno García

Actor: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

Recurso extraordinario de suplica

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de dos mil siete.

Procede la Sala él resolver el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., con fundamento en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, contra la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 29 de noviembre de 2001.

Antecedentes

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la nulidad de las resoluciones 0312 del 20 de marzo de 1997 mediante la cual el jefe de la división de fiscalización de la DIAN - Buenaventura le impuso una multa de $ 516.156.138.000.00 y 747 del 11 de julio del mismo año, que resolvió negativamente el recurso de reconsideración propuesto contra la anterior decisión.

Manifiesta que el 3 de diciembre de 1996 mediante oficio 01488 se le notificó pliego de cargos por infracción administrativa de contrabando; que presentó los correspondientes descargos aportando unas pruebas y solicitando otras, para demostrar que los cargos formulados no tenían fundamento legal; que solicitó la recepción de testimonios y “presentó como prueba documental la planilla de registro de control de contenedores 066620 de fecha 7 de septiembre de 1996, donde se constata que los contenedores identificados con los números MLCU 408116-0 y CSVU 459570-8 de 40 pies, no fueron descargados en el patio 1 ni fueron entregados a la sociedad” (fls. 45 y 46).

Agrega que mediante la Resolución 312 del 20 de marzo de 1997 se le impuso una multa de $ 516.156.138.000.00 equivalente al 200% del valor de la mercancía sin practicar las pruebas solicitadas por la sociedad, desconociendo su derecho de defensa; que interpuso el recurso de reconsideración, demostrando que los contenedores anteriormente relacionados no fueron descargados y entregados a los funcionarios de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., el cual fue resuelto mediante la Resolución 747 del 11 de julio de 1997 que es confusa e inentendible, pues las consideraciones en que se fundamenta no tienen claridad, son indescifrables y se sustentan en una norma legal que no guardan relación alguna con el asunto a resolver, como es el artículo 261 del Código Contencioso Administrativo.

La sentencia recurrida

La Sección Primera de esta corporación, en el fallo objeto de este recurso, decidió confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del valle del Cauca el 14 de febrero de 2001, que denegó las súplicas de la demanda.

Considera que la multa impuesta a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, se fundamentó en el artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994 el cual dispone que “cuando la mercancía no se haya podido aprehender por haber sido consumida, destruida, transformada, porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera o por cualquier otra circunstancia, procederá la aplicación de una sanción equivalente al 200% del valor de la misma...”; que si bien es cierto que la DIAN no decretó las pruebas testimoniales solicitadas por la sociedad, también lo es que al interponer el recurso de reconsideración, esta no insistió en el decreto y práctica de las mismas, ni lo hizo ante la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que no puede ahora alegar violación del derecho de defensa, ya que dejó precluir la oportunidad.

Agrega que en el expediente administrativo obran suficientes documentos que demuestran que la mercancía fue descargada en el Puerto de Buenaventura y que estaba bajo la responsabilidad de la sociedad demandante; que al no haber aportado en el recurso de apelación argumentos que lleven a la Sala a variar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la sentencia apelada será confirmada.

El recurso extraordinario

El apoderado de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., solicita que se revoque la sentencia acusada, para lo cual formuló cuatro cargos, a saber:

Primer cargo

Acusa la sentencia de vulnerar de manera directa, por aplicación indebida, el artículo 73 del Decreto 1909 de 1992 modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994, y por falta de aplicación del artículo 13 del Decreto 1908 de 1992, en armonía con los artículos 63, 1494, 1502, 1602, 1604 y 2341 del Código Civil.

Sostiene que la sentencia impugnada, proferida por la Sección Primera de esta corporación transgredió las disposiciones sustanciales anteriores, por cuanto no se hicieron obrar en el caso controvertido, debiendo haberse aplicado en el fallo; que pasó por alto la especial y fundamental circunstancia de que la violación de la norma primaria da lugar a la entrada en juego de la norma secundaria, cuando se lesiona un bien jurídicamente protegido y que determina el nacimiento de una responsabilidad.

Indica que una cosa es el descargue de la mercancía y otra muy diferente la entrega de la misma al puerto; que la Sección Primera se equivocó en la apreciación de esos conceptos, pues dio por hecho incuestionable que al ser descargada la mercancía nacía para la Sociedad Portuaria la obligación de responder, sin atenuante alguno, por el destino que haya tomado esa mercancía; que en ningún caso la mercancía de importación descargada es recibida por el puerto de descargue para efectos aduaneros, pues solo se prestan los servicios portuarios necesarios para la transferencia de la carga, la que permanece bajo la responsabilidad de los encargados de la transferencia; que su responsabilidad empieza en el momento en que recibe la mercancía de parte del transportador, agente, u operador y la almacena en su depósito habilitado de aduanas, para la custodia, conservación y entrega al interesado, cuando se surta el proceso aduanero correspondiente.

Advierte que el artículo 13 del Decreto 1909 de 1992 traslada la responsabilidad de las mercancías importadas de manera directa y automática al operador portuario cuando señala que “la mercancía descargada en puerto, quedará bajo la responsabilidad del transportador, hasta su entrega a los depósitos habilitados o al declarante, según el caso” (fl. 18).

Segundo cargo

Acusa la sentencia de violar directamente, por aplicación indebida, el artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994 y por falta de aplicación de los artículos 3º, 16, 17, 106 y 107 del Decreto 1909 de 1992, en armonía con los artículos 1494, 1502, 1602, 2236 y 2237 del Código Civil y 1171 del Código de Comercio.

Alega que el fallo proferido por la Sección Primera de esta corporación vulneró directamente las normas sustanciales antes mencionadas, porque pretermitió e ignoró la existencia de las disposiciones dejadas de aplicar e hizo valer la que no era aplicable al caso controvertido; que de acuerdo con el régimen de importación, la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional, son responsables de las obligaciones aduaneras el importador, el propietario o el tenedor de la mercancía y así mismo serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención el transportador, el depositario, intermediario y el declarante.

Indica que la afirmación categórica que se hace en la sentencia suplicada con relación a que en el expediente administrativo obran suficientes documentos que demuestran que la mercancía fue descargada en el Puerto de Buenaventura, contiene proposiciones y premisas que no son ciertas y que conducen a conclusiones equivocadas; que entre el buque en donde se transporta las mercancías y las instalaciones del depósito habilitado de aduanas existe un espacio físico y de tiempo y el hecho del descargue no significa que necesaria y automáticamente las mercancías o los contenedores ingresen directamente a las instalaciones del depósito público que administra la sociedad.

Concluye que al no haber sido recibidas las mercancías por el deposito habilitado de la sociedad, jurídicamente no es posible aplicar en su contra el precepto que erróneamente tuvo en cuenta la Sección Primera de esta corporación.

Tercer cargo

Acusa la sentencia de quebrantar directamente, por falta de aplicación, los artículos 17 y 76 del Decreto 1909 de 1992, en concordancia con la Ley 1ª de 1991 y con los artículos 1º y 43 del Decreto 2685 de 1999.

Sostiene que de acuerdo con el artículo 5-20 de la Ley 1ª de 1991, el objeto de las sociedades portuarias es la inversión en construcción y mantenimiento de puertos y su administración, así como también prestar servicios de almacenamiento y otros propios de la actividad portuaria; que el artículo 5-9 ibídem define al operador portuario como la empresa que presta servicios en los puertos directamente relacionados con la actividad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, etc.; que quien crea o afirme que una sociedad portuaria responde por lo que se descargue en sus muelles, está incurriendo en un gravísimo error de derecho, por flagrante desconocimiento de la ley y de la realidad portuaria.

Manifiesta que la ley aduanera define claramente la calidad del depósito, de la que goza la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., a partir de la cual se le fija y exige su responsabilidad aduanera, civil y comercial, como depositaria de las mercancías efectivamente recibidas, luego no se le puede responsabilizar de todo lo que le suceda a la mercancía descargada en el puerto, porque en cada fase del proceso transportador, importador, portuario y aduanero, hay un responsable claramente definido y delimitado por la ley, a quien hay que exigirle el cumplimiento de sus obligaciones.

Argumenta que está probado que ni el transportador, ni su agente entregaron los dos contenedores al depósito habilitado de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, limitándose simplemente a afirmar que los mismos fueron descargados en las instalaciones del terminal marítimo, como si esa fuera su única obligación.

Cuarto cargo

Acusa la sentencia de violar directamente los artículos 304 y 305 del código de Procedimiento Civil en armonía con el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, por falta de aplicación.

Arguye que la sentencia impugnada no mencionó por ninguna parte las alegaciones presentadas por las partes, lo que constituye una violación flagrante de las normas que rigen la ritualidad del proceso; que la responsabilidad de las sociedades portuarias surge desde el momento de ingreso de las mercancías al lugar habilitado para el almacenamiento y en ninguna parte las normas que regulan el régimen de importación de bienes atribuyen responsabilidad a las sociedades portuarias de las mercancías al momento del descargue.

Al alegar de conclusión la entidad accionada solicita negar por improcedente las pretensiones del recurrente y en consecuencia confirmar la sentencia objeto del recurso extraordinario de súplica.

Asegura que el objeto de este recurso es velar por el estricto contenido de las leyes de carácter sustancial; que las normas citadas por el recurrente extraordinario como violadas por la sentencia del 29 de noviembre de 2001, son normas de carácter procesal y no sustancial, por consiguiente, como lo señala el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, no pueden por sí solas fundar un cargo de recurso extraordinario de súplica; que estas normas en ningún momento están declarando, creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas concretas; que se trata de disposiciones que sirven de instrumento para lograr el desarrollo y efectivo cumplimiento de las regulaciones sustantivas consagradas en la legislación aduanera.

Sostiene que el 31 de diciembre de 1998, a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura se le habilitó el puerto de servicio público de Buenaventura, para la entrada y salida de mercancías bajo control aduanero de esa misma sociedad, y luego, previa solicitud, mediante, Resolución 7449 del 23 de agosto de 2001, la DIAN homologó el puerto de servicio público para la entrada y salida de mercancías bajo control aduanero, por el término de 10 años.

Aclara que la solicitud de homologación con el cumplimiento de los requisitos de ley, era un requisito que debían cumplir todos los usuarios del comercio exterior que en virtud de la legislación anterior, esto es, el Decreto 1909 de 1992, hubieren sido habilitados para el ingreso, salida o almacenamiento de mercancías bajo control aduanero; que sin lugar a equívocos, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura responde por todas las operaciones de cargue, descargue y manipulación de la mercancía que ingrese o salga del Puerto Público de Buenaventura.

Afirma que quedó probado en el proceso que la mercancía fue descargada en el puerto público habilitado a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. y estando bajo “su responsabilidad se extravió y no fue entregada al patio 1, es claro que las normas consideradas por el recurrente, fueron violadas por la sentencia de la Sección Primera objeto del presente recurso, ya por aplicación indebida, ya por falta de aplicación, en manera alguna son aplicables al caso controvertido, toda vez que las mismas se refieren a la responsabilidad del transportador...” (fl. 57).

Indica que tampoco eran aplicables los artículos 1º y 43 del Decreto 2685 de 1999, por cuanto los hechos ocurrieron en vigencia del Decreto 1909 de 1992 y que el hecho de que en la sentencia suplicada no se mencionaran los alegatos de conclusión presentados por las partes, no invalida el fallo, ni es violatorio de los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil y 55 de la Ley 270 de 1996, porque el primero se refiere a la síntesis de la demanda y la contestación, mas no él los alegatos; que así mismo no tiene cabida la violación directa, porque para demostrar la violación de las normas invocadas, tendríamos que acudir a las pruebas practicadas en vía gubernativa que sirvieron de base para negar las súplicas de la demanda y de ser así estaríamos frente a una posición indirecta no contenida en el recurso extraordinario de súplica.

Asevera que no se presenta la violación por indebida aplicación de normas aduaneras, ya que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura sí es responsable por la pérdida de la mercancía descargada en el puerto y que al no ser posible su aprehensión, procede la aplicación de la sanción establecida en el artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994, norma que también es de carácter procedimental. De la misma manera no se presenta violación por falta de aplicación de normas del Código de Comercio y Código Civil, porque la actividad relacionada con el cargue, descargue y manipulación de mercancías bajo control aduanero que ingrese o salga del Puerto Público de Buenaventura, habilitado por la DIAN a la sociedad recurrente, se rigen por las normas aduaneras, que son de carácter especial y priman sobre las generales.

Consideraciones

En primer lugar es necesario precisar que los motivos que permiten tipificar la causal de súplica extraordinaria prevista en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo como violación directa de normas sustanciales, se configuran bajos los conceptos de aplicación indebida, cuando la norma se aplica sin ser pertinente al caso debatido; falta de aplicación, cuando siendo pertinente el precepto legal se hace caso omiso del mismo e interpretación errónea, cuando la norma es pertinente pero se interpretó equívocamente y así se aplicó.

La violación directa se entiende como la infracción que resulta de la confrontación con la norma sustancial sin referencia a las pruebas y ocurre cuando el fallador luego de cotejar el caso concreto con los hechos en que se sustenta la hipótesis normativa, deduce o concluye algo que no coincide con la voluntad específica del legislador. Siendo ello así, entre las infracciones denunciadas y la sentencia suplicada debe haber una relación causal, es decir, que los errores que se denuncian en la aplicación de la ley, cualquiera que sea la forma de la infracción, deben ser determinantes en la decisión adoptada en la sentencia acusada. La finalidad de la súplica extraordinaria es que se verifique la conformidad o inconformidad del tallo impugnado con la norma o normas sustanciales que constituyen o deban constituir la base esencial del mismo.

Lo anterior, obliga al recurrente no solo a señalar en el recurso las normas sustanciales que considera infringidas por el fallo, sino además a realizar la exposición clara y precisa de las razones o motivos que de acuerdo con los cargos formulados configuran en cada caso la infracción, pues solo en la medida en que demuestre, mediante una adecuada confrontación, cómo la sentencia incurrió en quebranto de una norma sustancial, puede llegar a deducirse si el error del fallador recae sobre la existencia de ella (falta de aplicación), o la equivocada selección (aplicación indebida), o haber dado al supuesto de hecho o a la consecuencia jurídica un sentido distinto del que tiene (interpretación errónea). En consecuencia, no es suficiente ni admisible una censura de carácter general al contenido del proceso, ni es de recibo la referencia generalizada de leyes o estatutos para estructurar un cargo con finalidad demostrativa de la infracción.

Para resolver se advierte que en el primer cargo plantea el recurrente que el fallo suplicado incurre en infracción directa de normas sustanciales por aplicación indebida del artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994 y por falta de aplicación del artículo 13 del mismo decreto, en armonía con los artículos 63,1494, 1502, 1602, 1604 y 2341 del Código Civil.

El fundamento fáctico de la sentencia impugnada consistió en que los contenedores de la mercancía no fueron descargados en el patio 1, ni entregados a los empleados de la sociedad, tal como se hizo constar en el documento de control de contenedores 066620 de fecha 7 de septiembre de 1996, pero concluyó la Sección Primera que ello no desvirtuaba la presunción de legalidad de los actos acusados, porque en el expediente administrativo obraban suficientes documentos que demostraban que la mercancía fue descargada en el Puerto de Buenaventura y que por ello estaba bajo la responsabilidad de la sociedad demandante.

Sobre la base de lo anterior, para la Sala no hay duda que la sentencia impugnada le dedujo responsabilidad a la sociedad recurrente, por el solo hecho del descargue de la mercancía; y lo cierto es que la Sección Primera no invocó norma alguna para llegar a esa conclusión, pues solo se limitó a transcribir el inciso 1º del artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994 que señala la sanción a imponer cuando no es posible aprehender la mercancía.

La única regla que establece responsabilidad a cargo del puerto, el operador portuario o el importador, según el caso, a partir del descargue en el puerto, es el inciso segundo del artículo 13 del Decreto 1909 de 1992, el cual no fue invocado ni aplicado por la Sección Primera en la sentencia recurrida. El texto de la norma que se omitió aplicar es el siguiente:

“(...)

Cuando en el contrato de transporte marítimo la responsabilidad para el transportador termine con el descargue de la mercancía, a partir del mismo, esta quedará bajo responsabilidad del puerto, operador portuario o importador, según el caso, hasta su entrega a un depósito habilitado” (negrilla de la Sala).

Y es que, si como lo alegó la recurrente, ella no podía responder por los contenedores perdidos porque no se los entregaron, como la misma providencia impugnada lo dio por establecido, fuerza concluir que la Sección Primera no verificó, debiendo hacerla, las condiciones previstas en la norma transcrita para deducirle responsabilidad a la Sociedad Portuaria por la mercancía que fue simplemente descargada en el muelle, y por ende, resulta evidente que omitió aplicar la mencionada disposición normativa.

Bastan las anteriores consideraciones para dar prosperidad al cargo de violación directa por falta de aplicación del artículo 13 del Decreto 1909 de 1992, lo cual releva a la Sala de estudiar los restantes. Procede entonces la infirmación del fallo suplicado, para lo cual se dictará sentencia de reemplazo, conforme con las siguientes

Consideraciones

Demanda la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. la declaratoria de nulidad de las resoluciones 312 del 20 de marzo de 1997 que le impuso una multa por valor de $ 516’156.138.00 a favor de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y 747 del 11 de julio del mismo año, mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de reconsideración interpuesto contra la decisión anterior.

Para apoyar su petitum la demandante expuso como hechos que el 3 de diciembre de 1996, mediante oficio 01488, se le notificó el pliego de cargos por infracción administrativa de contrabando expedido por la jefatura de la división de fiscalización de la DIAN - Buenaventura; que dentro de dicho trámite presentó los correspondientes descargos, aportó pruebas como la planilla de registro de control de contenedores 066620 del 7 de septiembre de 1996 donde se constata que los contenedores identificados con los números MLCU 408116-0 y CSVU 450570-8 de 40 pies no le fueron entregados por no haber sido descargados en el patio 1, y solicitó la práctica de otras tendientes a demostrar que tales cargos carecían de fundamento legal, como fueron la recepción de varios testimonios.

Agregó que por medio de la Resolución 312 del 20 de marzo de 1997 el jefe de la división de fiscalización de la DIAN - Buenaventura le impuso una multa de $ 516’156.138.oo equivalente al 200% del valor dé la mercancía en franca violación de su derecho de defensa, por cuanto no se practicaron las declaraciones solicitadas, ni se tuvo en cuenta la planilla referida; que contra la anterior decisión interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto negativamente mediante Resolución 747 del 11 de julio de 1997, el cual en su sentir es “confuso e inentendible”, ya que las consideraciones en que se basó carecían de claridad y estaban fundamentadas en una norma que no guardaba relación alguna con el asunto que se debatía.

Las disposiciones que encontró infringidas con la actuación de la administración están contenidas en los artículos 2º, 6º, 23, 29, 83, 85 y 89 de la Constitución Política; 140, num. 6º del Código de Procedimiento Civil; 2º, 3º, 34, 35, 56 y 84 del Código Contencioso Administrativo y Decreto 1909 de 1992.

Sustentó el concepto de la violación en que no incurrió en ninguna infracción debido a que está demostrado que la mercancía jamás le fue entregada en calidad de depositaria, tenedora o intermediaria; que se desconoció su derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política y se violó lo dispuesto en los artículos 140 del Código de Procedimiento Civil, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo al habérsele impuesto una multa sin que se hubieran practicado las pruebas solicitadas.

Por su parte, en la contestación de la demanda la apoderada de la Nación - UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales manifestó que la multa está bien impuesta, por cuanto la mercancía se perdió en el recinto portuario cuando estaba bajo responsabilidad de la sociedad demandante, tal como se demostró en el proceso de investigación por infracción administrativa aduanera adelantado por la Administración de Aduanas de Buenaventura; que existen una serie de obligaciones aduaneras en el proceso de importación que deben ser cumplidas por el sujeto que realiza la actuación correspondiente, cuyo incumplimiento genera unas sanciones.

En el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó las pretensiones de la demanda por considerar que si bien en el memorial de descargos la parte actora solicitó que se recepcionaran unos testimonios que nunca se decretaron, lo cierto es que podía volver a solicitar que los mismos se practicaran en el recurso de reconsideración, tal como lo permite el artículo 8º, numeral 4º del Decreto 1800 de 1994, oportunidad esta que no aprovechó; que aunque la Resolución 747 del 11 de julio de 1997 citó equivocadamente como sustento el arto 267 del Código Contencioso Administrativo, comoquiera que la Resolución 312 del 20 de marzo del mismo año citó correctamente el fundamento de la misma, esto es, el artículo 267 pero del Código de Procedimiento Civil y ambos actos administrativos conforman una sola unidad, no puede hablarse de infracción de las normas en que debieron fundarse; que por ello, los actos acusados fueron expedidos con sujeción al procedimiento señalado en las normas que regulan el terna y con plena garantía del derecho de defensa y del debido proceso.

El apoderado de la sociedad demandante en el recurso de apelación aclaró que en ningún momento solicitó recepcionar las declaraciones que omitió la DIAN Buenaventura, sino que pidió la nulidad de los actos acusados por violación al debido proceso al no haberse decretado y practicado las pruebas testimoniales solicitadas oportunamente dentro del procedimiento administrativo que se adelantó en su contra; que el artículo 8º, numeral 4º del Decreto 1800 de 1994 no puede aplicarse y menos interpretarse sin ser relacionado con los artículos 2º y 12 del mismo, los cuales establecen un término de 3 meses prorrogables para proferir la respectiva resolución de sanción o multa; que el arto 5º ibídem establece que el recurso de reconsideración debe entenderse integrado a todo el procedimiento administrativo iniciado, como un complemento y no como una petición aislada y diferente; y por último, que de conformidad con los artículos 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo y 2º del Decreto 1800 de 1994 cumplió con solicitar las pruebas testimoniales, no así la administración que omitió su deber de decretarlas y practicarlas, de modo que con su actuar vulneró el derecho al debido proceso y de defensa.

Pues bien, en el expediente figuran los siguientes elementos de prueba, dirigidos a demostrar que la mercancía que se encontraba en los contenedores MLCU 408116 O Y CSVU 450570 8 X 40” fue descargada en el Puerto de Buenaventura, más no ingresó en los patios de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura:

— Oficio del 11 de septiembre de 1996 expedido por el gerente de Navemar S.A. a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuyo contenido era el siguiente (fl. 89, cdno. 2):

“REF MN Rungue V3 BL C0001 Baltimore/Buenaventura

Apreciados señores:

De la motonave en referencia se descargó el cargamento arriba indicado compuesto por 2 conteiner de 40 pies números CSVU4505708 y MLCU4081160 conteniendo cigarrillos para los señores Phillip Morris Latin American Sucursal Colombia.

Nuestro operador portuario Elequip S.A. nos informa que dichos conteiners desaparecieron del terminal marítimo después del descargue de los mismos y nos hacen llegar copia de la denuncia penal en averiguación de responsables por el delito de hurto instaurada ante la Fiscalía General de la Nación seccional de Buenaventura y sus anexos los cuales acompañamos a este escrito para todos los efectos legales”.

— Oficio del 11 de septiembre de 1996 suscrito por el grupo control cargas de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y dirigido a al jefe de la división operativa de la DIAN Buenaventura en el que le informa que el 7 de septiembre de ese mismo año arribó a ese puerto la motonave Rungue con los contenedores MLCU 408116 O y CSVU 450570 8 X 40” y que según reporte del operador portuario Elequip los contenedores fueron descargados al puerto para ser trasladados al patio 1, al cual nunca llegaron de acuerdo con la información suministrada por los funcionarios de patio (fl. 87 ibídem).

— Planillas de tarja en la que figuran como descargados los contenedores identificados como MLCU 408116-0 y CSVU 450570-8 (fls. 94 y 95 ib.).

— Control de contenedores 066620 del 7 de septiembre de 1996 de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. en el que aparece que los contenedores MLCU 408116-0 y CSVU 450570-8 no fueron descargados en el patio 1 (fl. 21 ib.).

— Oficio enviado por la empresa de seguridad Orión Ltda. a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en la que informan que “los contenedores CSVU 450570-8/ y MLCU 408116-0 agenciados por Julio Fernández Vélez no aparecen en el patio en el cual habían sido asignado (patio 1) por lo cual solicitamos su colaboración para establecer la ubicación de los mismos” (fl. 63 ib.)

De los anteriores documentos puede observarse que una vez la motonave Rungue arribó al puerto de Buenaventura atracando en el muelle del terminal marítimo, se procedió al descargue de los contenedores MLCU 408116-0 y CSVU 450570-8. Cumplida la descarga, le correspondía al operador portuario, en este caso Elequip S.A. su traslado al patio 1 para la entrega respectiva a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

Sin embargo, de las pruebas atrás referidas está suficientemente acreditado que los referidos conteiners nunca llegaron al patio 1, especialmente del control de contenedores 066620 del 7 de septiembre de 1996 (fl. 21 cdno. 2) documento este que fue firmado tanto por el funcionario del almacenamiento de la sociedad como por el operador portuario Elequip.

Tal como lo establece el arto 8º de la Resolución 758 del 10 de marzo de 1994 (fls. 92-97, cdno. 30) “por la cual se reglamenta la habilitación para la operación aduanera en los puertos de servicio público, marítimos o fluviales, bajo la responsabilidad de una Sociedad Portuaria Regional y se dictan normas en materia de almacenamiento” la responsabilidad de la Sociedad Portuaria sobre las mercancías le recae solamente desde el momento en que las mismas ingresan a sus patios habilitados, así:

“ART. 8º—Las sociedades portuarias deberán sujetarse estrictamente al cumplimiento de las disposiciones aduaneras y en especial las señaladas en los artículos 106 y 107 del Decreto 1909 de 1992, y serán responsables directamente de las mercancías desde el momento de ingreso al lugar habilitado para el almacenamiento, hasta el momento de entrega al declarante cuando se haya autorizado su levante o a la aduana cuando esta lo disponga.

La responsabilidad por las obligaciones aduaneras derivadas del almacenamiento estará exclusivamente a cargo de la Sociedad Portuaria Regional y ninguna estipulación o pacto en contrario la exonera de ello”.

Así mismo, dispone el artículo 13 del Decreto 1909 de 1992:

“ART. 13.—Descargue de la mercancía. Para efectos aduaneros, la mercancía descargada en puerto o aeropuerto o transportada por vía terrestre quedará bajo responsabilidad del transportador hasta su entrega a los depósitos habilitados o al declarante, según el caso.

Cuando en el contrato de transporte marítimo la responsabilidad para el transportador termina con el descargue de la mercancía a partir del mismo, esta quedará bajo responsabilidad del puerto, operador portuario o importador, según el caso, hasta su entrega a un depósito habilitado”.

Del análisis de ambas disposiciones normativas se concluye fácilmente que en principio la mercancía descargada en puerto o aeropuerto o por vía terrestre queda bajo responsabilidad del transportador, hasta cuando la misma ingresa en los depósitos habilitados para su almacenamiento, momento a partir del cual queda bajo la responsabilidad de la sociedad portuaria, que deberá responder por todas las obligaciones aduaneras derivadas de las mismas, a menos que en el contrato de transporte marítimo se haya previsto en forma específica lo contrario, esto es, que la responsabilidad del transportador termine con la descarga de la mercancía, y que a partir de este momento recaiga en manos del puerto, operador portuario o importador, según el caso, situación esta que no fue demostrada en el asunto sub judice.

En consecuencia, si en este caso está demostrado que los mencionados contenedores fueron descargados en las instalaciones portuarias del muelle de Buenaventura y que nunca ingresaron al patio de la Sociedad Portuaria, es claro que la responsabilidad por las obligaciones aduaneras de la mercancía que ellos contenían se encontraba en manos del transportador. Además, en el expediente no se acreditaron las condiciones previstas en el inciso 20 del artículo 13 del Decreto 1909 de 1992 para derivarle responsabilidad al puerto.

En este orden de ideas, los actos acusados deben declararse nulos, por cuanto la DIAN no podía imponer a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura la sanción prevista en el artículo 73 del Decreto 1905 de 1992, modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994, cuyo texto es el siguiente:

“Sanción a aplicar cuando no sea posible aprehender la mercancía. Cuando la mercancía no se haya podido aprehender por haber sido consumida, destruida, transformada, porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera o por cualquier otra circunstancia, procederá la aplicación de una sanción equivalente al 200% del valor de la misma.

La sanción prevista en el inciso anterior se impondrá a quien se haya beneficiado de la operación, a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías o a quien de alguna manera intervino en dicha operación. Esta sanción se podrá aplicar de manera solidaria a los responsables por la infracción.

(...)”.

Y comoquiera que se accederá a las pretensiones de la demanda por ser los actos acusados contrarios al ordenamiento jurídico, huelga cualquier análisis en relación con los demás cargos alegados en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PROSPERA EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA, en consecuencia,

INFÍRMASE la sentencia del veintinueve (29) de noviembre de dos mil uno (2001) proferida por la Sección Primera de esta corporación. En su lugar se DISPONE,

REVOCASE la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el catorce (14) de febrero de dos mil uno (2001) que denegó las pretensiones de la demanda instaurada por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.

En su lugar,

a) DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 312 del 20 de marzo de 1997 y 747 del 11 de julio del mismo año, expedidas por el jefe de división de fiscalización (e) y el administrador de Impuestos y Aduana Especial de Buenaventura de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Devuélvase el expediente a la sección de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Especial Transitoria 1 “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sesión de septiembre veintiuno (21) de dos mil siete (2007).

Consejeros: Susana Buitrago Valencia—Ruth Stella Correa Palacios—María Inés Ortiz Barbosa—Jaime Moreno García.

Mercedes Tovar de Herrán, secretaria general.